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La Universidad (y el proceso de Bolonia) en debate, por M. Castells

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Manuel Castells, La Vanguardia.com

La ocupación estudiantil de la Universitat de Barcelona y de la Universitat Autònoma de Barcelona, independientemente de la opinión sobre sus razones, tiene el enorme mérito de plantear mediáticamente el indispensable debate público sobre la universidad, la institución central de la economía y la sociedad. La universidad es esencial en la producción de conocimiento, fuente del crecimiento económico. Pero también es esencial para la equidad, porque la igualdad de oportunidades pasa por el acceso a una educación superior de calidad.

Además, es el único espacio donde hay una relativa libertad de pensamiento y creación, porque desde hace siglos los poderes económicos y políticos entendieron que sin libertad se seca la fuente de innovación de la que depende el progreso. Pero los poderes ideológicos y religiosos siempre intentaron aherrojar la universidad para imponer su pensamiento único. De ahí la carga emocional que conlleva todo debate sobre la universidad. Hay que conjugar pasión con confrontación de ideas, sin límites ni a prioris, para un diálogo que genere un proyecto innovador de universidad. Diálogo que, dicho sea de paso, excluye la negociación a golpes de expediente.

Debatamos, pues. Tras tres décadas como catedrático en la universidad española y en algunas de las mejores universidades del mundo, sigo percibiendo en muchas de nuestras universidades el predominio de los intereses corporativos y personales sobre los valores de la educación y la ciencia. Eso quiero decir a los estudiantes que se oponen al proceso de Bolonia que propone un espacio europeo de educación superior. Yo también critico ese plan. Pero tiene la ventaja de romper la rutina de un sistema burocratizado y en el que cada reforma ha cambiado todo para que todo siga igual. En la raíz de esa inercia está el control del Estado sobre las universidades, a través de los planes de estudio, del funcionariado docente y del presupuesto. La uniformidad estatista dificulta la diversificación de las universidades, frena la innovación y las nivela por su nivel más bajo. Y esa es mi crítica a una posible interpretación del proceso de Bolonia. Podría intentar extender la uniformidad estatal a la uniformidad europea so pretexto de hacer compatibles los programas. Pero eso no está decidido, depende de cómo use cada país y cada universidad los márgenes de autonomía que deja Bolonia. De ahí la urgencia del debate que exigen los estudiantes y que los rectores dicen haber emprendido. Hagámoslo. Pero no sólo en la universidad, sino también en la sociedad, porque a todos concierne la universidad.

En donde estoy en desacuerdo con los documentos que los estudiantes me dieron en mi visita a la universidad ocupada es en que Bolonia supone “la privatización y la mercantilización de la universidad”. Hay en el mundo universidades públicas, como mi Universidad de Berkeley, que reciben fondos de investigación y becas de empresas sin comprometer la independencia y la calidad de la enseñanza.

Las empresas saben que la autonomía universitaria es esencial para que les sirvan sus productos. Hay que conseguir incremento de la financiación pública y posibilidad de recabar financiación privada y programas con empresas que proporcionen una formación directamente útil en el mercado de trabajo. En Europa las universidades son y serán predominantemente públicas. Pero para servir a la sociedad, empezando por los estudiantes, han de ser capaces de gestión autónoma, lo cual pide fórmulas jurídicas sin las trabas de la administración pública. También necesitan autonomía financiera. Y ahí hay que romper tabúes.

Sería aconsejable aumentar el precio de las matrículas para que la parte más importante del presupuesto de las universidades dependa de la aportación de sus estudiantes y se vean obligadas a competir para atraer estudiantes ofreciendo mejor calidad y servicio. El Estado tiene que dar becas a todos los estudiantes que las necesiten. Precios públicos bajos para todos es una política regresiva, como demuestran los estudios internacionales, porque si los hijos de buena familia pagan lo mismo que los de familias modestas quiere decir que nuestros impuestos subvencionan a los más ricos. Equidad es que paguen todos más y que la mayoría reciba becas según el ingreso familiar.

Las universidades que no den buen servicio tendrán que darlo si no quieren que los estudiantes se vayan a las que funcionen mejor. Aguijoneadas por la búsqueda de recursos, dedicarán más esfuerzo a innovar en la enseñanza y a dar una formación útil que a pedirle al Estado café para todos. Ello exige renovar la gobernanza universitaria, empezando por la elección de los rectores. Las mejores universidades del mundo son las que gozan de autonomía de decisión, combinando en su gobierno la gestión académica descentralizada en manos de los profesores con la dirección estratégica y la necesaria disciplina por parte de la administración de la universidad. ¿Quién nombra entonces a los rectores? Patronatos de personalidades independientes nombrados por quienes aportan los recursos. En el caso de las universidades privadas, los donantes. En el caso de las universidades públicas, los parlamentos y gobiernos que administran nuestros impuestos. Pero, ya nombrados, patronatos, administradores y profesores gozan de autonomía para gestionar la universidad.

La elección de rectores por estudiantes y personal introduce un elemento político y demagógico que desestabiliza la institución universitaria. Pero su participación en las deliberaciones de los órganos del gobierno universitario es clave para asegurar la pluralidad y la democracia en la institución. Saber combinar el autogobierno de los profesores, la dirección de los administradores y la representación de estudiantes y trabajadores es la fórmula ganadora para una universidad capaz de adaptarse a un mundo en continuo cambio tecnológico y social. Pero si la universidad carece de capacidad económica y política para decidir su destino, los problemas se enquistan, la frustración aumenta, las empresas se alejan, los estados ordenan y los estudiantes, en justa correspondencia, ocupan los lugares en donde buscaban guía y encuentran hastío.

Neoliberalismo y exclusión social…

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Entrevista a Loic Wacquant.

Se presenta como un “sociólogo urbano”, estudia la transformación de las ciudades y la marginalidad social y es considerado el principal discípulo de Pierre Bourdieu, el célebre sociólogo francés con quien escribió uno de sus numerosos libros. Su mundo es el de las fronteras entre “el adentro” y “el afuera”, los guetos de Chicago, las periferias de París, los barrios suburbanos de las metrópolis latinoamericanas, el de cómo se trazan las fronteras internas de una sociedad cuando ella queda dominada por la pura lógica del mercado.

Para Loic Wacquant, es un error observar las formas actuales de la marginalidad afuera o detrás nuestro, en el pasado, o en el “atraso”: “ellas están dentro de los espacios y relaciones sociales, delante nuestro, y si no empezamos por reconocerlo no podremos cambiarlo”, dice. Hiperactivo, 47 años, llegó a Buenos Aires, visitó las cárceles, donde asistió a los cursos universitarios que se dictan allí, dio una conferencia y se fue al día siguiente. Vino invitado por la UBA en el marco del 50 aniversario de la Carrera de Sociología, con el auspicio de la Fundación OSDE , Clacso y el Ministerio de Educación.

Se utilizan muchas metáforas y eufemismos para hablar de la marginalidad social: “excluidos del reparto de la torta”, “castigados del modelo”, “bomba de tiempo”, “sectores en problemas”, “condenados de las ciudades”, “parias urbanos” ¿cómo se establece hoy esta relación entre pobreza, exclusión e inseguridad en las grandes metrópolis y sus periferias?

Es cierto, cuando se mira desde lejos o desde arriba, se apela a un discurso exotizante, un discurso del miedo, para el cual los barrios pobres se caracterizan por todo lo que falta. Pero cuando uno mira de cerca se observa que hay una similitud, sí, es el sub-proletariado que vive en los barrios en la parte más baja de la jerarquía de la ciudad; pero esa marginalidad urbana no está configurada de la misma manera en todos lados.

Hay situaciones de exclusión social que son comunes

Sí, claro, se da la experiencia del sentimiento de ser rechazado, el desprecio colectivo, la estigmatización de esos barrios es la misma en Estados Unidos con el gueto y los negros; en Francia, con los suburbios obreros y los inmigrantes; en Brasil, con las favelas, en Argentina con las villas miserias, etc.. Pero, yendo al interior, uno puede descubrir que allí viven personas como tú y yo, que tratan de construir una vida, de sostener una familia, pero que enfrentan limitaciones materiales que son extremas y que sobre todo se ven marcadas por la inestabilidad de vida. Es la imposibilidad, justamente, de asentarse en el mundo del trabajo y de proyectarse hacia el futuro.

Los estallidos de violencia en los suburbios de Francia reflejan una “americanización” de estas formas de exclusión social?

Lo que vemos, sobre todo, es que en Estados Unidos el discurso sobre el gueto y en Francia sobre “las banlieues” esconden la aparición de nuevos regímenes de marginalidad cuya característica principal es la inestabilidad de la condición asalariada. Esa inestabilidad no es una característica de los pobres, sino de los empleos y de la nueva relación salarial que se establece. Se atribuye erróneamente a los pobres rasgos que no se deben a ellos sino a la posición socio-económica en la que están y a la degradación de sus condiciones de vida.

¿En qué se diferencia la marginalidad actual de la de otras épocas no tan lejanas?

Básicamente, en que vivimos una transición del “Welfare” como un derecho a estar protegido de la sanción del mercado, a un “Workfare”, a una obligación de trabajar, de seguir una formación, de dar a la comunidad como contrapartida de la ayuda social que se recibe. De modo que el trabajo deja de ser un derecho para convertirse en un deber del ciudadano, que empuja a los pobres hacia un mercado laboral precario e inestable. Y entonces, se funden y confunden los barrios obreros estables con la economía callejera informal, dominada por actividades ilícitas o criminales, y la violencia y el miedo que estas generan, con gran circulación de armas de fuego y de drogas, más los enclaves marginales, definidos por la experiencia de un estigma de grupo y una decadencia colectiva.

¿Qué papel juega el Estado en estos cambios?

Es fundamental. Tenemos una política estatal que por dos lados aumenta y difunde la inseguridad social. Por el lado de la desregulación económica y por el lado de la restricción de los programas de protección social. Esa turbulencia y esos desórdenes sociales que son creados por la desregulación económica y el retiro de la ayuda social, hay que contenerlos de alguna manera particular.

¿Se los contiene desplegando el Estado penal?

La paradoja es que el despliegue de la policía, de la justicia criminal y las cárceles, es una respuesta que da el Estado a la inseguridad social que las políticas públicas crearon al des-regular la economía y reducir la protección social. Por eso es algo que se ve en el mundo entero. Como escribió Marx, un fantasma recorre el mundo, sí, pero no es el proletariado; es el fantasma del neoliberalismo y sus resultados.

La marginalidad y la exclusión social ¿serían un “logro” del neoliberalismo?

Es el producto necesario del neoliberalismo. En el caso de los ideólogos del neoliberalismo, se lo presenta de dos formas. Una, como un residuo del pasado: “hay mucha gente pobre, hay que esperar hasta que dejen de serlo y seguir ‘neo-liberalizando’ para que dejen de serlo. Y si realmente se des-regula, desaparecerán la desocupación y la pobreza”. La segunda es que se trata de un fenómeno transitorio. Habría una transición entre las sociedades reguladas keynesiana y fordista, y el Estado futuro del neoliberalismo. O sea que habría un período en el que “sí, es cierto, hay muchos daños, hay muchos costos, hay mucha pobreza, pero hay que esperar” .

¿Qué respuesta da a esos argumentos?

Lo que sostengo es que esta marginalidad no es un residuo del pasado, y tampoco es un fenómeno transitorio o efímero. Es un fenómeno que está ligado al desarrollo mismo de los sectores más avanzados de la economía. Y por lo tanto está delante de nosotros, no detrás. Y está aquí para durar. Y mientras se insista en apostar a lo que se llama el camino de la economía avanzada, sin contemplar el cuadro social completo, se seguirá reproduciendo marginalidad avanzada.

¿Cuál sería la respuesta alternativa en el modo de encarar el problema ?

En América Latina se observa desde hace quince años un aumento de la violencia, de la criminalidad, del miedo en las ciudades y, por lo tanto, en reacción a ese aumento de la inseguridad y el miedo el Estado reacciona diciendo: “vamos a activar la policía, la justicia, la prisión”. “Mano dura”. “Tolerancia cero”. Y esa reacción de utilizar el Estado penal para tratar de contener la violencia fracasa porque no toca la causa que es la inseguridad social y económica. Si se deja que la inseguridad económica siga ahí, forzosamente habrá inseguridad criminal Y se puede aumentar la policía, la justicia y las cárceles, se pueden multiplicar por dos, por tres, por cinco y poco se logrará.

Pero Usted mismo señala que el regreso del pleno empleo y el viejo Estado asistencial no es posible ni deseable.

Hacen falta políticas de largo plazo, a cinco, diez, veinte años. (Los políticos deben tener una mirada a largo plazo. Y pensar no sólo en esta generación sino en la generación que viene). Hay que tener el valor, aunque no haya una caída inmediata de la criminalidad, en sostener el crecimiento económico y el mejoramiento de empleo. Aunque es verdad, las nuevas formas de la marginalidad no se resuelven sólo con crecimiento y empleo.

¿Entonces?

Creo que hay que inventar un nuevo Estado social o prepararse para enfrentar desórdenes e inseguridad crónica. Un componente, por ejemplo, es el principio de una renta universal del ciudadano. Que cada familia tenga acceso a un ingreso mínimo independientemente del trabajo. Que los bienes públicos esenciales, la educación, la salud, la seguridad, la vivienda y el transporte sean provistos en una cuota mínima a todo el mundo. Hay que inventar nuevos programas que permitan distribuir de la manera más igualitaria posible esos bienes fundamentales para tener una sociedad democrática. Se puede empezar con un ingreso universal ciudadano o por el acceso a la educación y la formación profesional para toda la vida. Tener políticas de salud pública y de educación muy activas es la mejor lucha contra la criminalidad.

(ddooss.org)