Reforma Educacional en Chile: Ministro, queremos gratuidad, no becas…

ANDRÉS FIELBAUM, Ex Presidente FECh

Durante todo el año pasado, uno de los puntos que persistentemente exigimos a Michelle Bachelet aclarar sobre su programa se refería a la gratuidad en la educación superior. Concretamente, la gran interrogante era si ésta se llevaría a cabo a través de simplemente aumentar becas o mediante un financiamiento directo a las instituciones. La respuesta nunca llegó, probablemente porque durante la campaña aclarar las ambigüedades significaba incrementar las tensiones en un momento en que requería a su comando unido. Pero, lamentablemente, hace pocos días el nuevo Ministro Eyzaguirre, en su aparición en el programa de TVN “El Informante”, comenzó a develar tales silencios confirmando nuestras peores predicciones: los fondos dedicados a la docencia (es fácil imaginar que serán los mayoritarios) se harán vía subsidio a la demanda.

Hemos escuchado varias veces el argumento de “que los estudiantes exigen educación gratuita, pero que dejen al gobierno ver cómo se financia, porque eso no es lo que a ellos les afecta”. Sostener algo así significa suponer que nuestra lucha ha sido solamente por nuestro bolsillo, olvidando que la reivindicación estudiantil es mucho más profunda: una educación entendida como un derecho para poner los cimientos de una nueva sociedad, mucho más solidaria, igualitaria, democrática y justa.

Para lo anteriormente dicho, es crucial que el mercado se retire de nuestro sistema educacional. En un sistema mercantilizado la prioridad de las instituciones es maximizar la ganancia (ya sea para echársela al bolsillo cuando existe lucro, ya sea para sobrevivir cuando hay autofinanciamento), cuestión incompatible con una educación donde la prioridad esté puesta exclusivamente en la propia educación, con énfasis en generar estudiantes íntegros, en construir espacios de ciudadanía y, por sobre todo, en las necesidades que Chile tiene tanto a nivel de investigación como de profesionales.

El año pasado publiqué en este mismo medio una columna que intentaba sistematizar en cuatro ejes la necesidad de una educación gratuita: libertad, calidad, integración y dignidad. Aquellos cuatro ejes se ven deformados cuando dicha gratuidad se lleva a cabo mediante subsidio a la demanda (becas) y no mediante un financiamiento estable a las instituciones educativas.

En cuanto a la libertad, efectivamente eliminar la necesidad de pagar significa que el limitante directo a la posibilidad de elegir carrera y Universidad ya no existirá. Sin embargo, una libertad real también requiere que la oferta académica esté acorde a la vocación de los estudiantes y, por sobre todo, a las áreas que en cuanto país definamos como estratégicas. Eso no ocurrirá en la medida que el financiamiento a las Universidades esté ligado directamente a la cantidad de becas que pueda atraer y sus formas de gastarla. Es fácil imaginar que seguirán predominando las carreras más baratas de impartir o las que permiten proyectar mayores ingresos futuros, pasando a un segundo plano aquellas en las que nuestro país tiene carencias o desafíos particulares.

No solamente eso, una verdadera libertad significa también una orientación de la carrera dirigida a una formación completa; una educación que mantenga su carácter mercantil tiene como consecuencia que la orientación de cada carrera seguirá priorizando las necesidades de las grandes empresas y no las del chileno común. Que en ingeniería comercial seguirá siendo prioritario aprender a eludir impuestos y que en derecho seguirá siendo más importante saber formar una empresa que defender el derecho a la vivienda.

La calidad probablemente sea el ítem que más se deforma. Durante años se nos dijo que la libre competencia entre las instituciones educativas haría que el sistema completo mejorara, pues tendrían incentivos a ser mejores para así captar más estudiantes. Difícilmente alguien puede sostener razonablemente que aquel supuesto sea una realidad en nuestro actual sistema educativo, donde año tras año nos espantamos con instituciones que gastan cada vez más en publicidad, y el espanto crece cuando comparamos con lo que gastan en mejorar su infraestructura y su enseñanza.

Financiar la gratuidad a través de becas implica perpetuar esta lógica de instituciones compitiendo entre sí, definiendo sus orientaciones de acuerdo a la volátil demanda y dejando una vez más en un segundo o tercer plano las necesidades de Chile y su pueblo. En cambio, financiamiento directo significa autonomía, característica tan necesaria para que las universidades puedan estar con las energías totalmente puestas en el objetivo educativo y libres de ataduras para jugar un rol relevante en las discusiones claves para el país.

En cuanto a la integración, si bien este objetivo está íntimamente ligado con las políticas de acceso, que sobrepasan los límites de esta columna, nuevamente un financiamiento vía becas implica que este objetivo se cumpla sólo parcialmente. En efecto, pues si bien se termina con la barrera de acceso que es la necesidad de que el estudiante pague, disminuyendo la segregación, aquello no resuelve el hecho de perpetuar la competencia por estudiantes, lo cual lleva a que cada institución se concentre en un nicho específico de mercado, orientando sus recursos y estrategias hacia la captación de cierto tipo de estudiantes. Así en definitiva se mantienen algunas Universidades para ricos y otras para pobres.

Finalmente, en lo que respecta a dignidad, si bien es cierto que becas para todos ya no implicará la posibilidad de perder el financiamiento por cualquier pequeño cambio en la situación familiar, en la propuesta del Ejecutivo la posibilidad de perder la beca sí existirá para todos los estudiantes de aquellas instituciones que deberán “decidir” si desean ser parte de la red de universidades financiadas por el Estado o no. Decisión que en muchos casos deberán adoptar juntas directivas sin ningún tipo de control democrático, compuestas, en no pocos casos, por personas ubicadas a varios miles de kilómetros de nuestro país. Por lo tanto, una decisión que será manejada como una variable que perfectamente puede ser cambiada si a esta gente se le ocurre que es más estratégico para su holding.

Pero no solamente los estudiantes de Universidades privadas estarán en riesgo: la precaria situación de muchas Universidades estatales significa que, sin un aporte basal que les permita proyectarse y planificar a largo plazo, sus decisiones inmediatas seguirán basándose en malabarismos para sobrevivir, con todas las temibles consecuencias que ello puede significar.

Un financiamiento directo a las instituciones es la única manera de verdaderamente hacer de la gratuidad una forma de desmercantilización de la educación. Significa eliminar la lógica de que una carrera tiene un “precio” (más allá de quien lo pague). Si el Estado trabaja con una red de Universidades para que formen los profesionales y el conocimiento que Chile necesita, cada Universidad podrá definir su proyecto educativo para cumplir el rol que le haya sido exigido y en función de ello ser financiada. Para que efectivamente con la educación gratuita ganemos todos, se requiere un sistema educativo pensado en función del país en su conjunto. Comprender que la pelea de los estudiantes no es por los estudiantes, es por Chile y su futuro.

Todo lo anteriormente descrito se basa en un diagnóstico tajante: nuestro sistema educativo ha sido un fracaso rotundo, y requiere de cirugía mayor. Aumentar las becas sin comprender lo anterior es meter plata a un saco roto.

Al exigir aportes directos, surge de inmediato el cuestionamiento de para quiénes deben ir, más aún con la discusión coyuntural sobre qué es educación pública. No entraré en ese debate específico en esta columna, pero sí me parece crucial relevar dos principios básicos. Por un lado, la educación provista por el Estado debe volver a ser el pilar fundamental de nuestro sistema educativo, y por ello la reforma debe apuntar a que en un par de décadas tengamos al menos el 70% del estudiantado en tales instituciones (en todos los niveles de la educación), además de recibir un financiamiento definitivamente prioritario. Por otra parte, el Estado no puede estar financiando a instituciones cuya orientación, cuyo futuro, lo definan personas sin ningún tipo de control democrático: no podemos todos los chilenos entregar recursos a instituciones que ni siquiera responden qué hacen con ellos frente a su propia comunidad, por lo tanto, democratizar las Universidades debe ser un requisito previo a cualquier tipo de financiamiento estatal. Lo público es democrático, no tiene un dueño particular.

El movimiento estudiantil ha sido claro en defender una educación gratuita financiada directamente por el Estado. La deformación que ha hecho Nicolás Eyzaguirre de esta demanda es una demostración clara de que solamente quienes han levantado coherentemente el tema educacional estos últimos 4 años pueden garantizar que la orientación de la reforma sea coherente con los sueños de miles de chilenos. La participación protagónica de los actores sociales del mundo de la educación se hace urgente.

Educación en el mundo (2012): nuevos datos (TIMSS) evidencian nuevamente precariedades de Chile y A. Latina…

Un estudio del grupo Pearson, considerando varias pruebas internacionales relevantes, situa la calidad de los sistemas educativos a escala internacional. Finlandia, Corea, China, Singapur, ademas de algunos países de la OCDE mantienen y consolidan su liderazgo. España, por debajo del promedio de la UE y de la OCDE. América Latina, peor aún, muestra un enorme rezago. Los datos indican que la calidad de los sistemas educacionales no sólo dependen de la magnitud del gasto público o privado, o incluso de la indispensable intervención del Estado, sino de una cierta cultura nacional en materia educacional. Esto queda en evidencia brutal tanto observando las experiencias más exitosas como las más precarias.

Los resultados del último TIMSS (equivalente a las pruebas PISA), que se pública en la segunda parte de este dossier, reflejan muy claramente estas tendencias, especialmente en el caso de Chile y demás países latinoamericanos incluídos.

 

ABC

A pesar de la mayor inversión en la última década, los resultados educativos en España son muy pobres

Una vez más, otro estudio internacional pone a España en el peor lugar en el panorama educativo internacional. Se trata de un trabajo publicado por el grupo Pearson, una compañía puntera en contenidos educativos. El informe se llama The Learning Curve (La curva de aprendizaje), y ha sido elaborado «para identificar los factores clave que impulsan la mejora de los resultados educativos». Según John Fallon, consejero delegado de Pearson, «tenemos que abrir la caja negra de los datos educativos y comprender lo que verdaderamente impulsa los resultados del aprendizaje, con el fin de ayudar a los profesores y a los responsables de políticas educativas a basar su trabajo en datos reales».

El trabajo ha sido realizado por The Economist Intelligence Unit y utiliza datos de las evaluaciones internacionales OCDE-PISA, TIMSS y PIRLS, así como datos sobre alfabetización y tasas de graduación escolares y universitarias. Finlandia y Corea del Sur encabezan la lista según el nuevo índice. Hong Kong, Japón y Singapur, que siempre logran resultados altos, les siguen de cerca. De los cuarenta países con datos suficientes para su inclusión, las economías emergentes de México, Brasil e Indonesia son las que ocupan los puestos inferiores de la tabla.

Finlandia y Corea del Sur emergen como las claras «superpotencias educativas». Según el estudio, «en algunos aspectos es difícil imaginar dos sistemas más dispares. Con frecuencia se define al surcoreano como un marco rígido basado en exámenes en el que los estudiantes deben dedicar un tiempo extraordinario al trabajo; mientras que el finlandés es mucho más relajado y flexible». Sin embargo, un análisis más detallado muestra que «ambos países cuentan con un profesorado de alta calidad, valoran la responsabilidad y tienen una misión moral que sustenta los esfuerzos educativos».

Los países líderes de la categoría de habilidades cognitivas, que comprende las pruebas internacionales (PISA, TIMSS y PIRLS) de Matemáticas, Lectura y Ciencias que los estudiantes realizan en 4.º de Primaria y 2.º de la ESO, no son una sorpresa. Los cinco primeros –Finlandia, Singapur, Hong Kong, Corea del Sur y Japón– obtienen una puntuación muy por encima de la media.

En la categoría de logros educativos, que se basa en índices de alfabetización y tasas de graduación, la clasificación es diferente. Aquí, Corea del Sur va a la cabeza, seguida del Reino Unido y después Finlandia, Polonia e Irlanda.

Otros resultados importantes:

-Los ingresos importan, pero la cultura más. «Aunque no hay duda de que la inversión en educación proporciona beneficios, a la hora de conseguir resultados educativos superiores, el enfoque cultural y las perspectivas profesionales tienen la misma importancia que los ingresos, si no más».

-Los buenos profesores son esenciales y han de ser respetados. «No hay nada que sustituya a un buen profesor. Su impacto va más allá de los resultados educativos y se puede vincular a factores sociales positivos, como la disminución de la tasa de embarazosadolescentes y mayor preocupación por el ahorro para la jubilación. La formación de mejores profesionales de la enseñanza depende de más factores que una buena remuneración. Los países con los mejores resultados atraen a los mejores talentos, se preocupan por la formación continua del profesorado y también le permiten mayor libertad.

Fallon afirma: «La educación impulsa el éxito a nivel individual y nacional. Sin embargo, en lo que respecta a mejorar la educación, con demasiada frecuencia aquellos que tienen el poder de cambiar las cosas trabajan en la oscuridad. The Learning Curve trata de arrojar luz sobre la comprensión de lo que verdaderamente funciona y las razones de que esto sea así».

Michael Barber, asesor jefe para educación de Pearson, afirma: «The Learning Curve permitirá un análisis mucho más sofisticado de lo que funciona en materia de educación. Muestra que no hay recetas mágicas. Para mejorar, es necesaria una atención coherente y a largo plazo centrada en el sistema educativo».

Tabla general de clasificación de los países

PAÍS PUNTUACIÓN PUESTO

FINLANDIA 1,26 1

COREA DEL SUR 1,23 2

HONG KONG-CHINA 0,90 3

JAPÓN 0,89 4

SINGAPUR 0,84 5

REINO UNIDO 0,60 6

PAÍSES BAJOS 0,59 7

NUEVA ZELANDA 0,56 8

SUIZA 0,55 9

CANADÁ 0,54 10

IRLANDA 0,53 11

DINAMARCA 0,50 12

AUSTRALIA 0,46 13

POLONIA 0,43 14

ALEMANIA 0,41 15

BÉLGICA 0,35 16

ESTADOS UNIDOS 0,35 17

HUNGRÍA 0,33 18

ESLOVAQUIA 0,32 19

RUSIA 0,26 20

SUECIA 0,24 21

REPÚBLICA CHECA 0,20 22

AUSTRIA 0,15 23

ITALIA 0,14 24

FRANCIA 0,13 25

NORUEGA 0,11 26

PORTUGAL 0,01 27

ESPAÑA -0,08 28

ISRAEL -0,15 29

BULGARIA -0,23 30

GRECIA -0,31 31

RUMANÍA -0,60 32

CHILE -0,66 33

TURQUÍA -1,24 34

ARGENTINA -1,41 35

COLOMBIA -1,46 36

TAILANDIA -1,46 37

MÉXICO -1,60 38

BRASIL -1,65 39

INDONESIA -2,03 40

 

PRUEBA TIMSS DE CIENCIAS Y MATEMATICAS: quienes son los mejores y los peores?  Chile, América Latina, OCDE y el mundo

Las pruebas TIMSS de Ciencias y Matemáticas reflejaron el destacado avance que tuvo Chile entre 2003 y 2011, sin embargo, reflejó que el país aún sigue por debajo del promedio, establecido en 500.

En la prueba de matemáticas, Chile obtuvo unpromedio de 416, siendo superado por Túnez (425), República de Macedonia (426) y Tailandia (427). El país, en tanto, se sitúa por sobre Irán (415), Qatar (410) y Bahréin (409).

Los países que lideran la prueba de matemáticas son Corea (613), Singapur (611) y China (609).

En Ciencias, Chile logró 461 puntos que no le alcanzaron para superar a Emiratos Arabes (465), Rumania (465) e Irán (474).

Sin embargo, este puntaje permitió al país superar a Bahréin (452), Tailandia (451) y Jordania (449).

En Ciencias lideran Singapur (590), China (564) y Corea (560) nuevamente lideran.

La prueba se realiza cada cuatro años en 53 países a estudiantes de cuarto y octavo básico y en la última medición los alumnos chilenos mostraron un gran avance en la prueba de Ciencias de octavo básico, subiendo 49 puntos respecto a su participación en 2003.

•   Revisa el ranking de la prueba TIMSS

  FUENTES: ABC, España; Radio Cooperativa, Chile; prueba TIMSS.

Chile: crisis de las Universidades de mercado… (dossier actualizado)

Las pruebas que confirman la venta de acreditaciones a universidades privadas

Por : Mónica González y Juan Andrés Guzmán en Reportajes de investigación Publicado: 10.12.2012

Luis Eugenio Díaz cobraba $100 millones por 5 años de acreditación. Esto es parte de los reveladores antecedentes de la investigación de la fiscalía, que evidencia cómo fracasó el sistema que debía custodiar una educación de calidad y cómo se distribuyeron los dineros del CAE sin control. El escándalo, que comenzó con la publicación de CIPER del contrato entre Díaz y la U. del Mar, extiende la sospecha sobre media docena de universidades. En este primer reportaje lea cómo Díaz intervino a favor de la U. SEK, de Jorge Segovia, y su vínculo con el ministro de Justicia y dueño de la U. Autónoma, Teodoro Ribera.

Entre las decenas de elementos de prueba que tienen a Luis Eugenio Díaz, ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), en prisión preventiva y acusado de los delitos de soborno, cohecho y lavado de activos, figura un par de correos que la Fiscalía Oriente incautó de su computador y que Díaz envió en julio de 2011 a José Enrique Schroeder, entonces rector de la Universidad SEK, institución de propiedad de Jorge Segovia Bonet (presidente de su junta directiva desde 1990), dirigente también del club de fútbol Unión Española y de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

Email de Eugenio Díaz a rector de la SEK: “Comprenderás que el hecho de que yo esté en la universidad agrega mucho valor, es casi como un sello de calidad, perdonando la petulancia. Te aseguro que nadie se va a atrever a pensar siquiera en no acreditar una institución donde yo esté”

Ambos email fueron enviados cuando la Universidad SEK iniciaba en 2011 su proceso para volver a acreditarse ante la CNA, institución en la que Díaz votaba y era un influyente consejero desde el año 2007, cuando fue elegido como representante de las universidades privadas autónomas, apoyado también en su reelección en 2009 por las universidades UNIACC, Pedro de Valdivia y Gabriela Mistral, entre otras.

En el primer correo electrónico Luis Eugenio Díaz le pide al rector Schroeder que le de trabajo a “una sobrinita”. Se trata de la periodista Andrea Moraga a la que define como muy inteligente, que ha trabajado revisando procesos de acreditación con Díaz, incluyendo el de la SEK. Y concluye con un último y decisivo argumento:

“Si tuvieras a bien contratarla, ciertamente yo la apoyaría con todo. De manera  que al contratarla a ella contarías con mi asesoría permanente, a través de  ella, en este periodo y en forma permanente, sin que sea necesario que me recompensen de ninguna otra manera”.

En el segundo correo, enviado al día siguiente, Díaz va más allá. Y pide trabajo para él mismo:

“Querido amigo: se me ocurre algo complementario, que quizás te sorprenderá. Te sugiero  crear en la universidad  la Dirección de Vinculación con el Medio y contratar a Andrea y a mí como director, con la misma renta que otros directores de la universidad, con la libertad para mantener una o dos consultoras que me demandan muy poco tiempo.  Esto es absolutamente compatible con mi cargo en la CNA”.

¿Qué beneficio obtendría la SEK al contar con los servicios de Andrea Moraga? Díaz lo explicita: “Ciertamente debo inhibirme cuando se trate la acreditación de la SEK pero comprenderás que el hecho de que yo esté en la universidad agrega mucho valor, es casi como un sello de calidad, perdonando la petulancia. Te aseguro que nadie se va a atrever a pensar siquiera en no acreditar una institución donde yo esté”.

Según ha logrado establecer la Fiscalía Oriente, cuando ambos email fueron enviados, Eugenio Díaz ya estaba asesorando a la SEK en el proceso de acreditación, corrigiendo sus documentos y ordenando nuevos contenidos. Documentos y contenidos que a la larga él mismo revisaría de nuevo como miembro de la CNA y relator de ese expediente (por decisión propia), para decidir si esa universidad exhibía parámetros de eficiencia y podía ser acreditada. Es decir, estaba actuando como parte interesada para luego intervenir como juez imparcial.

La acreditación era muy importante para los débiles estados financieros de la Universidad SEK, pues permitía que sus alumnos pudieran acceder al Crédito con Aval del Estado (CAE), que en 2010 le reportó montos por $400 millones.

La Universidad SEK, que inició sus actividades en 1990, recibió ese dinero gracias a la acreditación que obtuvo de la CNA en 2009. No fue un proceso fácil. El primer dictamen del organismo fiscalizador (28 de octubre de 2009) la rechazó.  La SEK presentó un recurso de reposición y en la segunda instancia fue acreditada, pero sólo por dos años certificación que vencía el 25 de noviembre de 2011.

Luis Eugenio Díaz conocía muy bien la realidad de la Universidad SEK. En su proceso de acreditación de 2009 uno de los cuatro pares evaluadores fue Andrés Lastra, ex presidente de la FECH y socio de Díaz en varias asesorías a universidades, principalmente las de la UNIACC (donde Lastra era vicerrector) y la Pedro de Valdivia (donde Lastra ocupó el cargo de director de Aseguramiento de Calidad), además del Centro de Formación Técnica (CFT) Simón Bolívar. Y el relator de dicho proceso fue el propio Luis Eugenio Díaz, quien propuso acreditarla por dos años.

Los email de Díaz hay que entenderlos en el contexto de una relación antigua (él ha declarado que conocía de antes a Jorge Segovia), que se sostenía en la necesidad  financiera de la SEK de acreditarse y en el poder de Díaz para lograrlo.

Email de Díaz a la UNIACC ofreciendo sus servicios para ayudarla a acreditarse: “El proceso de consultoría se extendería desde esta fecha hasta que se adopte la decisión definitiva de acreditación. Los honorarios por esta consultoría ascenderán a la suma de $70.000.000 a todo evento y de $30.000.000 adicionales para la eventualidad que la universidad sea acreditada por 4 años”.

La universidad atendió la primera idea de Díaz y contrató a Andrea Moraga, quien según se ha logrado acreditar trabajaba para Gestión Limitada, la empresa de Luis Eugenio Díaz, donde recibía una remuneración de $1.400.000 mensuales. Moraga colaboró también con Díaz en las asesorías a la Universidad Bernardo O’Higgins y del Mar. Según declaró el rector José Enrique Schroeder, Moraga fue contratada para hacer “un informe sobre la enseñanza para la comprensión”. No fue lo que recordó Díaz. Ante la fiscalía dijo que la Universidad SEK le pagó a Moraga “$2.500.000 por hacer un informe sobre el pensamiento de Amartya Sen, que es un economista alternativo”.

La secuencia descrita deja abierta la duda de si la contratación de Andrea Moraga es la forma que la Universidad SEK encontró para pagarle a Díaz una parte de sus asesorías en la acreditación. El rector Schroeder, ante la fiscalía, se apuró a rebatir esa idea: “El pago a Andrea Moraga fue por un trabajo efectivo a la universidad. Ni yo ni Gautier (vicerrector de la SEK que  contrató a Andrea) lo hubiésemos aceptado jamás como recompensa. Yo no he visto los informes que ella hizo, su trabajo me consta por lo que Gautier me reportó verbalmente”.

Cuando la fiscalía le mostró a Díaz sus propios correos, el ex consejero de la CNA dijo: “Es un correo que me avergüenza”. Luego intentó explicar por qué le aseguraba a la SEK que sería acreditada: “Cuando digo que tiene asegurada la acreditación es una pretensión porque confío en que mi prestigio ayudaría a conseguir la acreditación”. No vio delito en su acto.

No opinó lo mismo la abogada Paula Beale, jefa del departamento jurídico de la CNA. Ante la Fiscalía declaró que el correo “abiertamente infringe las normas de probidad por cuanto solicita un favor valiéndose de su cargo y luego solicita trabajo en la institución que en ese momento estaba en proceso de acreditación en que le asegura un resultado favorable en la acreditación en caso de ser contratado”.

Iñigo Díaz, quien sucedió a Eugenio Díaz en la presidencia de la CNA y que renunció al cargo en octubre de este año, fue más duro al evaluar los correos mencionados: “Este correo me indica que Eugenio Díaz perdió la brújula. Obviamente no se puede hacer lo que hace en ese correo. Está generando redes para coimearse. Me parece gravísimo”.

LA FILTRACION QUE ACUSA

Lo declarado por la abogada Beale e Iñigo Díaz, se condice con los procedimientos, contratos y las tarifas que Luis Eugenio Díaz cobró en ese mismo año 2011 tanto a la Universidad del Mar como a la Universidad Pedro de Valdivia y a la Bernardo O’Higgins, por asesorarlas en su proceso de acreditación, así como a la Universidad UNIACC en 2010.

Pese a que el entonces rector de la SEK dice que la contratación de la “sobrina” no fue pago por las asesorías que Díaz hizo, lo cierto es que llegado el momento clave, Díaz se comportó como un fiel empleado de la SEK.

El momento decisivo fue en diciembre de 2011, cuando los consejeros de la CNA debieron pronunciarse sobre la nueva acreditación de la SEK. Luis Eugenio Díaz se encontró entonces con un inconveniente grave. Con la llegada a la secretaría ejecutiva de la CNA de Patricio Basso, ese organismo comenzó a elaborar minutas económicas que ilustraban a los consejeros con los antecedentes de la situación financiera de las instituciones que buscaban su certificación. La minuta sobre la SEK, como se verá más adelante, dejaba en evidencia que era una institución muy débil, con un fuerte endeudamiento con instituciones relacionadas, que es la forma clásica a través de la cual los dueños de una universidad lucran (ver la minuta y ver recuadro).

 

Luis Eugenio Díaz no estuvo de acuerdo con que esa información financiera fuese considerada en el proceso de acreditación y reclamó en la CNA por la incorporación de estos nuevos antecedentes. Pero no obtuvo respaldo más que de Juan José Ugarte, representante del Ministerio de Educación (Mineduc). Entonces, Díaz decidió enviarle en secreto la minuta financiera elaborada en la CNA al rector de la SEK, para que éste preparara con extrema urgencia una respuesta. Eso fue exactamente lo que hizo Schroeder.  El nuevo documento financiero de la SEK llegó a la CNA el martes 13 de diciembre de 2011, el día antes de que se efectuara la sesión en que se decidiría su acreditación.

La súbita aparición de un documento que en los hechos era una réplica punto por punto a la minuta financiera realizada por Basso, hizo evidente para los consejeros de la CNA que se había producido una filtración. La discusión se inició. Díaz no abrió la boca. Los consejeros estimaron que el material enviado por la SEK no debía considerarse. Votaron. Díaz estuvo por acreditarla por tres años. La SEK -y Díaz- perdieron por un voto (5-6).

La ley de acreditación permite a las universidades apelar y la SEK lo hizo. Para la reposición sí se consideró la minuta entregada a última hora por la universidad. Díaz fue el relator y volvió a votar y esta vez la SEK obtuvo tres años de  acreditación.

Consultado por CIPER, Patricio Basso, quien elaboró la minuta económica, señaló:

-De haber tenido derecho, yo habría votado en contra por razones puramente académicas. Comparada con otras universidades privadas con un número semejante de alumnos, es la que tenía indicadores más deficientes. En el orden financiero, tenía un nivel de endeudamiento muy alto con empresas relacionadas y avalaba o era codeudora solidaria de los Colegios SEK, lo cual también me parece incorrecto. Se podría llamar a esto “lucro de segundo orden”, pues los socios controladores se están beneficiando con dicho aval, aunque no existe pérdida patrimonial, salvo en el caso que el deudor principal deje de pagar.

La fiscalía interrogó a Luis Eugenio Díaz por la filtración de documentos que hizo a la SEK y que muestran dónde estaban sus verdaderos mandantes en ese proceso. Esto fue lo que declaró:

“Es posible, pero no lo recuerdo, que las minutas de la Universidad SEK yo se las haya enviado al rector José Enrique Schroeder. Entiendo que la comisión se molestó por la posible filtración de datos…. En alguna ocasión yo pude haber revelado minutas a algunas instituciones interesadas, no lo recuerdo exactamente. Si alguna vez lo hice fue por rebeldía de principios, en virtud del debido proceso… creo que efectivamente envié por email al rector Schroeder una minuta de datos de contexto…. Con esa minuta la universidad envió una nueva minuta con información adicional previo a la reunión de la CNA… y nunca le hice presente a nadie de la CNA ni al presidente que yo había filtrado el documento. No sé por qué lo hice”.

Email de Eugenio Díaz a Teodoro Ribera pidiendo que reciba en la Autónoma a un sobrino suyo: “Abusando de tu generosidad, ¿podrían beneficiarlo con alguna beca?, pues mi sobrina no tiene muy buena condición y tiene a otra hija estudiando en Santiago”.

Un vez que la Universidad SEK fue acreditada, el rector José Enrique Schroeder, quien había asumido en 2009 para liderar el proceso de re-acreditación, se fue de vacaciones. Pero en marzo de 2010, no regreso a su puesto. Se fue como vicerrector a la Universidad Autónoma, cuyo rector era entonces el actual ministro de Justicia, Teodoro Ribera. A la dirección de la SEK volvió su antiguo rector, Alejandro Omaña.

En cuanto a Jorge Segovia, quien desde octubre está fuera del país, no ha podido ser interrogado aún y sus correos tampoco pudieron ser rastreados. En la Universidad SEK afirman que Segovia nunca ha tenido un computador en esa casa de estudios.

CERO FISCALIZACION

El capitulo SEK es sólo uno de una patética secuencia de negociaciones incompatibles aderezadas con trapicheos vergonzosos y que tienen como gran telón de fondo miles de millones de pesos de dineros fiscales destinados a dar créditos a los estudiantes más pobres (CAE). Cada negocio que establece Díaz con las acreditaciones, no es una mancha más sobre su reputación y papel de antecedentes, sino una evidencia de cómo el Fisco y los bienes públicos que los comisionados debían garantizar en su último destino, quedaron sin resguardo.
Lo anterior queda en evidencia con el correo enviado por Luis Eugenio Díaz a Ángel Maulén, propietario de la Universidad Pedro de Valdivia, el 3 de septiembre de 2011, en medio de las masivas protestas estudiantiles exigiendo calidad y gratuidad de la educación. “Acabo de ver la noticia de que siguen las tomas. En la CNA estamos analizando la prórroga de la acreditación por tres meses si se mantienen las tomas. Hemos tenido una diferencia al respecto. Iñigo (Díaz) y Patricio (Basso) han planteado que se prorrogue solamente a las universidades en toma, concediendo al secretario ejecutivo para que decida caso a caso. Yo he planteado que se prorrogue a todas porque se trata de un sistema (lo que ha generado una fuerte irritación de Patricio). El problema es que si se prorroga a las que están en toma se deja en una situación difícil a las demás, especialmente  a la UPV. Hasta ahora he logrado concitar mayoría, ojalá se imponga en definitiva. Los mantendré informados”.

La respuesta de Maulén no se hizo esperar: “Estimado Eugenio, qué pasa con nosotros que termina el proceso de acreditación justo en diciembre, en plena etapa de matrícula y sin CAE”.

La respuesta está en la decisión que adoptó la CNA: la UPV pudo matricular a sus estudiantes para 2012 con CAE incluido, en virtud de una prórroga especial obtenida en la CNA hasta abril de 2012.

LOS VINCULOS CON EL MINISTRO RIBERA

La mayor parte de los graves antecedentes reunidos por la fiscalía en contra de Eugenio Díaz, corresponden a 2010, año en que éste ejerció el cargo de presidente subrogante de la CNA; año en que también los controles de esa institución se flexibilizaron a tal punto que todas las instituciones que se presentaron a la evaluación resultaron aprobadas.

Al respecto, el ex presidente de la CNA, Emilio Rodríguez, dijo a CIPER: “Si todas las instituciones que postularon en 2010 fueron acreditadas, o estamos ante una mejoría notable en las instituciones de educación terciaria en Chile o, simplemente, los niveles de exigencia han caído a niveles lamentables”.

Lo increíble es que ninguna autoridad vio en esa avalancha de acreditaciones ni la evidencia ni la sospecha de que algo en el sistema estaba fallando. Solo la intervención del Ministerio Público en los últimos meses ha permitido ir mostrando la verdad de esas acreditaciones.

En algunos casos se han detectado pagos millonarios hacia el ex presidente de la CNA, de los cuales se contabilizan hasta ahora $290 millones. En otros, aún no se ha cogido la hebra del dinero, pero se tiene constancia de que, al igual que en la Universidad SEK, en el momento indicado Eugenio Díaz se comportó como un empleado de esas universidades. Tras el estallido del escándalo de las acreditaciones en la CNA, políticos de todos los sectores han descubierto los vicios del mecanismo.

Luis Eugenio Díaz llegó al sillón de la CNA, elegido por la Corporación de Universidades Privadas (CUP), donde figuran entre otras las cuestionadas Del Mar y Pedro de Valdivia (cuyos rectores Raúl Zúñiga y Ángel Maúlen, respectivamente, están detenidos con Díaz). También están en la CUP la citada Universidad SEK, la Universidad Bernardo O`Higgins (con la cual Díaz tenía un contrato de asesorías para acreditarse en 2012 por $20 millones) y UNIACC, (con la que Díaz tuvo dos contratos por un total de $ 43 millones). Con la Universidad Pedro de Valdivia el contrato fue por $50 millones, con premios acorde a los años de acreditación.

En 2010, cuando Luis Eugenio Díaz era presidente de la CNA, siete de las 14 universidades que lo eligieron, debieron acreditarse y se sometieron a la decisión de una CNA que entonces era controlada por su candidato. La mayoría de ellas necesitaba lograr la acreditación, pues sus balances dependían de los miles de millones de pesos que el Fisco entrega a través del CAE a las universidades que la CNA avala.

La siete que se presentaron ante Díaz fueron: Pedro de Valdivia, UNIACC, Las Américas (UDLA, dejó la CUP este año), Unicit, Ucinf, Autónoma, Universidad del Mar y Gabriela Mistral (que no está en el CUP, pero cuya rectora, Alicia Romo, es un referente para este grupo). Todas consiguieron su acreditación. De las otras siete de la CUP, la SEK debió acreditarse en 2011 (y casi no lo logra); la UNIACC, lo intentó y falló con estruendo. Las universidades Miguel de Cervantes y Bolivariana son tan precarias que no lo han intentado aún. Las únicas fuera del área de peligro en 2010 y 2011 eran la Universidad del Pacífico (en 2007 logró acreditarse hasta 2012) y la UBO (en 2009 logró acreditarse hasta 2012).

Con varios de los rectores y dueños de estas universidades, Eugenio Díaz estableció vínculos muy estrechos que hoy todos prefieren olvidar. Uno muy importante para Díaz es el que lo unió con Teodoro Ribera, socio y rector de la Universidad Autónoma hasta que en julio de 2011 asumió como ministro de Justicia.

En los últimos años esa casa de estudios ha tenido una expansión enorme desde su fundación en 1989 como una universidad regional, centrada en Temuco. Hoy es una de las más grandes de Chile, con 18 mil alumnos. Su última inversión fue de US$35 millones por la compra del codiciado terreno del que fuera un colegio de una congregación religiosa en Providencia para levantar una nueva sede.

En 2010, cuando Díaz era el presidente  de la CNA, la universidad de Ribera recibió cinco años de acreditación. La decisión sorprendió al mundo académico, pues puso a la Autónoma en el mismo nivel que las grandes universidades privadas ya consolidadas, como la UNAB, la Diego Portales y algunas públicas, como la Universidad de Valparaíso. La acreditación le significó recibir en 2010 un total de 4.680 créditos por un total de $7.500 millones. De ellos, los bancos decidieron venderle al Fisco $6.600 millones, al ser considerados los más riesgosos.

Un correo incautado a Luis Eugenio Díaz, muestra que el entonces presidente de la CNA escogió el momento en que la Autónoma había iniciado su proceso de acreditación para pedirle a su rector un favor personal. Quería que  Ribera le recibiera en su universidad a un sobrino-nieto que deseaba estudiar kinesiología en Talca. Después de darle los detalles de la situación del joven, Díaz remató el email: “Abusando de tu generosidad, ¿podrían beneficiarlo con alguna beca?, pues mi sobrina no tiene muy buena condición y tiene a otra hija estudiando en Santiago”.

No está claro cómo termino esa gestión. Tampoco ha podido dilucidarlo Teodoro Ribera, pues aún no ha declarado ante la fiscalía. Según fuentes consultadas por CIPER, Ribera visitaba con mucha frecuencia a Díaz en la CNA y también éste iba seguido a la Universidad Autónoma. Una ex miembro de la CNA dijo a CIPER que a fines de 2010, cuando Díaz era presidente subrogante de ese organismo y el Presidente Piñera aún no nombraba al titular, Díaz daba a entender que Teodoro Ribera estaba haciendo lobby ante el Presidente para que lo designara presidente de la CNA.

El elegido por Piñera no fue Luis Eugenio Díaz. Pero los vínculos entre éste y Teodoro Ribera no terminaron. Tres meses después de haber sido designado ministro de Justicia, Teodoro Ribera contrató en esa cartera  a Luis Eugenio Díaz para realizar dos estudios vinculados con la formación de los gendarmes. Los estudios fueron dados a conocer por El Mercurio el 8 de diciembre. El primero, de noviembre de 2011, tenía como objetivo “realizar un diagnostico del estado actual de la Escuela de Gendarmes, así como un plan de reestructuración de la misma”, una tarea por la que recibió $3.333.333. El diagnóstico era exigente para el plazo estipulado: una semana. Y debía incluir: “pautas de selección de postulantes, y confeccionar nuevos planes y programas de estudio respecto de la formación de oficiales y gendarmes”. Díaz también debía genera nuevos “procesos de selección de los postulantes”.

En 2012, Díaz volvió a ser contratado por el ministro Teodoro Ribera, esta vez por $6 millones (pagados en $ 1.500.000 mensuales, entre el 23 de enero y el 30 de abril).  La tarea a realizar era nuevamente amplia: “Rediseño del perfil de egreso de funcionarios uniformados de Gendarmería. Actualización de la malla curricular de la Escuela de Gendarmería. Proponer asignaturas conforme a la actualización de la malla curricular”. Además, debía proponer un sistema de contratación de nuevos docentes, un sistema de evaluación docente y un sistema de evaluación de alumnos”.

Consultado por la contratación de Díaz, el ministro Ribera dijo a El Mercurio que el nombre de Díaz para realizar estos trabajos había salido de las reuniones de gabinete, de una sugerencia de su subsecretaria Patricia Pérez.  Añadió que él, antes de ser ministro, no conocía a Díaz: “Él es más viejo que yo, es un hombre de izquierda. Son otros mundos culturales”.

Patricio Basso, ex secretario ejecutivo de la CNA, fue uno de los que puso en el tapete los vínculos de Teodoro Ribera y Luis Eugenio Díaz, revelando detalles reservados del proceso de acreditación del instituto INCACEA, que al igual que la Universidad Autónoma, tiene a Ribera como socio.

De acuerdo a la información pública disponible, el 4 de enero de 2012 la CNA rechazó la acreditación del INCACEA, entre otros motivos, por su mala situación económica.  En el informe, la CNA señala: “Con respecto a la situación financiera no es posible determinar la verosimilitud de ningún indicador financiero ya que los documentos por cobrar representan casi todo el activo circulante de la institución (98,7% en 2008, 98,6% en 2009 y 97% en 2010) y no se sabe a ciencia cierta cuál es la real tasa de incobrabilidad de esos documentos”.

De acuerdo a la CNA los principales acreedores de la Universidad SEK son Club Deportivo Unión Española SADP ($ 495 millones); Blue Marbel ASS SL ($542 millones) y el ISEK Costa rica ($358 millones).

Añade el informe que “en el orden económico la situación es crítica, particularmente el año 2010 que presenta pérdida y una capacidad negativa de generación de caja”. La descripción del ente examinador deja en evidencia que para INCACEA eran urgentes los recursos del Crédito con Aval del Estado, al cual los alumnos solo podían acceder si la CNA acreditaba al instituto.

Según afirmó Patricio Basso, ante la lamentable situación financiera exhibida, la mayoría de los concejeros de la CNA resolvieron no acreditar al instituto de Ribera, salvo dos excepciones: Luis Eugenio Díaz y Juan José Ugarte, el jefe de la División de Educación Superior  y representante del Mineduc en la CNA. Basso señaló que, como Ugarte no iba casi nunca a las sesiones de la CNA, le llamó la atención que fuera a la votación de la acreditación de INCACEA y que votara a favor de acreditarlo.

LOS PRECIOS DE LAS ACREDITACIONES

Hasta ahora, y según la investigación que ha hecho el Ministerio Público y CIPER, Luis Eugenio Díaz asesoró las acreditaciones de las universidades del Mar, SEK, Bernardo O’Higgins, Pedro de Valdivia, Andrés Bello y UNIACC. Una pauta de cómo operaba en sus cobros, se expresa en lo que fue su negociación con esta última institución.

El 27 de enero de 2010, cuando Díaz ya era presidente de la CNA y la UNIACC debía iniciar su proceso de acreditación que se definiría a fines de 2011, comenzó la interlocución financiera con esa universidad. En un primer momento, estimó su trabajo en $70 millones, con un premio de $30 millones si conseguía cuatro años de acreditación. En el email enviado a Hermann Schwarz, ex rector de la UNIACC y entonces presidente del grupo Apollo en Chile, controlador de esa universidad, Luis Eugenio Díaz detalla el servicio que ofrece: “Una asesoría en el diseño e implementación del proceso de gestión y aseguramiento de la calidad y en particular, del proceso de re-acreditación institucional de la universidad. La asesoría se brindaría especialmente al presidente ejecutivo y al Rector, así como al comité o comisión de acreditación y demás instancias colectivas que lo requieran. El consultor revalidaría al menos una vez al mes el estado de avance del proceso de acreditación y los documentos que al respecto se elaboren… El proceso de consultoría se extendería desde esta fecha hasta que se adopte la decisión definitiva de acreditación. Los honorarios por esta consultoría ascenderán a la suma de $70.000.000 a todo evento y de $30.000.000 adicionales para la eventualidad que la universidad sea acreditada por 4 años”.

La asesoría se llevó a cabo durante 2010, fijándose una tarifa adicional por cada año de acreditación, siendo la de cinco años pagada con $100 millones. Pero tuvo un abrupto fin, pues dentro de la universidad hubo cambios en los cargos de decisión y Díaz estimó que la acreditación era imposible. Lo anterior no impidió que Díaz cobrara $20 millones, la primera cuota del precio acordado.

Hay evidencias de que los $290 millones que hasta ahora registra Luis Eugenio Díaz como pagados por universidades cuya acreditación asesoró en forma paralela al proceso oficial, no son los únicos montos percibidos. De hecho, la empresa de asesoría comunicacional Ekilibrio, fundada el 9 de marzo de 2011, de propiedad de unos de los hijos de Díaz, era promovida por el ex presidente de la CNA entre sus “clientes” para que fuera contratada. Luis Eugenio Díaz no se contenía. A Jorge Segovia, presidente de la junta directiva de la Universidad SEK y dirigente de la ANFP, le pedía entradas preferenciales para ir al Estadio Nacional cuando el club de sus amores -Colo Colo- jugaba un partido importante. Y Segovia se las conseguía.

UNIVERSIDAD SEK: LA MINUTA REVELADORA

La minuta preparada en diciembre de 2011 por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Acreditación sobre los estados económicos de la Universidad SEK al momento en que ésta debía pronunciarse sobre su acreditación, resultó un elemento decisivo para el rechazo de la CNA en primera instancia. A sabiendas del efecto que provocaría en los comisionados, Luis Eugenio Díaz decidió filtrarla al rector de la universidad, de modo de posibilitar que éste respondiera a tiempo con nuevos antecedentes. El nuevo informe entregado por la SEK, le dio pábulo a Díaz para terminar de convencer a otros consejeros y acreditarla por tres años.

La minuta elaborada por la CNA establece que la SEK “tiene un comportamiento muy debilitado en comparación con las universidades privadas acreditadas que están en su nivel (entre 3 mil y 7 mil alumnos). Tiene un capital de trabajo negativo y un creciente deterioro en su liquidez y solvencia financiera”. Aunque se califica como una buena señal el aumento en activo fijo (calidad de la infraestructura), la universidad presenta un alto endeudamiento con empresas relacionadas. Según se afirma en el informe de la CNA, “al cierre del ejercicio 2010, la universidad es aval y codeudor solidario por las sumas de $43 mil millones lo que representa 1,76 veces su patrimonio, colocando a la institución en una posición de peligrosa dependencia”.

En la minuta se precisa que los pasivos de largo plazo de la SEK están constituidos exclusivamente por cuentas por pagar a empresas relacionadas (Segovia tiene 14 empresas relacionadas en la propiedad de la Universidad SEK). Al calcular el saldo neto que la universidad debe pagar a esta empresas, el monto es de $1.322 millones “siendo sus principales acreedores Club Deportivo Unión Española SADP ($ 495 millones); Blue Marbel ASS SL ($542 millones) y el ISEK Costa rica ($358 millones).

U. Pedro de Valdivia: lucro y acreditación

Por : Tabatha Guerra en Reportajes de investigación, CIPER

Publicado: 06.12.2012

•  

CIPER descubrió una serie de transacciones financieras y traspasos notariales que ocurrieron en paralelo al cuestionado proceso de acreditación de la Universidad Pedro de Valdivia (11.500 estudiantes), en diciembre de 2010. Las fechas y movimientos muestran cómo los socios de la UPV, Ángel Maulén y Enrique Rodríguez, se valieron de su poderosa red de empresas relacionadas para lograr la anhelada acreditación de su universidad. Muchos de esos cambios fueron, de acuerdo a los correos que descubrió el Ministerio Público, siguiendo las recomendaciones del entonces presidente de la CNA, Luis Eugenio Díaz.

El 29 de diciembre de 2010, a dos días del cambio de año, el rector y dueño de la Universidad Pedro de Valdivia, Ángel Maulén Ríos, obtuvo una noticia que esperaba desde hace años: en un texto de sólo tres párrafos, la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) le otorgaba a su universidad la anhelada acreditación institucional.

Era la segunda vez que la UPV lo intentaba. La primera vez, en 2007, no tuvo éxito. Y en esta nueva oportunidad lograrlo tampoco fue fácil. El 22 de diciembre de 2010, la CNA volvió a rechazar su expediente en primera instancia.  Maulén apeló y, siete días más tarde, la comisión, presidida por Eugenio Díaz Corvalán, dio un sorpresivo giro y aceptó acreditarla.

En 2011, CIPER reveló cómo opera el escandaloso sistema de acreditación de las universidades y comprobó que, en 2010, todas las que postularon la obtuvieron. Una de las aprobaciones que más llamó la atención fue la de la U. Pedro de Valdivia, que con premura obtuvo su acreditación el penúltimo día de ese año. En esa investigación, CIPER descubrió que para la universidad de propiedad de Ángel Maulén Ríos –como para todas- conseguir el aval de la CNA era clave: no por prestigio académico, sino por dinero. Con el sello de “universidad acreditada”, sus alumnos pudieron solicitar el Crédito con Aval del Estado (CAE), un préstamo bancario en ese entonces con un 6% de interés y que cuenta con garantía estatal, de modo que si los alumnos tropiezan con las cuotas, el Estado se hace cargo. Con el CAE, los alumnos de estratos medio bajos -como los que estudian en la UPV- se transforman en jóvenes solventes. Sin el CAE, sus clientes vuelven a ser pobres, un grave contratiempo para esta universidad que, según consigna el acta de la CNA, busca hacer solvente su proyecto aumentando la matrícula, algo que tras la acreditación logró con creces. En efecto,  la UPV pasó de 7.276 alumnos en 2010 a 9.476 en 2011. De esos estudiantes, 1.400 solicitaron el CAE, lo que le generó ingresos a la universidad por un monto total de $2.350 millones.

 

En el acta de la sesión de la CNA donde se acreditó a la UPV no quedó registro de cómo votaron los consejeros.  Pero fuentes consultadas por CIPER dicen que la sesión fue tensa y que el presidente de la comisión, Luis Eugenio Díaz Corvalán, presionó para que se acreditara a la institución. Un hecho que hoy ya no resulta extraño. Una investigación del Ministerio Público, a cargo del fiscal Carlos Gajardo, develó que al menos desde junio de 2010, cinco meses antes de la acreditación de la UPV, Eugenio Díaz asesoró a la universidad para obtener la acreditación. Las pruebas son los correos que intercambiaron Díaz con Maulén. Además, existe constancia de un contrato por $50 millones de Eugenio Díaz con la UPV, que se firmó pocos días después de la acreditación de dicha institución. El pasado 24 de noviembre, Díaz y Maulén fueron formalizados por los delitos de cohecho, negociación incompatible y lavado de dinero, decretándose su prisión preventiva junto al ex rector de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga, también acusado de contratar para el mismo fin al ex presidente de la CNA.

La asesoría de Eugenio Díaz no fue la única medida que Ángel Maulén tomó para acreditar a su universidad, que hasta 2006 fue conocida como U. Mariano Egaña y luego del ingreso de Maulén tomó el nombre de la red de preuniversitarios y colegios de su propiedad: Pedro de Valdivia. A través de la revisión de documentos notariales, CIPER descubrió que, entre otros datos, y en paralelo al controvertido contrato con Díaz, la U. Pedro de Valdivia suscribió aumentos de capital, arriendos de sedes y préstamos por más $12 mil millones con empresas de propiedad de Maulén. Fue así como, junto a su socio en la universidad, Enrique Rodríguez Villa, el hoy investigado ex rector de la UPV se valió de su red de empresas relacionadas para lograr la acreditación, con la asesoría de Eugenio Díaz.

EL COSTO DEL TRASPASO

Ángel Maulén se instaló en la propiedad de la Universidad Mariano Egaña, en agosto de 2006. Cumplía así lo que anhelaba hace décadas: adquirir una universidad de su entera propiedad (ver recuadro), sumando un activo a su robusta red de empresas asociadas a la educación. La Corporación Mariano Egaña –fundada en 1987- estaba al borde del colapso. La Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP) había rechazado su primer intento de acreditación, un año antes, y  atravesaba una severa crisis académica y financiera. La única gran ventaja que ofrecía la UME era su licenciamiento, es decir, contaba con la autonomía para crear sus propios programas de estudios sin supervisión estatal. Un tema relevante, porque si Ángel Maulén creaba su universidad desde cero, habría pasado a lo menos seis años bajo la supervisión del Mineduc.

En mayo del 2006, el directorio de la UME –presidido por Juan Germán Cerón López- aprobó patrocinar la entrada de Ángel Maulén a la Corporación. La asamblea de  socios ratificó el acuerdo, poniendo fin a meses previos de negociaciones. Maulén no ingresó solo a la propiedad. Se sumaron su hijo Ángel Maulén Rodríguez, su segunda esposa Candice Rudloff Bossonney, su hermana María Elia Maulén Ríos, su madre María Elía Ríos Cancino, y su socio en los preuniversitarios y colegios Pedro de Valdivia, Enrique Rodríguez Villa, quien incluyó también a sus hermanos Manuel y Carmen, y a su cuñada Patricia Sandoval Stricker. Una semana después de que Maulén ingresara a la propiedad,  nueve de los 14 antiguos socios renunciaron a la asamblea de la corporación, en la que sólo se mantendrían como representantes de la administración original Luis Alberto Werner-Wildner, Francisco Cervero Reyes, Claudio Mesina Schulz, Juan Germán Cerón López y su hijo Rodrigo Cerón Prandi.

Una de las zonas nebulosas de este acuerdo son las condiciones económicas de la transacción. Lo que está claro es que la incorporación de Ángel Maulén y su socio Enrique Rodríguez a la propiedad de la UME no fue gratis. Si bien no hay pruebas de que la Corporación UME haya vendido directamente a Maulén escaños de participación en la Asamblea –lo que prohíbe la ley- durante el proceso de ingreso de los nuevos socios se realizaron una serie de transacciones que favorecieron económicamente al antiguo presidente de la Corporación UME, Juan Germán Cerón López.

La primera hebra la encontró CIPER en unos documentos fechados el 14 de junio de 2006, es decir, un mes después de que se aprobara la incorporación de Maulén a la Corporación. En esa fecha, el directorio de la UME aceptó vender dos bienes de su propiedad, ubicados en Eleodoro Yáñez 2964 y 2974 (sedes de la Universidad). El comprador sería Juan Germán Cerón, presidente del directorio y el mismo que, cuatro años antes,  había vendido esos inmuebles a la UME. En la promesa de compraventa, la U. Mariano Egaña fijó el precio de ambas propiedades en $378.431.794. Gran parte de ese monto lo pagaría Cerón, asumiendo la deuda por una hipoteca con el Banco Santander de más de $232 millones, que debía pagarse en cuotas hasta el 10 de octubre de 2012. Los restantes $174 millones se dieron por saldados cuando Cerón cedió a la UPV la marca MATRI, que él mismo había solicitado al Ministerio de Economía en 2003, a fin de impartir cursos de magíster en tributación en la universidad.

Finalmente, la compra de los inmuebles de Eleodoro Yáñez 2964 y 2974 se concretó el 19 de enero de 2007, momento en el que Cerón no desembolsó dinero, el que sólo pagaría en las 96 cuotas correspondientes a la hipoteca del Santander. El punto clave es que, indirectamente, la futura Universidad Pedro de Valdivia ayudaría a pagar esas cuotas. El mismo día en que la nueva universidad de Ángel Maulén vende los terrenos de Eleodoro Yáñez 2964 y 2974 a Juan Germán Cerón, ambas partes firman un contrato de arrendamiento por ambas propiedades, las que Cerón arrendó a la UPV en 240 UF mensuales (más de $4 millones).

Otro indicio de cómo Ángel Maulén obtuvo un escaño en el directorio de la universidad lo entrega una compraventa firmada el 9 de agosto de 2006 ante el notario Iván Torrealba, un día después que se oficializó su entrada a la propiedad. Ese día, la corporación adquirió cinco marcas registradas de propiedad de Cerón López: UME, Universidad Mariano Egaña Matemática 2001, y tres Mariano Egaña con distintos giros. Esas cinco marcas, en ese entonces devaluadas gravemente tras la crisis académica y financiera de la universidad, le costaron al recién asumido nuevo directorio 35.000 UF (más de $600 millones de la época), que Maulén pagó en tres cuotas: la primera ese mismo día con 20.000 UF, y otras dos por 7.500 UF cada una, con vencimiento el 31 de marzo y el 1 de agosto de 2007.

Lo extraño es que, a pesar de los $600 millones que pagó por esas marcas, la universidad las usó sólo 22 días. El 31 de agosto de 2006, el recién designado rector, Ángel Maulén, y el nuevo presidente de la junta directiva, Enrique Rodríguez,  modifican el nombre de la corporación por Universidad Pedro de Valdivia. La Universidad Mariano Egaña ya no existía.

LA CARRERA POR LA ACREDITACIÓN

Tras el cambio de nombre, el nuevo rector Ángel Maulén inició una rápida carrera para otorgar una renovada imagen a su recién adquirida universidad. Uno de sus objetivos fue expandir la UPV  a través de la creación de nuevas sedes y carreras. En 2007, la casa de estudios aumentó su matrícula en más de 400 alumnos y pasó de tres a seis facultades, inaugurando las carreras de Medicina y Enfermería.

Pero Maulén no sólo quería expandir su nuevo proyecto universitario. También aspiraba a acreditarlo ante la CNA. Una de las razones era que el certificado de la Comisión Nacional de Acreditación abría el acceso para matricular alumnos con crédito con aval del Estado (CAE), una inyección de fondos que la UPV necesitaba con urgencia. Una meta lejana, considerando los pésimos resultados que en 2005 su predecesora obtuvo ante la CNAP.

Para revertir el rechazo de la acreditación de la ex Mariano Egaña, Ángel Maulén se propuso como principal estrategia aumentar la infraestructura de la universidad, a fin de enfrentar en mejores condiciones un nuevo proceso de acreditación. Pero los negativos indicadores heredados de la UME le impedían realizar estas inversiones directamente desde la cuentas de su universidad. En 2006 sólo contaba con 1.735 estudiantes y ostentaba el noveno lugar de universidades con menos alumnos, entre las 36 existentes en ese entonces. Con escasos ingresos por matrícula, Maulén decide inyectarle fondos a la UPV a través de su holding de empresas, entre las que se cuentan inmobiliarias, constructoras, hoteles, sociedades de inversión, y los preuniversitarios y colegios Pedro de Valdivia.

La prolífera red de empresas de Ángel Maulén  se inicia en 1982, cuando inscribe su primera sociedad junto a Enrique Rodríguez Villa: Casa de Estudio Pedro de Valdivia. Ese fue el inicio de la Red Educacional Pedro de Valdivia, hoy conformada por 25 sedes del preuniversitario, 18 del Instituto de Inglés Wall Street y cuatro colegios en Santiago.En total, las instituciones de la red cuentan con más de 375 mil alumnos, y hasta hoy siguen bajo el control de Maulén y Rodríguez. Se suman los negocios particulares de Maulén, como dueño de Hotelera Neruda y su participación en al menos 40 sociedades con diversos giros.

La primera sociedad que acudió al rescate de la UPV fue Inmobiliaria Fundatoris Las Condes S.A.,de propiedad de Ángel Maulén y Enrique Rodríguez Villa. Según consta en los documentos notariales, el 20 de marzo de 2007 firmó una promesa de compraventa con la sociedad panameña The Bossonnerie Corp por el terreno de Camino El Alba 9520, lugar donde la universidad instalaría su nueva Casa Central y su Facultad de Medicina. El precio de la venta se fijó en 20.036,55 UF (más de $368 millones), monto que sería financiado a través de una hipoteca. Inmobiliaria Fundatoris Las Condes, a su vez, había suscrito una promesa de arriendo con la UPV por el futuro campus, cuya construcción nunca se inició pues en 2009 el Seremi de Vivienda metropolitano rechazó el proyecto.

Al iniciar en agosto del 2007 su primer proceso de acreditación, la Universidad Pedro de Valdivia utilizó la propiedad del amplio terreno de Camino El Alba 9520 para revertir su precaria infraestructura con la entrega a la CNA de su informe de autoevaluación. Sin embargo, la futura Facultad de Medicina no fue suficiente para la CNA, en ese entonces presidida por Emilio Rodríguez Ponce. El 21 de noviembre de 2007, y con Eugenio Díaz como comisionado, la CNA rechazó el primer intento de acreditación de la UPV, expresando que la infraestructura y equipamiento “aún es limitada, requiriéndose de un mayor nivel de inversión”.

Decididos a revertir la decisión, los nuevos dueños de la U. Pedro de Valdivia, liderados por su rector, Ángel Maulén, apelaron  a la CNA y, más tarde, al Consejo Nacional de Educación (CNED), no sin antes iniciar acciones concretas para aumentar su precario equipamiento. El primer paso fue firmar –en diciembre del 2007- un contrato de arrendamiento de equipos computacionales con el Banco Corpbanca. La duración del contrato se fijó en dos años y el valor mensual a pagar por los equipos sería de 287,40 UF más IVA, aproximadamente $5.5 millones.

Pero los nuevos equipos computacionales tampoco sirvieron para que el CNED acogiera la apelación de la U. Pedro de Valdivia. En el acuerdo N° 5 del 26 de marzo de 2008, el consejo acordó rechazar su acreditación, obligando a la universidad a esperar dos años para iniciar un nuevo proceso ante la CNA.

$12 MIL MILLONES EN PRÉSTAMOS DE EMPRESAS RELACIONADAS

Tras el rechazo a la acreditación de la UPV en marzo de 2008, Ángel Maulén inició una carrera contra el tiempo para acreditar a su universidad en 2010.

Pero para ello no sólo era necesario mejorar la infraestructura de la casa de estudios. Los magros resultados obtenidos en los estados financieros de 2007 y 2008 (periodo en el que, de acuerdo a un informe elaborado este año por la CNA, existió déficit de caja operativa o dinero en efectivo), hacían urgente una millonaria inyección de capital, para lo que Maulén y su socio Enrique Rodríguez Villa nuevamente recurren a las empresas de la Red Pedro de Valdivia.

Entre octubre y diciembre de 2009, siete sociedades controladas por Ángel Maulén y su socio Enrique Rodríguez otorgan al menos nueve mutuos de dinero a la universidad por más de $12 mil millones de pesos. Todos podrían pagarse hasta el 31 de diciembre de 2011 y no devengarían intereses ni reajustes, es decir, constituyeron préstamos blandos a la medida de la universidad. Las empresas involucradas en estas transacciones fueron los Colegio Pedro de Valdivia Las Condes ($350 millones) y Peñalolén ($400 millones); los preuniversitarios Pedro de Valdivia Limitada ($9.839 millones), Rancagua ($15 millones), Concepción ($1.297 millones) y Viña del Mar ($100 millones); y la Inmobiliaria Pocuro Limitada ($123 millones).

Los préstamos blandos otorgados por las siete empresas del holding Pedro de Valdivia dejaron a la universidad en una favorable posición para enfrentar el nuevo intento de acreditación. Para prevenir un nuevo rechazo de la CNA, esta vez Ángel Maulén dio un paso más: pedir la asesoría del entonces presidente de la comisión, Eugenio Díaz Corvalán. Por este hecho, Maulén hoy está en prisión preventiva e imputado por los delitos de cohecho, negociación incompatible y lavado de dinero.

No existen antecedentes que establezcan con exactitud el inicio de las asesorías de Díaz a la U. Pedro de Valdivia, pero un correo entre el ex miembro de la CNA y Ángel Maulén estableció que su relación se inició al menos un mes antes de que la universidad iniciara su segundo intento de acreditación. El 30 de junio de 2010, y de acuerdo a información publicada por La Tercera, Eugenio Díaz envió un correo a Maulén en el que confirma que recibió una versión del informe de evaluación interna de la UPV, y sugiere modificaciones a su entonces rector:

“(…) las primeras 20 páginas no deben ir. No corresponden, tienen debilidades notorias, en parte hablan del futuro (la unidad hará tal cosa, lo que quiere decir que no se ha hecho) y el informe de autoevaluación es sobre lo ya hecho (…) Tiene mucha declaración inconducente, lo que es peor en la página nueve, último párrafo dice que se terminarán los delegados de la dirección superior y las facultades, de manera que ahora se tomarán decisiones con criterios puramente académicos pero sin interferencia o algo así. Es ponerse la soga al cuello”, aconseja Díaz.

Dos meses después de ese correo, el 30 de agosto de 2010, la Universidad Pedro de Valdivia entregó a la CNA su informe de evaluación interna.

Ese mismo día 30 de agosto, y habiendo enviado la evaluación interna, Ángel Maulén y sus socios realizaron una transacción muy significativa y que da cuenta de cómo operaba el flujo de dineros entre empresas relacionadas. La universidad adquirió el 100% de las acciones de Inversiones Pedro de Valdivia S.A., empresa de propiedad de Ángel Maulén y los hermanos Enrique, Manuel, Carmen y Ricardo Rodríguez Villa. Para adquirirla, la UPV desembolsó 141.473,569 UF, unos $3 mil millones, y ese monto lo repartió entre los socios, quienes engrosaron su patrimonio personal. Llama la atención este movimiento, considerando que en febrero de ese año la asamblea de socios de la UPV había considerado la opción de hacer un aumento de capital  por el mismo monto, que finalmente se materializó en diciembre del 2010.

MEDIDAS URGENTES ANTES DE LA ACREDITACIÓN

Una de las principales falencias detectadas por la CNA en el primer intento de acreditación de la Universidad Pedro de Valdivia, en noviembre de 2007, fueron los negativos indicadores de capital de trabajo (CT) de la universidad, es decir, los recursos que la entidad requiere para operar en el corto plazo.

En ejercicio contable, una empresa con capital de trabajo negativo significa que tiene la urgente necesidad de aumentar su dinero en efectivo. Esto puede lograrlo consiguiendo dinero, vendiendo bienes o endeudándose a largo y no a corto plazo. Esta última fue la opción escogida por la universidad para revertir sus problemas financieros, ad portas de su segundo intento de acreditación.

En octubre de 2010, la UPV se preparaba para recibir la visita de los pares evaluadores, grupo compuesto por tres o más docentes, investigadores o profesionales ligados a la educación superior, que son seleccionados por la Comisión Nacional de Acreditación a través de concurso público. Su función: visitar y evaluar en terreno las instituciones y carreras que voluntariamente postulan a la acreditación, proceso que finaliza con la entrega de un informe a la CNA enumerando las fortalezas y falencias detectadas. Una suerte de “embajadores” de los comisionados. Doce días antes de su visita, el 21 de octubre de 2010, la UPV modificó cuatro de los nueve préstamos que entre octubre y noviembre de 2009 obtuvo de las empresas del holding Pedro de Valdivia. Ese día, los preuniversitarios Pedro de Valdivia Limitada, Concepción, Rancagua y Viña, extendieron el plazo de los compromisos por 286.371,77 mil UF (más de $6.100 millones), desde diciembre de 2011 hasta enero de 2015, es decir, cuatro años, un lapso que logró transformar la deuda de la UPV con empresas relacionadas, del corto al mediano plazo. Esto permitió que la universidad pasara de un capital de trabajo negativo de $5.807 millones en 2009 a uno positivo de $4.333 millones en 2010.

Con la reclasificación de más de $6 mil millones de deuda, la UPV recibió a sus pares evaluadores entre el 2 y el 4 de noviembre de 2010. Pero aún faltaba revertir la falta de infraestructura que la CNA detectó en su primer intento de acreditación en 2007. Para ello, el 2 de diciembre de 2010, un mes después de la visita de los pares evaluadores, la universidad firma una promesa de compra de su Campus Las Condes, ubicado en Avenida Apoquindo 5142 al 5148, de propiedad de Inmobiliaria La Conquista Limitada, otra de las empresas relacionadas de Ángel Maulén y su socio Enrique Rodríguez Villa (propietarios de la UPV). La compraventa se fijó en 63.854 UF (más de $1.368 millones).

Finalmente, el 9 de diciembre de 2010, los pares evaluadores de la UPV entregaron su informe a la Comisión Nacional de Acreditación. El veredicto fue lapidario. Entre otros juicios, los pares expresaron que la consolidación del plan de desarrollo de la universidad “no está acompañado de significativas inversiones en sus campus, tanto en infraestructura, equipamiento y en académicos con formación de alto nivel”.

Tras conocer esta negativa evaluación, los miembros o socios de la Corporación Universidad Pedro de Valdivia convocaron a una asamblea extraordinaria para ese mismo 9 de diciembre. Luego de analizar la crítica visión de los pares evaluadores, y a fin de “dar una potente señal en cuanto a la real intención de la asamblea sobre la política financiera de la universidad”, los socios de la corporación aprobaron una medida desesperada: una cuota extraordinaria de $3 mil millones enterada en partes iguales por Ángel Maulén Ríos y Enrique Rodríguez Villa.

Con el aporte materializado, el 13 de diciembre de 2010 la UPV entregó a la CNA sus comentarios y observaciones respecto al informe de los pares evaluadores.

El 22 de diciembre de 2010, la CNA, presidida por Eugenio Díaz, rechazó la acreditación de la U. Pedro de Valdivia. En esa votación, Díaz se abstuvo de participar. Pero una semana después,  cuando la comisión se pronunció sobre la apelación de la universidad, no existe constancia de que lo hiciera. Es así como el 29 de diciembre de 2010, y con la disidencia de solo un comisionado (María Elena González), la Comisión Nacional de Acreditación acreditó a la UPV por un año, el periodo mínimo establecido. Los argumentos esgrimidos por la Comisión corresponden exactamente a los movimientos previos que hizo el directorio de la UPV para  mejorar sus condiciones financieras. Es decir, para la decisión fue clave la reclasificación de los préstamos en deudas de largo plazo, el aumento extraordinario de capital y la promesa de compraventa del campus Las Condes.

En efecto, en el acuerdo institucional 139 de la CNA, que acogió la apelación presentada por la UPV, se estableció que existen “acciones tendientes a mejorar la precaria situación financiera de la institución entre 2007 y 2009”, y que su plan de desarrollo estratégico 2009-2013 “puede facilitarse a través de las últimas acciones en el ámbito financiero”.

El certificado extendido por la CNA permitió que sus alumnos accedieran por primera vez al Crédito con Aval del Estado (CAE). En 2011, de sus 5.000 alumnos, 1.400 solicitaron dinero del CAE por un monto total de de $2.350 millones, lo que arroja un promedio de deuda por alumno de $1.600.000 por cada año de estudio. A eso se le deben multiplicar los años de carrera –cinco o seis- y los intereses del CAE que en ese momento eran del 6% anual.

Poco después de esa polémica acreditación, la UPV firmó un contrato con Díaz por un total de $50 millones. Una última arista de la indagatoria judicial sobre este contrato es que el pago a Díaz se hizo contra boleta de honorarios a nombre del Preuniversitario Pedro de Valdivia, una empresa con fines de lucro, propiedad de los mismos controladores de la Universidad. Este hecho podría tener consecuencias tributarias para los controladores de la UPV.

LOS CORREOS ENTRE DÍAZ Y MAULÉN

Si la investigación que actualmente realiza el Ministerio Público contra Ángel Maulén comprueba el pago de honorarios a Eugenio Díaz por asesorías tendientes a acreditar a la UPV, su explicación sería una sola: la presión que realizan universidades como la Pedro de Valdivia para acreditarse y acceder al CAE. Para María José Lemaitre, ex secretaria ejecutiva del Consejo Superior de Educación, la vinculación entre dinero y acreditación “ha provocado algo perverso pues la CNA no resiste dejar a una universidad sin CAE. Entonces, la acreditan por un año, que es lo mismo que no acreditar”.

Ese es el caso de la Universidad Pedro de Valdivia, que el 18 de agosto de 2011, a cuatro meses de finalizar su acreditación,  entregó a la CNA su informe de evaluación interna con miras a su reacreditación.

Un mes después, la comunicación entre Eugenio Díaz y Ángel Maulén se reactivó. En un correo enviado el 3 de septiembre de 2011, el ex presidente de la CNA explica a Maulén que, a causa de las movilizaciones y tomas estudiantiles, la comisión analiza prorrogar por tres meses la validez de las acreditaciones que vencen ese año. En el correo menciona también que “si sólo se prorroga a las que están en toma, se deja en una situación difícil a las demás, sobre todo a la UPV”.

Según fuentes al interior de la CNA,  no se extendió la prórroga, tal como deseaban Eugenio Díaz y Ángel Maulén. En consecuencia, la acreditación expiró el 29 de diciembre de 2011.

Finalmente, el 4 de julio de 2012, la Comisión Nacional de Acreditación, ahora presidida por Íñigo Díaz, rechazó la reacreditación de la UPV, argumentando, entre otros indicadores, “diferencias en la calidad de la oferta e infraestructura en sus distintas sedes, con evidente necesidad de espacios académicos, recreativos y de equipamiento en la mayoría de ellas”, siendo las más críticas las sedes de Antofagasta y Concepción.

Los alumnos de Odontología del campus Antofagasta conocen bien las críticas realizadas por la CNA. Al punto que, en junio pasado, 89 estudiantes se mantuvieron por más de un mes en paro a fin de exigir mejoras en las instalaciones de su sede. Ingebor Mol, vocera de la carrera, detalló en julio una serie de irregularidades al portal SoyAntofagasta.cl:

-No tenemos la infraestructura necesaria para atender a público, menos aún en el campus, ya que se encuentra en la línea de inundación del plano regulador y no fue autorizada la construcción de estas salas. Aunque existen conversaciones, estamos muy preocupados para quienes deben cursar el próximo año la carrera sin las condiciones mínimas –informó la estudiante de tercer año de Odontología.

En esa misma fecha, el presidente de la Federación de Estudiantes de la UPV Antofagasta, Sergio Rojas, indicó al portal Madero Noticias que la precaria infraestructura no sólo afecta a Odontología:

-Pedagogía en Educación Física no tiene gimnasio, balones ni profesores competentes; Enfermería no tiene laboratorio de anatomía, ni ramos de primeros auxilios; Psicología no posee sala de espejos; Fonoaudiología no posee sala de fonética -precisó el dirigente estudiantil.

Tampoco son auspiciosos los resultados de la UPV en la última medición de la prueba INICIA 2011, que mide desempeño de egresados en el área de Pedagogía. De los 17 egresados de Educación Básica que rindieron la prueba, el 82% obtuvo un nivel insuficiente en conocimientos pedagógicos. En el caso de los 13 egresados de Educación Parvularia, se ubicaron en los últimos lugares, con un 56% de respuestas incorrectas.

Durante el proceso de acreditación, la ley de donaciones que permite a las empresas descontar impuestos, también benefició a las sociedades relacionadas con Maulén. De acuerdo al registro oficial, en 2006 –cuando asumió la propiedad- , la Universidad recibió algo más de $68 millones: Preuniversitario Pedro de Valdivia Concepción aportó $14 millones, mientras Preuniversitario Pedro de Valdivia Limitada donó $40 millones, en ambos casos, para readecuación de infraestructura. Otra empresa relacionada con el Preuniversitario en Viña del Mar (Estudios Viña del Mar) registra aportes por $7 millones. Otras donaciones  vinieron de Minera Los Pelambres, Sociedad de Suministro de Personal SEP y Paz Gestión Limitada. El año que más aportes obtuvo fue en 2008, con $128 millones (Clarial S.A. y Andrés E. Guiloff D. aportaron $25 millones  y $98 millones, respectivamente, destinados a la Facultad de Salud y Banco Santander donó $5 millones para programas tecnológicos). Los aportes en 2010 sumaron $43 millones, de los cuales Banco Santander donó $20 millones para programas de desarrollo tecnológico y el resto se destinó a un fondo de becas (Inversiones San José de Logroño, $5 millones y Vicente Caruz Ltda, $18 millones). En 2011 sólo se registra donaciones de Banco Santander, por $2,4 millones, para el fondo de becas.

SORPRESIVOS CAMBIOS DE CONTRATOS

Una vez que el 4 de julio de este año, la CNA rechazó las gestiones de la UPV para renovar la acreditación por un nuevo periodo, la universidad inició de inmediato un proceso de apelación a fin de revertir el fallo adverso. En ese intertanto, realizaron algunos movimientos clave, que parecen orientados a borrar las huellas contractuales con empresas relacionadas de propiedad de los mismos dueños de la UPV.  El 10 de agosto,  hubo tres transacciones para poner fin a los contratos de arrendamiento que mantenía la UPV con Inmobiliaria La Conquista Limitada, otra de las empresas de propiedad de Ángel Maulén Ríos y Enrique Rodríguez Villa.

Según consta en los documentos notariales, La Conquista traspasó a la U. Pedro de Valdivia dos contratos de arrendamiento por los inmuebles de Eleodoro Yáñez 2964, 2974 y 2988 (sedes de la UPV), que mantenía con el ex socio de la Universidad Mariano Egaña: Juan Germán Cerón López. En definitiva, lo que se hizo fue borrar el vínculo con una empresa relacionada, quedando la UPV como arrendadora directa de esos inmuebles. La misma inmobiliaria traspasó a la universidad el arriendo de ocho estacionamientos del Estadio Español, ubicado a cuatro cuadras de su campus Las Condes. Una operación de blanqueamiento que borró a Inmobiliaria La Conquista del mapa de empresas relacionadas con la UPV y que mejoró su presentación a la apelación ante la CNA. La estrategia utilizada no fue suficiente para la CNA, porque el 3 de octubre rechazó el recurso de reposición interpuesto por la universidad.

Miguel de Cervantes: La otra universidad de propiedad de Ángel Maulén

La Universidad Miguel de Cervantes (UMC) fue fundada el 7 de mayo de 1996. Según el informe que envió la Universidad al Ministerio de Educación, dando cuenta de todas las reformas de estatutos, Ángel Maulén Ríos aparece por primera vez como socio, en una modificación del 6 de marzo de 2003. Un año más tarde, en mayo de 2004, renuncia a la Corporación. Sin embargo, su alejamiento no duraría mucho. El 8 de junio de 2006 el directorio de la UMC aprueba el ingreso, en calidad de socio, de Inversiones Cantalao S.A., cuyo representante legal y dueño era Ángel Maulén Ríos.

El último cambio informado corresponde al 26 de abril de 2011. A esa fecha, figuran 28 socios activos de la Corporación, entre ellos, tres sociedades relacionadas con Maulén: Inversiones Cantalao S.A., Sociedad Ángel Maulén Ríos, y Sociedad María Elia Maulén Ríos. Como socios en calidad de personas naturales aparecen: Luis Ortiz Quiroga, Juan José Santa Cruz, Hugo Lavados M., Carlos Alberto y Gutenberg Martínez Alvear, Oscar Pizarro y Ernesto Corona. Además, figuran como representantes legales: Gutenberg Martínez (Soc. Martínez y Cía. Y C y C  S.A.), Edmundo Hermosilla (Varas y Hermosilla Consultores y Cía Ltda.), Ernesto Corona (PEERCO S.A.), Oscar Pizarro (Inmobiliaria e Inversiones Pentium S.A.), Alejandro Hasbún (Asesorías e Inversiones El Trébol Ltda. y Asesorías e Inversiones Los Conquistadores), Walter Oliva y Rodrigo Bosch (Inv. Para el Futuro y Desarrollo Ltda.), Héctor Altamirano (Estudios Proyectos Construcción A.I.M. Ltda.), Francisco Salazar P. (Inversiones E.F.E.S.) y Víctor Aguilera V. (Soc. Aguilera Gutiérrez S.A., Soc. Metropolitano S.A. y Soc. Araucarias S.A.)

Caso Lucro: Los verdaderos responsables y por qué la movilización debe seguir

Por : Diego Vela Grau en OpiniónPublicado: 04.12.201

La caída de Eugenio Díaz y de los ex rectores y dueños de las universidades del Mar y Pedro de Valdivia ha desatado una inédita crisis de credibilidad en el sistema de educación superior. A las pruebas de que ese sistema no produce calidad aceptable, se suma ahora la evidencia de que no funciona ni siquiera con decencia. En esta columna, el presidente de los estudiantes de la Universidad Católica, repasa las responsabilidades políticas que han permitido el desastre. Insiste, además, en que la movilización de los estudiantes no puede detenerse, “para que no volvamos a ver en la historia de nuestro país 18.000 familias abandonadas a la suerte del mercado, como es el caso de los estudiantes de la Universidad del Mar”.

Para justificar el éxito en la recuperación de Islandia después de la crisis financiera del 2008, su actual Presidente, Olafur Ragnar Grimsson, explicó: “El gobierno rescató a las personas y encarceló a los banqueros, lo opuesto que están haciendo América y Europa”. Ragnar ha sido conocido a nivel mundial por decidir la no promulgación de una ley (por medio de dos referéndums) que pretendía hacer que los islandeses indemnizaran a Gran Bretaña y Holanda, cuyos ahorradores habían sido perjudicados por la quiebra del banco en línea Icesave. En un principio, cuando se produjo el colapso bancario, producto de años de burbujas financieras de todo tipo, la respuesta del anterior Primer Ministro Haarde fue la de “meter preso a los banqueros corruptos”, pasando por alto las responsabilidades de Estado y de los políticos en el desastre. Sin embargo, gracias a la revolución pacífica y sostenida de la ciudadanía que en masa se volcó a las calles diciendo NO, el Primer Ministro Haarde terminó preso junto a los políticos corruptos, negligentes y cómplices del sistema. Los islandeses no aceptaron que una deuda privada se transformara en un asunto público. Se tomaron las calles y echaron abajo al gobierno, exigiendo nuevas elecciones. Con el cambio de gobierno vino el referéndum y 9 de cada 10 islandeses dijo NO a pagar la deuda de los bancos privados. Y el Presidente Olafur Ragnar privilegió los intereses públicos por sobre los intereses privados.

“Nuestras autoridades gastan sus energías en mantener en pie un cadáver que genera un enorme daño social”.

Una ciudadanía activa, consciente de sus derechos y deberes, informada y bien organizada puede lograr grandes cambios estructurales. Esto no es una utopía. Y es imperativo que las miles de personas que se han manifestado en Chile para protestar por los diversos abusos sigan marchando en las calles y presionen para que el sistema político en su conjunto se haga responsable. Es necesario ejercer esta presión, romper con los conflictos de interés y de una vez por todas cambiar la historia que estamos construyendo como país.

La investigación judicial en que están envueltas la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y, por ahora, las Universidades del Mar (18.000 alumnos) y Pedro de Valdivia (5.000 alumnos), le ha puesto una lápida al sistema con que el Estado vigila el correcto funcionamiento de las instituciones de educación superior chilenas. Hoy estamos ante un mecanismo de acreditación absolutamente desacreditado que se mantiene funcionando únicamente gracias a una clase política que es negligente e indolente frente a la existencia del negociado en la educación. El lucro está en el fondo de todo este asunto.

Sólo porque hay lucro es posible que haya sobornos como los que se investigan. Resulta increíble que nuestros diputados aún no hagan cumplir la ley dejando que las universidades lucren (recordemos que la Cámara de Diputados rechazó el Informe sobre el lucro) y que el gobierno, mostrando su ideología más intrínseca, trate a  ciudadanos vulnerados de derechos como clientes diciéndoles que su solución es que vayan al SERNAC. Mientras la autoridad se mantiene con los ojos bien cerrados, el negocio en Educación alcanza tal nivel que figura entre las cinco áreas que más gastos hacen en marketing, según la Asociación Chilena de Agencias de Publicidad (ACHAP). Sólo es superado por el retail y la telefonía.

Lo más preocupante es que la discusión pública sobre este caso se ha centrado en las penas que deberían sufrir los corruptos sorprendidos, como si tuviéramos al frente un caso particular y no un sistema completo que está en crisis. Para creer eso hay que olvidarse de cosas importantes. Por ejemplo, cómo fue que la Universidad del Mar se transformó en lo que es. Un dato: pasó de tener 3.900 alumnos en 2002 a 22.388 en 2007. Es decir, en cinco años quintuplicó la cantidad de alumnos. Pese a que hace años se escuchan denuncias en contra de su calidad, y sus pobres resultados en las pruebas Inicia y en la Eunacom estaban a la vista de todos, el Estado que debe cautelar los intereses de todos fue indolente. Y la Universidad del Mar nunca fue debidamente fiscalizada.

Hoy la autoridad de turno se sorprende al descubrir el desastre académico de la U. del Mar. En realidad deberíamos sorprendernos de la sorpresa de las autoridades que durante décadas vieron crecer este problema y que ahora tratan, los que están en el poder y los que desesperadamente quieren volver, de sacar provecho político con acusaciones cruzadas. La verdad es que la derecha presionó para crear una legislación donde el “emprendimiento privado” no estuviera sometido a la vigilancia del Estado. Y la Concertación miró para el lado y dejó crecer estos monstruos que han devorado los sueños de miles de jóvenes.

Se entiende entonces que a muchos les convenga plantear lo sucedido como algo puntual, como una única manzana podrida en un árbol sano. Así es como se ha enfrentado el problema educacional durante estos años. Pero el árbol está muerto. Nuestras autoridades gastan sus energías en mantener en pie ese cadáver que genera un enorme daño social. Estoy convencido de que durante estos años los movimientos sociales han generado tierra fértil para que podamos plantear un nuevo árbol donde el fruto que nazca sea uno justo.

Para que luego no se olvide, dejemos aquí señaladas las responsabilidades que tocan a cada cual. Si dejo alguna en el tintero los lectores de CIPER pueden agregarlas en los comentarios de esta columna.  Partamos por el Presidente Sebastián Piñera, quien luego de asumir en marzo del 2010, tenía un plazo de 30 días para nombrar a un nuevo presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). No lo hizo. Dejó de subrogante a Eugenio Díaz, hoy acusado de recibir sobornos a cambio de acreditar. Durante todo 2010, la CNA se dedicó a acreditar a todas las instituciones que se presentaron ante ella. La CNA acreditó todo lo que se moviera, incluyendo a las universidades del Mar y la Pedro de Valdivia. Fue un festín. ¿El gobierno no supo lo que ocurría en la CNA?

Deberían haberlo sabido, pues el gobierno tiene un representante en la CNA: Juan José Ugarte, el jefe de la División de Educación Superior, mano derecha del ministro de Educación. ¡Lamentablemente Juan José Ugarte faltó a un 71% de las sesiones de la CNA! Aunque cuando asistió no lo hizo mejor. Ugarte estuvo presente en las sesiones en que se entregaron antecedentes claros de que tanto la Universidad Santo Tomás, como la UNIACC, lucraban. Su obligación, dado el estatuto administrativo, era informar a sus superiores de todo tipo de irregularidad. Sin embargo el ministro Harald Beyer dijo reiteradamente que no tenía antecedentes de lucro en universidades.

“El Presidente Sebastián Piñera tenía un plazo de 30 días para nombrar a un nuevo presidente de la CNA. No lo hizo. Dejó de subrogante a Eugenio Díaz, hoy acusado de recibir sobornos a cambio de acreditar. Durante todo 2010, la CNA se dedicó a acreditar a todas las instituciones que se presentaron ante ella, incluyendo a la Universidad del Mar y la Pedro de Valdivia. Fue un festín. ¿El gobierno no supo lo que ocurría en la CNA?”

Además de lo anterior, el Ministerio de Educación carga con otra responsabilidad ineludible. Beyer y sus antecesores siempre dijeron que no solo no tenían antecedentes de lucro, sino que no tenían atribuciones para fiscalizar universidades. Ahora vemos que tras estallar el escándalo en la prensa el ministro inició una auditoria en la Universidad del Mar y recurrió al Consejo de Defensa del Estado para ampliar las querellas a otros implicados. Estando ad portas de que se cierre el monstruo que dejamos crecer, es evidente que lo que le faltaba al ministro no eran atribuciones sino incentivos para actuar correctamente.

Hoy escuchamos que la propuesta del ministro frente al drama de los 18.000 alumnos de la universidad del Mar es reacomodarlos en diferentes instituciones. Pero si dejara de ver sólo números y diera el paso para ver que hablamos de personas afectadas, no propondría eso. Según la Encuesta Nacional de la Universidad del Mar realizada por la Feudm de Viña del Mar, un 28% de los estudiantes de la Universidad del Mar son padres, un 47% son estudiantes que trabajan y estudian al mismo tiempo, un 84% cree que lo que ha sucedido en su universidad les va a perjudicar al momento de encontrar trabajo, más de 1.000 estudiantes no pueden ser reubicados debido a que estudian en las sedes de San Fernando o Quillota, lugares donde la opción más cercana queda a horas de distancia. Es decir, el problema no es puntual, es un drama humano y social de proporciones mayores.

El gobierno y el ministerio actúan como si estuviéramos ante un negocio que se cierra. Ahí hay otra gran culpa. La educación no es un negocio: se trata de familias, proyectos truncados, esfuerzos económicos y humanos desperdiciados. Hablamos de 18 mil chilenos vulnerados y entregados a los vaivenes del mercado en la incertidumbre total sobre su futuro, para que unos señores puedan tener su BMW.

Como institución el Congreso también carga con su culpa. No solo su incapacidad de ver el enorme lucro y denunciarlo. En plena crisis de la Universidad del Mar, el miércoles 28 de noviembre, los diputados de la Cámara tuvieron la oportunidad de empezar a buscar justicia y partir por el ejercicio sencillo de que se cumpla la ley. Pero nuevamente fallaron. De los 120 diputados, 37 se ausentaron de la votación para iniciar una nueva comisión investigadora del lucro. (Vea aquí quienes no hicieron la pega). Ya nos han hecho perder la ingenuidad de que se van a comportar distinto. No queremos más promesas, sino actos concretos.

Si el gobierno y los políticos insisten en mantenerse al margen de casos como el de la Universidad del Mar y no toman medidas más eficientes e inmediatas frente al escándalo mayor que ha significado lo de la Comisión Nacional de Acreditación, la ciudadanía debe manifestarse, movilizarse, salir a la calle a ejercer presión. La ciudadanía no debe olvidar lo que ha pasado aquí. La educación no es cualquier tema. Es definitorio para el futuro de Chile. Debemos mirar cómo actúan nuestras autoridades en este tema y manifestar nuestra opinión a través del voto. Las elecciones municipales fueron una pequeña señal de que la sociedad chilena ya no está dispuesta a seguir como si nada pasara y que frente a proyectos vacíos que no atacan los problemas gravitantes de los ciudadanos, no hay participación que aguante. La transversalidad de las grandes temáticas que debemos y podemos transformar como país son, entonces, razón suficiente para  seguir manifestándose con firmeza y convicción.

“Es imperativo que las miles de personas que se han manifestado en Chile para protestar por los diversos abusos sigan marchando en las calles y presionen para que el sistema político en su conjunto se haga responsable”.

Es lo que sucedió en Islandia, un país pequeño, pero con grandes ciudadanos que se atrevieron a salir a las calles y decir firme y claro No a los abusos de un sistema neoliberal feroz, se negaron a ser espectadores de un sistema donde los banqueros invierten, arriesgan y si sale bien, la ganancia es para ellos; pero si sale mal, que el Estado, por ende los ciudadanos, paguen y se hagan cargo. ¿Qué pasó con Islandia, pese a los temores de Europa que vaticinaba lo peor? Hoy ha triplicado su crecimiento, es un país prospero y en paz. Gracias a una sociedad civil activa y determinada, el gobierno defendió a los ciudadanos y no a unos pocos corruptos. Islandia es hoy un país donde ideas como tener una Educación Pública, una Constitución que realmente refleje la visión país de la ciudadanía no son sueños, sino realidades que construyen la historia de un país.

Las chilenas y chilenos tenemos el derecho y deber de ser protagonistas, de ser gestores de las grandes transformaciones que nuestra sociedad requiere. Debemos ser activos promotores de espacios que velen por la justicia y el bien común para que no volvamos a ver en la historia de nuestro país 18.000 familias abandonadas a la suerte del mercado, para que no se repita en algunos años más que miles de estudiantes son engañados víctimas de la persecución de utilidades por parte de empresarios amparados en la negligencia de políticos e instituciones públicas.

PUBLICADO POR CIPER-CHILE

Chile y el movimiento social: cuando el neoliberalismo triunfante se agrieta…

Franck Gaudichaud

Punto de vista internacional

Traducido por Rocio Gajardo Fica y revisado por Caty R.

El 22 de septiembre del 2011 con traje oscuro, corbata violeta y camisa celeste, el presidente Sebastián Piñera sube a la tribuna de la asamblea general de la ONU. El jefe del gobierno chileno y exitoso empresario multimillonario muestra una amplia sonrisa. En estos tiempos de crisis del capitalismo, él reivindica una economía floreciente, con una tasa de crecimiento de más de un 6% del PIB (principios de 2011). Durante su breve discurso ante los principales jefes de Estado del planeta insiste, también, en el conflicto social relacionado con la educación que atraviesa su país desde hace varios meses: “la carrera por el desarrollo y la batalla por el futuro, debemos ganarla en las aulas”, afirmaba.

Aseguró que su gobierno pretende “garantizar una educación para todos y una educación gratuita para todos los que la necesitan”. Y el hecho de que los jóvenes de Chile luchen valientemente incluso es una prueba de la buena salud de la democracia chilena, todos movilizados por “una noble causa, grande, bella que es la de dar una educación de calidad” al pueblo. Magia del verbo propia de un político… quién podría pensar que está escuchando al representante de una derecha dura, de regreso a la cabeza del Estado 20 años después del final de la dictadura militar (1989) y comprometida, a cualquier precio, en la continuidad de esta revolución capitalista impuesta a sangre y fuego sobre las cenizas de la Unidad Popular y el cadáver de Salvador Allende ¹ . En lo más recóndito de los barrios populares, en el corazón de las innumerables marchas que agitan las ciudades del país, entre las decenas de colegios, liceos y universidades ocupadas, este discurso se recibe como una provocación más. El poder no comprende lo que subyace en la sociedad, o más bien intenta aparentar que no comprende. El día de esa intervención en la ONU, manifestaciones y coloridos desfiles mostraron a la Moneda ² que el movimiento por una educación “gratuita pública y de calidad” no está muerto. En la tarde del 23 de septiembre Camila Vallejo, una de las dirigentes de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) subrayaba, con un cierto dejo de ironía, que el discurso del presidente estaba lleno de “contradicción, incoherencia e inconsistencia”, en el mismo momento en que Piñera se negaba a cualquier negociación seria y seguía desplegando todo un arsenal represivo ³ .

Un movimiento social por la educación de una amplitud histórica

Desde la primera marcha de los estudiantes universitarios y alumnos de educación secundaria, el 28 de abril de este año, las acciones colectivas no se han debilitado, más bien lo contrario ⁴ . Durante todo el mes de mayo, las expresiones del movimiento se han ido amplificando. El 12 de mayo en Valparaíso, mientras el presidente de la República presentaba, como todos los años, su balance anual ante la nación, decenas de miles de personas expresaban su rabia. Progresivamente, el descontento se amplifica y la popularidad de los indignados chilenos aumenta. El 30 de junio son 300.000 en las calles y 500.000 el 9 de agosto; jóvenes, viejos, clase media y capas populares, todos juntos. Uno de los puntos culminantes de esta escalada es la huelga nacional de los días 23 y 24 de octubre, convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y más de 80 organizaciones sindicales, protesta convocada contra las deplorables condiciones de trabajo, pero al mismo tiempo en apoyo de los estudiantes movilizados. Los repertorios de acciones colectivas utilizados han sido múltiples y a menudo muy originales. Además de las estrategias de intervención callejera tradicionales, el aspecto festivo y creativo es central en la contestación de la juventud: carnaval, maratón de besos, bailes y canciones originales, humor satírico, acciones espectáculo ⁵ . Pero encontramos también los instrumentos de protesta más clásicos: huelgas en las universidades, principalmente públicas, con apoyo del profesorado, multiplicación de las “tomas”, e incluso huelgas de hambre, llevadas a cabo por jóvenes estudiantes, que de esta forma buscan mostrar al mundo su determinación. Estamos frente a toda una generación que parece a contracorriente, que está alimentando la más importante lucha social desde las enormes jornadas de protesta de 1983 y 1984: una generación que no conoció la dictadura y que nació bajo los auspicios de la democratización neoliberal pactada.

Los estudiantes siempre han sido grandes protagonistas del movimiento social. Podemos remontarnos a los tiempos de los “actores secundarios” que se enfrentaron al régimen militar ⁶ . Las protestas actuales están indiscutiblemente conectadas a las experiencias adquiridas en 2011 (mochilazo) y a la llamada “rebelión de los pingüinos” de 2006. Esta última, de una gran fuerza, hizo temblar al gobierno de la socialista Bachelet y agrietó los cimientos del consenso político ⁷ . Los que se rebelan en 2011 son en parte los movilizados de 2006, y aprendieron el costo de las negociaciones sin futuro, la importancia del control de los voceros en las asambleas y la fuerza de la autogestión.

Pero, ¿por qué protestan estos estudiantes? Los problemas son numerosos, las reivindicaciones están claras: educación gratuita, pública y de calidad. “En la enseñanza secundaria, los estudiantes de liceos y colegios, quieren que sus establecimientos vuelvan a estar bajo control estatal, subraya un investigador. Desde la transferencia a control municipal en 1990, al final de la dictadura, la educación pública secundaria no ha dejado de declinar, en directo beneficio de los establecimientos privados y subvencionados. En la educación superior, el financiamiento de los estudios es particularmente problemático. Las universidades, públicas y privadas exigen el pago de una mensualidad cercana a los 300 euros ⁸ . De esta forma, la mayoría de los estudiantes deben recurrir a créditos para financiar sus estudios, sin saber con certeza si podrán reembolsarlos una vez integrados al mercado del trabajo (…) A lo que se suma que, a pesar de la existencia de una ley, aprobada durante la dictadura, que estipula que las universidades son instituciones sin fines de lucro, la gran mayoría ha puesto en marcha todo un entramado que les permite recabar las cuantiosas ganancias generadas” ⁹ . Herencia envenenada, posteriormente gestionada fielmente por la Concertación, coalición de socialistas y demócrata cristianos que gobernó al país desde 1990 hasta 2010 sin interrupción. Hasta el golpe de Estado de 1973, la educación pública chilena era conocida por su calidad y gratuidad. Actualmente menos del 25% del sistema educativo está financiado por el Estado, el resto lo asumen las familias de los estudiantes: el 70% de los estudiantes tiene que endeudarse y el 65% de ellos interrumpe sus estudios por razones financieras. Por cierto, el Estado chileno sólo dedica el 4,4% del producto interior bruto (PIB) a la educación, bien lejos del 7% recomendado por la UNESCO^{1 0} . De hecho, encontramos la misma lógica en todos los campos sociales: salud, jubilaciones, transportes, medios de comunicación, etc.

La Concertación puede regocijarse del récord de impopularidad de Sebastián Piñera (sólo un 22% de aprobación). Según las encuestas más del 75% de la población apoya las reivindicaciones estudiantiles, manifestándose en los barrios a través de enormes conciertos de cacerolas (los llamados caceroleos), y paralelamente rechaza los 20 años de gestión socio-liberal, que no hizo sino reforzar el modelo económico. El mea culpa del presidente del partido Socialista, Osvaldo Andrade, reconociendo que “durante los 20 años de los gobiernos de la Concertación nosotros también, en muchas ocasiones, fuimos parte activa de esta política abusiva” no cambia mucho la situación.

Falsas negociaciones, juego de crédulos y criminalización de las luchas

En la derecha son numerosos los parlamentarios que se inquietan por la crisis de gobernabilidad. En el mes de julio Joaquín Lavín, el Ministro de Educación, también empresario de educación y dirigente de la Unión Demócrata Independiente (UDI^{1 1} ) se vio obligado a dimitir. La turbación de las clases dominantes se refleja en las editoriales del periódico El Mercurio y en los artículos de intelectuales que hasta ahora se proclamaban liberales, incluso progresistas. Frente al regreso del espectro de la lucha de clases estos describen, como el historiador Alfredo Jocelyn-Holt, su “inasible malestar” y no vacilan en descalificar de manera violenta las acciones de protesta^{1 2} .

La rebelión estudiantil devela igualmente la verdadera cara de la «nueva derecha» gubernamental, que no había llegado al gobierno a través de las urnas desde 1956^{1 3} . Durante semanas la única respuesta del ejecutivo fue la represión, con el apoyo de toda la maquinaria mediática. El «pinochetismo» aún se muestra a toda vela. El portavoz del gobierno Andrés Chadwick, ex presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, designado por Pinochet en 1978, y el alcalde de la comuna de Santiago Pablo Zalaquett (UDI), hicieron declaraciones en las que afirmaban que los estudiantes no eran los dueños de La Alameda ( principal avenida de Santiago). Incluso este último sugirió la intervención de las fuerzas armadas para impedir las manifestaciones del 11 de septiembre, día de conmemoración del golpe de Estado. Otro ejemplo, misma cantinela: Cristián Labbé, alcalde de Providencia, comuna de la ciudad de Santiago, y ex miembro de la policía secreta de la dictadura, anunció que cerraría los liceos ocupados y planteó anular el año escolar con el objetivo de castigar a los movilizados. La represión por parte de los carabineros es permanente. Los heridos se cuentan por cientos y son miles los arrestados, incluso debemos lamentar la muerte de Manuel Gutiérrez, de 14 años, asesinado a tiros por la policía. En este contexto, una pequeña parte de los estudiantes ha escogido la autodefensa. En cada manifestación se produce una batalla campal, a pesar de las protestas de los organizadores, con barricadas, pedradas y cócteles molotov lanzados contra los carros blindados, gases lacrimógenos, armas de fuego y policía a caballo. Varios dirigentes del movimiento han sido amenazados, incluso de muerte, como es el caso de Camila Vallejos.

Frente a la potencia de une revuelta que no pierde fuerza, el 3 de septiembre el gobierno se vio obligado, finalmente, a hacer como si negociase, apostando al desgaste y las divisiones del movimiento. La revista A l’Encontre traza la cronología de este juego de crédulos. «Los dirigentes estudiantiles han hecho saber claramente que todas las proposiciones se someterían a la decisión de las asambleas que representan de manera efectiva a sus bases. De esta forma, con fecha de 8 de septiembre, la Confech anunciaba las condiciones para continuar las negociaciones. Estas son, de forma resumida, cuatro: 1° aplazar la fecha fijada por el ministerio para la renovación de las becas y créditos, instrumento de chantaje económico utilizado contra los estudiantes y uno de los instrumentos utilizados por el poder. 2° suspender el proceso de puesta a punto de las leyes que conciernen a la educación, leyes que el Parlamento debe presentar al ejecutivo. 3° las discusiones deben ser transparentes , lo que implica que se filmen, con el fin de que los ciudadanos puedan conocer las posiciones respectivas de los diversos actores de este conflicto. 4° la negociación debe apuntar a la cuestión central, es decir, la educación pública, gratuita, de calidad, democrática y sin lucro. El 15 de septiembre, el ministro de Educación, Felipe Bulnes, recusa dos condiciones: el no aplazamiento de la fecha del 7 de octubre para el cierre del semestre y rechaza la interrupción del procedimiento de puesta a punto de una ley sobre la educación. En cuanto a la publicidad de las negociaciones, Bulnes se limita a indicar que el proceso verbal de las discusiones se pondrá a disposición del público. El 15 de septiembre, el vicepresidente de la Confech, Francisco Figueroa, anuncia el rechazo a las proposiciones del ministro y señala que está prevista una movilización nacional para el 22 de septiembre. El 19 de septiembre el presidente Sebastián Piñera anuncia en la televisión pública que «70.000 estudiantes secundarios han perdido el año por haber paralizado las clases desde hace 4 meses. Una verdadera provocación»^{1 4} . A pesar de todo, la movilización del 22 de septiembre logró reunir a casi 180.000 participantes. Y una semana después, 150.000 manifestantes desfilaban nuevamente. Este escenario de movilizaciones-crimiminalización-negocaciones en falso, se mantiene desde principios de octubre. Y cada vez, la capacidad de réplica de los estudiantes es impresionante y aclamada por varios sectores del movimiento social, comenzando por el Colegio de Profesores.

Una nueva estructura de oportunidades políticas para la transformación social

Según el PNUD, si bien en Chile se ha logrado disminuir la pobreza el país sigue figurando entre los más desiguales del planeta. Luego de la estrategia de shock impuesta por la dictadura (1973-1990) la sociedad chilena se vio sometida a los tormentos de una transición pactada. Durante los últimos 20 años de «democracia autoritaria» la sociedad, fragmentada y atomizada, parecía haber integrado en sus genes este modelo y sus instituciones: a pesar de las reformas, la Constitución de 1980 que consagra la teoría neoliberal del «rol subsidiario del Estado» sigue vigente. El parlamento está amarrado por un sistema electoral, llamado binominal, que asegura el reparto casi perfecto del poder entre la Concertación y la derecha. Paralelamente, el sector judicial, el mediático y el económico son bastiones del ultraliberalismo o de los conservadores.

De esta forma, algunos pensadores críticos d escriben la construcción de un neoliberalismo triunfante (Juan Carlos Gómez) o de un neoliberalismo maduro (Rafael Agacino) de larga duración, ampliamente estabilizado, entre otras cosas a través de los mecanismos de consumo a crédito, de una sociedad de espectáculo bajo el control de un duopolio mediático y gracias a la exclusión de las clases populares del espacio de participación política, de la polis . Una casta de profesionales pasa tranquilamente de la administración del Estado a la gestión de las empresas, todas vinculadas de una forma u otra a un puñado de familias (Matte, Luksic, Angellini o Paulman). Este orden social no excluye las explosiones sociales, pero torna bien complicado su potencial emancipador^{1 5} . Sin embargo, como afirma el historiador Sergio Grez, es posible afirmar que el año 2011 quedará grabado como «el despertar de los movimientos sociales luego de más de dos decenios de letargo»^{1 6} . Si retomamos la sociología de las políticas de conflicto, no hay duda de que gracias a las movilizaciones se ha abierto una estructura de oportunidad política aprovechada por una nueva generación, que de un conflicto en el campo de la educación ha logrado constituirse, en el curso de un brusco cambio de escala, en un actor ineludible de la escena política nacional^{1 7} . ¿Cuáles son los factores que explican este salto cualitativo y cuantitativo? Podemos citar la situación económica de los estudiantes, durante un periodo de crecimiento profundamente desigual, donde el culto al éxito individual está en contradicción permanente con las condiciones de vida cotidiana de las grandes mayorias^{1 8} . Más ampliamente la crisis de legitimidad del conjunto del sistema político juega plenamente, alimentada por las provocaciones del gobierno. Algunos de los principales dirigentes estudiantiles están, cierto, vinculados a organizaciones partidistas, como Camila Vallejo, figura altamente mediatizada y militante del partido comunista, o incluso Giorgio Jackson, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica y militante de la Concertación. De hecho, sectores disidentes de la Confech, en especial en provincias y organizaciones de alumnos de enseñanza secundaria, así como las franjas libertarias o trotskistas del movimiento, critican la voluntad del PC y de la Concertación de orientar el movimiento hacia una salida institucional. Pero globalmente la referencia a la horizontalidad, al rechazo de la instrumentalización y la importancia de las decisiones tomadas en asamblea, explican la duración y la dinámica autónoma de estas luchas.

Y un último elemento esencial: la convergencia de diferentes revueltas en la superficie lisa de un modelo de acumulación que hasta hoy parecía «triunfante». De hecho, la coyuntura actual se inscribe en un flujo más largo. Se ha ido produciendo una acumulación molecular de conflictos parciales y dispersos, con una aceleración desde 2006-2007^{1 8} . Recordemos las movilizaciones de los trabajadores, que se dan en un contexto de extrema precariedad y flexibilizacion^{1 9} y con una CUT en parte cooptada por la Concertación. Recordemos también las luchas de los trabajadores del cobre, en particular los subcontratados (trabajadores de las empresas subcontratistas), quienes en el 2007 realizaron huelgas muy duras. En 2010, la dirección del trabajo reconoció la pérdida de 333.000 días de trabajo por motivos de huelgas en el sector privado, es decir un aumento de un 192% con respecto a 2000. En el sector público la magistratura, los trabajadores de la salud y los profesores se movilizan regularmente. También es el caso de los militantes que luchan contra las discriminaciones y por el derecho a la diversidad sexual (LGTB).

El ciclo de protestas tomó una dimensión insólita en febrero 2010 con el levantamiento de toda una región, la provincia austral de Magallanes, contra el alza del precio del gas natural. El gobierno tuvo que retroceder. Las recientes acciones de organizaciones ecologistas igualmente han logrado poner en jaque a la derecha. Fue el caso en agosto 2010, en Punta de Choros, contra el proyecto de construcción de una central termoeléctrica. Recientemente, el megaproyecto Hidroaysén, en la Patagonia chilena, logró que salieran a las calles más de 30.000 personas. Hay que mencionar también las luchas urbanas por la vivienda y el «derecho a la ciudad». Y, obviamente, la indomable resistencia del pueblo mapuche que en 2010 llegó a niveles récord, notablemente luego de la huelga de hambre de varios presos politicos^{2 0} .

Uno de los desafíos para el movimiento social es lograr una «desectorización», más amplia aún, que permita articular todas las resistencias. Esta confluencia mostró su potencial durante las protestas del 21 de mayo. Progresivamente se ha ido imponiendo la comprensión de que la obtención de la gratuidad de la educación significa atacar frontalmente al capitalismo educativo. Los jóvenes saben que se enfrentan a los principios fundadores de la dictadura. Uno de sus eslóganes es: «y va caer, y va a caer la educación de Pinochet». Ahora la cuestión es la construcción de alternativas radicales y no sólo reformas de la herencia autoritaria^{2 1} .

Bifurcaciones intempestivas y alternativas en marcha: ¿hacia una asamblea constituyente?

Bajo el impacto de esta movilización histórica, la sociedad chilena se ha «repolitizado» bruscamente, ha vuelto a ocupar la polis desierta al mismo tiempo que ocupaba las plazas publicas, las avenidas, los distintos espacios de educación . Se trata de una bifurcación intempestiva (una formula de Daniel Bensaid), que va a marcar los años venideros, «cuestionando las certezas, los valores, las normas, las instituciones y las maneras de hacer las cosas que parecían haber adquirido características “naturales” para millones de ciudadanas y ciudadanos sometidos a la hegemonía ideológica del neoliberalismo»^{2 2} . Hoy en día, las cuestiones que emergen en las discusiones asamblearias y en los desfiles son la forma de cambiar la Constitución, la imperiosa necesidad de una asamblea constituyente, la urgencia de un plebiscito sobre la educación o la renacionalización del cobre^{2 3} . La necesidad de abrir puertas y ventanas a una democratización real se hace presente. Por supuesto que el objetivo sigue siendo difícil de alcanzar, ya que no hay que subestimar las capacidades del gobierno para mantener el control. El movimiento está al borde del agotamiento luego de 5 meses de lucha y la represión es intensa. El final del año escolar se acerca y en el momento en que escribimos estas líneas no se atisba ningún avance concreto en el horizonte.

¿Cómo obtener, en lo inmediato, la gratuidad de la educación frente a la oligarquía en el poder? ¿Cómo imponer un proceso constituyente “por abajo”, democrático, con participación de los movimientos sociales, como el que se pudo construir recientemente en Bolivia, para derribar las instituciones del pinochetismo? Esto significa, en primer lugar, la construcción de una formidable relación de fuerza, que todavía no es concreta, pero está en vías de construcción. La ausencia significativa de luchas masivas de los trabajadores y las vacilaciones del movimiento sindical pesan enormemente. Ya que un vuelco en las relaciones de clase pasará necesariamente por una intervención consciente y decidida del movimiento obrero en el sentido amplio del término. Sin esto, los estudiantes están huérfanos de un motor esencial de la transformación social. Por otra parte, la agenda electoral e institucional puede revelarse como un arma de doble filo: las elecciones municipales en 2012 y las presidenciales y parlamentarias en 2013 van a empujar a las formaciones políticas a “surfear” sobre la ola de propulsión del movimiento estudiantil, a menudo para intentar canalizar, pero también -en la derecha- para movilizar al electorado conservador.

El desafío para la juventud movilizada, en este nuevo ciclo, es arrancar a corto plazo reformas estructurales sobre la base de sus propias reivindicaciones (como la gratuidad) preparando a la vez las próximas acciones a favor de una asamblea constituyente con los otros sectores en lucha. Los proyectos de ley del gobierno no responden en ningún caso a las problemáticas que atañen a la calidad, la municipalización y la mercantilización de la educación primaria, secundaria y universitaria. Es importante evitar un final de movilización desmoralizador y por lo tanto es importante trazar perspectivas. A mediano plazo, la cuestión planteada es la construcción de una alternativa política que todavía no existe en el país^{2 4} . Si la horizontalidad, las experiencias locales y territoriales, la práctica autogestionaria son fuerzas vitales que deben cultivarse, éstas no reemplazan la indispensable edificación colectiva de un instrumento político, totalmente independiente de la Concertación y de sus satélites. Una herramienta capaz de federar las resistencias dispersas y las clases populares movilizadas en torno a un proyecto anticapitalista, latinoamericanista y ecosocialista coherente.

¿El camino todavía parece largo?, es cierto. Pero la dinámica en curso acaba de trazar horizontes de posibilidades que hace 6 meses parecían insospechadas en Chile. En la vieja Europa, los indignados de varios países inventan y experimentan contra la austeridad y la arrogancia de los poderosos. Mientras la mercantilización de la educación está en curso en toda la Unión Europea, el ejemplo chileno puede dar argumentos a las y los que se oponen. En el mundo árabe los procesos revolucionarios intentan profundizar sus conquistas. La juventud que se ha rebelado también responde indirectamente a este eco lejano. Y sobre todo, el “largo mayo chileno” (en referencia al mayo 68 francés) se entronca con las rebeliones populares que recorren desde hace diez años América Latina. Hoy en día los estudiantes de Argentina, México y Colombia siguen el ejemplo de las movilizaciones de Santiago. Por fin parece que Chile ha encontrado el impulso de cambios de los pueblos hermanos que se encuentran al otro lado de los Andes.

Fuentes:

http://puntodevistainternacional.org/

http://orta.dynalias.org/inprecor/home

Autor:

Franck Gaudichaud es profesor en Estudios latino-americanos en la Universidad Stendhal-Grenoble 3 (Francia) y copresidente de la Asociación France Amérique Latine (www.franceameriquelatine.org). Participa en el colectivo editorial del sitio www.rebelion.org y de la revista ContreTemps (http://www.contretemps.eu/).

Contacto : franck.gaudichaud@u-grenoble3.fr

—-
Notas

1 Para continuar este análisis sobre revolución capitalista y neoconservadora : Manuel Gárate , La “Révolution économique” au Chili. A la recherche de l’utopie néoconservatrice 1973-2003 , Tesis doctoral de Historia y Civilización, EHESS, Paris, 2010 (en línea : http://tel.archives-ouvertes.fr).

2 Palacio de gobierno situado en Santiago.

3 "El discurso de Piñera en la ONU y el movimiento estudiantil", Elmostrador.cl , 23 de septiembre de 2011.

4 Para un análisis múltiple del movimiento remitimos a los artículos que hemos reunido con Mario Amorós en el dossier Lecciones de la rebelión estudiantil (www.rebelion.org/apartado.php?id=411).

5 Ver por ejemplo, el "thriller de la educación" que parodia un clásico de Mickael Jackson: www.youtube.com/watch?v=tR12Vi6BvrI&feature=related

6 Ver el documental de Pachi Bustos, Jorge Leiva, Marcela Betancourt y René Varas: Actores secundarios, (80 min, 2004).

7 Ver el documental de Simón Bergman: La Rebelión de los Pingüinos, (23 min, 2007).

8 el salario mínimo en Chile es de 280 euros mensuales.

9 A. Maillet, "Les indignés chiliens", Opalc.org , 17 agosto 2011.

1 ⁰ V. De La Fuente, "Terminar (verdaderamente) con la era Pinochet", www.lemondediplomatique.cl/Articulo-de-Victor-Hugo-de-la.html, 24 agosto 2011.

1 ¹ Partido político de extrema derecha, cercano al Opus Dei, primera fuerza política del Parlamento y en el gobierno actual.

1 ² Ver la respuesta de S. Grez en: "¿Inasible malestar?", The Clinic, N°413, Santiago, 29 de septiembre de 2011.

1 ³ Ver : F. Gaudichaud, "Botella nuevas, vino viejo", Le Monde Diplomatique, mai 2011, www.rebelion.org/noticia.php?id=129587 y "Estrategia del Shock y regredo de los Chicago boys", Viento Sur, Paris, julio de 2010, www.rebelion.org/noticia.php?id=106567.

1 ⁴ http://alencontre.org/ameriques/amelat/chili/chili-laube-nouvelle-des-mouvements-sociaux-et-la-mobilisation-du-22-septembre.html.

1 ⁵ JC. Gómez Leyton, " Protesta social y política en una sociedad neoliberal triunfante", Observatorio Social de América Latina, año VII, N° 20, CLACSO, Argentina, 2006.

1 ⁶ S. Grez, "Un nuevo amanecer de los movimientos sociales en Chile", The Clinic , Nº 409, Santiago, 1 de septiembre de 2011 .

1 ⁷ C. Tilly et S. Tarrow, Politique(s) du conflit. De la grève à la révolution , Presses de SciencesPo, París, 2008.

1 ⁸ E. Barozet, "De la démobilisation au réinvestissement local. Mouvements sociaux locaux et territoires au Chili", Cahiers des Amériques latines , N° 66, 2011 y C. Pulgar, " La revolución en el Chile del 2011 y el movimiento social por la educación", www.le monde diplomatique.cl , septiembre 2011.

1 ⁹ El código del trabajo actual es una herencia de la dictadura. Sólo el 5,9% de los trabajadores (2009) están bajo el régimen de un contrato colectivo.

2 ⁰ Consultar los artículos que hemos reunido con Mario Amorós en el dossier Pueblo Mapuche : www.rebelion.org/apartado.php?id=152.

2 ¹ R. Agacino, "Anticipando el futuro", Rebelion.org , 1 septiembre 2011 y J. Massardo, "La significación histórica del movimiento estudiantil", Rebelion.org , 25 agosto 2011.

2 ² S. Grez, "Un nuevo amanecer de los movimientos sociales en Chile", Op. Cit . Ver también : P. Mouterde, "En plein hiver chilien : les promesses d’un printemps social et politique", Alainet.org , 29 agosto 2011.

2 ³ Chile posee las mayores reservas de cobre mundiales, este recurso esta hoy en día mayoritariamente en manos de concesiones extranjeras. Ver el sitio del Comité por la defensa y la recuperación del Cobre, www.defensadelcobre.cl .

2 ⁴ "La alternativa ausente", Editorial de la revista Punto Final , Nº 743, 30 septiembre 2011. www.puntofinal.cl/742/editorial743.php

Noam Chomsky e intelectuales apoyan a estudiantes chilenos…

ago 4

 

Veinticinco académicos, críticos literarios, filósofos, médicos, de nacionalidad argentina, estadounidense, mexicana, brasileña y chilena, a través de un escrito, apoyaron las movilizaciones estudiantiles por una educación de calidad, expresando que “los alumnos reclaman con razón”.

En el comunicado sostuvieron que “un grupo de 34 estudiantes chilenos de enseñanza secundaria comenzaron hace dos semanas una huelga de hambre para llamar la atención de la sociedad chilena sobre su demanda por un fortalecimiento del papel del Estado en la educación pública, un clamor que es compartido por sus profesores y por la mayoría de la población, de acuerdo a distintos sondeos de opinión”.

“Los estudiantes reclaman con razón el progresivo deterioro de la educación pública, dentro de un sistema que favorece la educación privada, muchas veces sostenida por el propio Estado, en una educación excluyente y convertida muchas veces en una mercancía”, dijeron en el escrito.

Agregaron que “resulta difícil de entender además que los estudiantes universitarios y sus familias sean el soporte económico de las universidades públicas, en un aberrante sistema de autofinanciamiento”.

“Intentamos llamar la atención de la comunidad chilena e internacional sobre el sacrificio de este grupo de adolescentes que ya sostienen un ayuno por dos semanas, con el único propósito de alcanzar una educación de calidad y sin costo económico, para el conjunto de la sociedad chilena”, dijeron.

Firman los académicos estadounidenses Noam Chomsky y Norman Finkelstein; el documentalista de la misma nacionalidad, Adam Shapiro, el brasileño Adriano Martins, sociólogo; Tilda Rabi, periodista argentina; los chilenos, Camilo Marks, crítico literario; Sergio Grez, historiador; Patricio Manns, músico y escritor; Alejandra Lastra, ex oficial Acnur; Roberto Manríquez, periodista; Cristina Quezada, licenciada en Historia.

También los mexicanos, doctora Margarita Peña, Premio Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Filosofía y Letras (México); Ifigenia Martínez ex directora Facultad de Economía, Unam; Tatiana Sule facultad de Filosofía y Letras Unam (México), doctor Julio Boltvitnik, Colegio de México, doctor Alejandro Nadal, Colegio de México, doctor Axel Dddriksson, ex secretario de Educación Gobierno del Distrito Federal; Elena Poniatowska, escritora y Juan Villoro, escritor, entre otros.

Chile: una revolución en marcha…

Manuel Cabieses · · · · ·

29/08/11

“Las desigualdades en Chile son excesivas, inmorales, intolerables”. SEBASTIAN PIÑERA, presidente de la República (Discurso en el 80º aniversario del diario “La Segunda”, 27 de julio de 2011) Resulta difícil para muchos aceptar que en Chile estamos viviendo una verdadera revolución, en este caso un proceso de profundos cambios que llevarán a término la democratización que dejó a medio camino la hoy agonizante Concertación de Partidos por la Democracia. Como toda revolución verdadera, es diferente y sorprende incluso a sus propios actores, pero sobre todo, a las fuerzas conservadoras encargadas de mantener incólume, a sangre y fuego, el orden heredado. Así ocurrió en Chile en 1970, y vuelve a suceder hoy en condiciones bien diferentes. Esta revolución -con un sello juvenil e imaginativo- no pretende derrocar al gobierno ni tomar el poder, ni reemplazar el sistema capitalista por otro más justo que no se sustente en la propiedad privada de los medios de producción. Aún no es hora. La palabra “revolución” para definir al bullente movimiento de estudiantes que desde hace tres meses conmueve al país, no es excesiva. Los jóvenes han tomado las banderas de la protesta social de amplios sectores -incluyendo las usualmente pasivas capas medias-, y las han proyectado al futuro, libres de todo reduccionismo dogmático y del cálculo pequeño que ha envilecido la política nacional. Basta observar el cambio producido en el plano de las conciencias. El pensamiento revolucionario ha ganado su primer y más importante enfrentamiento: nadie hoy se atreve a poner en duda la legitimidad de las demandas estudiantiles y ciudadanas. Un avezado revolucionario como Fidel Castro, sostiene que la “batalla de las ideas” es el principal desafío al que están convocados los rebeldes de nuestro tiempo. Allí fue, en efecto, donde sufrimos nuestras derrotas más importantes. El caso de Chile es muy aleccionador. La generación de los 70, cuyos sobrevivientes -partidos, grupos y personas- sólo pueden aspirar hoy al honroso papel de ponerse a disposición incondicionalmente de los nuevos liderazgos político-sociales, sufrió la pérdida de miles de compañeros y compañeras muy valiosos. Pero fue en lo ideológico donde la derrota fue aún peor. Son los nietos de aquella generación los que han tomado en sus manos el testimonio actual de la eterna lucha por la justicia, la solidaridad y la igualdad de derechos de los ciudadanos. La protesta social que encabezan los estudiantes -a la espera que los trabajadores asuman su rol histórico-, ha logrado instalar la necesidad de un cambio profundo en Chile. Se ha producido lo que hasta hace pocos meses se consideraba imposible: que una clara mayoría comparta la idea de que el modelo económico, social, institucional y cultural que instauró la dictadura de generales, almirantes y grandes empresarios tiene que ser modificado hasta en sus raíces para abrir paso a la justicia social. Esta demanda por el cambio, a partir de la exigencia de igualdad de derechos en la educación, basada en una vigorosa denuncia de la desigualdad y discriminación que padece nuestro pueblo en educación, salud, vivienda, salarios, etc., se ha producido en un país de América Latina alabado como ejemplo por su modelo de economía de mercado. Por eso el cambio que tiene lugar en Chile en estos días, como fruto de una sostenida protesta social que se dimensiona como una revolución, ha sorprendido al mundo. Pero también a muchos chilenos privilegiados por el sistema que no percibieron la indignación que estaba fermentando en las entrañas de la sociedad. Hoy, después de tres meses de movilizaciones estudiantiles pacíficas -pero agredidas por el atropello policial- es difícil encontrar defensores a ultranza del modelo o que nieguen lo justo del reclamo de poner fin al lucro en la educación. Hasta el presidente de la República, el connotado empresario Sebastián Piñera, cuya fortuna asciende -dicen- a 2.400 millones de dólares, admite los “grados excesivos de desigualdad” social que existen en este país y que a él le correspondería intentar corregir. Lo mismo opinan políticos, empresarios y autoridades eclesiásticas que desde la derecha y la Concertación intentan apagar el incendio y salvar sus privilegios. Ellos balbucean su miedo ofreciendo mediaciones, reformas constitucionales y -quizás- hasta tributarias si los apretan un poco. El temor y desorganización de las clases dirigentes revelan cómo la batalla de las ideas se está resolviendo a favor del cambio. La institucionalidad ha entrado en una etapa en que algunos de sus usufructuarios alertan sobre el peligro de la ingobernabilidad, y otros -en franco estado de pánico- invocan como de costumbre a las fuerzas armadas para encargarse del trabajo sucio que creen inevitable. Los administradores del sistema saben que la revolución democrática y desarmada -que rescata los valores y derechos del ciudadano- pondrá fin al modelo neoliberal y sus huellas se prolongarán en el tiempo. Con esta revolución juvenil y creadora ocurrirá lo que sucedió con el cambio cultural de los años 60, con el movimiento hippie, las repercusiones de la revolución cubana y de la guerra de Vietnam, la independencia de los países africanos y asiáticos, las jornadas de mayo del 68, en Francia, y la “primavera de Praga”. Porque esta revolución en Chile ha dejado al descubierto las tripas del sistema neoliberal, sumando evidencias lacerantes a la crisis global que experimenta el sistema. La revolución encabezada por los jóvenes chilenos es creativa, plural y sorprendentemente ideológica en el más limpio sentido de la palabra. No obstante su fuerza, no tiene un destino asegurado. Puede sufrir considerables dificultades si termina atrapada en una institucionalidad hábil en hacer trampas y en cooptar al movimiento social. Sin embargo, las demandas de hoy en educación, salud, derechos sociales y políticos, no tienen solución en el marco de la actual Constitución. Hay que volcar esfuerzos en avanzar hacia una Asamblea Constituyente que elabore y plebiscite la nueva Constitución democrática de Chile. Ese camino se puede ver hoy con más optimismo, ha nacido un espíritu que lucha por ideales que parecían perdidos. Se están trazando las líneas de un nuevo Chile que recoge, sin decirlo y hasta olvidándolo, el sedimento de muchas luchas victoriosas y derrotas terribles, de ejemplos buenos y malos que no están -felizmente- en el primer lugar de las preocupaciones de los jóvenes que se vuelcan al futuro y a la esperanza de un cambio. Hay en nuestra dispersa Izquierda un agotamiento de lenguaje, de ritos y exterioridades que debe ser asumido conforme a los ejemplos que están dando los jóvenes. Ideas nuevas para problemas viejos y criterios novísimos para los fenómenos emergentes. Algunas demandas pueden resolverse ahora mismo, si se mantiene la presión para lograrlo. Otras tomarán más tiempo, como la Asamblea Constituyente. Hay demandas más complejas, como la renacionalización del cobre, entrabada tanto por la Constitución actual como por las leyes orgánico-constitucionales y hasta por los tratados de libre comercio suscritos por los gobiernos de la Concertación. Lo importante es que lo central está conseguido: se ha puesto en cuestión un modelo de dominación que se creía inamovible. El rechazo al lucro en todas aquellas cuestiones fundamentales para el individuo y su familia, el respeto pleno al medioambiente, la vigencia absoluta de los derechos humanos, la representatividad efectiva del sistema democrático y de los mecanismos de consulta directa a la ciudadanía, el derecho a la participación, se han instalado como objetivos legítimos en la conciencia ciudadana. La “clase política” no podrá seguir rehuyendo su responsabilidad de ayudar a abrir paso pacíficamente a la nueva época que quiere vivir Chile. El cambio sólo asusta a la derecha económica y política y a las cúpulas concertacionistas que validaron los remiendos de la Constitución dictatorial, y que cifraron sus esperanzas de estabilidad y ascenso social en éxitos macroeconómicos, olvidando que su precio era la desigualdad y la marginación de grandes sectores que ahora hacen oír su potente voz y que exhiben su enorme fuerza. Manuel Cabieses es el Editor de la revista chilena de izquierda Punto Final.

Chile: Revolución anti-neoliberal social/estudiantil

Manifiesto de Historiadores

Las calles, plazas y puentes de todas las ciudades a lo largo de Chile se han transformado en las arterias donde fluyen y circulan miles de estudiantes y ciudadanos, entonando y gritando las demandas por cambios estructurales en la educación los que, a su vez, exigen cambios sustanciales en el paradigma económico, en el carácter y rol del Estado y en su conjunto, en el pacto social constitucional del país. Desde hace meses las movilizaciones no han cesado, recuperándose y adaptándose algunas consignas de antaño, cantándose nuevas que apuntan críticamente al corazón del modelo social y económico financiero neoliberal actual: el mercado, el crédito, el endeudamiento, el lucro, la inequidad social y educativa. Y si bien inicialmente parecía que se hubieran abierto, al fin, las Alamedas, marcando la llegada de la hora histórica anunciada por el discurso final de Allende, el desarrollo de los acontecimientos con el recrudecimiento de la represión policial, las amenazas y amedrentamiento a los/as dirigentes estudiantiles por parte de adherentes oficialistas y la actuación provocativa de policías encapuchados infiltrados de civil, nos recuerdan que estamos en un régimen político dirigido por la derecha chilena, heredera de las prácticas de la dictadura militar y verdadera fundadora del régimen neo-liberal que busca resguardar. Y mientras los jóvenes copan el cuerpo de Chile y la represión enfurece, suenan los cacerolazos del apoyo ciudadano, recordando el tiempo de las protestas. Si no ha llegado aún el tiempo de las alamedas, ha brotado con fuerza la voluntad de poder de la nueva generación para presionar sobre ellas hasta lograr su verdadera Apertura histórica.

 

 

* * *

 

 

Los que realizamos el oficio de historiar nos preguntamos acerca del carácter de este movimiento y del significado de su irrupción histórica. ¿Se trata de una fase más del movimiento estudiantil post-dictadura? ¿Corresponden sus demandas a reivindicaciones básicamente sectoriales? ¿Cuál es la forma de hacer política de este movimiento? ¿Qué relación tiene este movimiento con la historia de Chile y su fractura provocada por el golpe armado de 1973? ¿Cómo se articula este movimiento con el camino y orientación de la historicidad secular de Chile? ¿Qué memoria social y política ciudadana ha activado la irrupción callejera y discursiva estudiantil? Si bien es arriesgado responder a estas preguntas cuando se trata de un movimiento en marcha, los que aquí firmamos lo hacemos como una necesidad de aportar desde la trinchera de nuestro oficio, con la plena convicción de que estamos ante un acontecimiento nacional que exige nuestro pronunciamiento, sumándonos a tantos otros que se han realizado y se realizan cotidianamente desde distintos frentes institucionales, gremiales y civiles.

 

1. Consideramos, en primer lugar, que estamos ante un movimiento de carácter revolucionario anti-neoliberal. Las demandas del movimiento estudiantil emergen desde la situación específica de la estructura educativa del país, basada en el principio de la desigualdad social; una transformación a esta estructura –como bien lo dicen los gritos callejeros- exige un cambio sistémico en el modelo neo-liberal, que hace del principio de desigualdad (fundado en la mercantilización de todos los factores y en la consiguiente capacidad de compra de cada cual) la clave ordenadora de las relaciones sociales y del pacto social. Correspondiente con este principio de ordenamiento, la figura política del Estado neo-liberal se perfila como un aparato mediador, neutralizador y garante, a través de sus propias políticas sociales, de dicho principio des-igualitario; estructura económico-política sustentada en la escritura de una carta constitucional legitimadora de dicho principio. No es de extrañar, así, que el movimiento estudiantil actual encuentre un tan amplio respaldo ciudadano: en la categoría dicotómica de “deudores” respecto de un grupo legalmente abusivo y corrupto de “acreedores”, se encuentra la mayoría de los chilenos que grita y cacerolea su apoyo a los estudiantes: porque los estudiantes no son solo “estudiantes” sino que son ellos mismos en tanto deudores. Porque no sólo los estudiantes viven en el principio de la desigualdad, sino la mayoría social chilena actual lo sufre en carne propia. Lo social particular y lo social general se auto-pertenecen y se auto-identifican mutuamente en una unidad que se construye y se concientiza sobre la marcha. Así, el movimiento estudiantil, aparentemente sectorial, constituye un “movimiento social” que, al tocar el nervio estructurante del sistema, irradia e identifica a la sociedad civil ampliada, reproduciendo socialmente la fuerza de manifestación de su poder, descongelando el miedo y aglutinando los discursos y las prácticas fragmentadas. Es decir, el movimiento estudiantil actual tiene un carácter radical en cuanto busca revertir el principio neoliberal de la desigualdad que construye la sociedad actual, por el principio de la igualdad social (basado en un sistema de “derechos sociales ciudadanos”), promesa irrenunciable de la modernidad, a pesar de cualquier post/modernidad; principio que, desde la esfera educativa chilena, se propaga como fragancia de nueva primavera a todas las esferas de la sociedad.

2. Este movimiento ha comenzado a recuperar lo político para la sociedad civil, poniendo en cuestionamiento la lógica de la política intramuros, y con ello el modelo de seudo-democracia y legalidad que no ha cortado el cordón umbilical con la dictadura. Se trata de una política deliberativa en el más amplio sentido de la palabra, que trasciende los esquemas partidarios (a pesar de las militancias personales de algunos dirigentes). El movimiento muestra cómo, a través de la orgánica de las bases movilizadas, con el apoyo de las redes comunicacionales (“política en red”), se ejerce el poder de las masas en el escenario público, presionando por la transformación de las estructuras. Este hecho está replanteando los fundamentos del cambio social histórico, cuestionando las modalidades verticalistas y representativas, propias de la premisa moderna, propiciando activamente formas de democracia directa y descentralizada. Por otra parte, respecto de la relación del movimiento con el sistema político y el gobierno actualmente imperante, este movimiento corresponde a un nuevo momento de su trayectoria histórica posdictadura, en el cual la vinculación con la institucionalidad se realiza básicamente desde la calle, no habiendo entrado a la negociación institucional dada al interior de los recintos gubernamentales. Desde esta perspectiva, lo nuevo de este movimiento es la “política abierta” o “política en la calle” que, al mismo tiempo que permite mantener el control del territorio propio de la sociedad civil, difunde y transparenta su discurso, su texto y sus prácticas a plena intemperie, ante toda la ciudadanía. La política clásica de los gobiernos concertacionistas de “invitación al diálogo” se ha vuelto una trampa ineficaz, manteniendo el movimiento social actual la fuerza de sus propias prácticas de poder. Así, las movilizaciones estudiantiles y sociales que hoy se desarrollan a partir de las demandas por la educación, no sólo ciudadanizan lo educativo y lo sitúan como base fundamental del proyecto de sociedad, sino que dan cuenta de la crisis del sistema político, cuestionando y transgrediendo la “democracia de los acuerdos”, consagrada como principal herramienta para neutralizar y postergar las demandas sociales. Esta nueva política encuentra su expresión manifiesta en un tipo de protesta social que rompe los marcos impuestos tanto por la cultura del terror de la dictadura, como la del “bien mayor” de la transición. A través de una incansable apropiación del espacio público y, en general, a través de prácticas corporales de no-violencia activa, el movimiento ha generado múltiples acciones culturales en un lenguaje rico, plástico, inclusivo y audaz que interpela el cerco de la represión policial y de los medios que criminalizan la protesta.

3. Si bien este movimiento corresponde a un momento nuevo de la política y de la historia social posdictadura, este sólo puede comprenderse desde la perspectiva más amplia de la historicidad siglo xx en Chile. En el curso de ésta, la equidad educacional junto a las limitaciones legales impuestas al capitalismo anárquico, habían alcanzado una maduración estructural en los años ‘60 y ‘70, siendo este proceso abortado con el golpe del ’73 en su fase de plena consolidación. El movimiento social estudiantil actual es expresión de la voluntad y del acto de recuperación de esa hebra rota de nuestra historicidad. Es la irrupción del brote de la semilla que fue pisada y soterrada por la bota dictatorial y el neoliberalismo. Es el renacimiento, en la nueva generación, del sueño y voluntad de sus padres de fundar una sociedad basada en la democracia, la justicia social y los derechos humanos fundamentales, de los que la educación es uno de sus campos más fértiles. En efecto, el pacto social educativo alcanzado en los ’60 y ’70 fue el fruto de una larga lucha dada por muchas generaciones desde mediados del s. xix. Proceso y lucha que consistió básicamente en la voluntad política progresiva de arrancar los niños proletarizados en el mercado laboral, para escolarizarlos, como una vía hacia una sociedad más equitativa y como un camino de emancipación social y cultural. Este trayecto histórico, que involucró a toda la sociedad, alcanzó a producir semillas que fructificaron en las décadas del ’60 y ’70 cuando el Estado y la sociedad civil hicieron del pacto social educativo uno de sus más caros proyectos de construcción de nueva sociedad democrática. Es ese proceso el que hoy irrumpe nuevamente en el discurso y en la práctica del movimiento estudiantil. Se trata de una generación que no acepta volver a ser objeto de mercado al que deban proletarizarse sin mas, ya por la vía del endeudamiento o de una educación de mala calidad. Lo que está en juego y que hoy se encarna en este movimiento, es el “proyecto y pacto social educativo republicano/democrático” chileno, como principio ético-político de igualdad social. Aquí radica la densidad histórica de este movimiento, produciendo, a su paso, una irrupción de memoria histórica en el seno de la ciudadanía: la memoria de los padres y abuelos que marchan y cacerolean su apoyo a la nueva generación que está recogiendo y tejiendo a su modo la hebra de nuestra historicidad. Así, en su triple carácter dado por su alcance revolucionario anti-neoliberal, por la recuperación de la política para la sociedad civil y por su conexión con la historicidad profunda del movimiento popular de Chile contemporáneo, el actual movimiento ciudadano que los estudiantes de nuestro país aparecen encabezando con fuerza, decisión y clara vocación de poder, recoge y reinstala las dimensiones más consistentes que la frustrada transición chilena a la democracia sacrificó.

* * *

A través de estas breves reflexiones este grupo de historiadores/as chilenas, con el apoyo de mucho/as, saludamos al movimiento estudiantil y adherimos a las reivindicaciones estructurales que ellos han instalado sobre la política chilena. Saludamos y nos sumamos a las demandas de Asamblea Constituyente. Al mismo tiempo, invitamos a no ver a este movimiento actuando en la sola coyuntura de este gobierno de derecha, sino a tomar conciencia de que este es un momento de un proceso histórico ya en marcha, cuyo principal fruto sin duda será dejar instalada definitivamente la demanda de las reformas estructurales al neoliberalismo, como irrenunciable voluntad de poder de la ciudadanía y como agenda indispensable de los proyectos políticos inmediatos y porvenir.

agosto del 2011

Comité Iniciativa:

Karen Alfaro Monsalve
Fabián Almonacid Zapata
Pablo Artaza Barrios
Mario Garcés Durán
Sergio Grez Toso
M. Angélica Illanes Oliva
Alexis Meza Sánchez
Ricardo Molina Verdejo
Julio Pinto Vallejos
Gabriel Salazar Vergara
Verónica Valdivia Ortiz de Zárate

Historiadores/as, Profesores/as y Estudiantes de Historia:

– Mario Valdés Vera, Magíster en Historia, académico Universidad de Concepción
– Pablo Aravena Núñez, Historiador y Magíster en Filosofía, académico Universidad
de Valparaíso/Universidad Viña del Mar
– Margarita Iglesias Saldaña, Historiadora, Directora de Relaciones Internacionales
Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile
– Pablo Pozzi, Doctor en Historia, Profesor Titular Plenario, Universidad de Buenos
Aires
– Francisco Zapata, Doctor en Sociología, académico Colegio de México
– Juan Carlos Gómez Leyton, Posdoctorado en Estudios Latinoamericanos UNAM,
Director Doctorado en Procesos Sociales y Políticos en América Latina Universidad
ARCIS.
– Jorge Pinto Rodríguez, Dr. en Historia, académico de la Universidad de La
Frontera, Temuco.
– José del Pozo, Historiador, académico del Departamento de Historia, UQAM
(Université du Québec à Montréal), Canada
– Lessie Jo Frazier, académica Indiana University
– Alison Bruey, Historiadora, académica University of North Florida
– Alberto Díaz Araya, Etnohistoriador, Doctor y Magíster en Antropología, Jefe de
Carrera Pedagogía en Historia y Geografía de la Universidad de Tarapacá.
– Patrick Puigmal, Doctor en Historia, Director del Magister en Ciencias Humanas,
mención en Historia y Director del Programa de Estudios y Documentación en
Ciencias Humanas, Universidad de Los Lagos.
– José Luis Martínez Cereceda, académico Universidad de Chile.
– Rubén Kotler, Historiador, Universidad Nacional de Tucumán – Argentina
– Mario Ayala, Profesor Cátedra de Problemas Latinoamericanos Contemporáneos,
Departamento de Historia, Universidad de Buenos Aires.
– Miguel Caro Ramos, Profesor de Historia y Geografía, Director Departamento de
Educación Universidad ARCIS
– Cecilia Hernández Sandoval, Profesora de Historia y Geografía, académica de
la Universidad del Bío-Bío, Chillán.
– Iñaki Moulián Jara, Profesor, Universidad Austral de Chile
– Sebastián Leiva Flores, Magíster en Historia, académico Universidad ARCIS –
USACH
– Nelson Castro Flores, Doctor © en Historia, Jefe de Carrera de Historia,
Universidad Viña del Mar y académico de la Universidad de Valparaíso.
– César Leyton Robinson, Doctor © en Historia, Universidad de Chile.
– Myriam Olguín Tenorio, Historiadora, ECO Comunicaciones, académica de la
Universidad Raúl Silva Henríquez.
– Carmen Gloria Bravo, Doctora en Historia, académica de la Universidad de
Santiago de Chile.
– Daniel Palma Alvarado, Doctor en Historia, Coordinador Magíster en Historia y
Ciencias Sociales Universidad ARCIS
– Graciela Sapriza. Historiadora y docente Centro de Estudios Interdisciplinarios
Uruguayos, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de
la República – Uruguay.
– Robinson Silva Hidalgo, Doctorando en Historia de América, Universidad de
Barcelona
– Rolando Álvarez Vallejos, Doctor en Historia, académico Universidad de Santiago
– Ximena Valdés Subercaseaux, Doctora en Estudios Americanos, académica
Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Directora CEDEM.
– Enrique Fernández Darraz, Historiador y Doctor en Sociología, académico
Universidad Alberto Hurtado.
– Carlos Sandoval Ambiado, Doctor en Historia, académico Universidad de Los
Lagos, sede Santiago.
– Ulises Cárcamo Sirguiado, académico Universidad de Chile.
– Alberto Harambour Ross, Historiador, académico Universidad Diego Portales
– Álvaro Ramis Olivos, Doctorando en Ética y Democracia, Universidad de Valencia-
España.
– Giovanni Díaz Villouta, Profesor de Historia y Geografía, Miembro Taller de
Ciencias Sociales “Luis Vitale”
– Ricardo Vargas Morales, Magister en Historia.
– José Luis Cifuentes Toledo, Profesor de Historia y Geografía, miembro Taller de
Ciencias Sociales, Luis Vitale Cometa.
– Alicia Salomone, Historiadora, Directora Departamento de Literatura, Universidad
de Chile.
– Jorge Benítez González, Magíster en Historia y Ciencias Sociales, Coordinador
Académico Escuela de Historia y Ciencias Sociales, Universidad ARCIS.
– Jaime Massardo, Doctor en Historia, académico de la Universidad de Valparaíso.
– Manuel Loyola Tapia, Doctor Historia, Director Edición Universitaria.
– Horacio Gutiérrez, Doctor en Historia, Universidad de Sao Paulo, Brasil.
– Patricio Herrera González, Magíster en Historia, Centro de Estudios Históricos, El
Colegio de Michoacán, Zamora, México.
– Luis Corvalán Márquez, Doctor en Estudios Americanos, académico del Instituto de
Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso y de la Universidad de
Santiago de Chile.
– Ángela Vergara, profesora asociada del Departamento de Historia, California State
University, Los Ángeles, California, Estados Unidos.
– Cristina Moyano Barahona, Doctora en Historia, académica del Departamento de
Historia, Universidad de Santiago de Chile.
– Sergio Astorga, académico Universidad Nacional de Cuyo – Argentina
– Fabio Gabriel Nigra, académico Universidad de Buenos Aires
– Omar Turra Díaz, Doctor en Educación, Jefe de Carrera Pedagogía en Historia y
Geografía de la Universidad de Concepción
– Paula Raposo Quintana, Profesora de Estado en Historia y Geografía, Universidad
Academia de Humanismo Cristiano
– Milton Godoy Orellana, Doctor en Historia, académico Universidad Academia de
Humanismo Cristiano.
– Augusto Salinas, académico Universidad Academia de Humanismo Cristiano –
Programa de Investigaciones e Intervenciones Territoriales, Núcleo de
Investigaciones en Educación Geográfica.
– Cindy Corrales Valencia, Profesora de Estado en Filosofía y Licenciada en
Educación USACH, Colectivo Diatriba.
– Miguel Silva, Historiador.
– Carlos Gutiérrez Palacios, Licenciado en Historia y Magíster en Ciencias Militares,
Coordinador Instituto de Estudios MAIZ.
– Carlos Ruiz Rodríguez, Profesor universitario – investigador Universidad de
Santiago de Chile.
– María Soledad Jiménez Morales, Profesora de Historia, Geografía y Educación
Cívica, académica de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
– Wladimir Urriola González, Profesor de Historia, Saint Gaspar College, Santiago.
– Iván Ljubetic Vargas, Historiador, Centro de Extensión Luis Emilio Recabarren.
– Fabián Cabaluz, Profesor de Historia y Geografía y Ciencias Sociales, UMCE,
Colectivo Diatriba.
– Felipe Cabaluz Rodríguez, Profesor de Historia y Geografía – Magíster (c) en
Historia de América Latina, Colectivo Diatriba.
– Roberto Berrios, Profesor de Historia, Gografía y Ciencias Sociales, UMCE,
Colectivo Diatriba.
– Rene Olivares, Profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, UMCE,
Colectivo Diatriba
– Mauricio Saraos, Profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, UMCE,
Colectivo Diatriba
– Cristian Olivares Gatica, Estudiante Pedagogía en Historia y Geografia UMCE,
Colectivo Diatriba
– Camila Silva, Profesora de Historia, Universidad Católica de Chile, Colectivo
Diatriba
– Marcela Cubillos Poblete, Historiadora, académica de la Universidad de La Serena.
– Lucía Valencia Castañeda, Profesora de Historia, académica Universidad de
Santiago de Chile.
– María Francisca Giner Mellado, Profesora de Historia, Magister (c) Estudios
Latinoamericanos, Universidad de Chile.
– Felipe Delgado, Magíster en Historia.
– Manuel Bastías Saavedra, Historiador, Magíster en Filosofía Política; Doctorando
en Historia, Universidad Libre de Berlín.
– Benjamìn Silva Torrealba, Historiador, Docente Universidad de Valparaíso,
Investigador INTE, Universidad Arturo Prat
– Mariana Mastrángelo, académica Universidad de Buenos Aires.
– Virginia Escobedo Aguirre, Antropóloga, Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social, México (CIESAS-DF).
– Malena López Palmetro, académica Universidad de Buenos Aires
– Guillermo Lizama Carrasco, Doctorando en Geografía, Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM)
– Andrea Andújar, Historiadora, Universidad de Buenos Aires, Argentina
– Juan David Murillo Sandoval, Historiador e Investigador del Centro de Estudios,
Interculturales CEI de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali (Colombia).
– Esteban Campos, Historiador, Universidad de Buenos Aires – CONICET-CLACSO
– María Luisa Tarrés Barraza, académica e investigadora Colegio de México
– Alonso Serradell Díaz, estudiante de Máster Oficial en Ciudadanía y Derechos
Humanos: Ética y Política, Universidad de Barcelona.
– Dario Martini, académico Universidad de Buenos Aires
– Gladys Lizama Silva Historiadora y académica, Universidad de Guadalajara,
México
– Martha Bañuelos Cárdenas, académica Universidad Autónoma Metropolitana de
México (UNAM)
– Ana Paula de Teresa, Antropóloga Social, UAM-Iztapalapa, México D.F.
– Adriana Capaldo, Historiadora, académica Universidad Academia de Humanismo
Cristiano.
– Claudia Videla Sotomayor, Historiadora, Museo de la Memoria.
– Eduardo Cruzat Carrasco, Profesor de Historia y Geografía, académico y
Coordinador de Investigación y Docencia UOM-SD, Ecuador.
– Héctor Gómez Cuevas, Profesor de Historia y Ciencias Sociales, Magister (c) en
Ciencias de la Educación (PUC). Académico Escuela de Educación Inicial
Universidad Católica Raúl Silva Henríquez.
– Patricio Cisterna Alvarado, Profesor de Etnohistoria Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad Diego Portales.
– Danny Marcelo Ahumada Vargas, Profesor Universitario, Universidad de Santiago
de Chile.
– Máximo Sandoval Aguilera, Profesor de Historia y Geografía, Liceo Enrique
Molina Garmendia de Concepción.
– Rayén Gutiérrez C, Licenciada en Historia, Museo de la Memoria
– Egor Banda Peralta, Profesor de Historia y Ciencias Sociales
– José Joaquín Ovalle, Profesor de Historia y Ciencias Sociales, Museo de la
Memoria y los Derechos Humanos.
– Rodrigo Villa Pérez, Profesor de Historia y Ciencias Sociales.
– Marión Assis González, Profesora de Historia y Ciencias Sociales, I. Municipalidad
de Lo Prado.
– Voltaire Alvarado Peterson, Profesor de Historia y Ciencias Sociales.
– Álvaro Rojas Zamorano, Profesor de Historia y Ciencias Sociales, Colegio San
Agustín de Atacama, Copiapó.
– Jorge Fabián Cabaluz Ducasse, Profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales,
Magister en Pedagogías Críticas, Universidad de Buenos Aires
– Dan Contreras Mena, Profesor de Historia y Ciencias Sociales, Pedagogo Social y
Dramaturgo, Liceo Bicentenario de Molina.
– Andrés Nilo Zepeda, Licenciado en Historia, Universidad de Chile
– Luis Thielemann Hernández, Becario Conicyt – Programa de Doctorado en Historia
– Universidad de Chile.
– Jeambleth López, historiador UACM
– Oscar Canales, Profesor de Historia, Universidad de Playa Ancha.
– Gabriela Ulloa Larenas, Profesora de Historia y Ciencias Sociales, Liceo Doctor
Alejandro del Río.
– Pablo Andrés Neut Aguayo, Profesor de Historia, Colegio Alto Palena.
– Alejandra Brito Peña, Historiadora, académica de la Universidad de Concepción.
– Hernán Felipe Rodas Vives, Estudiante de Pedagogía en Historia y Ciencias
Sociales, Universidad Austral de Chile.
– Daniela Díaz Gomila, Licenciada en Historia y Ciencias Sociales
– Alonso Neira Letelier, Licenciado en Historia y Ciencias Sociales.
– Marcelo Casals Araya, Magíster © en Historia
– Viviana Cárdenas Zúñiga, Estudiante Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales,
Universidad Austral de Chile.
– Ignacio Latorre Marín, Licenciado en Historia y Magíster en Educación,
Coordinador Docente Preuniversitario UC.
– Elías Sánchez González, Licenciado en Historia, Maestrando Historia y Memoria,
Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
– Katherine Quijada, Licenciada en Educación.
– Oscar Arriagada, Estudiante Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales Universidad
Austral de Chile.
– Manuel Bastías Urra, Profesor de Historia y Sociólogo, académico Universidad
Metropolitana de Ciencias de la Educación.
– Carlos Vivallos Espinoza, Profesor de Historia y Geografía, Doctorando en Estudios
Latinoamericanos, Universidad de Chile.
– Rodrigo Conejeros Olea, Estudiante Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales
Universidad Austral de Chile.
– Sergio Cárdenas Zambrano, Profesor de Historia y Ciencias Sociales, Magíster
Educación.
– Patricio Bascuñan M. Master en Historia Latinoamericana de la Universidad de
Toronto.
– Ulises Ortega, Licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de
México
– Yerko José Monje Hernández, Estudiante de Pedagogía en Historia y Ciencias
Sociales, Universidad Austral de Chile
– Mauricio Villanueva Vallejo, estudiante de Historia, Universidad San Sebastián.
– Marcelo Martínez Aravena, estudiante Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales,
Universidad Austral de Chile.
– Karen Hinrechsen Prieto, Licenciada en Historia.
– Daniel Molina Álvarez, Escritor e historiador
– Javier Muñoz Rosales, Profesor de Historia, Colegio Nuestra Señora del Camino
– José Santis Cáceres, Profesor de Historia y Ciencias Sociales, Estudiante de
Posgrado Universidad de Buenos Aires.
– Herta Fierro Rivas, Profesora de Historia y Geografía.
– Jonathan Aguilera Monsalve, Profesor de Historia.
– Julieta Porflitt, Estudiante Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales Universidad
Austral de Chile.
– Carolina Santelices Ariztía, Licenciada en Historia y Profesora de Historia y
Ciencias Sociales, Colegio Nuestra Señora del Camino
– José Luis Morales Muñoz, Estudiante Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales
Universidad Austral de Chile.
– Nicolás Lema, Licenciado en Historia, Estudiante de Filosofía, Universidad
Nacional de Australia
– Andrea Campos, Estudiantes Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales Universidad
Austral de Chile.
– Leonel Sánchez Torres, Estudiante Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales
Universidad Austral de Chile.
– Mauricio Villanueva, Estudiante de Historia y Ciencias Sociales, Universidad San
Sebastián.
– Víctor Berrocal Berrocal, Estudiante Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales
Universidad Austral de Chile.

Académicos, profesionales y estudiantes de otras disciplinas, ciudadanos en general:

– Víctor Hugo de la Fuente, Periodista, Director de la edición chilena de Le Monde
Diplomatique
– Yanko González, Antropólogo, Decano Facultad de Filosofía y Humanidades
Universidad Austral de Chile.
– Elizabeth Subercaseaux, periodista y escritora.
– Marco Bravo, Sociólogo, Revista SurySur, http://www.surysur.net
– Facundo Leylaf Ona Vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Poetas.
– Eduardo Aquevedo Soto, Sociólogo, Doctor en Economía, académico Universidad
de Valparaíso
– Mauricio Mansilla Muñoz, Profesor de Filosofía, académico Universidad Austral de
Chile.
– Rodrigo Cea Córdoba, académico Facultad de Educación Universidad de
Concepción.
– Gustavo Blanco Wells, Sociólogo, académico Universidad Austral de Chile.
– Mario Lagomarsino Barrientos, Sociólogo, Doctor en Educación, académico
Universidad Católica Raúl Silva Henríquez
– Enrique Rivera García, académico Universidad de Granada – España
– Carmen Gloria Godoy R, Antropóloga, Docente Universidad Academia de
Humanismo Cristiano/Universidad Diego Portales.
– Sergio Toro Arevalo, académico Instituto de Filosofía y Estudios Educacionales,
Universidad Austral de Chile.
– Jubel Moraga Rojel, Sociólogo, académico Universidad Austral de Chile.
– Gloria Ángela Niebles Gutiérrez, Psicóloga, académica Universidad Austral de
Chile
– Ana Traverso, académica Universidad Austral de Chile.
– Breno Onetto M., Profesor de Filosofía, académico Facultad de
Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile
– Verónica Zondek, Poeta.
– Alberto Moreno Doña, académico Instituto de Filosofía y Estudios Educacionales,
Universidad Austral de Chile.
– María Angélica Benavides Andrades, Psicóloga – Estudiante de Doctorado en
Psicología Social, Universidad Autónoma de Barcelona.
– Carlos Contreras Painemal, Dr. Antropología, Universidad de Lodz, Polonia.
– Rodrigo Rehbein Montaña, Antropólogo, Universidad Austral de Chile.
– Rodrigo Browne S, Periodista, académico Universidad Austral de Chile.
– Manuel Garcés, Ingeniero Civil, NGEMAB
– Ana Riquelme Reyes, Profesora de Español, Magíster (c) en Educación,
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.
– Jorje Lagos Nilsson, Periodista y escritor, Codirector de Revista SurySur,
http://www.surysur.net
– Javiera Carmona Jiménez, periodista, académica Universidad de Playa Ancha
– Colectivo Diatriba
– Aldo González Becerra, Investigador Científico, Centro de Biología Molecular
Severo Ochoa, CSIC España
– Yuly Mendoza, Socióloga, Universidad de Antioquia- Colombia.
– Anabella Grunfeld H, Profesora.
– Ana María Soto Bustamante, académica Universidad Metropolitana de Ciencias de
la Educación.
– Yuri Carvajal Bañados, Medico-Cirujano, Doctor (c) en Salud Pública, historiador
de la salud pública, Escuela de Salud Pública Facultad de Medicina Universidad de
Chile.
– Carlos Contreras Mezzano, ingeniero Civil, Presidente Club Científico de Peñalolén
– Francisco Veloso Ferrari, docente Instituto ARCOS.
– Ricardo Acuña, Contador, Roma Support Group
– Claudio Esteban Merino Jara, Trabajador Social, Doctorante en Ciencias Humanas,
Universidad Austral de Chile.
– Rafael Adolfo Contreras Mühlenbrock, Licenciado en Antropología Social y
Documentalista, académico Departamento de Antropología. Universidad de Chile
– Ana María Lea-Plaza Illanes, Estudiante del Doctorado en Literatura Brasilera,
Universidad Federal de Rio de Janeiro
– Eraldo Leme Batista, Doutorando em Educação pela Unicamp, Departamento de
Filosofia, História e Educação
– Mario Toro Vicencio, Traductor, Movimiento Talca con Todos y Todas
– Sady Aguila Llanquilef, Profesor, Estudiante Programa de Magíster en Educación,
Mención Política y Gestión Educativa, Universidad Austral de Chile.
– Doris Múñoz Carvajal, Profesora y Asistente Social.
– Anyela Gineth Chisaca Niebles, Estudiante de Obstetricia y Puericultura
Universidad Austral de Chile.
– Juan Pimentel Quiroz, Antropólogo.
– Anja Sybille Mendel Schwartz, Psicóloga, Universidad Diego Portales.
– Nadia Lepe Toledo, Profesora de Lenguaje y Comunicación y Estudiante de
Literatura Hispanoamericana Contemporánea, Universidad Austral de Chile
– Ricardo Casas Tejeda, Periodista – Escritor -Semiólogo, Estudiante Doctorado en
Ciencias Humanas, mención Discurso y Cultura, Universidad Austral de Chile
– Héctor Sandoval Torres.
– Jorge González, Jubilado.
– Dora Mayorga Aravena Profesora Académica de Lingüística exonerada
– Marcia Egert Laporte, Antropóloga Social, Universidad Austral de Chile.
– Sandra Tapia Ramírez, profesora.
– Raúl Rodríguez, Doctor en Química, Amster SA.
– Alicia Lira Matus, Técnico Jurídico, Presidenta de Agrupación de Familiares de
Ejecutados Políticos
– Amalia Lira Morales, Profesora.
– César André Pérez, Estudiante de Antropología Universidad Austral de Chile.
– María Francisca Soriano, Docente jubilada argentina.
– Luis Vásquez Fuentes, Estudiante de Antropología Universidad Austral de Chile.
– Federico Carrizo Torres, Profesor Universitario, Universidad de Los Lagos Campus
Santiago.
– María Elena Moreno Zañartu, Socióloga U.C.Valparaiso.
– Mtra. Ana María Sacristán, Centro Académico de la Memoria de Nuestra América
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM)
– Michelangelo Marques Torres, Escola Técnica Estadual de São Paulo e Unicamp.
– Felipe Jovani Tavares Moreira, ANEL São Paulo (Brasil).
– Alba Teresa Estrada Castañón, Investigadora del CEIICH UNAM.
– Cherie Zalaquett, doctoranda en estudios Americanos IDEA-USACH
– Jaime Posada Gómez. Profesor de sociología, Colombia
– Evelyn Navarrete Jaque, estudiante de Antropología, Academia de Humanismo
Cristiano.
– María Quiñelén M, investigadora – docente, UTEM
– Beatriz Torres, Centro Académico de la Memoria de Nuestra América de la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM)
– Mtra. Bettina Gómez, Centro Académico de la Memoria de Nuestra América de la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM)
– Lic. Ma. Cecilia Sandoval, Centro Académico de la Memoria de Nuestra América
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM)
– C. Cristina Jiménez, Centro Académico de la Memoria de Nuestra América de la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM)
– Martha Elena Montoya, Centro Académico de la Memoria de Nuestra América de la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM)
– Norma López Suárez, Centro Académico de la Memoria de Nuestra América de la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM)
– Maria Fernanda Carrillo, Centro Académico de la Memoria de Nuestra América de
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM)
– Tania Paloma Hernández, Centro Académico de la Memoria de Nuestra América de
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM)
– Norberto Emmerich, Centro Académico de la Memoria de Nuestra América de la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM)
– Dra. Daniela Rawicz, Centro Académico de la Memoria de Nuestra América de la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM)
– C. Juan Manuel Struck, Centro Académico de la Memoria de Nuestra América de
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM)
– Luis Ricardo Rojas Rivera, FES Acatlán México.
– Juan Carlos Rodríguez Arellano, Estudiante de Historia. U.A.M.I
– Eugenia Gutiérrez-Trejo Slim, Estudiante maestría urbanismo UNAM
– Irma Estrada Martínez, Posgrado en Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos, Universidad Autónoma de la Ciudad de México
– Armando Acata Ortiz, Maestrante en Derechos Humanos, Universidad Autónoma
de la Ciudad de México (UACM
– Sirio López Velasco, Filósofo y docente universitario, Universidade Federal do Rio
Grande (Brasil)
– Andrés Aravena Moya, Sociólogo
– Marco Velázquez, Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad
de México
– José Mendiola Esquivel, Becario de Investigación, Instituto de Investigaciones
Jurídicas
– Dr. José Claudinei Lombardi (Zezo), Coordenador Executivo do HISTEDBR,
DEFHE – FE – UNICAMP
– Ramón Cifuentes, Ingeniero Comercial.
– José Naranjo Estrada, Educador Popular, Kairós Educativo, Bogotá – Colombia
– Eliana Villegas, Trabajadora Social – Profesora de Filosofía, Directora de
Corporación ANCORA.
– Fernando Basualdo Delgado, Profesor de Estado en Filosofía.
– Evelyn Navarrete Jaque, Estudiante de Antropología, Universidad Academia de
Humanismo Cristiano.

Chile: debate sobre crisis educacional y perspectivas de la movilización estudiantil…

Textos de Juan E. García-Huidobro, Mario Waissbluth, Fernando Atria y Gabriel Salazar

Juan Eduardo García-Huidobro y el delicado momento político:

“Los estudiantes tienen mucha más fuerza que antes, pero en base al chantaje no saldrá una solución”

El crispado clima social que se respira en el país y que vio su peack el jueves pasado es analizado por el experto, que ve en la escalada de protestas un tema que va mucho más allá de la educación. Si bien respalda las peticiones de los jóvenes, considera que es tiempo de abrir la puerta al diálogo, y considera acertada la decisión del Gobierno de no presentar una nueva propuesta, ya que asegura que en caso contrario “significaría que no hay Gobierno”.

por Claudia Urquieta Ch., El Mostrador

 

Hace cinco años Juan Eduardo García-Huidobro lideró el Consejo Asesor Presidencial para la Educación constituido por la entonces Presidenta Michelle Bachelet tras el “movimiento pingüino”, que al igual que hoy pedía reformas estructurales al sistema educacional.

En opinión del actual decano de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, las movilizaciones que por estos días vuelven a sacar a los jóvenes a las calles reflejan que el tema es “un problema estructural, ya que la demanda del 2006 es la misma. Con más amplitud, ya que esta vez está proyectada hacia la educación superior por el enorme crecimiento que ha tenido en los últimos años a partir del Crédito con Aval del Estado que permite el  ingreso a la  Universidad de mucha gente que antes no podía”.

-¿Qué coincidencias y diferencias ve en las demandas actuales y las del movimiento pingüino de 2006?
-Las demandas de 2006 y las de hoy se centran en dos focos que no se respondieron en la LGE  -que reemplazó a la LOCE- y que tampoco se resuelven satisfactoriamente en las propuestas que el Estado hace ahora. Pese a que hay muchas buenas e interesantes.

El primer foco es la educación pública que hoy adquiere más amplitud porque incluye a las universidades y el 2006 era sólo desmunicipalizar. El segundo foco es el problema del lucro. Esto se ve reforzado porque según la CEP, el 80% de los chilenos rechaza el lucro.

-¿Cuáles son las falencias que ve en las propuestas del Gobierno para responder satisfactoriamente a los estudiantes?
-Ni suprimir el financiamiento compartido ni el lucro están en la propuesta del gobierno. Por lo tanto se defiende la posibilidad de lucrar y se ve como algo bueno, defendiendo como un derecho de los padres el financiamiento compartido, lo que es ridículo, ya que la libertad de enseñanza es mi libertad para elegir la escuela, pero si cobro en esa escuela que elijo lo que hago es limitar el derecho de libertad de enseñanza. Se da una especie de choque entre el derecho a cobrar o pagar y el derecho de la familia a elegir la educación de sus hijos. Si los privados cobran, no puedo elegir. Por ende todo el esfuerzo para entregar subvención, justamente para abrir ese derecho a elegir, se pierde por el financiamiento compartido.

Si bien sí se toca la desmunicipalización, creo que la solución que propone el gobierno no resulta. No tiene piso, no es lo que se pide ni asegura la calidad ni bienes. A un problema de marca que no resulta luego de 30 años es absolutamente insuficiente sólo cambiarle la ropita.

-¿Considera viables las peticiones estudiantiles?
Lo que plantean los estudiantes es fundamentalmente un horizonte normativo hacia donde debiéramos caminar. Luego hay que ver a qué velocidad y por qué camino lo haremos, es más técnico. La primera pregunta es si es para allá donde queremos ir y en eso no hay acuerdo. Empezar a discutir si hay plata o no ahora me parece que no es lo importante, sino ver si esa educación es la que el país quiere. Los estudiantes creen que sí pero el Gobierno entiende que no.

-¿Y usted?
-Yo creo que sí.

Tiempo de negociar

-A su juicio ¿qué explica el alzamiento social que se ha visto estos días y que no incluye sólo a los jóvenes, sino escenas como los cacelorazos que no se escuchaban desde los 80’?
-Es que este es un problema no sólo de la educación  sino más profundo. Es el efecto de otras cosas como el sistema binominal, que nos ha llevado a un sistema político no representativo, rechazado por la ciudadanía, donde la mayoría de los jóvenes no están inscritos. El sistema político, que debiera dar confianza para que las cosas se solucionen, no la da. Los partidos están en caída libre, el Parlamento ídem, pero no podemos esperar una reforma política para solucionar los problemas educacionales. Esa solución política se debe dar, pero en lo inmediato hay que crear imaginativamente una fórmula donde se pueda conversar. Debiéramos inventar alguna solución con un grupo que de confianza para instalar una mesa de diálogo y trabajo. No podemos seguir con este gallito, porque puede haber una escalada de violencia complicadísima.

Si bien sí se toca la desmunicipalización, creo que la solución que propone el gobierno no resulta. No tiene piso, no es lo que se pide ni asegura la calidad ni bienes. A un problema de marca que no resulta luego de 30 años es absolutamente insuficiente sólo cambiarle la ropita.

–Pero el 2006 se llegó a esa instancia y finalmente no hubo cambios estructurales…
-Ahí hubo un apuro en la negociación entre el gobierno y la oposición y no se dieron los espacios suficientes para sacar una ley con plena legitimidad. Se habrían tenido que incorporar dos cosas ya maduras: el tema de la educación pública y el lucro con la regulación del sector privado.

Entonces en este minuto entiendo la desconfianza. Por lo tanto no podría ser una comisión asesora. Ya se vio como insuficiente, porque se dieron consejos y opiniones pero al final lo que salió no era lo que la gente estaba pidiendo.

Pero hay que llegar a un entendimiento, hay que negociar y generar un espacio para ello. Los estudiantes están en su derecho de decir en qué puntos no cederán y el gobierno también. Tiene que haber alguien que le ponga cintura a la conversación para llegar a un tercer punto en el que sí nos pongamos de acuerdo.

-Los estudiantes se sienten bastante empoderados y con el sartén por el mango en cuanto al apoyo ciudadano, por lo que quizás el gobierno está en un pie más débil que ellos para negociar….
– Los estudiantes pueden sólo golpear la mesa, pero no tienen instrumentos para gestionar. Es cierto que tienen mucha más fuerza que antes para hablar con el Gobierno, pero en base al chantaje no saldrá una solución educacional. Me parece que no hay otra solución que no sea conversar. Si no inventamos un mecanismo para hablar con argumentos y democráticamente y no sólo con manifestaciones, no avanzamos.

-¿Y cree que la última propuesta del gobierno abre este espacio?
-El Gobierno ya dijo que no habrá una nueva propuesta. Creo que es lo que tiene que hacer. En el fondo tenemos que buscar mecanismos para conversarla. No puede ser que estudiantes se paren en la vereda del frente y no acepten las propuestas y quieren una tercera propuesta para unos días más. Si el Gobierno hace eso caería en las  encuestas al 10%. Significaría que no hay Gobierno.

Porque entiendo que estudiantes digan que están de acuerdo en 11 puntos y quieran conversar 8, y hay dos que rechazan terminantemente. Pero si dicen que rechazan todo es difícil entrar a trabajar así.

-¿Ve factibilidad en realizar un plebiscito, tal como el presidente de la Feuc, Giorgio Jackson y otros sectores han propuesto?
– Podría ser un camino. Pero en este tipo de temas tengo la impresión de que lo mejor es encontrar una mesa de diálogo mediada por algún grupo que tenemos que buscar y que genere las confianzas necesarias.

 

¿Construcción o destrucción?

Por Mario Waissbluth, en El Post

Escribo esto con preocupación. Este vejete de 63 años se puso conservador. No quiero volver a los años 70-80, aunque yo la saqué barata, con un modesto exilio de 14 años sin torturas ni muertes en mi familia. No quiero volver a oler el humo de la intolerancia, los apedreos, las molotov y las desconfianzas de las guerras ideológicas.

Lo que hemos visto estos días comienza a oler a ingobernabilidad. Ante la pérdida de credibilidad del gobierno que muestran las encuestas, y la extrema debilidad y desprestigio de las conducciones políticas, florecen las intransigencias de los momios de izquierda y derecha que rememoran los 80 y de jóvenes que, comprensiblemente, actúan como muchos lo hicimos en esas mismas épocas. All the power to the people y que se jodan las instituciones.

Para salir del atolladero, es necesario recordar la historia. Chile fue uno de los teatros de batalla de la guerra fría entre los años 60 y 90. Fuimos peones de Washington y Moscú, daños colaterales en una guerra mundial.  El resultado fue el triunfo de uno de los modelos más neoliberales del planeta. Ni el Tea Party norteamericano, en sus sueños, aspiraría a un país como el que diseñaron nuestros Chicago Boys: bajísima carga tributaria, minimización y subsidiariedad del estado, liberalización de los mercados con casi total desregulación. El que tiene plata que se las arregle, pague la escuela de sus hijos, financie su jubilación y su seguro médico.

Para los pobres, quedó el chorreo que provendría del rápido crecimiento. No estoy hablando de gente perversa, sino con la convicción profunda de que es la mano libre del mercado lo que mejor funciona. El modelo marchó a la perfección, al más puro estilo neoliberal. Alta tasa de crecimiento del PIB y profundización de la desigualdad. El diseño del 73 está vigente el 2011. Lo que estos señores no comprenden es que la indignación no proviene de la cantidad de celulares que tiene la gente, sino de la sensación de inseguridad laboral, el endeudamiento hasta el cogote de los consumidores y universitarios, los engaños de La Polar, la irritación por el clasismo, la inequidad y la segregación social, que en Chile es obscena.

Lo reiteró recientemente Felipe Lamarca. Cito:
“Revienta la teta… y las trenzas del mundo político y corporativo están consternadas. Su propia perplejidad contribuye a alimentar las protestas. A las dirigencias políticas y empresariales les cuesta explicarse que esto ocurra en un país que efectivamente registra enormes progresos en el estrecho período de una generación. No les cuadra que si la economía está creciendo los chilenos estemos insatisfechos.”

Este fenómeno tiene su expresión más sensible en la educación. El tema más ideologizado posible. Me da igual si mi proveedor de agua potable es público o privado, mientras el agua sea barata y no tenga bichos. Pero no me da igual quién educa a mis nietos, puesto que no ha existido ni existirá nunca educación libre de ideologías, incluso en las escuelas públicas. La educación siguió el mismo patrón general del modelo chileno. Así como hemos tenido la tasa de crecimiento promedio más alta de América Latina y una inequidad obscena, tenemos el PISA más alto de América Latina y una segregación obscena, tanto en los resultados académicos como en  la composición social del alumnado en las escuelas y universidades. Apartheid educativo.

Tenemos, educacionalmente hablando, una Citroneta neoliberal diseñada en los 80, y los estudiantes nos sobrepasaron a todos los viejitos y dijeron: no queremos más Citroneta. Queremos un Volvo. Algunos más extremistas prefieren un LADA. El problema es que la secuencia de lo ocurrido -por ausencia de una política educativa clara del gobierno-  ha implicado que los fundamentalismos de izquierda y derecha se han ido tomando la cancha. Leo a Carlos Larraín diciendo que “me encanta el lucro en la educación, mientras más lucro mejor” o “no nos va a doblar la mano una manga de inútiles subversivos”, y veo a muchos estudiantes diciendo que es hora de destruir el sistema desde sus bases. Me dan tiritones.

Por otro lado, me sorprendí cuando leí al Presidente Piñera en un discurso reciente: “Los chilenos ya no toleran los grados excesivos de desigualdad… tenemos que repensar más profundamente cuáles son los objetivos del desarrollo… estamos pensando en un desarrollo integral, que tienen los países de la OCDE, los países de Europa, ese selecto y pequeño grupo de países sabios…” ¡Oh, sorpresa! El Presidente de la Alianza se nos puso socialdemócrata. Me imagino a ciertos UDI y RN partidarios del neoliberalismo recalcitrante rechinando los dientes.

Si la Concertación tuvo dos almas (estatista y socialdemócrata), la Alianza las tiene, y más desgarradas aún (Tea Party y socialdemócrata). De pronto, a algunos les afloran los resabios del autoritarismo y de sacar guanacos y lacrimógenas a la calle, y de reafirmación de la Citroneta educativa y socioeconómica más neoliberal del planeta. Otras voces (minoritarias) en la Alianza aceptan que la teta se está reventando, que se necesitaría una reforma tributaria, y cuestionan algunos de los aspectos más fundamentalistas de la Citroneta educativa ochentera. La Concertación, por su parte, en una confusión total, vacila entre el LADA y el Volvo y goza del sufrimiento del gobierno, sin entender que a estas alturas ya están jugando con fuego.

Así llegamos a la escalada de violencia e intransigencia de hoy. El severo error del gobierno, en el documento de respuesta a los estudiantes, fue dejar que primaran las convicciones del Tea Party y decir que la Citroneta ochentera se mantiene igual, pero repintada y con buenas bujías. Pero no aceptó siquiera poner en discusión los temas que están en el corazón del estudiantado: temas como el financiamiento compartido, la inaceptable y persistente destrucción de la educación pública, y la expansión indiscriminada y desregulada de la educación particular subvencionada. No les resulta posible  entender que la encuesta CEP diga que el 80% de los chilenos no quiere lucro en la educación. De pasada, los claramente insuficientes recursos financieros ofrecidos están cuidadosamente calculados para no tener que incrementar los impuestos, y no para mejorar significativamente la educación.

Esta respuesta estimuló la intransigencia de los grupos más ultras del estudiantado, y su respuesta se hizo, a su vez, más provocadora pero a la vez inaceptable: “Marcharemos por donde se nos plazca hasta que el gobierno nos entregue una propuesta que nos satisfaga. No nos sentaremos a conversar”. Más aun, algunos quieren demoler todo el modelo socioeconómico chileno porque a estos viejos de mierda no les creen nada (y con algo de razón). Para peor, la marcha de los estudiantes fue reprimida con singular alegría. La escalada suma y sigue, crónica de más lacrimógenas anunciadas… para el placer de los nostálgicos de la conflictividad ochentera. Piden plebiscito, pero no saben de qué. Asamblea Constituyente, de quién sabe qué.

Mi postura de viejo conservador que no quiere seguir viendo tanquetas ni molotovs en la calle es simple: partamos por discutir sin precondiciones y a la brevedad la deconstrucción y reconstrucción del sistema educativo, pilar emblemático del modelo socioeconómico de Chile. De ahí en adelante vemos. No soy Piñerista, pero démosle algún crédito de veracidad a su inédito discurso de corte social democrático… que por cierto augura algo de sangre al interior de la Alianza.

Las bases de lo que hay que poner en discusión en educación parecen difíciles, pero no lo son tanto: ¿es legítimo persistir con el lucro en la educación?,  ¿hay maneras de transitar en forma no expropiatoria desde un modelo segregador y con fines de lucro a uno menos segregador y sin fines de lucro, por vías intermedias y graduales? A mi juicio, debemos continuar con un modelo mixto de provisión educativa, que le ofrezca distintas alternativas ideológicas a los padres, pero con una condición no negociable: en cada comuna de Chile debe existir una oferta de educación pública de calidad y gratuita que le ofrezca esa alternativa republicana a los apoderados, cueste lo que cueste.

El problema de la educación pública no es sólo cambiar el “mono institucional” de la educación municipalizada, sino también resolver su desfinanciamiento de arrastre, y tener una carrera docente digna, bien remunerada pero a la vez exigente. Asimismo, se requiere una mejor regulación y transparencia del sistema particular subvencionado, y el rediseño de un modelo de subvenciones que ya no resiste análisis. Por último, se debe discutir la disminución gradual pero inexorable del perverso invento concertacionista del financiamiento compartido, el componente más segregador de todo el modelo.

Todo eso se puede discutir sin cuchillazos. Si estuvimos al borde de la “ceremonia del adiós” durante la crisis MOP Gate, y afloraron los estadistas con soluciones constructivas en medio de una inminente ingobernabilidad, es perfectamente factible que hoy ocurra lo mismo. Mesa de diálogo educativo ahora, ya, sin precondiciones ideológicas por parte de ningún actor. Si han de haber plebiscitos o consultas vinculantes de cualquier naturaleza, deben ser conducidas por el Congreso y por nadie más.

El día que escuchemos al Presidente Piñera y el Ministro Bulnes diciendo: “habrá un esquema de provisión mixta, pero rescataremos la educación pública cuesta lo que cueste, independientemente de los errores del pasado”, cambiará el giro de la situación. Mi otro sueño: que los 180 mil profesores decidan inscribirse y participar de verdad en su Colegio Profesional, no sólo para pagar sus cuotas, sino para transformarlo en la institución gremial más prestigiada de Chile. Una institución que defienda la calidad, castigue conductas inadecuadas de algunos de sus miembros, proponga  alternativas a la discutible evaluación docente, metodologías novedosas de enseñanza y formación de directivos, y de habilitación docente para prestigiar su profesión. Solo entonces habremos dado, en el emblemático mundo de la educación, el primer paso de la transformación pacífica de la sociedad chilena: desde la Citroneta neoliberal al Volvo socialdemocrático que asoma en la mente de algunos integrantes de la Alianza y la Concertación.

El siguiente paso, una vez sacada la educación de la UTI: una discusión con altura de miras sobre la redefinición integral del sistema binominal, así como la democratización  y renovación generacional de los partidos. El estatismo ya murió y el neoliberalismo extremo hará correr sangre por las calles tarde o temprano. No hay escapatoria a un modelo social-democrático en Chile, y a la redefinición integral de las reglas del juego político.

 

La Polar universitaria

in El Post

Por Mario Waissbluth (*)

Tres variantes del capitalismo. En el mundo capitalista existen, en simplista, tres subsistemas: el primero es el “americanista”, del cual algunos exponentes serían Thatcher, The Heritage Foundation y nuestros criollos Chicago Boys. Baja carga tributaria, subsidiariedad del Estado, en aras del crecimiento. Si hay pobres o indigentes (50 millones de norteamericanos), se les chorrean unos pesos para que no reclamen, aunque en realidad, el modelo norteamericano es casi socialista comparado con el chileno.

El segundo es el “social demócrata” tipo Finlandia o Nueva Zelanda, con mucho mayor carga tributaria y protección social. Modelo despreciado por los neoliberales chilensis como la peste, a pesar de contar con niveles de equidad y sistemas educacionales vastamente superiores. A pesar de sus cargas tributarias, muchas empresas noruegas, alemanas o suecas son altamente competitivas con las americanas, y sus ingresos per cápita similares o superando a USA.

El tercero es el “asiático”, como Japón o Corea del Sur, de menor carga tributaria que el segundo, una intervención fuerte del estado en la economía (lo que le causa soponcio a muchos próceres locales), y los abrumadoramente mejores niveles de equidad del mundo. Confucio metió su mano hace 2500 años, y no por casualidad una de sus frases más repetidas es: "En una sociedad donde hay buena educación, no hay distinción de clases". Copiarlos está difícil y la discusión chilena se mueve entre el mundo “americanista” y el “social demócrata”. En todo, incluyendo educación.

La educación en USA. Ojalá hubiera usted tenido la ocasión (y angustia) de ver el documental “Waiting for Superman”. Aplicando principios pasmosamente similares a los chilenos, la otrora famosa educación pública norteamericana viene cayendo en picada los últimos 50 años. Descenso en el test de PISA y otros indicadores, segregación socioeconómica, conflictividad gremial, lo que guste.

Un reciente informe de la Harvard School of Education, “Pathways to Prosperity”,  está auspiciado por Accenture y Kellogg Foundation. Los autores no militan en el mismo partido que Camila Vallejo, y las conclusiones son demoledoras: “El sistema americano que prepara a los jóvenes para llevar vidas productivas y prósperas como adultos está dañado severamente. Si fallamos en resolver agresivamente este desafío se va a erosionar el tejido social de nuestra nación… La matrícula en la educación superior ha estado aumentando progresivamente pero cerca de la mitad de los que ingresan desertan sin un título… Las lecciones de Europa sugieren fuertemente que programas vocacionales de alta calidad proveen excelentes rutas para que muchos jóvenes ingresen a la vida laboral”.

Nuestro “país modelo”, USA, fue pionero al inventar universidades con fines de lucro. Es congruente con su modelo socioeconómico. Transparentemente eso sí. Ninguna de ellas está entre las 100 mejor rankeadas del país, pero… la libertad es libre para vendedor y comprador. Lector neoliberal, no se me confunda. Muchas de las 100 mejores universidades americanas son privadas, pero son auténticamente corporaciones SIN fines de lucro. No distribuyen utilidades a sus fundadores ni a accionistas de inmobiliarias a través de cuchufletas.

Otro reporte, denominado sugerentemente “Subprime opportunity: The Unfulfilled Promise of For-Profit Colleges and Universities”.

No tengo nada en contra del mercado ni el lucro, especialmente en la venta de cepillos de dientes, cemento y automóviles. Pero la estructura de incentivos económicos en educación con fines de lucro, conduce casi inevitablemente a un cierto tipo de universidades o institutos de nula selectividad al ingreso, nula selectividad al egreso, alta deserción como daño colateral, alto gasto en marketing pagado por los alumnos, escasa actividad de construcción académica con visión de largo plazo, y una masa creciente de endeudados y frustrados.

La Polar Universitaria. Todo calza: el modelo socioeconómico chileno-norteamericano, el libertinaje del mercado, las nefastas consecuencias sociales. La analogía en Chile entre el escándalo de La Polar en el retail con el abuso a los 200 o 400 mil jóvenes que marcharon la semana pasada por La Polar Universitaria es feroz: “clientes” desinformados, que en una alta proporción no comprenden lo que leen ni lo que es una tasa de interés. En el retail les regalan una tarjeta de crédito, los inducen a comprar plasmas de $700 mil en 20 cómodas cuotas de $70 mil  y terminan ensartándolos de por vida a través de repactaciones (ni siquiera menciono las unilaterales).

En el caso universitario, además de tarjetas de crédito se regalan Ipads. El 40-50% de los egresados de media no entiende bien lo que lee ni qué es una tasa de interés simple o compuesta, no sabe que existe la acreditación de carreras, desconoce la tasa de deserción de la carrera que “compraron” y se les dice la tremenda verdad a medias de que tendrán un ingreso laboral mayor si compran un cartón con título. De 100 zorzales que caen, aproximadamente 40 va a desertar por razones académicas o económicas. De los 60 que logran el codiciado trofeo, una buena mitad va derecho al desempleo o a un empleo de $300 mil mensuales, con lo cual terminan ensartados con deudas por 20 años. Nuestros aranceles son en promedio superiores a los norteamericanos, y con menos financiamiento público. Luego, moros y cristianos presumen la manoseada frase: “el 70% de los estudiantes que están en la educación superior tienen padres que no asistieron a la universidad”. Por favor, digan la verdad, nada más que la verdad, pero TODA la verdad: el porcentaje de esas familias que van a salir golpeadas y/o con hijos que siguen sin entender lo que leen.

La Polar: llegar y llevar.

(*) Mario Waissbluth es presidente de la Fundación Educación 2020

 

Una propuesta para una educación chilena menos segregada

Por : Fernando Atria ,Publicado: 05.08.2011 en CIPER-Chile

 

Tras analizar 10 lugares comunes falsos de la educación chilena, el profesor Fernando Atria culmina sus reflexiones con una propuesta que aborda un problema central: la segregación. Esto es, la existencia de escuelas para privilegiados y para pobres, y de un sistema que luego hace competir a los egresados de ambos establecimientos y afirma que esa competencia es meritocrática y justa. En su propuesta destaca varios aspectos interesantes: que los padres de verdad elijan el establecimiento al que irán sus hijos, impidiéndoles a los colegios seleccionar por dinero o desempeño, y que la educación la pague el Estado con un monto igual para todos los niños, sean éstos de clase media, pobres o ricos. Al poner el acento en la segregación, que no aparece como un problema en las propuestas del gobierno, Atria elabora una reflexión profunda sobre cómo hacer un sistema más libre para las familias y menos abusivo con los chicos que han nacido en la pobreza.

1

El título de esta serie anunciaba que ella terminaría con una propuesta para hacer verdaderos los lugares comunes que se han analizado en estos días. Es importante entender cuál es el sentido de esta propuesta.

No se trata, desde luego, de imaginarse desde cero un sistema educacional alternativo y ofrecerlo aquí “llave en mano”, por así decirlo, de modo que sólo faltara enviar al Congreso el proyecto de ley respectivo. De hecho, en términos de “factibilidad política” tiendo a pensar que algo como lo que se dirá aquí y que ya se ha insinuado en las entregas anteriores de esta serie, es punto menos que imposible (aunque lo que es políticamente factible puede cambiar como consecuencia de la acción política, por lo que nuestros juicios actuales de posibilidad nunca pueden darse por definitivos).

El sentido de la “propuesta”, entonces, es hacer el ejercicio de mirar con cierta distancia lo que existe, lo que nos parece tan natural como el aire que respiramos, para ver que no es natural y que en principio podría ser distinto. Habiendo hecho este esfuerzo de mirar con distancia lo que acostumbramos dar por sentado, podremos ver de mejor manera lo falsas que son las promesas en las que el sistema educacional chileno descansa.

Porque el sentido de esta serie nunca fue el de identificar “mitos”, lo que constituye el deporte preferido de los que se presentan como “expertos” en educación. La razón por la que lo que esta serie ha intentado hacer no es “derribar mitos” es que los mitos son creencias enteramente falsas. Los lugares comunes que han sido considerados (o al menos algunos de ellos) no son en este sentido “mitos”. Son falsos, pero no enteramente falsos.

Son falsos porque invierten las cosas: presentan como fundado en la libertad de elegir a un sistema que niega libertad de elegir; como estructurado por un principio “progresista” de beneficio del pobre lo que es un sistema estructurado por un principio aristocrático de beneficio para el rico, etc. Pero precisamente porque lo que hacen estos lugares comunes es invertir las cosas, lo que hay que hacer es darlos vuelta de nuevo. Eso es lo que se intentará hacer aquí: invertir la inversión.

2

El problema central del sistema educacional es su segregación de clase, lo que se produce por dos razones: en primer lugar, porque cada establecimiento puede cobrar una cantidad de dinero como condición de acceso. Esto implica que cada establecimiento deberá adecuar su oferta educativa a un “target” específico, el de las personas que pueden pagar esa cantidad de dinero. Los que tengan más dinero irán a un establecimiento que cobre más y los que tengan menos irán a otro que cobre menos. Lo primero entonces es proscribir el gasto privado en educación.

Pero la segregación puede introducirse de otros modos. Está también la selección de los alumnos de acuerdo a su rendimiento. Es sabido que, en términos agregados (no en términos individuales), prácticamente cualquier criterio de desempeño o logro está estrechamente correlacionado con la clase social. Basta mirar los resultados de cualquier medición para ver que hay una correlación estrecha entre cuna y desempeño (por supuesto existen las excepciones, pero eso no prueba nada políticamente relevante). Por consiguiente un sistema en el que los establecimientos pudieran seleccionar estudiantes tendería a producir la misma segregación que un sistema en el que los establecimientos pudieran cobrar lo que quisieran, pues eso también les permitiría adecuar su oferta a un “target” determinado, esta vez no por referencia a un precio de mercado, sino por referencia a un “proyecto educativo” determinado. Por consiguiente los establecimientos no deben poder seleccionar estudiantes. Pueden tener el “proyecto educativo” que deseen, desde luego, para así asegurar diversidad, pero la libertad políticamente fundamental es la de los padres de elegir, no la de los establecimientos de seleccionar.

¿Cómo podría organizarse un sistema educacional para que la promesa de que los padres pueden elegir, se haga efectiva? Si los establecimientos no pueden seleccionar, nos encontramos con un problema práctico. Pensemos en un colegio con fama de que posee muy buena educación. Es evidente que la cantidad de alumnos que querrán entrar ahí será mayor que el cupo. Hoy los colegios que tienen ese dilema lo resuelven a través del precio, del rendimiento académico o con la selección de las “mejores” familias. Mejores de acuerdo a lo que ellos crean que es “mejor” lo que puede por ejemplo ser que sean familias “bien constituidas”, cuyos padres sean profesionales, que estén dispuestos a involucrarse en la educación de sus hijos (es decir, que tengan un régimen laboral que les deje tiempo para eso), etc. Serán ellos los que asistirán al “buen” establecimiento, y los que no satisfagan esas condiciones deberán asistir al “mal” establecimiento. Pero es obvio que eso implicará que el mejor establecimiento se hará aún mejor, y el peor será todavía peor. El problema se agudiza y el sistema le da al que tiene y le niega al que no tiene.

Una solución alternativa a esa selección que hacen los colegios es un sorteo, como ocurre en algunos países desarrollados. Si hay 100 cupos y 200 postulantes, una tómbola distribuirá los recursos limitados sin fijarse en el apellido ni en el dinero de los postulantes. Un niño puede quedar afuera de un buen colegio por su “mala suerte”. Pero hoy queda afuera por el dinero de su familia o porque esta no cumple los requisitos que fija el colegio.

¿Y qué pasa con los privilegiados que quedan en un mal colegio, debido a su “mala suerte”? Los que tengan poder e influencia no se conformarán con esa situación y usarán ese poder e influencia para mejorar ese establecimiento. Esta historia puede terminar con un establecimiento de buena calidad y otro de mala calidad convergiendo, y no con uno de ellos hundiéndose en un espiral de marginalidad y baja calidad y el otro floreciendo.

Entre la selección por dinero y mérito y la selección a través de un sorteo, resulta evidente cuál es mejor método desde una óptica imparcial. Para verlo, basta que el lector se pregunte a sí mismo: si no supiera si mi hijo estará o no dentro del grupo de los que pueden pagar o satisfacer las exigencias del establecimiento o del otro grupo, ¿cuál de los dos modos de selección preferiría que se me aplicara?

3

Un sistema que estuviera estructurado de este modo, y sobre la base de este principio, sería un sistema en el que la libertad de elegir sería igual para todos, cosa que promete, sin cumplir, el actual modelo (ver lugar común N°1). El único límite de esta libertad sería que esa libertad esté disponible para todos.

Por ello es una condición imprescindible que la educación de todos sería financiada con cargo a rentas generales de la nación, lo que como hemos visto no tiene porqué ser regresivo si los ricos pagan desproporcionadamente impuestos (ver lugar común N° 2). Para comprenderlo mejor imaginemos que, tras el sorteo, al colegio prestigioso de nuestro ejemplo logró entrar un grupo socialmente variado en el que se encuentran hijos de gerentes, hijos de secretarias de gerencia e hijos de juniors de gerencia. Cada familia ha postulado a ese colegio porque estima que el proyecto educativo es el mejor disponible. Ninguno ha sido rechazado por el colegio. Solo ha pasado que como hay cupos limitados, ha sido materialmente necesario sortear los espacios ¿Cómo pagan ellos su colegiatura? Bueno, para impedir que el dinero de las familias actúe en la educación prolongando el privilegio de los más afortunados, todo el gasto debería ser estatal y equitativo. Imaginemos por ejemplo un “voucher”, que con tanto entusiasmo defienden los neoliberales. Imaginemos que la educación en Chile sólo se pudiera pagar a través de ese voucher. Es decir el hijo del empresario y el hijo del obrero contarían con un voucher del mismo monto para pagar la educación. Los colegios no podrían recibir otro aporte más que ese. Si hoy el Estado dispone de una subvención de 45 mil pesos, pues ese será el monto para educar a cada niño chileno.

¿Sería este un sistema en el que las personas no pueden usar sus recursos para mejorar la educación de sus hijos? Aquí hay que hacer la distinción introducida en el lugar común N°10, entre usar esos recursos fuera del sistema educacional y usarlos a través del sistema. En cuanto a lo primero, no hay restricción, ni podría haberla, pues los padres harán siempre lo mejor para sus hijos y prohibirles que les compren libros o que los lleven de viaje o al teatro, sería no entender lo que es la familia. En cuanto a lo segundo, podrían usar sus recursos pero solo de modos que beneficiarían a todos. Si el valor del voucher fuera insuficiente no podría complementarlo (eso beneficiaría sólo a su hijo), tendría que presionar para que se aumentar (lo que beneficia a todos).

No se quede el lector en los mecanismos concretos descritos sino en la idea que los anima. Un sistema educacional organizado de ese modo se transforma en un momento de comunidad, en el cual todos concurrimos como ciudadanos iguales. Hoy “Chile” es el nombre para dos países: uno de escuelas, consultorios y hospitales y otros de colegios, consultas y clínicas. Sólo cuando “la Roja” sale a la cancha podemos mirarnos unos a otros y reconocernos como vinculados por un interés común. Es enteramente insensato pensar que esto es algo que resultará beneficioso para todos: una sociedad de individuos aislados, cada uno de los cuales no ha tenido experiencia en socialización con otros distintos de él, cada día más desconfiados, cada día más asustados unos y más convencidos los otros de que los han hecho correr una carrera en condiciones de grosera desventaja. Es insensato pensar que un sistema educacional cada día más finamente segregado producirá algo distinto a cinismo, clasismo, racismo y un largo y ominoso etc.

Los establecimientos no deberían poder seleccionar, precisamente porque los niños, por sus capacidades de niños, por su voluntad de niños, no se merecen lo que reciben. Son radicalmente inocentes. No se trata de que los niños hayan de aprender que lo que hacen no tiene consecuencias, sino precisamente al contrario: para que puedan aprenderlo, es necesario que puedan sufrir las consecuencias de decisiones tomadas antes de que tengan las condiciones para decidir bien, lo que implica que esas consecuencias no pueden ser graves. Es inhumano un sistema estructurado sobre la base de premios o castigos a decisiones tomadas por individuos a quienes la ley misma no considera capaces de administrar su patrimonio. Decir que la educación es un derecho es precisamente decir que uno debe recibirla con independencia de que haya hecho algo para “merecerla”. El sistema propuesto trata a la educación como un derecho, a diferencia de lo que ocurre con el sistema chileno.

Si el sistema educacional tiende a la integración, como lo haría bajo las medidas propuestas, entonces podría decirse que el resultado diferenciado de los establecimientos muestra algo acerca de esos establecimientos y no acerca de los estudiantes que recibe y las condiciones bajo las cuales ha de funcionar, y que debe oponerse un “foco en el aula” (véase el lugar común N°8). Como está visto, el problema con estas ideas no es que ellas sean falsas en sus propios términos, sino que en las condiciones del sistema educacional actual ellas cumplen la función de ocultar detrás de un discurso de incompetencia local lo que no es sino una consecuencia de la segregación generalizada.

¿Qué hay de los profesores de desempeño deficiente (mencionado en el lugar común N°9)? Como hemos visto, no es aceptable que un establecimiento se limite a despedir a un profesor por su desempeño insuficiente. Eso no es sino una manera de perjudicar a otro establecimiento, el que contratará a ese profesor. Pero tampoco es razonable entender que un profesor no puede tener desempeño deficiente. Lo que debemos decir desde una óptica imparcial es que si su desempeño es verdaderamente insuficiente la consecuencia no puede ser que se le excluya de un establecimiento en particular, sino del sistema educacional completo: si no tiene un desempeño apto para desempeñarse en un establecimiento, no puede desempeñarse en ninguno. Es claro que esta decisión no puede quedar entregada unilateralmente a un director de establecimiento. Lo que es necesario es crear, quizás aprovechando lo que se ha construido sobre evaluación docente, un mecanismo de descalificación y recalificación profesional en el cual el informe del director despectivo ha de ser un insumo valioso, pero no decisivo.

4

El sistema propuesto no exige acabar con la educación privada, porque es plenamente compatible con ella (ver lugar común N°10). Este es un punto central. El neoliberal que reclama que iniciativas privadas pueden cumplir funciones públicas tiene toda la razón. Lo que debe rechazarse es la pretensión adicional del neoliberal: que lo han de hacer sujetos al régimen de los privados. En el caso de los establecimientos educacionales, que los privados operen conforme al régimen de los privados implica que ellos pueden decidir a quién proveer del servicio educacional y a quién no, qué condiciones imponer como requisito para hacerlo y cuándo no exigirlas. Esto es lo que introduce en el sistema una tendencia inevitable a la segregación. Si los privados han de cumplir funciones públicas, deben hacerlo sometidos al régimen del Estado. El Estado no puede poner condiciones a los ciudadanos para recibir educación, porque la educación es un derecho del individuo, no del Estado (los “liceos de excelencia” son, por eso, una forma subrepticia de privatización de la educación pública).

El sistema propuesto maximiza la libertad, porque reconoce libertad igual para todos. No hay conflicto entre libertad e igualdad. La igualdad no es sino el régimen de la libertad, porque lo que es políticamente fundamental es la libertad de todos, no la de los privilegiados. Y la libertad ha de ser para todos porque el Estado no puede hacer distinciones, debe dar al interés de cada uno por ser libre el mismo peso. La cuestión, entonces, no es entre quienes creen que la libertad es importante, que defienden el sistema actual, y los que creen que la libertad no es importante, y están dispuesta a “sacrificarla” por lograr igualdad. Es entre quienes creen que la libertad es importante para los ricos y los que creen que la libertad es importante para todos; los que, en otras palabras, disfrazan bajo la retórica de la libertad su defensa del interés de los privilegiados (o, por supuesto, han sido engañados por esa retórica) y los que creen en el valor genuino de la libertad.

 

Gabriel Salazar: La cultura de resistencia más o menos violenta está en nuestra memoria

Radio ADN Hoy| 08/08/2011

 

El historiador Gabriel Salazar analizó en ADN Hoy las características del movimiento estudiantil, señalando que "sería absolutamente ingenuo" esperar que estén libres de episodios violentos, y aseguró que todo apunta a que la ciudadanía va adquiriendo mayor poder para plantear nuevos modelos de funcionamiento en sociedad.

"Fueron 17 años de dictadura, y quienes lucharon más directamente, quienes resistieron más activamente contra la dictadura fueron jóvenes, sobre todo en las poblaciones. De ahí se desarrolló una cultura de resistencia más o menos violenta, de ahí vienen las prácticas de los encapuchados, las bombas molotov, etcétera. Es una cultura adquirida que está en la memoria", explicó el académico, añadiendo que "sería absolutamente ingenuo pensar que, después de casi veinte años de dictadura, en que se aprendió a luchar en las calles, se olviden esas prácticas".

Salazar indicó que los hechos de violencia que se registran en gran parte de las manifestaciones, si bien no son elementos dominantes, están inevitablemente presentes. "Eso no significa que todo el movimiento, en su objetivo político, apunte solamente a la destrucción, al saqueo o a la violencia", aclaró.

El docente de la Universidad de Chile detalló que los movimientos de las décadas del 50 y 60 "apuntaron no a destruir los modelos de producción, sino más bien a mantenerlo o, en el mejor de los casos, a administrarlo por sí mismo. En cambio, un régimen como éste, centrado en el consumismo, en la importación de mercadería, en el lucro comercial y no en la producción… el que está en el mall o en la multitienda, ¿qué puede hacer el movimiento popular si ya no hay fábricas ni industrias? Saqueo. Este modelo invita al saqueo porque no da otra alternativa (…) el saqueo va a seguir siendo presente en toda sociedad que es solamente comercial", aseguró en ADN Radio Chile.

El académico concluyó que "se ha adquirido una cultura autogestionaria y autónoma en las bases de la clase popular", lo que a su juicio va a "continuar en una dirección que cada vez va a ser más política, pero no en el sentido de negociar solamente, de sentarse en una mesa como le gusta a los políticos, sino de imponer un nuevo modelo. La cosa camina derechito a desarrollar el poder constituyente, y eso no se va a poder parar".

Gabriel Salazar: Perspectivas históricas del movimiento social-ciudadano chileno…

Gabriel Salazar*, in The Clinic

06 Agosto, 2011

La historia socio-política de Chile muestra que los movimientos ciudadanos, cuando han procurado ejercer la soberanía y el poder constituyente que les son inherentes, han sido reprimidos por ambas clases políticas (la militar y la civil), bajo acusación de “anarquismo” y “desquiciamiento del orden público”. Así ocurrió con el movimiento ciudadano que derribó la dictadura de O’Higgins en 1822 y redactó la Constitución Popular de 1828, pues fue aplastado por el golpe de Estado fraguado por Portales (civil) y Prieto (militar) en 1829. Lo mismo, el movimiento encabezado por los trabajadores (FOCH), los estudiantes (FECH) y los profesores (AGPCH), que en 1925 convocó a una Asamblea Popular Constituyente, fue traicionado en sucesión por los “caudillos” Alessandri Palma (civil) e Ibáñez del Campo (militar), que impusieron una Constitución Liberal que fue la antítesis de la propuesta por la ciudadanía.

En el primer caso, la ciudadanía se organizó en base a “pueblos” (comunidades urbanas locales) y “asambleas provinciales”. En el segundo, bajo forma de una Asamblea popular deliberante, constituida por los actores sociales con sedes a todo lo largo del territorio. En el primer caso, el objetivo fue derribar la dictadura de O’Higgins y dar al país una Constitución “Popular-Representativa”. En el segundo, derribar el decadente Estado liberal ‘portaliano’ y construir un Estado Nacional-Desarrollista.

El Estado Neoliberal que, terrorismo militar mediante, fue erigido entre 1973 y 1980, es ilegítimo por nacimiento, ineficiente por haber agudizado la desigualdad social, y no-representativo por no contar con la confiabilidad y credibilidad ciudadanas. Hay razones de sobra, pues, para que la ciudadanía se prepare para ejercer su poder constituyente. Ha acumulado suficiente memoria del alejamiento estatal (desde 1973), de la omnipresencia del Mercado (desde 1980) y pruebas contundentes de la crisis terminal que corroe el régimen que la domina (desde 1997).

La nueva movilización ciudadana muestra autonomía (no está manipulada por el Estado, ni por partido político, ni por caudillos), convergencia espontánea de actores sociales de presencia nacional (estudiantes, pobladores y profesores, sobre todo, con apoyo parcial de sindicatos, empleados y otros sectores). Está animada por una cultura social autogestionaria con 35 años de desarrollo… Pero está a medio-camino. Necesita ampliar su articulación de actores y definir un itinerario de empoderamiento continuo. El movimiento estudiantil es el que trae el mayor bagaje de temas ‘soberanos’ (la autogestión juvenil viene ‘asesorada’ por las nuevas ciencias históricas y sociales, que han elaborado una gran “caja de herramientas” sobre la realidad chilena, que no existía en 1970) junto a una decidida voluntad de cambio. Lo mismo cabe decir del nuevo movimiento de pobladores. Los otros actores, en cambio, tienden a regirse aún por prácticas de cuño ‘representativo’, razón por la que deberían revisar y actualizar sus métodos de acción para asumir las prácticas de ‘soberanía’ que están proponiendo los ciudadanos. Es el caso notorio de la CUT, que está controlada por una cúpula asimilada al régimen político (en crisis) dependiente de la Constitución (espuria) de 1980.

La crisis está. El proceso de empoderamiento ciudadano, también. Hay pues razón y fuerza para “avanzar sin transar”. El problema es definir cuál es la lógica de los pasos siguientes. Aparentemente, hay dos rutas: a) la de deliberación popular continua, que implica desarrollo del ‘poder constituyente’, de plazo socio-cultural y b) la ruta tradicional de negociación, acuerdos parciales, frentes políticos y avance por etapas, con plazos de calendario. La primera es, sin duda, la ruta estratégica, de proceso continuo y soberanía creciente. La segunda, un atajo lateral, táctico, con acción discontinua (plebiscitos intermitentes). No son vías antagónicas, sin duda; pero es una, sobre todo, la que cultiva en serio el poder popular.

Y hay, también, riesgos: a) la represión (¿no es tiempo ya que la ciudadanía controle también el sistema educativo de las Fuerzas Armadas y de Orden?); b) la oligarquización o caudillización del movimiento, y c) la negociación desmovilizadora, con efecto colateral re-legitimante de las clases políticas que se quiere cambiar.

Sólo cabe deliberar, concordar, imponer y no transar.

La Reina, julio 24 de 2011.

* Gabriel Salazar, Historiador y Sociólogo, Premio Nacional de Historia, 2006, Chile

Chile – G. Jackson, presidente de la FEUC: “La única salida que veo (a la crisis educacional) es el plebiscito”…

5 de Agosto de 2011

Giorgio Jackson, presidente de la FEUC:
“La única salida que veo es el plebiscito”

Después de una jornada lacrimógena, el balance de los estudiantes es lapidario: le otorgarán seis días al gobierno para que entregue una respuesta “seria” a sus demandas. Aquí Jackson habla de la profundidad del petitorio, de las figuras de Lavín, Bulnes y Hinzpeter y señala que el sistema político ya no da el ancho. “Este gobierno tiene una desconexión tremenda con la ciudadanía”, señala.

por Alejandra Carmona, El Mostrador

La jornada de ayer fue histórica. Violencia y represión insólita de parte de Carabineros, cientos de detenidos, uniformados  y estudiantes heridos y un cacerolazo al final de la jornada instalaron a Chile en una vitrina mundial. “En la mañana esto parecía en estado de sitio”, reflexiona Giorgio Jackson, presidente de la FEUC, sobre el inicio del 4 de agosto que incluso se transformó en uno de los temas más comentados en Twitter a nivel mundial.

Aunque no vivió en dictadura, su sensación es que la jornada de ayer se parece mucho: “Fue fuerte ver tanto contingente policial, que a los estudiantes les registraran las mochilas. Antes que hubiese cualquier tipo de provocación ya había bombas lacrimógenas”.

-¿Cómo evalúas las medidas de seguridad que tomó el Gobierno?
-Creo que no se adecuan a la democracia. Más que medidas de seguridad, finalmente fueron medidas que fomentaron la violencia y la provocación para estudiantes que querían manifestarse.

-¿Influye en algo la represión en la respuesta que los estudiantes dieron al Gobierno?
-No, una cosa son las demandas estudiantiles y de cómo el Gobierno hasta ahora no ha dado respuestas que  satisfagan la demandas ciudadanas y otra cosa son las demandas democráticas, que tienen que ver con manifestaciones de toda índole; desde las ambientalistas hasta la de los taxistas. Siempre hay alguna forma de reducir estas manifestaciones y ahí hay un grito por más democracia, es un grito que está reflejado en las encuestas y es un grito que dice que la institucionalidad está puesta en juego porque no se ha respondido a demandas estructurales. Lo peor es que no sólo se generan expectativas, sino que hacia afuera se trata de demostrar que el país es una maravilla. Probablemente haya muchos índices que en promedio estén bien, pero las desigualdades hacen que Chile esté totalmente segmentado. Tenemos muchas realidades, un Chile que vive como Dinamarca y otro que vive como África y eso no puede pasar. Hay un concepto moral que tenemos que cambiar.
No  sólo el gobierno está sobrepasado; también lo está la institucionalidad. Una ciudadanía que se empieza a empoderar de esta manera exige nuevos niveles de democracia. El actual sistema no está dando el ancho para resolver este problema. Analizando la jornada, la única salida que veo es un plebiscito.

-¿Y crees que esa profundidad del movimiento ha sido interpretada por el gobierno?
-Es que sobre las desigualdades, el presidente Piñera qué va a hacer, si él encarna la desigualdad. Encabeza una de las cuatro familias más ricas de Chile y ejemplifica la concentración del poder político, económico e incluso de los medios. Entonces yo no sé si es algo premeditado o efectivamente no hay una conexión, no hay sintonía acorde.

– ¿El Gobierno no está en esa sintonía?
-Yo creo que sí ha entendido, pero el gobierno tiene fuerzas ideológicas de derecha donde hay una que es mucho más dura. Cuando se habla de cambio en la Constitución, nos referimos a los mismos creadores de la Constitución.

-¿Dices que la UDI ha pesado en la respuesta del gobierno a las demandas estudiantiles?
-Yo creo que sí, ha pesado mucho. Yo no sé cómo serán las repartijas y el cuoteo, pero en la respuesta se nota un tinte ideológico súper duro, que no se había visto antes.

-¿Eso se nota, por ejemplo, en la diferencia del trato con el actual ministro de Educación Felipe Bulnes y Joaquín Lavín?
-Lavín no era directo, trataba de evadir un poco las preguntas para no enfrentar las respuestas con su ideología, porque sabía a priori que nosotros somos contrarios. Lavín venía con inseguridades por el cuestionamiento a sus conflictos de interés, entonces nunca se sintió cómodo. Había un grado de legitimidad que se le había quitado y no nosotros nomás, también la gente en las calles porque había sido inversionista en la educación; y el lucro era uno de los temas más sensibles que estábamos levantando.  “El ministro Bulnes llega y se nota más directo, transparente en cómo quiere hacer las cosas. El problema es que cambió la forma, pero el fondo siguió siendo igual de duro… Pero yo no creo que no entiendan nada, yo creo que tienen diferencias muy profundas con lo que se está planteando, que más encima es respaldado por una gran parte de la ciudadanía. Ahí hay un orgullo ideológico que se mantiene, independiente de lo que la gente quiera”.

-¿Esa intransigencia ideológica repercute en el movimiento y finalmente también en las bajas cifras de aprobación al gobierno?
-La encuesta CEP (donde la aprobación del gobierno fue de un 26%) es reflejo de un gobierno que no responde a las demandas de la mayoría del país. No porque los inscritos en el registro hayan votado por un cambio de gobierno significa que los chilenos están de acuerdo con un modelo en educación que le ha hecho daño a toda la sociedad, un modelo que segrega, que instala educación para los distintos estratos socioeconómicos;  y eso es súper fuerte porque da la sensación de que quieren arreglar detalles del modelo, pero no se dan cuenta que Chile quiere otra cosa, un cambio estructural. Y por más que en términos comunicacionales se haya hecho todo el esfuerzo para que  el planteamiento del gobierno se parezca lo más posible al nuestro, mirándolo de manera fina, hay diferencias sumamente grandes.
Otro Chile

-¿Cómo evalúas el rol de Hinzpeter en el conflicto?
-Hinzpeter ha estado sobrepasado. Es una autoridad que impone el orden porque quizás las encuestas piden orden, pero por otro lado no ha tenido la capacidad de entender que hay una explosión de demandas ciudadanas. No ha comprendido que la peor forma de encausar un movimiento es reprimirlo, eso es echarle bencina…  Eso, la verdad, no sé si es a propósito o es inocencia.

-¿Qué piensas de aquellas críticas que dicen que las peticiones han desbordado lo sectorial, como la reforma tributaria o la renacionalización del cobre?
-Es que la primera respuesta que se nos dijo fue: ‘Esto es básicamente imposible, por un lado la Constitución dice esto, por otro lado los recursos no están”. Ahí nace, como contra respuesta a eso, estas peticiones. Es decir, reformémoslo, si necesitamos más recursos, si necesitamos modificar la Constitución, bueno por qué no hacemos una reforma tributaria ya que tenemos estos dos o tres Chile y la concentración de la riqueza está en unos pocos. O sea, si hoy día se dice que el PIB per cápita es de 15 mil dólares anuales, eso es más de lo que recibe el 70% de Chile, entonces por qué no hacemos  una redistribución, sobre todo para financiar derechos. Ahí nace lo que extrapola lo gremial y pasa a hacer una demanda política.

-¿Cómo tomas las versiones que dicen que al interior del movimiento hay divisiones?
-Es impensable  que todos nos pongamos de acuerdo en todos los puntos. Formamos un espectro tan amplio, tenemos  muchas posturas de personas que vienen de distintas realidades. Hoy día el movimiento tiene más de 70% de apoyo y la Confech es un órgano democrático y cuando hay estas diferencias lo que se decide ahí es en pos de la unidad y de un objetivo que tenemos muy en común. Puede haber diferencias, como en qué alcance puede tener para un lado o para el otro, pero de que acá estamos en crisis y que se necesita una reforma estructural, estamos todos de acuerdo.

-¿Analizando el escenario de hoy, qué debe ocurrir ahora?
-No  sólo el gobierno está sobrepasado; también lo está la institucionalidad. Una ciudadanía que se empieza a empoderar de esta manera exige nuevos niveles de democracia. El actual sistema no está dando el ancho para resolver este problema. Analizando la jornada, la única salida que veo es un plebiscito.

-¿Crees que fue un error adelantar movilizaciones antes de responder formalmente a la propuesta del ministro Bulnes?
-Creo que fue un error no habernos coordinado bien para poder caracterizar lo que se quería hacer. No se coordinó bien la fecha de la respuesta…

-Se pudo hacer sólo una marcha…
-Yo creo que sí, que hubo un error ahí de coordinación, pero la convicción sigue viva, aunque digan que estamos cansados, que esto lleva mucho tiempo, que llegan menos personas a las marchas. Acá ya hay una convicción instalada no sólo en nosotros, sino que en la ciudadanía. Ese que se quedó en su casa también la tiene; hay algo que cambió para siempre. Y eso le da más fuerza a que el gobierno tenga que ceder.

Chile: movilización estudiantil y represión general…

Un día de furia en Santiago de Chile

BBC, Rodrigo Bustamante

Viernes, 5 de agosto de 2011

Una de las jornadas más violentas desde el retorno a la democracia en 1990 es la que se vivió este jueves en Santiago de Chile, donde dos manifestaciones de los estudiantes que piden mejoras en el sistema educacional, que no estaban autorizadas, fueron impedidas con un gran despliegue policial.

El gobierno de Sebastián Piñera no autorizó las manifestaciones por considerar que se altera el orden público.

La Plaza Italia es el sector céntrico donde los chilenos se reúnen para festejar los grandes hitos deportivos o políticos y los estudiantes secundarios, universitarios y profesores definieron ese punto para iniciar dos marchas por la Alameda rumbo al palacio de La Moneda.

Sin embargo, el gobierno de Sebastián Piñera no autorizó estas manifestaciones por considerar que se alteraba el orden público al ocupar la principal avenida de Santiago, además de explicar que el permiso no fue oficialmente solicitado.

Y para algunos, esa actitud oficial habría fomentado la participación de un grupo estudiantil que lleva 83 días movilizado, y que decidió expresarse de todas formas tratando de reunirse en las inmediaciones de la Plaza Italia.

Un gran operativo policial los fue dispersando desde antes que intentaran empezar a marchar, generándose incidentes que se extendieron durante toda el día, y se intensificaron al caer la noche.

clicLea: El malestar de los chilenos

"Error gubernamental"

La decisión de cercar algunos sectores de Santiago con un fuerte contingente policial, que llevó a la dirigenta universitaria Camila Vallejo a hablar de una ciudad en "estado de sitio", fue considerada como una estrategia equivocada por el psicólogo social Sergio González.

"Es un error del gobierno, que ha apelado al principio de autoridad y a no permitir la manifestación de los ciudadanos, pero eso significa un retroceso porque al final la imagen internacional y nacional del control o el principio de la autoridad queda totalmente en cuestión", le dijo González a BBC Mundo.

La actividad en el centro de Santiago permaneció prácticamente detenida durante los enfrentamientos matutinos.

Similar fue la visión del politólogo de la Universidad Central Marco Moreno, quien cree que se cometió "un error estratégico" con la prohibicion ya que tensó las cosas con los estudiantes que debian responder a la propuesta de 21 puntos que les entregó el Ministerio de Educación días atrás y precipitó los acontecimientos.

Los estudiantes secundarios y superiores oficializaron su rechazo al ofrecimiento gubernamental argumentando que no hubo respuesta a los cambios profundos que piden, como una reforma del sistema educacional y prohibir que universidades privadas lucren con su labor.

Pero además pusieron un plazo de seis días para obtener una nueva propuesta que "se haga cargo del fervor social", lo que marca un punto importante según Sergio González.

"Es el mundo al revés porque los estudiantes han llamado a la reflexión al gobierno y le han dado seis días como plazo para poder cambiar su opinión, lo que significa que el Estado se ve cuestionado", sostuvo.

La figura del presidente

La decisión de prohibir la realización de las marchas llegó el mismo día en que se daba a conocer la encuesta semestral del Centro de Estudios Públicos (CEP) -la más importante del país- que arrojó que el presidente Sebastián Piñera obtuvo un 26% de aprobación y un 53% de rechazo.

La jornada de enfrentamientos hizo que los datos de popularidad de Piñera pasaran casi desapercibidos.

Se trata del peor nivel de aprobación de un mandatario desde 1990, resultado que según el analista Marco Moreno responde en cierta parte a que "hay una idea instalada de que el gobierno no está enfrentando de manera adecuada el conflicto estudiantil".

"Hay un desacierto serio en términos de la manera en que se enfrentan los problemas, y esa es la sensación que se ha ido instalando entre los ciudadanos", declaró a BBC Mundo, para aventurar una explicación a la determinación de sacar a la policía a las calles e impedir las manifestaciones.

"El gobierno necesita reforzar el grupo más duro de adhesión, que son los sectores de derecha que están muy disconformes con la manera en que se están manejando las acciones, por lo tanto tenía que dar muestras de que tenía el control de la situación y de allí la mano dura que hemos visto hoy día con los estudiantes", sostuvo.

Una de las últimas cifras entregadas por la policía habla de 552 detenidos a nivel nacional, tras una jornada que en la capital chilena se caracterizó por el levantamiento de barricadas en diversos sectores y por el uso intensivo de gases lacrimógenos por parte de los carabineros.

La actividad en el centro de Santiago se vio prácticamente detenida durante gran parte del día, y el ministro portavoz de La Moneda, Andrés Chadwick, enfatizó que lo que pasó el jueves "es culpa de quienes quieren quebrantar el orden público y quieren quebrantar las normas que rigen para todos los chilenos y chilenas".

Encuesta CEP (Julio 2011): Piñera alcanza sólo 26% de apoyo y 53% de rechazo…

Encuestas CEP Y ADIMARK mes de Julio

Encuesta CEP lo sitúa con sólo el 26% de apoyo

De mal en peor: movimientos sociales hacen caer a Piñera estrepitosamente en aprobación ciudadana

El resultado del sondeo enciende las alarmas en el oficialismo, considerando que hay un sector de la derecha tradicional que tampoco está conforme con el desempeño de la actual administración. El estudio, sin embargo, no registró el impacto en la opinión pública del cambio de gabinete. [Actualizada]

por Claudia Rivas Arenas, El Mostrador
,

 

Hasta un 26% cayó la aprobación del Presidente de la República Sebastián Piñera según la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), convirtiéndose en la más baja de la historia de los sondeos realizadas por la entidad. Paralelamente, la desaprobación a la forma cómo está conduciendo el gobierno llegó al 53 por ciento.

De este modo, el jefe de Estado cayó 18 puntos respecto de la medición anterior de noviembre-diciembre de 2010. Hasta ahora el piso pertenecía al ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien tras la crisis asiática llegó a marcar 28% de aprobación en mayo de 1999.

Las cifras entregadas este jueves por el CEP no hacen más que ratificar los resultados que con anterioridad han mostrado otras encuestas, como la Adimark, y que sancionan con dureza la forma cómo se ha manejado la actual administración desde el mandatario hasta los ministros en un escenario de permanente conflicto y movilizaciones.

En este sentido, las coaliciones oficialista y opositora no resultan mejor paradas que el gobierno, por cuanto la Concertación alcanza sólo el 17% de respaldo por la forma en que está ejerciendo su labor, cayendo desde el 24% que recibió en la encuesta anterior. Lo propio ocurre con la Coalición por el Cambio, que empata con sus adversarios políticos en desaprobación y baja estrepitosamente su aprobación desde el 41 al 24%.

Tal como lo indica el estudio, la opinión pública tampoco está conforme con la forma cómo el gobierno está manejando la economía. Ello, porque el 53% la desaprueba, mientras que sólo el 25% le entrega su respaldo al manejo de la administración Piñera.

Caída en atributos

Respecto de sus cualidades, el jefe de Estado también fuertemente, no sólo en aquellas más débiles que siempre le han sido más esquivas, sino también las que durante mucho tiempo se destacaron como sus principales fortalezas. Es así como ante la pregunta “con relación a las presiones de instituciones, grupos y personas, “¿cree usted que el gobierno de Sebastián Piñera, ha actuado con firmeza o debilidad?”, los consultados se inclinan en 25% por que lo ha hecho con firmeza, y un elevado 64% a que ha actuado con debilidad.

En la misma línea, y siguiendo con la misma pregunta de base, consultados acerca de la destreza y habilidad o falta de ella con que ha actuado el mandatario, el 26 por ciento decreta que ha actuado con destreza y habilidad, mientras que el 62% restante, que lo ha hecho sin destreza y habilidad. Ante la pregunta sobre si el mandatario da confianza o no, el 31% estima que sí, y el 61% que no. Asimismo, el 21% de los encuestados lo considera cercano, el 70% lo ve lejano.

los factores educación e Hidroaysén

Frente a la consulta de cómo lo ha hecho el gobierno en distintas materias, donde se han producido las más fuertes alzas de insatisfacción es en educación, donde cayó de 32% en la última medición a 10% la cifra de quienes estiman que el gobierno lo ha hecho bien o muy bien. Por el contrario, el número de quienes creen que lo ha hecho mal o muy mal se disparó a 58%.

Al mismo tiempo, el 51% estima que el gobierno lo ha hecho “mal o muy mal” en su manejo del conflicto por la aprobación de Hidroaysén; el 48% que lo ha hecho mal o muy mal en el manejo de la delincuencia; el 47% estima lo propio en materia de reconstrucción, y el 57% que lo ha hecho “mal o muy mal” en pobreza.

Los mejor evaluados

En esta encuesta CEP la ex presidenta Michelle Bachelet tiene el mérito de ser la mejor evaluada entre los personajes políticos, con el 79 por ciento de evaluación positiva y sólo 8,0 de negativa. Le sigue el ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, con 71% de positiva y 7,0% de negativa.

En tercer lugar aparece con 46% la senadora DC Soledad Alevear, quien obtiene el tercer lugar. Le siguen Carolina Tohá, Andrés Velasco, Ricardo Lagos Escobar, Evelyn Matthei, Joaquín Lavín, Marco Enríquez-Ominami, Ricardo Lagos Weber, Ena von Baer, Rodrigo Hinzpeter, y en el 13º lugar aparece el Presidente Sebastián Piñera con 34% de evaluación positiva y 35% de negativa.

Por ultimo, las figuras más importantes de la Concertación según el estudio son la ex presidenta Michelle Bachelet, con 38%, seguida de lejos por Ricardo Lagos Escobar y Ricardo Lagos Weber (con 3,0% cada uno) y Carolina Tohá y Marco Enríquez Ominami con (2,0% cada uno).

En el oficialismo, en tanto, la figura más importante, exceptuando al Presidente Piñera, es Golborne (26%), seguido mucho más atrás por Joaquín Lavín (11%), Hinzpeter y Pablo Longueira –este último recién integrado al gabinete- con dos por ciento cada uno, y Evelyn Matthei con el uno por ciento.

Metodología

El trabajo en terreno de la encuesta CEP se realizó entre el 24 de junio y el 24 de julio, siendo entrevistadas 1.554 personas mayores de 18 años que residen en sectores urbanos y rurales de todo el país, con 95% de confianza y un error muestral de tres por ciento.

Encuesta Adimark: Presidente Piñera obtiene un 30% de aprobación contra un 62% de rechazo

El rechazo al Mandatario sube dos puntos y los niveles de aprobación bajan uno en comparación con el mes anterior, cuando obtuvo un 31% de aceptación y un 60% de desaprobación. Estos son los peores resultados en lo que va de la administración Piñera. Los atributos del Presidente también caen.

por Javier Canales – 02/08/2011 – 10:24/La Tercera

LOS ATRIBUTOS TAMBIEN CAEN

En materia de atributos, el Mandatario experimenta una baja en todos, a excepción de ‘es querido por los chilenos’, que se mantiene en 37% al igual que el mes pasado, luego de caer nueve puntos.

El atributo ‘es activo y energético’, que históricamente ha sido uno de los mejores evaluados, disminuye ocho puntos, cayendo de 62% a 54%. La misma cantidad de puntos bajó la ‘capacidad para enfrentar situaciones de crisis’, que cae de 59% a 51%.

Lo siguen los atributos de ‘cuenta con autoridad’, que cae cinco puntos (de 53% a 48%); ‘cuenta con liderazgo’, que cae tres (de 50% a 47%); y ‘cuenta con capacidad para solucionar problemas del país’, que baja siete puntos (de 51% a 44%).

Más abajo, ‘es respetado por los chilenos’ baja cinco puntos (de 44% a 39%), y ‘es querido por los chilenos’ se mantiene en 37%.

Entre los peores evaluados se ubican ‘genera confianza’, que baja tres puntos, de 39% a 36%; y ‘es creíble’, que cae seis puntos, de 39% a 33%.

La gestión del Presidente Sebastián Piñera obtiene un 30% de aprobación y un 62% de rechazo. Así lo dio a conocer hoy la encuesta Adimark, correspondiente a la evaluación del mes de julio, cuyos resultados fueron publicados esta mañana.

Los niveles de evaluación positiva del Mandatario experimentan así una leve baja en comparación con los registrados por la misma encuesta el mes pasado, cuando alcanzó un 31% de aprobación contra un 60% de rechazo.

En tanto, la evaluación general al gobierno baja dos puntos su aprobación, cayendo del 31% que registraba en junio al 29% obtenido ahora en la medición de julio. La desaprobación al gobierno sube también dos puntos: de 62% en junio a 64%. Así, la evaluación a Piñera es superior a la del gobierno en su conjunto.

Luego del peak de popularidad obtenido por el Presidente tras el exitoso rescate de los mineros en octubre pasado -cuando registró un 63% de aprobación contra un 26% de rechazo- los niveles de evaluación positiva han ido bajando poco a poco, mientras han aumentado los de desaprobación.

Esta tendencia a la baja se acrecentó durante los últimos tres meses, que se han visto marcados por las masivas protestas ciudadanas por diversos motivos. Durante junio, además, se registraron protestas en las zonas afectadas por el terremoto, el gobierno debió enfrentar cuestionamientos al proceso de reconstrucción, y se mantuvo en agenda el conflicto estudiantil.

El mes recién pasado, además, se registró el segundo y mayor ajuste de gabinete efectuado por el Mandatario en lo que va de su gestión, cuando concretó un cambio de ministros en ocho de las 22 carteras.

Se espera que este jueves sea dada a conocer la encuesta realizada por el Centro de Estudios Públicos (CEP), una de las más reputadas a nivel nacional, la que, según se prevé, registraría niveles similares a los obtenidos por la Adimark.

Chile: la Educación Superior más cara del Mundo…

04/07/2011

Con un valor anual promedio de US$3.400, el arancel cobrado por las universidades domésticas se ha disparado sistemáticamente en los últimos 20 años. En el caso de las públicas, sólo entre 1995 y 2005 el alza fue de casi el 100%.

Exiguo aporte estatal, focalización de los subsidios, alta demanda y valoración excesiva de la tasa de retorno, serían elementos clave en este fenómeno.

“El arancel medio en Chile  equivale al 22,7% de nuestro PIB per cápita, superior al de naciones como Estados Unidos, Inglaterra, Australia y Japón”. 

Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) consignan que, a precios relativos, la Educación Superior (ES) en Chile es la más cara del orbe. Con un valor promedio de US$3.400 anual, el arancel doméstico equivale al 22,7% del PIB per cápita, superior al de naciones como Estados Unidos, Inglaterra, Australia y Japón. 

El fenómeno ha sido advertido por diversas entidades foráneas, como el Banco Mundial, entidad que en un informe conjunto con el citado organismo multilateral constató que “una causa relevante de desigualdad (en nuestro país) incluye el alto costo de estudiar”.   

En opinión de diversos agentes, no ha sido posible detectar el punto exacto de inflexión en este rally, pero a la luz de los antecedentes disponibles en el Ministerio de Educación (Mineduc), se traslucen lapsos en que el valor se disparó con vigor durante los últimos 20 años; sin ir más lejos,  entre 1995 y 2005 el aumento arancelario promedio llegó al 92,8%.

¿A qué responde esta situación? Felipe Salazar, investigador del Centro de Políticas Comparadas de la Universidad Diego Portales, sostiene que se ha consolidado “una gran demanda en un mercado que no tiene nada de competitivo, al ser muy segmentado.”  Añade que si bien existen aranceles de referencia entregados todos los ejercicios por la cartera del ramo para cada establecimiento, “finalmente éstos cobran más; saben que los cupos se van a llenar de todas formas: lo que devela un problema serio”.

Alejandra Mizala, del Centro de Economía Aplicada de la Universidad de Chile, acota que “las casas de estudio no compiten por alumnos, sino que por marketing, relacionado más bien a aspectos como la infraestructura, a aparecer en los diarios o a las acreditaciones.  Elevan sus aranceles en pos de ello y la demanda no desaparece, en vista de lo que es considerado como una alta tasa de retorno”.

En esa línea, Rodrigo Troncoso, de Libertad y Desarrollo, enfatiza que la clave en esta discusión es que “el costo de educar en las instituciones ha subido mucho con la entrada en vigencia de las acreditaciones. Hay una gran presión por mayor infraestructura y ofrecer un producto de mejor calidad”.

Aporte Insuficiente

No obstante lo descrito reviste un elemento sustancial en el análisis, no explica necesariamente el elevado valor relativo respecto de otras naciones con mayores ingresos.  La diferencia, plantean los consultados, se relacionaría entonces con el exiguo aporte público a la ES.

Patricio Gajardo, del Instituto Libertad, reconoce que se trata de una prestación “cara en todo el mundo; el problema doméstico es que el porcentaje de las familias que asumen los costos es muchísimo más alto que el promedio de la OCDE”.   Subraya que “en los ’80 había una importante contribución estatal, y el precio era bastante menor; eso sí, quienes ingresaban eran parte de una élite”.

Sobre el particular, Gabriela Cares, coordinadora de Políticas Educativas del programa “Educación 2020”,  precisa que “alrededor del 85% del costo de una carrera en Chile es pagado directamente por los hogares; sólo el 15% corresponde a financiamiento público, mientras que en la OCDE, en torno al 70% proviene del Fisco, lo que da cuenta de un contraste gigante”.

Manifiesta que este hecho  ha confluido en “la exclusión, en muchos casos, y un nivel de endeudamiento elevadísimo para quienes logran acceder, generando en definitiva un sistema que reproduce inequidad”.

Tasa de Retorno

Se ha inoculado en la cultura nacional que un título universitario asegurará altos ingresos, lo que “en la práctica dependerá mucho de cada carrera”, acota Mizala.  En efecto –indica– “hay trabajos técnicos con mayor rentabilidad, pero la gente aún considera que el escenario es parecido al de hace 20 años cuando la cobertura era mucho menor y ser titulado era algo exclusivo que garantizaba un recorrido laboral”, elemento que sigue dando sustento a la demanda. 

En este contexto, la economista afirma que las tasas de retorno promedio son del 20% para las carreras universitarias y de un 10% para aquellas técnicas. Las familias lo consideran “alto y están dispuestas a pagar los aranceles y endeudarse transitoriamente”.

Recomendaciones

La OCDE y el Banco Mundial han recomendado a Chile “como medidas complementarias para proteger a los estudiantes de  un excesivo aumento de los aranceles, exigir que las instituciones de ES, cuyas tarifas suben más rápidamente que el promedio nacional, justifiquen por qué sus costos son diferentes”.

Salazar, en tanto, recalca que es fundamental incrementar el gasto con subsidios más focalizados, sin interferir en el nivel de los aranceles: “Que las universidades sigan eligiendo sus costos, pero que el Estado garantice bajo algunas condiciones, el pago del arancel al estudiante”, sentencia.

Gajardo, a su vez, sostiene que es indispensable “identificar adónde van los grupos más vulnerables, ya que si los subsidios sólo se dirigen a las instituciones estatales, estos finalmente se destinan, en un porcentaje mayoritario, a egresados de colegios particulares”.

La Brecha Entre el Arancel Referencial y el Efectivo

Desde 2005, el Ministerio de Educación entrega un “arancel referencial” para las respectivas carreras de cada universidad, con miras a establecer los recursos de becas y créditos que el Estado y las mismas instituciones entregan a los estudiantes.

La brecha entre tal cifra y la efectiva es amplia.   Por citar un ejemplo, para la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Católica (UC) la diferencia entre ambos montos ha sido de casi $2.000.0000; mientras que en Ingeniería Comercial en la Universidad de Chile, el margen detectado ha sido superior a  $1.000.000.
En este sentido, Rodrigo Troncoso,  de Libertad y Desarrollo, consigna  que “es un sistema que está absolutamente viciado; incluso, hay veces en que la diferencia significa la mitad del costo real de una carrera”.

Así,  la OCDE recomendó que “en vista de las complicaciones, el Mineduc debería estudiar cuidadosamente las ventajas y desventajas de mantener el sistema de aranceles de referencia en su forma actual, y considerar seriamente revisar o simplificar su enfoque y metodología”.

¿Y Respecto a la Región?

El escenario doméstico de la Educación Superior (ES) dista bastante del que exhibe la mayoría de los países en la región.  Mientras el arancel promedio local supera largamente los US$3.000, en naciones como Argentina, Nicaragua y Uruguay, el servicio es gratuito.

“Chile fue el primer país de América Latina que introdujo aranceles de pago en las instituciones públicas de ES, a comienzos de la década de los ’80, y es todavía el único con altos aranceles a nivel de pregrado”, consigna la OCDE.  

El secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación  Argentina, Dr. Alberto Dibbern, por ejemplo, comenta que “además de no tener costo, se otorgan 47.000 becas para carreras prioritarias”. María Laura Dodino, coordinadora de Educación Superior del Ministerio de Educación de Uruguay, por su parte, relata que “el 80% de los estudiantes están en la Universidad de la República, la que es gratuita, y el sistema de ingreso es abierto; no hay ningún tipo de selección más que haber egresado de bachillerato”.

MARKETING. “Las casas de estudio no compiten por alumnos, sino que por marketing, relacionado más bien a aspectos como la infraestructura, aparecer en los diarios o a las acreditaciones.  Elevan sus aranceles en pos de ello y la demanda no desaparece”, advierte Alejandra Mizala, economista de la U. de Chile.

http://www.estrategia.cl

Chile: lucro y mercado en la Educación cuestionados por fuertes movilizaciones estudiantiles…

Punto clave del petitorio de los 80 mil manifestantes que marcharon ayer

El lucro: la gran piedra en el zapato de Lavín

Es una de las consignas que se repite en los lienzos y gritos. También es uno de los temas transversales. Y aunque el ministro ha planteado una salida, su pasado vínculo al mundo universitario privado genera desconfianza en los interlocutores de la reforma a la educación superior que se está conversando.

por Alejandra Carmona, El Mostrador

“¿Vieron lo que dije en la tele?”, comentó el ministro de Educación Joaquín Lavín en la sala. El secretario de Estado se refería a sus dichos de la noche anterior en el programa de televisión Tolerancia Cero, donde conversaba acerca del conflicto estudiantil que se arrastra hace semanas y que tuvo su peak ayer cuando sumó a más de 80 mil manifestantes: profesores, universitarios y secundarios.

La mayoría sí había visto el programa. La pregunta apuntaba más que nada a la idea que lanzó el secretario de Estado por las pantallas de CHV: un estatuto para clarificar el lucro en la educación superior. “Una alternativa es decir transparentemos todo. Transparentemos la universidad, la inmobiliaria que hay detrás, quiénes son sus dueños. O hagamos algo más audaz, hagamos un nuevo estatuto de universidades”, señaló.

Los miembros del comité ejecutivo del Consejo de Rectores (Cruch) que se encontraban a esa hora en el Ministerio de Educación, lo miraron y estuvieron completamente de acuerdo con él. Sin embargo, hay algo que no cuaja. Y es que Lavín puso un agregado sobre la mesa: recursos estatales podrían ir a instituciones con fines de lucro vía demanda. “Es decir, todo lo que el alumno lleve en AFI o en becas, entrarían”, cuenta uno de los presentes.

El lucro, que ha pasado por las bocas de dirigentes estudiantiles, políticos y lienzos, es el concepto transversal del gran movimiento estudiantil que se ha levantado y que ayer tuvo una convocatoria histórica. Las conversaciones están en punto muerto: con La Moneda como escenario, Lavín salió la tarde de ayer –flanqueado por el al subsecretario de la cartera, Fernando Rojas, y el jefe de la división de Educación Superior del Mineduc, Juan José Ugarte– para decir que rechazaba la violencia y estaba abierto el diálogo. Pocos minutos después y en contraposición, estudiantes y profesores aseguraron que sin propuestas concretas no había posibilidad de sentarse a conversar.

En Chile, las cifras de inversión en educación son un desastre. En las universidades, el 85% del total lo financian las familias y el 15% restante proviene del Estado a través, por ejemplo, de becas. En los países de la OCDE es totalmente al revés. El aporte del Estado es de un 85% en promedio. En ese sentido, hay sólo tres países que empeoran el ranking, y donde la educación también es un lujo: Estados Unidos. Inglaterra y Japón.

 

El lucro es, según los manifestantes, uno de los grandes problemas que arrastra la educación chilena y es también uno de los puntos que genera desconfianza con los actores con los que se debe relacionar el titular de Educación. “Su cercanía con la Universidad del Desarrollo y ese mundo privado claramente genera desconfianzas, aunque no tenemos por qué no creerle cuando dice que quiere llevar adelante una gran reforma”, comenta un rector.

El libro “El negocio de las universidades” de María Olivia Mönckeberg, señala que “el 2 de agosto de 1991 se constituyó la Inmobiliaria Ainavillo con un capital de 30.500.000 pesos. La formaron los mismos fundadores de la Universidad: Joaquín Lavín, Ernesto Silva Bafalluy y Cristián Larroulet”.

“En 1994 Ainavillo fue modificada y cuatro sociedades de papel reemplazaron a las personas naturales en calidad de socias: Estudios Económicos Limitada, sociedad constituida por Joaquín Lavín, quedó con un 17,1 por ciento; Inversiones El Otoñal S.A. de Cristián Larroulet, aumentó al 20 por ciento; Inversiones Sydarta Limitada, de Ernesto Silva Bafalluy subió a 22,7 por ciento; Inversiones El Estribo, de Federico Valdés, con 10,4, y Administraciones e Inversiones Penta, de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, con un 16,6 por ciento”.

El texto también cuenta que a fines de 2001, Lavín figuraba con 15%, tras vender un 3% a Penta III.

Por todos estos vínculos miran con recelo en el sector a Lavín y lo ponen en la otra vereda.

La presión por una Superintendencia

En 1981 se dicta la Ley General de Universidades que permite la fundación de universidades privadas, entidades que deben ser fundaciones sin fines de lucro. Luego, tanto la LOCE como la LGE no se refirieron a la Educación Superior. “La gran queja es que se sabe que hay instituciones universitarias que, sin embargo, reparten excedentes mediante subterfugios, inventan canales para eludir la ley y darle dinero a los controladores o propietarios”, comenta José Joaquín Brunner, experto en educación. Es esto, que se cumpla la ley, y no se permita el lucro, es lo que exigen los actores de la educación que hoy se encuentran movilizados.

Brunner también señala que el tema se puede solucionar mediante dos instrumentos: establecer un estatuto claro para que los establecimientos de educación superior informen acerca de todos sus recursos, como lo hace una Sociedad Anónima. Y que también se cuente con un instrumento para que el Gobierno supervise. “Esto puede ser una agencia o una Superintendencia”, comenta el experto.

Una Superintendencia es también el concepto que más se repite entre los rectores del Cruch para fiscalizar que se cumpla el que la educación no es una mercancía. Para esto, una Subsecretaría –como la que fue planteada en el discurso del 21 de mayo por Sebastián Piñera– no basta.

Las críticas al lucro también corren para la educación básica y media. Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores, dice que “en  el caso de las escuelas particulares subvencionadas, el lucro afecta porque ellos pueden optar a la subvención que entrega el Estado y, además, al financiamiento compartido. Incluso hay tramos que puede llegar a un valor de hasta 40 mil pesos por alumno; ellos pueden ir ampliando el cobro, tener un doble ingreso, pero por la flexibilidad curricular se permite que tenga una planta mínima y con eso se abaratan los costos”.

En Chile, las cifras de inversión en educación son un desastre. En las universidades, el 85% del total lo financian las familias y el 15% restante proviene del Estado a través, por ejemplo, de becas. En los países de la OCDE es totalmente al revés. El aporte del Estado es de un 85% en promedio. En ese sentido, hay sólo tres países que empeoran el ranking, y donde la educación también es un lujo: Estados Unidos. Inglaterra y Japón. “El Estado tiene que hacer un esfuerzo de mayor gasto en Educación Superior para alcanzar a los países con mejor estándar. El aporte por AFI (Aporte Fiscal Indirecto) es US$ 40 millones anuales. Piensa que el Transantiago, anualmente, se lleva US$ 800 millones entre subsidios permanentes y transitorios, de eso estamos hablando. El aporte basal a las universidades del Cruch (Aporte Fiscal Directo) sólo cubre en promedio el 20% de su presupuesto de operación, mientras en algunas universidades del Estado apenas alcanza el 4% del presupuesto de operación”, señala el economista de la Usach, Francisco Castañeda.

Es por este motivo que la histórica movilización de ayer, que también remeció a las regiones, pretende llevar el lucro al Congreso. El presidente del Senado, Guido Girardi, señaló que es una tarea prioritaria e ineludible que en el escenario actual “donde estamos frente a punto de quiebre, se reponga la discusión sobre el fortalecimiento de la educación pública desde la edad pre escolar, escolar, superior y post grado”.

Etiquetas de Technorati: CHILE,EDUCACION,LUCRO,MERCADO,MERCANTILIZACIÓN,ARANCELES,AUTOFINANCIAMIENTO,PRIVATIZACION

Chile: reflexiones a partir del terremoto y maremoto…

Investigadores universitarios y terremoto: Texto indignado

Por Daniel Brzovic, Rodrigo Cornejo, Juan Gonzalez, Rodrigo Sánchez, Mario Sobarzo. Investigadores U. de Chile

¿Cuál es la estructura pública para enfrentar catástrofe en Chile?

La élite política de nuestro país se ha preocupado de decirnos una y mil veces que “las instituciones funcionan”, pero nadie indica la calidad ni las competencias de esas instituciones. Sin dudas, el reciente movimiento telúrico que sacudió el país puso de manifiesto el hecho que en Chile no existen organismos públicos que sean capaces ni de preparar respuestas oportunas a las catástrofes, ni de responder de manera efectiva luego de producirse una como la que acabamos de presenciar.

El día 27 de febrero a las 03:34 hrs. se produce un terremoto de grado 8,8 medido en la escala de Richter, en la zona centro sur del país. Al mismo tiempo se desata una serie de desaciertos, inoperancias, despreocupaciones e irresponsabilidades por parte de los organismos que demostraron que la clase política de nuestro país aún es un gato con ganas de ser jaguar. Sólo seis minutos más tarde se conocía el epicentro (a unos 90 kilómetros al noroeste de la ciudad de Concepción, es decir en el Océano Pacífico), sin embargo el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA), organismo que tenía a cargo los instrumentos técnicos para evaluar si hay o no un maremoto, no sólo no funcionó, sino que además no dio aviso ni siguió el protocolo existente. El otro organismo de Estado, se denomina ONEMI, la Oficina Nacional de Emergencia, este organismo en todo momento indicó que no había maremoto.

Hoy, por voces de los sobrevivientes, sabemos que a las 3:52 se produce la primera ola, de un total de tres. La última ola se produce a las 06:32 hrs. Alrededor de una hora después el subsecretario del Interior descartó la posibilidad de tsunami. Esto pese que el Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico (PTWC), de los EE UU, situado en Hawai, ya a las 3:46 se comunicó con el SHOA indicándole: “… Un terremoto de estas dimensiones tiene el poder de generar un destructivo tsunami que puede golpear las costas cercanas al epicentro. La autoridad debería tomar una acción apropiada en respuesta a esa posibilidad”. Sin embargo, el marino de turno no hablaba inglés. Dos minutos más tarde un científico del PTWC, el Dr. Víctor Sardiña, le señala en español al SHOA que dieran información para avisar al resto de los países del Pacifico. Una hora más tarde el mismo científico advierte al SHOA que “las lecturas del nivel del mar indican que un maremoto se generó” y dieron alerta a los países del Pacífico Sur. En Chile, sólo dos días después el ministro de Defensa reconoció que se había producido un maremoto en nuestras costas. ¿Quién responde no sólo políticamente por este “error-horror”, sino que jurídicamente?

El fiscal nacional Sabastián Chahuán advirtió que se perseguirá penalmente tanto a los “saqueadores” como a los pequeños comerciantes que han especulado notoriamente con los precios. En cambio, el mismo fiscal reconoció públicamente que no va ocurrir lo mismo con los responsables de “las muertes…” Hasta el momento, lo que nos indican los organismos chilenos (SHOA y ONEMI) es que era imposible comunicarse entre ambos. De siempre, se ha intentado decir que la telefonía móvil, fija y la provisión de Internet (es decir, la tecnología de conectividad comunicacional), de carácter privada en su totalidad, eran de las mejores del mundo. Y no funcionaron. Digámoslo de esta manera: aunque suene ideológico, el Estado más neoliberal del mundo se atrevió a construir esta respuesta para una catástrofe que los científicos chilenos de la Universidad de Chile ya habían anunciado el año 2008.

Las vergonzosas negativas para asumir la responsabilidad técnica y política contrastan con la imagen de un Chile que despega al desarrollo y que hace muy poco ingresó a la OCDE.

La ofensiva del lucro y la especulación

En comparación con la patética respuesta del aparato estatal y la escasa articulación de las redes sociales, ha sido impresionante la capacidad del gran empresariado para recuperar con creces sus pérdidas y articular una nueva estructura para extraer aún más ganancias a partir de esta dolorosa catástrofe. Los medios de comunicación, de los cuales este sector de Chile es dueño o financista, han cumplido un papel fundamental en este aspecto.

El negocio de los supermercados y la escasez de alimentos El día de la tragedia quedó patente la incapacidad del estado de construir una red de acopio y repartición de alimentos, medicamentos, ropas y otros bienes de primera necesidad. Estos son propiedad de las grandes cadenas de supermercados, farmacias y retail. Pese a que las cadenas de frío se habían roto, con lo cual muchos alimentos

comenzaban a descomponerse, ninguna de las grandes cadenas de supermercados Cencosud (Jumbo – Santa Isabel), Wal-Mart (Líder), Unimarc y Supermercados del Sur activó mecanismo alguno de repartición de alimentos. Tampoco el estado pudo, ni quiso expropiar mercaderías para satisfacer las urgentes necesidades de las víctimas. Lejos de aquello, la repartición masiva de alimentos fue recién anunciada para el día lunes (tres días después del terremoto) luego de una reunión del día anterior entre el gobierno y los principales ejecutivos de las cuatro cadenas: Horst Paulmann (Cencosud), Enrique Ostalé (Wal-Mart), Pablo Vega (Unimarc) y Gonzalo Dulanto (Supermercados del Sur).

Días después la prensa publicaría la cifra aproximada que pagó el gobierno en la primera compra a los supermercados de las regiones VII y VIII: 10 millones de dólares. La misma prensa cita a uno de estos altos ejecutivos que reconoce que “en un fin de semana de alta demanda, los supermercados de todo Chile logran vender casi 40 millones dólares”. Negocio redondo. ¿Por qué no se recurrió a la vasta red nacional de feriantes, productores agrícolas y centros de distribución de alimentos para comprar canastas a precios radicalmente más baratos, como lo sabe todo Chile, y así evitarse los precios inflados que justifican la plusvalía del empresariado? la catástrofe”, incluyendo el derrumbe de edificaciones como la falta de alerta de tsunami.

Hoy se sabe que incluso Carabineros de Chile licitó sus comunicaciones y adquirió un servicio privatizado de IP y dejó de utilizar la tecnología HF (alta frecuencia) que no necesita electricidad, por lo que el día de la catástrofe también dejó de funcionar y quedaron incomunicados.

Otra gran fuente de ganancias fue el cobro de seguros por las pérdidas generadas en los difundidos “saqueos”. El hecho de que los medios de comunicación de masas fomentaron los saqueos fue reconocido explícitamente por Paulmann. El discreto empresario pidió una “cuña” a los canales de TV para decir lo siguiente: “cuando se habla mucho de saqueos, la gente va a hacer saqueos por que se da cuenta que son posibles, es peligroso hablar mucho de los saqueos”.

Por eso no extraña el llamado al “orden” y la salida de las FFAA a la calle. La lección del terremoto no puede -no podemos permitir- que se concentre en la necesidad del “orden” como prioridad. La prioridad eran y siguen siendo las necesidades vitales de la gente: comida, agua, techo, salud. El orden, en cambio, fue un vulgar sinónimo de la garantía de la propiedad privada. Esta respuesta a los saqueos sobre su propiedad –por sobre la vida de las personas- es la expresión desnuda de la necesidad extrema de control que tienen los administradores del poder y los propietarios-empresarios del país.

Cualquier otro escenario de caos, sea una desbandada espontánea como ahora, sea mañana una manifestación soberana de libertad de la gente, tendrá exactamente el mismo resultado.

Las inmobiliarias y el sistema financiero

Los chilenos tenemos rabia con las inmobiliarias que, teniendo enormes ganancias, han colapsando urbanísticamente barrios enteros y dejando a la gente que compra sus departamentos en la más absoluta indefensión. Ocurrió con las casas COPEVA, que se llovieron completas hace algunos años (y que eran propiedad del hermano del último ministro del interior del gobierno de Bachelet, Edmundo Pérez), ocurre con los remates de propiedades de las familias que no pueden seguir pagando los dividendos usureros y está ocurriendo ahora con los edificios derrumbados o con daño estructural. La Cámara Chilena de la Construcción (el gremio de los empresarios del rubro) aún no termina el catastro de edificios dañados, pese a que la prensa habla de cerca de 50 edificios, casi todos recientemente entregados9. Paralelamente hace llamados a la tranquilidad, como el que realizó el presidente de la Cámara de la Construcción Lorenzo Constans, quien señaló a propósito de los edificios inclinados en distintas ciudades de Chile que “hay edificios que están inclinados, el ejemplo más claro es la Torre Pisa, que se ha mantenido por siglos en pie y, por lo tanto, creo que es conveniente analizarlo con un profesional adecuado”. Sin comentarios.

En la misma declaración Constans, solidarizó con el dueño de la inmobiliaria Río Huerquén, el presidente de la Cámara de la Construcción de Bío-Bío, Juan Ignacio Ortúzar, quien renunció a su cargo cuando se supo que esta inmobiliaria y Socoval (también de su propiedad) construyeron y vendieron el edificio Alto Río de Concepción que se desplomó completamente, generando heridos, muertos y gran impacto en la ciudadanía por las graves falencias en su construcción. Constans también felicitó al intendente de Santiago recientemente nombrado por Sebastián Piñera, Fernando Echeverría, socio de la constructora Echeverría e Izquierdo, que tiene, dos edificios nuevos, a punto de derrumbarse en Concepción y Santiago, como él mismo reconoció. Es el mismo Fernando Echeverría que, hace algunos años, cuando postuló a la presidencia de la Confederación de la Producción y el Comercio CPC (la multi gremial de los grandes empresarios Chilenos) afirmó que “es importante hacer un gran pacto nacional pro empleo que permita por ejemplo, limitar los aumentos salariales, o reducir los pagos de las leyes sociales, etc”.

Va quedando claro a que se refería Piñera con “una nueva forma de gobernar”. Por otra parte familias de las principales ciudades afectadas comienzan a denunciar que se acercan a ellos las principales constructoras e inmobiliarias ofreciendo comprarles sus terrenos a precios que no pasan de un 25% de su valor original, con el objetivo de “entregarles dinero inmediato para que vuelvan a surgir”. Es la especulación sobre los suelos y la vida de las personas por el mercado inmobiliario.

Para no dejar de asombrarse, las principales agencias aseguradoras y el presidente de la asociación de bancos Hernán Somerville, anunciaron que los dividendos hipotecarios de todas las viviendas van a subir de precio después del terremoto, pues será obligatorio que los créditos incluyan una póliza contra sismos. Nuevamente nos enteramos que en este país no se necesitan leyes, ni debates legislativos para aumentar las ganancias. Los grandes empresarios lo tienen claro. Ellos estiman que lo que se paga de seguros en los créditos hipotecarios debiera subir cerca de un 30%. Además, Antonio Latorre, gerente general de la agencia aseguradora Creditaria, declaró a “El Mercurio” que “la tasa de seguro será más cara en segmentos de vivienda de menor valor, porque tienen más riesgo”. ¿Un reconocimiento implícito de que las construcciones en barrios populares son de menos calidad que las de los barrios de la elite? ¿Un lapsus involuntario?

Concientes de la difícil situación por la que pasan cientos de miles de familia, los cinco grandes bancos del país lanzan un ofertón de créditos de consumo para enfrentar la catástrofe. El gerente general del Banco Santander, el español Emilio Botín (irónico apellido) de visita por Chile afirmó que su banco dispondrá de un fondo de 3200 millones de dólares para realizar “créditos solidarios”. La donación de los bancos a la mediática teletón del terremoto no alcanzó los 500 mil dólares.

Las campañas de ayuda como generación de ganancias

Muchos chilenos no comprendíamos por qué las campañas de ayuda y recolección apoyadas por la televisión no podían iniciarse antes que llegará a Chile el animador de televisión Mario Kreutzberger “don Francisco”. Después nos enteramos por la prensa que el diseño de la llamada “teletón del terremoto” se realizó en una reunión de la multi gremial de los grandes empresarios en la sede de la Confederación de la Producción y el Comercio el día jueves 4 de marzo. Los mismos grandes dueños del capital que han sido nombrados en este artículo tuvieron un inédito protagonismo mediático en esta “teletón”.

Permanentemente algunos de sus representantes ocuparon dos de los doce puestos de telefonistas que recibían los llamados de ayuda televisada. Algo inédito en la historia de las “teletones chilenas”.

“Estamos impresionados con los 60 millones de dólares que se lograron recaudar (30 mil millones de pesos)” afirmó Cesar Barros de Salmón Chile. Lo que no dijeron los señores Barros, Somerville, Paulmann, Constans, etc., es que para muchos chilenos resultó chocante el nuevo ejercicio de lucro con la desgracia del pueblo, expresado en los llamados tipo “compre una frazada en nuestra tienda y nosotros regalamos otra” o “regalaremos un antigripal o paracetamol si se compran determinada marca“, en tal o cual farmacia.

Tampoco dijeron que el descuento de impuestos por donaciones alcanza un 17%, y que recientemente anunció el presidente electo Piñera que espera aumentar este porcentaje a través de una nueva ley de donaciones. Tampoco dijeron que la magnitud de los daños del terremoto y maremoto se calcula entre 20 mil y 30 mil millones de dólares. Cifra exorbitante, que dista muchísimo de las donaciones que realizaron en la teletón, pero que se acerca a las cifras de las ganancias empresariales. La sociedad de inversiones Luksic declaro a “El Mercurio” en el mes de enero que contaba con 500 millones de dólares para invertir fuera de Chile.

La venta de las acciones de la Línea aérea LAN Chile pertenecientes al presidente electo Piñera es un caso aparte. El 25 de febrero vendió en la bolsa el 6.4% de las acciones de LAN en más de 375 millones de dólares, el lunes siguiente al terremoto Piñera decide diferir la venta de las demás acciones en su poder por que estaban bajando en la bolsa. El día 9 de marzo vende el 8.5% de las acciones LAN en la suma de 514 millones de dólares. Aún quedan en poder de Piñera el 11% de las acciones LAN, por lo que se calcula que con la venta de todo este paquete accionario recibirá más de mil doscientos millones de dólares, que constituyen menos del 50% de su actual patrimonio reconocido. Todas estas cifras hacen irrisorias los 60 millones de dólares juntados “mediáticamente” en la Teletón y hacen aún más significativo para nuestro país, el noble gesto del presidente y vice -presidente Boliviano quienes donaron la mitad de su sueldo a Chile. ¿Que significado puede tener esto para el rico empresariado Chileno, empezando por nuestro presidente Sebastián Piñera? (…)

____

Todos los autores son integrantes del Centro de Alerta e investigadores OPECH- Universidad de Chile.

http://www.theclinic.cl/2010/03/16/investigadores-universitarios-y-terremoto-texto-indignado/#more-14225

Etiquetas de Technorati: CHILE,TERREMOTO,TERREMOTO 2010,PROBLEMAS,FALLAS ESTRUCTURALES,FALLAS TECNOLOGICAS,INCONPETENCIA,LUCRO,EMPRESAS PRIVADAS,GANANCIAS PRIVADAS,DESASTRE EN CHILE

Más ganancias, menos cultura*, por P. Bourdieu

Pierre Bourdieu

¿Es posible todavía, y será posible por mucho tiempo, hablar de producciones culturales y de cultura? A los que hacen el nuevo mundo de la comunicación, y que son hechos por él, les gusta referirse al problema de la velocidad, los flujos de información y las transacciones que se vuelven cada vez más rápidos, y sin duda tienen razón en parte cuando piensan en la circulación de la información y la rotación de los productos. Dicho esto, la lógica de la velocidad y la del lucro que se reúnen en la búsqueda de la máxima ganancia en el corto plazo (con el rating en el caso de la televisión, el éxito de venta en el del libro -y, muy evidentemente, el diario-, el número de entradas vendidas en el de la película) me parecen incompatibles con la idea de cultura.

Cuando, como decía Ernst Gombrich, se destruyen las condiciones ecológicas del arte, el arte y la cultura no tardan en morir. Como prueba, podría limitarme a mencionar lo ocurrido con el cine italiano, que fue uno de los mejores del mundo y que sólo sobrevivía a través de un pequeño puñado de cineastas, o con el cine alemán, o con el cine de Europa oriental. O la crisis que sufrió en todas partes el cine de autor, por falta de circuitos de difusión. Sin hablar de la censura que pueden imponer los distribuidores a determinados filmes -el más conocido es el de Pierre Carles-. O también el destino de alguna cadena radiocultural, hoy en liquidación en nombre de la modernidad, el rating y las connivencias mediáticas.

¿Arte o mercancía? Pero no se puede comprender realmente lo que significa la reducción de la cultura al estado de producto comercial si no se recuerda cómo se constituyeron los universos de producción de las obras que consideramos como universales en el campo de las artes plásticas, la literatura o el cine. Todas las obras que se exponen en los museos, todos las películas que se conservan en las cinematecas, son producto de universos sociales que se constituyeron poco a poco independizándose de las leyes del mundo ordinario y, en particular, de la lógica de la ganancia.Para que lo entiendan mejor, he aquí un ejemplo: el pintor del Quattrocento -se sabe por la lectura de los contratos- debía luchar contra quienes le encargaban obras para que éstas dejaran de ser tratadas como un simple producto, valuado según la superficie pintada y al precio de los colores empleados; debió luchar para obtener el derecho a la firma, es decir el derecho a ser tratado como autor, y también por eso que, desde fecha bastante reciente, se llaman derechos de autor (Beethoven todavía luchaba por este derecho); debió luchar por la rareza, la unicidad, la calidad; debió luchar, con la colaboración de los críticos, los biógrafos, los profesores de historia del arte, etcétera, para imponerse como artista, como creador.

Es todo esto lo que está amenazado hoy a través de la reducción de la obra a un producto y una mercancía. Las luchas actuales de los cineastas por el final cut y contra la pretensión del productor de tener el derecho final sobre la obra, son el equivalente exacto de las luchas del pintor del Quattrocento. Los pintores necesitaron casi cinco siglos para conseguir el derecho de elegir los colores empleados, la manera de emplearlos y finalmente el derecho a elegir el tema, especialmente al hacerlo desaparecer con el arte abstracto, para gran escándalo del burgués que encargaba la obra. Del mismo modo, para tener un cine de autor se requiere un universo social, pequeñas salas y cinematecas que proyecten los clásicos y frecuentadas por los estudiantes, cineclubes animados por profesores de filosofía, cinéfilos formados en la frecuentación de dichas salas, críticos sagaces que escriban en los Cahiers du cinéma, cineastas que hayan aprendido su oficio viendo películas de las cuales pudieran hablar en estos Cahiers; en pocas palabras, todo un medio social en el cual determinado cine tiene valor, es reconocido.Son estos universos sociales los que hoy están amenazados por la irrupción del cine comercial y la dominación de los grandes difusores, con los cuales deben contar los productores, excepto cuando ellos mismos son difusores: resultado de una larga evolución, hoy han entrado en un proceso de involución.

En ellos se produce un retroceso: de la obra al producto, del autor al ingeniero o al técnico que utiliza recursos técnicos, los famosos efectos especiales, y estrellas, ambos sumamente costosos, para manipular o satisfacer las pulsiones primarias del espectador (a menudo anticipadas gracias a las investigaciones de otros técnicos, los especialistas en marketing).Reintroducir el reino de lo comercial en universos que se han constituido, poco a poco, contra él, es poner en peligro las obras más nobles de la humanidad, el arte, la literatura e incluso la ciencia.No creo que alguien pueda querer esto realmente. Recuerdo la célebre fórmula platónica: Nadie es malvado voluntariamente. Si es cierto que las fuerzas de la tecnología aliadas con las fuerzas de la economía, la ley del lucro y la competencia, ponen en peligro la cultura, ¿qué hacer para contrarrestar ese movimiento? ¿Qué se puede hacer para favorecer las oportunidades de aquellos que sólo pueden existir en el largo plazo, aquellos que, como los pintores impresionistas de antaño, trabajan para un mercado póstumo?

Buscar la máxima ganancia inmediata no es necesariamente obedecer a la lógica del interés bien entendido, cuando se trata de libros, películas o pinturas: identificar la búsqueda de la máxima ganancia con la búsqueda del máximo público es exponerse a perder el público actual sin conquistar otro, a perder el público relativamente restringido de gente que lee mucho, frecuenta mucho los museos, los teatros y los cines, sin ganar a cambio nuevos lectores o espectadores ocasionales. Una inversión rentable. Si se sabe que, al menos en todos los países desarrollados, la duración de la escolarización sigue creciendo, así como el nivel de instrucción medio, como crecen también todas las prácticas estrechamente relacionadas con el nivel de instrucción (frecuentación de los museos y los teatros, lectura, etcétera), se puede pensar que una política de inversión económica en los productores y los productos llamados de calidad, al menos en el corto plazo, podría ser rentable, incluso económicamente (siempre que se cuente con los servicios de un sistema educativo eficaz).

De este modo, la elección no es entre la mundialización -es decir la sumisión a las leyes del comercio y, por lo tanto, al reino de lo comercial, que siempre es lo contrario de lo que se entiende universalmente por cultura- y la defensa de las culturas nacionales o de tal o cual forma de nacionalismo o localismo cultural.Los productos kitsch de la mundialización comercial, el jean o la Coca-Cola, la soap opera o el filme comercial espectacular y con efectos especiales, o incluso la world fiction, cuyos autores pueden ser italianos o ingleses, se oponen en todos los sentidos a los productos de la internacional literaria, artística y cinematográfica, cuyo centro está en todas partes y en ninguna, aun cuando haya estado durante mucho tiempo y quizá todavía esté en París, sede de una tradición nacional de internacionalismo artístico, al mismo tiempo que en Londres y Nueva York.

Así como Joyce, Faulkner, Kafka, Beckett y Gombrowicz, productos puros de Irlanda, Estados Unidos, Checoslovaquia y Polonia fueron hechos en París, igual número de cineastas contemporáneos como Kaurismaki, Manuel de Oliveira, Satyajit Ray, Kieslowski, Woody Allen, Kiarostami y tantos otros no existirían como existen sin esta internacional literaria, artística y cinematográfica cuya sede social está ubicada en París. Sin duda porque es allí donde, por razones estrictamente históricas, se constituyó hace mucho y ha logrado sobrevivir el microcosmos de productores, críticos y receptores sagaces necesario para su supervivencia.Repito, hacen falta muchos siglos para producir productores que produzcan para mercados póstumos.

Es plantear mal los problemas oponer, como a menudo se hace, una mundialización y un mundialismo que supuestamente están del lado del poder económico y comercial, y también del progreso y la modernidad, a un nacionalismo apegado a formas arcaicas de conservación de la soberanía. En realidad, se trata de una lucha entre un poder comercial que intenta extender a todo el universo los intereses particulares del comercio y de los que lo dominan y una resistencia cultural, basada en la defensa de las obras universales producidas por la internacional desnacionalizada de los creadores.

Quiero terminar con una anécdota histórica que también tiene que ver con la velocidad y que expresa correctamente lo que debían ser, en mi opinión, las relaciones que podría tener un arte liberado de las presiones del comercio con los poderes temporales. Se cuenta que Miguel Angel mantenía tan poco las formas protocolares en sus relaciones con el papa Julio II, quien le encargaba sus obras, que éste se veía obligado a sentarse muy rápidamente para evitar que Miguel Angel se sentara antes que él. En un sentido, se podría decir que intenté perpetuar aquí, muy modestamente, pero de manera fiel, la tradición, inaugurada por Miguel Angel, de distancia con respecto a los poderes y muy especialmente a estos nuevos poderes que son las fuerzas conjugadas del dinero y los medios.

*Copyright Clarín y Le Monde, 1999. Traducción de Elisa Carnelli

Etiquetas de Technorati: BOURDIEU,SOCIOLOGIA,CULTURA,MERCADO,PRODUCCION CULTURAL,GANANCIAS,COMUNICACION,INFORMACION,LUCRO,TELEVISION,LIBRO,PERIODICO,CINE,CAPITAL CULTURAL

La educación sueca: pública, gratuita y de calidad

La educación en Suecia

Por Alicia Delibes

La editorial Unisón ha publicado un libro con el título “La educación en peligro”, escrito por Inger Enkvist, profesora de literatura española en la universidad sueca de Lund.

La obra de Enkvist no es un libro de pedagogía al uso, es un documento imprescindible para conocer, a través del sistema de enseñanza que ha estado treinta años funcionando en Suecia, las complicadas razones políticas, psicológicas, sociológicas y pedagógicas que han conducido a los países occidentales a un fracaso educativo ya imposible de disimular.

La historia de Suecia se desarrolla en paz desde hace casi dos siglos, sus habitantes, agricultores en su mayoría y de religión protestante, eran ya capaces de leer antes de que, en 1842, la enseñanza primaria se hiciera obligatoria.

Durante la segunda mitad del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, a medida que el país se desarrolla industrialmente, se extiende la posibilidad social de acceder a una cada vez mejor y más completa educación. Crece el número de escuelas, mejora la formación de los maestros, se amplía la gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza, se incorpora la mujer a la universidad y se crean cada vez más institutos y universidades. Suecia, con un gobierno socialdemócrata, pasa de una relativa pobreza en 1930 a ser uno de los tres países más ricos del mundo en 1970.

Se puede decir que hasta 1950 la enseñanza se consideraba una forma de ascenso social. Aquel que conseguía superar el examen de reválida del final del bachillerato entraba a formar parte de la elite social y académica del país. La instrucción era la forma, por todos aceptada, de romper con las barreras sociales. A partir de 1950, la rápida industrialización del país exigió una mano de obra más especializada, se planteó entonces la necesidad de ampliar la enseñanza a un mayor número de ciudadanos. La extensión del sistema escolar debía respetar los principios de igualdad y libertad, era preciso un modelo nuevo de escuela democrática, escuela que debía dar a todos los ciudadanos las mismas oportunidades.

En estos años, dice Inger Enkvist “el concepto de igualdad se interpreta como la obligación de hacer desaparecer los obstáculos para el acceso a los estudios. Se habla de aprovechar todos los talentos y de darle a todos una oportunidad”. Pero, ¿qué es lo que ocurre para que de repente esa igualdad de oportunidades empiece a tener un sentido totalmente distinto? ¿Por qué de pronto empieza a hablarse de la escuela como elemento fundamental para igualar las diferencias intelectuales del individuo?

Todos los investigadores que se han preocupado por la historia de la educación en el siglo XX coinciden en situar este movimiento hacia una escuela integradora en el transcurso de los años sesenta. En esa década surge el modelo de escuela “comprensiva”, una escuela que quiere agrupar a todos los alumnos en un mismo centro y con un mismo sistema desde los 12 a los 16 años. Una escuela que busca eliminar las desigualdades intelectuales de los individuos. Una escuela que quiere otorgar a cualquier tipo de estudios el mismo valor, una escuela, en fin, que más que enseñar pretenda tener “ocupados” a sus alumnos.

En Suecia, antes de que fuera impuesto este modelo escolar, se crearon centros piloto que debían adelantar la implantación de la escuela básica unificada. Algunas de estas escuelas experimentales, conscientes del peligro, dieron la voz de alarma a las administraciones educativas pero los socialdemócratas, haciendo oídos sordos a las quejas de los profesores, dijeron que no se trataba de hacer una reforma pedagógica sino política y que debía imponerse porque era social y democráticamente necesario.

De esta forma la Ley de Educación de 1970 implanta en Suecia un modelo escolar cuyas características describe Inger magníficamente en su libro y que coinciden, de forma sorprendente, con las de nuestra recientemente implantada y ya tan discutida L.O.G.S.E.

A partir de ese momento resulta bastante fácil comprender las situaciones a las que condujo el nuevo sistema. El igualitarismo intelectual que, por una parte, lleva a un descenso en el nivel de conocimientos, a la eliminación de los obstáculos, al embrutecimiento gradual de los profesores, exige, por otro lado, no sólo que la administración educativa y el cuerpo docente sea una misma cosa sino que, además, se generen ciertos mecanismos de autoprotección, como son la simulación, la falta de evaluación o la eliminación del fracaso escolar.
http://revista.libertaddigital.com/la-educacion-en-suecia-344.html

La formación del profesorado de Secundaria en Suecia

Isabel Cantón Mayo

1. Estructura General del Sistema Educativo sueco

La imagen de modernidad y progreso que se tiene de Suecia no siempre se ha correspondido con esas premisas en su sistema educativo. Agnetha Segol afirmaba en L’Histoire Mondiale de l’Education (1981, 309) que a mitad de los años 40 Suecia disponía de un sistema educativo poco moderno y bastante restringido en comparación con otros países europeos. Según afirma también Marklund (1981) a partir de esa fecha se inicia la investigación sobre el tema, dedicando los años cincuenta a la experimentación de un nuevo sistema de escolaridad obligatoria; en los sesenta el sistema de escuelas paralelas se integró en un modelo polivalente y comprehensivo, en los años setenta este sistema se evaluó, consolidó y reestructuró, dentro de lo que se dio en llamar estado del bienestar.

El gasto en educación de Suecia es el más elevado de los países occidentales ascendiendo a 7,3 de PIB, mientras que España dedica un 4,3; Estados Unidos un 6,9; y Portugal un 4,9. El alumnado se distribuye en un 61 % en Primaria, un 20,2% en Secundaria y un 18,9 en superior. Este sistema se caracteriza por una escolaridad obligatoria larga, (de 7 a 16 años) que está dividida en primaria, (desde los 7 a los 13 años), y Secundaria (Obligatoria o inferior de 13 a 16 años y Superior o postobligatoria de 16 a 18 años). Además hay guarderías en el nivel Preescolar de 4 a 7 años. El nivel terciario lo constituyen los estudios superiores que no son obligatorios. La Educación Primaria y la Secundaria inferior forman la educación continua, mientras que el segundo nivel de Secundaria y los estudios superiores forman el nivel recurrente.

El sistema educativo sueco está descentralizado hasta el nivel de municipio, siendo la máxima autoridad municipal en educación el Consejo Municipal de Educación, que tiene delegaciones por distritos llamadas Consejos de Distrito y que afectan sobre todo a la Escuela Primaria. El responsable municipal de la educación es el Director General de Escuelas. La enseñanza secundaria también depende del municipio y tiene hasta 16 programas de tres años que se complementan con ofertas de talleres, granjas, naturaleza, y oferta para educación especial. La distribución del profesorado por niveles según nos muestra GÓMEZ MELERO (1994) difiere esencialmente de la española ya que el nivel con más carga es aquí el secundario, mientras en Suecia lo es el primario, o más bien un modelo de enseñanza comprensiva en un sistema integrado ya desde los años sesenta.

En Suecia trabajan en Primaria el 63,4 % de los profesores, en Secundaria el 19,1% y en Educación Superior el 17,5 %. Este modelo de escuela trajo también cambios en el currículum que pasó de ser común y controlado por el estado a un currículum mucho más abierto en el que los sindicatos de profesores, los padres y los grupos políticos locales pueden influir en la escolarización: «El control estatal burocrático y centralizado se ha visto debilitado, al tiempo que se fortalecía el control local» (KALLÓS Y SELANDER, 1994, 251). Estos cambios educativos descentralizadores son paralelos a otros ámbitos sociales como el bienestar social o la salud.

El paso de un sistema centralizado a otro descentralizado se hizo mediante programas y medidas destinadas a promover el desarrollo de la Escuela local fundamentalmente en los años 1980- 1981. Los cursos se impartieron en las universidades y estaban destinados a los profesores para capacitarlos en los cambios curriculares y organizativos. Se dedicó apoyo económico para financiar pequeños proyectos basados en la Escuela llevados a cabo por maestros con modelos de investigación-acción. Los municipios controlaron la distribución de los recursos asignados a los proyectos de desarrollo escolar y determinaron qué cursos debían ofrecerse a los maestros de su municipio. Ya en 1985 se reformó el sistema de formación inicial de los maestros para adaptarlos a la escuela integrada que llevaba veinte años implantada. Los años 89-90 y 91 se tomaron decisiones en el Parlamento sueco sobre la administración y reglamentación del sistema educativo.

2. La Formación del Profesorado.

Los profesores suecos tienen un nivel de formación escalonado en cuatro grados según se dediquen a educación infantil, primaria, secundaria o secundaria superior. Sólo Finlandia mantiene ese tipo de escalonamiento y destaca el Reino Unido en el cual la formación es diferenciada pero de la misma duración en el nivel primario y el secundario. Hasta 1977 coexistieron diversos sistemas de formación de profesores asentados en Suecia desde el siglo XIX: los Profesores de Primaria (la folkskola), grados 1-6, se formaban en Institutos de Educación que no pertenecían a la Universidad, mientras que los de los grados 7-9 tenían una formación igual a la de la Escuela Secundaria Superior (el Gymnasium) poseían un título universitario, generalmente en dos materias principales, que posteriormente completaban con un año más de prácticas pedagógicas.

Además los profesores de materias especiales como música, manualidades, educación física, etc. seguían su propia tradición bastante particular.La formación del profesorado sueco tiene, al igual que en España dos facetas: formación inicial y formación permanente. La Reforma de 1988 integró toda la formación de Profesores en el nivel superior, bien como parte de la Universidad o Colegio Universitario, bien como Escuela de Educación diferenciada. En 1988 una reforma de la formación del profesorado afectó especialmente a los profesores de enseñanza obligatoria. En 1993 se aplicó una nueva reforma a la enseñanza superior que descentralizó aún más la formación del profesorado, aunque el gobierno es quien sigue concediendo los títulos y autorizando la estructura básica de los programas para estos cursos. Los profesores de primaria, preescolar y tiempo libre además de los de materias especiales como arte, música, educación física, siguen preparándose en centros diferenciados como antes de la Reforma.

Todos los programas de formación inicial del profesorado precisan al menos 40 puntos (un año) de cursos de educación, consistentes en cursos de Pedagogía, métodos de enseñanza y prácticas de enseñanza. Estos cursos pedagógicos pueden intercalar entre los de las distintas materias como parte de un programa integrado, (siempre que se hayan cursado antes dos cursos de secundaria superior con conocimientos de sueco e inglés) o pueden constituir un programa separado, una vez que se han conseguido los créditos de un título académico con una duración específica. En los profesores de Primaria una división por competencias los distingue entre profesores acreditados para los niveles 1 al 7 (con 140 créditos) maestros de aula y profesores de los niveles 4 al 9 con (180 créditos) profesores de materia. Es de destacar que no se forman maestros específicos de Educación Infantil (grados 1-3).

Los profesores de los niveles 1-7 tienen las siguientes especializaciones:
• Sueco/asignaturas de Ciencias Sociales.
• Matemáticas/asignaturas de Ciencias Naturales.
• Lengua materna o Educación de Adultos.

Los profesores para los grados 4-9 tienen las siguientes especialidades:
• Sueco y otros idiomas.
• Idioma materno, sueco como idioma extranjero e inglés.
• Ciencias sociales.
• Matemáticas y Ciencias Naturales.
• Ciencias Naturales.
• Arte, educación física, o música, o economía doméstica o atención (salud) infantil y una de las siguientes materias: sueco, inglés, idioma moderno o matemáticas.

Desde 1993 el gobierno proporciona la estructura básica y los objetivos del programa de titulación y cada institución fija los contenidos por medio del Consejo Nacional de Universidades y Colegios que es el responsable de la formación del profesorado a nivel nacional. Este Consejo ha emitido una guía del currículum oficial con validez a nivel nacional que incluye listas de materias del programa y describe sus contenidos. Luego cada Universidad o colegio ha formulado su propio programa dentro del marco de esta guía nacional y de la cantidad de dinero de que dispone y de los estudiantes que se le fijan por el Parlamento a cada Universidad. La estructura básica del programa para los niveles 4-9 tiene al menos 180 créditos (60 en una asignatura principal y 40 en otras materias). Si se incluye arte o música se requiere para estas especialidades un mínimo de 80 créditos y en los otros 60.

En el currículum de toda la formación del profesorado hay cuatro materias principales: a) Materias orientadas por su contenido, b) Metodología general de la enseñanza, c) Pedagogía, y d) Práctica.Estas materias están integradas y son presentadas en relación con las preguntas didácticas: «¿Qué?, ¿Cómo? y ¿Por qué?» que pretenden fortalecer los aspectos profesionales de la formación del profesorado elemental, frente al programa más de materia de los maestros de los grados 7-9. La Titulación, una vez completado el programa es de (Grundskollärarexamen) Diploma Universitario en Educación para la Enseñanza Primaria y Secundaria, Niveles 1-7 ó 4-9. Antes de 1993 se llamaba Licenciado en Educación, niveles 1-7 ó 4-9.

Sigue habiendo, a pesar de todo, una fuerte dispersión de programas de formación inicial del profesorado. Se caracterizan por dividirse en trimestres con una composición y duración variables, en función de los conocimientos y experiencias previas de los participantes. La duración oscila entre los 100, 80 o 50 créditos (un crédito equivale a una semana de dedicación completa). Una aproximación a la distribución por niveles del profesorado en Suecia nos la proponen KALLÓS Y SELANDER (1994).

3. Profesores de Educación Secundaria Superior

La doble tradición de maestros de aula y profesores de materia tenía en Suecia orígenes distintos: los primeros eran los encargados de la escolarización masiva que se desarrolló en los últimos años del S. XIX y eran principalmente mujeres; los profesores de materia tenían sus antecedentes en la tradición académica con vínculos muy fuertes con las universidades y eran fundamentalmente hombres. Esta división de los docentes en categorías se refleja en la escuela y en las organizaciones y sindicatos de enseñantes que ya se remontan al S. XIX.

Mientras los maestros de aula están afiliados al Sindicato Sueco de Maestros, conectado a la TCO (Organización Central de Empleados asalariados); los profesores de materias están organizados en el Sindicato Nacional de Profesores de Suecia, conectado a la SACO (Confederación Sueca de Asociaciones de Profesionales), donde también se integran los orientadores escolares y profesionales y los profesores de Formación Profesional. Un tercer sindicato agrupa a los profesores de Educación Infantil, Profesores de materias vocacionales de Secundaria Superior y a los profesores de Manualidades y Arte, también vinculado al TCO. Estos sindicatos también agrupan a estudiantes candidatos a maestros.

Los nuevos programas de formación de profesorado intentaron eliminar la diferenciación entre los maestros de aula y los de materia buscando un compromiso entre la tradición de la folskola y del gymnasium que se logró en parte mediante la escuela integral. El paso del sistema centralizado al descentralizado supuso que los profesores pasaran de ser empleados del Estado a empleados municipales, lo que supuso en muchos casos incertidumbre y recelos, que fueron compensados con mayor autonomía, mayores salarios y exigencias formativas en las vacaciones escolares. La propuesta del gobierno era pasar de una «escuela gobernada por las reglas» a una «escuela gobernada por los objetivos» donde los municipios tendrían la total responsabilidad en la gestión de la escuela.

Hasta 1992 el programa de formación de Profesores de Secundaria constaba de 160 a 220 créditos de una semana en función de las materias principales estudiadas, combinando programas específicos de formación de profesores con programas especiales en los que después de finalizar un título académico se realizaba adicionalmente la especialización en educación. Desde la reforma de 1993 los estudiantes deben completar un programa de 180 a 220 créditos (de ellos 80 en la materia principal y 60 en la segunda materia, en una lengua, aunque sea el sueco son siempre 80 créditos, así como en ciencias sociales, arte, música y educación física). Todos deben realizar 40 créditos de materias educativas que pueden intercalar en los trimestres con las materias elegidas, que son frecuentemente dos idiomas, o dos asignaturas de ciencias naturales o sociales.

Existe un programa autónomo de formación del profesorado con 40 créditos el praktisk-pedagogistk utbildnin que tiene los mismos contenidos que los cursos descritos para los que han completado 140 créditos de formación universitaria y al menos otros 80 créditos en alguna materia relevante para la enseñanza. Este programa está a disposición de los que tienen títulos en ingeniería, arquitectura, economía y administración de empresas o tienen preparación profesional y una experiencia importante, ya que la enseñanza de asignaturas profesionales forma parte ahora del programa de los profesores de enseñanza secundaria superior. La titulación, una vez completado uno de los dos programas es el Gymnasielärarexamen (Diploma Universitario en Educación para la enseñanza Secundaria Superior). Una panorámica general de esta profusión de modalidades formativas podemos verla en el cuadro adjunto.

La formación permanente de los profesores ha sido considerada como un segundo vehículo para gobernar el sistema escolar a escala nacional. Tiene por objetivo el aumentar el grado en que las escuelas satisfacen los objetivos nacionales válidos. La formación permanente también depende de los municipios, aunque se garantiza por el Estado en acceso a la formación permanente en aquellos aspectos que sean dependientes de las reformas decididas a nivel central y controladas por el Consejo Escolar. Las reformas y cambios descritos en la formación inicial y permanente del profesorado pretenden aumentar la autonomía del maestro que trabaja en un sistema gobernado por objetivos y resultados.

Aunque hay que reconocer que la formación del profesorado no se ha encontrado en el centro de los programas de reforma y ha sido el último de los aspectos en el que se ha intervenido. Se buscan profesores profesionales y muchos integrantes critican que a lo que se ha llegado realmente a un nivel de proletarización, de deshabilitación y de pérdida de control sobre el trabajo y sobre el puesto. Aunque se han aumentado los salarios de los profesores de aula para reducir las diferencias con los profesores de materia ahora se relacionan con diferencias individuales en la determinación de los salarios. Lundell y Bergström observaron que la descentralización significa para los enseñantes no un aumento de las oportunidades sino una amenaza, ya que las decisiones educativas son tomadas por los miembros del consejo local, elegidos políticamente, no cualificados. La influencia y trabajo de los sindicatos ha sido cada vez más destacada y se apoyan en estudios que demuestran la escasa confianza que los profesores tienen en las instancias políticas locales y nacionales, a las que consideran que no conocen el trabajo docente.

Esto ha influido decisivamente y los mismos políticos han llegado a la conclusión de que la formación del profesorado debe descansar en una base científica y en una experiencia comprobada. El nuevo sistema de formación inicial del profesorado es más polivalente ya que abarca más tramos del sistema escolar, además los nuevos planes producen docentes con un Certificado único y son los únicos que pueden ser contratados por los municipios. Por su parte el Estado garantiza una producción suficiente de profesores. Pero como contrapartida el quitar el poder de formación al Estado puede suponer poner énfasis en control privado, a pesar de existir muy pocas escuelas privadas en Suecia. El modelo socializante de Estado de Bienestar controla y domina el sistema escolar, la infancia y otras instituciones, pero los conservadores defienden la descentralización y el énfasis del trabajo por objetivos y resultados. Las decisiones últimas en materia educativa pueden ir encaminadas a aumentar la posibilidad de privatizar partes del sistema escolar.

Las evidentes contradicciones en que se mueve el sistema educativo sueco determinadas en parte por su tradición y por su sistema político están en un proceso de reforma y cambios, que sólo en última instancia han afectado a la formación del profesorado. Los cambios actuales en esta línea tienden a utilizar esa formación de profesores para ejercer la influencia estatal que pierde en el diseño del currículum en manos locales. La dirección tomada es hacia profesorado bastante flexible, que combine la profesionalización y la especialización integrando casi totalmente a los profesores de aula y a los especialistas. Las tensiones y conflictos que este modelo genere se podrán estudiar sólo en los próximos años. Nuestros contactos con profesores suecos evidencian esa incertidumbre, tensiones y conflitcos con los poderes políticos locales de los que desconfían los profesores, por su falta de cualificación y por su condición de políticos determinados por la ideología del partido al que pertenezcan. La turbulencia e inseguridad de que hablan KALLÓS Y SELANDER (1994) han introducido en el sistema educativo, será matizada y cambiada por la influencia que la CEE pueda tener Suecia.

Referencias bibliográficas

A.(1982). El Sistema Educativo Sueco y sus Reformas objeto de renovada atención. En
Revista de Educación, 270, Mayo-Agosto, 242-249.
BESMANOFF, A. (1994). La formación del Profesorado en Suecia. Informe de la National Agency for Higher Education. Swedish Naric, 28 de Marzo de 1994.
CANTON MAYO, I. (1994). La Educación ante la crisis en Suecia. En Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 20, 137-142.
GOMEZ MELERO, A.J. (1994). Suecia. En Popkewitz, T.S., Modelos de poder y regulación social en Pedagogía, pp. 245- 247. Barcelona:Pomarés-Corredor.
HALLSTRÖM, M.L. (1982). Proposed Reform of Upper Secondary Education in Sweden. Informaciones del ministerio sueco de Educación.
HALLSTRÖM, M.L. (1981). Swedish Ministry of Education and Cultural Affairs: A brief guide. Informaciones del ministerio sueco de Educación.
(1979). Rapport national de la Suède pour la Conférence Internationale sur l’Education
(XXXVIIè Session). Ginebra.
(1981). National Report-Sweden. UNESCO, Internacitonal Conference of Education.
KALLOS, D. y SELANDER, S. (1994). Formación del profesorado y trabajo de los maestros en Suecia: estrategias de la reforma y reorientación Profesional. En Popkewitz, T.S., Modelos de poder y regulación social en Pedagogía, pp. 245-293. Barcelona: Pomarés-Corredor.
MIALARET, G. (1981). Histoire mondiale de l’Education. Paris: P.U.F.
MARKLUND, S. (1981). The postcomprehensive era of Swedish education. En Comparé, Vol 11, num. 2.
OCDE (1981). Les réformes de l’enseignement en Suède. Col. Examen des politiques nationales de l’Education. París:OCDE.
OCDE (1980). Goals for Educational Policy in Sweden. París: OCDE.
PEREYRA, M.A., GARCIA, J. y BEAS, M. (1993). Globalidad y descentralización de los sistemas educativos. Barcelona: Pomarés-Corredor.
POPKEWITZ, T. (Comp.) (1994). Modelos de poder y regulación social en Pedagogía. Barcelona: Pomarés-Corredor.
SEGOL, A. (1981). La rèforme Suédoise. En el 4º vol. de la Histoire Mondiale de l’Education, dirigida por Gaston Mialaret. París: PUF.

Haz clic para acceder a es11cant.pdf

EL modelo educacional mercantil chileno en plena crisis, E. Aquevedo

La lucha contra la LGE en el año 2008 tuvo una significación relevante. La movilización no sólo fue estudiantil, sino que logró sumar a otros sectores sociales. Ello cambió el curso del movimiento y lo reforzó considerablemente para desarrollos posteriores.

En efecto, la movilización estudiantil del primer semestre del 2008, al cual se sumaron los profesores, la CUT y sectores crecientes de la ciudadanía, dividiendo a la Concertación, a sus parlamentarios y concitando el apoyo unánime de las juventudes políticas de la concertación y de la izquierda extraparlamentaria, no sólo han hicieron retroceder al gobierno y a la conservadora Ministra de Educación. También dejaron en evidencia que el “consenso” logrado a fines del 2007 entre la concertación y la alianza tuvo un carácter meramente cupular y que era socialmente y políticamente insustentable. Si los principales protagonistas del sistema escolar chileno y sectores cada vez más amplios de la sociedad lo rechazan resueltamente, como ya es evidente, ese acuerdo no tiene sustento y no se puede imponer por la fuerza, o como una operación tecnocrática al modo en que se operó con el transantiago, como pretendía la Ministra.

Que la Ministra de educación y sectores del gobierno sigan defendiendo obsesivamente un esquema resueltamente mercantil en este ámbito, tiene ya un costo político cada vez mas elevado, como lo deja de manifiesto la reciente encuesta Adimarx, donde no solo de desaprueba la gestión y rol de la ministra Jiménez, sino que afecta al gobierno de Bachelet en su conjunto.

Sectores cada vez mas importantes de la sociedad comienzan a cuestionar con una fuerza inusitada este modelo educacional marcado por el sello mercantil, en virtud del cual el segmento privado compite ventajosamente, con privilegios resguardados por la ley, con el sector público, garantizándose así el predominio de una visión del quehacer educacional como un negocio, como una actividad empresarial, determinada como tal por el lucro, y no como una función o actividad de vocación primordialmente pública, aunque no sea estatal.

En este sentido el paradigma adoptado por los especialistas chilenos en la materia, tales como el profesor J. Joaquin Brunner, es obviamente el modelo anglosajón y estadounidense en particular. Pero se dice poco sobre las falencias estructurales de este modelo, como por ejemplo que el propio sistema escolar norteamericano desde hace ya una docena de años ha quedado notoriamente rezagado en las mediciones internacionales como TIMSS y PISA, dando origen a serios debates y cuestionamientos en EE.UU. sobre su eficacia y pertinencia. En la prueba Pisa del año 2006, por ejemplo, EEUU se situó en el lugar 29, por debajo de muchos países europeos y asiáticos. En cambio, Finlandia, así como Corea, Hong Kong, Canadá y Nueva Zelandia, entre otros, ocupan posiciones de liderazgo internacional indiscutido desde que estas mediciones internacionales se iniciaron en la década del 90. En muchos de esos países coexiste un sector estatal y uno privado, pero el Estado ejerce funciones regulatorias decisivas que otorgan cohesión y eficacia a los sistemas educacionales y resguardan la “función pública” de la educación no obstante la participación del sector privado.

Finlandia, el primero de la clase, representa en efecto casi lo totalmente opuesto del segmentado y desregulado modelo norteamericano. En Finlandia se garantiza una enseñanza universal gratuita y pública, una enseñanza homogénea y de excelencia en todos los escalones, desde la primaria hasta la universidad, con un protagonismo decisivo del Estado en la gestación y reproducción de este esquema exitoso desde hace ya muchas décadas, otorgando igualmente una importancia decisiva a la investigación científica y a la innovación, con los resultados excepcionales que todo especialista o lector medianamente informado reconocen.

De hecho Finlandia gasta desde hace varias décadas más del 6,5% del PIB en educación (considerando sólo el gasto público), y más de un 3,5% a Investigación y Desarrollo, que la sitúa en este ámbito entre los más altos del mundo. Chile sólo incrementa el gasto público en educación al 3,5% del PIB en los últimos años, después de no pasar del 2% durante décadas; en Investigación, Chile no supera aún el 0,65% del PIB también durante décadas. En investigación chile está por debajo de Brasil y Cuba, que se mantienen o aproximan al 1% del PIB en este rubro. Estos datos primarios indican el lugar absolutamente secundario que en Chile se atribuye a la Educación y al desarrollo tecnológico, más allá de toda palabrería oficial. En América Latina varios países destinan más recursos a educación, como México y Argentina (ambos con 3,8% del PIB), Brasil (4,4%), Colombia (4,8), pero sobre todo Cuba, que destina un altísimo 9,8% del PIB, con resultados excepcionales en rendimiento escolar como lo confirma el último informe del CERSE, dependiente de la UNESCO, que sitúa nuevamente al sistema escolar cubano como el de mejor rendimiento en América Latina (ver informe en este Blog).

El modelo Finlandés representa entonces algo así como el anti-modelo chileno, en tanto que el lucro como motivación del emprendimiento educacional está allí excluido de hecho, es decir, no tiene legitimidad social ni sustento legal. Reiteremos que en 2006 por tercera vez Finlandia ocupa el primer lugar en la prueba Pisa a escala internacional.

Ya parece evidente que esta aparente ceguera en la elección de paradigma educacional por parte de las autoridades y grupos dominantes chilenos expresa antes que nada una opción resuelta a favor de la educación como negocio o actividad empresarial donde lo prioritario es el lucro y la ganancia, en desmedro de su esencial función pública y de los intereses primordiales de la sociedad.

Pero esta última parece tomar crecientemente conciencia del fracaso del modelo mercantil en Chile, y las movilizaciones y cuestionamientos recurrentes durante los últimos años limitan considerablemente su sustentabilidad. Si este rechazo social no logra en esta ocasión imponer modificaciones de fondo, en el mediano plazo ello parece inevitable si la movilización se mantiene, aunque sea por otros medios, no obstante la enorme influencia de los poderes que resisten a dicho cambio. Por eso la lucha debe continuar.

El movimiento estudiantil chileno: amenazas y desafíos, por E. Aquevedo

Los estudiantes secundarios y universitarios que continúan movilizados contra la LGE y por avanzar hacias cambios de fondo en la educación chilena, han reforzado su movilización en estas semanas, pero al mismo tiempo comienzan a enfrentar una resistencia política y mediática cada vez mejor orquestada y organizada. La ministra ya demanda detener la movilización, pidiendo que se confíe en el parlamento para introducir modificaciones cosméticas, y José J. Brunner hace el mismo llamado, porque a su juicio seria «absurdo no respetar los acuerdos logrados a fines del 2007 entre la Alianza y la Concertación». Al mismo tiempo, el ministro Vidal se molesta que estudiantes protesten y manifiesten en las calles y sobre todo dentro de la Moneda, como si el propio gobiernos y carabineros reprimieran con respeto y cortesía, y más aún como si los más imprtantes logros en este país no se hubiesen conseguido sin movilizacíon, protestas y luchas sociales.

El grueso de los medios de comunicación inician igualmente una campaña para desmovilizar o dividir. Los estudiantes mejor informados comienzan seguramente a percibir que ese frente anti-estudiantil inicia su movilización, con todos los medios a su alcance, y que estos medios son cuantiosos. Nuevas maniobras políticas, nuevas negociaciones entre gobierno y derecha, operaciones represivas para amedrentar a los estudiantes, aumento de las presiones del gobiernos a los sostenedores de colegios, y de éstos en contra de padres y estudiantes, etc. Ningún medio se escatimara sin duda para frenar o dividir y desmovilizar.

Las protestas y movilizaciones constantes y masivas, este año y los anteriores, de estudiantes, docentes y trabajadores del país, parecen secundarias e incluso despreciables para la derecha y para sectores importantes del gobierno; lo decisivo para ellos es salvar y proteger como sea un modelo educacional que cuenta con poderosos apoyos en esos sectores, por la muy simple razón de que es funcional a los intereses de los grupos dominantes en este país. Hay un detalle que ya parece evidenciarse: a esta altura, sobre la base de maniobras políticas diversas y represión creciente, el nivel de apoyo de los padres y apoderados a los estudiantes secundarios en particular es menor al del 2006, y, como consecuencia, la campaña que viene, probablemente lo transformara crecientemente en presión familiar contra los estudiantes moviliados. La contra-ofensiva ya en marcha del campo conservador quizás debiera conducir a los estudiantes a reflexionar sobre la táctica a seguir, a partir de cuatro datos básicos.

Primero, que la relación de fuerzas es aún claramente desfavorable para una «victoria decisiva» de los estudiantes en esta coyuntura, y que lo que corresponde es antes que nada «evitar una derrota». Segundo, que los tiempos están corriendo ya en contra de la movilización, con riesgos de desgaste, de debilitamiento progresivo del contingente movilizado, de alargues de semestre o peor aún si el movimiento se prolonga excesivamente, sin desembocar en logros importantes, aunque es evidente de todos modos que «la guerra» no pueda ser ganada en el corto plazo. Tercero, que la estrategia de marchas y tomas tiene limites (en efecto, todo tiene «flujos y reflujos»), y lo peor seria para los estudiantes que el reflujo que vendrá, con la ayuda de la mencionada contra-ofensiva conservadora y con apoyo o complicidad del Gobierno para desmovilizar o dividir al movimiento, disloque la organización estudiantil y su lucha sin alcanzar logros significativos (en Valdivia, Concepción y en algunas universidades de Santiago, como la Usach, ese proceso de repliegue ya comenzó, incluyendo los desalojos violentos de esas universidades en los últimos días). Y cuarto, los estudiantes debieran reflexionar en que, sin afianzar una alianza con los sectores mas amplios de docentes, universitarios o secundarios, el aislamiento y el debilitamiento progresivo del movimiento puede comenzar a manifestarse antes de lo imaginable.

En consecuencia, lo inteligente quizás sería considerar esos datos de la realidad, y que por lo demás forman parte de la experiencia y lecciones del movimiento estudiantil. Una vía consistente de reorientar la lucha, al menos en las universidades, podría ser concentrar fuerzas en un objetivo concreto: promover rápidamente claustros triestamentales, exclusivamente destinados a discutir sobre la realidad de la educación chilena, y lograr resoluciones en favor de los grandes objetivos del movimiento, que se podría traducir en la lucha por una nueva Reforma Universitaria, que en alguna medida siga la senda de las reformas de los años 20 o 60, como lo proclamaron ya los universitarios del continente reunidos recientemente en Colombia, en el marco de la Conferencia Regional de Educación Superior, CRES 2008. Ese objetivo podría motivar un trabajo conjunto de mediano y largo plazo entre estudiantes y amplios sectores de académicos, que se identifican con ese mismo objetivo central. Ello implica, para restablecer un vínculo adecuado con los docentes, bajar las tomas y volcarse a un trabajo de reflexión y de construcción de una plataforma sólida que permita continuar la lucha por otros medios, creando conciencia y organizando y acumulando fuerzas para potenciar nuevas moviliaciones en el mediano plazo. Con una orientación de ese carácter podría lograrse dar un cauce realista y ambicioso al movimiento, revitalizandolo con el debate, la reflexión y la clarificación de objetivos, y se evitaría entrar en «el callejón sin salida» a que quieren conducirlo los generales del conservadurismo.

Mientras tanto, no olvidemos las grandes coordenadas en que se inscribe el movimiento actual, y los desafíos que debe enfrentar. Eso es lo que queremos subrayar a continuación.

El poder que se opone a la reforma

Lo que debemos subrayar de partida es que, en este caso como en otros, las soluciones y transformaciones que requiere la educación nacional nunca vendrán de la pura inercia o de iniciativas gubernamentales, prisioneras de todo tipo de «amarres» y obstáculos, empezando por estructuras y políticas impuestas por la dictadura, y posteriormente por visiones mercantilistas ancladas tanto en sectores decisivos de la Concertación como, prácticamente, en el conjunto de la oposición de derecha que simplemente busca perpetuar la obra del régimen militar en este aspecto decisivo. Nadie ignora por lo demás que, detrás de esa derecha política, se encubren poderosos grupos económicos, los mas importantes del país, y fuerzas ideológico-religiosas orgánicamente vinculadas a dichos grupos, como el Opus Dei y los Legionarios de Cristo. Estos conglomerados socio-económicos e ideológicos son, por lo demás, el centro del verdadero poder en Chile, con evidentes influencias transversales tanto en la Concertación como, principalmente, en la derecha tradicional expresada a través de la Alianza.

Es el mismo poder real que impuso recientemente su dictado en el TC en el caso de la “píldora del día después”, a través de sus representantes o redes internas. Pero esa era una batalla secundaria, en comparación con lo que ahora está en juego en el campo de la educación chilena. En este último, es auténticamente el futuro del país y de la sociedad chilena lo que debe decidirse, comenzando por la conformación de las elites dirigentes de la sociedad para las próximas décadas. Por ello es que esta batalla sólo está comenzando y que serán necesarios muchos combates antes que el problema quede resuelto. Lo más problemático es que, como dijo Churchill durante la segunda guerra, “los que deben ganarla (la guerra), aun la están perdiendo”. La derecha chilena tiene en efecto hasta ahora el control de la situación, mediante reformas y leyes impuestas bajo la dictadura, en virtud de las cuales se privatizó gran parte del sistema educacional, y su mercantilización continuó reproduciéndose y ampliándose bajo los gobiernos de la Concertación en cuyo seno la ideología neoliberal se instaló con fuerza, pero no de manera homogénea y las contradicciones en este plano seguirán manifestándose en el proceso en curso. Pero lo más decisivo, y que puede cambiar la relación de fuerzas a favor de un gran cambio del sistema educacional chileno, es la fuerza creciente del movimiento estudiantil. Este es el nuevo actor que emerge y que se construye día a día, y que no cesa de perturbar el statu quo. Esto es lo que ocasiona la inquietud mayor del bloque conservador representado por la Alianza, y lo que agudiza las incoherencias y conflictos dentro de la Concertación.

La experiencia está del lado de los estudiantes….

Porque si la experiencia histórica demuestra algo indesmentible en este plano, en efecto, es que sólo de la movilización estudiantil persistente, constante, inteligente, crítica y propositiva, aunque sea con altos y bajos, podrá nacer la fuerza y la energía necesarias para modificar el inmovilismo, el conservadurismo o el conformismo de las fuerzas dominantes. Así quedó ya en evidencia desde el «grito de Córdoba» en 1918, que recorrió durante las décadas siguientes a las sociedades latinoamericanas, introduciendo cambios democratizadores de gran envergadura en los sistemas educacionales en un gran número de países. También quedó en evidenció esa lección histórica con la potente movilización de la juventud, de los estudiantes y trabajadores que se expresaron notoriamente en el «mayo francés», en 1968, así como en muchos otros países de Europa y de América del norte y del sur, con reformas pero también con costos brutales (en México, con la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, que se saldó con el asesinato de aproximadamente 500 estudiantes), o con nuevos movimientos menos confrontacionales en EE.UU. (Berkeley, en especial), o más masivos y profundos más al sur, especialmente en Argentina, Brasil y Chile en esos mismos años. En Chile, en particular, ello se manifestó, desde 1968, cuando los estudiantes universitarios de todo el país, especialmente en Santiago, Concepción y Valparaíso, se alzaron contra un sistema absolutamente anacrónico, imponiendo una profunda reforma universitaria democratizadora y participativa, que sólo la dictadura de Pinochet logró revertir. En todos estos movimientos de reforma, que cambiaron buena parte de las sociedades en que tuvieron lugar, nada cayó del cielo, y menos de la iniciativa de las clases dominantes o de los gobiernos de turno. La fuerza transformadora surgió del movimiento estudiantil, en alianza con sectores asalariados importantes (docentes, trabajadores de diferentes sectores), y apoyados posteriormente por sectores políticos progresistas o de izquierda.

En definitiva, del estudiantado y de su movilización depende también en el Chile de hoy que se erosione el conservadurismo mercantilista heredado de la dictadura, que quede aún más de manifiesto para todos que la vía mercantil en educación no es sustentable, ni en el mediano ni en el largo plazo, y que al contrario ella conduce inevitablemente a reproducir y profundizar las grandes precariedades del sistema educacional existente, así como las ya excesivas desigualdades y exclusiones sociales de hoy. De la fuerza y persistencia de la movilización estudiantil en curso, independientemente de sus normales flujos y reflujos, dependerá igualmente que se sumen nuevas fuerzas, empezando por los docentes de todos los escalones del sistema, en favor de un proyecto de reformas de fondo del sistema educacional.

Reivindicaciones y desafíos…

Este proyecto, dicho muy en síntesis, debiera incluir la reivindicación básica de gratuidad para la gran mayoría de los estudiantes, el reforzamiento decisivo de la educación pública gratuita, el apoyo o subvención pública a los establecimientos universitarios o pre-universitarios privados que efectivamente no tengan fines de lucro, la calidad docente o académica verificable, el término a la municipalización de la educación que reproduce precariedad y desigualdad, el incremento sustancial de los recursos para investigación e innovación científica (no inferior al 1% del PIB en lo inmediato), la real participación estudiantil en todos los establecimientos públicos y privados y en todos los niveles, etc., por nombrar las reivindicaciones más decisivas de un programa de reformas sustantivas, que pudiera denominarse de tercera generación. Esto es, una Reforma que retome las reivindicaciones democratizadoras y participativas de los años 20 y 60, pero que también incluya reivindicaciones más cualitativas como la calidad de la enseñanza y un salto indispensable en investigación y desarrollo (o innovación científica), exigidas por los procesos de desarrollo social y nacional de la época actual, como lo muestran países de vanguardia en el plano educacional como Finlandia, Noruega, Singapur o Corea del Sur.

De la fuerza que acumule el movimiento estudiantil, a partir de reivindicaciones consistentes que interpreten el interés de la gran mayoría de los estudiantes y de la sociedad chilena, dependerá, en fin, que el poder no pueda sino asumir ese reclamo mayoritario e irreversible de los estudiantes y de la sociedad, so pena de sufrir el más grave aislamiento y rechazo de parte de dichos sectores. A los estudiantes, así como a los trabajadores, nada les será regalado. Por eso la lucha debe continuar, y obviamente ella cuenta con nuestro modesto respaldo.