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La Universidad Pública, por Fernando Atria y Javier Wilenmann

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1 de abril de 2014

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Universidad de Harvard

¿Qué es una universidad pública? En la discusión actual, hay dos posiciones que parecen totalmente enfrentadas: conforme a la primera, es pública una universidad cuando en los hechos desarrolla una “función pública”. Conforme a la segunda, es pública cuando es estatal.

Guiado por una intuición correcta, el ministro de Educación ha sostenido que el criterio de la “función pública” es insuficiente, es demasiado laxo. Pero, para justificar esta intuición, el ministro ha recurrido a una explicación que, desde el propio punto de vista de las universidades estatales, es problemática. El ministro ha dicho que hay un interés público en la producción de conocimiento nuevo (en la forma de “investigación”), un interés que justifica que el Estado financie instituciones en las que ese conocimiento sea producido. Pero ese conocimiento ha de ser producido en condiciones en que no pueda surgir conflicto entre el interés público y un interés privado. En las universidades estatales ese conflicto no podría darse, ya que el “mandante” sería precisamente el titular del interés público, el Estado. En las universidades privadas, en cambio, es posible el conflicto entre los intereses privados de sus controladores y el interés público. Entonces, el Estado debe preferir las instituciones que están libres de la posibilidad de este conflicto: las estatales.

Es importante comenzar destacando que el punto de partida del ministro es correcto: hay un interés público en la investigación y en que ella produzca efectos en el bienestar general y en la riqueza de la cultura nacional. También es correcto sostener que es injustificable que la investigación se financie con fondos públicos pero sea encargada, controlada o puesta al servicio de una agenda particular por sea quien fuere el dueño de o que controla a una determinada universidad. Según el ministro, esto no ocurre cuando el Estado es “mandante” y la universidad “mandada”.

Entender que esta es la relación que vincula al Estado con sus universidades, sin embargo, niega la autonomía universitaria. La exigencia de autonomía ha sido siempre una exigencia de la universidad, porque sólo un régimen autónomo la protege de intervenciones guiadas por fines ajenos a criterios propiamente universitarios. En lo que importa al ministro, la autonomía es necesaria para asegurar que la investigación tenga por objetivo exclusivamente aquello que como idea regulativa puede denominarse “la verdad”. Se trata de asegurar que no haya intereses ajenos a la búsqueda de la verdad que puedan interferir con la investigación académica, la que debe estar organizada de modo tal que el investigador sea libre de llegar hasta donde sea que lo lleve el resultado de su investigación.

Pero si esto es así, entonces entender que lo especial de la universidad pública es que tiene como “mandante” al Estado niega su naturaleza, porque niega su autonomía. La universidad estatal no puede entenderse como un servicio público, sujeta, como ellos siempre están, a la superintendencia y dirección del Estado a través del Ministerio respectivo. Si las universidades públicas estuvieran sujetas así al Ministerio de Educación, lo que guiaría su actividad no serían criterios puramente académicos, sino los criterios de oportunidad del ministro (y nada asegura que el ministro de Educación estará siempre guiado por consideraciones puramente universitarias). Por esto, buena parte de la lucha de las universidades estatales en Chile durante el siglo XX se refirió a asegurar institucionalmente su autonomía. El argumento del ministro no deja espacio para esta necesidad de las universidades estatales, y por consiguiente lleva o a (1) poner en cuestión o negar la autonomía universitaria (para que el Estado pueda desempeñarse como mandante y entonces pueda guiar la investigación) o a (2) una comprensión del contenido de ese mandato (sin capacidad de guiar la investigación) que respeta la autonomía, pero deja abierta de nuevo la pregunta inicial. Porque si el respeto a la autonomía obliga al Estado a no actuar como mandante de sus universidades, ¿qué diferencia hace que el mandante sea el Estado?

Es necesario entender correctamente la idea de autonomía universitaria y su sentido. Que una universidad estatal sea autónoma quiere decir que el Estado no puede interferir con su actividad universitaria, la que entonces sólo puede ser guiada por sus propios criterios internos. Por supuesto, esto no implica que uno deba ser ingenuo, y negar la posibilidad de que una universidad estatal sea capturada por intereses privados. Pero sí implica que en ese caso la captura es captura. Es decir, una patología que la regulación y la organización institucional deben intentar neutralizar todo lo que se pueda. La mejor garantía contra la captura es un contexto institucional en el que una universidad pueda actuar orientada por criterios exclusivamente universitarios. Eso exige fundamentalmente dos cosas: un estatuto que asegure la posición del académico, permitiéndole así seguir su investigación donde sea que ésta lo lleve, y una forma de gobierno que haga difícil la captura por intereses particulares. Esta es la posición a la que habían llegado las universidades estatales antes de la intervención militar posterior al 11 de septiembre (no en el sentido de que la regulación de entonces era perfecta, sino en el sentido de que estas dos condiciones eran las que debían ser garantizadas). Al satisfacerse estas dos condiciones, la universidad quedaba protegida de la operación de poderes “extrauniversitarios”, es decir, fácticos. Y esta protección creaba un espacio para una investigación que no estaba al servicio de agendas particulares, sino de la búsqueda de la verdad. La misma finalidad es la que hoy exige la entrega de aportes basales de libre disposición, porque si la universidad necesita vender sus servicios en el mercado para financiarse, entonces no podrá operar con un criterio puramente universitario, sino de mercado, sirviendo a los intereses particulares de quienes en el mercado compren investigación.

Estas consideraciones muestran el error de quienes, contra la intuición del ministro, alegan que para que una universidad deba ser tratada como pública basta con que desempeñe en los hechos una “función pública”. Porque si las universidades estatales para poder ser verdaderamente universidades (aunque estatales) necesitan de autonomía del Estado, las universidades privadas no pueden ser verdaderamente universidades (aunque privadas) en la medida en que están sujetas al control de intereses privados. La exigencia de autonomía universitaria, en el caso de las universidades estatales, no era sólo una exigencia de buena crianza dirigida al Estado: era la exigencia por un régimen legal que asegurara institucionalmente las dos condiciones que hemos identificado. Por exactamente las mismas razones, no es suficiente que el rector o el “dueño” o el controlador de una universidad en los hechos respete la autonomía de la universidad. Es verdad que hoy existen ejemplos de universidades privadas que en los hechos actúan guiados por criterios puramente académicos, y que respetan la libertad de sus académicos. Pero ello no puede depender de la deferencia o la ilustración de sus controladores, algo que siempre puede cambiar, o de lo afortunada que resulte la designación de un rector o decano. El Estado tiene un interés en asegurar institucionalmente la orientación académica de la investigación. Y esta garantía institucional no puede darse en términos del derecho privado, porque el derecho privado siempre permite que, concurriendo todas las voluntades privadas que deban concurrir, los términos de una relación (el contrato, los estatutos de una corporación) sean modificados. Por eso, no es suficiente que una universidad privada desempeñe en los hechos alguna función pública. Debe hacerlo sujeta a un régimen que hace imposible para su controlador cambiar la orientación pública de la universidad, intervenir en su gobierno, afectar la posición de sus académicos. Sólo en esas condiciones podría decirse que es una institución que se define por su compromiso universitario con la búsqueda de la verdad, es decir, que es una universidad “pública” (esta es la razón por la que antes de 1980 había universidades privadas que eran tratadas como públicas, pero eran creadas por ley. Es decir, estaban sujetas a un régimen de gobierno y tenían un estatuto académico que, como estaba en la ley, no podía ser cambiado por el controlador, quien entonces no podía poner a la universidad al servicio de una agenda particular).

El conjunto de estas condiciones, bajo las cuales universidades privadas podrían desempeñar funciones públicas y recibir, entonces, un trato análogo al recibido por las estatales, puede ser denominado el “régimen de lo público”. Para las universidades, el régimen de lo público requiere definir estándares de funcionamiento bajo los cuales el Estado pueda confiar en que la investigación producida tenga una orientación verdaderamente académica. Ha de constituir una regulación que cumpla la función que la idea de autonomía desempeñó en el caso de la universidades estatales: elevar un muro infranqueable entre los intereses particulares de los dueños o controladores de la universidad y la marcha de la universidad, para hacer probable que esta última no se guíe sino por criterios puramente universitarios en su actividad.

Lo anterior implica que el interés que correctamente quiere satisfacer el ministro –ampliar la investigación en Chile y asegurarse que tenga una orientación realmente académica– no se satisface con la concentración del financiamiento en universidades estatales, sino que necesita antes vincular el acceso a fondos basales de investigación a un régimen institucional adecuado.

Es verdad que, como dice el ministro, las universidades europeas muestran que es posible un sistema casi exclusivamente estatal de investigación. Pero el hecho de que en tradiciones distintas a la nuestra eso sea el caso no muestra todavía nada. El sistema universitario europeo tiene una historia propia que explica su configuración. Resumiendo: las universidades europeas más antiguas datan de tiempos premodernos, y fueron asumidas y controladas por el Estado en la formación de la modernidad. Durante el siglo XX, en la época del Estado de bienestar (esencialmente en los años 60 y 70), el Estado creó nuevas universidades para expandir la cobertura a estudiantes que no tenían cabida en un sistema diseñado originalmente para educar a la elite. El contexto de organización de la investigación en Europa se construyó sobre esa realidad: como la capacidad investigativa instalada se concentraba en universidades estatales, los recursos van en buena medida a esas instituciones. La situación es ciertamente distinta en Estados Unidos, en donde, precisamente por esa historia divergente, el aseguramiento de la investigación tuvo que tomar en cuenta la existencia de una buena masa de universidades privadas, pero al mismo tiempo pudo aprovecharse de una cultura, un ethos universitario que fue suficientemente fuerte como para impedir que las universidades privadas fueran instrumentalizadas por sus dueños o controladores.

Del mismo modo, una reforma en Chile debiera asumir su propio contexto. Buena parte de la capacidad investigativa nacional se concentró, durante casi todo el siglo XX, en las dos universidades ahora conocidas como “tradicionales”, la Universidad de Chile y la Universidad Católica. La masificación de universidades y la ampliación de la capacidad investigativa tuvo lugar con la aparición de las universidades privadas. El tipo de necesidades a las que respondió la formación de las universidades privadas, con enormes diferencias de grado entre ellas, es equivalente a las que en Europa se satisficieron a través de las universidades públicas surgidas durante el Estado de bienestar. Chile podría haber seguido ese camino (la explosiva expansión de la matrícula entre 1967 y 1973 es indicación de eso). Pero aquello, que pudo haber sido, no fue. Y la dictadura nos legó un sistema en que la ampliación de la universidad tuvo lugar por privados. Ese legado de la dictadura puede o no ser mirado con pesar; pero no puede ser simplemente negado. Hoy no puede decirse lo que en Europa, que buena parte de la capacidad de investigación está en las universidades del Estado. Una reforma racional no puede desconocer este hecho, sino que tiene que tomarlo en cuenta y aprovecharlo.

Tienen razón los críticos del ministro cuando dicen que el hecho de ser privada no impide a la Universidad de Harvard producir investigación pública. Pero esta comparación con Harvard y otras universidades similares supone un contexto institucional que en Chile no existe. El ministro tiene razón en sospechar; pero se equivoca en la razón que justifica su sospecha (y quizás por eso se vio forzado a dar pie atrás al día siguiente). Una institución como la Universidad Católica, por ejemplo, tiene una relevancia en la historia nacional y en su contribución actual a la investigación que no puede ser desconocida. Pero despejar las dudas sobre la ausencia de agendas privadas o intereses particulares requiere de regulación institucional. ¿Reclama la Universidad Católica derecho a tomar (negativamente) en cuenta, en un concurso para profesor de derecho, que el candidato cree que el aborto o el matrimonio igualitario se justifican? ¿O para expulsar a un profesor de medicina reproductiva que defiende el uso de la píldora del día después? Si reclama estos derechos, entonces no puede pretender que la investigación que se realiza en ella sea reconocida y tratada como pública, porque al hacerlo está declarando que le importa más la defensa de su agenda particular que la libre investigación; si no los reclama, y está dispuesta a someterse a un régimen legal que asegure a esos profesores que podrán comenzar o continuar sus carreras sin desmedro, entonces puede empezar a reclamar que es una universidad que, aunque no estatal, ha de ser tratada y financiada como una institución pública.

http://www.elmostrador.cl/opinion/2014/04/01/la-universidad-publica/

P. Bourdieu: la tecnocracia neoliberal contra los trabajadores. Una crítica…

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bourdieu09 En esta intervención de 1995, P. Bourdieu, respaldando a un poderoso movimiento social que defiende conquistas fundamentales, critica duramente a la tecnocracia francesa que a las órdenes de un Gobierno de derecha pretendía seguir desmantelando el importante servicio público de ese país conforme a la lógica neoliberal imperante. Mucho de lo que Bourdieu afirma y denuncia en esa intervención podría aplicarse también a la realidad chilena actual, en que las fuerzas conservadoras del país defienden, con todos los medios a su alcance, las orientaciones impuestas por la dictadura de Pinochet y asumidas posteriormente por amplios sectores de las elites gobernantes en contra del servicio público, especialmente en el ámbito de la Educación. Sugerimos pues su lectura. E.A.

COMBATIR LA TECNOCRACIA EN SU PROPIO TERRENO

Pierre Bourdieu, Sociólogo

Estoy aquí para expresar nuestro apoyo, a todos aquellos que luchan , desde hace tres semanas, contra la destrucción de una civilización asociada a la existencia del servicio público: civilización de la igualdad republicana de los derechos, a la educación, a la salud, a la cultura, a la investigación, al arte, y por encima de todo, al trabajo.

Estoy aquí para decir que comprendemos este movimiento profundo, es decir, la desesperanza y las esperanzas que allí se expresan y que también nosotros experimentamos; para decir que no comprendemos (o que comprendemos muy bien) a estos que no lo comprenden, como a este filósofo que, en el "Journal du dimanche" del día 10 de diciembre, descubre con estupefacción, "el abismo entre la comprensión racional del mundo", encarnada según él por Juppé, así lo dice textualmente, "y el deseo profundo de la gente".

Esta oposición entre la visión de largo plazo de la "élite" esclarecida y las pulsiones de corto plazo del pueblo o de sus representantes, es típica del pensamiento reaccionario de todos los tiempos y de todos los países, pero adquiere hoy una forma nueva con la nobleza de Estado, que fundamenta la convicción de su legitimidad en el título escolar y en la autoridad de la ciencia, principalmente económica. Para estos nuevos gobernantes de derecho divino, no solamente la razón y la modernidad, sino también el movimiento y el cambio, están del lado de los gobernantes, de los ministros, de los patrones o de los "expertos". La sinrazón y el arcaísmo, la inercia y el conservadurismo, del lado del pueblo, de los sindicatos y de los intelectuales críticos.

Es esta la certeza tecnocrática que expresa Juppé cuando escribe: "Quiero que Francia sea un país serio y un país feliz", lo cual puede traducirse como: "Quiero que la gente seria, es decir, las élites, los "enarcas", los que saben adonde esta la felicidad del pueblo, puedan realizar la felicidad del pueblo, incluso a pesar de él, es decir, contra su voluntad. En efecto, enceguecido por esos deseos, de los que hablaba el filósofo, el pueblo no conoce su felicidad, particularmente la felicidad de ser gobernados por gente que, como Juppé, conocen su felicidad mejor que él". Así piensan los tecnócratas y así entienden la democracia. Comprendemos que ellos no comprendan que el pueblo, en nombre del cual pretenden gobernar, descienda por las calles, -¡colmo de la ingratitud!- para oponérseles.

Esta nobleza de Estado, que predica la desaparición del Estado y el reino sin reserva del mercado y del consumidor, sustituto comercial del ciudadano, se ha apropiado del Estado, ha hecho del bien público un bien privado , de la cosa pública, de la República, su cosa.

Lo que hoy está en juego, es la reconquista de la democracia contra la tecnocracia: hay que acabar con la tiranía de los "expertos" al estilo del Banco Mundial o del FMI, que imponen sin discusión los veredictos del nuevo Leviatán, "los mercados financieros", y que no pretenden negociar sino "explicar". Hay que romper con esa nueva fe en la inexorabilidad histórica que profesan los teóricos del liberalismo . Hay que inventar nuevas formas de un trabajo político colectivo, capaz de constatar las necesidades, principalmente económicas (lo que puede ser tarea de expertos) pero para combatirlos y, si es del caso, para neutralizarlos.

La crisis de hoy es una oportunidad histórica. Para Francia y sin duda para todos estos que, cada día mas numerosos, en Europa y en otras partes del mundo, rechazan esa nueva alternativa: liberalismo o barbarie. Trabajadores ferroviarios, empleados de correo, maestros, funcionarios de los servicios públicos, estudiantes y tantos otros, activa o pasivamente comprometidos en este movimiento, han planteado con sus manifestaciones, con sus declaraciones, con las innumerables reflexiones que han provocado y que las tapaderas de los medios han querido en vano asfixiar, problemas fundamentales, demasiado importantes para dejárselos a los tecnócratas, tan autosuficientes como insuficientes: ¿cómo restituir a los primeros interesados, es decir, a cada uno de nosotros, la definición aclarada y razonable del futuro de los servicios públicos, de la salud, de la educación, de los transportes, etc., en relación, principalmente con aquellos que, en los otros países de Europa están expuestos a las mismas amenazas? ¿Cómo reinventar la escuela republicana, rechazando la instalación progresiva en la enseñanza superior, de una educación con dos velocidades, simbolizada por las Grandes Escuelas y las facultades?

Es posible hacerse la misma pregunta a propósito de la salud o de los transportes. ¿Cómo luchar contra la precarización que golpea al personal de los servicios públicos y que conlleva formas de dependencia y de sumisión, particularmente funestas, en las empresas de difusión cultural, radio, televisión o prensa escrita por el efecto de censura que ejercen, incluso en la docencia?

En el trabajo de reinvención de los servicios públicos, los intelectuales, escritores, artistas, científicos, etc., tienen un papel importante que jugar. Primeramente, pueden contribuir a quebrar el monopolio de la ortodoxia tecnocrática sobre los medios de difusión. Pero pueden también comprometerse, de manera organizada y permanente, y no solamente en los encuentros ocasionales de una coyuntura de crisis, al lado de aquellos que están en condiciones de orientar eficazmente el futuro de la sociedad: asociaciones y sindicatos principalmente, y trabajar en la elaboracion de análisis rigurosos y de proposiciones inventivas sobre las grandes cuestiones que la ortodoxia mediático-política impide plantear. Pienso en particular en el tema de la unificación del campo económico mundial y los efectos de la nueva división mundial del trabajo o de la cuestión de las pretendidas leyes de bronce de los mercados financieros, en nombre de las cuales son sacrificadas tantas iniciativas políticas; en la cuestión de las funciones de la educación y de la cultura en las economías adonde el capital informático se ha convertido en una de las fuerzas productivas determinantes, etc.

Este programa puede parecer abstracto y puramente teórico. Pero se puede rechazar el tecnocratismo autoritario sin caer en un populismo en el que los movimientos sociales del pasado sacrificaron a menudo demasiado y que le hace el juego, una vez más, a los tecnócratas.

Lo que he querido expresar, en todo caso, y quizás mal, por lo que pido excusas a quienes pude haber escandalizado o aburrido, es una solidaridad real con aquellos que hoy se baten por cambiar la sociedad: pienso en efecto que no se puede combatir eficazmente la tecnocracia, nacional o internacional, si no es enfrentándola en su terreno privilegiado, el de la ciencia, principalmente económica, y, oponiendo al conocimiento abstracto y mutilado del cual ella se vale , un conocimiento, más respetuoso, de los hombres y de las realidades a las cuales ellos se ven confrontados.

El presente discurso fue pronunciado por Pierre Bourdieu, quien es quizás el más prestigioso sociólogo francés de la actualidad, ante los trabajadores en huelga, reunidos en la Gare de Lyon en París, el día 12 de diciembre de 1995.
Publicado en Libération el 14 de diciembre de 1995.
Traducción al español de O. Fernández.