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Profundizando el “apartheid” educativo chileno, por Mario Waissbluth

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Apr. 26 , 2012

 

 

Los anuncios presidenciales de reforma tributaria no trajeron mayores novedades respecto a lo preanunciado en la semana.  Vamos primero al monto total: entre US$ 700 y US$ 1000 millones anuales adicionales de recaudación. Suena harto… pero es poco. En suma, aumenta la carga tributaria total de Chile desde aproximadamente el 20.0% al 20.3% del PIB. Como referencia, la carga tributaria total de Uruguay es 23%, la de USA es 27%, Canadá 32%, y la de Noruega mejor ni se la cuento no sea cosa que le dé un soponcio.

Se dijo que esta inyección de recursos  es la que resolverá los problemas de la educación. En la Fundación Educación 2020 hemos hecho bastantes esfuerzos por calcular en detalle el costo total de la reforma educativa. Hemos sumado la necesaria ampliación de cobertura y calidad en jardines infantiles (no mencionados hasta hoy), pre-Kinder y Kinder (sí mencionados), más las mejores remuneraciones asociadas a la carrera docente, retiros dignos para los profesores, la resolución de los problemas de la educación pública eliminando los aportes que muchos municipios deben hacer a la educación, la imprescindible disminución del porcentaje de horas lectivas de los profesores, y los todavía insuficientes recursos de la subvención preferencial (aun con los anuncios ya realizados).

Este ejercicio nos arroja una suma que en el mediano plazo asciende a US$3 a 4 mil millones de dólares por año según algunos criterios diferentes de cálculo. Esto NO incluye, repito, NO incluye los recursos necesarios y ya anunciados para la educación superior.

Pero lo que es verdaderamente ofensivo, en realidad intolerable, es el anuncio de deducciones del impuesto a la renta para pagar gastos privados en educación. Se ha repetido hasta la saciedad que esto beneficiará a 1.5 millones de contribuyentes “de la clase media” y esto es, simplemente, falso.

Veamos las cifras. Según datos de la operación renta 2011 del Servicio de Impuestos Internos, el número total de contribuyentes es 8.2 millones. De ellos, 6.6 millones tienen un ingreso tributario promedio inferior a $157 mil mensuales y no pagan impuesto. Otro millón tiene una renta tributaria promedio de $730.000 mensuales, y paga en promedio $11 mil mensuales de impuesto, aunque en realidad de este millón la mitad paga aproximadamente $5 mil mensuales.

Los verdaderos beneficiados por esta medida serán el remanente, es decir 542 mil contribuyentes, los más ricos de Chile, cuyo ingreso tributario va desde $1.4 millones  – que pagan $62 mil mensuales de impuesto –  hasta 21 mil contribuyentes que tienen un ingreso promedio de  $9.5 millones mensuales– y que posiblemente eluden otro tanto – que tributan $2.7 millones  por mes. Según la última CASEN, el 85% de los contribuyentes que pagan impuesto a la renta pertenece a los 3 deciles más ricos y por lo tanto el beneficio será mayoritariamente para ellos. ¿Es esa la “clase media”? Todos en Chile se creen de “clase media”, e ignoran que la verdadera “clase media” de este desigual país, que por lo general no lee la prensa ni twittea, tiene un ingreso per capita de alrededor de $300 mil pesos. Esperaremos entonces ansiosos la “letra chica” de esta regresiva medida.

Peor aún, y poco conocido para la mayoría, ya existe un perverso incentivo tributario en esta materia. Copiaré aquí textualmente los interesantes consejos que da una reciente edición de Economía y Negocios de El Mercurio, llamada “Sepa cómo aprovechar los beneficios de las Cajas de Compensación”. Reza así:  “Un gran atractivo de este sistema es que desde el punto de vista tributario, este tipo de convenios ofrece beneficios tanto para las empresas como para los trabajadores…Pese a que este beneficio es transversal, toma mayor relevancia en personas con rentas más altas, donde el impuesto a la renta tiene mayor impacto… En educación esta alternativa también se vuelve bastante interesante, pues el afiliado puede reembolsar hasta $695.412 al año, por cada hijo que está cursando estudios escolares o superiores. En el caso de que el beneficio esté pactado en un convenio o contrato colectivo, el límite para hijos en la enseñanza universitaria o técnico superior se puede incrementar a $2.549.844″ ¿Habrá estado consciente de este asunto el Presidente cuando elaboró este “paquetito”?

La cosa se pone aún peor. En lo que a Chile le ha ido claramente mal —lo que explica en parte la crisis estudiantil de hoy— es en la segregación social del sistema educativo, expresada por el Índice de Duncan que publica la OECD cuando realiza la prueba PISA. Este índice (parecido al de Gini) no mide la dispersión de los resultados educativos, sino la segregación social entre las escuelas. Así, por ejemplo, en Noruega, el país que obtuvo los mejores resultados en el Índice de Duncan, prácticamente en cada escuela hay una muestra representativa de alumnos según la distribución de ingresos del país. En cambio, en los países con los peores Índices de Duncan del MUNDO, que son precisamente Chile y Perú, hay escuelas en las que sólo estudian hijos de muy ricos, otras en que estudian hijos de ricos, otras en las que sólo estudian hijos de clase media alta, otras para la clase media baja, y otras más en las que sólo estudian hijos de pobres: un verdadero apartheid educativo.

Las escuelas públicas, a las que generalmente asisten los alumnos más pobres, son mucho menos segregadas que las privadas sin fines de lucro. Las más segregadas socialmente son aquellas con fines de lucro y copago de los padres, las que muestran distribuciones de ingreso inter-escuela similares a las de Haití.

Por otro lado, hay claros incentivos “de mercado” para segregar alumnos y dejar a los de menor nivel socioeconómico, educativo y cultural —y a los más problemáticos o desaventajados— en las escuelas municipales, gratuitas y que no seleccionan. Tan solo anteayer visité dos escuelas rurales públicas de Melipilla con excelentes resultados del SIMCE, y las maestras – dignas de que se les erija una estatua – se quejaban de que las escuelas particulares de la región expulsan sistemáticamente a sus peores alumnos al llegar a 7º Básico, de modo que no se les “afee” el resultado del SIMCE de 8º Básico, y que les toca a ellas recibirlos y recuperarlos…. obviamente disminuyendo su propio SIMCE de 8º Básico.

En suma, el “modelito chileno”, que contempla la posibilidad de los padres de enviar a sus hijos a escuelas que exigen un cobro adicional de acuerdo con su estrato económico (mecanismo insólitamente consolidado por un gobierno de centro-izquierda y un Ministro de Educación que fue posteriormente candidato de la izquierda extraparlamentaria), ha profundizado la segregación social. Obviamente, ésta tiene muchas raíces históricas, barriales y culturales. La pregunta es si el sistema educativo las profundiza o las disminuye. Claramente, las profundiza.

Esta reforma tributaria las profundiza aun más, generando no sólo nefastos resultados educativos, sino que separando aun más a las ya separadas y mutuamente desconfiadas clases sociales de Chile. Con esta medida el Presidente Piñera está profundizando el apartheid educativo.

Chile: la Concertación y la Oposición en la vía del suicidio político… E.A.

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Eduardo Aquevedo, Sociólogo y Economista

A menos que todo ocurra en el más completo misterio, las fuerzas de la oposición “realmente existente” en Chile siguen cavando su propia tumba.

En un año en que ya los problemas no pueden más esconderse bajo la alfombra ni eludirse responsabilidades de parte de ningún sector, no surge ni parece en vias de construcción una alternativa frente al gobierno de los empresarios y de las transnacionales que nos rige. La educación emergió en el 2011 como un problema central de las preocupaciones ciudadanas, que llegó para instalarse durablemente en la conciencia púbica y con una manifestación social activa y constante. Pero ésta, por importantísima que sea, es sólo la punta del iceberg. Lo que este movimiento cuestiona y desligitima profundamente es el modelo social y económico chileno heredado por la dictadura y remendado superficialmente por la Concertación, digan lo que digan sus mentores. Ello fue evidenciado y constatado con indisimulada preocupación por la “flor y nata” del empresariado chileno reunido en el reciente encuentro de ENADE y en diversos otros foros empresariales y políticos. Por otro lado, las diversas encuestas constatan ese hecho regularmente, como ya lo mencionó en ENADE con datos duros el director de Adimark, Roberto Méndez, amigo personal del Presidente Piñera.

Pues bien, tanta evidencia acerca del problema de fondo que quedó en sólida evidencia durante el año 2011, acicateado por un poderoso movimiento estudiantil y una protesta social que alcanzó las dimensiones del más importante “estallido social” registrado en la post dictadura, no es asumida ni por el Gobierno ni por una heterogénea y débil Oposición. Que el Gobierno no lo asuma no es incomprensible, dadas sus congenitales ataduras con los gestores originarios del modelo neoliberal dominante, los Buchi y demás próceres guardianes del templo mercantil, organizados principalmente en la UDI. Esta es sin duda una barrera infranqueable para soñar en una modificación importante del modelo educacional y socio-económico imperante. De modo que no pidamos “peras al horno”.

El Gobierno de Piñera esta maniatado a esa ortodoxia y lo máximo que puede conceder son cambios marginales, secundarios, que no afecten el modelo de mercado. Becas hasta cierto límite (60% máximo para segmentos más precarios), bajas de tasas de interés para los créditos, superintendencia para vigilar a medias el cumplimiento de una ley que proscribe el lucro en la educación superior, y algunas medidas más de tipo cosmético que no rozan los temas de fondo. Por ejemplo, nada de aportes basales que romperían con la lógica brutal del autofinanciamiento de las instituciones, ni aportes extraordinarios para revitalizar el sistema público primario y secundario, ni tampoco crear un segmento público importante en el ámbito de la educación técnica controlada por empresarios privados, etc. Es decir, ni educación pública de calidad, ni gratuidad de acceso al sistema, ni fin al lucro en la educación, esto es, nada con lo esencial de las demandas estudiantiles y ciudadanas. De modo pues que si alguien espera que el gobierno actual pudiera ceder en temas esenciales merced a las protestas sociales y a la pérdida de apoyo público (35% actualmente de respaldo al Gobierno según Adimarx, y apoyo de más del 70% a las demandas estudiantiles), puede quedarse sentado esperando un milagro que nunca llegará.

Pero que la Oposición y la Concertación no construyan aún un acuerdo claro y coherente para enfrentar y responder con una propuesta global, sistémica, de real centro-izquierda, que asuma la profunda demanda social existente, de ruptura con el modelo no sólo educacional (lo que ya pasa a ser lo mínimo y más urgente) sino, simultáneamente, con el modelo social y económico imperante, es total ceguera política o brutal síndrome suicida, que les seguirá distanciando de la reivindicación y apoyo ciudadanos. Ello sólo pavimenta la segura perpetuación en el poder político y socio-económico total a la ultraderecha.

Una Propuesta global, sistémica, implica no sólo una reforma educacional profunda, sino también reforma de la salud, del sistema previsional, del mercado laboral dominado por la precariedad más ignominiosa, política reindustrializadora de segunda generación que supere el modelo primario-exportador existente, con instauración progresiva de un poderoso sector público y de regulaciones estrictas que sirvan de motor de esos cambios indispensables, donde una reforma tributaria progresiva “en serio” (que recaude al menos el 25% respecto al PIB) de sustento sólido a dichos cambios estructurales.

Pero junto con esas reformas socio-económicas, se trata también de generar una nueva institucionalidad política, fin al binominal, sistema plebiscitario para zanjar los grandes desacuerdos entre la ciudadanía y el poder político vigente; en fin, término radical de todos los enclaves autoritarios y antidemocráticos heredados de la dictadura, que implica en definitiva una nueva Constitución. En el fondo se trata de promover una profunda reforma democrática, que avance resueltamente hacia el fin de una sociedad marcada profunda y estructuralmente por la desigualdad y la exclusión en todos los ámbitos.

Como se observa, se trata nada más y nada menos que de reivindicaciones rigurosamente democráticas, pero que suenan “revolucionarias” en el contexto de una sociedad fragmentada, desigual y antidemocrática como la nuestra. Romper con el paradigma neoliberal dominante no tiene pues, necesariamente, nada de “socialista”, ni implica tampoco copiar modelos supuestamente de “izquierda” latinoamericanos con dudosas perspectivas, sino asumir un realista y probado paradigma alternativo de “socio-economía mixta” y de democratización efectiva como ya existe en el norte de Europa con innegable éxito (donde, por ejemplo, existe ya desde hace décadas educación pública gratuita y de la más alta calidad a escala internacional, con son los casos de Finlandia, Noruega o Suecia, por citar algunos de ellos).

Si la oposición no es capaz de asumir ese programa democrático básico reivindicado ya por la sociedad, será condenada y barrida por la historia, además de derrotada irremediablemente por una derecha en el poder de la cual teme aún diferenciarse claramente. Temor que no es infundado, dados los importantes compromisos e intereses que atan también a influyentes sectores de la Concertación con el modelo de mercado, especialmente en la DC y otros partidos, tanto en el negocio de la educación, la salud, las AFP, las hidroeléctricas, las Forestales, el transporte privado, etc.

El problema es si las organizaciones políticas opositoras serán capaces de “operarse” de esas influencias “fácticas”, económicas e ideológicas, e imponer una gran reforma en sus propios partidos, rompiendo así con el modelo de mercado y edificando en un plazo breve un verdadero programa alternativo, o si deciden de hecho el suicidio político definitivo.

Written by Eduardo Aquevedo

12 diciembre, 2011 at 11:12