CIENCIAS SOCIALES HOY – Weblog

Actualidad sobre política, sociología, economia, cultura…

Posts Tagged ‘UNIVERSIDAD

La UNAM: autonomía universitaria y beligerancia…

leave a comment »

Hugo Casanova Cardiel*

UNAM002_thumb.jpg

El cumplimiento de 85 años de autonomía universitaria constituye una inexcusable oportunidad para reflexionar sobre su importancia en la institución de nuestros días. ¿Está vigente la autonomía lograda en 1929? ¿En qué medida la autonomía se ve afectada por el fortalecimiento del Estado y el ascenso del mercado? ¿Qué significado tiene la autonomía en un contexto de beligerancia como el vivido en la UNAM durante la ocupación de sus instalaciones?

Sin el ánimo de contestar de manera puntual a tales interrogantes, es posible señalar que la autonomía constituye uno de los atributos de la universidad de todos los tiempos y en tal sentido constituye parte de su ethos desde el Medievo hasta nuestros días. No obstante, como la institución a la cual define, la autonomía está en función de su tiempo y de su espacio, y por tanto no es una sola, ni puede ser considerada de manera intemporal.

La autonomía alude a la capacidad de las universidades para determinar sus fines, medios y mecanismos de vinculación. Esto significa que, si bien la universidad es un asunto de los propios universitarios, también concierne al Estado y a la sociedad toda. En tal sentido, la autonomía se constituye como el marco que estructura la compleja red de relaciones entre la institución y su entorno y que define las competencias y atribuciones de los entes internos y externos en las decisiones fundamentales de la universidad.

En términos operativos, la autonomía se refiere al grado en el cual las instituciones deciden sobre tres grandes ámbitos: a) laboral: ingreso de profesores, directivos y trabajadores; b) académico: acceso de estudiantes, selección de carreras, determinación de planes de estudio y requisitos de titulación o graduación; c) financiero: criterios para uso de los fondos, distribución del presupuesto, rendición de cuentas. La autonomía institucional es, pues, histórica, compleja y está sujeta a una constante transformación por las cambiantes condiciones de su entorno. Un ejemplo de ello en las décadas recientes es la irrupción del mercado en la vida universitaria con modalidades tales como la privatización, la limitada orientación de la educación hacia el mundo laboral o los esquemas de formación dual y de educación-empresa.

Un concepto cercano, pero no idéntico, al de autonomía institucional es el de libertad académica, y se refiere a la capacidad de los académicos para desarrollar sus actividades sin más fronteras que el rigor y la exigencia del saber. La libertad académica alude a la búsqueda de la verdad sin límites (como señalaban los idealistas alemanes decimonónicos) y exime de penalización alguna a quienes llegasen a transgredir la ortodoxia política, metodológica, religiosa o social. Bajo el criterio de libertad académica se reconoce la potestad de profesores e investigadores para generar y difundir el saber sin censuras ni obstáculos.

¿Y qué pasa cuando la institución y el trabajo académico son afectados por otros grupos de presión? La ocupación de instalaciones universitarias, como la del auditorio Justo Sierra – Che Guevara, para muchos de nosotros–, que suma casi una década y media, lesiona en diversos sentidos la autonomía institucional y la libertad académica pues, además de impedir el funcionamiento de un importante e histórico espacio universitario, mantiene un tono de abierta confrontación hacia la institución, imposibilitando la realización de tareas de docencia y extensión. La ocupación del auditorio, otrora símbolo del pensamiento crítico, lejos de sustentarse en un proyecto universitario alternativo, esconde una incomprensible oscuridad en sus motivaciones, y la pregunta sigue siendo: ¿quién se beneficia realmente con la ocupación?

Hoy la UNAM enfrenta problemas específicos como el descrito y, al igual que el resto de universidades públicas, y la educación toda, vive importantes tensiones de cara a un escenario político y económico cambiante. Un escenario en el cual el Estado ratifica su presencia en temas como la evaluación y la fiscalización, la orientación del financiamiento y la certificación laboral y profesional, entre otros. Asimismo, como otras instituciones educativas, la Universidad Nacional se ve desafiada por una visión mercantil que pretende someter el conocimiento ante el ámbito productivo y la cultura empresarial.

Además de atender problemas concretos como el del auditorio, hoy la UNAM ha de responder a los retos que le plantean el Estado y el mercado. En el primer tema se juega la desactivación de la beligerancia, y en el segundo, la ratificación de su autonomía. Ambos son cruciales para el futuro de la institución.

* Investigador de la UNAM. Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación

AnteriorSiguiente
Subir al inicio del texto

Noam Chomsky: el asalto neoliberal a las universidades …

leave a comment »

Noam Chomsky, Counterpunch

CHOMSKY2.jpg
Lo que sigue es la traducción castellana de una transcripción editada en inglés de un conjunto de observaciones realizadas por Noam Chomsky vía Skype el pasado 4 de febrero para una reunión de afiliados y simpatizantes del sindicato universitario asociado a la Unión de Trabajadores del Acero (Adjunct Faculty Association of the United Steelworkers) en Pittsburgh, PA. Las manifestaciones del profesor Chomsky se produjeron en respuesta a preguntas de Robin Clarke, Adam Davis, David Hoinski, Maria Somma, Robin J. Sowards, Matthew Ussia y Joshua Zelesnick. La transcripción escrita de las respuestas orales la realizó Robin J. Sowards y la edición y redacción corrió a cargo del propio Noam Chomsky.

Sobre la contratación temporal de profesores y la desaparición de la carrera académica

Eso es parte del modelo de negocio. Es lo mismo que la contratación de temporales en la industria o lo que los de Wall Mart llaman “asociados”, empleados sin derechos sociales ni cobertura sanitaria o de desempleo, a fin de reducir costes laborales e incrementar el servilismo laboral. Cuando las universidades se convierten en empresas, como ha venido ocurriendo harto sistemáticamente durante la última generación como parte de un asalto neoliberal general a la población, su modelo de negocio entraña que lo que importa es la línea de base. Los propietarios efectivos son los fiduciarios (o la legislatura, en el caso de las universidades públicas de los estados federados), y lo que quieren mantener los costos bajos y asegurarse de que el personal laboral es dócil y obediente. Y en substancia, la formas de hacer eso son los temporales. Así como la contratación de trabajadores temporales se ha disparado en el período neoliberal, en la universidad estamos asistiendo al mismo fenómeno. La idea es dividir a la sociedad en dos grupos. A uno de los grupos se le llama a veces “plutonomía” (un palabro usado por Citibank cuando hacía publicidad entre sus inversores sobre la mejor forma de invertir fondos), el sector en la cúspide de una riqueza global pero concentrada sobre todo en sitios como los EEUU. El otro grupo, el resto de la población, es un “precariado”, gentes que viven una existencia precaria.

Esa idea asoma de vez en cuando de forma abierta. Así, por ejemplo, cuando Alan Greenspan testificó ante el Congreso en 1997 sobre las maravillas de la economía que estaba dirigiendo, dijo redondamente que una de las bases de su éxito económico era que estaba imponiendo lo que él mismo llamó “una mayor inseguridad en los trabajadores”. Si los trabajadores están más inseguros, eso es muy “sano” para la sociedad, porque si los trabajadores están inseguros, no exigirán aumentos salariales, no irán a la huelga, no reclamarán derechos sociales: servirán a sus amos tan donosa como pasivamente. Y eso es óptimo para la salud económica de las grandes empresas. En su día, a todo el mundo le pareció muy razonable el comentario de Greenspan, a juzgar por la falta de reacciones y los aplausos registrados. Bueno, pues transfieran eso a las universidades: ¿cómo conseguir una mayor “inseguridad” de los trabajadores? Esencialmente, no garantizándoles el empleo, manteniendo a la gente pendiente de un hilo que puede cortarse en cualquier momento, de manera que mejor que estén con la boca cerrada, acepten salarios ínfimos y hagan su trabajo; y si por ventura se les permite servir bajo tan miserables condiciones durante un año más, que se den con un canto en los dientes y no pidan más. Esa es la manera como se consiguen sociedades eficientes y sanas desde el punto de vista de las empresas. Y en la medida en que las universidades avanzan por la vía de un modelo de negocio empresarial, la precariedad es exactamente lo que se impone. Y más que veremos en lo venidero.

Ese es un aspecto, pero otros aspectos que resultan también harto familiares en la industria privada: señaladamente, el aumento de estratos administrativos y burocráticos. Si tienes que controlar la gente, tienes que disponer de una fuerza administrativa que lo haga. Así, en la industria norteamericana más que en cualquier otra parte, se acumula estrato ad administrativo tras estrato administrativo: una suerte de despilfarro económico, pero útil para el control y la dominación. Y lo mismo vale para las universidades. En los pasados 30 0 40 años se ha registrado un aumento drástico en la proporción del personal administrativo en relación el profesorado y los estudiantes de las facultades: profesorado y estudiantes han mantenido la proporción entre ellos, pero la proporción de administrativos se ha disparado. Un conocido sociólogo, Benjamin Ginsberg, ha escrito un muy buen libro titulado The Fall of the Faculty: The Rise of the All-Administrative University and Why It Matters (Oxford University Press, 2011), en el que se describe con detalle el estilo empresarial de administración y niveles burocráticos multiplicados. Ni que decir tiene, con administradores profesionales más que bien pagados: los decanos, por ejemplo, que antes solían miembros de la facultad que dejaban la labor docente para servir como gestores con la idea de reintegrarse a la facultad al cabo de unos años. Ahora son todos profesionales, que tienen que contratar a vicedecanos, secretarios, etc., etc., toda la proliferación de estructura que va con los administradores. Todo eso es otro aspecto del modelo empresarial.

Pero servirse de trabajo barato –y vulnerable— es una práctica de negocio que se remonta a los inicios mismos de la empresa privada, y los sindicatos nacieron respondiendo a eso. En las universidades, trabajo barato, vulnerable, significa ayudantes y estudiantes graduados. Los estudiantes graduados son todavía más vulnerables, huelga decirlo, La idea es transferir la instrucción a trabajadores precarios, lo que mejora la disciplina y el control, pero también permite la transferencia de fondos a otros fines muy distintos de la educación. Los costos, claro está, los pagan los estudiantes y las gentes que se ven arrastradas a esos puestos de trabajo vulnerables. Pero es un rasgo típico de una sociedad dirigida por la mentalidad empresarial transferir los costos a la gente. Los economistas cooperan tácitamente en eso. Así, por ejemplo, imaginen que descubren un error en su cuenta corriente y llaman al banco para tratar de enmendarlo. Bueno, ya saben ustedes lo que pasa. Usted les llama por teléfono, y le sale un contestador automático con un mensaje grabado que le dice: “Le queremos mucho, y ahí tiene un menú”. Tal vez le menú ofrecido contiene lo que usted busca, tal vez no. Si acierta a elegir la opción ofrecida correcta, lo que escucha a continuación es una musiquita, y de rato en rato una voz que le dice: “Por favor, no se retire, estamos encantados de servirle”, y así por el estilo. Al final, transcurrido un buen tiempo, una voz humana a la que poder plantearle una breve cuestión. A eso los economistas le llaman “eficiencia”. Con medidas económicas, ese sistema reduce los costos laborales del banco; huelga decir que le carga los costos a usted, y esos costos han de multiplicarse por el número de usuarios, que puede ser enorme: pero eso no cuenta como coste en el cálculo económico. Y si miran ustedes cómo funciona la sociedad, encuentran eso por doquiera. Del mismo modo, la universidad impone costos a los estudiantes y a un personal docente que, además e tenerlo apartado de la carrera académica, se le mantiene en una condición que garantiza un porvenir sin seguridad. Todo eso resulta perfectamente natural en los modelos de negocio empresariales. Es nefasto para la educación, pero su objetivo no es la educación.

En efecto, si echamos una mirada más retrospectiva, la cosa se revela más profunda todavía. Cuando todo esto empezó, a comienzos de los 70, suscitaba mucha preocupación en todo el espectro político establecido el activismo de los 60, comúnmente conocidos como “la época de los líos”. Fue una “época de líos” porque el país se estaba civilizando [con las luchas por los derechos civiles], y eso siempre es peligroso. La gente se estaba politizando y se comprometía con la conquista de derechos para los grupos llamados “de intereses especiales”: las mujeres, los trabajadores, los campesinos, los jóvenes, los viejos, etc. Eso llevó a una grave reacción, conducida de forma prácticamente abierta. En el lado de la izquierda liberal del establishment, tenemos un libro llamado The Crisis of Democracy: Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission, compilado por Michel Crozier, Samuel P. Huntington y Joji Watanuki (New York University Press, 1975) y patrocinado por la Comisión Trilateral una organización de liberales internacionalistas. Casi toda la administración Carter se reclutó entre sus filas. Estaban preocupados por lo que ellos llamaban la “crisis de la democracia” y que no dimanaba de otra cosa del exceso de democracia. En los 60 la población –los “intereses especiales” mencionados— presionaba para conquistar derechos dentro de la arena política, lo que se traducía en demasiada presión sobre el Estado: no podía ser. Había un interés especial que dejaban de lado, y es a saber: el del sector granempresarial; porque sus intereses coinciden con el “interés nacional”. Se supone que el sector graempresarial controla al Estado, de modo que no hay ni que hablar de sus intereses. Pero los “intereses especiales” causaban problemas, y estos caballeros llegaron a la conclusión de que “tenemos que tener más moderación en la democracia”: el público tenía que volver a ser pasivo y regresar a la apatía. De particular preocupación les resultaban las escuelas y las universidades, que, decían, no cumplían bien su tarea de “adoctrinar a los jóvenes” convenientemente: el activismo estudiantil –el movimiento de derechos civiles, el movimiento antibelicista, el movimiento feminista, los movimientos ambientalistas— probaba que los jóvenes no estaban correctamente adoctrinados.

Bien, ¿cómo adoctrinar a los jóvenes? Hay más de una forma. Una forma es cargarlos con deudas desesperadamente pesadas para sufragar sus estudios. La deuda es una trampa, especialmente la deuda estudiantil, que es enorme, mucho más grande que el volumen de deuda acumulada en las tarjetas de crédito. Es una trampa para el resto de su vida porque las leyes están diseñadas para que no puedan salir de ella. Si, digamos, una empresa incurre en demasiada deuda, puede declararse en quiebra. Pero si los estudiantes suspenden pagos, nunca podrán conseguir una tarjeta de la seguridad social. Es una técnica de disciplinamiento. No digo yo que eso se hiciera así con tal propósito, pero desde luego tiene ese efecto. Y resulta harto difícil de defender en términos económicos. Miren ustedes un poco lo que pasa por el mundo: la educación superior es en casi todas partes gratuita. En los países con los mejores niveles educativos, Finlandia (que anda en cabeza), pongamos por caso, la educación superior es pública y gratuita. Y en un país rico y exitoso como Alemania es pública y gratuita. En México, un país pobre que, sin embargo, tiene niveles de educación muy decentes si atendemos a las dificultades económicas a las que se enfrenta, es pública y gratuita. Pero miren lo que pasa en los EEUU: si nos remontamos a los 40 y los 50, la educación superior se acercaba mucho a la gratuidad. La Ley GI ofreció educación superior gratuita a una gran cantidad de gente que jamás habría podido acceder a la universidad. Fue muy bueno para ellos y fue muy bueno para la economía y para la sociedad; fue parte de las causas que explican la elevada tasa de crecimiento económico. Incluso en las entidades privadas, la educación llegó a ser prácticamente gratuita. Yo, por ejemplo: entré en la facultad en 1945, en una universidad de la Ivy League, la Universidad de Pensilvania, y la matrícula costaba 100 dólares. Eso serían unos 800 dólares de hoy. Y era muy fácil acceder a una beca, de modo que podías vivir en casa, trabajar e ir a la facultad, sin que te costara nada. Lo que ahora ocurre es ultrajante. Tengo nietos en la universidad que tienen que pagar la matrícula y trabajar, y es casi imposible. Para los estudiantes, eso es una técnica disciplinaria.

Y otra técnica de adoctrinamiento es cortar el contacto de los estudiantes con el personal docente: clases grandes, profesores temporales que, sobrecargados de tareas, apenas pueden vivir con un salario de ayudantes. Y puesto que no tienes seguridad en el puesto de trabajo, no puedes construir una carrera, no puedes irte a otro sitio y conseguir más. Todas esas son técnicas de disciplinamiento, de adoctrinamiento y de control. Y es muy similar a lo que uno espera que ocurra en una fábrica, en la que los trabajadores fabriles han de ser disciplinados, han de ser obedientes; y se supone que no deben desempeñar ningún papel en, digamos, la organización de la producción o en la determinación del funcionamiento de la planta de trabajo: eso es cosa de los ejecutivos. Esto se transfiere ahora a las universidades. Y yo creo que nadie que tenga algo de experiencia en la empresa privada y en la industria debería sorprenderse; así trabajan.

Sobre cómo debería ser la educación superior

Para empezar, deberíamos desechar toda idea de que alguna vez hubo una “edad de oro”. Las cosas eran distintas, y en ciertos sentidos, mejores en el pasado, pero distaban mucho de ser perfectas. Las universidades tradicionales eran, por ejemplo, extremadamente jerárquicas, con muy poca participación democrática en la toma de decisiones. Una parte del activismo de los 60 consistió en el intento de democratizar las universidades, de incorporar, digamos, a representantes estudiantiles a las juntas de facultad, de animar al personal no docente a participar. Esos esfuerzos se hicieron por iniciativa de los estudiantes, y no dejaron de tener cierto éxito. La mayoría de universidades disfrutan ahora de algún grado de participación estudiantil en las decisiones de las facultades. Y yo creo que ese es el tipo de cosas que deberíamos ahora seguir promoviendo: una institución democrática en la que la gente que está en la institución, cualquiera que sea (profesores ordinarios, estudiantes, personal no docente) participan en la determinación de la naturaleza de la institución y de su funcionamiento; y lo mismo vale para las fábricas.

No son estas ideas de izquierda radical, por cierto. Proceden directamente del liberalismo clásico. Si leéis, por ejemplo, a John Stuart Mill, una figura capital de la tradición liberal clásica, verán que daba por descontado que los puestos de trabajo tenían que ser gestionados y controlados por la gente que trabajaba en ellos: eso es libertad y democracia (véase, por ejemplo, John Stuart Mill, Principles of Political Economy, book 4, ch. 7). Vemos las mismas ideas en los EEUU. En los Caballeros del Trabajo, pongamos por caso: uno de los objetivos declaradis de esta organización era “instituir organizaciones cooperativas que tiendan a superar el sistema salarial introduciendo un sistema industrial cooperativo” (véase la “Founding Ceremony” para las nuevas asociaciones locales). O piénsese en alguien como John Dewey, un filósofo social de la corriente principal del siglo XX, quien no sólo abogó por una educación encaminada a la independencia creativa, sino también por el control obrero en la industria, lo que él llamaba “democracia industrial”. Decía que hasta tanto las instituciones cruciales de la sociedad –producción, comercio, transporte, medios de comunicación— no estén bajo control democrático, la “política [será] la sombra proyectada en el conjunto de la sociedad por la gran empresa” (John Dewey, “The Need for a New Party” [1931]). Esta idea es casi elemental, y echa raíces profundas en la historia norteamericana y en el liberalismo clásico; debería constituir una suerte de segunda naturaleza de la gente, y debería valer igualmente para las universidades. Hay ciertas decisiones en una universidad donde no puedes querer transparencia democrática porque tienes que preservar la privacidad estudiantil, pongamos por caso, y hay varios tipos de asuntos sensibles, pero en el grueso de la actividad universitaria normal no hay razón para no considerar la participación directa como algo, no ya legítimo, sino útil. En mi departamento, por ejemplo, hemos tenido durante 40 años representantes estudiantiles que proporcionaban una valiosa ayuda con su participación en las reuniones de departamento.

Sobre la “gobernanza compartida” y el control obrero

La universidad es probablemente la institución social que más se acerca en nuestra sociedad al control obrero democrático. Dentro de un departamento, por ejemplo, es bastante normal que al menos para los profesores ordinarios tenga capacidad para determinar una parte substancial de las tareas que conforman su trabajo: qué van a enseñar, cuando van a dar las clases, cuál será el programa. Y el grueso de las decisiones sobre el trabajo efectuado en la facultad caen en buena medida bajo el control del profesorado ordinario. Ahora, ni que decir tiene, hay un nivel administrativo superior al que no puedes ni eludir ni controlar. La facultad puede recomendar a alguien para ser profesor titular, pongamos por caso, y estrellarse contra el criterio de los decanos o del rector, o incluso de los patronos o de los legisladores. No es que ocurra muy a menudo, pero puede ocurrir y ocurre. Y eso es parte de la estructura de fondo que, aun cuando siempre ha existido, era un problema menor en los tiempos en que la administración salía elegida por la facultad y era en principio revocable por la facultad. En un sistema representativo, necesitas tener a alguien haciendo labores administrativas, pero tiene que poder ser revocable, sometido como está a la autoridad de las gentes a las que administra. Eso es cada vez menos verdad. Hay más y más administradores profesionales, estrato sobre estrato, con más y más posiciones cada vez más remotas del control de las facultades. Me referí antes a The Fall of the Faculty de Benjamin Ginsberg, un libro que entra en un montón de detalles sobre el funcionamiento de varias universidades a las que sometió a puntilloso escrutinio: Johns Hopkins, Cornell y muchas otras.

El profesorado universitario ha venido siendo más y más reducido a la categoría de trabajadores temporales a los que se asegura una precaria existencia sin acceso a la carrera académica. Tengo conocidos que son, en efecto, lectores permanente; no han logrado el estatus de profesores ordinarios; tienen que concursar cada año para poder ser contratados otra vez. No deberían ocurrir estas cosas, no deberíamos permitirlo. Y en el caso de los ayudantes, la cosa se ha institucionalizado: no se les permite ser miembros del aparato de toma de decisiones y se les excluye de la seguridad en el puesto de trabajo, lo que no sirve sino para amplificar el problema. Yo creo que el personal no docente debería ser integrado también en la toma de decisiones, porque también forman parte de la universidad. Así que hay un montón que hacer, pero creo que se puede entender fácilmente por qué se desarrollan esas tendencias. Son parte de la imposición del modelo de negocios en todos y cada uno de los aspectos de la vida. Esa es la ideología neoliberal bajo la que el grueso del mundo ha estado viviendo en los últimos 40 años. Es muy dañina para la gente, y ha habido resistencias a ella. Y es digno de mención el que al menos dos partes del mundo han logrado en cierta medida escapar de ella: el Este asiático, que nunca la aceptó realmente, y la América del Sur de los últimos 15 años.

Sobre la pretendida necesidad de “flexibilidad”

“Flexibilidad” es una palabra muy familiar para los trabajadores industriales. Parte de la llamada “reforma laboral” consiste en hacer más “flexible” el trabajo, en facilitar la contratación y el despido de la gente. También esto es un modo de asegurar la maximización del beneficio y el control. Se supone que la “flexibilidad” es una buena cosa, igual que la “mayor inseguridad de los trabajadores”. Dejando ahora de lado la industria, para la que vale lo mismo, en las universidades eso carece de toda justificación. Pongamos un caso en el que se registra submatriculación en algún sitio. No es un gran problema. Una de mis hijas enseña en una universidad; la otra noche me llamó y me contó que su carga lectiva cambiaba porque uno de los cursos ofrecidos había registrado menos matrículas de las previstas. De acuerdo, el mundo no se acabará, se limitaron a reestructurar el plan docente: enseñas otro curso, o una sección extra, o algo por el estilo. No hay que echar a la gente o hacer inseguro su puesto de trabajo a causa de la variación del número de matriculados en los cursos. Hay mil formas de ajustarse a esa variación. La idea de que el trabajo debe someterse a las condiciones de la “flexibilidad” no es sino otra técnica corriente de control y dominación. ¿Por qué no hablan de despedir a los administradores si no hay nada para ellos este semestre? O a los patronos: ¿para qué sirven? La situación es la misma para los altos ejecutivos de la industria; si el trabajo tiene que ser flexible, ¿por qué no la gestión ejecutiva? El grueso de los altos ejecutivos son harto inútiles y aun dañinos, así que ¡librémonos de ellos! Y así indefinidamente. Sólo para comentar noticias de estos últimos días, pongamos el caso de Jamie Dimon, el presidente del consejo de administración del banco JP Morgan Chase: acaba de recibir un substancial incremento en sus emolumentos, casi el doble de su paga habitual, en agradecimiento por haber salvado al banco de las acusaciones penales que habrían mandado a la cárcel a sus altos ejecutivos: todo quedó en multas por un monto de 20 mil millones de dólares por actividades delictivas probadas. Bien, podemos imaginar que librar de alguien así podría ser útil para la economía. Pero no se habla de eso cuando se habla de ”reforma laboral”. Se habla de gente trabajadora que tiene que sufrir, y tiene que sufrir por inseguridad, por no saber de donde sacarán el pan mañana: así se les disciplina y se les hace obedientes para que no cuestionen nada ni exijan sus derechos. Esa es la forma de operar de los sistemas tiránicos. Y el mundo de los negocios es un sistema tiránico. Cuando se impone a las universidades, te das cuenta de que refleja las mismas ideas. No debería ser un secreto.

Sobre el propósito de la educación

Se trata de debates que se retrotraen a la Ilustración, cuando se plantearon realmente las cuestiones de la educación superior y de la educación de masas, no sólo la educación para el clero y la aristocracia. Y hubo básicamente dos modelos en discusión en los siglos XVIII y XIX. Se discutieron con energía harto evocativa. Una imagen de la educación era la de un vaso que se llena, digamos, de agua. Es lo que ahora llamamos “enseñar para el examen”: viertes agua en el vaso y luego el vaso devuelve el agua. Pero es un vaso bastante agujereado, como todos hemos tenido ocasión de experimentar en la escuela: memorizas algo en lo que no tienes mucho interés para poder pasar un examen, y al cabo de una semana has olvidado de qué iba el curso. El modelo de vaso ahora se llama “ningún niño a la zaga”, “enseñar para el examen”, “carrera a la cumbre”, y cosas por el estilo en las distintas universidades. Los pensadores de la Ilustración se opusieron a ese modelo.

El otro modelo se describía como lanzar una cuerda por la que el estudiante pueda ir progresando a su manera y por propia iniciativa, tal vez sacudiendo la cuerda, tal vez decidiendo ir a otro sitio, tal vez planteando cuestiones. Lanzar la cuerda significa imponer cierto tipo de estructura. Así, un programa educativo, cualquiera que sea, un curso de física o de algo, no funciona como funciona cualquier otra cosa; tiene cierta estructura. Pero su objetivo consiste en que el estudiante adquiera la capacidad para inquirir, para crear, para innovar, para desafiar: eso es la educación. Un físico mundialmente célebre cuando, en sus cursos para primero de carrera, se le preguntaba “¿qué parte del programa cubriremos este semestre?”, contestaba: “no importa lo que cubramos, lo que importa es lo que descubráis vosotros”. Tenéis que ganar la capacidad y la autoconfianza en esta asignatura para desafiar y crear e innovar, y así aprenderéis; así haréis vuestro el material y seguir adelante. No es cosa de acumular una serie fijada de hechos que luego podáis soltar por escrito en un examen para olvidarlos al día siguiente.

Son dos modelos radicalmente distintos de educación. El ideal de la Ilustración era el segundo, y yo creo que el ideal al que deberíamos aspirar. En eso consiste la educación de verdad, desde el jardín de infancia hasta la universidad. Lo cierto es que hay programas de ese tipo para los jardines de infancia, y bastante buenos.

Sobre el amor a la docencia

Queremos, desde luego, gente, profesores y estudiantes, comprometidos en actividades que resulten satisfactorias, disfrutables, actividades que sean desafíos, que resulten apasionantes. Yo no creo que eso sea tan difícil. Hasta los niños pequeños son creativos, inquisitivos, quieren saber cosas, quieren entenderlas, y a no ser que te saquen eso a la fuerza de la cabeza, el anhelo perdura de por vida. Si tienes oportunidades para desarrollar esos compromisos y preocuparte por esas cosas, son las más satisfactorias de la vida. Y eso vale lo mismo para el investigador en física que para el carpintero; toenes que intentar crear algo valioso, lidiar con problemas difíciles y resolverlos. Yo creo que que eso es lo que hace del trabajo el tipo de actividad que quieres hacer; y la haces aun cuando no estés obligado a hacerla. En una universidad que funcione razonablemente, encontrarás gente que trabaja todo el tiempo porque les gusta lo que hacen; es lo que quieren hacer; se les ha dado la oportunidad, tienen los recursos, se les ha animado a ser libres e independientes y creativos: ¿qué mejor que eso? Y eso también puede hacerse en cualquier nivel.

Vale la pena reflexionar un poco sobre algunos de los programas educativos imaginativos y creativos que se desarrollan en los distintos niveles. Así, por ejemplo, el otro día alguien me contaba de un programa que usa en las facultades, un programa de ciencia en el que se plantea a los estudiantes una interesante cuestión: “¿Cómo puede ser que un mosquito vuela bajo la lluvia?” Difícil cuestión, cuando se piensa un poco en ella. Si algo impactara en un ser humano con la fuerza de una gota de agua que alcanza a un mosquito, lo abatiría inmediatamente. ¿Cómo puede, pues, el mosquito evitar el aplastamiento inmediato? ¿Cómo puede seguir volando? Si quieres seguir dándole vueltas a este asunto –dificilísimo asunto—, tienes que hacer incursiones en las matemáticas, en la física y en la biología y plantearte cuestiones lo suficientemente difíciles como para verlas como un desafío que despierta la necesidad de responderlas.

Eso es lo que debería ser la educación en todos los niveles, desde el jardín de infancia. Hay programas para jardines de infancia en los que se da a cada niño, por ejemplo, una colección de pequeñas piezas: guijarros, conchas, semillas y cosas por el estilo. Se propone entonces a la clase la tarea de descubrir cuáles son las semillas. Empieza con lo que llaman una “conferencia científica”: los nenes hablan entre sí y tratan de imaginarse cuáles son semillas. Y, claro, hay algún maestro que orienta, pero la idea es dejar que los niños vayan pensando. Luego de un rato, intentan varios experimentos tendentes a averiguar cuáles son las semillas. Se le da a cada niño una lupa y, con ayuda del maestro, rompe una semilla y mira dentro y encuentra el embrión que hace crecer a la semilla. Esos niños aprenden realmente algo: no sólo algo sobre las semillas y sobre lo que las hace crecer; también aprenden algo sobre los procesos de descubrimiento. Aprenden a gozar con el descubrimiento y la creación, y eso es lo que te permitirá comportarte de manera independiente fuera del aula, fuera del curso.

Lo mismo vale para toda la educación, hasta la universidad. En un seminario universitario razonable, no esperas que los estudiantes tomen apuntes literales y repitan todo lo que tu digas; lo que esperas es que te digan si te equivocas, o que vengan con nuevas ideas desafiantes, que abran caminos que no habían sido pensados antes. Eso es lo que es la educación en todos los niveles. No consiste en instilar información en la cabeza de alguien que luego la recitará, sino que consiste en capacitar a la gente para que lleguen a ser personas creativas e independientes y puedan encontrar gusto en el descubrimiento y la creación y la creatividad a cualquier nivel o en cualesquiera dominios a los que les lleven sus intereses.

Sobre el uso de la retórica empresarial contra el asalto empresarial a la universidad

Eso es como plantearse la tarea de justificar ante el propietario de esclavos que nadie debería ser esclavo. Estáis aquí en un nivel de la indagación moral en el que resulta harto difícil encontrar respuestas. Somos seres humanos con derechos humanos. Es bueno para el individuo, es bueno para la sociedad y hasta es bueno para la economía en sentido estrecho el que la gente sea creativa e independiente y libre. Todo el mundo sale ganando de que la gente sea capaz de participar, de controlar sus destinos, de trabajar con otros: puede que eso no maximice los beneficios ni la dominación, pero ¿por qué tendríamos que preocuparnos de esos valores?

Un consejo a las organizaciones sindicales de los profesores precarios

Ya sabéis mejor que yo lo que hay que hacer, el tipo de problemas a los que os enfrentáis. Seguid adelante y haced lo que tengáis que hacer. No os dejéis intimidar, no os amedrentéis, y reconoced que el futuro puede estar en nuestras manos si queremos que lo esté.

Traducción para http://www.sinpermiso.info: Miguel de Puñoenrostro

Fuente: http://www.counterpunch.org/2014/02/28/on-academic-labor/27

 

La Universidad Pública, por Fernando Atria y Javier Wilenmann

leave a comment »

1 de abril de 2014

HARVARD2_thumb.jpg

Universidad de Harvard

¿Qué es una universidad pública? En la discusión actual, hay dos posiciones que parecen totalmente enfrentadas: conforme a la primera, es pública una universidad cuando en los hechos desarrolla una “función pública”. Conforme a la segunda, es pública cuando es estatal.

Guiado por una intuición correcta, el ministro de Educación ha sostenido que el criterio de la “función pública” es insuficiente, es demasiado laxo. Pero, para justificar esta intuición, el ministro ha recurrido a una explicación que, desde el propio punto de vista de las universidades estatales, es problemática. El ministro ha dicho que hay un interés público en la producción de conocimiento nuevo (en la forma de “investigación”), un interés que justifica que el Estado financie instituciones en las que ese conocimiento sea producido. Pero ese conocimiento ha de ser producido en condiciones en que no pueda surgir conflicto entre el interés público y un interés privado. En las universidades estatales ese conflicto no podría darse, ya que el “mandante” sería precisamente el titular del interés público, el Estado. En las universidades privadas, en cambio, es posible el conflicto entre los intereses privados de sus controladores y el interés público. Entonces, el Estado debe preferir las instituciones que están libres de la posibilidad de este conflicto: las estatales.

Es importante comenzar destacando que el punto de partida del ministro es correcto: hay un interés público en la investigación y en que ella produzca efectos en el bienestar general y en la riqueza de la cultura nacional. También es correcto sostener que es injustificable que la investigación se financie con fondos públicos pero sea encargada, controlada o puesta al servicio de una agenda particular por sea quien fuere el dueño de o que controla a una determinada universidad. Según el ministro, esto no ocurre cuando el Estado es “mandante” y la universidad “mandada”.

Entender que esta es la relación que vincula al Estado con sus universidades, sin embargo, niega la autonomía universitaria. La exigencia de autonomía ha sido siempre una exigencia de la universidad, porque sólo un régimen autónomo la protege de intervenciones guiadas por fines ajenos a criterios propiamente universitarios. En lo que importa al ministro, la autonomía es necesaria para asegurar que la investigación tenga por objetivo exclusivamente aquello que como idea regulativa puede denominarse “la verdad”. Se trata de asegurar que no haya intereses ajenos a la búsqueda de la verdad que puedan interferir con la investigación académica, la que debe estar organizada de modo tal que el investigador sea libre de llegar hasta donde sea que lo lleve el resultado de su investigación.

Pero si esto es así, entonces entender que lo especial de la universidad pública es que tiene como “mandante” al Estado niega su naturaleza, porque niega su autonomía. La universidad estatal no puede entenderse como un servicio público, sujeta, como ellos siempre están, a la superintendencia y dirección del Estado a través del Ministerio respectivo. Si las universidades públicas estuvieran sujetas así al Ministerio de Educación, lo que guiaría su actividad no serían criterios puramente académicos, sino los criterios de oportunidad del ministro (y nada asegura que el ministro de Educación estará siempre guiado por consideraciones puramente universitarias). Por esto, buena parte de la lucha de las universidades estatales en Chile durante el siglo XX se refirió a asegurar institucionalmente su autonomía. El argumento del ministro no deja espacio para esta necesidad de las universidades estatales, y por consiguiente lleva o a (1) poner en cuestión o negar la autonomía universitaria (para que el Estado pueda desempeñarse como mandante y entonces pueda guiar la investigación) o a (2) una comprensión del contenido de ese mandato (sin capacidad de guiar la investigación) que respeta la autonomía, pero deja abierta de nuevo la pregunta inicial. Porque si el respeto a la autonomía obliga al Estado a no actuar como mandante de sus universidades, ¿qué diferencia hace que el mandante sea el Estado?

Es necesario entender correctamente la idea de autonomía universitaria y su sentido. Que una universidad estatal sea autónoma quiere decir que el Estado no puede interferir con su actividad universitaria, la que entonces sólo puede ser guiada por sus propios criterios internos. Por supuesto, esto no implica que uno deba ser ingenuo, y negar la posibilidad de que una universidad estatal sea capturada por intereses privados. Pero sí implica que en ese caso la captura es captura. Es decir, una patología que la regulación y la organización institucional deben intentar neutralizar todo lo que se pueda. La mejor garantía contra la captura es un contexto institucional en el que una universidad pueda actuar orientada por criterios exclusivamente universitarios. Eso exige fundamentalmente dos cosas: un estatuto que asegure la posición del académico, permitiéndole así seguir su investigación donde sea que ésta lo lleve, y una forma de gobierno que haga difícil la captura por intereses particulares. Esta es la posición a la que habían llegado las universidades estatales antes de la intervención militar posterior al 11 de septiembre (no en el sentido de que la regulación de entonces era perfecta, sino en el sentido de que estas dos condiciones eran las que debían ser garantizadas). Al satisfacerse estas dos condiciones, la universidad quedaba protegida de la operación de poderes “extrauniversitarios”, es decir, fácticos. Y esta protección creaba un espacio para una investigación que no estaba al servicio de agendas particulares, sino de la búsqueda de la verdad. La misma finalidad es la que hoy exige la entrega de aportes basales de libre disposición, porque si la universidad necesita vender sus servicios en el mercado para financiarse, entonces no podrá operar con un criterio puramente universitario, sino de mercado, sirviendo a los intereses particulares de quienes en el mercado compren investigación.

Estas consideraciones muestran el error de quienes, contra la intuición del ministro, alegan que para que una universidad deba ser tratada como pública basta con que desempeñe en los hechos una “función pública”. Porque si las universidades estatales para poder ser verdaderamente universidades (aunque estatales) necesitan de autonomía del Estado, las universidades privadas no pueden ser verdaderamente universidades (aunque privadas) en la medida en que están sujetas al control de intereses privados. La exigencia de autonomía universitaria, en el caso de las universidades estatales, no era sólo una exigencia de buena crianza dirigida al Estado: era la exigencia por un régimen legal que asegurara institucionalmente las dos condiciones que hemos identificado. Por exactamente las mismas razones, no es suficiente que el rector o el “dueño” o el controlador de una universidad en los hechos respete la autonomía de la universidad. Es verdad que hoy existen ejemplos de universidades privadas que en los hechos actúan guiados por criterios puramente académicos, y que respetan la libertad de sus académicos. Pero ello no puede depender de la deferencia o la ilustración de sus controladores, algo que siempre puede cambiar, o de lo afortunada que resulte la designación de un rector o decano. El Estado tiene un interés en asegurar institucionalmente la orientación académica de la investigación. Y esta garantía institucional no puede darse en términos del derecho privado, porque el derecho privado siempre permite que, concurriendo todas las voluntades privadas que deban concurrir, los términos de una relación (el contrato, los estatutos de una corporación) sean modificados. Por eso, no es suficiente que una universidad privada desempeñe en los hechos alguna función pública. Debe hacerlo sujeta a un régimen que hace imposible para su controlador cambiar la orientación pública de la universidad, intervenir en su gobierno, afectar la posición de sus académicos. Sólo en esas condiciones podría decirse que es una institución que se define por su compromiso universitario con la búsqueda de la verdad, es decir, que es una universidad “pública” (esta es la razón por la que antes de 1980 había universidades privadas que eran tratadas como públicas, pero eran creadas por ley. Es decir, estaban sujetas a un régimen de gobierno y tenían un estatuto académico que, como estaba en la ley, no podía ser cambiado por el controlador, quien entonces no podía poner a la universidad al servicio de una agenda particular).

El conjunto de estas condiciones, bajo las cuales universidades privadas podrían desempeñar funciones públicas y recibir, entonces, un trato análogo al recibido por las estatales, puede ser denominado el “régimen de lo público”. Para las universidades, el régimen de lo público requiere definir estándares de funcionamiento bajo los cuales el Estado pueda confiar en que la investigación producida tenga una orientación verdaderamente académica. Ha de constituir una regulación que cumpla la función que la idea de autonomía desempeñó en el caso de la universidades estatales: elevar un muro infranqueable entre los intereses particulares de los dueños o controladores de la universidad y la marcha de la universidad, para hacer probable que esta última no se guíe sino por criterios puramente universitarios en su actividad.

Lo anterior implica que el interés que correctamente quiere satisfacer el ministro –ampliar la investigación en Chile y asegurarse que tenga una orientación realmente académica– no se satisface con la concentración del financiamiento en universidades estatales, sino que necesita antes vincular el acceso a fondos basales de investigación a un régimen institucional adecuado.

Es verdad que, como dice el ministro, las universidades europeas muestran que es posible un sistema casi exclusivamente estatal de investigación. Pero el hecho de que en tradiciones distintas a la nuestra eso sea el caso no muestra todavía nada. El sistema universitario europeo tiene una historia propia que explica su configuración. Resumiendo: las universidades europeas más antiguas datan de tiempos premodernos, y fueron asumidas y controladas por el Estado en la formación de la modernidad. Durante el siglo XX, en la época del Estado de bienestar (esencialmente en los años 60 y 70), el Estado creó nuevas universidades para expandir la cobertura a estudiantes que no tenían cabida en un sistema diseñado originalmente para educar a la elite. El contexto de organización de la investigación en Europa se construyó sobre esa realidad: como la capacidad investigativa instalada se concentraba en universidades estatales, los recursos van en buena medida a esas instituciones. La situación es ciertamente distinta en Estados Unidos, en donde, precisamente por esa historia divergente, el aseguramiento de la investigación tuvo que tomar en cuenta la existencia de una buena masa de universidades privadas, pero al mismo tiempo pudo aprovecharse de una cultura, un ethos universitario que fue suficientemente fuerte como para impedir que las universidades privadas fueran instrumentalizadas por sus dueños o controladores.

Del mismo modo, una reforma en Chile debiera asumir su propio contexto. Buena parte de la capacidad investigativa nacional se concentró, durante casi todo el siglo XX, en las dos universidades ahora conocidas como “tradicionales”, la Universidad de Chile y la Universidad Católica. La masificación de universidades y la ampliación de la capacidad investigativa tuvo lugar con la aparición de las universidades privadas. El tipo de necesidades a las que respondió la formación de las universidades privadas, con enormes diferencias de grado entre ellas, es equivalente a las que en Europa se satisficieron a través de las universidades públicas surgidas durante el Estado de bienestar. Chile podría haber seguido ese camino (la explosiva expansión de la matrícula entre 1967 y 1973 es indicación de eso). Pero aquello, que pudo haber sido, no fue. Y la dictadura nos legó un sistema en que la ampliación de la universidad tuvo lugar por privados. Ese legado de la dictadura puede o no ser mirado con pesar; pero no puede ser simplemente negado. Hoy no puede decirse lo que en Europa, que buena parte de la capacidad de investigación está en las universidades del Estado. Una reforma racional no puede desconocer este hecho, sino que tiene que tomarlo en cuenta y aprovecharlo.

Tienen razón los críticos del ministro cuando dicen que el hecho de ser privada no impide a la Universidad de Harvard producir investigación pública. Pero esta comparación con Harvard y otras universidades similares supone un contexto institucional que en Chile no existe. El ministro tiene razón en sospechar; pero se equivoca en la razón que justifica su sospecha (y quizás por eso se vio forzado a dar pie atrás al día siguiente). Una institución como la Universidad Católica, por ejemplo, tiene una relevancia en la historia nacional y en su contribución actual a la investigación que no puede ser desconocida. Pero despejar las dudas sobre la ausencia de agendas privadas o intereses particulares requiere de regulación institucional. ¿Reclama la Universidad Católica derecho a tomar (negativamente) en cuenta, en un concurso para profesor de derecho, que el candidato cree que el aborto o el matrimonio igualitario se justifican? ¿O para expulsar a un profesor de medicina reproductiva que defiende el uso de la píldora del día después? Si reclama estos derechos, entonces no puede pretender que la investigación que se realiza en ella sea reconocida y tratada como pública, porque al hacerlo está declarando que le importa más la defensa de su agenda particular que la libre investigación; si no los reclama, y está dispuesta a someterse a un régimen legal que asegure a esos profesores que podrán comenzar o continuar sus carreras sin desmedro, entonces puede empezar a reclamar que es una universidad que, aunque no estatal, ha de ser tratada y financiada como una institución pública.

http://www.elmostrador.cl/opinion/2014/04/01/la-universidad-publica/

Rector de la Universidad de Chile: La desigualdad es el problema

with 2 comments

radio.uchile.cl
ImageServlet

A continuación el discurso enunciado por el Rector de la Universidad de Chile, Prof. Víctor Pérez Vera, en la Conmemoración del Aniversario 170 de esta Casa de Estudios, realizada el viernes 16 de noviembre de 2012 en la Casa Central.

1.- ANIVERSARIO 170 DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

Los aniversarios constituyen siempre ocasiones en que nos detenemos a escuchar el rumor de lo acontecido y sus posibles resonancias en el presente. Hoy, cuando celebramos nuestros 170 años de vida, reconocemos aún la sonoridad de cuatro grandes relatos de nuestra historia universitaria, expresados con ocasión de su nacimiento, su cincuentenario, su centenario y del sesquicentenario, los que a mi entender mantienen un vigente correlato con la situación actual de nuestra Universidad y su entorno.

En el momento fundacional, las palabras de Andrés Bello -convertidas en cimiento profundo de nuestra cultura institucional- anunciaban ya lo que serían las tres encrucijadas existenciales de la Universidad de Chile como cuerpo vivo, cambiante, acuciado por las improntas de cada época y de cada generación. La primera, la relación ineludible de la Universidad con la nación y su Estado; la segunda, la libertad en su más pleno sentido de la condición de quien no es esclavo y de quien es responsable de sus obras, de su hacer y decir, respetando siempre el hacer y decir del prójimo; y la tercera, la imbricación de la Universidad con el entorno social.

Respecto a la primera encrucijada, Bello sostuvo, en su emblemático discurso de 1843: “Con la asistencia del Consejo, con la actividad ilustrada y patriótica de las diferentes facultades; bajo los auspicios del Gobierno, bajo la influencia de la libertad, espíritu vital de las instituciones chilenas, me es lícito esperar que el caudal precioso de ciencia y talento, de que ya está en posesión la universidad se aumentará…”. Respecto a la segunda, revela las tensiones que signarán, desde sus inicios, el decurso de la institución: “La universidad, señores, no sería digna de ocupar un lugar en nuestras instituciones sociales sí (como murmuran algunos ecos oscuros de declamaciones antiguas) el cultivo de la ciencias y de las letras pudiese mirarse como peligroso bajo un punto de vista moral o bajo un punto de vista político”.

Los “auspicios del Gobierno”, de este modo, serán la bisagra en cuya materialidad, la universidad, se constituirá en el rostro más prístino de la ilustración republicana. Un rostro que se tornó, por cierto, peligroso, en tanto la ciencia y las letras operaron en su función crítica sobre esas “oscuras declamaciones antiguas”, sobre esos sonidos provenientes del conservadurismo colonial y religioso, al que Bello contestará diciendo “Lo sabéis, señores, todas las verdades se tocan”.

Y respecto a la tercera impronta, lo escuchamos plantear: “Yo ciertamente soy de los que miran …la educación del pueblo, como uno de los objetos más importantes y privilegiados a que pueda dirigir su atención el Gobierno…como la base de todo sólido progreso; como el cimiento indispensable de las instituciones republicanas”.

El cincuentenario de la Universidad de Chile, por su parte, estuvo marcado por otra constante: la mirada crítica hacia el interior en pos de su perfeccionamiento y con la finalidad de ser una institución que dialoga permanentemente con la sociedad y sus poderes. Diego Barros Arana, en el discurso conmemorativo, sostuvo: “Hoy, cuando la Universidad de Chile cumple medio siglo de vida es tiempo de preguntarse si ha correspondido al objeto que se tuvo en vista al crearla”, y agrega: “La Universidad acometió la reforma de aquel estado de cosas con firmeza y con perseverancia. Apoyada más o menos eficazmente por todos los gobiernos que desde entonces se han sucedido ha podido realizar la transformación que hoy presenciamos…”. Se refería con esto, a los cambios en los planes de estudio, la traída de profesores extranjeros y a las nuevas disciplinas incorporadas.

Así, la preocupación por lo público, ya estaba escrita en el cincuentenario y permanece en las escenas del Chile actual, entendiendo lo público como lo “perteneciente a todos y todas”. Durante las últimas décadas nos hemos visto inmersos en una lucha por el resguardo de nuestra pertenencia al Estado y por ello, a Chile en su conjunto, ante los cálculos de las ideologías de mercado, lo que nos obliga a interpelar a nuestro propietario, el Estado.

Hemos reclamado por una justa consideración como Universidad pública estatal, a través de un Nuevo Trato, precisamente porque sabemos que la Universidad de Chile ha sido el “faro” del país durante los siglos XIX y XX, sentando las bases del desarrollo en los más diversos ámbitos. El siglo XXI nos encuentra redefiniendo ese vínculo y el sentido de lo público, sabiendo que toda relación social tiene luces y sombras en su devenir.

Al rector Juvenal Hernández le correspondió celebrar el centenario de nuestra Universidad y en su discurso del 19 de noviembre de 1942, se le escuchaba decir: “Desde los días de su creación, la historia del desenvolvimiento de la Universidad se confunde con la del desarrollo de las instituciones de la República: dura brega contra la obstinación de las fuerzas negativas que coartan los mejores vuelos de la inteligencia”. Los sentimientos de lucha seguían registrándose en quien nos lideró por más de 20 años, dejando memoria de que la Universidad de Chile ha ganado su sitio en la perseverante vigilancia de su desarrollo.

El de Juvenal Hernández fue un tiempo de expansión y consolidación, pero sobre todo de la primacía del relato asociado a nuestro compromiso y porosidad con la sociedad y con la internacionalización latinoamericana. “Si la Universidad no se preocupa del medio social, no es más que un claustro cerrado y exclusivo que no cumple su misión civilizadora y sus fuerzas se perderán en el vacío”, sostuvo Hernández.

En la conmemoración de los 150 años de la Universidad de Chile, marcados por el retorno de la democracia luego del infausto período de la dictadura, el rector Jaime Lavados puso el acento en la proyección de nuestra Casa de Estudios en medio de los acelerados cambios de la sociedad globalizada, recuperando y fortaleciendo la idea de la “cultura” de la Universidad de Chile.

Las sombras del desvarío se ceñían sobre el aniversario de los 150 años y cada uno y cada una de los que vivimos la intervención de la Universidad de Chile sabemos que, quizás, este haya sido el período más doloroso y complejo de nuestra historia institucional. Esta historia recién comienza a ser abordada, hablada y problematizada, más allá de las miradas ideológicas, de los miedos y los rencores, propios del trauma.
Pero nos asiste la convicción de que es preciso que los sucesos recientes tengan mayor cabida en la reflexión y en la memoria. Sólo de ese modo, nuestra cultura propia, nuestra identidad, podrán encontrar ese espacio que explique o desmitifique el peso de la intervención, situándola en su perspectiva temporal y ayudándonos a entender los cambios impuestos, las resistencias, la capacidad de agencia para impedir la destrucción de los relatos fundacionales y su posterior relectura.

Es un episodio que tenemos que re-construir, recuperar en sus documentos, en la historia oral, los recuerdos, no para reproducir las distancias y los resquemores, sino para reforzar el sentimiento plural y de libertad que nos define. Pondré todos mis esfuerzos porque antes de que finalice mi rectorado podamos contar, además del pionero trabajo de la Revista Anales en sus números especiales dedicados a los 170 años, con una profunda historia de la intervención militar en la Universidad de Chile.

Si he traído hasta este Salón de Honor, símbolo de nuestro ser republicano, las palabras de los rectores en Aniversarios anteriores, es para dar cuenta, precisamente, del espesor de nuestra historia. Y más aún, de las responsabilidades políticas y culturales que nos competen por misión y devenir.

2.- LA UNIVERSIDAD DE CHILE EN EL AÑO 2012

A la luz de estos relatos que nos interpelan en nuestra responsabilidad como institución, en su aniversario 170, la Universidad de Chile puede decir con orgullo a todos los chilenos y chilenas que su universidad, sigue siendo la número 1 en el país en investigación, publicaciones, pregrado y postgrado, y una de las 10 mejores de Latinoamérica.

Todos estos logros no serían posibles sin la calidad y cantidad del trabajo comprometido y generoso de nuestra comunidad universitaria, para quienes expreso nuestro mayor reconocimiento y agradecimiento.
El libro “Memoria 2010 – 2011″, preparado por la Vicerrectoría de Extensión y que ustedes han recibido en el día de hoy, da cuenta del quehacer de nuestras académicas y académicos. Agradezco el espléndido trabajo realizado por la Vicerrectora de Extensión, prof. Sonia Montecino y su equipo. Aprovecho de agradecer también la gestión de la VEX que ha permitido que la Empresa de Correos de Chile haya confeccionado sellos conmemorativos de estos 170 años con las imágenes de Valentín Letelier y Amanda Labarca y el lema de Pioneros en la Educación Pública como un modo de dejar impresos los sentimientos que nos asisten de recuperar ese sitial que ellos nos legaron.

3.- LA DESIGUALDAD ES EL PROBLEMA

En la larga historia de la Universidad de Chile, este patrimonial Salón de Honor ha recibido los relatos y vivencias, los sueños y esperanzas de la nación, así como también ha sido testigo de la justa protesta ante sus carencias y malestares.

Hoy no es una excepción. Y no podría serlo cuando una honda inquietud agita el alma del país, muchas veces expresada en el cantar y caminar de multitudes por las calles, con ecos y protagonismos en nuestra comunidad universitaria, especialmente la estudiantil, como ha sido su tradición de décadas.
Desde distintos sectores se busca explicar las causas del desasosiego, las más de las veces, en nuestra opinión, sordas y ciegas ante lo que se vive en los hogares, en los jardines infantiles, en las escuelas y liceos, en los consultorios y hospitales, en los barrios, en los buses, en las precarias plazas, ¡para que seguir!, de los sectores más vulnerables y de la clase media de nuestro país.

Desde hace años he criticado la inequidad y desigualdad que sufren millones de chilenas y chilenos. Es un juicio que se basa en mi experiencia de vida, en mi niñez y adolescencia en regiones, en ser hijo y nieto de profesores primarios de provincia que, como tantos otros, dieron todo por el país y por su futuro. Es una crítica que nace del convencimiento de que Chile, al igual que una familia, necesita tener cohesión social, solidez, estabilidad y dignidad. Durante este tiempo he escuchado repetidamente a líderes políticos y económicos sobre vías y propuestas de soluciones. Pero la inequidad y desigualdad siguen dominando el paisaje de Chile, resquebrajando la realidad del país, de sus barrios, pueblos y ciudades.

A doscientos años de su Independencia, Chile no es justo y aún no hemos alcanzado ese ideal que afirma que en nuestra patria no existen clases ni grupos privilegiados. Es triste y desesperanzador constatar que diariamente, millones de chilenos y chilenas tienen graves carencias materiales, culturales y espirituales, donde ni la capacidad de soñar les permite tener esperanzas como aliciente para seguir existiendo y luchando.

Al respecto, resulta sintomático un estudio reciente del PNUD (Bienestar Subjetivo: El desafío de pensar el desarrollo, Santiago, agosto 2012) sobre el bienestar subjetivo publicado en agosto de 2012. Sin entrar en una discusión sobre el concepto de felicidad que está en juego, el estudio constató, ¡miren que novedad!, que existe desigualdad para poder sentir y soñar, y que la infelicidad también se reparte desigualmente en nuestra sociedad, pues afecta en mayor grado a los grupos más vulnerables.

¿Qué hemos hecho o hemos dejado hacer para arribar a este panorama? Se ha afirmado que la tarea gubernamental no es competente para adentrarse en los terrenos de nuestra subjetividad. En otras palabras que la felicidad, las alegrías, como las penurias y los dolores, son asunto privado, en ningún caso conciernen a los ámbitos de lo público, como el gobierno, el Estado o las políticas públicas. Si ello es así, ¿debemos quedarnos a brazos cruzados y esperar que a la pobreza material sumemos la del espíritu, pero también distribuida desigualmente? ¿Soporta la sociedad algo así? ¿Acaso es posible la estabilidad política y la gobernabilidad democrática sobre bases tan febles? ¿Cómo le exigimos sensatez al manifestante indignado por la desesperanza? ¿Debemos esperar que se sacuda solo de su malestar y acepte su desigual acceso a la vivienda, a los bienes culturales o a un trabajo digno? Algo me dice que el manifestante furibundo, o el graffiti envenenado de odiosidad anti sistema, tienen algo -y mucho- que ver con esta desigualdad lacerante. El Latinobarometro del 2011 consigna que apenas un 6% de los chilenos cree que la distribución del ingreso en Chile es justa. ¿Podemos aspirar a vivir en paz sabiendo esto?

Una alta desigualdad de oportunidades fomenta la exclusión social, reduce la capacidad de las sociedades de utilizar el capital humano en todo su potencial, y permite a las personas adineradas distorsionar el mercado en beneficio propio. Asimismo, puede promover el delito, la violencia y la inestabilidad política.

Chile no será desarrollado -en el sentido de un pleno desarrollo humano- si no logramos vivir juntos en diversidad y acabemos con la distancia social entre ricos y pobres. ¿Por qué no avanzan las reformas que con tanta persistencia y fuerza reclaman los chilenos? Las élites saben que las inequidades perturban el orden social, amenazan la gobernabilidad democrática y desestabilizan el sistema político. En suma, es un peligro latente para los mismos que disfrutan de privilegios.

La prof. Merike Blofield, de la Universidad de Miami, sostiene que los cambios no se llevan a cabo porque la desigualdad ha abierto tan profundamente la grieta social entre elites y pobres, que éstas se hacen inmunes e insensibles a percibir y menos a entender el dolor, la frustración, la indignación o sus efectos sociales o políticos. Las élites económicas y políticas del país se han inclinado, durante años, por soluciones a la desigualdad individual y a corto plazo, en lugar de colectivas y a largo plazo, aislándose en comunidades cerradas, escuelas privadas, previsión privada, salud privada, autopistas privadas, lugares de veraneos privados, barrios privados, toda vez que la diversidad es peligrosa y lo público es sospechoso.

Nunca antes nuestro país había sido tan desigual. Esta ha penetrado tan profundamente los intersticios de nuestra vida en sociedad que ni los espacios de nuestra intimidad -tradicionalmente excluidos de los denominados bienes públicos- se libran de ella.

Nos hemos acostumbrado por años a centrar nuestra crítica en las políticas públicas del Estado o incluso en las características idiosincráticas del pobre, pero no hay que ser muy entendido para darse cuenta que las elites -económicas y políticas- tienen algo que ver también en la reproducción de la desigualdad.

En los momentos que esta Universidad histórica cumple 170 años acompañando el desarrollo de la República de Chile y las demandas y sueños de su pueblo, esta Casa levanta su voz para denunciar este flagelo cada vez menos sordo y silencioso que amenaza nuestra convivencia, pero por sobre todo, la posibilidad de hacer del futuro de Chile, un proyecto política y democráticamente sustentable. Hago un llamado aquí, no al Estado, ni a una motivación abstracta, sino a nuestra elite empresarial y política a asumir este desafío trascendental: la superación de las intolerables desigualdades que nos dividen, alimentan la desesperanza y con ello, la desconfianza, la rabia cívica y la violencia social. No podemos esperar más. Mañana puede ser demasiado tarde.

La desigualdad es “el” problema. Es la sensación compartida de que millones de chilenas y chilenos miran la realidad del país desde la ventana o la caja del televisor, mientras que los protagonistas somos unos pocos.

Hoy, cuando la Universidad de Chile celebra 170 años al servicio de la nación, quiero pedir un esfuerzo real y sincero al Gobierno de Chile y al Congreso Nacional para que desde marzo de 2013, ¡y a lo que cueste! se brinde educación parvularia universal y de calidad, según los más altos estándares internacionales, a todos los niños y niñas de Chile, sin ninguna excepción o justificación que pretenda explicar la injusticia que hoy se produce. En la inequidad de la educación parvularia en los sectores más vulnerables está la cuna de las desigualdades que tenemos. Los recursos están, hay que hacer los recortes y reasignaciones presupuestarias necesarias para que esto se pueda cumplir, ahora, no mañana. Las niñas y niños pobres no pueden esperar, se les va la vida, y nuestra vida por tanto, en ello. Solo así la vida plena podrá prodigarse en una felicidad encarnada en la materia y en el goce de la vida en común. Si algunas personas consideran que ello no es posible, pues afectaría los equilibrios macroeconómicos del país, los invito a que vayan a donde viven esos niños y niñas pobres, que los miren a los ojos y les expliquen, por qué ellos y ellas no podrán recibir los estímulos adecuados para desarrollar los talentos con que nacieron y continuarán siendo castigados de por vida.
4.- LA DESIGUALDAD DE GÉNERO Y LA UNIVERSIDAD DE CHILE

En la senda de la reflexión y la acción sobre las desigualdades sociales, la Universidad de Chile ha sido pionera en abordar las inequidades de género. Desde mediados del siglo XX con Amanda Labarca, Elena Caffarena y otras mujeres que lideraron la participación universitaria, hasta los actuales Centros de Estudios de Género, nuestra universidad se ha constituido en un campo vanguardista para las mujeres.

Esta rectoría ha sido sensible a las desigualdades entre hombres y mujeres. Por esto, el 5 de noviembre del 2008 y por primera vez en el país, promulgamos el Decreto Universitario Nº0027663 que incorporó la variable de género en los títulos universitarios, con la clara convicción que el lenguaje crea identidades sociales y que es preciso despejar los sedimentos de realidades que no corresponden a la vida contemporánea.

Sé que estos gestos, aunque necesarios en la inclusión de las diferencias, no son suficientes para cambiar las estructuras que operan aún en nuestra comunidad como reflejo de los sistemas culturales que nos modelan.

Es por eso que este año convoqué a académicas, estudiantes y funcionarias, líderes en sus disciplinas y estamentos, a formar una Comisión de Igualdad de Oportunidades de Género en la Universidad de Chile, con el objeto de realizar un diagnóstico sobre el tema y propuestas para mejorar la participación e incorporación de las mujeres en nuestra universidad. Agradezco a todas las integrantes de esta comisión por su riguroso trabajo.

Dos son los ámbitos que esta Comisión ha planteado y que recojo. Por un lado, la distribución desigual de académicas y académicos, representando las primeras sólo el 34,8% de nuestros académicos contratados; los escollos que experimentan en su desempeño profesional; la poca participación en la toma de decisiones; el acceso restringido a las jerarquías más altas y la masculinización y feminización de algunas carreras (como por ejemplo, ingeniería y educación parvularia respectivamente), produciendo un desequilibrio en la participación de mujeres y hombres y reproduciendo los estereotipos y las desigualdades que operan en la sociedad.

Por otro lado, los problemas transversales que afectan a todos los estamentos: la maternidad y paternidad responsable y su conciliación con el desarrollo académico, estudiantil y funcionario; el acoso sexual y la discriminación por razones de género o diversidad sexual.

Acogiendo una de las recomendaciones de esta Comisión, crearemos una Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género en la Universidad de Chile, cuya primera labor consistirá en producir un Plan para la Igualdad de Género, una investigación cualitativa y cuantitativa que profundice el diagnóstico ya efectuado por la Comisión, y una propuesta para la formulación de políticas universitarias en esta materia.

De este modo podremos avanzar en nuestra búsqueda de igualdad y diversidad.
5.- LA EDUCACIÓN PÚBLICA: UNA RESPUESTA AL PROBLEMA DE LA DESIGUALDAD

La desigualdad es, sin duda, el problema no resuelto de nuestra sociedad. Esto, ha puesto a la educación pública al centro del debate ciudadano. El reconocimiento del rol determinante y estratégico que tiene la educación para el país debe expandirse, madurar y articularse en propuestas.

Sin embargo, nada de esto podrá rendir frutos – aquellos que el país requiere- si ese discernimiento y los enunciados en que se articula se estrellan una y otra vez contra la muralla impuesta por el modelo vigente, con el agravante de que la autoridad parece empeñada en seguir elevando los muros. Esto nos obliga a alzar la voz. A exigir que el Estado, ponga real voluntad en hacerse cargo de su responsabilidad con dar educación pública de calidad a todos los que la requieran y que exija estándares de calidad para todas las instituciones que cumplan esta importante función social, además del pleno cumplimiento de la ley.

El año pasado fuimos testigos de una de las movilizaciones estudiantiles y sociales más grandes y sostenidas que haya conocido el país desde la recuperación de la democracia. Los llamados de esa movilización liderada por estudiantes de esta Universidad de Chile, pusieron en el centro de la controversia pública a la educación, no como un aspecto sectorial más -como la salud, la previsión, la seguridad ciudadana, por ejemplo-, sino en tanto nudo estratégico y fundamental para la equidad social y el desarrollo humano del país.

La voz estrepitosa que exigió educación pública de calidad, que acusó y denunció los fines de lucro que, contra la legalidad vigente, ostentan desde hace años y mayoritariamente las nuevas universidades privadas se hizo oír con energía y convencimiento.

Pero quienes deben prestar oídos, por estar situados en los lugares de decisión respecto de las políticas públicas, no lo han hecho y no lo hacen. Y yo pienso que no es sordera. Es la obstinación de no escuchar, decidida de antemano, porque su agenda es radicalmente distinta a la que trazarían esas demandas, llevadas a planteamientos concretos (que, por cierto, no faltan). Creo que tenemos todas las pruebas a la vista, y la puesta en escena de las iniciativas gubernamentales, indican que se trata de una agenda directamente contrapuesta.

El interés fundamental que percibimos, propiciado desde los niveles de decisión se dirige a la consolidación del modelo mercantil de la educación: educación de mercado para el mercado, subsidio a la demanda que legitima la entrega de dineros fiscales a la educación privada sin mayores condiciones ni limitaciones, sin ningún control de parte de la Contraloría General de la República, y con total falta de transparencia del uso de recursos que son de todos los chilenos.

Es una agenda distinta, que se opone manifiestamente a las voces y reivindicaciones de los actores involucrados y de la ciudadanía preocupada por el destino de la educación en el país. Y su contenido -aunque a menudo así se lo presente- no es técnico: es político. El propósito que la guía no puede ser disimulado ni maquillado. La profundización del modelo mercantil, decláreselo o no, quiéraselo o no, trae consigo la devastación de la educación pública en todo el sentido y amplitud del término. Ante esta escena, no se puede sino hacer presente a las autoridades la obligación que les cabe a la hora de impulsar o adoptar decisiones de Estado, una responsabilidad que tiene como punto de referencia el futuro del país y de sus generaciones.

Hemos escuchado ya por demasiado tiempo las letanías que rebajan el sentido de la educación pública.

Entre los argumentos que se esgrimen para debilitar y desacreditar la educación pública está el de la libertad de enseñanza. Una noción abstractamente válida, sin embargo cuando se la usa en la discusión y se la invoca como principio de política pública en el campo educacional, lo que en realidad se está propulsando son niveles cada vez más acentuados de segregación social y de cohesión ideológica de los grupos dominantes del país. La ceguera con que se insiste en esto, sin hacer un ejercicio de reflexión desde esos mismos grupos, equivale a una insensatez social e histórica. Y esa imprudencia apunta al corazón de la democracia.

Eso es lo que vislumbramos está en juego en el Chile actual: la capacidad para reforzar y hacer sustentable nuestra democracia. Tenemos por una parte -y ya lo hemos planteado el día de hoy- niveles intolerables de desigualdad e inequidad y un incremento pavoroso de la brecha entre ricos y pobres, sin descontar el hecho de que la mayor parte de nuestra clase media es económica y socialmente vulnerable; y tenemos, por otra parte, una clase política que pareciera convertir las decisiones social y políticamente relevantes en una prerrogativa excluyente que se sustenta en una aguda limitación de la participación ciudadana. Un cuadro semejante no puede sino acusar la fragilidad de nuestra democracia y hace imposible, en las condiciones vigentes, una ampliación de la misma, que debe ir a la par del desarrollo.

Pues bien: la educación, sin la cual no hay desarrollo, es al mismo tiempo el pivote para la plena democratización de la vida social. Y digámoslo con todas sus letras: la pieza maestra es la educación pública, provista por el Estado, precisamente porque es la única que, por sus propias características de inclusividad, no discriminación, igualdad y fomento de una ciudadanía responsable y participativa, puede satisfacer lo que la democracia supone; es la única congruente con la democracia, no como una simple forma o un conjunto de procedimientos, sino como un proceso vivo e históricamente abierto.

Por eso son tan importantes las demandas de educación pública que han alcanzado la máxima resonancia social en el país. Esas propuestas implican la reivindicación de la educación como un derecho fundamental e irrestricto, es decir, no sujeto a limitaciones y condicionamientos arbitrarios o discriminadores. Un derecho: desde luego, la educación no es un servicio, y de ningún modo es un bien de consumo. Un derecho, sí, y no se trata solo de un reclamo individual, es la petición de un derecho social. Es un derecho y, en correspondencia, el Estado tiene una obligación principal y prioritaria al respecto. Y -ya lo sostuvimos- no está cumpliendo con ella.

¿Por qué se enarbolan tantos argumentos hoy para rebajar el sentido y la importancia de la educación pública? ¿Por qué se quiere igualar toda clase de educación, con independencia de su propiedad, de sus gestores, de sus orientaciones ideológicas, de su composición social? ¿Por qué se afirma sin mayores precisiones que toda institución educacional, indistintamente, produce bienes públicos? ¿Por qué se reitera tanto en que es perfectamente lícito repartir dineros fiscales, que todos los chilenos aportan, para contribuir a financiar empresas educacionales, muchas de ellas extranjeras, que únicamente sirven a los intereses de un sector muy reducido de nuestra sociedad?

La palabra que mencioné brinda las señales. Son intereses, determinados y muy precisos los que movilizan esos argumentos y los que buscan reducir al mínimo la educación pública. Son intereses ideológicos, sin duda, indisociables de los económicos. Se sostiene que la función de la educación es preparar “capital humano” diversamente calificado para el sistema laboral que impone la economía de mercado, y, sin decirlo abiertamente, favorecer a un segmento estrecho orientado a formar las élites dirigentes del país, con el claro propósito de que sean coherentes con los sectores ultra-privilegiados por la distribución desigual del ingreso y de las oportunidades. Esos mismos grupos disponen de una amplia gama de poderes, formales, institucionales y fácticos, de manera que lo que está en juego, en definitiva, es la perpetuación de un sistema de potestad basado en escandalosos privilegios económicos, políticos y sociales.

Por cierto, un sistema como ese no es compatible con el desarrollo de la educación pública. Esta no se restringe nunca a formar personas con alta capacidad profesional o técnica que contribuyan al desarrollo general -social, económico, cultural- del país, sin que al mismo tiempo potencie una conciencia lúcida respecto de ese desarrollo, de sus complejidades y sus conflictos. La educación pública estimula las capacidades críticas y alienta la voluntad de transformación, vincula expresamente el desarrollo con la democracia, no solo de una manera discursiva, sino en la práctica, porque es socialmente diversa, porque fomenta la participación, el pluralismo, el diálogo, el acuerdo razonado, la no discriminación y la primacía del interés común por sobre cualquier interés particular o corporativo.

Este es el sentido del llamado, de la interpelación desplegada en el frontis de la Casa Central de la Universidad de Chile, al celebrar sus 170 años de existencia, como la primera universidad del país, que entiende su pasado, su presente y su futuro ligados inseparablemente al destino de la república: “170 años:. La Universidad de Chile unida en el fortalecimiento de la educación pública como un derecho para una sociedad más justa”. Es una convocatoria, un requerimiento y la declaración de un compromiso que sustentamos y seguiremos manteniendo, un deber incondicional, es el sello de esta universidad.

Tras esta insistente afirmación y defensa de la educación pública subyace una interrogante. He sido tenaz, enfático en plantear esa afirmación y ese alegato porque ha habido y sigue habiendo un sistemático ataque, una programada y acentuada restricción de su significado y su peso. ¿Por qué se desea reducir a lo ínfimo a la educación pública, ya sea debilitando al extremo la que corresponde directamente al Estado, ya sea igualando a todas las instituciones y establecimientos y aportándoles indiscriminadamente financiamiento y oportunidades, o simplemente manteniendo la abismante desregulación de todo el sistema? ¿Qué -y esta es la pregunta- se teme de la educación pública, para sistemáticamente -digamos las cosas por su nombre-, haber tendido a su debilitamiento? Creo que la respuesta no abarca un solo término. Hablaba antes de intereses que en verdad se traducen en una aquiescencia. Son afanes económicos pues está claro que la educación ha resultado ser un negocio muy lucrativo, más aun si estos réditos se obtienen al amparo del Estado, por omisión o acción directa. Son bastiones ideológicos, de cohesión de sectores sociales en torno a valores que los confirman y refuerzan en sus privilegios y en esa especie de derecho innato que se arrogan para ejercer dominio en todas las áreas de la sociedad. Y son trincheras políticas, porque lo que se persigue es preservar e incrementar una estructura de poder que mantiene y ahonda la desigualdad y la discriminación.

La educación pública, por contraste, existe fuera de todo condicionamiento de lucro, está permanentemente abierta a la diversidad -social y valórica-, somete las ideas, opiniones y creencias a un escrutinio constante que refuerza el sentido de lo múltiple y entrega herramientas a quienes se forman en ella para desarrollar la conciencia de sus derechos, deberes y sus responsabilidades, consigo mismos, con los demás, con el país: es decir, construye cotidianamente ciudadanía, abriendo horizontes de futuro que exceden las formas vigentes de poder en la sociedad. En una palabra, diría yo, lo que se teme en la educación pública es su fuerte potencial de emancipación.

¡Que nadie se lleve a engaño! “La Chile”, la Universidad de todos los chilenos y chilenas, la Universidad nacional, pluralista, diversa, libre intelectualmente, laica y de excelencia, por definición del Estado que la fundó, durante los próximos 170 años y contra viento y marea seguirá luchando por la igualdad y la equidad, se la seguirá jugando por la educación pública de calidad y equitativa -sobre todo para los niños y niñas más pobres de nuestro país, de quienes debemos ser luz de esperanza-. ¡Seguirá arriesgándose por la libertad!

6.- PALABRAS FINALES

Al celebrar estos 170 años de la Universidad de Chile, con orgullo, emoción y humildad nuestra comunidad universitaria hace suyas las palabras con que hace 140 años, el 4 de octubre de 1872, el rector Ignacio Domeyko presentaba su informe al Consejo de la Universidad de Chile:

“Honor i gratitud a los fundadores de nuestra Universidad, que animados de las ideas más sanas i liberales, se esforzaron en crear una institución llamada a ser un foco para el cultivo de letras i ciencias, i que tuvieron bastante fe en que se hallaran en la nación hombres inteligentes i entusiastas dispuestos a poner desde luego la mano en la obra. Sus esperanzas no han sido frustradas”.

Viva la Universidad de Chile
Viva la Universidad de Chile libre
Viva Chile.

Muchas gracias

I. Wallerstein: La educación superior bajo ataque…

leave a comment »

Immanuel Wallerstein
La Jornada
Durante mucho tiempo hubo sólo unas cuantas universidades en el mundo. El cuerpo estudiantil total en estas instituciones era muy reducido. Este pequeño grupo de estudiantes provenía en gran medida de las clases altas. Asistir a la universidad confería gran prestigio y reflejaba un gran privilegio.
El panorama comenzó a cambiar radicalmente después de 1945. El número de universidades comenzó a expandirse considerablemente, y el porcentaje de personas en el rango de edad que asistía a las universidades comenzó a crecer. Es más, esto no fue meramente una expansión en aquellos países que ya tenían universidades notables. En un gran número de países que no habían tenido instituciones o no tenían ninguna antes de 1945 se impulsó la educación universitaria. La educación superior se hizo mundial.

La presión para expandirse vino de arriba y de abajo. Desde arriba, los gobiernos sintieron una importante necesidad de contar con graduados universitarios que garantizaran su posibilidad de competir en las tecnologías más complejas requeridas en la explosiva expansión de la economía-mundo. Y desde abajo, grandes cantidades de los estratos medios y aun de los estratos más bajos de las poblaciones del mundo insistieron en que debían tener acceso a la educación superior para mejorar considerablemente sus perspectivas económicas y sociales.

La expansión de las universidades, que fue notable en tamaño, fue posible por la enorme expansión ascendente de la economía-mundo después de 1945, la más grande en la historia del moderno sistema-mundo. Hubo mucho dinero disponible para las universidades y estaban felices de poder utilizarlo.

Por supuesto, esto cambió en alguna medida los sistemas universitarios. Las universidades individuales se hicieron más grandes y comenzaron a perder la cualidad de intimidad que proporcionaban las estructuras más pequeñas. La composición de clase del cuerpo estudiantil, y luego la del profesorado, evolucionó. En muchos países la expansión no sólo significó una reducción en el monopolio de personas de los niveles más altos, como estudiantes, profesores y administradores, sino que con frecuencia significó que los grupos minoritarios y las mujeres comenzaran a tener un acceso más vasto, que antes se les había negado total o, por lo menos, parcialmente.

Este retrato rosa comenzó a tener dificultades alrededor de la década de 1970. Por un lado, la economía-mundo entró en un prolongado estancamiento. Y poco a poco, la cantidad de dinero que recibían las universidades, en gran proporción de los estados, comenzó a disminuir. Al mismo tiempo, los costos de la educación universitaria comenzaron a crecer, y las presiones de abajo para que la expansión fuera continua crecieron con mayor fuerza aún. Desde entonces la historia es la de dos curvas que van en direcciones opuestas –menos dinero y mayores gastos.

Para el momento en que arribamos al siglo 21, esta situación se tornó dificultosa. ¿Cómo se las arreglaban las universidades? Una forma importante fue lo que ha llegado a llamarse privatización. Casi todas las universidades anteriores a 1945, e incluso antes de 1970, eran instituciones del Estado. La única excepción significativa era Estados Unidos, que contaba con un gran número de instituciones no estatales, la mayoría de las cuales evolucionaron a partir de instituciones de base religiosa. Pero aun en estas instituciones privadas estadunidenses, las universidades se manejaban con estructuras no lucrativas.

Lo que la privatización comenzó a significar por todo el mundo fueron varias cosas: una, comenzó a haber instituciones de educación superior que se establecieron como negocios con fines de lucro; dos, las instituciones públicas comenzaron a buscar y a obtener dinero de donantes corporativos, que comenzaron a entrometerse en la gobernanza interna de las universidades; y tres, las universidades comenzaron a buscar patentes para los trabajos en que los investigadores de la universidad habían descubierto o inventado algo, y como tal entraron a ser operadores en la economía, es decir, se volvieron parte del negocio.

En una situación en que el dinero era escaso, o al menos parecía escaso, las universidades comenzaron a transformarse a sí mismas en instituciones parecidas a negocios. Esto puede entenderse en dos formas importantes: los más altos puestos administrativos en las universidades y sus facultades, que tradicionalmente ocupaban los académicos, comenzaron a ser ocupados por personas cuya formación era la administración y no la vida universitaria y aunque ellos conseguían el dinero, también comenzaron a fijar los criterios para asignarlo.

Comenzó a haber evaluaciones de universidades completas y de departamentos dentro de las universidades en términos de sus productos, en relación con el dinero invertido. Esto podía medirse en cuántos estudiantes deseaban emprender estudios particulares, o en qué tan reconocida era la producción de investigación de ciertas universidades o departamentos. La vida intelectual comenzó a ser juzgada con criterios seudomercantiles. Aun el reclutamiento de los estudiantes se midió en términos de cuánto dinero entraba mediante los métodos alternos de reclutamiento.

Por si esto fuera poco, las universidades comenzaron a sufrir los ataques de una corriente de extrema derecha antintelectual que veía las universidades como instituciones laicas y anti-religiosas. La universidad como institución crítica –crítica de los grupos dominantes y de las ideologías dominantes– siempre ha enfrentado la renuencia y la represión de los estados y las elites. Pero sus poderes de supervivencia siempre estuvieron basados en su relativa autonomía financiera basada en el costo real de operación. Esto era la universidad de ayer, no la de hoy ni la de mañana.

Uno puede describir esto simplemente como otro ejemplo más del caos global en el que estamos viviendo. Excepto que se suponía que las universidades jugaran el papel de ser un locus importante (por supuesto no el único) de análisis de las realidades de nuestro sistema-mundo. Son estos análisis los que pueden hacer posible navegar en la caótica transición hacia un nuevo orden mundial, que esperamos sea mejor. Al momento, los disturbios al interior parecen no ser más fáciles de resolver que los disturbios en la economía-mundo. Y se le presta mucho menos atención.

Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/03/10/index.php?section=opinion&article=022a1mun

Traducción: Ramón Vera Herrera

Chile y la reforma universitaria: el proyecto ultra-mercantil del Ministro J. Lavín…

leave a comment »

21 de Junio de 2011

Lavín, Guzmán, Pinochet y la revolución universitaria del 81

Jaime Retamal
Facultad de Humanidades de la Usach
http://educacion.usach.cl

vcm_s_kf_m160_160x92

 

Bastante de violencia han hablado las autoridades de gobierno la última semana, y esto a propósito de las movilizaciones de los estudiantes universitarios.

La retórica equilibrista del Ministro de Educación, Joaquín Lavín, hablando no desde el ministerio de Educación, sino desde el mismísimo Palacio de La Moneda, el centro del poder, mezcló la palabra “energía” con “violencia” para desacreditar a esos miles de jóvenes que caminaron pacíficamente por la Alameda.

¿Es la educación superior chilena un enclave autoritario de la dictadura de Pinochet?; ¿es su lógica, su inspiración, su modelo, su fundamentación, herencia –una más- del totalitarismo pinochetista de los 80?

No es porque el Ministro y La Moneda estén ad portas de nuevas encuestas de opinión, el motivo por el cual calificamos su retórica de equilibrista. Es así, más bien, porque la respuesta a la pregunta de si la educación superior es o no un “enclave autoritario” está llena de un vértigo abismal, para quien pretende ser, como Joaquín Lavín, el nuevo Presidente de Chile, o para quien desea pasar a la historia como un gran Ministro de Educación.

Nadie está más cercano al vacío que Joaquín Lavín. Gran opus-deista chileno; fundador de una universidad privada; ilustrísimo Chicago boy y UDI hasta el tuétano: heredero, hijo putativo predilecto de Jaime Guzmán y Augusto Pinochet Ugarte. Creador -ghost writer- como dice el mito urbano, de la famosa frase “de cada siete chilenos, uno tendrá automóvil; de cada cinco, uno tendrá televisor, y de cada siete, uno dispondrá de teléfono”, dicha por el Capitán General un 11 de Septiembre de 1980. Los ochenta… la década de las más profundas transformaciones en la educación chilena, particularmente, en la educación superior ¡Qué años!

No es una tesis del todo descabellada afirmar que “Marzo del 81” es EL momentum de toda la revolución de la educación superior en Chile, resistida hoy en las calles y en crisis, por cierto, como lo reconocen todos los actores.

Marzo del 81. Chile disputaba la Copa Davis sufriendo contra Colombia; los cines tenían en su cartelera a “Belle de jour” y se estrenaba “El huevo de la Serpiente” de Bergman; Héctor Soto, el cura Valente del cine, ya repetía su ironía (copiada o no) de que Hollywood era una gigantesca fábrica de salchichas; uno de los autos del año, traído directamente desde Francia, era el más ofertado por los diarios, el Renault 5, a toda página; y canal 7 transmitía la serie de 12 capítulos que contaba la vida del “héroe” de la 2ª Guerra Mundial, “Lord Mountbatten”. Todo superficialmente estaba bien y transcurría con normalidad. Pero en el fondo, se estaba gestando la gran transformación de la educación superior que transformaría la lógica universitaria, y también, no está de más decirlo, la lógica del tejido social en Chile.

la revolución universitaria del año 81 de Augusto Pinochet, que encuentra a Jaime Guzmán como uno de sus defensores más radicales, no hace sino retrotraernos a un momento difícil de nuestra historia nacional y a un momento donde se produjeron profundos cambios que terminaron por configurar otra sociedad y otra cultura. Para ello, la Universidad fue central.

 

Fue en Marzo del 81 cuando se dio inicio al llamado “Periodo Constitucional” de Augusto Pinochet. El 11 de Marzo juró ante la nueva Constitución de la República de Chile y el oficialismo declaraba que el país “recuperaba la confianza en sí mismo.”

Con ese tono tan característico que poseía, Augusto Pinochet enfatizaba en su discurso del 11 de Marzo del 81: “No podría dejar de mencionar, entre los progresos sociales que se han materializado en estos años, las recientes reformas a las normas sobre educación superior[…]El Gobierno ha sentado las bases para que su acción educacional, con el aporte primordial de la iniciativa particular de los chilenos, permita una capacitación amplia y de calidad a vastos sectores que hasta ayer se veían privados de ella […] el dictar estas normas legales obedece a nuestra profunda convicción de que la autonomía de cada persona y la igualdad de oportunidades para todos, son bases esenciales de la Gran Nación que aspiramos a construir e integrar.

Las dos cosas que primero hizo Pinochet, tras jurar, fue anunciar un nuevo presupuesto para las universidades (lógica presupuestaria que se mantiene hasta hoy más menos) y declarar al país en “Estado de Peligro de Perturbación de Paz Interior”, recurriendo a las facultades que le confería la disposición 24ª transitoria de la nueva Carta Fundamental.

¿Alguien en su sano juicio, dada las condiciones, iba a alzar la voz como correspondiese ante tamañas transformaciones revolucionarias en la universidad?

Pues sí; Jaime Guzmán tomó partido. Entregó uno de los apoyos más fundamentales a esa transformación revolucionaria a la educación superior llevada adelante por el Capitán General Augusto Pinochet y el aparato totalitario de instalación de políticas públicas de cada sector gubernamental.

Un documento verdaderamente histórico de 14 páginas –“histórico” dada la revolución y dada la actual crisis universitaria- resulta ser la fundamentación que Jaime Guzmán hiciera en la Revista Realidad de Marzo del año 1981. Se trata de un escrito formidable, por su densidad ideológica y filosófica, que muestra no sólo la genialidad del fundador del gremialismo y la UDI, sino también, la profundidad social que una revolución universitaria puede crear.

Este documento fue escrito en co-autoría con Hernán Larraín, actual senador UDI, y se titula “Debate sobre nueva legislación universitaria”.

Como se sabe (ver los textos de Renato Cristi o Verónica Valdivia) Jaime Guzmán mutó de una concepción “gremial-corporativa” a una “neoliberal”. Y fue en los 80 donde defendió esta nueva concepción. Su principal “brazo armado” teórico fue la Revista Realidad, fundada por él mismo el año 1979. Nada de mitos –dice su escrito fundacional- ni de utopías destructoras, la verdadera fe debe estar puesta en aceptar con realismo la verdadera naturaleza del hombre y las cosas, debemos ajustarnos a la realidad, afirma.

Pues bien, en Marzo del año 1981, en una especie de debate imaginario se afirma que “la sola publicación de los primeros cuatro DFL sobre la nueva institucionalidad universitaria, ha desatado una variada crítica de ciertos sectores muy determinados, cuyas principales objeciones hemos creído conveniente recoger y refutar en este artículo.” Entrega este “artículo” 15 refutaciones a 15 objeciones críticas.

Señala que la pretendida Reforma Universitaria de los años 1967-1973 estaba completamente equivocada en su orientación. Tenía fundamentalmente “una visión académica irreal […] una masificación artificial de la educación superior, que iba mucho más lejos de la exigida por la natural evolución social antes mencionada, y que por el contrario se fundaba en una inspiración demagógica , cuyo extremo fue el lema marxista de “universidad para todos”, una desviación de su origen universitario hacia un claro predominio político, que pretendió instrumentalizar las Universidades al servicio de dos sucesivos experimentos ideológicos (democratacristiano primero y marxista después), y en fin, una pérdida de las jerarquías universitarias, ejemplificada en el cogobierno estudiantil y del personal administrativo […] la frustración actual de miles de académicos y estudiantes universitarios, representa la mejor demostración de que el sistema universitario chileno se había deteriorado hasta languidecer en la mediocridad, cuando no a descender a niveles vergonzosos e indignos del nombre de universitario”.

Respecto al eje competitividad, que será crucial en todo el sistema hasta el día de hoy, señala que a la sazón ninguna de las 8 Universidades existentes se encuentra sujetas a desafíos competitivos entre ellas, al tener su financiamiento asegurado por el presupuesto estatal. En este sentido “la nueva legislación universitaria busca una suerte de control indirecto de la calidad académica, que se obtiene básicamente estimulando la competencia entre las universidades. Eso se procura a través de cuatro instrumentos principales, a los que luego haremos sucesiva referencia: la facilidad para crear nuevas Universidades, el surgimiento de institutos de educación superior no universitarios, el cambio en el sistema de financiamiento estatal a ala educación superior, y la racionalización de las actuales Universidades”. Ahí están los ejes del desarrollo universitario que marcarán el futuro del sistema.

En efecto, “la competencia constituye  un poderoso estímulo de superación personal en el ser humano […] la llamada solidaridad, al margen de estímulos competitivos, siempre ha redundado en mediocridad y fracaso […] para superar la baja calidad de muchas escuelas o sedes universitarias actuales, se hace por tanto indispensable someterlas a un desafío competitivo que las obligue a elevar sus niveles docentes si desean salir airosas. Y nada mejor para ello que entregarle la decisión al usuario, en este caso al postulante universitario, el cual sólo podrá ser atraído por medio de la calidad académica.” En este sentido, no se puede tildar a esta reforma de economicista, pues representa “un simple slogan para intentar el descrédito de un camino eficaz de mejoramiento académico de nuestras Universidades, sin que exista de parte de los detractores ninguna sugerencia alternativa que pudiera considerarse preferible e igualmente idónea para el fin perseguido.

Cuando se hace referencia a la gratuidad, el texto de Guzmán es muy clarificador, pues señala que “la llamada “educación universitaria gratuita” que prevaleció tradicionalmente en Chile, no pasaba de constituir un eufemismo para ocultar la verdadera realidad, ya que todos saben que ningún servicio social –ni mucho menos el de brindar educación superior- puede ser realmente gratuito. Su costo lo paga alguien, y ese alguien es el Estado.” Es decir, lo pagaban los millones de chilenos a través del pago de impuestos y contribuciones. El punto es que “implicó que muchos chilenos de menores recursos financiaban la formación profesional de personas de ingresos más elevados, que en numerosos casos estaban en condiciones de pagar sus estudios. La injusticia se agudizaba por el hecho de que el título profesional así obtenido facultaba a su poseedor para percibir ingresos periódicos superiores al promedio de los contribuyentes chilenos. La decisión de terminar con esta injusticia social, y que cada persona pague el valor de su educación superior, alcanza la mayor importancia ética dentro del camino hacia una sociedad más justa”.

Como se advierte en la Editorial de este número de la Revista Realidad de Marzo de 1981, titulada ¿Qué hacer ahora en las Universidades?, “la ley es categórica: las actuales Universidades estarán abiertas a la competencia por la captación de alumnos, frente a nuevas Universidades o a otros institutos de educación superior no universitarios que se puedan formar […] la racionalidad económica impuesta, junto con evidenciar la principalísima importancia del profesor, hace exigible su calidad diseñando mecanismos para su eficaz logro”.

Y para el estudiante universitario, la Editorial afirma que “lo que antes recibía gratuitamente (o casi) por su sola aptitud, ahora le significará una mayor responsabilidad debido a las consecuencias económicas que puede tener –para él o su familia- su eventual negligencia. Esto se traduce en un mayor compromiso del alumno con sus estudios y, al mismo tiempo, lo hace un elemento que demanda y urge más y mejor servicio docente”.

No obstante, cabe recordar, como lo hace Verónica Valdivia en sus “Lecciones de una Revolución: Jaime Guzmán y los gremialistas, 1973-1980” que “a Guzmán nunca le interesó de manera especial el área económica o de políticas sociales, sino lo social y político en tanto dominación, pues creía en una sociedad constituida por seres desiguales y naturalmente jerárquica. Su supuesta “neoliberalización” no afectaba ese núcleo central, sino lo reforzaba al debilitar celularmente a los partidos con la hegemonía del mercado.” En este sentido, Guzmán no es un pensador político simple; su complejidad y aguda visión de la historia de la derecha chilena, sumado a su inconfundible pragmatismo portaliano, lo hacen extremadamente difícil de aprehender conceptualmente.

En todo caso, la revolución universitaria del año 81 de Augusto Pinochet, que encuentra a Jaime Guzmán como uno de sus defensores más radicales, no hace sino retrotraernos a un momento difícil de nuestra historia nacional y a un momento donde se produjeron profundos cambios que terminaron por configurar otra sociedad y otra cultura. Para ello, la Universidad fue central.

Durante las últimas semanas dirigentes estudiantiles, rectores, académicos, líderes de opinión y hasta políticos, han insistido y recordado que la actual crisis de la educación superior tiene un determinado año de inicio con un contexto y actores políticos aún vigentes.

Sin embargo, otros no ven en ninguna parte una crisis. Y no está demás decirlo. Como se sabe, el mercado de la educación superior mueve al año más de 3.300 millones de dólares. Así, nadie duda que el mercado se proyecta, en el corto plazo, extremadamente sustancioso. Más de 1 millón de clientes en la educación superior (universitaria y técnica) nos habla de un muy atractivo negocio si lo multiplicamos por los 3 mil dólares que es el mínimo de nuestro arancel, uno de los más altos del mundo en relación al PIB, según el FMI.

Sólo un realismo cínico en política, a la Maquiavelo, haría decir que la revolución universitaria de Marzo del 81 ha sido exitosa, dada su eficacia y dado su actual dinamismo de mercado.

Ya nadie puede seguir siendo Maquiavelo. Menos el ministro Joaquín Lavín. En todo caso, ¿qué hacía el ministro de educación en Marzo del 81?

El Mostrador.cl

Roberto Pizarro: los conservadores están hundiendo a la UAHC…

leave a comment »

Roberto Pizarro: “Los conservadores están hundiendo a la Academia”

/ La Nación Por Pamela Gutiérrez

“El directorio renunció al futuro y optó por la complacencia”, señala Roberto Pizarro, economista y ex ministro de Mideplan , quien renunció esta semana a la rectoría de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, argumentando falta de apoyo a su proyecto institucional.

Roberto Pizarro: “Los conservadores están hundiendo a la Academia”

economista.- Con estudios de doctorado en la Universidad de Sussex, en el Reino Unido, Pizarro también fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile y consultor de organismos internacionales como Cepal y el BID.
Foto: Mario Ruiz

Apenas cuatro meses alcanzó a ejercer como rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano el economista Roberto Pizarro. Recién asumido, hizo noticia con la creación del grupo Nueva Economía, que buscaba ofrecer una mirada de fondo alternativa a los devenires del sistema. Poco antes de su renuncia, volvió a las páginas de la prensa con la suspensión por cuatro semestres de 10 estudiantes que intentaron tomarse la sede de Providencia de esa casa de estudios. Aquí repasa estos y otros episodios.

-Cuando el directorio de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano le ofreció el cargo de rector ¿qué tipo de proyecto el encomendaron desarrollar?

-Más bien fue al revés. Me pidieron a mí una opinión sobre lo que se debería hacer. Destaqué la prioridad de la excelencia, mejorar las competencias de jóvenes que provienen de colegios de baja calidad educacional, ordenar los posgrados, establecer vínculos sólidos con organizaciones sociales y civiles y presentar con fuerza a la universidad en los medios de comunicación. Muy en particular, propuse la conformación de un grupo de economistas alternativos al pensamiento dominante y un equipo de políticas públicas para discutir los principales temas del país y además para apoyar a las organizaciones sociales y civiles. Chile necesita una sociedad civil más potente, sobre todo cuando los partidos políticos están tan debilitados.

-¿Cuáles fueron los principales conflictos que se encontraron en el camino?

-Constaté un ambiente de desconfianza, de temor al cambio. El primer conflicto se originó cuando propuse evaluar la Escuela de Ciencia Política, porque el programa de estudios era antidiluviano, sus profesores de dudoso nivel académico y los estudiantes titulados con pocas posibilidades laborales. Se produjo una reacción violenta en la que los profesores que se sentían afectados manipularon a algunos estudiantes para rechazar la evaluación. En segundo lugar, los equipos de destacados economistas y de expertos en políticas públicas fueron calificados como extranjeros, que desconocían “la cultura” de la universidad y fueron permanentemente rechazados. En tercer lugar, y la gota que colma el vaso, es el rechazo a una política renovada de comunicaciones, que incluía la contratación del periodista Marcelo Castillo.

-¿Cómo interpreta ese veto?

-Ya señalé que había desconfianza y temor al cambio. El veto a la contratación del periodista Marcelo Castillo prueba dos cosas. Primero, que el directorio quiere controlar cada decisión de la autoridad ejecutiva, el rector, directamente y por la vía de la secretaría general. Segundo, que el directorio no tiene interés alguno en el progreso y modernización de la universidad. En efecto, la relación con la sociedad chilena y con los medios de comunicación es un asunto urgente para una universidad que debe renovar su acreditación por tres años, y para mostrarse ante el país como una alternativa diversa en la docencia e investigación. Creo que el directorio renunció al futuro y optó por la complacencia. Ello significa que la universidad no renovará su modesta acreditación, que caerá aún más la admisión de nuevos estudiantes y que no desea compromiso alguno con la sociedad civil.

-¿Cuáles fueron los argumentos para objetar a Castillo?

-La secretaria general, Carmen Espinoza, sostuvo que ello estaba fuera de reglamento, cuestión insólita, ya que se trataba simplemente de una prestación de servicios por seis meses. Y además hacía sólo dos semanas se había contratado a un abogado en términos similares a los de Castillo. Lo peor fue que el presidente del directorio, Claudio González, respaldó esta arbitrariedad, lo que también es sorprendente, pues nada dijo cuando yo informé en reunión de directorio de esta contratación. Creo, en realidad, que en el fondo se buscaba desafiarme para provocar mi renuncia.

-¿Cómo fue su relación con el estudiantado?

-En general, buena, a pesar de que grupos anarquistas recorren los patios de la UAHC y el año pasado se enfrentaron a la PDI. Debo reconocer que un grupo minoritario de estudiantes, instigado por algunos profesores que buscaban mi salida temprana de la universidad, realizó alguna agitación, con la paralización de dos escuelas y el intento de toma de la universidad. Sin embargo, gracias al ejercicio de mi autoridad y mediante el diálogo con la mayoría de los estudiantes, ello terminó de forma positiva. Hoy existe una Dirección de Asuntos Estudiantiles en la UAHC, trabajé apoyando la formación de una federación de estudiantes. El ambiente ha cambiado. Hoy predominan la racionalidad, el diálogo y la participación estudiantil.

-¿Cuál fue su logro más visible?

-Yo tomé la iniciativa de constituir Nueva Economía en la UAHC, con resultados exitosos. Este proyecto no podía morir cuando nuestro país necesita diversidad de opinión, distintos puntos de vista. Los países no progresan con la existencia de un pensamiento único. Por ello le propuse a Andrés Solimano que el trabajo de Nueva Economía continuara en Flacso, y acogió la propuesta con gusto. Allí se continuará con el seguimiento de la coyuntura macroeconómica, pero siempre revisando los fundamentos estructurales que la determinan. Vale decir, qué hay detrás de la tasa de crecimiento, el tipo de cambio, la tasa de interés, etcétera. Nos interesa muy especialmente dar cuenta de la concentración del poder económico, la distribución del ingreso, la escasa diversificación de la estructura productiva, las limitaciones estructurales para la creación de empleo, el trabajo precario, las restricciones a las pymes y la usura que se practica con los consumidores. Y el director de Flacso desea no sólo atender la coyuntura, sino desarrollar líneas de investigación sustantivas. //LND