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Honduras: abierta represión contra estudiantes y académicos de sociología y ciencias sociales…

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Reproducimos aquí esta denuncia, y expresamos nuestra total solidaridad con los estudiantes, docentes y trabajadores constantemente perseguidos y reprimidos por militares y policías al servicio del gobierno conservador impuesto después del golpe de estado perpetrado en el año 2009 en ese país hermano. Ahora la represión cae sobre los sociólogos reunidos en su Congreso Nacional, del mismo modo que golpea de manera permanente a todas las fuerzas democráticas del país.  Nuestro deber es mantener esta denuncia de manera constante y sin concesiones. E. Aquevedo

Adjunto esta denuncia del Dr Juan Almendarez, ex Rector  de la UNAH, contra  el ataque  Militar policial  que ocurrió el 6 de mayo, en el momento en que estabamos en la Asamblea de Clausura del II Congreso Nacional de Sociologia.
Saludos.
R. Briceño J

SUBASTA SANGRIENTA
(Honduras abierta a los Negocios)

Juan Almendares

Bajo el principio del placer (hedónico, individualista y corporativo) se ha iniciado de la forma más cínica la “Venta Abierta de Honduras” bajo el principio de aumentar la tasa de ganancia de la acumulación histórica del capital oligárquico  articulado  con las multinacionales.

Se trata de un proceso experimental destructor de la vida, biodiversidad y cultura. Es concesionario  de privilegios para las empresas mineras, madereras, camaroneras y represas.

Promotor de la dominación cultural y de la perdida de la soberanía alimentaria. Responsable directo de las condiciones paupérrimas: hambre miseria y sufrimiento de las comunidades originarias, garifunas, misquitas , campesinas y de la clase obrera

Dos instrumentos pretenden garantizar la Venta de Honduras: la guerra mediática multimillonaria y el aparato represivo integrado por  militares, policías, seguridad privada y sicarios. Ambos instrumentos   condicionan el pensamiento único y dominante de la oligarquía que aniquila la libertad de expresión y reprime la movilización de los sectores de oposición y resistencia.

El seis de mayo 2011  en horas de la mañana, se desarrolló una manifestación de 300 estudiantes del CURN de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en la ciudad de San Pedro Sula; lugar donde ocurrió el inicio de la operación “Honduras Abierta a los negocios” (Honduras Open For Business).

Inmediatamente hicieron presencia los cuerpos represivos del Estado, quienes  dispararon contra los manifestantes. Utilizaron  tanquetas y lanzaron varias decenas de bombas lacrimógenas.

El camarógrafo de Globo TV, Uriel Gudiel Rodríguez, fue hospitalizado a raíz de ser golpeado por una bomba lacrimógena,  arrastrado  por los cuerpos represivos  con el objeto de atenazar  la libertad de expresión

Condenamos la Venta de la Patria y la violación de los derechos humanos por  los cuerpos represivos del Estado y el atentado contra el camarógrafo de TV Globo.

En igual forma señalamos  que la invasión de los cuerpos militares y policiales a la UNAH y a la Universidad Pedagógica han ocurrido con frecuencia después del golpe militar del 28 de junio del 2009; a vista y paciencia  y en algunos casos a petición de las autoridades universitarias.

Sin embargo a pesar de la persecución, trauma , terror  y tortura de docentes y estudiantes comprometidos con la justicia social y los derechos humanos no ha sido posible castrar la conciencia de la resistencia docente estudiantil.

Repudiamos todo proceso de invasión militar , policial y de seguridad  privada  al  Alma Mater y a la Universidad Pedagógica Francisco Morazán y  la cacería de las ideas patrióticas  que defienden la vida, dignidad histórica y la autodeterminación de los pueblos

La unidad docente estudiantil y de toda la comunidad universitaria con el pueblo en resistencia es esencial para que nuestra Patria no sea una vulgar mercancía.   ¡Total rechazo a la subasta sangrienta!¡Alta es la noche y Morazán vigila!

Tegucigalpa 6 de mayo 2011

Ecuador: “En el país todos los cuadros de inteligencia trabajaban para la CIA”. Entrevista a R. Correa

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  • Hay grupos con vinculación política a los que no les interesa la democracia, sino mantener sus conductas represivas, afirma
  • No podemos claudicar ante balas asesinas; sería traicionar a los que murieron el día de la intentona golpista, señala

Foto

El presidente Rafael Correa habla con el pueblo ecuatoriano tras la conspiración en su contra, el 30 de septiembre pasadoFoto Reuters

Blanche Petrich, Periódico La Jornada
Lunes 25 de octubre de 2010, p. 2

Quito, 24 de octubre. El presidente Rafael Correa llega con un poco de atraso a su oficina en el Palacio de Carondelet, donde ha citado a La Jornada, porque antes ha ido a visitar en el hospital infantil a un niño de 11 años que el 30 de septiembre, entre el caos y la violencia desatada, recibió un disparo de bala expansiva en la pierna. El chico sufrió dos paros cardiacos pero por fin, casi al mes de los sucesos, se restablece satisfactoriamente.

Durante la entrevista Correa se expresa a ratos con una franqueza poco común en jefes de Estado: Estamos ciegos, en ceros, en materia de inteligencia para la seguridad interna. Indignado con los sectores que participaron en la conspiración, incluidas las organizaciones indígenas que ahora hacen política en alianza con la oposición de derecha. Cauteloso antes de avalar la lealtad de las fuerza armadas a su gobierno: se portaron muy profesionales. No todos, pero en general. Ahí también hay infiltración.

Basta con ponerle el tema de las horas de peligro que vivió el 30 de septiembre sobre la mesa para que reviva con vehemencia y evidente tensión los tres o cuatro momentos en los que sintió que podía morir, sobre todo durante el tiempo que estuvo retenido en el Hospital de la Policía: “Hubo un momento en el que lo único que hice fue rezar un padrenuestro y acostarme en el piso de la habitación. Más que miedo sentía indignación por la traición de esa gente. Y tristeza. Si me tocaba morir dejaba este proceso a medias, dejaba a mi familia, mis hijos.

En una sociedad civilizada, con gente como los golpistas no se conversa: se aplica la ley. Desencantado: Yo me siento como un perdedor; todos perdimos. Y retado: No vamos a claudicar, vamos a radicalizar este proceso. Es una deuda con la ciudadanía heroica que salió a la calle a defender la democracia.

Pero lo que de verdad lo enoja es la estrategia de sectores conservadores, repetida por medios de peso como CNN y The Washington Post, de negar que lo de hace un mes fue un complot: “Niegan el intento de asesinato del presidente, niegan que estuve secuestrado, dicen que esto es un show. ¿Quién se puede tragar esa piedra de molino? Ahí están las pruebas, ahí están los muertos, ¡por Dios!”

Es un dolor personal. Y se le nota. Alguien cercano al presidente nos contaría que en las primeras horas del conflicto, cuando se presentó al regimiento Quito para atender la protesta de los policías y se vio acosado y gaseado por éstos, uno de los sublevados llevaba un bate y le lanzó un golpe que iba directo a su rodilla lesionada, que lo tiene ya desde hace meses entrando y saliendo del quirófano, usando muletas y hasta silla de ruedas. Un escolta se interpuso. Le fracturaron el tobillo.

Más tarde otro guardia, uno de sus más cercanos, se quitó el chaleco antibalas para colocárselo al presidente. Le tocó una bala en la espalda y se teme que quede parapléjico. Finalmente, otro más, joven del Grupo de Operaciones Especiales, cayó abatido en el momento del rescate cuando cubría con su cuerpo la ventanilla de la camioneta sin blindaje en la que sacaban al presidente en medio de un intenso tiroteo.

Después de Zelaya, el siguiente soy yo

–Después del golpe a Manuel Zelaya, en Honduras (28 de junio 2009), usted declaró: yo soy el que sigue. ¿Qué señales veía usted entonces?

–Desde el primer día de mi gobierno vivimos una conspiración permanente, como todos los gobiernos del cambio en América Latina. Qué casualidad que somos nosotros –2002 Venezuela, 2008 Bolivia, 2009 Honduras, 2010 Ecuador– los que hemos sufrido intentos de golpe. La posibilidad de que esto sea casualidad es nula. ¿Por qué? Porque estamos cambiando las cosas.

–Sorprende la forma en que usted reconoce que las estructuras de inteligencia han sido penetradas por la CIA.

–Es que es así. Cuando yo llego al gobierno, sinceramente, por mi origen académico, ese tema ni siquiera era una prioridad. Fue mi gran error. ¿Qué es lo que me devuelve a la realidad? El primero de marzo de 2008, cuando tuvimos evidencia de que las instancias de seguridad del Estado ecuatoriano conocieron con anticipación del ataque colombiano a Angostura y no nos informaron. Le avisaron a la embajada de Estados Unidos.

“Ahí nos damos cuenta de que esas unidades recibían presupuesto de EU. Se forma una comisión que se pone a investigar y entre sus recomendaciones está desmantelarlas. Tenemos evidencias de que su jefe, el coronel Mario Pazmiño, era empleado de la CIA.

Cuando lo despido y decidimos que somos nosotros los que vamos a nombrar a la directiva de la unidad, la embajada de Estados Unidos decide llevarse el equipo que había dado. Pero los directores no sólo les dan los equipos, sus camionetas, las computadoras, sino ¡la información de las computadoras! Imagínese el servilismo de esta gente.

–¿Qué tan grande fue el boquete que se le hizo a la seguridad interna?

–Quedamos en cero. Todos los cuadros de inteligencia trabajaban para la CIA. Hemos tenido que buscar cuadros alternativos, algo que no se forma de la noche a la mañana. Recién en 2009 logramos aprobar la ley del sistema nacional de inteligencia.

–¿Esta debilidad es lo que se manifestó el 30 de septiembre?

–Por supuesto. Hubo traición en ciertos sectores de inteligencia de la policía.

–¿Y de las fuerzas armadas?

–También. El partido Sociedad Patriótica estuvo involucrado. Su origen es militar. Hay núcleos duros que, según consta en el informe de la Comisión de la Verdad, atentaron contra los derechos humanos y se sienten identificados con estos partidos.

–¿A esta hora usted puede confiar en la lealtad de las fuerzas armadas?

–Bueno, se portaron profesionalmente. No todos. Y en general tienen un agradecimiento con este gobierno, ya que les hemos duplicado el salario, los hemos equipado. Cuando llegamos los encontramos en un estado de indefensión. Sólo 7 mil, de 42 mil policías, tenían armas. Los dotamos con patrullas, municiones, equipos de telecomunicaciones. Lo mismo en la Fuerza Aérea. Al principio no teníamos prácticamente nada, ni helicópteros. Ahora tenemos ya 14 Super Tucanos.

Pero hay grupos duros con vinculaciones políticas a quienes no les interesa ni la Fuerza Aérea ni la democracia, sino mantener sus privilegios y sus conductas represivas.

–¿Que mecanismos tiene la ciudadanía para defenderse de conspiraciones de este tipo?

–En esto Hugo Chávez y Evo Morales nos llevan ventaja. Chávez viene de una formación militar, conoce de esto y ha transformado el inmenso capital político que tiene en estructuras organizadas. Evo viene de los movimientos sociales, de una larga lucha, y tiene el apoyo de todas esas bases. En Ecuador el proyecto de Alianza PAIS es una reacción de la ciudadanía ante tanto desastre, tanto saqueo. Y sinceramente no soy experto en cuestiones militares o policiacas. El desafío de la revolución ciudadana es transformar el apoyo popular que tenemos en estructuras movilizadas como la mejor manera de disuadir estas intentonas.

Desencuentros

–Usted viene de la academia, pero de la mano de un movimiento popular. Ecuador en los 90 fue pionero en la participación del movimiento indígena. ¿Ésa ya no es la base de su gobierno?

–Tenemos el apoyo de muchos movimientos sociales, pero cuidado: se ha manoseado mucho el nombre de movimiento social. Ahora cualquier cosa es movimiento social, cuando muchos de sus dirigentes son en realidad políticos fracasados que perdieron en las elecciones y hacen política desde sus estructuras para imponer su agenda.

“Hay un movimiento social e indígena que está con el status quo, con la derecha. Hay que separar la miel de la cizaña. Tiene razón en que el despertar del movimiento indígena de Ecuador en los 90 fue el movimiento social más importante de América Latina. Y nosotros estamos con ellos.

Pero se ha distorsionado mucho esa pureza inicial. Ese movimiento hizo un partido político, Pachakutik. Su directiva está tomada por ciertos líderes que votan con la derecha, y el 30 de septiembre pedían la renuncia del presidente. Es una pena enorme. La CONAIE y Pachakutik han perdido totalmente la brújula.

–El primer pronunciamiento de la CONAIE fue de rechazo al golpe.

–Después se desdijeron. Los asambleístas de Pachakutik estuvieron y están con los golpistas. Tibán hace unos días usó expresiones muy groseras. Dijo que si el presidente hubiera muerto no era por valiente, sino por cojudo. Su hermano, dicho sea de paso, es policía y está preso.

–¿Descarta usted un rencuentro con estos sectores?

–No. Yo estoy abierto. Pero ojo: movimiento indígena como proceso histórico de emancipación, ahí estamos totalmente de acuerdo. Nuestro gobierno es de los indígenas. En las elecciones pasadas donde sacamos mayor votación fue en la provincia de Embaburo, con mayor población indígena del país. Con los dirigentes de la CONAIE, con su miopía, con las barbaridades que han dicho –me han llamado genocida, xenófobo, etnocida–, con ellos va a ser muy difícil.

Obama, de confianza

–Habla de la penetración de la CIA, pero no del gobierno estadunidense. ¿Cual fue su papel en este episodio?

–Como gobierno, yo creo que Estados Unidos aquí no intervino. No excluimos la participación de ciertos sectores que actúan incluso contra el presidente Barack Obama. De ellos no tengo ninguna prueba, pero no excluyo que hayan intervenido de algún modo. Lo que sí excluyo, por la confianza que les tengo, es a Hillary Clinton y al presidente Obama.

–¿Dice que es de confianza su relación con Obama?

–Él me llamó un par de veces después del 30, muy cortés, preocupado por lo que se decía en ciertas publicaciones. Me aseguró que no tuvo nada que ver. Le respondí que no tenía que darme explicaciones. Es buena persona, pero no ha podido cambiar la inercia de gran parte del aparato político de Estados Unidos.

–La versión de que el 30 de septiembre no hubo un intento golpista ha encontrado mucho eco. La duda ha calado. ¿Qué se pretende negando las evidencias?

–La ignorancia de la derecha y de ciertos medios de comunicación es tal, que ni siquiera conocen que una de las categorías básicas de sociología política latinoamericana es que cualquier levantamiento de fuerza pública ya se considera un golpe de Estado. Lo que hubo fue una agenda política que se puso en marcha desde el momento en que yo llego al Regimiento Quito y cercan la caravana presidencial. Ahí estaba el lugarteniente del coronel Lucio Gutiérrez (ex presidente golpista y derrocado a la vez, fundador del partido opositor Sociedad Patriótica), Fidel Araujo, con chaleco antibalas dirigiendo la operación. (Araujo fue detenido sin derecho a fianza el 5 de octubre). En sus declaraciones ha dicho que estaba ahí porque había ido a visitar a su mamacita que estaba cerca.

–¿Por qué esta estrategia?

–Porque nos tratan de desacreditar. Niegan el intento de asesinato, que estuve secuestrado. Ahí están las pruebas, ahí están los muertos, los registros de las telecomunicaciones de las radiopatrullas con la orden maten a Correa. ¿En una protesta policial por mejoras salariales tratas de tomarte las antenas de televisión, la televisora oficial, cierras el aeropuerto? Creo que con estas mentiras están cayendo en ridículo. En buena hora.

De La hoguera bárbara y la cercanía de la muerte

–Estos días, a propósito del plan B, el del magnicidio, hay quienes han recordado el libro La hoguera bárbara, sobre el brutal asesinato, hace un siglo, de Eloy Alfaro.

–El relato de Alfredo Pareja sobre cómo arrastraron hasta la muerte a nuestro líder liberal. No, no me voy a comparar con Eloy Alfaro, el único que ha hecho una verdadera revolución en este país y que para nosotros es una inspiración. Pero esto que pasó el 30 sí tuvo mucho de bárbaro. Vengo de visitar a un niño que a tres cuadras de aquí fue herido ese día. Estos desalmados le dieron 17 balazos a una ambulancia, hirieron al conductor y al asistente y en esa balacera una bala le atraviesa la pierna al menor.

–¿Qué pasó por su cabeza, pensó que de verdad podía morir?

–Sí, claro, no en uno, sino en varios momentos. Ahora sé que cuando a mí me llevaban al hospital, entre los gases y los sublevados que me golpeaban, el director del Hospital de la Policía (César Carrión) mandó poner candados para que no pudiéramos entrar. La seguridad mía tuvo que rastrear el área, penetró por otro lado, quitaron los candados y abrieron. Luego declaró a CNN que yo no estuve secuestrado, sino que estuve perfectamente atendido.

“¿Cual es la verdad? Que cuando nos llevan a emergencias no nos dejan salir, tuvimos que refugiarnos en el tercer piso con la poca seguridad que tenía en ese momento y cerramos la puerta. La quisieron tumbar. Siempre estuvimos acorralados, hasta que llegó una unidad de elite a darnos resguardo.

Hubo tres o cuatro momentos en que sí sentí la muerte muy cerca. Uno, cuando golpeaban la puerta del tercer piso estos salvajes para buscarnos. No nos venían a saludar, ¿verdad? Y después…

Correa se detiene unos segundos, da un gran suspiro. Es notorio que está reviviendo momentos de gran intensidad. Se repone instantáneamente y sigue:

“Después viene mi seguridad y me dice que interceptó comunicaciones con la orden de matarme, que ya vienen, están subiendo francotiradores. Se oía la balacera. Yo lo único que hice fue rezar un padrenuestro y acostarme en el piso de la habitación.

“Otro momento fue durante el rescate. Balas por todos lados. Llegaron a rescatarme en una silla de ruedas, tengo 25 puntos en la rodilla de la última operación. No se podía salir por la puerta principal. Tuvieron que esconderme unos 10 minutos en un cuartito de limpieza, oscuro. Dieron la orden de salir por atrás y ahí también nos balearon. Con todo mi equipo sentíamos la muerte muy cerca, pero hubo mucha serenidad.

–Perdón por la pregunta, pero ¿qué sintió?

–Más que miedo, una indignación enorme por la traición. Y tristeza. Si me tocaba morir dejaba este proceso a medias, dejaba a mi familia, mis hijos. (sacude la cabeza casi imperceptiblemente.)

Hubo cinco muertes y decenas de heridos entre mi gente. Es un verdadero milagro que esté vivo, porque ¡cómo nos dieron bala!

–Políticamente, ¿cómo se siente ahora? ¿Cuales son las perspectivas de su proyecto?

–Dicen que el 30 de septiembre hubo una victoria porque aumentó nuestro índice de popularidad. Pero yo me siento un perdedor. Renunciaría a esos puntos de popularidad si pudiera volver a la vida a estos jóvenes que murieron ese aciago día. Tengo a mi escolta en un hospital en Estados Unidos. Dios quiera que no quede parapléjico. Todos perdimos.

–¿Es hora de cambiar, de frenar la revolución o, por el contrario, de radicalizar algunas medidas?

–Por supuesto, radicalizar. ¿Cambiar qué, por qué? Si tenemos más apoyo que nunca. No podemos claudicar ante balas asesinas. Sería traicionar a los que murieron ese día, a esa ciudadanía heroica que salió desarmada a defender la democracia. Reconciliar con criminales es imposible, eso sería permitir la impunidad. Vamos a continuar. Aún más: radicalizaremos la revolución.

Written by Eduardo Aquevedo

25 octubre, 2010 at 20:48

Represión y Niños mapuches: ¿Quién escuda qué? (José Aylwin)

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3 November, 2009

 

Por José Aylwin*

www.observatorio.cl

Mapuches: Acusaciones de uso de niños como escudos humanos son un montaje

El subsecretario del Interior, Patricio Rosende, afirmó en días pasados en relación a los hechos de violencia policial que han afectado a niños mapuche en el sur que "… algunos dirigentes mapuches utilizan a niños y a mujeres como escudos". Rosende, en el estilo autoritario que ya es característico en quienes ocupan su función, agregó que los "niños deben estar al margen, los conflictos de esta naturaleza se resuelven entre adultos, a través del diálogo y la conversación, no con niños de por medio", llamando a denunciar estas situaciones para que sean investigadas.

El general Hero Negrón, jefe de zona de carabineros en la Araucanía, a su vez, aún cuando reconoció que existen situaciones especiales, como denuncias de niños heridos durante disturbios, sostuvo que éstos "han sido producto de menores que atacan a carabineros o, en caso contrario, han sido puestos por delante durante los cumplimientos policiales generados por órdenes judiciales".

El Mercurio en su edición del lunes 2 de noviembre se suma a la denuncia de Rosende con un extenso artículo sobre la supuesta utilización de niños mapuche como escudos frente a situaciones de protesta. Manipulando la información de manera burda, como suele hacerlo este medio, ilustró la noticia con una foto de niños mapuche que participaron, junto a más de mil personas provenientes de comunidades de la Araucanía, en una marcha por la paz en Temuco el 23 de octubre pasado.

Al respecto cabe señalar, en primer término, que la denuncia que realizan las autoridades antes referidas, a las que se suma El Mercurio, no corresponden a la realidad. En efecto, en el trabajo de documentación que desde el Observatorio hemos desarrollado en los últimos años de las situaciones de conflicto interétnico que se viven en la Araucanía -que involucran a comunidades mapuche y efectivos policiales-, no hemos constatado un solo caso de niños mapuche que hayan sido utilizados por las comunidades a las que pertenecen como escudos humanos.

En efecto, de los 12 casos de violencia que han afectado a un número bastante mayor de niños y niñas mapuche verificados en la Araucanía entre octubre de 2007 y octubre de 2009, en ninguno de ellos se puede constatar situaciones de utilización de los menores por parte de los adultos como escudo humano. Por el contrario, en todos los casos se constata que ellos han sido objeto de tratos crueles y degradantes, incluyendo golpizas, insultos y amenazas, proferidas por efectivos policiales de carabineros, o han sido heridos como consecuencia del disparo por éstos de perdigones, balines de goma, o bombas lacrimógenas. En todos estos casos, además, los niños y niñas mapuche se encontraban en sus hogares, o en el desarrollo de actividades cotidianas de las comunidades, acompañando a sus padres o por si solos en el cuidado de animales o faenas agrícolas.

En cinco casos de violencia imputable a carabineros que afectaran a niños y niñas mapuche en esta región en octubre pasado, tampoco constatamos el fenómeno que se denuncia. En contraste con lo señalado por Rosende, el común denominador en ellos ha sido la actuación desproporcionada, abusiva y discriminatoria de los efectivos policiales involucrados, quienes, en abierta violación de la ley y de los reglamentos que rigen su actuación, así como de tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, entre ellos la Convención de Derechos del Niño y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, han puesto en peligro la vida e integridad física y síquica de niños inocentes. En uno de estos casos, ocurrido el 5 de octubre pasado en la comunidad de Rofue en Padre las Casas, el niño F.P.M. de 14, luego de ser golpeado y recibir impactos de perdigones de carabineros en momentos en que se encontraba en actividades no relacionadas con conflictos de tierras, fue subido a un helicóptero del GOPE y amenazado con ser lanzado al vacío si no denunciaba nombre de integrantes de la comunidad.

Tanto el Subsecretario Rosende, como el general Negrón, no pueden alegar desconocimiento de esta realidad, puesto a que diversas entidades nacionales e internacionales, incluyendo el Observatorio Ciudadano, les hemos proporcionado información, ya sea verbal o escrita, sobre estos casos de violencia policial, instándolos a su investigación y sanción.

¿Qué hay detrás de estas denuncias entonces? Lo que está detrás de ellas, lo que se quiere esconder con ellas, es la responsabilidad de los agentes policiales del Estado en la violación de Derechos Humanos, en este caso de niños y niñas mapuche. Lo que se pretende escudar con ellas -utilizando la terminología de las autoridades- es la impunidad administrativa en que el alto mando de Carabineros, así como las autoridades gubernamentales de quienes dependen, han dejado los delitos cometidos por los funcionarios policiales en estos casos, a pesar de existir procedimientos administrativos para su investigación y sanción. Lo que se escuda, además, es la impunidad en que los tribunales militares han dejado los mismos hechos, dada su absoluta falta de imparcialidad para juzgar delitos que involucran a integrantes de las filas de las instituciones armadas, como lo son carabineros.

La preocupación de la comunidad internacional frente a la situación de los niños indígenas afectados por el actuar policial no es nueva. Ya el 2007 el Comité de Derechos del Niño de la ONU constataba la existencia de situaciones de brutalidad policial de la que eran víctimas niños indígenas, instando al Estado chileno a poner término a esta situación a través de acciones tanto preventivas como correctivas. Aunque en años posteriores dicha preocupación fue reiterada por el Comité Contra la Tortura y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el actuar policial abusivo en contra de los mapuche, incluyendo niños, se repite, sin que se desarrollen las investigaciones y adopten sanciones frente a ellos.

Sin negar las complejidades que tiene un conflicto como el que hoy se vive entre el pueblo mapuche y el Estado chileno en la Araucanía, en donde existen situaciones de violencia imputables a los distintos sectores en pugna, el Estado no puede excusar su rol de garante del bien común y de los derechos humanos so pretexto de la acusación infundada sobre supuesta utilización de los niños mapuche por los adultos que están a su cuidado. Menos aún puede esconder o escudar su responsabilidad en las violaciones a derechos de los niños mapuche, que son imputables a sus agentes policiales, con acusaciones infundadas. Hacerlo no solo es impropio de una democracia, sino que además, es inmoral.

Para generar el diálogo y la conversación entre adultos al que sub secretario Rosende llama, lo primero que cabría hacer es hablar con la verdad. Lamentablemente en este caso, no lo hace.

*José Aylwin es abogado, co director Observatorio Ciudadano.

Mapuches: Acusaciones de uso de niños como escudos humanos son un montaje

Preocupación genera la denuncia de que menores mapuches serían utilizados para repeler a carabineros, según aseveró el subsecretario del Interior. Loncos y werkenes aseguran que estas imputaciones son falsas, mientras entidades ciudadanas recalcan el excesivo uso de la violencia por parte de las policías y la Unicef anuncia mesa de diálogo.

Por Raul Martinez, Radio U. de Chile, martes 03 de noviembre de 2009

Como parte de un montaje calificó el lonko de Temocuicui Histórico, Juan Catrillanca, la aseveración del subsecretario del Interior, Patricio Rosende, en el sentido de que los comuneros están utilizando a niños como escudos humanos cuando se enfrentan a carabineros.

Sin embargo, en el gobierno insisten en que hay imágenes, fotos y videos, los que fueron dados a conocer al Senado en una sesión la semana pasada, como comentó el ministro del Interior, Edmundo Pérez, quien reiteró que aún analizan la petición de más policías para la zona en conflicto.

“Lo que Rosende mostró en la comisión del día martes pasado en el Senado, en una sesión que era reservada, es material policial que se entrega a las fiscalías. Nosotros nos hemos reunido varias veces sobre eso, son temas que se analizan técnicamente, que están en manos del subsecretario, si es necesario por cierto que se va a reforzar la dotación, pero ahora estamos solamente en un tema de rotación”.

Es decir, por ahora se hacer un cambio cada cierto periodo de los contingentes de fuerzas especiales y otros grupos operativos de carabineros, quienes son trasladados permanentemente, según algunos cálculos a un costo de varios millones de dólares al año como por ejemplo ahora por la instalación de cámaras en la carretera que tendrá un valor de 3 millones y medio de la moneda norteamericana.

Mientras, desde el Observatorio Ciudadano se critica la actuación de la policía, la que ha hecho un uso excesivo de la violencia, afectando a toda la comunidad que es objetivo de un allanamiento, lo que incluye disparos en las piernas para hacer caer a los comuneros, según comentó el investigador de esta entidad, Blas Pantel.

“Nosotros constatamos que hay una violencia en el actuar de carabineros en las comunidades mapuches que de manera indiscriminada usan los balines o los perdigones en las piernas para hacer caer a la gente sin saber que es el comunero que están buscando. Nosotros hemos acompañado a nueve comuneros que fueron al hospital en Temuco a constatar y sanar las heridas. Lo que nosotros condenados es la violencia de los allanamientos en las comunidades  mapuches de parte de los agentes del Estado”.

La violencia que se registra en la zona es suficiente para alterar la vida de niños según han expresado especialistas e incluso en la propia Unicef, cuyo representante para Chile, Gary Stahl, sostuvo hoy una serie de reuniones con autoridades de La Araucanía para conocer hasta dónde se ha pasado a llevar la Convención para los Derechos de los Niños suscrito por Chile, en el denominado conflicto mapuche.

Luego de conversar largamente con el intendente subrrogante, Cristian Dulansky, el representante de la Unicef en Chile aseguró que “lo que no está funcionando adecuadamente son las instancias de denuncias e investigación respecto a la violencia contra los niños”.

Stahl sostuvo que seguirá recogiendo antecedentes para saber qué está ocurriendo con los menores de edad en La Araucanía y que se reunirá con todos los actores involucrados. Además anunció que se formará una mesa de diálogo, entre el gobierno y representantes de la sociedad civil, que definirá la Unicef, donde se espera recabar más información y realizar las denuncias correspondientes.

Written by Eduardo Aquevedo

3 noviembre, 2009 at 13:16

Chile: la represión anti-mapuche continúa…

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El doble estándar de carabineros

El doble estándar de carabineros

Poco parece importar además a la autoridad policial, y a la autoridad civil a cargo de la fiscalización de sus actuaciones, las recomendaciones de diversos órganos de tratado, como el Comité de Derechos del Niño, el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, las que han instado reiteradamente al Estado chileno a poner freno a este tipo de conducta policial violatoria de derechos humanos.


José Aylwin*

A comienzos de  mes  tres carabineros de la 20º Comisaría de Puente Alto fueron dados de baja por la institución tras conocerse un video que dejara en evidencia la brutal golpiza que propinaron a un joven a la salida de una discoteca.

La exoneración de efectivos de carabineros por parte de la institución frente a hechos delictivos en que éstos resultan involucrados, no es nueva.  En lo que va corrido del año 24 carabineros han sido dados de baja por el alto mando institucional por su involucramiento en diversos delitos, incluyendo casos de robo, la participación en redes de corrupción, trata de blancas, y de violencia innecesaria en contra de población civil.

Por cierto es valorable que las autoridades de carabineros, haciendo uso de sus facultades legales y reglamentarias, pongan término a las funciones de los efectivos que se ven involucrados en este tipo de hechos criminales.  Ello, particularmente, teniendo presente las limitaciones del sistema judicial chileno para juzgar los delitos que cometen los integrantes de las fuerzas armadas y de orden, los que, al amparo de la legislación vigente, son de competencia de la justicia militar.

Llama la atención, sin embargo, que las autoridades de carabineros, así como las autoridades civiles a las que compete fiscalizar su actuación, no adopten medidas similares frente a hechos delictivos de igual o mayor gravedad que cometen miembros de esta institución en contra de población indígena.

Como sabemos, tres personas mapuche han muerto en los últimos años como consecuencia del actuar abusivo de carabineros.  Dos de ellos, Matías Catrileo el 2008 y Jaime Mendoza Collio el 2009, fallecieron como consecuencia de disparos efectuados por efectivos de carabineros por la espalda de las víctimas.  En el último caso, informes periciales dan cuenta de que los impactos del chaleco antibalas del carabinero involucrado fueron realizados con posterioridad a los hechos que causaron la muerte de Mendoza Collio, dejando en evidencia que fueron auto provocados.

Ninguno de los efectivos involucrados en estos hechos ha sido dado de baja por la institución.  Tampoco las autoridades de carabineros a cargo de estos operativos han sido investigadas o amonestadas por sus superiores.  El general Llevenes, Jefe de Zona de la Araucanía a cargo del efectivo que causó la muerte de Mendoza Collio, cuya renuncia había sido solicitada por entidades de derechos humanos por su ocultamiento de la verdad en este caso, fue trasladado recientemente a la región de Magallanes para seguir desempeñando allí la misma función que en la Araucanía.

En  días pasados nuevos hechos de violencia imputables a carabineros afectaron otra vez a la población mapuche, en esta ocasión a niños.  El primer caso ocurrió en Temucuicui, en la comuna de Ercilla, donde F.M.M., de 10 años de edad, fue herido por balines cuando se encontraba cuidando animales de su familia, siendo derivado en un centro asistencial de Victoria.  El segundo ocurrió en la comunidad de Rofue en la comuna de Padre Las Casas, y afectó a F.P.M. de solo 14 años de edad.  El menor fue interceptado por carabineros que se desplazaban en helicóptero en su comunidad el día 5 de octubre pasado, en momentos en que recolectaba plantas medicinales junto a un machi.  El niño, que por temor intento huir de la policía, fue reducido con perdigones que impactaron su pierna y espalda.  Luego de botarlo al suelo y golpearlo, fue subido por los efectivos policiales al helicóptero, desde donde en vuelo, amenazaron con lanzarlo al vacío sino daba los nombres de las personas de la comunidad involucradas en una acción de recuperación de tierras que se desarrollaba en ese momento.

Poco parece importar además a la autoridad policial, y a la autoridad civil a cargo de la fiscalización de sus actuaciones, las recomendaciones de diversos órganos de tratado, como el Comité de Derechos del Niño, el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, las que han instado reiteradamente al Estado chileno a poner freno a este tipo de conducta policial violatoria de derechos humanos.

Nos preguntamos ¿qué sostiene este doble estándar de carabineros? ¿Es que la vida o la integridad física de un mapuche importa menos que la propiedad o dignidad de un ciudadano no indígena?  A juzgar por los hechos, en el Chile del bicentenario al que con insistencia se nos convoca, lamentablemente es así.

*Abogado, Co-Director del Observatorio Ciudadano

El error de aplicar la Ley Antiterrorista contra los mapuches

El error de aplicar la Ley Antiterrorista contra los mapuches

El pueblo mapuche no será intimidado por la aplicación de leyes abusivas. Más vale destinar el grueso del esfuerzo a reparar las injusticias.

Por Raúl Sohr*

La Ley Antiterrorista, invocada una vez más por el gobierno para combatir la violencia en la Araucanía, fue concebida bajo un régimen dictatorial. Ésta es una ley deliberadamente vaga y confusa. El propósito de esta ambigüedad es permitir la mayor discrecionalidad a quienes la aplican. El calificativo de terrorista se aplica cuando “el delito se cometa con la finalidad de producir en la población o en parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos”. Resulta, entonces, difícil apreciar su diferencia de la delincuencia pura y simple.

En un plano más operativo se señala que constituye un acto terrorista “colocar, lanzar o disparar bombas o artefactos explosivos o incendiarios de cualquier tipo, que afecten o puedan afectar la integridad física de personas o causar daño”. Con dicha definición es posible enjuiciar por terrorismo a varios movimientos sociales que se han visto involucrados en enfrentamientos violentos, como por ejemplo los estudiantes encapuchados que lanzan molotov, los trabajadores tercerizados que incendian autobuses, los pescadores artesanales que levantan barricadas y queman bienes públicos.

En todo el mundo hay protestas violentas. Ellas ocurren en forma regular en las grandes cumbres de los mandatarios de los países ricos, en su variedad de encuentros G (G-7, G-8 e incluso G-20). Las imágenes muestran a jóvenes con rostros velados por bufandas, pasamontañas o kefias que lanzan artefactos incendiarios de “cualquier tipo”, que pueden afectar la integridad física de personas o causar daño.

Los hechores que transgreden la ley reciben las sanciones establecidas. Pero no se les aplica la draconiana legislación reservada para el terrorismo, considerado como una de las mayores amenazas contra la sociedad. Sería aberrante aplicar la misma legislación a jóvenes que protestan contra las falencias del sistema y a terroristas suicidas que detonan bombas sin miramientos por cientos de vidas inocentes. Un sistema democrático debe distinguir entre la protesta social, aun si emplea métodos violentos, y un movimiento empeñado en la aplicación del método terrorista.

La mayoría de los chilenos admite que las raíces de las reivindicaciones del pueblo mapuche son profundas. La deuda histórica del Estado con sus primeros pobladores no ha sido ni remotamente pagada. En Australia, Canadá y otros países, diversos gobiernos han pedido perdón por los abusos cometidos. Ese día también llegará y cuanto antes mejor. Dicho sea de pasada, las autoridades dicen que es una pequeña minoría de mapuches la que se moviliza detrás de los actos violentos. Ello puede ser así en un estricto sentido de militancia. Pero también es claro que muchos mapuches que no participan en acciones políticas consideran a los caídos como mártires de su causa.

En estricto rigor son mapuches los que han muerto acribillados, no carabineros o agricultores. Son los indios los que reciben las palizas, ellos son víctimas de secuestros e intimidaciones que incluso alcanzan a menores. Pero es a ellos a quienes se acusa como únicos responsables del conflicto de la Araucanía.

El Estado chileno tiene una infinita batería de leyes y recursos para mantener el orden. Aplicar la Ley Antiterrorista, que en forma automática triplica las penas, representa un acto discriminatorio que sólo agravará el conflicto. Ante las luchas sociales no es el monto de la represión, sino su eficacia la que marca la diferencia. Un conflicto que se arrastra por siglos no se resolverá en algunos meses o años. El pueblo mapuche no será intimidado por la aplicación de leyes abusivas. Más vale destinar el grueso del esfuerzo a reparar las injusticias. Frente a la violencia sólo cabe aplicar la ley vigente para todos los habitantes de este país.

* Columnista Diario La Nación

Written by Eduardo Aquevedo

22 octubre, 2009 at 1:34

El conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche…

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Por Mariela Vallejos / La Araucanía / La Nación Domingo

chile-mapuches1 La araucanía tras el homicidio de Mendoza Collío

La mil caras del conflicto mapuche

Mapuches con palos en alto en actitudes amenazadoras. Numeroso contingente policial en tenida de combate. Agricultores que lamentan la pérdida de sus bienes. Autoridades que llaman a la calma y acotan el conflicto a menos de una decena de comunidades de un total de más de 1.800. Dirigentes que afirman que el 80% de su pueblo está detrás de ellos. La Nación Domingo estuvo esta semana en la Araucanía. Pase, lea y medite.

Hace frío en Temuco, pero los muchachos no lo sienten. Transpiran empujándose y corriendo en el patio del campus, mientras sus compañeros y profesores los observan sorprendidos.

Nos es habitual que los alumnos de la Universidad Católica practiquen el ancestral juego mapuche del palín. Menos sobre pavimento, en horas de clase y bloqueando una vereda concurrida.

A través de la ventana de su oficina, el padre Fernando Díaz, coordinador de la Pastoral Mapuche de la Zona Sur, observa atentamente: "Esto no es un juego- advierte con una sonrisa algo tensa-. Es una provocación". ¿Y a quién quieren provocar los estudiantes? El sacerdote no tiene dudas. "A toda la comunidad, a Chile", responde.

CHILE-MAPUCHES3 Tras el homicidio a manos de Carabineros del comunero mapuche Jaime Mendoza Collío, hay indignación en el campus de la Católica.

En la Universidad de La Frontera la situación es parecida. Hay asambleas, consignas y letreros y, prácticamente, no se habla de otra cosa.

Por otra parte, los medios muestran una Araucanía en creciente conflicto, con imágenes de policías que se enfrentan a pandillas de jóvenes que arrojan piedras y huyen a campo traviesa.

Organismos internacionales denuncian exceso de violencia policial, militarización del conflicto, aplicación de la Ley Antiterrorista y de justicia militar y planes de restitución de tierras que no se cumplen.

La Presidenta envía una comisión especial de alto nivel a la región, y el gobierno dice que en un total de mil 851 comunidades, siete están en conflicto.

Sin embargo, lonkos de la Alianza Territorial afirman desde Ercilla que su movimiento representa al 80 por ciento de las comunidades de la zona.

¿Cuál es la real magnitud del conflicto? En opinión del dirigente PPD y consejero de Conadi, Hilario Huirilef, "es difícil saber, pues no se pueden verificar las distintas versiones".

Agrega que lo que sí se nota es frustración y decepción. "Vemos que el Estado no tiene ninguna intención de cambiar nada. Que el reconocimiento constitucional (promulgación del Convenio 169 de la OIT que reconoce la existencia de los pueblos originarios en la legislación chilena) es una especie de blanqueamiento de imagen del Estado de Chile ante los organismos internacionales", explica. Y recomienda que "para reanudar el diálogo, lo primero que debe hacer el Estado de Chile es reconocer su violencia, pedir perdón y desarrollar una política especial para nuestro pueblo".

El dirigente afirma que mientras el gobierno destina 3 mil quinientos millones de pesos a mejorar el acceso a Temuco, en zonas rurales no se asigna fondos para mejorar rutas al interior de comunidades, pues se las considera propiedad privada.

"El comunero tiene que gastar 5 mil pesos para salir de su casa por un camino de barro a hacer un simple trámite a Temuco", se queja.

"La restitución de tierras se atrasa, tenemos gente esperando desde 2001, faltan becas, hogares, oportunidades de desarrollo, créditos. Y cuando los comuneros protestan con piedras, les disparan por la espalda, y el gobierno no hace nada".

La intendenta Nora Barrientos sale al paso de las acusaciones: "Gran parte de la presencia de Carabineros en la zona tiene que ver con mandato del Ministerio Público y no del gobierno regional. Estamos conmocionados con la muerte del joven Mendoza y rechazamos la violencia. La fiscalía está investigando y se aplicarán las sanciones que la justicia determine", subraya.

Tras reunirse con la comisión especial enviada por la Presidenta, Barrientos descarta que la Araucanía esté "en llamas", insistiendo en que los hechos de violencia, aunque graves, son aislados: "Hay unas 2 mil 800 comunidades indígenas entre Biobío y Arauco.

Y en este momento tenemos siete, todas en Ercilla, con las cuales no es posible el diálogo", asegura. Según la autoridad, es importante mantener la perspectiva: "Seguimos avanzando en el pacto Re-Conocer, impulsado por el gobierno, que está funcionando bien y muestra que gran parte de las comunidades mapuches se desarrollan en paz.

Me reúno casi todos los días con algún representante de comunidades con las cuales trabajamos. Ellos dialogan con nosotros porque reconocen los avances de las políticas del gobierno", asegura.

Barrientos sostiene que, pese a los incidentes de violencia, las políticas públicas en Ercilla siguen el plan trazado, y destacó la edificación de escuelas mapuches y la construcción de más de 3 mil kilómetros de camino en el sector.

"Estamos asignando unos 4 mil 500 millones de pesos de aquí al 2010 para la concreción de proyectos", subraya.

Sin embargo, los líderes mapuches difieren. Carlos Curinao, lonko de la comunidad Guañaco Millao, perteneciente a la Alianza Territorial (AT), es terminante: las comunidades mapuches alzadas "no son una minoría", y asegura: "Hace unos días éramos treinta comunidades, y después de la muerte de nuestro hermano (Mendoza Collío) nuestro movimiento ya incluye al 80 por ciento de las comunidades. La CAM y los universitarios nos apoyan".

José Naín, también de la AT, anuncia que mañana el movimiento hará una manifestación en Temuco para exigir que el gobierno pida perdón a la familia de Mendoza Collío y se comprometa a compensarla por su pérdida.

Desde el 23 de julio, la AT está promoviendo tomas. Los enfrentamientos con la policía, enviada a desalojar los recintos, han terminado con comuneros y efectivos heridos.

Un autobús interprovincial y dos camiones fueron atacados por encapuchados cerca de Temuco, por la CAM. En respuesta, el gobierno presentó una querella invocando la Ley de Seguridad del Estado.

Funcionarios del gobierno regional admiten un aumento de las demandas mapuches previo a la muerte de Mendoza Collío y lo atribuyen al período electoral.

Hablan de "tomas mediáticas", para forzar nuevas compras de tierra antes de un eventual cambio de gobierno, e incluso llaman la atención sobre colusiones entre comuneros y propietarios, una de ellas detectada por el diario Las Noticias de Victoria.

Éste publicó una entrevista con el comunero Victor Huenchupán, quien admite haberse puesto de acuerdo con un propietario de tierras para tomar un predio y lograr así que la Conadi lo comprara: "La Conadi no compraba, indicando para ello que no contaba con fondos. Por eso- y de común acuerdo con Paulsen hijo (dueño de la tierra)- procedimos a tomarnos los terrenos y, de esa manera, luego de 14 años, la Conadi nos compró 130 hectáreas", reconoce el comunero, hijo de un lonko de la zona.

Mediáticas o no, las tomas dan cuenta de un proceso que exige atención. El antropólogo socialista Eugenio Alcamán propone "acelerar la respuesta del Estado a las legítimas demandas de tierra basadas en títulos legales o ancestrales" y valora la pronta promulgación del Convenio 169 de la OIT.

"Establece la consulta a las comunidades para aprobar nuevos proyectos de inversión. Permite exigir indemnizaciones, mitigación de daños y participación en los beneficios a las comunidades afectadas o involucradas", enumera.

ONG regionales afirman que muchos predios ocupados en las últimas semanas por los mapuches llevan años estancados en el proceso de adquisición a través del Fondo de Tierras y Aguas de Conadi.

El presupuesto asignado para ello en los últimos 15 años es algo más de US$150 millones de dólares. Parece mucho. Pero en la ONG Observatorio Ciudadano contrastan esta cifra con "el presupuesto asignado por el gobierno a otras políticas públicas, el cual es muchísimo mayor".

Uno de sus directores, el abogado José Aylwin, puntualiza que "sólo este año, el gobierno de Chile adquirirá armamentos en EEUU por US$275 millones".

Los fondos destinados a tierras se vuelven insuficientes para cubrir las necesidades, acota Aylwin. "Como lo denunció la Presidenta, el Estado termina pagando tres veces más de lo presupuestado porque hay gente que está lucrando a costa del conflicto", añade.

Según el abogado, de las 115 comunidades priorizadas por el gobierno, a la fecha sólo 36 han recibido solución debido al alza de precios de la tierra.

Aunque la ministra Carolina Tohá dijo que el gobierno analiza hacer una compra masiva de predios para bajar los valores, Aylwin es más drástico y propone que el Estado recurra a la expropiación: "Se trata no sólo de un mecanismo cuya validez jurídica es inobjetable, sino además, de uno que utiliza el Estado con frecuencia en territorios indígenas para materializar proyectos de inversión carreteros o hidroeléctricos. Su utilización en favor de los mapuches daría cuenta de una nueva actitud del Estado para responder a las legítimas demandas de sus comunidades", sostiene.

Pero el gobierno señaló que no está considerando esta opción por ahora.

En Temuco, la intendenta Nora Barrientos insiste en que el gobierno busca activamente soluciones, pero no negociará con quienes recurran a la violencia para presionar a la autoridad.

Aseguró que se mantendrá el cronograma ordenado por la Presidenta Bachelet, para que la Conadi adquiera otros 91 fundos, que se sumarán a los 31 ya adquiridos, de acuerdo a un mecanismo técnico que es necesario respetar".

Por su parte los dirigentes de la Sociedad de Fomento Agrícola (SOFO), de Temuco, llamaron al gobierno a aplicar la Ley de Seguridad del Estado, con el objeto de "imponer el orden".

Respecto de las denuncias del gobierno, Gastón Caminondo, presidente de esta entidad, dijo que "no es responsable" intentar atribuir las alzas de precios a los agricultores. Hay gente que no quiere vender y que por causa del conflicto se ven obligados".

Agrega que en la zona "no hay interés de los privados en comprar tierras donde hay problemas, por lo que el único que puede comprar es el gobierno", y llamó a la autoridad a enfocar su atención en las negociaciones que hace la Conadi en la región.

Cae la tarde y comienza a llover en el campus de la Universidad Católica. Los estudiantes recogen sus palos de chueca y se van a una asamblea. Las discusiones sobre qué hacer están recién comenzando.

¿Hora de agudizar las contradicciones? "Si no nos hacemos cargo del giro que están tomando las cosas, el conflicto se mantendrá y crecerá", mueve la cabeza el padre Díaz.

"¿Sabe que en los allanamientos a los mapuches les quitan los zapatos para comprobar las marcas que pudieran dejar sus suelas. Les revuelven todas las cosas, les quitan cuchillos de cocina. No les devuelven nada. Es humillante. ¿Quién va a defender a esas personas?", pregunta. Y se responde: "Los mapuches de hoy ya no son como antes. Hoy ya no se dejan humillar. Están recomponiendo su tejido social".

Ex ministros Mideplan

Clarisa Hardy: “La temática indígena no puede ser abordada, ni resuelta, con la actual institucionalidad. Por una parte, la Conadi es un servicio que ya no responde a la lógica de la compleja problemática indígena y, por otra, hay una deuda del Estado chileno (no del gobierno) con la demanda de reconocimiento de los pueblos indígenas”.

Andrés Palma: “Hay gente que quiere agudizar el conflicto, porque políticamente es rentable y hay gente también que quiere resolver los problemas de fondo. Yo creo que vamos a ganar los que queremos resolver el problema de fondo. La Presidenta Bachelet desarrolló el Programa Re-Conocer, que es la implementación del nuevo trato con los pueblos indígenas. El reconocimiento constitucional está pendiente y se avanzó con el Convenio 169, que se aprobó con el actual gobierno”.

Alejandra Krauss: “Esto no tiene que ver, única y exclusivamente, con políticas de gobierno. Si uno circunscribe el conflicto mapuche a un tema de un programa de gobierno, este país va a seguir teniendo estos conflictos y muchos otros. Éste no es un problema en el que haya fallado el gobierno. Es la sociedad, y Chile entero, quien tiene una deuda con el pueblo mapuche. Debemos reconocer que somos un pueblo multicultural, multiétnico”.

Roberto Pizarro: “Los gobiernos de la Concertación han fracasado sistemáticamente en relación al tema mapuche. No han respetado los derechos ancestrales u originales del pueblo mapuche. Todos esos resentimientos se convierten en rabia y eso, a su vez, en movilización y protesta. Por otra parte, los gobiernos reaccionan en contra de la protesta, militarizando la Araucanía, reprimiendo y por eso es que tenemos conflicto. El tema no solamente es una cuestión de tierra, sino que hay una problemática cultural”.

Inclusividad: “Tenemos la convicción de que avanzar en los derechos indígenas tiene que ver con fortalecer nuestra democracia, y esto es hacernos corresponsables de cómo construimos una sociedad más inclusiva. Me siento interpretada por las palabras del obispo (Vial) cuando convoca a toda la sociedad. Vivo hace 20 años aquí y me llama la atención el contraste evidente, y la actitud muy frecuente de discriminación en la relación entre los ciudadanos de la Araucanía. Hay barrios segmentados, espacios donde hay solamente mapuches. Hay una sociedad construida desde la fuerza que no reconoce todavía la identidad que la constituye. Cambiar nuestra cultura tomará tiempo. Una demanda muy sentida del pueblo mapuche es que se fortalezca el Fondo de Tierras, pero se tiene que complementar con otras políticas de inclusión. Esto no significa que los habitantes de la Araucanía que no tienen ascendencia mapuche tengan que irse de esta región o que sus inversiones corran riesgos. Todos podemos vivir en esta sociedad multicultural”.

Intendenta Nora Barrientos.

“Queremos eliminar la discriminación en paz”: A través del programa Orígenes, la comunidad Antonio Curapil (10 kilómetros hacia la costa de Temuco) acaba de construir un centro comunitario. A la fiesta de inauguración asisten dirigentes de otras comunidades cercanas, autoridades regionales y el alcalde de Temuco. Dos machis inician una rogativa, que culmina con cánticos. Ocho niños bailan danzas ancestrales y los visitantes se reúnen a almorzar al interior de la sede. “Estamos muy orgullosos de servir a nuestra comunidad”, afirma el lonko Armando Catrileo con una copa en la mano. “Todos sabemos que no ha sido fácil llegar hasta aquí. Nos peleamos muchas veces con las autoridades -ríe-, pero aquí estamos. Logramos construir la sede. Todavía hay discriminación en esta zona, pero queremos trabajar juntos en paz para eliminarla”.

Criminalidad

“El Estado chileno está criminalizando la demanda indígena sin darse cuenta de que es una demanda legítima y creciente. No pueden seguir cabiendo en la sociedad como mano de obra barata; empleada doméstica y para el cuoteo político en que se les reparte migajas. ¿Se construye Ralco? Migajas. ¿Un aeropuerto? Migajas. ¿Un bypass? Migajas. El Estado construye macro proyectos que enriquecen a grupos conocidos y a la comunidad indígena le queda contaminación y marginalidad, asentamientos irregulares y propiedad fragmentada en que se les ahorca espacialmente. Uno se pregunta por qué la buena vida se la pueden dar sólo los que tienen una parcela a orillas del lago Caburgua. Y las comunidades que han vivido siempre así no tienen derecho a una vida decente y limpia”.

Sacerdote Fernando Díaz, coordinador de la Pastoral Mapuche de la Zona Sur.

Dos mensajes sobre Kundera, por V. Havel

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VÁCLAV HAVEL 06/11/2008 kundera1

Yo también recuerdo la época. Recuerdo el ambiente de entonces. Es difícil de explicar. Si miro al pasado, no lo comprendo y a veces hasta me asombro de mí mismo y me pongo colorado. ¿Cómo podía, por ejemplo, usar el término “literatura socialista”, si debía de saber que era una tontería, que no existe literatura socialista ni capitalista, ni puede existir? ¿Cómo podía decir en público cosas diferentes a las que pensaba?

Precisamente ayer, fui a ver la película Tobruk, y me hice la misma pregunta por enésima vez: ¿habría resistido la verdadera lucha? Y en la cárcel me preguntaba a mí mismo muchas veces: ¿qué les habrías dicho y revelado si te hubieran torturado físicamente? Y, por otra parte: ¿qué pensarán los jóvenes historiadores cuando encuentren un apunte donde diga que denuncié a un prisionero? Podría explicarles que ese hombre quería suicidarse y que yo no podía hacer otra cosa para salvarlo que eso, y ellos comprenderán y me admirarán. Mi complicada aclaración adicional quedará, sin embargo, siempre agazapada en un lugar oculto, tras la terrible noticia original sobre mi traición.

Está claro lo que quiero decir: aunque Milan Kundera hubiera ido a la policía a denunciar a un espía, lo cual, en mi opinión no sucedió, hay que intentar -al menos intentar- verlo con el prisma de la época. Uno no tiene que ser un comunista acalorado o un fanático para hacer algo de buena fe, pensando que con eso allana el camino hacia un mundo mejor. Bastaba con dudar de que no fuera una trampa preparada para él o para sus próximos, o incluso estar “casi seguro” de ello. Bastaba con pensar que si no era el héroe de Tobruk simplemente se dijo: ¿por qué debería dejarme encerrar en un campo de concentración durante diez años por “saber y no decirlo”? Los campos de concentración pertenecen a los héroes, no a mí. Digo todo esto, repito, por si hubiera ocurrido lo que dicen los historiadores jóvenes.

Yo, por mi parte, tengo bastantes razones materiales para pensar que Milan Kundera no fue de repente a la comisaría de la policía nacional (SNB) a decir que alguien le había dicho que otra persona le había dicho que a un lugar tal y tal llegaría un espía para recoger una maleta. Creo que no sucedió de un modo tan tonto, ni pudo suceder. Sea como sea, una cosa es evidente: Milan Kundera, ya mayor, estaba inmerso en un mundo completamente kunderiano, del que sabía distanciarse -como persona física- durante años. ¿Qué significa entonces? Para mí, entre otras cosas, lo siguiente: antes de meternos con cualquier cosa, debemos valorar qué puede surgir de ello y si se corresponde con nuestro carácter. Si el protagonista de este suceso fuera un desconocido, y no un escritor de fama internacional, el caso habría pasado inadvertido. En otras palabras: es arriesgado escribir bien y hacerse famoso. Por otra parte, de vez en cuando hay que arriesgarse. Para el bien común. Si la obra de Kundera no existiera, el mundo estaría mucho peor. Pero Milan Kundera estaría hoy -el 16 de octubre de 2008- mucho mejor. Al menos estaría como ese desconocido.

Para terminar, sólo dos mensajes:

1) Jóvenes historiadores, por favor, ¡cuidado a la hora de valorar la historia! Porque, al igual que nuestros abuelos, de buena fe podéis hacer más daño que bien.

2) Milan, ¡ánimo! Un hombre como usted sabe que en su peregrinación por la vida se encuentra con cosas peores que la profanación en la prensa.

Václav Havel es autor teatral y ex presidente de la República Checa.