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La UNAM: autonomía universitaria y beligerancia…

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Hugo Casanova Cardiel*

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El cumplimiento de 85 años de autonomía universitaria constituye una inexcusable oportunidad para reflexionar sobre su importancia en la institución de nuestros días. ¿Está vigente la autonomía lograda en 1929? ¿En qué medida la autonomía se ve afectada por el fortalecimiento del Estado y el ascenso del mercado? ¿Qué significado tiene la autonomía en un contexto de beligerancia como el vivido en la UNAM durante la ocupación de sus instalaciones?

Sin el ánimo de contestar de manera puntual a tales interrogantes, es posible señalar que la autonomía constituye uno de los atributos de la universidad de todos los tiempos y en tal sentido constituye parte de su ethos desde el Medievo hasta nuestros días. No obstante, como la institución a la cual define, la autonomía está en función de su tiempo y de su espacio, y por tanto no es una sola, ni puede ser considerada de manera intemporal.

La autonomía alude a la capacidad de las universidades para determinar sus fines, medios y mecanismos de vinculación. Esto significa que, si bien la universidad es un asunto de los propios universitarios, también concierne al Estado y a la sociedad toda. En tal sentido, la autonomía se constituye como el marco que estructura la compleja red de relaciones entre la institución y su entorno y que define las competencias y atribuciones de los entes internos y externos en las decisiones fundamentales de la universidad.

En términos operativos, la autonomía se refiere al grado en el cual las instituciones deciden sobre tres grandes ámbitos: a) laboral: ingreso de profesores, directivos y trabajadores; b) académico: acceso de estudiantes, selección de carreras, determinación de planes de estudio y requisitos de titulación o graduación; c) financiero: criterios para uso de los fondos, distribución del presupuesto, rendición de cuentas. La autonomía institucional es, pues, histórica, compleja y está sujeta a una constante transformación por las cambiantes condiciones de su entorno. Un ejemplo de ello en las décadas recientes es la irrupción del mercado en la vida universitaria con modalidades tales como la privatización, la limitada orientación de la educación hacia el mundo laboral o los esquemas de formación dual y de educación-empresa.

Un concepto cercano, pero no idéntico, al de autonomía institucional es el de libertad académica, y se refiere a la capacidad de los académicos para desarrollar sus actividades sin más fronteras que el rigor y la exigencia del saber. La libertad académica alude a la búsqueda de la verdad sin límites (como señalaban los idealistas alemanes decimonónicos) y exime de penalización alguna a quienes llegasen a transgredir la ortodoxia política, metodológica, religiosa o social. Bajo el criterio de libertad académica se reconoce la potestad de profesores e investigadores para generar y difundir el saber sin censuras ni obstáculos.

¿Y qué pasa cuando la institución y el trabajo académico son afectados por otros grupos de presión? La ocupación de instalaciones universitarias, como la del auditorio Justo Sierra – Che Guevara, para muchos de nosotros–, que suma casi una década y media, lesiona en diversos sentidos la autonomía institucional y la libertad académica pues, además de impedir el funcionamiento de un importante e histórico espacio universitario, mantiene un tono de abierta confrontación hacia la institución, imposibilitando la realización de tareas de docencia y extensión. La ocupación del auditorio, otrora símbolo del pensamiento crítico, lejos de sustentarse en un proyecto universitario alternativo, esconde una incomprensible oscuridad en sus motivaciones, y la pregunta sigue siendo: ¿quién se beneficia realmente con la ocupación?

Hoy la UNAM enfrenta problemas específicos como el descrito y, al igual que el resto de universidades públicas, y la educación toda, vive importantes tensiones de cara a un escenario político y económico cambiante. Un escenario en el cual el Estado ratifica su presencia en temas como la evaluación y la fiscalización, la orientación del financiamiento y la certificación laboral y profesional, entre otros. Asimismo, como otras instituciones educativas, la Universidad Nacional se ve desafiada por una visión mercantil que pretende someter el conocimiento ante el ámbito productivo y la cultura empresarial.

Además de atender problemas concretos como el del auditorio, hoy la UNAM ha de responder a los retos que le plantean el Estado y el mercado. En el primer tema se juega la desactivación de la beligerancia, y en el segundo, la ratificación de su autonomía. Ambos son cruciales para el futuro de la institución.

* Investigador de la UNAM. Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación

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La Universidad Pública, por Fernando Atria y Javier Wilenmann

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1 de abril de 2014

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Universidad de Harvard

¿Qué es una universidad pública? En la discusión actual, hay dos posiciones que parecen totalmente enfrentadas: conforme a la primera, es pública una universidad cuando en los hechos desarrolla una “función pública”. Conforme a la segunda, es pública cuando es estatal.

Guiado por una intuición correcta, el ministro de Educación ha sostenido que el criterio de la “función pública” es insuficiente, es demasiado laxo. Pero, para justificar esta intuición, el ministro ha recurrido a una explicación que, desde el propio punto de vista de las universidades estatales, es problemática. El ministro ha dicho que hay un interés público en la producción de conocimiento nuevo (en la forma de “investigación”), un interés que justifica que el Estado financie instituciones en las que ese conocimiento sea producido. Pero ese conocimiento ha de ser producido en condiciones en que no pueda surgir conflicto entre el interés público y un interés privado. En las universidades estatales ese conflicto no podría darse, ya que el “mandante” sería precisamente el titular del interés público, el Estado. En las universidades privadas, en cambio, es posible el conflicto entre los intereses privados de sus controladores y el interés público. Entonces, el Estado debe preferir las instituciones que están libres de la posibilidad de este conflicto: las estatales.

Es importante comenzar destacando que el punto de partida del ministro es correcto: hay un interés público en la investigación y en que ella produzca efectos en el bienestar general y en la riqueza de la cultura nacional. También es correcto sostener que es injustificable que la investigación se financie con fondos públicos pero sea encargada, controlada o puesta al servicio de una agenda particular por sea quien fuere el dueño de o que controla a una determinada universidad. Según el ministro, esto no ocurre cuando el Estado es “mandante” y la universidad “mandada”.

Entender que esta es la relación que vincula al Estado con sus universidades, sin embargo, niega la autonomía universitaria. La exigencia de autonomía ha sido siempre una exigencia de la universidad, porque sólo un régimen autónomo la protege de intervenciones guiadas por fines ajenos a criterios propiamente universitarios. En lo que importa al ministro, la autonomía es necesaria para asegurar que la investigación tenga por objetivo exclusivamente aquello que como idea regulativa puede denominarse “la verdad”. Se trata de asegurar que no haya intereses ajenos a la búsqueda de la verdad que puedan interferir con la investigación académica, la que debe estar organizada de modo tal que el investigador sea libre de llegar hasta donde sea que lo lleve el resultado de su investigación.

Pero si esto es así, entonces entender que lo especial de la universidad pública es que tiene como “mandante” al Estado niega su naturaleza, porque niega su autonomía. La universidad estatal no puede entenderse como un servicio público, sujeta, como ellos siempre están, a la superintendencia y dirección del Estado a través del Ministerio respectivo. Si las universidades públicas estuvieran sujetas así al Ministerio de Educación, lo que guiaría su actividad no serían criterios puramente académicos, sino los criterios de oportunidad del ministro (y nada asegura que el ministro de Educación estará siempre guiado por consideraciones puramente universitarias). Por esto, buena parte de la lucha de las universidades estatales en Chile durante el siglo XX se refirió a asegurar institucionalmente su autonomía. El argumento del ministro no deja espacio para esta necesidad de las universidades estatales, y por consiguiente lleva o a (1) poner en cuestión o negar la autonomía universitaria (para que el Estado pueda desempeñarse como mandante y entonces pueda guiar la investigación) o a (2) una comprensión del contenido de ese mandato (sin capacidad de guiar la investigación) que respeta la autonomía, pero deja abierta de nuevo la pregunta inicial. Porque si el respeto a la autonomía obliga al Estado a no actuar como mandante de sus universidades, ¿qué diferencia hace que el mandante sea el Estado?

Es necesario entender correctamente la idea de autonomía universitaria y su sentido. Que una universidad estatal sea autónoma quiere decir que el Estado no puede interferir con su actividad universitaria, la que entonces sólo puede ser guiada por sus propios criterios internos. Por supuesto, esto no implica que uno deba ser ingenuo, y negar la posibilidad de que una universidad estatal sea capturada por intereses privados. Pero sí implica que en ese caso la captura es captura. Es decir, una patología que la regulación y la organización institucional deben intentar neutralizar todo lo que se pueda. La mejor garantía contra la captura es un contexto institucional en el que una universidad pueda actuar orientada por criterios exclusivamente universitarios. Eso exige fundamentalmente dos cosas: un estatuto que asegure la posición del académico, permitiéndole así seguir su investigación donde sea que ésta lo lleve, y una forma de gobierno que haga difícil la captura por intereses particulares. Esta es la posición a la que habían llegado las universidades estatales antes de la intervención militar posterior al 11 de septiembre (no en el sentido de que la regulación de entonces era perfecta, sino en el sentido de que estas dos condiciones eran las que debían ser garantizadas). Al satisfacerse estas dos condiciones, la universidad quedaba protegida de la operación de poderes “extrauniversitarios”, es decir, fácticos. Y esta protección creaba un espacio para una investigación que no estaba al servicio de agendas particulares, sino de la búsqueda de la verdad. La misma finalidad es la que hoy exige la entrega de aportes basales de libre disposición, porque si la universidad necesita vender sus servicios en el mercado para financiarse, entonces no podrá operar con un criterio puramente universitario, sino de mercado, sirviendo a los intereses particulares de quienes en el mercado compren investigación.

Estas consideraciones muestran el error de quienes, contra la intuición del ministro, alegan que para que una universidad deba ser tratada como pública basta con que desempeñe en los hechos una “función pública”. Porque si las universidades estatales para poder ser verdaderamente universidades (aunque estatales) necesitan de autonomía del Estado, las universidades privadas no pueden ser verdaderamente universidades (aunque privadas) en la medida en que están sujetas al control de intereses privados. La exigencia de autonomía universitaria, en el caso de las universidades estatales, no era sólo una exigencia de buena crianza dirigida al Estado: era la exigencia por un régimen legal que asegurara institucionalmente las dos condiciones que hemos identificado. Por exactamente las mismas razones, no es suficiente que el rector o el “dueño” o el controlador de una universidad en los hechos respete la autonomía de la universidad. Es verdad que hoy existen ejemplos de universidades privadas que en los hechos actúan guiados por criterios puramente académicos, y que respetan la libertad de sus académicos. Pero ello no puede depender de la deferencia o la ilustración de sus controladores, algo que siempre puede cambiar, o de lo afortunada que resulte la designación de un rector o decano. El Estado tiene un interés en asegurar institucionalmente la orientación académica de la investigación. Y esta garantía institucional no puede darse en términos del derecho privado, porque el derecho privado siempre permite que, concurriendo todas las voluntades privadas que deban concurrir, los términos de una relación (el contrato, los estatutos de una corporación) sean modificados. Por eso, no es suficiente que una universidad privada desempeñe en los hechos alguna función pública. Debe hacerlo sujeta a un régimen que hace imposible para su controlador cambiar la orientación pública de la universidad, intervenir en su gobierno, afectar la posición de sus académicos. Sólo en esas condiciones podría decirse que es una institución que se define por su compromiso universitario con la búsqueda de la verdad, es decir, que es una universidad “pública” (esta es la razón por la que antes de 1980 había universidades privadas que eran tratadas como públicas, pero eran creadas por ley. Es decir, estaban sujetas a un régimen de gobierno y tenían un estatuto académico que, como estaba en la ley, no podía ser cambiado por el controlador, quien entonces no podía poner a la universidad al servicio de una agenda particular).

El conjunto de estas condiciones, bajo las cuales universidades privadas podrían desempeñar funciones públicas y recibir, entonces, un trato análogo al recibido por las estatales, puede ser denominado el “régimen de lo público”. Para las universidades, el régimen de lo público requiere definir estándares de funcionamiento bajo los cuales el Estado pueda confiar en que la investigación producida tenga una orientación verdaderamente académica. Ha de constituir una regulación que cumpla la función que la idea de autonomía desempeñó en el caso de la universidades estatales: elevar un muro infranqueable entre los intereses particulares de los dueños o controladores de la universidad y la marcha de la universidad, para hacer probable que esta última no se guíe sino por criterios puramente universitarios en su actividad.

Lo anterior implica que el interés que correctamente quiere satisfacer el ministro –ampliar la investigación en Chile y asegurarse que tenga una orientación realmente académica– no se satisface con la concentración del financiamiento en universidades estatales, sino que necesita antes vincular el acceso a fondos basales de investigación a un régimen institucional adecuado.

Es verdad que, como dice el ministro, las universidades europeas muestran que es posible un sistema casi exclusivamente estatal de investigación. Pero el hecho de que en tradiciones distintas a la nuestra eso sea el caso no muestra todavía nada. El sistema universitario europeo tiene una historia propia que explica su configuración. Resumiendo: las universidades europeas más antiguas datan de tiempos premodernos, y fueron asumidas y controladas por el Estado en la formación de la modernidad. Durante el siglo XX, en la época del Estado de bienestar (esencialmente en los años 60 y 70), el Estado creó nuevas universidades para expandir la cobertura a estudiantes que no tenían cabida en un sistema diseñado originalmente para educar a la elite. El contexto de organización de la investigación en Europa se construyó sobre esa realidad: como la capacidad investigativa instalada se concentraba en universidades estatales, los recursos van en buena medida a esas instituciones. La situación es ciertamente distinta en Estados Unidos, en donde, precisamente por esa historia divergente, el aseguramiento de la investigación tuvo que tomar en cuenta la existencia de una buena masa de universidades privadas, pero al mismo tiempo pudo aprovecharse de una cultura, un ethos universitario que fue suficientemente fuerte como para impedir que las universidades privadas fueran instrumentalizadas por sus dueños o controladores.

Del mismo modo, una reforma en Chile debiera asumir su propio contexto. Buena parte de la capacidad investigativa nacional se concentró, durante casi todo el siglo XX, en las dos universidades ahora conocidas como “tradicionales”, la Universidad de Chile y la Universidad Católica. La masificación de universidades y la ampliación de la capacidad investigativa tuvo lugar con la aparición de las universidades privadas. El tipo de necesidades a las que respondió la formación de las universidades privadas, con enormes diferencias de grado entre ellas, es equivalente a las que en Europa se satisficieron a través de las universidades públicas surgidas durante el Estado de bienestar. Chile podría haber seguido ese camino (la explosiva expansión de la matrícula entre 1967 y 1973 es indicación de eso). Pero aquello, que pudo haber sido, no fue. Y la dictadura nos legó un sistema en que la ampliación de la universidad tuvo lugar por privados. Ese legado de la dictadura puede o no ser mirado con pesar; pero no puede ser simplemente negado. Hoy no puede decirse lo que en Europa, que buena parte de la capacidad de investigación está en las universidades del Estado. Una reforma racional no puede desconocer este hecho, sino que tiene que tomarlo en cuenta y aprovecharlo.

Tienen razón los críticos del ministro cuando dicen que el hecho de ser privada no impide a la Universidad de Harvard producir investigación pública. Pero esta comparación con Harvard y otras universidades similares supone un contexto institucional que en Chile no existe. El ministro tiene razón en sospechar; pero se equivoca en la razón que justifica su sospecha (y quizás por eso se vio forzado a dar pie atrás al día siguiente). Una institución como la Universidad Católica, por ejemplo, tiene una relevancia en la historia nacional y en su contribución actual a la investigación que no puede ser desconocida. Pero despejar las dudas sobre la ausencia de agendas privadas o intereses particulares requiere de regulación institucional. ¿Reclama la Universidad Católica derecho a tomar (negativamente) en cuenta, en un concurso para profesor de derecho, que el candidato cree que el aborto o el matrimonio igualitario se justifican? ¿O para expulsar a un profesor de medicina reproductiva que defiende el uso de la píldora del día después? Si reclama estos derechos, entonces no puede pretender que la investigación que se realiza en ella sea reconocida y tratada como pública, porque al hacerlo está declarando que le importa más la defensa de su agenda particular que la libre investigación; si no los reclama, y está dispuesta a someterse a un régimen legal que asegure a esos profesores que podrán comenzar o continuar sus carreras sin desmedro, entonces puede empezar a reclamar que es una universidad que, aunque no estatal, ha de ser tratada y financiada como una institución pública.

http://www.elmostrador.cl/opinion/2014/04/01/la-universidad-publica/

Ranking (2009) de calidad de Universidades chilenas…

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Primer ránking de calidad de planteles de educación superior

Universidades tradicionales superan ampliamente a las privadas

VER ESTUDIO Y RANKING (COMPLETO) DE UNIVERSIDADES CHILENAS 2009

RANKING2009-CHILE1 Por primera vez aparece ránking que mide la calidad de las casas de estudio nacionales en base a indicadores clave, como el nivel de los alumnos, la investigación y el cuerpo docente. América Economía Intelligence se la jugó por los datos duros, entregando interesantes conclusiones.

Por Claudia Urquieta Ch.

Sabía usted que más del 80 por ciento de los ministros del gabinete de la Presidenta Michelle Bachelet estudiaron su pregrado en la Universidad de Chile o la Universidad Católica?

El dato es parte de la información que América Economía Intelligence entregó junto a la primera versión del ranking de calidad de universidades chilenas, que desarrolló sobre la base información recolectada en 55 entidades de educación superior.

Una excelente noticia para quienes preparan la PSU, ya que hasta ahora no existía ningún ranking de universidades en base a indicadores claves y datos duros que reflejaran la mejor calidad en la enseñanza superior, como el cuerpo docente, el nivel académico de los alumnos, el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), la investigación realizada en la universidad, las acreditaciones internacionales, infraestructura, internacionalización y la vida de campus.

Indicadores que fueron determinados luego de que el equipo de estudios de la publicación de economía y negocios, se reuniera con distintos expertos en el tema universitario: el rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, el rector de la Universidad del Desarrollo, Ernesto Silva, el rector de la Universidad Austral, Víctor Cubillos y el pro-rector de la Uniacc, Daniel Farcas.

Anteriormente, las únicas mediciones que se habían realizado eran en base a la percepción de las personas, lo que es bastante subjetivo, ya que está más relacionado con la publicidad que con la calidad real de las instituciones.

Este vacío impulsó a América Economía a buscar una fórmula distinta. Según el director editorial de la publicación, Felipe Aldunate, "nos embarcamos en este ranking porque había una demanda del sistema educativo a favor de una medición más objetiva del sistema universitario".

Sistema que ha crecido a pasos agigantados: hoy existen casi 60 universidades y 500 mil alumnos matriculados en una carrera de pregrado, cinco veces más que hace 25 años.

Pero cantidad no siempre es sinónimo de calidad. Y a la hora de elegir la casa de estudios es muy difícil saber si la publicidad con que se intenta seducir a los futuros alumnos, hacen a esas instituciones tan fantásticas como las pintan.

Universidades regionales dentro de las top ten

El análisis del estudio indica que el tope de la calidad de la tabla general se lo pelean dos universidades muy conocidas: la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC). Esto no es novedad pues son los grandes referentes de la educación en el país y las más conocidas a nivel internacional.

Lo que sí es sorpresivo, es que dentro de las 10 primeras universidades del ranking haya cinco casas de estudio regionales: la Universidad de Concepción (3º) la Técnica Federico Santa María (5º), la Católica de Valparaíso (6º), la Austral (7º) y la de Talca (10º), lo que refleja una importante actividad que suele no percibirse desde Santiago.

En tanto, de las privadas sólo dos están dentro de las top ten: la Universidad Diego Portales (8º) y la Adolfo Ibáñez (9º). Otras cuatro forman parte de las 15 primeras: la Universidad del Desarrollo (11º), la de Los Andes (12º), la Andrés Bello (13º) y la Mayor (14º).

Las cinco últimas en el ranking son la Universidad Internacional SEK, la Universidad Adventista de Chile, la Universidad Chileno Británica de Cultura, la U. Miguel de Cervantes y la Bolivariana.

En 2008 el 42 por ciento de los 71.800 estudiantes que ingresaron al sistema universitario lo hicieron a universidades que no existían antes de 1981. El resto se reparte entre las que integran el Consejo de Rectores (Cruch), de los cuales el 61 por ciento se matricula en universidades estatales. Las 10 universidades que encabezan el ranking concentran el 32 por ciento de los estudiantes del sistema. Y las dos primeras -la Chile y la PUC-, el 11 por ciento.

La Chile a la cabeza en investigación

Según el ranking de América Economía, la Chile y la PUC son las que lideran por lejos en cuanto a calidad de docentes y alumnos. La PUC es la que lleva la delantera en captar los alumnos con sobre 700 puntos en la Prueba de Selección Universitaria (PSU), con 43,9 por ciento de sus estudiantes en ese rango, mientras la Casa de Bello alcanza un 38,8 por ciento.

En cuanto a la calidad docente, la PUC tiene más profesores de jornada completa (1.414) que la Chile (1.215).

En lo que sí lleva la delantera la U. de Chile es en investigación: 2.212 papers ISI publicados desde 2008 hasta ahora, mucho más que los 1.723 publicados por la PUC.

Pero las que crecen más en investigación son otras. Por ejemplo la U. Diego Portales que en 2002 produjo sólo 2 papers, en 2005 superó los 40 y en 2008 llegó a 99. Las universidades de Tarapacá, Andrés Bello, de Valparaíso y de Magallanes multiplicaron por cuatro sus publicaciones en estos años. Mientras que la U. de los Andes pasó de 13 a 36 papers anuales.

Según el estudio las cifras dan cuenta de que la investigación no es campo exclusivo de las más grandes ni de las tradicionales. Además de que las entidades regionales pueden buscar la demanda del sector productivo en el que están inmersas para generar conocimiento rentable.

Un área donde las privadas tienen ventaja es en el indicador de apoyo a la innovación, con el que se busca medir los aportes de conocimientos que las universidades ofrecen al sector productivo a través del financiamiento para el desarrollo del conocimiento. Aunque son cinco tradicionales las que lideran el ranking en este indicador, están muy cerca de otras privadas como la Universidad Diego Portales, la Adolfo Ibáñez, la del Desarrollo y la de Los Andes.

 

 

 

 

 

 

El Mostrador.cl

Universidades Top en Asia: su estrategia se basa en agresiva inversión pública…

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Mediante una agresiva inversión pública, los planteles de países como China, Singapur o Corea están instalándose entre los mejores del mundo.

VER ULTIMO RANKING THE (2009) DE MEJORES UNIVERSIDADES DEL MUNDO

por Katerinne Pavez – 11/10/2009 – 13:20

Esta semana se conocieron los resultados del ranking Times de universidades, uno de los más prestigiosos del mundo, y todas las miradas fueron para Asia.
A Japón, país reconocido por sus instituciones de excelencia y que tiene 11 planteles entre los mejores 200, se sumó Hong Kong, que este año anotó a cuatro de sus universidades en el ranking, uno más que el año anterior; Corea del Sur, con cuatro planteles; China, con cinco; y Taiwán y Malasia con uno.

La explosión no es casualidad.  Los países asiáticos están cosechando los primeros frutos de iniciativas como doblar el presupuesto público, el  reclutamiento de alumnos extranjeros talentosos o la cooperación de universidades extranjeras de prestigio. La movida ha comenzado a preocupar incluso a Estados Unidos, que si bien mantiene su sitial como el número uno en investigación y en universidades prestigiosas, tuvo una fuerte caída en el ranking Times: cinco instituciones salieron de las mejores 100 y Yale pasó del segundo al tercer lugar, desplazada por Cambridge.

Las razones del despegue asiático se pueden resumir en tres: fuerte inversión estatal en educación superior (Singapur ha más que doblado su presupuesto en 10 años), exigencia de publicaciones internacionales a sus académicos y una agresiva estrategia de internacionalización.

UNIVERSIDTOP--2009 Los países asiáticos han apurado, además, el acceso a la educación superior de su población. En lugares como Corea, Singapur y Taiwán han saltado, en sólo 20 años, de tasas de cobertura de hasta 20% a superar el 60%. Y China saltó en el mismo período de un 3% a un 23%.

"Las universidades del Asia-Pacífico están ayudando a redefinir la geopolítica global de la educación superior. De los tres millones de estudiantes que hoy cursan estudios superiores en un país distinto del suyo, más de 15% lo hace en una nación de esta región. Por otro lado, la mitad de los estudiantes extranjeros provienen de Asia", señala José Joaquín Brunner, académico de la U. Diego Portales.

China es el ejemplo del esfuerzo por convertirse en competencia para los planteles occidentales. En los 90, crearon el proyecto 985 que invirtió en 40 universidades para convertirlas en instituciones de clase mundial. Hoy, cinco de ellas están instaladas en el top 200 del Times, encabezadas por la Universidad de Tsinghua, en el lugar 49. Además, en 20 años, han enviado a 300 mil estudiantes becados al exterior, han recibido a otros 200 mil, y han reclutado a 40 mil académicos e investigadores extranjeros. En Chile, luego de la firma del Tratado de Libre Comercio en 2006 con ese país, la cantidad de ofertas ha llegado a las 80 becas anuales (ver recuadro).

ALIARSE CON LOS MEJORES
En Singapur decidieron que la mejor manera de mejorar en calidad era tener cerca a los mejores. Por esto, invitaron a instituciones como el MIT o la U. de Chicago para que colaboren con centros de investigación de ese país. Con el MIT, por ejemplo, trabajan en el desarrollo de tecnología en videojuegos. En Corea del Sur, los planes son similares: crearon un sector empresarial, Songdo, en el que se aloja la Universidad Global de Songdo, cuya intención es atraer a centros de estudio de todo el mundo para que desarrollen investigación.

Mientras, en  Hong Kong y Taiwán están poniendo sus esfuerzos en reclutar a estudiantes talentosos, porque la cobertura de los nativos está alcanzando su techo y se prevé que la población disminuirá debido a las bajas cifras de natalidad que presentan. Y están teniendo éxito: En Hong Kong, que instaló este año a la Universidad de Hong Kong en el puesto 22 del ranking,  pasaron de tener un 2% de alumnos extranjeros y del resto de China a un 20% actual.

EL ACERCAMIENTO DE LOS CHILENOS

Puede ser por el idioma. Lo cierto es que hasta ahora sólo dos personas -una en magíster y otra en doctorado- de las más de 1.700 que se ganaron una Beca Chile, optó por un país asiático, en este caso China.
Pero esta no es la única forma de estudiar en alguna de estas prestigiosas universidades. En la Agencia de Cooperación Internacional (AGCI) dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores señalan que ha habido un aumento considerable, por lo menos desde el año 2000, de becas en países como China, Singapur y Malasia. Estas van, desde un año de chino mandarín, hasta dos meses de capacitación en un área específica.
"Los chilenos están de a poco conociendo estas alternativas, y hoy hay un gran interés por postular", señala Pablo García, jefe del Departamento de Formación de la AGCI. En estos momentos hay unos 120 chilenos en todo Asia, y hace menos de un mes se acaban de ir 26 personas a China a estudiar el idioma. Este país es el más activo en propuestas: el año pasado envió 80 becas para pasantías y posgrados, y este año va en 35 ofertas. El menos atractivo es Singapur: en general, las becas no cubren el costo de los pasajes.

La Tercera.cl/RANKING THE

Cuanto pagan a sus académicos las Universidades Chilenas?

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Mientras un rector puede ganar hasta $ 12 millones mensuales, entre los académicos la dispersión de sueldos es abismante. Algunos datos relevantes: los mejor pagados son los decanos, las remuneraciones más altas están siempre en las escuelas de Economía e Ingeniería, y en los profesores part time los pagos pueden llegar hasta la simbólica cifra de $ 1.000 por hora de clases. Así funciona el particular mercado de los salarios universitarios en Chile.

universidad0003En la lucha por el talento, las universidades no se dan tregua. Durante los últimos años, la fuerte arremetida de las instituciones privadas para enrolar mentes brillantes y preparadas a sus cuerpos académicos está empujando al alza las remuneraciones de los profesores. De hecho, según el rector de una de las entidades particulares más grandes del país, estas organizaciones ofrecen sueldos que pueden llegar a ser hasta 30% más altos que en las tradicionales.

Pero el mapa de los sueldos de profesores universitarios es más complejo que eso. Porque, más allá de ese incremento producto de la competencia, aún persisten diferencias abismales entre carreras y universidades. No existen, además, referentes precisos para establecer las rentas y, en la gran mayoría de los casos, los sueldos no son fijos y se descomponen en diferentes asignaciones extra. Los doctorados, por ejemplo, son mejor pagados que los magíster y también reciben un salario más alto quienes desempeñan cargos administrativos además de sus obligaciones académicas. La exclusividad se paga y quienes investigan también reciben premio. Incluso, existen asignaciones por desempeño y los mejor evaluados reciben un bono extra en su remuneración.

Rectores y decanos

Son, por lejos, los mejor pagados dentro del ámbito universitario. Su trayectoria y la responsabilidad de ser la cara visible de la institución los ubica en lo más alto del escalafón de sueldos del sistema universitario chileno. Se trata de un mercado acotado. En Chile hay 60 rectores, de los cuales 25 integran el Consejo de Rectores de las Universidades tradicionales y 35 corresponden a casas de estudio con capitales privados. Estos funcionarios reciben sueldos que pueden llegar incluso hasta los $ 10 millones mensuales. Aunque todo, claro, depende de la universidad.

Según un ex rector de una universidad tradicional, las privadas de mayor tamaño -aquellas que tienen sobre 3.000 estudiantes- pagan las rentas más altas: sobre $ 12 millones, aunque el rector de una prestigiosa universidad privada dice que los salarios no pasan de los $ 10 millones al mes. Entre otros, Andrés Benítez, Ernesto Silva Bafalluy, Orlando Poblete, Carlos Peña -rectores de la Adolfo Ibáñez, Del Desarrollo, De Los Andes y Diego Portales, respectivamente- se ubicarían en este rango.

Las instituciones académicas de menor tamaño -aquellas que tienen menos de 1.500 alumnos, como la Universidad Arcis, Pedro de Valdivia y La República- pueden llegar a pagar entre $ 5 millones y $ 6 millones a sus rectores. En el caso de los establecimientos tradicionales, como la Universidad de Chile, el salario de su rector, Víctor Pérez, se ubicaría alrededor de los $ 7 millones.

Un escalón más abajo de los rectores están los decanos. Para posicionarse en el competitivo mercado del conocimiento, las universidades tienden a privilegiar a personajes reconocidos por el mercado para que dirijan sus facultades. Es el caso de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Diego Portales, cuyo decano es el destacado arquitecto chileno Mathias Klotz, mientras que en la Facultad de Ciencias de la Salud, el decanato está a cargo del doctor Fernando Mönckeberg, Premio Nacional de Ciencias en 1998. También sucedió con el actual gerente general de D&S, Enrique Ostalé, que ocupó el cargo de decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez entre fines de 2001 y mediados de 2005. Según explica el rector de una universidad privada, a profesionales de este tipo que deben "levantarse del mercado" se les considera decanos A, y sus sueldos se ubican levemente por debajo de lo que ganarían como ejecutivos de empresas.

Por otro lado, están los decanos de perfil académico, que en el caso de las ingenierías o Economía reciben sueldos entre $ 7 y $ 8 millones en las universidades más grandes. En este rango se ubicarían, por ejemplo, Felipe Morandé -decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile- o Alfonso Gómez y Leonidas Montes, decanos de la Escuela de Negocios y de Gobierno de la Adolfo Ibáñez, respectivamente.

Una universidad de menor tamaño como la Alberto Hurtado paga cerca de $2,5 millones al decano de Economía y Negocios, el ex ministro de Economía Jorge Rodríguez Grossi.

Los decanos de las carreras de Derecho se ubican más hacia el centro de la escala, con sueldos que pueden ir desde los $ 2 millones hasta los $ 6 millones. Mientras que los decanos de las carreras del área humanidades reciben una renta promedio de $ 2,5 millones.

Rentas altas

Si de carreras se trata, las ingenierías y Economía llevan la delantera en cuanto a sueldos de sus profesores. Incluso en algunos casos, un profesor de prestigio, con doctorado y publicaciones a su haber puede llegar a percibir una renta superior a la de un decano.

Pero los salarios de los profesores no son fijos. Dependen de las asignaciones que vayan sumando, ya sea por investigación, cargos administrativos o desempeño. En el caso de la Universidad del Desarrollo, por ejemplo, las Facultades de Economía y Negocios e Ingeniería premian a los profesores que hacen publicaciones ISI, categoría que se les da a revistas especializadas en ciencia económica. De hecho, se les entrega un bono de $ 1 millón por 12 meses que se suma al sueldo base, que va desde $ 1,5 millón hasta $ 4,5 millones. En la Universidad Diego Portales, en cambio, se les entrega $ 2 millones a los académicos que logran publicar un ISI, además de la renta básica que se ubica entre $ 1,2 millón y $ 1,7 millón.

Diferente es la realidad en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que asegura un ingreso básico de $ 2 millones durante el primer año al académico con doctorado que recién se integra a la escuela. Luego de ese tiempo, cuando el profesor ya tiene la posibilidad de generar recursos a través de proyectos de investigación y nuevas responsabilidades, el monto se reduce a $ 1,5 millón. Los premios por investigación van desde $ 3,6 millones al año para el docente que gana un proyecto Fondecyt, lo que se suma a los $ 3,6 millones que el mismo fondo entrega para el investigador principal. Y en el caso de las publicaciones ISI, los montos dependen del tipo de revista en que aparezca la investigación: Trimestre Económico de México, por ejemplo, no tiene asociado un premio monetario, por su bajo impacto en el ámbito global; mientras que por una publicación en una de las top, como American Economic Review, se entrega una suma cercana a los US$ 10 mil.

En la Universidad Católica también existe un mecanismo de incentivo a la investigación y se paga un monto mensual adicional al sueldo base a los profesores que publican en revistas ISI. Para esto, la universidad tiene una escala propia donde rankea a las revistas de mayor impacto. En la Universidad Adolfo Ibáñez y en la De Los Andes, en tanto, no existe un sistema de incentivos para realizar investigaciones. Por esa misma razón, allí los salarios base son más altos: pueden ir desde $ 2,5 millones a $ 5 millones.

Las consultorías

Según explica un rector de una importante casa de estudios privada, el modelo ideal para que un profesor pueda optar a un muy buen sueldo es combinar la docencia con la investigación y las consultorías privadas. De hecho, en el ambiente académico es apreciado que los docentes dediquen parte de su tiempo a estas actividades.

"Es bien visto que se hagan consultorías para organismos internacionales y empresas. En la medida que uno cumpla con las obligaciones, si eres bien evaluado, asistes a las reuniones y haces bien tus clases y publicas, puedes hacer eso", explica un profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Incluso agrega: "No es raro que un incentivo adicional sea un acuerdo entre los académicos y el director de carrera para que algún día a la semana el profesor pueda dedicar su tiempo a actividades extra".

Las consultorías son una fuente de recursos importante para los académicos, especialmente en Ingeniería y Economía. Por un paper encargado por el Banco Central, un académico puede recibir entre $ 5 millones y $ 8 millones. Mientras que las asesorías encargadas por organismos internacionales y empresas privadas pueden pagar desde $ 5 millones hasta $ 20 millones, independiente de si demora un mes o tres.

En todo caso, en algunas universidades se cobra un peaje a los profesores por estos estudios, dinero que se suma a los recursos de la facultad o departamento. Este mecanismo es utilizado tanto por la Facultad de Ingeniería como la de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que cobran entre 10% y 30% del dinero que recibe el profesor por este ítem, lo mismo que la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Católica. Y la Universidad del Desarrollo piensa implementarlo en el corto plazo para adecuarse a los estándares de las universidades tradicionales.

Arquitectura, Medicina y Derecho

Un poco más abajo en sueldos a sus profesores se encuentran las carreras de Arquitectura, Medicina y Derecho. En esta última, las remuneraciones de los académicos full time se ubican entre $ 1,3 millón hasta $ 4 millones, dependiendo de la especialidad y experiencia profesional. Una de las universidades que mejor pagan en esta carrera es la de Los Andes, con salarios que parten en los $ 2 millones. La mayoría de los profesores no tienen jornada completa y reparten su tiempo con la actividad profesional.

Lo mismo pasa en Medicina en la Católica, donde trabajan 650 profesores, de los cuales cerca de 400 tienen jornada completa. Estos académicos reparten su tiempo entre las aulas y la atención en los centros médicos asociados a la universidad. Por eso, si bien los sueldos promedio van desde los $ 700 mil a los $ 2,5 millones, en el caso de Medicina éstos se ubican entre $ 450 y $ 1 millón. Porque a esta renta se le agregan los honorarios médicos que recibe cada profesional.
No pasa lo mismo en la Universidad del Desarrollo, donde la mayoría de los profesores son part time y comparten la docencia con sus actividades en la Clínica Alemana, con la cual están asociados. En este caso, los doctores reciben sueldos de hasta $ 20 mil por hora.

En el caso de las escuelas de Arquitectura, los sueldos en la Universidad de Chile se ubican desde $ 1,4 millón hasta 1,7 millón.

Las humanidades, artes y las pedagogías son reconocidas en el mercado como las carreras peor pagadas. Los sueldos para los profesores jornada completa pueden ubicarse entre $ 500 mil y $ 2 millones. Aunque al igual que en las ciencias económicas, en algunas universidades existen asignaciones que se suman al ingreso base. Las asignaciones se dan específicamente para las investigaciones Scielo, categoría que se le da a un conjunto de revistas de carácter científico y que incluye ciencias de la salud, sociales y humanidades. La Universidad Diego Portales, por ejemplo, entrega un premio de $500 mil a los investigadores que publiquen en alguna de éstas.

Part time desde $ 1.000

Una autoridad de una universidad privada comenta que, en general, las instituciones ahorran sueldos mediante la contratación de profesores part time; es decir, aquellos que reparten su tiempo entre su actividad profesional y las aulas. La hora se paga más barata que a un profesor de jornada completa.

Pero entre los académicos por hora hay de todo. Existen en prácticamente todas las carreras y los sueldos tienen una dispersión altísima. Así, mientras en la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile algunos profesores pueden llegar a ganar la simbólica suma de $ 1.000 por hora, las carreras de Ingeniería y Economía llegan a pagar hasta $ 60 mil.

Medicina en la Universidad de los Andes paga entre $ 6.000 y $ 7.000 la hora, mientras que la misma carrera en la Universidad del Desarrollo trata de acercarse al valor de la hora médica: $ 20 mil.

En las escuelas de Derecho, los salarios part time van desde $ 150 mil a $ 300 mil al mes por una cátedra en el caso de la Universidad Católica, mientras que en la De Los Andes parte en los $ 300 mil. En la Adolfo Ibáñez, en tanto, puede llegar hasta los $ 400 mil.

Esta última es reconocida en el mercado como la universidad que paga los mejores salarios a los profesores por hora. Su rango parte en $ 20 mil y llega hasta $50 mil, dependiendo de varias condiciones. Se le paga más, por ejemplo, a un profesor que tiene exclusividad con la universidad y, si tiene más de una cátedra, el monto sigue aumentando. Así, por ejemplo, un profesor que imparte dos cátedras en la Escuela de Negocios en forma exclusiva puede ganar hasta $ 1 millón al mes.

La Universidad Diego Portales, por su parte, tiene definido un rango único para estos profesores, el que es el mismo para todas las carreras y va desde un mínimo de $ 203.347 hasta $ 279.625 bruto mensual.

Los "rostros" de las aulas

Parte de la carrera por el prestigio entre las universidades depende también de las "estrellas" que logren reclutar. Son muchos los profesionales exitosos que reparten su tiempo entre sus actividades personales y la docencia. Éstos reconocen que hacer clases los mantiene actualizados y en contacto con las nuevas generaciones. "Permite mantenerse vigente y eso el mercado lo percibe", dice un prestigioso abogado de la plaza.

Un profesional reconoce que la práctica docente es casi ad honórem, y que los sueldos son bajos en relación con el tiempo que se destina. Por ejemplo, un abogado explica que en preparar una clase de 3 horas para un programa de postgrado puede gastar 15. Y lo que le pagan son sólo $ 300 mil mensuales.

Lo bajo de los sueldos incluso da para anécdotas. Un alto ejecutivo de un importante banco nacional tiene acumulada hace casi dos años su paga en una universidad privada por los cursos que ha impartido y que no ha ido a cobrar.

Es posible encontrar figuras en prácticamente todas las disciplinas, pero los ejecutivos de renombre en el mercado y los abogados de prestigio se ven principalmente en los programas de MBA y magíster. Así, en el MBA de la Universidad del Desarrollo destacan nombre como los directores de empresas Carlos Cáceres y Jaime Bauzá, y ejecutivos como el gerente general de retail de Falabella, Agustín Solari, quienes recibirían un salario entre $ 20 mil y $ 60 mil la hora. Por un programa semestral de 64 horas se les podría llegar a pagar $ 4 millones por el curso.

En el ESE de la Universidad de los Andes ocurre algo parecido. Ahí hacen clases personajes de la talla de Felipe Joannon, gerente de desarrollo de negocios del holding Quiñenco del Grupo Luksic, y el abogado del estudio Philippi, Juan Francisco Gutiérrez. Los sueldos allí para los profesores part time se ubican en torno a las 6 UF por sesión.

Hasta el contralor general de la República, Ramiro Mendoza, realiza una cátedra de Derecho Administrativo en la Universidad Católica, por la cual recibe cerca de $ 300 mil al mes. En Medicina de esta casa de estudios también hay estrellas, como el doctor David Mayerson, profesor de Obstetricia y Ginecología. En la mayoría de los casos, sin embargo, los salarios para estos profesores son casi ad honórem. Así lo manda el particular mercado de los salarios de las universidades chilenas.

Por Antonieta De la Fuente, Qué Pasa.

Las mejores Universidades de Chile. Ranking de El Mercurio y Qué Pasa.

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Las Universidades Peruanas. Un Estudio…

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El huracán PISA en la Universidad

Por Manuel Burga

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Diario La República, Perú. Jueves, 19 de Junio 2008

El diario español EL PAÍS, el 4 de febrero pasado, trajo la noticia de que "El huracán PISA llega a la universidad", de manera específica a la española para "comparar las capacidades de los universitarios que están a punto de terminar la carrera". La noticia se completa indicando que para esto se están desarrollando "nuevos instrumentos de evaluación" dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Se trata entonces de un PISA de universidades y ya varios países, como Australia, Corea, Japón, México, Holanda, Noruega, España, Suecia y Estados Unidos, están comprometidos en el proyecto.

Sabemos muy bien lo que es el PISA (Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes). Nuestros jóvenes de 15 años, de nivel secundario, participaron en el PISA 2001 y fueron evaluados durante tres años en comprensión lectora, matemática y ciencias. Quedamos en último lugar entre 43 países. Por eso precisamente lo llaman "huracán", porque barrió a muchos, acabó con algunos mitos, dejando en lugares mediocres a países aparentemente tan encumbrados como España y Reino Unido. El PISA de universidades, como el original, evaluará también resultados. Entonces, ¿qué estamos haciendo para no quedar de nuevo en situaciones tan ridículas y marginales?

Cada vez tenemos más información. El Grupo de Opinión Pública de la U. de Lima hace poco dio a conocer su III Encuesta Anual sobre la Universidad Peruana y sus resultados no nos sorprenden. El 65.0% opina que la situación actual de la universidad peruana es regular, y regular –en el habla limeña– es más bien mal. Un 69.9% reconoce que hay poco apoyo estatal; lo que todo el mundo conoce. Un 57.1% opina que la universidad pública es solamente "regular" y que no ha mejorado en los últimos 5 años. Contrariamente, un 60.7% coincide en que la Privada es buena. Hay respuestas que parecen validar la Encuesta, como la percepción de que el ingreso a las privadas es mucho más fácil que a las públicas y que si pudieran estudiar en una universidad extranjera un 72.3% dejaría el país para hacerlo.

Pero hay otras que sorprenden: un 33.4% apoya a las universidades-negocio y un 68.2 opina que las Privadas serán mejores en los próximos 10 años. También sorprende un contundente 85.6% a favor del cogobierno universitario. Entonces, aunque el universo de encuestados no parece el más pertinente, podemos concluir que la gente mira con simpatía a la universidad privada, incluso a la polémica universidad-negocio, y desconfía del presente y futuro de la Pública. Esto lógicamente contradice al Ranking Universitario peruano elaborado por el doctor Luis Piscoya el año 2005, donde entre las 10 primeras hay 7 Públicas y solamente 3 Privadas.

Los integrantes de la Comisión de Educación del Congreso, quienes están frente a dos proyectos de nueva ley universitaria, el 773 y el 983, presentados por la bancada aprista y la nacionalista, respectivamente, hace ya más de dos años, tienen que llegar a un texto único. Ambos proyectos coinciden en identificar la crisis actual, en promover la calidad y la investigación en la universidad. Ambos, asimismo, discrepan cuando se trata de las dimensiones de los órganos de gobierno, de la forma de elección de las autoridades, de los niveles dentro de las categorías docentes, la continuidad de la ANR y la creación de un Consejo Nacional de la Educación Superior.

Por lo tanto es necesario encontrar una salida y pronto. Todo el período del presidente Toledo, de 2001 a 2006, se discutió este tema y dentro de este contexto se inició la homologación del docente universitario, que aún no es aprovechada por el Ejecutivo, ni el Legislativo, para poner en marcha un auténtico cambio en la educación superior. Los docentes universitarios y los alumnos lo esperan indudablemente. Reforma universitaria –tal como algunos la sueñan– puede ser una buena herramienta de transformación. Tuvimos una Reforma universitaria liberal en el siglo XIX y la famosa Reforma de Córdoba en el siglo XX, y las dos han terminado con una universidad en crisis. Ahora no podemos cerrar los ojos ante una "silenciosa" Reforma universitaria en marcha en los extramuros de la universidad pública, personificada en la universidad-negocio, montada en la ola privatista de la economía de mercado, que evita la norma universitaria, ofrece una oferta educativa ilimitada y crea guetos donde se empobrece nuestra ya empobrecida clase media.

No esperamos una norma legal mágica, pero sí una que vuelva más competitiva a nuestra universidad pública y la prepare a enfrentar los desafíos evaluadores del mundo actual, ese huracán PISA que ya nos amenaza. Los legisladores tendrán que ponerse a la vanguardia de este movimiento, o la educación superior terminará convertida en el paraíso de los especuladores y donde las universidades públicas tendrán que inventar sus propias normativas.

Véase Encuesta Completa en los Links de este Blog "Universidades Peruanas. Ultima encuesta (2008)".