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Thomas Piketty, “El capitalismo en el siglo XXI”: la gran desigualdad…

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¿Cómo podemos utilizar lo que aprendemos del libro de Thomas Piketty sobre el capitalismo del siglo XXI?
por Eric Toussaint

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El Libro Le capital au XXIe siècle |1| es indispensable para aquellas y aquellos que quieren saber más sobre el reparto desigual de la riqueza en el seno de “las sociedades”.
Leyendo esta enorme obra (950 páginas, a las que se agrega una gran cantidad de datos estadísticos y tablas accesibles por Internet |2|), llegamos a una primera conclusión: el movimiento Occupy Wall Street tenía mucha razón en poner en su punto de mira al 1 % más rico.

En efecto, en Francia, en 2013, el 1 % más rico posee el 22 % del patrimonio total del país. |3| En el Reino Unido, posee el 30 %, en Suecia el 20 % y en Estados Unidos, el 32 % |4| Si incluimos la parte de la riqueza escondida en los paraísos fiscales o bajo otras formas, el porcentaje aumentaría al menos en 2 o 3 puntos. Para simplificar, el 1 % de la población mundial es, digamos, la clase capitalista y concentra una parte impresionante del patrimonio. |5|

Si ampliamos el estudio al 10 % más rico, obtenemos los porcentajes siguientes: en Francia el 10 % más rico posee el 60 % del patrimonio, en el Reino Unidos el 70 %, en Suecia el 60 % y en Estados Unidos el 70 %. Así que podemos considerar que este 9 % (agregado al 1 % más rico) representa el entorno o los aliados, en un sentido amplio, de la clase capitalista.

Los movimientos populares deberían enarbolar reivindicaciones precisas sobre las medidas que se deberían tomar con respecto al 1 % más rico y al 9 % que le sigue. La masa de bienes mobiliarios e inmobiliarios que este 10 % posee revela hasta qué punto la riqueza esta mal distribuida y muestra cómo un gobierno de izquierdas podría encontrar recursos en gran cantidad para llevar a cabo una política de mejora de las condiciones de vida de la mayoría de la población, y, al mismo tiempo, realizar profundos cambios estructurales de manera de iniciar la salida del capitalismo productivista y lanzar la transición ecológica.
Thomas Piketty resume en una tabla muy interesante el porcentaje de riqueza que posee el 10 % más rico, el 40 % que le sigue y el 50 % más pobre para Estados Unidos y Europa.

Tabla 1. La desigualdad en la propiedad del capital |6|

La parte del total del patrimonio en 2010 que poseen los diferentes grupos de Europa y de Estados Unidos:

El 10 % más rico:  60,00 % (Europa);  70,00 % (USA)
Y de este grupo, el 1 % más rico: 25,00 % (Europa); 35,00 % (USA)
Y el 9 % que le sigue: 35,00 % (Europa); 35,00 % (USA)
El 40 % del medio: 35,00 % (Europa); 25,00 % (USA)
El 50 % más pobre: 5.00 % (Europa); 5,00 % (USA)

Vemos que la mitad de la población de los países del Norte sólo posee el 5 % del patrimonio, y esta es evidentemente una poderosa razón para decir que, cuando la izquierda reivindique gravar el patrimonio, eso no afectará en absoluto al 50 % de población más pobre. En cuanto al 40 % del medio, retomando la expresión de Thomas Piketty, que posee el 35 % del patrimonio total en Europa occidental continental y el 25 % en Estados Unidos y en el Reino Unido, está constituida principalmente por asalariados y una minoría de trabajadores independientes. Este grupo podría también estar exento del impuesto sobre el patrimonio, al menos para el 75 % del mismo.

Si transformamos los porcentajes en cantidades de dinero en euros, podemos profundizar en lo que significa la concentración de riqueza en una fracción muy reducida de la población.

Los patrimonios en función de los diferentes grupos

De acuerdo con Thomas Piketty, en varios países de Europa que tienen un nivel de vida parecido al de Francia, el 50 % de de la población (los más pobres) tienen de media un patrimonio de 20.000 euros pero, atención, una gran parte de estas familias no tienen ningún patrimonio o tienen deudas.
El 40 % correspondiente al sector medio tienen un patrimonio promedio de 175.000 euros (o sea, entre 100.000 y 400.000 euros). El 9 % que está por encima dispone de 800.000 euros y el 1 % superior de 5 millones de euros. Por supuesto, en el tope de ese 1 % encontramos fortunas como la de Liliane Bettencourt |7| que sobrepasa los 20.000 millones de euros

De la desigualdad del reparto del patrimonio privado en la Unión Europea a su necesaria redistribución

Consideremos la Unión Europea cuyo producto interior bruto ascendía en 2013 a cerca de 14,7 billones de euros. |8| El total de patrimonio privado de las familias europeas se eleva a cerca de 70 billones de euros. El 1 % más rico posee aproximadamente 17,5 billones de euros |9| o sea, el 25 % de 70 billones de euros. El 9 % que le sigue poseen 24,5 billones, o sea el 35 % del total. El 40 % del medio posee otros 24,5 billones, también el 35 %. Y el 50 % restante posee 3,5 billones de euros, o sea, un 5 % del total. |10|

El presupuesto anual de la Comisión Europea asciende a cerca del 1 % del PIB de la UE. Eso significa que un impuesto anual del 1 % sobre el patrimonio del 1 % más rico en la UE proveería una suma de 175.000 millones de euros, es decir más que el presupuesto actual que asciende a 145.00 millones de euros. ¡Y qué decir de un impuesto del 5 %! Esto nos da una idea de lo que es potencialmente realizable si se consiguiera una movilización social en pro de un cambio radical de políticas en el ámbito europeo, o incluso en el de un solo país de la UE. |11|
Un impuesto excepcional, aplicado una sola vez por generación, del 33 % sobre el patrimonio del 1 % más rico en la UE suministraría 6 billones de euros (o sea, más de 40 veces el presupuesto anual de la UE) ¿Os imagináis un impuesto confiscatorio del 80 %?

Esto nos debe permitir estimar la importancia de lo que supone un impuesto al patrimonio privado de los capitalistas, y las posibilidades que se abren para la elaboración de propuestas que permitan encontrar el dinero allí donde esté para ponerlo al servicio de la justicia social.

Muchos economistas repiten sin cesar que no sirve para nada gravar a los más ricos ya que, siendo tan pocos, el rendimiento no será realmente importante. Pero lo que Thomas Piketty demuestra es que ese 1 % ha concentrado a lo largo del tiempo una tal cantidad de bienes inmobiliarios y mobiliarios que una política cuyo objetivo sea ese 1 % más rico, o ampliada al 2,5 % o incluso al 10 % más rico, puede darnos un gran margen de maniobra para acabar con el neoliberalismo. |12|

Hay quienes afirman que ese patrimonio es inaccesible ya que fácilmente puede traspasar fronteras, pero es necesario responderles que existen potentes herramientas para evitarlo, como el embargo de bienes, la congelación de activos financieros, elevadas multas y el control de los movimientos de capitales.

La desigualdad en el reparto del patrimonio privado en el mundo

Lo que se acaba de decir para la Unión Europea puede ser extendido al resto del mundo ya que del Norte al Sur del planeta, asistimos a un aumento impresionante del patrimonio de los más ricos.
Nos podríamos interesar, como lo hace Piketty, en una minoría aún más escasa: la veinte millonésima parte más rica de la población mundial adulta estaba constituida en 1987 por 150 personas y cada una tenía un patrimonio promedio de 1.500 millones de dólares. Veintiséis años más tarde, en 2013, la veinte millonésima parte más rica estaba formada por 225 personas cuyo patrimonio medio era de 15.000 millones de euros, o sea, que había aumentado un 6,4 % por año. |13| El 0,1 % (una milésima parte de la población mundial) |14| más rico posee el 20 % del patrimonio mundial, el 1 % posee el 50 %. Si se considera el patrimonio del 10 % más rico, Thomas Piketty calcula que representa entre el 80 % y 90 % del patrimonio mundial, ya que el 50 % más pobre posee ciertamente menos del 5 %. |15| Esto nos da la medida del esfuerzo que se debe hacer para la redistribución de la riqueza. Redistribución que necesita la confiscación de una parte importante del patrimonio de los más ricos.

Thomas Piketty constata que el ritmo de crecimiento del patrimonio del milésimo más rico del planeta ha progresado a un ritmo del 6 % anual en las últimas décadas mientras que el conjunto del patrimonio progresaba a un ritmo del 2 %. Si no hay un cambio radical y todo permanece igual, al cabo de 30 años ¡este milésimo poseerá el 60 % del patrimonio mundial, en lugar del 20 % que tenía en 2013! |16|

El reparto de las rentas es también extremadamente desigual

Así mismo, Thomas Piketty estudia la distribución de las rentas del trabajo y muestra que el 10 % más rico acapara el 26 % de las mismas en Europa y el 35 % en Estados Unidos.

Tabla 2. La desigualdad total en las rentas del trabajo |17|

La parte del total de las rentas del trabajo correspondiente a los diferentes grupos: Europa 2010; Estados Unidos 2010

El 10 % más rico:  25,00% (Europa);  35,00% (USA)
Y de este grupo, el 1 % más rico:  7,00% (Europa); 12,00% (USA)
Y el 9 % que le sigue:  18,00% (Europa); 23,00% (USA)
El 40 % del medio:  45,00% (Europa); 40,00% (USA)
El50 % más pobre:  30,00% (Europa);  25,00% (USA)

Si se suma a las rentas del trabajo, las otras formas de ingresos como los alquileres, intereses percibidos por el ahorro, beneficios de empresas, dividendos, etc., el reparto es aún más desigual como lo indica la tabla 3.

Tabla 3. La desigualdad total de las rentas |18|

La parte del total de las rentas correspondiente a los diferentes grupos: Europa 2010; Estados Unidos 2010

El 10 % más rico:  35,00% (Europa); 50,00% (USA)
Y de este grupo, el 1 % más rico:  10,00% (Europa); 20,00% (USA)
Y el 9 % que le sigue:  25,00% (Europa); 30,00% (USA)
El 40 % del medio:  40,00% (Europa); 30,00% (USA)
El 50 % más pobre:  25,00% (Europa);  20,00% (USA)

La evolución de la desigualdad en el patrimonio a lo largo de los dos últimos siglos

En vísperas de la Revolución Francesa de 1789, la parte del patrimonio nacional acaparado por el decil (el 10 %) más rico se acercaba al 90 % y la parte que poseía el 1 % más rico alcanzaba el 60 %. |19| Después de la Revolución, la parte del centil (el 1 %) más rico bajó un poco a raíz de la redistribución de tierras de la aristocracia y el clero a favor de la burguesía (ese 9 % y un poco más allá).

Con respecto a la parte del león que ingresaba el centil más rico en 1789, Piketty subraya que la denuncia hecha por Occupy Wall Street sobre el 1 % más rico combinada con la proclama «Nosotros somos el 99 %. We are the 99 %» recuerda, en cierta forma, el famoso panfleto del abate Sieyès |20| publicado en enero de 1789 « ¿Qué es el tercer estado? Qu’est-ce que le tiers état?»

Thomas Piketty ideó un gráfico que muestra la evolución de la parte del decil y del centil más rico entre 1810 y 2010. Éste agrupa los principales países europeos en la categoría Europa y presenta a Estados Unidos aparte.

En Europa, la parte acaparada por el decil superior equivalía a más del 80 % del patrimonio en 1810 y aumentó en el transcurso del siglo xix y comienzos del xx hasta alcanzar el 90 % en 1910. Pero comienza a bajar debido a la guerra de 1914-1918 y a las concesiones que la burguesía tuvo que hacer frente a las luchas populares tras la primera guerra mundial. |21| El descenso prosigue después de la segunda guerra mundial por las mismas razones, y la parte correspondiente al 10 % más rico alcanza su mínimo en 1975 (un poco menos del 60 %). A partir de ese momento comienza a remontar hasta alcanzar el 65 % en 2010. La parte del 1 % más rico describe, más o menos, la misma curva pasando de un poco más del 50 % en 1810 a un poco más del 60 % en 1910, El descenso comienza en 1910 y alcanza los valores más bajos entre 1970 y 1975 (20 %) y luego comienza a aumentar de nuevo. La evolución en Estados Unidos sigue la misma cronología pero es importante remarcar que en el siglo xix la parte del decil y del centil más rico era inferior que el de sus homólogos europeos y la situación se modifica a partir de los años 1960, y la parte del pastel es superior a la de sus pares de Europa.

Dos conclusiones son evidentes: la primera es que se tiende a un aumento de la desigualdad, ya que el 1 % y el 10 % más rico aumentan fuertemente la parte del patrimonio que acaparan; y la segunda es que la evolución de la distribución de la riqueza se puede explicar, y de forma rigurosa, por la evolución de las luchas sociales y las relaciones de fuerza entre clases.

Thomas Piketty resume las razones que provocaron, entre la primera guerra mundial y 1970, la reducción de la parte acaparada por los más ricos, y las que luego provocaron su aumento: «En resumen, las convulsiones del “primer siglo veinte” (1914-1945) —es decir, el que comprende la primera guerra mundial, la revolución bolchevique de 1917, la crisis de 1929, la segunda guerra mundial, y las nuevas políticas de regulación, fiscales y de control público del capital originadas por esas conmociones— condujeron a unos niveles históricamente bajos para los capitales privados en los años 1950-1960. El movimiento de reconstitución de los patrimonios se puso en marcha rápidamente y luego se aceleró con la revolución conservadora anglosajona de 1979-1980, la implosión del bloque soviético en 1989-1990, la globalización financiera y la desregulación de los años 1990-2000, acontecimiento que marca una inflexión política en sentido inverso a la inflexión precedente, y que permite a los capitales privados encontrar a comienzos de los años 2010, y a pesar de la crisis abierta en 2007-2008, una prosperidad patrimonial desconocida desde 1913.» |22|

Está claro que las dos guerras mundiales produjeron un profundo descontento popular en contra de la clase capitalista, y por lo tanto ambas guerras fueron seguidas de luchas sociales muy importantes, que en varios países se transformaron en crisis revolucionarias; también la crisis de 1929 produjo una radicalización e importantes luchas sociales (especialmente en Estados Unidos). Esas situaciones llevaron a los gobernantes a actuar para satisfacer en algo las reivindicaciones populares. Veremos más adelante lo que hicieron los gobiernos de los principales países después de la primera y de la segunda guerra mundial en materia de impuestos que afectó, más o menos fuertemente, la parte del patrimonio y de las rentas apropiada por el 1 % más rico. Asimismo, a partir de la ofensiva lanzada por la clase capitalista contra las clases populares a lo largo de la década 1970-1980, |23| se constata un cambio radical de política de parte de los gobiernos, especialmente, en materia de impuestos.

Para medir la evolución del patrimonio, |24| Thomas Piketty lo compara con la renta nacional: |25| «A comienzos de los años 1870, el valor total de los patrimonios privados —libres de deudas— comprendía entre dos y tres años y medio de la renta nacional de todos los países ricos en todos los continentes. Cuarenta años más tarde, a comienzos de los años 2010, los patrimonios privados representan entre cuatro y siete años de la renta nacional, |26| y también en todos los países estudiados. La evolución general no ofrece ninguna duda: más allá de las burbujas, se asiste a un gran retorno del capital privado en los países ricos desde los años 1970, o más bien a la emergencia de un nuevo capitalismo patrimonial.» |27|

Se comprueba también que el patrimonio público ha disminuido fuertemente desde hace 40 años, después de haber aumentado en varios países, especialmente, después de la segunda guerra mundial. En Francia, el gobierno había nacionalizado en 1945 el Banco de Francia y los cuatro grandes bancos de depósitos: Crédit Lyonnais, Société Générale, Banque National de Comerse et de l’ Industrie y Comptoir National d’ Escompte de París. Louis Renault, dueño de la empresa de automóviles Renault, fue detenido en septiembre de 1944 por su colaboración con la ocupación nazi y la empresa fue nacionalizada en enero de 1945. |28| El gobierno británico nacionalizó en 1946 el Banco de Inglaterra. Según Piketty, en Francia en los sectores industriales y financieros: «la parte del Estado en el patrimonio nacional sobrepasó el 50 % entre los años 1950 y 1970». |29|
Como sostiene Piketty, comprobamos: «…por un lado, un movimiento de privatización y de transferencia gradual de la riqueza pública hacia la riqueza privada desde los años 1970-1980, y por otro lado, un fenómeno de reajuste a largo plazo de los precios de los activos inmobiliarios y bursátiles, que también se aceleró en los años 1980-1990, en un contexto político globalmente muy favorable a los patrimonios privados en comparación a las décadas inmediatamente posteriores a la segunda guerra mundial.» |30| Este segundo fenómeno tiene que ver, por supuesto, con la financiarización de la economía.

La evolución de los salarios bajos y de los salarios altos desde los años 1960

En este artículo no podemos hacer un resumen de la evolución de la desigualdad de los ingresos a lo largo de los dos últimos siglos. Por consiguiente, nos limitaremos a señalar la evolución a partir de 1968 en Francia. La huelga general de mayo de 1968 y los acuerdos de Grenelle que le siguieron tuvieron como consecuencia un fuerte aumento del salario mínimo durante 15 años: «Es así como el poder adquisitivo del salario mínimo progresa en más de un 130% entre 1968 y 1983, mientras que en el mismo tiempo el salario medio solo progresa cerca de un 50 %, por lo que hubo una fuerte reducción de las desigualdades salariales. La ruptura con el periodo precedente es amplia y masiva: el poder adquisitivo del salario mínimo había progresado apenas un 25 % entre 1950 y 1968.» |31|

La inflexión inversa tuvo lugar entre 1982 y 1983, cuando el gobierno de François Mitterrand emprendió un giro hacia la derecha.

Los salarios más altos, los del 1 % aumentan un 30 % entre fines de los noventa y el año 2010, los del 0,1 % aumentan un 50 %, en un contexto de congelación de salarios. |32|

Si pasamos al otro lado del Atlántico, se verá que el salario mínimo legal fue introducido en 1933 al comienzo de la presidencia de F. Roosevelt, 20 años antes que en Francia. El máximo se alcanzó en 1969, con Lyndon Johnson como presidente, donde se alcanzó el equivalente de 10 dólares (de 2013) la hora. Después comenzó a reducirse y, en 2013, bajo Barack Obama, alcanza apenas 7,25 dólares la hora. |33| Y siguiendo en Estados Unidos vemos que, considerando el conjunto de la renta (salarios, alquileres, beneficios, dividendos…), se comprueba cómo desde 1877 hasta 2007, el 10 % más rico se apropió del 75 % del aumento del ingreso nacional y el 1 % absorbió el 60 %. Para el 90 % restante el crecimiento fue del 0,5 % por año |34|.

Si se toma en cuenta el reparto de la renta nacional en varios países clave, se constata que en todos, durante las últimas décadas, el 1 % y el 0,1 % más rico aumentaron su porcentaje de la riqueza.
La parte de la renta nacional del 1 % más rico en 2010 era la siguiente: en Estados Unidos cerca del 20 %, en Canadá y el Reino Unido el 14 %-15 %, en Alemania el 11 %, en Australia el 9 %-10 %, en Japón, Francia, España e Italia el 9 %, en Suecia y Dinamarca el 7 % |35|.

La parte del 0,1 % más rico en la renta nacional en los años 1970 era: en Estados Unidos el 2 %, en Francia y Japón el 1,5 %. Sin embargo en 2010 en Estados Unidos llegó al 10 % (el 12 % si se tienen en cuenta las plusvalías por acciones), y al 2,5 %.en Francia y Japón |36|.

Consideremos algunos de los llamados países emergentes, para los que Piketty consiguió datos fiables |37|. Veamos la parte que posee el 1 % más rico de la renta nacional: en China, el 4 % -5 % en 1980, el 10-11 % en 2010; en la India, el 4 % en 1980, el 12 % en 2010; en Argentina, el 10 % en 1970, el 18 % en 2010; en Colombia, el 18 % en 2000, el 20 % en 2010.

El interés que tienen estos datos, además de que nos muestran un aspecto fundamental en la descripción de la desigualdad, es que con ellos se puede demostrar que la evolución de los ingresos está totalmente ligada a las luchas sociales y a las políticas de los gobiernos en ejercicio. Es una razón más para decir que la acción colectiva es un elemento clave que permite conquistar mejoras salariales, principalmente de los más modestos, y una reducción de la desigualdad. La acción es determinante para conseguir decisiones gubernamentales y concesiones patronales.

La evolución de los tipos de gravamen está también ligada a las luchas sociales

En Francia, en 1914 el tipo más elevado para el impuesto sobre los ingresos más altos era sólo del 2 %. Sin embargo, en 1920 pasó a ser del 50 %, en 1924 subió al 60 % y en 1925 alcanzó el 75 %. En 1920, la decisión de un aumento inmediato y muy alto la tomó una Asamblea Nacional con una composición mayoritariamente de derechas que tuvo miedo a una huelga general y a la radicalización que habrían podido suceder si se rechazaban algunas concesiones. En Alemania, se pasa del 3 % (entre 1891 y 1914) al 40 % en 1919-1920 en plena crisis revolucionaria. En Estados Unidos, se pasa del 8 % antes de la guerra del 14-18 al 77 % después de la guerra |38|.

Se observa la misma evolución con respecto al tipo de impuesto sobre sucesiones. El legislador impone tipos muy elevados sólo bajo la presión popular. Y eso comienza justamente después de la guerra de 1914-1918 y progresa debido a la crisis de los años 1930. Mientras que el tipo más elevado no llegaba al 6,5 % en Francia antes de la guerra (en la práctica se reducía al 1 %), pasa al 30 %. En Alemania se pasa del 0 % antes de la contienda al 35 % después de aquella. En Estados Unidos se alcanza el 70 % para las sucesiones en los años 1937-1939 |39|. Hay que señalar que el tipo de gravamen sobre las sucesiones es importante y considerado vital para el 10 % más rico ya que el porcentaje de las grandes fortunas heredadas es de entre el 60 % al 70 % |40|.

Pero volvamos sobre el tipo superior de impuesto sobre la renta. En vísperas de la crisis de octubre de 1929, el presidente Hoover redujo el tipo superior al 25 %. En 1933, Roosevelt lo aumentó al 63 % ya en el primer año de su presidencia, luego al 79 % en 1937 (sobrepasando el 70 % aplicado a partir de 1919), luego al 88% en 1942 y finalmente llegó al 94 % en 1944. Este tipo superior se mantuvo en el 90 % hasta mediados de los años 1960. Apuntemos que el candidato demócrata G. Mc Govern, en 1972, propuso durante su campaña electoral llevar al 100 % el tipo superior del impuesto sobre la renta |41|. Nixon ganó aquellas elecciones. El tipo pasó progresivamente al 70 % a comienzos de los años 1980. Ronald Reagan lo bajó al 60 %. A fines de los años 1980 se reduce al 40 %, y luego con George W. Bush llega al 35 %. O sea, que en el periodo 1932-1980, el tipo superior medio fue del 81 % (al que se debía agregar del 5 al 10 % que se debía pagar a escala estadual).

Francia y Alemania aplicaron, desde los años 1940 hasta 1980, tipos superiores al 50 y 70 %. En el Reino Unidos se alcanzó el 98 % durante los años 1940 y luego durante los años 1970 |42|.

Finalmente hay que subrayar que el tipo superior se aplica en la práctica a las rentas percibidas por el 1 % más rico de la población.

La reducción radical de los tipos superiores, en particular en Estados Unidos y en el Reino Unido, desde los años 1980 permitió un fuerte aumento de los salarios de los altos ejecutivos de las empresas y de la parte que posee el 1 % más rico del ingreso nacional y del patrimonio |43|.

La conclusión de Piketty después de hacer una revisión sobre la evolución de los impuestos sobre las rentas más altas es que debe haber un tipo superior muy alto, de más del 80 % (¡el 82 % exactamente!) aplicado a los ingresos por encima de 500.000 dólares o 1 millón de dólares |44|, y del 50 al 60 % para aquellos por encima de 200.000 dólares |45|.

Piketty reconoce que en el contexto actual no será fácil conseguir estos niveles de impuestos. En Estados Unidos, el Congreso es ampliamente favorable al 1 % más rico. Y es lógico; de acuerdo a un cálculo serio, el patrimonio medio de los miembros del Congreso de Estados Unidos se elevaba a 15 millones de dólares en 2012 |46|.

En los resultados de las investigaciones de Piketty se muestra claramente que es necesario combinar dos acciones decisivas |47|: Primero, una vasta campaña de información y de formación para divulgar al máximos las enseñanzas de la historia del siglo veinte sobre las políticas fiscales que estuvieron directamente influenciadas por la presión de las movilizaciones populares; Y segundo, pasar a la movilización en el marco de una plataforma que reúna una serie de objetivos prioritarios.

Piketty y la deuda pública

Thomas Piketty dedica una decena de páginas muy interesantes al problema de la deuda pública durante los dos últimos siglos, centrando su análisis principalmente en Francia y el Reino Unido. Con toda razón afirma que el estudio del pasado en materia de deuda pública es útil para comprender y afrontar los retos de la actual crisis: «…este complejo problema del endeudamiento de los Estados y de la naturaleza del patrimonio correspondiente interesa tanto al mundo actual como al de 1800, y el estudio del pasado puede ilustrarnos sobre la muy acuciante realidad del mundo de hoy. Ya que a pesar de que la deuda pública está todavía lejos de alcanzar en este comienzo del siglo xxi, el nivel astronómico que tenía a comienzos del siglo xix, al menos en el Reino Unido. Sin embargo, se sitúa en Francia y en numerosos países muy cerca de esos récords históricos y suscita, indudablemente, aún más confusión en el mundo actual que en la época napoleónica |48|.

Entre fines del siglo xviii y comienzos del xix, Francia y el Reino Unido adoptaron políticas totalmente diferentes en cuestión de deuda pública. Mientras que en los años 1760-1770 la deuda pública alcanzaba cerca del 100 % de la renta nacional en los dos países, cuarenta o cincuenta años después, la situación había cambiado completamente: la deuda pública francesa se elevaba a sólo un 20 % de la renta nacional en 1815, mientras que la británica había explotado y representaba el 200 % de la renta nacional.

¿Cómo se había llegado a esa situación? En Francia, el peso del reembolso de la deuda pública y el rechazo del pueblo a ser el único pagador tuvieron un papel central en la explosión revolucionaria de 1789, Las medidas en curso durante la Revolución redujeron radicalmente el peso de la deuda pública. Piketty resume de la siguiente manera la concatenación de los hechos: «La incapacidad de la monarquía francesa para modernizar sus impuestos y poner fin a los privilegios fiscales de la nobleza es bien conocida, así como la solución revolucionaria final con la convocatoria en 1789 de los Estados Generales, que desembocó en la instauración de un nuevo régimen fiscal desde 1790-1791 — especialmente, mediante un impuesto a la propiedad que obligaba a contribuir a todos los propietarios de tierras y a los derechos de sucesión que afectaban al conjunto de patrimonios— y en la “quiebra de los dos tercios” en 1797 (que en realidad es un default aún más masivo si se tiene en cuenta el episodio de los asignados |49| y de la inflación que se produce), lo que permite saldar las cuentas del Antiguo Régimen. Es así como la deuda pública francesa se encuentra reducida de golpe a niveles extremadamente bajos a comienzos del siglo diecinueve (menos del 20 % de la renta nacional en 1815).» |50|

La trayectoria británica es totalmente diferente. Con el fin de afrontar la guerra ante la declaración de independencia de las 13 colonias británicas en América del Norte, y «sobre todo las múltiples guerras con Francia durante el periodo revolucionario y napoleónico, la monarquía británica optó por endeudarse sin límites. La deuda pública pasó así de cerca del 100 % de la renta nacional a comienzos de los años 1770 a cerca del 200 % en 1810, o sea diez veces más que en Francia, en la misma época.» |51|

Piketty explica que el Reino Unido necesitó un siglo de rigor presupuestario con continuos superávit, para reducir progresivamente su endeudamiento a menos del 30 % de la renta nacional a comienzos de la década de 1910.

¿Qué lecciones podemos sacar de la experiencia británica? En principio, no hay ninguna duda, según Piketty, que la importante deuda pública reforzó el peso de los patrimonios privados en la sociedad británica. Los ricos locales prestaron al Estado sin hacerse rogar.

Thomas Piketty prosigue: «… este endeudamiento público tan fuerte, globalmente, sirvió bastante bien al interés de los prestamistas y de sus descendientes, al menos en comparación con una situación en que la monarquía británica habría financiado sus gastos haciéndoles pagar impuestos. Desde el punto de vista de los que tienen los medios, es evidentemente mucho más interesante prestar una determinada suma al Estado (y luego recibir los intereses durante décadas) que pagar los impuestos (sin contrapartidas).» |52| Y agrega que el recurso masivo del Estado al endeudamiento público permitió a los banqueros aumentar el tipo de interés, lo que benefició muchísimo a los ricos prestamistas: empresarios, rentistas, banqueros…

Según Piketty, la diferencia esencial con el siglo xx (véase más adelante) es que la deuda se reembolsaba a precio de oro durante el siglo xix: «…la inflación fue prácticamente nula desde 1815 hasta 1914, y el tipo de interés correspondiente a los títulos de renta del Estado era considerable (generalmente entre el 4 % y el 5 %) y en particular netamente superior a la tasa de crecimiento. En esas condiciones, la deuda pública puede ser un buen negocio para los que poseen patrimonio y para sus herederos.» |53|

Piketty nos propone que imaginemos que: «…la deuda pública… acumulada sea igual al 100 % del PIB. Supongamos que el gobierno no busca pagar el principal sino que se contenta con satisfacer los intereses de cada año… Si el tipo de interés es del 5 %, necesitará cada año pagar el 5 % del PIB a los poseedores de esta deuda pública suplementaria, y así indefinidamente. Es lo que aproximadamente le pasó al Reino Unido en el siglo xix.» |54| Si ahora nos desplazamos en el tiempo y en el espacio y llegamos a Grecia en estos momentos: la deuda pública sobrepasa el 160 % y supongamos que el Estado reembolsa la deuda a la Troika y a otros acreedores con un tipo de interés medio del 5 %. |55| Y si también consideramos que el crecimiento es nulo |56| y la tasa de inflación también es nula, Grecia necesitará pagar a sus acreedores hasta las calendas griegas el equivalente al 8 % de su PIB sin reducir el stock de la deuda ya que paga solamente los intereses. |57|

Volvamos al siglo xix: el stock de la deuda pública francesa, muy limitado en 1815, aumenta rápidamente en las décadas posteriores y en particular durante las monarquías censatarias (1815-1848). Después de la derrota de Waterloo en 1815, el Estado francés se endeuda fuertemente para financiar las indemnizaciones que debía pagar a los ejércitos de ocupación, y nuevamente en 1825, para financiar los famosos «mil millones de los emigrados» |58| pagados a los aristócratas exiliados durante la revolución (para retribuirles por las consecuencias de la Revolución, como la confiscación de una parte de sus tierras). En total, la deuda pública aumenta el equivalente a más del 30 % de la renta nacional. Bajo el Segundo Imperio, las deudas se pagaron hasta el último céntimo.

Piketty nos recuerda el opúsculo La lucha de clases en Francia (La Lutte des classes en France) redactado por Karl Marx en 1849-1850, en el que denuncia al nuevo ministro de finances de Luís-Napoleón Bonaparte, Achille Fould, digno representante de los banqueros y de las altas finanzas, que decidió aumentar los impuestos sobre las bebidas con el fin de poder pagar a los rentistas. Veinte años más tarde, debido a la derrota frente a Prusia en la guerra de 1870-1871, el Estado francés aumentaba aún más la deuda pública para pagar un tributo de guerra equivalente a cerca del 30 % de su renta nacional. Finalmente, la política favorable a los acreedores en materia de endeudamiento, que proseguía durante el periodo 1880-1914 llevó la deuda pública a un nivel más elevado en Francia que en el Reino Unido: entre el 70 % y 80 % de la renta nacional contra menos del 50 % en la época anterior.

Piketty agrega: «La renta de un título del Estado era una inversión muy segura durante todo el siglo xix y contribuyó a reforzar la importancia y la prosperidad de los patrimonios privados, de la misma manera que en el Reino Unido.» Su conclusión es que la política de endeudamiento público llevada a cabo en el siglo xix en Francia y en el Reino Unido «permite comprender por qué los socialistas del siglo xix, comenzando por Karl Marx, tenían una gran desconfianza respecto de la deuda pública, ya que la percibían —con una cierta clarividencia— como un instrumento al servicio de la acumulación del capital privado.» |59| Y prosigue con toda razón al afirmar: «…una gran parte de la deuda pública (…) la posee, en la práctica, una minoría de la población a pesar de que la deuda conlleva también una redistribución importante en el interior del país (…). Considerando la fortísima concentración que siempre caracterizó la distribución de los patrimonios, (…, estudiar estas cuestiones ignorando las desigualdades entre los grupos sociales es lo mismo que silenciar una buena parte de lo que se estudia y de las realidades que están en juego.» |60|

Piketty explica que en Francia se asistió a un cambio importante en el transcurso del siglo xx en materia de gestión de la deuda pública. Los poderes públicos aprovecharon la inflación y la utilizaron para reducir el valor real de la deuda:«La consecuencia para el Estado es que a pesar de una fuerte deuda pública inicial (cerca del 80 % de la renta nacional en 1913) y de los elevados déficit durante el periodo 1913-1950, en particular durante los años de la guerra, la deuda pública francesa se encontraba en 1950 a un nivel relativamente bajo (cerca del 30 % del ingreso nacional), al igual que en 1815. Los enormes déficit de la Liberación fueron prácticamente anulados de inmediato por una inflación superior al 50 % anual durante cuatro años consecutivos, de 1945 a 1948, con una atmósfera política de alta tensión. De alguna manera fue el equivalente a la bancarrota de los dos tercios de 1797: se saldan las cuentas del pasado con el fin de poder reconstruir el país con una baja deuda pública.»

Sobre la base de esta experiencia, se desarrolló en la segunda mitad del siglo xx una visión bien diferente de la de Marx y los socialistas del siglo xix, fundada en la convicción de que el endeudamiento público podía ser un instrumento al servicio de una política de gastos públicos y de redistribución social a favor de los más modestos.

«La diferencia entre estas dos visiones es bastante sencilla: en el siglo xix, la deuda se pagaba a precio de oro, lo que beneficiaba a los prestamistas y favorecía el refuerzo de los patrimonios privados; en el siglo xx, la deuda fue ahogada por la inflación pagándose con una moneda devaluada y, de hecho, permitió financiar los déficit por los que habían prestado su patrimonio al Estado, sin tener que aumentar los impuestos en la misma proporción. Esta visión “progresista” de la deuda pública continúa impregnado considerablemente los espíritus en este comienzo del siglo xxi, aunque la inflación desde hace tiempo se redujo a niveles cercanos a los del siglo xix y sus efectos distributivos son relativamente oscuros.» |61| Thomas Piketty tiene toda la razón al insistir sobre los peligros de una visión unilateralmente positiva de la deuda pública.

¿Cuáles son las propuestas?

Tratemos ahora las propuestas que hace Piketty. Desde el principio precisa: «Entiéndaseme bien: no tengo ningún aprecio particular por la deuda pública de la que ya apunté varias veces que a menudo acaba favoreciendo redistribuciones en sentido contrario, desde los más modestos hacia aquellos que tienen los medios para prestar al Estado (y a los que sería preferible hacerles pagar los impuestos).» |62| No podemos dejar de estar de acuerdo con Piketty. Además agrega que el «capital nacional está extremadamente mal repartido, con una riqueza privada que se apoya sobre la pobreza pública, y que, especialmente, tiene como consecuencia que gastamos mucho más en intereses de la deuda que lo que invertimos, por ejemplo, en nuestra enseñanza superior. Por otro lado es una realidad bastante vieja: teniendo en cuenta el crecimiento relativamente lento que se sucede desde los años 1970-1980, estamos en un periodo histórico en el que la deuda le sale globalmente muy cara a las finanzas públicas. Y esta es la razón principal por la que es necesario reducir rápidamente esta deuda (…)». |63|

Para reducir la deuda pública, Thomas Piketty pensó en dos soluciones que posteriormente rechazó y nos propone una tercera. La primera solución era la de privatizar los activos públicos con el objetivo de reembolsar la deuda. La segunda solución consistía en anular la deuda. La tercera que propugna es la recaudación de un impuesto excepcional progresivo «de forma que los patrimonios más modestos no lo tendrían que pagar, y en cambio pedir más a los patrimonios más elevados». |64|

No nos extenderemos aquí sobre la primera solución ya que es evidente que es algo a combatir. Sabemos que fue puesta en práctica por los gobiernos actuales que prolongan la ola de privatizaciones comenzada en los años 1980-1990.

Con respecto a la segunda solución, la anulación de la deuda que Piketty rechaza, es porque, evidentemente, plantea mal el problema, ya que no piensa en los diferentes escenarios de anulación de la deuda. Sólo menciona explícitamente la fórmula aplicada a la deuda griega en marzo 2012 mediante una operación llamada de haircut, mientras existen otras propuestas.

Y tiene razón en rechazar el tipo de anulación parcial de la deuda concebida por la Troika (Comisión Europea, BCE y FMI) para Grecia. Esta anulación estuvo condicionada por medidas que constituyen violaciones de los derechos económicos, sociales, políticos y civiles del pueblo griego, y que hundieron todavía un poco más a Grecia en una espiral descendente. Se trataba de una operación que tenía por objetivo permitir que los bancos extranjeros (principalmente franceses y alemanes) se liberaran del problema con pérdidas limitadas, que los bancos griegos se recapitalizaran a costa del Tesoro Público y que la Troika reforzara en forma duradera su influencia en Grecia. La deuda pública griega representaba el 130 % del PIB en 2009, y después de la anulación parcial llegó al 157 % en 2012, pero en 2013 alcanzó un nuevo máximo: ¡el 175 % del PIB! La tasa de desempleo que era del 12,6 % en 2010 se elevó hasta el 27 % en 2013 (y al 50 % entre los menores de 25 años). Por lo tanto, Piketty tiene razón cuando rechaza ese tipo de haircut que sólo tiene por objetivo mantener con vida a la víctima para poder desangrarla mejor.

Por el contrario, se equivoca cuando no considera seriamente una anulación o suspensión del pago de la deuda decidida por el país deudor, con sus condiciones y bajo control de su ciudadanía. Es lo que hicieron en contextos diferentes Ecuador, en 2008-2009, e Islandia a partir de 2008. Ecuador, basándose en una auditoría organizada por las autoridades del país y realizada con una participación ciudadana activa entre 2007 y 2008, suspendió unilateralmente el pago de una parte de su deuda, la que estaba en forma de títulos que tenían fecha de vencimiento en 2012 y 2030, cuyos principales tenedores eran bancos extranjeros. |65| El resultado fue positivo: Ecuador pudo recomprar el 91 % de los títulos mencionados a un 35 % de su valor. Y como consecuencia, habiéndose ahorrado ese dinero que correspondía al pago de la deuda, pudo aumentar en forma notable los gastos sociales, especialmente en los ámbitos de la educación y de la sanidad pública. (En el anexo 2 se ofrece una presentación más completa de la experiencia ecuatoriana). Sin embargo, en el caso de Ecuador, no debemos tomar como modelo la experiencia que se está desarrollando, y es indispensable conservar una mirada crítica sobre ella. No obstante, la experiencia ecuatoriana en auditoría y suspensión unilateral del reembolso de la deuda demuestra que es perfectamente posible para un país plantear un acto unilateral fundamentado con argumentos sólidos y, en consecuencia, tener la posibilidad de mejorar los gastos públicos en ámbitos como educación y sanidad.

Por su parte, Islandia rechazó en forma unilateral, a partir de 2008, asumir las deudas de los bancos privados que habían quebrado por su exposición en el exterior. Esto se hizo en un clima de fuertes movilizaciones ciudadanas que presionaron al gobierno islandés para que no cediera ante las exigencias de los acreedores extranjeros, en particular del Reino Unido y de los Países Bajos.

Y, ¿qué pasó luego en Islandia? Debido al desplome del sistema bancario en 2008, Islandia se negó a indemnizar a los ciudadanos de los Países Bajos y del Reino Unido que habían colocado fondos en las filiales de bancos islandeses, que acababan de quebrar, por un total de 3.900 millones de euros. Fueron las mismas autoridades británicas y holandesas las que indemnizaron a sus ciudadanos y exigieron el reembolso de esas indemnizaciones a Islandia. Bajo la presión popular (manifestaciones, ocupaciones de plazas, referéndum), las autoridades de Reykiavik rechazaron esa demanda. Y eso tuvo como consecuencia la inscripción de Islandia en la lista de organizaciones terroristas, la congelación de los haberes islandeses en el Reino Unido y la presentación de una denuncia de Londres y La Haya contra Reykiavik ante el Tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELE). |66| Por otro lado, Islandia bloqueó totalmente la salida de capitales del país. Finalmente, ha salido del conflicto mucho mejor que otros países europeos que aceptaron las exigencias de los acreedores… Por supuesto, hay que evitar hacer de Islandia un modelo pero podemos sacar enseñanzas de su experiencia.

Los casos de Ecuador y de Islandia constituyen dos ejemplos recientes que deben estudiarse seriamente ya que demuestran que al lado del haircut a la griega, existen otras soluciones para la anulación de una deuda. |67| Estos dos ejemplos muestran que desobedecer a los acreedores no es una catástrofe y de ninguna manera acarrea el desmoronamiento del país.

Pero volvamos a la posición defendida por Thomas Piketty. Éste está convencido de que una anulación no afectará significativamente a los acreedores más ricos ya que lograrán «reestructurar a tiempo su cartera» y por lo tanto «nada garantiza que aquellos que efectivamente contribuirán serán los que deban hacerlo».[P. 888.]] Esta afirmación todavía no ha sido demostrada. Piketty no nos ofrece ninguna prueba basada en ejemplos concretos o en datos estadísticos. Sin embargo, la historia muestra que cuando un país da a entender que podría suspender el pago de su deuda o cuando suspende efectivamente ese pago, el precio de los títulos de la deuda se desploma y es muy difícil para los grandes tenedores de títulos librarse de ellos a buen precio. |68| Eso es lo que pasó en Ecuador entre 2007 y 2009, y todos los que siguen de cerca lo que pasa en los mercados de deuda saben que es prácticamente imposible deshacerse de un gran paquete de títulos sin afrontar pérdidas importantes en caso de suspensión o anulación unilateral de las deudas. Por otra parte, se puede imaginar muy bien que un país decrete la anulación o una suspensión unilateral del pago y tome medidas para indemnizar a los pequeños inversores y proteger el ahorro de los más modestos. Es posible obligar a contribuir a los que deben hacerlo y proteger a los que lo merecen.

Tratemos ahora la propuesta que hace Piketty para reducir el peso de la deuda. Después de haber pensado sobre la posibilidad de «un impuesto proporcional del 15 % sobre todos los patrimonios privados» |69|, rechaza esa propuesta porque «no tendría mucho sentido aplicar un impuesto proporcional |70| sobre todos los patrimonios privados europeos» |71|. Piketty sostiene que «vale más aplicar un baremo progresivo, de manera que los patrimonios más modestos no paguen y que los patrimonio más ricos paguen más» |72|.

Thomas Piketty se pronuncia por una reducción parcial de la deuda del orden del 20 % del PIB. Para alcanzar ese objetivo, propone un impuesto excepcional progresivo: «0 % hasta 1 millón de euros, 10 % entre 1 y 5 millones de euros, y 20 % para los mayores de 5 millones de euros» |73|, aunque indica que podrían aplicarse otros baremos.

Debemos lamentar que Piketty no aborde en esta obra la cuestión de la legitimidad de la deuda pública. No podemos dejar de asombrarnos por este hecho, ya que, a lo largo de su libro, demuestra perfectamente que la política fiscal regresiva favorece la acumulación de la deuda pública. Además, como declara varias veces en su obra, los pagadores de la deuda son mayoritariamente los de abajo, de acuerdo a su participación en los impuestos, mientras que los de arriba prestan al Estado por ser una inversión segura. Tampoco propone que la ciudadanía de manera organizada audite la deuda aunque debe saber que desde 2011, en Francia (y en otros países de Europa), se están desarrollando iniciativas de auditoría ciudadana con un cierto dinamismo |74|.

La proposición del CADTM sobre la deuda pública

Con el fin de contribuir al necesario debate sobre las soluciones, el CADTM propone que la parte de la deuda pública identificada como ilegítima, cuando no ilegal, no se pague, y eso implica su repudio.

El CADTM completa la propuesta con las siguientes disposiciones:

1. Los pequeños tenedores de títulos de deuda pública serán íntegramente reembolsados.
2. Hace suya la siguiente proposición, que completa la precedente: «Cuando se trate de una anulación de deuda pública, será conveniente proteger a los pequeños inversores que han colocado sus ahorros en títulos públicos, así como a los asalariados y jubilados, a los que una parte de sus cotizaciones sociales (jubilación, desempleo, enfermedad, familia) fue invertida por las instituciones u organismos que las gestionan en este tipo de títulos» |75|.
3. La parte de la deuda pública que no sea identificada como ilegítima deberá ser reducida haciendo contribuir a quienes se han beneficiado de la misma. Una de las opciones para hacerles contribuir al coste de la operación consiste en aplicar un impuesto excepcional progresivo sobre el decil más rico. La recaudación de este impuesto servirá para reembolsar anticipadamente una parte de la deuda no considerada como ilegítima.

Se puede pensar en otras fórmulas. El CADTM está completamente abierto a la discusión.

El procedimiento para identificar la parte ilegítima de la deuda pública que se ha de repudiar o anular se basará en un proceso amplio de auditoría ciudadana de la deuda, que ha de conducir a movilizaciones y desembocar en una decisión de repudio de la deuda por parte de las autoridades públicas. El CADTM avanza sus propuestas participando activamente en diferentes procesos de auditoría ciudadana de la deuda. Será gracias a un debate democrático relacionado con el proceso de la auditoría como se podrá ajustar unas propuestas mayoritarias y será gracias a las movilizaciones que se podrá lograr que sean aplicadas por las autoridades competentes.

La auditoría ciudadana también debe permitir la determinación de las diferentes responsabilidades en el proceso de endeudamiento y exigir que los responsables, tanto nacionales como internacionales, rindan cuentas ante la justicia. Si la auditoría demuestra la existencia de delitos relacionados con el endeudamiento ilegítimo, sus autores (personas físicas o morales) deberán ser severamente condenados a pagar reparaciones, ser privados del ejercicio de una profesión relacionada con el crédito (a los bancos culpables se les podría retirar la licencia bancaria), y no podrán eludir las penas de prisión en función de la gravedad de sus actos. Hay que pedir cuentas judicialmente a las autoridades que hayan lanzado empréstitos ilegítimos.

Asimismo, es necesario adoptar un marco legar a fin de evitar la repetición de crisis del tipo de la iniciada en los años 2007-2008: prohibición de socializar una deuda privada, obligación de organizar una auditoría permanente de la política de endeudamiento público con participación ciudadana, imprescriptibilidad de los delitos relativos al endeudamiento ilegítimo, nulidad de las deudas ilegítimas |76|, adopción de una regla de oro consistente en que el gasto público que permite garantizar los derechos fundamentales no se puede recortar y tiene prioridad sobre el gasto relacionado con el servicio de la deuda.

Un Estado debe poder endeudarse con fin de mejorar las condiciones de vida de la población, por ejemplo, mediante la realización de obras de utilidad pública o la inversión en energías renovables. Algunas de estas obras pueden ser financiadas por el presupuesto corriente, gracias a una opción política atinada, pero el empréstito público puede hacer posible otras obras, de mayor envergadura, como, por ejemplo, pasar del «todo automóvil» a un desarrollo masivo del transporte colectivo; cerrar definitivamente las centrales nucleares y sustituirlas por fuentes de energía renovable; construir o recuperar las vías férreas de proximidad en todo el territorio urbano y semiurbano; incluso renovar, rehabilitar o construir inmuebles públicos y de alojamiento social, reduciendo su consumo de energía y sumándoles servicios de calidad.

El CADTM considera que es conveniente definir una política transparente de deuda pública. Su propuesta es la siguiente:

1. El destino del empréstito público debe garantizar una mejora de las condiciones de vida, rompiendo con la lógica de destrucción ambiental.
2. El recurso al empréstito público debe contribuir a una voluntad redistributiva a fin de reducir las desigualdades.

De acuerdo a esta propuesta, el CADTM propone que las instituciones financieras, las grandes empresas privadas y los hogares ricos sean obligados por vía legal a comprar, por una suma proporcional a su patrimonio y a sus ingresos, obligaciones de Estado sin interés y no indexadas con la inflación; el resto de la población podrá comprar voluntariamente obligaciones públicas que garanticen un rendimiento real positivo (por ejemplo, el 3 %) superior a la inflación. Así, si la inflación anual se eleva al 3 %, la tasa de interés pagada por el Estado por el año correspondiente será del 6 %.

Una medida de discriminación positiva como ésta (comparable a las adoptadas para luchar contra la opresión racial en Estados Unidos, las castas en la India o las desigualdades hombre-mujer) permitirá avanzar hacia una mayor justicia fiscal y hacia una distribución menos desigual de la riqueza.

El CADTM considera asimismo que los Bancos Centrales nacionales y el BCE (en el caso de los países de la eurozona) deben financiar el presupuesto del Estado con un tipo de interés tendente a cero.
A propósito de la proposición central de Thomas Piketty: un impuesto mundial progresivo sobre el capital

Piketty se inclina por «una actualización adecuada del programa socialdemócrata y fiscal del siglo pasado». Según él, hay que defender y mejorar tanto el Estado social como el impuesto progresivo sobre la renta. También se debe innovar «instaurando un impuesto mundial y progresivo sobre el capital, acompañado de una transparencia financiera muy grande». Esta «medida permitiría evitar una espiral de desigualdad sin fin y regular eficazmente la inquietante dinámica de la concentración mundial de los patrimonios.» |77|

Piketty no se hace ilusiones sobre una rápida aplicación de su propuesta: «El impuesto mundial sobre el capital es una utopía: uno no se imagina, a corto plazo, al conjunto de las naciones del mundo ponerse de acuerdo sobre su instauración, establecer un baremo de imposición sobre todas las fortunas del planeta, y después repartir armoniosamente la recaudación entre los países. Pero es una utopía útil…».

«A mi entender», precisa Piketty, «el objetivo debe ser un impuesto anual y progresivo recaudado sobre el capital |78| a escala individual, esto es, sobre el valor neto de los activos que cada uno controla» |79|. Propone tres variantes de este impuesto progresivo sobre el capital privado.

1ª variante: una tasa de 0 % por debajo de un millón de euros; de 1 % entre 1 y 5 millones de euros; de 2 % más allá de los 5 millones de euros.
2ª variante: sumar hacia arriba, 5 % o 10 % más allá de 1.000 millones de euros.
3ª variante: sumar hacia abajo, 0,1 % por debajo de 200.000 euros y 0,5 % entre 200.000 y 1 millón de euros

Este impuesto es complementario a lo ya existente, pero puede servir para reducir impuestos actuales (o para reducir la deuda, nota 1, p. 840). Constituiría un complemento relativamente modesto de los ingresos actuales de los Estados. Este impuesto, aunque muy bajo, permitiría a las autoridades conocer el patrimonio de los habitantes de sus territorios.

Piketty añade: «Actualmente, las organizaciones internacionales que tienen la tarea de regular y supervisar el sistema financiero mundial, comenzando por el Fondo Monetario Internacional, no tienen más que un conocimiento extremadamente aproximado del reparto mundial de los activos financieros y, en particular, de la importancia de los activos guardados en los paraísos fiscales.» |80| Entonces, «el impuesto sobre el capital sería una especie de catastro financiero del mundo, que actualmente no existe» |81|.

Es necesario apoyar la propuesta de un impuesto progresivo sobre el patrimonio privado o el capital, retomando la expresión empleada por Piketty. Pero no se puede estar de acuerdo con él cuando pretende que hay que dar prioridad absoluta a este objetivo. Se necesita un verdadero programa de medidas complementarias. El impuesto progresivo sobre el capital, así como la anulación de la deuda ilegítima y la reducción radical de la parte de la deuda pública que no se haya identificado como ilegítima, deben formar parte de un amplio programa cuya realización permitirá iniciar una transición hacia un modelo postcapitalista y postproductivista. Un programa como éste, que debería tener una dimensión mundial y europea, comenzando por ponerse en marcha en uno o varios países, comprendería, en particular, el abandono de las políticas de austeridad, la reducción generalizada de la jornada laboral, con contratos compensatorios y mantenimiento del salario, la socialización del sector bancario, una reforma fiscal general, medidas para asegurar la igualdad hombre-mujer y la aplicación de una política determinada de transición ecológica |82|.

Piketty tiene la ilusión de que puede convencer de la necesidad de dar prioridad absoluta a su propuesta, mientras que lo que puede ser realmente eficaz y aglutinante es definir una plataforma común de un máximo de fuerzas favorables a un cambio democrático radical a favor de la justicia social.

Por otra parte, como se afirma en el texto «Anular la deuda o gravar al capital: ¿Por qué elegir?»: «La crítica fundamental que se le puede hacer a Thomas Piketty es que piensa que su solución puede funcionar aunque se mantenga el sistema actual. Propone un impuesto progresivo sobre el capital para redistribuir las riquezas y salvaguardar la democracia, pero no se cuestiona las condiciones en las que estas riquezas se originan ni las consecuencias que resultan de ese proceso. Su respuesta sólo remedia uno de los efectos del funcionamiento del sistema económico actual, sin atacar la verdadera causa del problema. En primer lugar, admitamos que logramos, mediante un combate colectivo, una imposición al capital, sin embargo la recaudación generada por este impuesto corre el riesgo de ser succionada por el reembolso de deudas ilegítimas, si no actuamos para que se anulen. Pero sobre todo no nos puede satisfacer un reparto más equitativo de las riquezas, si éstas son producidas por un sistema depredador que no respeta ni las personas ni los bienes comunes, y acelera la destrucción de los ecosistemas.

El capital no es un simple «factor de producción» que «juega un papel útil» y por lo tanto, merece «naturalmente» un rendimiento del 5 %, como dice Piketty, es también, y principalmente, una relación social que se caracteriza por la influencia de los que poseen sobre el destino de las sociedades. El sistema capitalista en tanto que modo de producción está en el origen no sólo de las desigualdades sociales, cada vez más insostenibles, sino también del peligro que corre nuestro ecosistema, del saqueo de los bienes comunes, de las relaciones de dominación y de explotación, de la alienación en los mercados, de la lógica de acumulación que reduce nuestra humanidad a mujeres y hombres incapaces de transformar sus pulsiones, obsesionados por la posesión de bienes materiales y despreocupados por lo inmaterial, que, sin embargo, es la base de nuestra vida.» |83|

A la vez, una de las características y una de las debilidades de la propuesta de Piketty es que no llama a la movilización social para obtener un cambio de las políticas en curso. Es verdad que es consciente de que la acción de los de abajo desempeñó un papel en las orientaciones tomadas después de la primera guerra mundial, que denuncia la represión que sufrieron los mineros de Marikana en Sudáfrica, en agosto de 2012, pero del centenar de páginas que dedica al final para presentar unas propuestas y reflexionar sobre las soluciones que se deben aportar a los problemas centrales, ninguna de ellas está dedicada a la acción de los ciudadanos organizados, no hace ninguna alusión al movimiento de los Indignados, aunque haya mencionado al movimiento Occupy Wall Street en la parte que precede a sus propuestas. A lo sumo, podemos tener la esperanza de que la divulgación de trabajos como los suyos contribuirá a la concienciación que podrá inducir los cambios. Es una debilidad importante en la trayectoria de Piketty.

¿Hay que asombrarse entonces de que proponga la creación, al lado del Parlamento Europeo, de un «Parlamento presupuestario de la eurozona» |84|? Considera que «este parlamento podría contar con unos cincuenta miembros de cada uno de los grandes países de la zona, a prorrata de la población. Los miembros podrían provenir de las comisiones de finanzas y de asuntos sociales de los parlamentos nacionales, o elegidos de otra forma» |85|. Más adelante, no ve con malos ojos la proposición de «la elección por sufragio universal de un presidente de la Unión Europea, propuesta que lógicamente debería ir acompañada de una extensión de sus poderes» |86|. Piketty sigue la vía de reformas que no cuestionan los tratados ni la arquitectura europea, donde el predominio de los intereses del gran capital es inamovible. Pues bien, es indispensable un cambio fundamental, que pasa por la abrogación de los tratados y la apertura de un proceso constituyente, en el que la ciudadanía, unida en la acción, exija sus reivindicaciones.

En conclusión, el trabajo de Thomas Piketty tiene un gran valor por su recolección de datos sobre las desigualdades durante los últimos dos siglos, y ofrece una límpida descripción de su evolución. Su libro constituye un instrumento muy útil y alimenta el debate sobre las alternativas.

Anexo 1. El Capital en el siglo xxi. Precisión en la investigación y confusión teórica.

Así como Thomas Piketty es preciso en la recogida de datos y su obra es útil con su análisis del reparto desigual del patrimonio y de los ingresos, algunas definiciones son netamente confusas y discutibles. Por ejemplo, la definición de capital que propone: |87| En todas las civilizaciones, el capital cumple dos grandes funciones económicas: por una parte, para alojarse (es decir, para producir «servicios de alojamiento», cuyo valor se mide por el valor locativo de la habitación; es el valor del bienestar aportado por el hecho de dormir y vivir bajo un techo y no a la intemperie) y por otra parte como factor de producción de otros bienes y servicios…». Prosigue: Históricamente, las primeras formas de acumulación capitalista parecen concernir a la vez a los útiles (sílex, etc.) y a los acondicionamientos agrícolas (cercado, riego, drenaje, etc.), así como a los rudimentos de habitación (cavernas, tiendas, cabañas, etc.), antes de pasar a unas formas cada vez más sofisticadas de capital industrial y profesional y de locales de habitación cada vez más elaborados. Henos aquí sumergidos por Thomas Piketty en una historia de la humanidad donde el capital está presente desde sus orígenes.

Esta importante confusión continúa en los análisis que hace en su libro Le capitalisme au xxie siècle. Para Piketty, un apartamento de un valor de 80.000 euros o un depósito de 2.000 euros en una cuenta postal |88| constituye un capital tanto como una fábrica o un edificio comercial de 125 millones de euros. Evidentemente, en la vida cotidiana, el señor y la señora de la calle consideran que tienen un capital en forma de un departamento que vale 80.000 euros, al que se suma un seguro de vida de 10.000 euros y tal vez 2.000 euros en una cuenta de ahorro postal, y seguramente estarán plenamente de acuerdo con la definición dada por Piketty, los manuales tradicionales de economía y su banquero. Pero se equivocan, pues el capital en la sociedad capitalista no se reduce a esto. El capital es otra cosa diferente de lo que muestran las apariencias, es una relación social que permite a una minoría de la sociedad, el uno por ciento más rico, si se quiere dar una cifra, enriquecerse apropiándose del trabajo de los otros.

Así, cuando Thomas Piketty habla de un impuesto progresivo sobre el capital, considera todos los patrimonios privados, ya sean los 1.000 euros de una cuenta bancaria o la fortuna de Lakshmi Mittal o Liliane Bettencourt.

La confusión prosigue cuando se trata de la renta: la renta del alquiler de un departamento de 80.000 euros es considerada por Piketty una renta del capital, así como la renta que obtiene Liliane Bettencourt de su participación en la firma L’Oréal.

Igualmente, la ganancia que consigue un jubilado de su cuenta en el banco (si tiene 10.000 euros con un 2 % en el 2014, lo que le proporciona 200 euros al año) es considerada una renta del capital por pequeña que sea.
Si pasamos a los salarios, Thomas Piketty considera que todas las ganancias declaradas como salarios son salarios, tanto sea el de un presidente-director general de un banco que percibe un salario de 3 millones de euros al año, como para un empleado bancario que gana 30.000 euros anuales.

Por lo tanto, es pertinente cuestionar el sentido que Piketty da a términos como «capital» o «trabajo» y definir de otro modo lo que se entiende por rentas del capital y rentas del trabajo,
Por ejemplo, el beneficio que se obtiene del alquiler de un bien, de un depósito bancario o de acciones de una empresa no se tendría que considerar un ingreso del capital más que a partir de cierto monto. Asimismo, el patrimonio inferior a cierto monto no se debería considerar un capital.

Y por otra parte, si se quiere entender cómo el uno por ciento acumula capital, hay que ir más allá de reflexiones tales como «a partir del momento en que el capital desempeña un papel útil en el proceso de producción, es natural que obtenga un rendimiento» |89|.

La confusión mantenida por Thomas Piketty, sin duda, hay que relacionarla con sus convicciones:

«No me interesa denunciar las desigualdades o el capitalismo como tal, (…) las desigualdades sociales no constituyen en sí un problema, por poco que sean justificadas, es decir, fundadas en la utilidad común…» |90|

Mi crítica de las observaciones de Thomas Piketty no resta nada al interés del panorama monumental que presenta de la evolución de las desigualdades en materia de patrimonio o de rentas en el curso de los últimos siglos…

Anexo 2. El pueblo ecuatoriano contra la deuda pública ilegítima

A partir de finales de los años 1990, una serie de movimientos sociales ecuatorianos, en particular Jubileo 2000 Guayaquil (la ciudad comercial más importante y el mayor puerto de Ecuador), comenzaron una campaña contra la deuda injusta reclamada al país. Las posiciones de estos movimientos sociales eran al principio bastante moderadas y confusas. Por ejemplo, asistieron a una reunión del Club de París en 1998 pensando que podrían negociar una reestructuración de la deuda ecuatoriana y obtener su reducción. Al cabo de dos años, se dieron cuenta de que el Club de París no tenía ninguna voluntad de negociar y que sólo aceptaban discutir problemas de relaciones públicas. En 2001-2002, el CADTM Internacional y el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) iniciaron una campaña sobre el tema particular de la deuda de Ecuador contraída por la compra a Noruega de buques pesqueros.

Ambos grupos elaboraron un dossier que demostraba que esta deuda con Noruega era ilegítima porque este país no había vendido esas naves para servir a los intereses ecuatorianos sino para responder a la crisis de un sector importante de las exportaciones noruegas, en este caso, los astilleros. Noruega buscaba países dispuestos a comprar barcos pesqueros, pero los que vendió a Ecuador casi nunca se emplearon para la pesca, sino para transportar bananas, en beneficio de una de las grandes fortunas del país. Este ejemplo concreto ilustra cómo comenzó una campaña contra la deuda poniendo la mira en una deuda particular e introduciendo la noción de deuda ilegítima. Se logró una alianza con la organización noruega SLUG y la introducción del tema la auditoría para poner en claro lo que se reclamaba a Ecuador. La campaña se desarrolló en un marco de grandes movilizaciones sociales a finales de los años 1990 y principios de los años 2000, con numerosos movimientos populares muy importantes, que echaron a dos presidentes neoliberales, uno en el año 2000 y el otro en 2005.

Ya había habido importantes movilizaciones en los años 1990, pero en el año 2000 el presidente liberal fue desalojado por la movilización popular. El nuevo presidente electo, Lucio Gutiérrez, había realizado su compaña con un programa anti-FMI, con un programa de izquierda y anti Estados Unidos. Pero, una vez electo, cambió completamente su discurso, y dijo: «Yo soy el mejor amigo de Estados Unidos, Chávez es nuestro enemigo». Esto causó descontento, frustración y una nueva sublevación popular en el año 2005. Gutiérrez huyó del palacio presidencial en helicóptero antes de que asumiera el gobierno de transición, en el cual Rafael Correa, que en el año 2006 sería electo presidente, desempeñaba el cargo de ministro de Finanzas, en un contexto en el que el precio del petróleo era bastante elevado. El tema de la deuda era importante, porque los movimientos sociales estaban realizando una campaña contra la deuda desde hacía 7 u 8 años. En su condición de ministro de Finanzas, Rafael Correa tomó la iniciativa de destinar todos los suplementos de los ingresos originados por el alza del precio del crudo a gastos sociales en educación y sanidad.

No era cuestión de que los ingresos suplementarios generados por el petróleo fueran absorbidos por el reembolso de la deuda. Siendo ésta ilegítima, es la población la que debe beneficiarse de los recursos de la exportación y de la recaudación fiscal que se genera. El Banco Mundial y el FMI reaccionaron con dureza y rechazaron la idea de que el dinero proveniente de los ingresos del petróleo fuera a gastos sociales. El BM amenazó con suspender los préstamos a Ecuador si se aplicaba tal medida. Correa se negó a plegarse al diktat del BM y defendió su posición en el gobierno. Prefirió dimitir antes que retirar el decreto que defendía los intereses del país y fue así como se encontró en la oposición. Sin embargo, el presidente interino que reemplazó a Gutiérrez organizó una comisión de auditoría, aunque con unas atribuciones muy restringidas. Pese a todo, ésta realizó un interesante trabajo de estudio de la deuda ecuatoriana, que contribuyó a popularizar aún más la cuestión de la deuda. En las elecciones presidenciales del año 2006, Correa se presentó proponiendo:

1. La necesidad de modificar radicalmente la Constitución del país con una democratización política fundamental;
2. la necesidad de poner fin a la deuda ilegítima. Su mensaje era el siguiente: «Elegidme como presidente y me comprometo a tomar medidas para que el país cese de pagar una deuda ilegítima.» También proclamó que si era elegido presidente, pondría fin a la base militar naval puesta a disposición del ejército estadounidense por Ecuador. Se trataba de que Ecuador recuperara su soberanía y su dignidad. Así mismo pondría fin a las negociaciones con Estados Unidos concernientes a un tratado de libre comercio. Los grandes temas de su campaña eran: democratización política, cambio constitucional, anulación de la deuda ilegítima, recuperación de la soberanía poniendo fin a la presencia del ejército estadounidense en su territorio y cese de las negociaciones de un tratado de libre comercio con Estados Unidos.

La auditoría de la deuda en 2007-2008 y sus consecuencias positivas

Electo en diciembre de 2006, entabló una batalla en febrero-marzo de 2007 por un referéndum sobre una nueva Constitución, referéndum que ganó a pesar de que toda la oposición y los grandes media estaban contra él. La etapa siguiente era el pago de la deuda… a partir de mayo de 2007. La primera iniciativa de Correa fue expulsar al representante permanente del Banco Mundial en Ecuador. El mensaje era claro: El BM no había respetado la soberanía de Ecuador en 2005, lo que había causado la dimisión de Correa. El BM se inmiscuye en las cuestiones del país, ¡Fuera, BM, váyase! En julio de 2007, por un decreto presidencial, Rafael Correa instituyó una comisión de auditoría.

Por el lado ecuatoriano, había, por una parte, representantes de la sociedad civil «de base», es decir, movimientos sociales, y por otra, cuatro cuerpos del Estado: el Tribunal de Cuentas, la comisión anticorrupción, el ministerio de Finanzas y de Economía, y el ministerio de Justicia. A este grupo se agregaron seis representantes extranjeros expertos en la materia. Con ese motivo, formé parte de la comisión, cuyo mandato era analizar la deuda pública interna y externa entre los años 1976 y 2006. Teníamos el poder de obtener toda la información necesaria para nuestro trabajo de auditoría a fin de presentar un informe sobre las deudas ilegítimas y hacer recomendaciones al Gobierno y al Estado.

Después de 14 meses de trabajo, remitimos nuestras conclusiones y recomendaciones al Gobierno. Durante esos 14 meses nos reunimos en tres oportunidades con el presidente Correa y su gobierno, que a continuación estudiaron nuestras conclusiones y recomendaciones durante un mes y medio. En noviembre de 2008, se anunció la suspensión unilateral del reembolso de dos tercios de la deuda comercial, es decir, la deuda en forma de títulos vendidos en los mercados financieros con vencimiento en 2012 y en 2030. Durante seis meses, Ecuador dejó a los mercados financieros sin información, manteniéndolos en una incertidumbre completa. La decisión se había tomado sin publicación previa. Ecuador encomendó al banco Lazard, un conocido banco internacional, recomprar los títulos en el mercado secundario de la deuda por cuenta del Estado, pero sin revelarlo oficialmente.

Esto permitió a Ecuador recomprar una buena parte de los títulos y a continuación hacer una oferta a los tenedores de los títulos restantes, aquellos que no se habían vendido aún al banco Lazard. El gobierno propuso la recompra de los títulos a un 35 % de su valor nominal, aunque ya había comprado una parte al 20 % de su valor. La oferta se hizo en abril de 2009 y en junio de ese mismo año Ecuador anunció públicamente que había recomprado el 91 % de los títulos. La oferta concluía y el 9 % restante de los títulos quedaba fuera. Los tenedores de títulos habían tenido tiempo suficiente para venderlos al Estado. Para concluir, la operación costó unos 900 millones de dólares que el gobierno utilizó para rescatar títulos por valor de 3.200 millones de dólares. El ahorro total, teniendo en cuenta la recompra de los títulos a precio reducido y los intereses que ya no habría que pagar hasta el año 2030, fue de 7.000 millones de dólares.

Este dinero se utilizó para aumentar radicalmente el gasto público, en particular en la salud pública, en educación y en infraestructuras. Si se mira el presupuesto ecuatoriano, se ve que a partir de los años 2009-2010, las sumas destinadas al servicio de la deuda se reducen radicalmente y que el gasto social útil aumenta de una forma extremadamente importante, permitiendo una mejora de las condiciones de vida de la población. Esto explica por otra parte por qué Correa fue reelegido en el año 2009 en el marco de la nueva Constitución. Su mandato terminó a principios de 2013, se presentó nuevamente a las elecciones y fue reelecto con el 57 % de los votos, es decir, tuvo más votos para su tercer mandato que para los dos anteriores.

¿Qué conclusiones se pueden sacar de esto? Correa ganó las elecciones de 2006 esencialmente porque entabló la batalla contra el BM y el problema de la deuda ilegítima. Era uno de los principales temas de su campaña y fue sobre esta base que ganó un apoyo popular muy significativo. La primera lección es la siguiente: una organización o un candidato o un frente de organizaciones, como por ejemplo el frente popular que estaba en la oposición, puede convencer y conseguir el apoyo de una parte importante de la opinión pública para llegar al gobierno con el objetivo de tomar medidas tendientes a poner fin al pago de una deuda ilegítima. Y esto es posible si hay también un trabajo de base realizado durante años por los movimientos sociales. Los discursos sobre la deuda son extremadamente importantes para llegar a la opinión pública y demostrar que existen alternativas a las políticas existentes.

Traducido por Griselda Pinero y Raúl Quiroz

Notas

|1| Thomas Piketty, Le capital au XXie siècle, Le Seuil, París, 2013 (970 pp.) Varios comentarios interesantes ya han sido publicados sobre este importante libro. Por lo tanto, en este artículo no vuelvo a tratar una serie de temas que ya fueron abordados y de entrada he comenzado por las enseñanzas prácticas. Entre los comentarios ya publicados: 1. Véase la revista Les Possibles de ATTAC Francia: “Réflexions sur « Le capital au XXIe siècle » de Thomas Piketty” par François Chesnais http://cadtm.org/Reflexions-sur-Le-capital-au-XXIe (et “Éléments de réponses à François Chesnais” par Thomas Piketty http://cadtm.org/Elements-de-reponses-a-Francois ); 2. Véase también Jean-Paul Petit en la revista Inprecor: http://gesd.free.fr/jppetit.pdf; 3. Véase Robert Boyer: http://gesd.free.fr/boyerpik.pdf ; 4. Véase Michel Husson, http://hussonet.free.fr/piketcap.pdf

|2| http://piketty.pse.ens.fr/fr/capital21c

|3| El patrimonio, en forma sencilla, es el conjunto de bienes inmobiliarios y mobiliarios privados netos (sin deudas). Thomas Piketty considera que actualmente el patrimonio total de un país (patrimonio privado + patrimonio público) como Francia, Estados Unidos o Bélgica corresponde en la práctica al patrimonio privado libre de deuda puesto que el patrimonio público libre de deuda es aproximadamente cero, ya que la deuda pública representa cerca del 100 % del PIB. No entro en más detalles. Para un enfoque más argumentado véase Piketty

|4| Pp. 542 a 555.

|5| A lo largo de este artículo, el término «patrimonio» corresponde a lo que Piketty considera para realizar sus cálculos (véase más arriba). No contiene otros elementos de patrimonio que constituyen una riqueza inestimable y que son vitales para la supervivencia de la humanidad y de la naturaleza. Para una discusión sobre la riqueza y el valor, que se sale del marco de este artículo, véase el Libro de Jean-Marie Harribey La richesse, la valeur et l’inestimable, Les liens qui libèrent, París, 2013.

|6| Tabla proveniente de la tabla 7.2 p.391.

|7| http://fr.wikipedia.org/wiki/Liliane_Bettencourt

|8| P. 109.

|9| Es decir el equivalente al 120 % del PIB de la Unión Europea

|10| P. 741.

|11| Nota bene: Las propuestas que se formulan en este artículo son de la responsabilidad del autor y no compromete en nada a Thomas Piketty. Cuando el autor resume una propuesta de Thomas Piketty, se hace explícita mención de ello.

|12| Thomas Piketty escribe: Consideremos, por ejemplo, el caso de un impuesto sobre las fortunas que sería aplicado con un tipo del 0 % para los patrimonios inferiores a 1 millón de euros, del 1 % para los que van de 1 a 5 millones de euros, y del 2 % para aquellos superiores a 5 millones de euros. Aplicado al conjunto de los países de la Unión Europea, ese impuesto afectaría a cerca del 2,5 % de l población y suministraría cada año el equivalente al 2 % del PIB europeo.» (p. 860. Señalemos que la puesta en marcha de esta propuesta, que incluso es muy moderada, ¡nos daría el equivalente a dos veces el presupuesto actual de la UE!

|13| P. 692.

|14| Esto es, cerca de 4,5 millones de adultos.

|15| P. 698.

|16| P. 700.

|17| Tabla elaborada por el autor a partir de los datos de la Tabla 7.1, p. 390.

|18| Tabla elaborada por el autor a partir de los datos de la Tabla 7.3, p. 392.

|19| P. 544.

|20| « ¿Qué es el tercer estado? Todo. ¿Qué ha sido hasta ahora en el orden político? Nada ¿Qué es lo que pide? Ser algo»

|21| El gráfico presenta una evolución por décadas y he tratado de poner en evidencia esa evolución lo más claramente posible. Si el gráfico hubiera indicado la evolución año a año, seguramente habríamos constatado una subida de la porción de los más ricos hacia fines de los años 1920.

|22| P. 76.

|23| Por mi parte, analicé en forma sintética el cambio operado a fines de los años 1970, comienzos de los años 1980 en el ámbito internacional especialmente en Éric Toussaint «La gran transformación desde los años ochenta hasta la crisis actual, tanto en el Sur como en el Norte», http://cadtm.org/La-gran-transformacion-desde-los-, publicado el 7 de septiembre de 2009, y en el libro Una mirada al retrovisor. El neoliberalismo desde sus orígenes hasta la actualidad, Icaria Editorial, Barcelona, 2010

|24| El patrimonio nacional (o el capital nacional como Thomas Piketty también lo llama, cuestión que siembra confusión: véase anexo 1, Le Capital au XXIe siècle: Precisión en la investigación y confusión teórica) es la «suma de los activos no financieros (vivienda, terrenos, fondos de comercio, edificios, máquinas, equipamientos, patentes y otros activos profesionales poseídos de forma directa) y de los activos financieros (cuentas bancarias, planes de ahorro, obligaciones, acciones y otras participaciones en sociedades, inversiones financieras de cualquier tipo, contratos de seguros de vida, fondos de pensión, etc.), disminuidos por los pasivos (o sea, por todas las deudas). Si nos limitamos a los activos y pasivos que poseen los individuos privados, entonces tendremos el patrimonio privado o capital privado. Si se considera los activos y pasivos que posee el Estado y las administraciones públicas (comunidades locales, administraciones de la seguridad social, etc.) se obtiene el patrimonio público o capital público.» p. 86.

|25| Piketty explica cómo calcula la renta nacional: se resta del producto interior bruto (PIB) la depreciación anual del capital, a esta cantidad se le suma los ingresos netos percibidos del exterior (o se restan los pagos netos efectuados hacia el exterior si éstos exceden los ingresos). Véase pp. 78-79

|26| Thomas Piketty precisa, por otra parte, que si, en el cálculo del patrimonio, se tomaran en cuenta los pasivos y los activos financieros, el patrimonio aumentado de esa forma representaría entre 10 y 15 veces la renta nacional, 20 veces en el caso del Reino Unido. Asimismo, nos recuerda que desde el siglo xix hasta el comienzo de los años 1970 el patrimonio correspondía a entre 4 y 5 años de la renta nacional. Si se toman en cuenta los derivados, se llegaría a cantidades mucho más elevadas (pp. 305-306)

|27| P. 273.

|28| Pp. 218-219.

|29| P. 219.

|30| Pp. 273-274.

|31| Pp. 456-457.

|32| Pp. 458-459.

|33| P. 489.

|34| Pp. 469-470.

|35| Pp. 501-503.

|36| Pp. 506-507.

|37| Pp. 517-519.

|38| Pp. 805-806.

|39| Pp. 811-815.

|40| P. 707.

|41| P.820.

|42| P. 819.

|43| Pp. 824-826.

|44| P. 831.

|45| P. 832.

|46| Nota 3, p.834.

|47| Esto no compromete a Thomas Piketty.

|48| Thomas Piketty, Le capital au XXIe siècle, Le Seuil, París, 2013 (970 pp.), p. 185.

|49| «El origen de los asignados remonta al mes de diciembre de 1789 cuando fue creada la Caja de lo Extraordinario (Caisse de l’Extraordinaire). Esta caja debería recibir el producto de la venta de los bienes confiscados al clero. Los asignados eran solo simples adelantos sobre la venta de los bienes nacionales. Estos asignados remuneraban un interés. Pero las cosas evolucionaron rápidamente. En septiembre de 1790, los asignados dejaron de conllevar un interés y se reciben «como dinero en efectivo en todos los fondos públicos y particulares». El monto de las emisiones aumenta aceleradamente hasta 1796. Frente a esta proliferación de papel moneda, la garantía de los dominios nacionales a los que se continúa haciendo referencia deviene ilusoria y el valor de los asignados se desploma.» Fuente: http://sceco.univ-poitiers.fr/hfranc/assignats.htm consultada el 17 de enero de 2014.

|50| Pp. 206-207

|51| Pp. 206-207

|52| P. 208.

|53| P. 208.

|54| P. 209.

|55| En realidad el tipo es superior pero estamos haciendo una hipótesis teórica.

|56| La hipótesis de crecimiento nulo es teórica y sirve para facilitar el cálculo. En realidad el PIB descendió un 20 % entre 2009 y 2013, y es difícil de prever lo que pasará exactamente en los años venideros.

|57| Hagamos el mismo razonamiento con Portugal cuya deuda pública representa el 130 % del PIB en 2014 y cuya tasa de crecimiento anual es cero (también se redujo entre 2011 y 2013) y el tasa de inflación es muy baja. Portugal reembolsa aproximadamente a un tipo de interés del 6,5 %. Debería pagar durante largos años el equivalente al 8,5 % de su PIB. La deuda pública de Italia alcanza el 133 % de su PIB y la paga con un interés del 5 %. También Italia deberá pagar durante largos años el equivalente al 6,5 % de su PIB. Insisto en que las cifras mencionadas más arriba forman parte de una hipótesis teórica. De todas maneras son cercanas a la realidad. Estos ejemplos no comprometen en nada a Piketty.

|58| http://sceco.univ-poitiers.fr/hfranc/assignats.htm, consultada el 17 enero de 2014.

|59| Pp. 210-212.

|60| P. 216.

|61| P. 211.

|62| P. 931.

|63| P. 932.

|64| P. 889.

|65| Para recordar: participé en esta auditoría durante 14 meses entre 2007 y 2008, como representante del CADTM.

|66| El tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), que no tiene nada de asociación altermundilaista, «dio la razón» a Islandia, Véase CADTM : «El tribunal de la AELC (Asociación Europea de Libre Comercio) rechaza las reclamaciones por el litigio «Icesave» contra Islandia y sus habitantes» http://cadtm.org/El-tribunal-de-la-AELC-Asociacion publicado el 30 de enero de 2013.

|67| Muy a menudo, algunos comentaristas replican que los casos de estos dos países son totalmente diferentes de los países de la Unión Europea. Por supuesto, que hay diferencias evidentes pero estaríamos equivocados en desdeñar estas experiencias. Los que profesan ese desdén muestran sobre todo ignorancia de la complejidad de las situaciones que las autoridades encontraron y parcialmente lograron superar.

|68| Los haircuts propugnados por el FMI y los gobiernos de los grandes países acreedores tienen justamente por función limitar las pérdidas de los grandes acreedores privados mediante una reestructuración ordenada. En mi tesis doctoral, mostré cómo el plan Brady constituye un modelo en el género. Véase «Enjeux politiques de l’ action de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international envers le tiers – monde», tesis de doctorado en Ciencias Políticas presentado en 2004 en las universidades de Lieja y París VIII, se puede descargar: http://cadtm.org/Enjeux-politiques-de-l-action-de. Véase también mi libro Banco Mundial, El Golpe de Estado Permanente, El Viejo Topo Mataró-Barcelona, 2007 Se puede descargar en francés: http://cadtm.org/Banque-mondiale-le-coup-d-Etat

|69| P. 887.

|70| Aquí podemos leer en la web oficial de la administración francesa define el impuesto proporcional «Un impuesto proporcional aplica un gravamen idéntico cualquiera sea la base sobre la que se impone (por ejemplo: el impuesto sobre sociedades). La base de la imposición designa las magnitudes económicas (ingresos, patrimonio, volumen de negocios…) que sirven de base al cálculo del impuesto. Los partidarios de la proporcionalidad consideran que es un modo de cálculo justo ya que cada uno contribuye con el mismo porcentaje de sus ingresos. (…) Los impuestos proporcionales son, además, generalmente más fáciles de calcular y, por lejos, menos costosos para implementar. Con el impuesto progresivo, el tipo aplicado aumenta con la base de imposición (por ejemplo: el impuesto sobre la renta, cuanto más elevada sea la renta, el tipo aplicado es mayor). Fuente: http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/ressources-depenses-etat/ressources/qu-entend-on-par-proportionnalite-progressivite-impot.html Hay que señalar que Thomas Piketty define en su libro el impuesto proporcional de la misma manera que la administración francesa.

|71| Pp. 888-889.

|72| P. 889.

|73| P. 890.

|74| Véase la Red Internacional por la Auditoría Ciudadana (International Citizen debt Audit Network, ICAN), http://cadtm.org/ICAN,750

|75| Thomas Coutrot, Patrick Saurin y Éric Toussaint, «Anular la deuda o gravar al capital: ¿Por qué elegir?», http://cadtm.org/Anular-la-deuda-o-gravar-al, publicado el 31 de octubre de 2013.

|76| Véase Eric Toussaint, «La Constitution équatorienne: un modèle en matière d’endettement public», http://cadtm.org/La-constitution-equatorienne-un, publicado el 27 de diciembre de 2010.

|77| P. 835.

|78| Se debe tener presente que Piketty da una definición del capital privado que engloba los haberes mobiliarios e inmobiliarios del 50 % más modesto.

|79| P. 838.

|80| P. 842.

|81| P. 843.

|82| Véase el texto antes citado de Thomas Coutrot, Patrice Saurin y Éric Toussaint «Anular la deuda o gravar el capital: ¿Por qué elegir?», http://cadtm.org/Anular-la-deuda-o-gravar-al.Véase también: Damien Millet y Eric Toussaint, «Europa: ¿Qué programa de urgencia frente a la crisis ?» publicado el 22 de junio de 2012, http://cadtm.org/Europa-Que-programa-de-urgencia

|83| http://cadtm.org/Anular-la-deuda-o-gravar-al

|84| P. 916.

|85| Nota 1, p.916

|86| P. 917.

|87| P. 337

|88| Hay que tener en cuenta que las sumas depositadas en Francia en las cuentas de ahorro, en las cuentas corrientes, etc. no representan más que alrededor del 5 % del patrimonio (privado). P. 330

|89| P. 674.

|90| P. 62.

Éric Toussaint, doctor en ciencias políticas, es presidente del CADTM Bélgica (Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, http://www.cadtm.org) y miembro del consejo científico de ATTAC. Autor, entre otros libros, de Una mirada al retrovisor: el neoliberalismo desde sus orígenes hasta la actualidad, Icaria 2010; La Deuda o la Vida (junto a Damien Millet) Icaria, Barcelona, 2011; La crisis global, El Viejo Topo, Barcelona, 2010;. La bolsa o la vida: las finanzas contra los pueblos, Gakoa, 2002. Autor de Procès d’un homme exemplaire, Editions Al Dante, Marsella, 2013. Junto a Damien Millet es autor de AAA, Audit Annulation Autre Politique, Le Seuil, París, 2012.

I. Wallerstein: El segundo viento del movimiento internacional en pos de justicia social…

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Immanuel Wallerstein
 

Durante las protestas en la plaza Tahrir en noviembre de 2011, Mohamed Alí, de 20 años, respondió a la pregunta de un periodista –de por qué estaba ahí– diciendo: Queremos justicia social. Nada más. Es lo menos que merecemos.

La primera ronda de movimientos asumió múltiples formas por todo el mundo –la llamada Primavera Árabe, los movimientos de ocupación que comenzaron en Estados Unidos y luego se diseminaron por un gran número de países, Oxi en Grecia y los Indignados en España, las protestas estudiantiles en Chile y muchos otros.

Todos fueron un logro fantástico. Lo que han alcanzado puede medirse en un extraordinario artículo escrito por Lawrence Summers en el Financial Times, el 21 de noviembre: La inequidad no puede ya mantenerse a raya con las ideas habituales. Éste no es un argumento por el que se le haya conocido a Summers con anterioridad.

En el artículo anota dos puntos importantes, considerando que personalmente él ha sido uno de los arquitectos de las políticas económicas mundiales de los últimos 20 años, las que nos han puesto a todos en esta aguda crisis en la que el mundo se encuentra ahora.

El primer punto es que ha habido cambios fundamentales en las estructuras económicas mundiales. Summers dice que el más importante es el fuerte viraje en la recompensa que el mercado le hace a una pequeña minoría de ciudadanos en relación con las recompensas disponibles para la mayoría de los ciudadanos.

El segundo tiene que ver con dos clases de reacciones públicas ante esta realidad: una es la de los que protestan y otra, aquélla de quienes siendo muy fuertes están contra los que protestan. Summers dice que él está contra la polarización, que es lo que, según él, hacen quienes protestan. Pero luego dice: Al mismo tiempo, aquéllos que muy rápidamente etiquetan cualquier expresión de preocupación por la creciente inequidad como algo fuera de lugar o como producto de la lucha de clases, está todavía más fuera de base.

Lo que el artículo de Summers indica no es que él se haya convertido en exponente del cambio social radical –lejos está de eso– sino más bien que está preocupado por el impacto político del movimiento mundial en pos de justicia social, especialmente en lo que él llama el mundo industrializado. Yo considero esto un logro del movimiento en pos de justicia social.

La respuesta a este éxito han sido unas cuantas concesiones menores aquí y allá, pero luego una creciente represión por todas partes. En Estados Unidos y Canadá, ha habido un sistemático despeje de todas las ocupaciones. La virtual simultaneidad de estas acciones policiacas parece indicar alguna coordinación de alto nivel. En Egipto, los militares han resistido cualquier dilución de su poder. En Grecia e Italia las políticas de austeridad fueron impuestas por los decretos de Alemania y Francia.

La historia, sin embargo, está lejos de haber terminado. Los movimientos desarrollan un segundo viento. Los manifestantes reocuparon la plaza Tahrir y al mariscal de campo Tantawi le están dando el mismo tratamiento de desdén que le dieron a Hosni Mubarak. En Portugal, el llamado a una huelga general de un día paralizó por completo el sistema de transporte. Una huelga anunciada en Gran Bretaña en protesta por los recortes en las pensiones esperaba reducir el tráfico en Heathrow en 50 por ciento, lo que tendría repercusiones mundiales, dada la centralidad de Heathrow en el sistema de transportación mundial.

En Grecia, el gobierno ha intentado exprimir a los pensionados pobres instaurando un enorme impuesto en su recibo de luz, y amenazan cortar la electricidad si no pagan. Hay resistencia organizada. Los electricistas locales están reinstalando ilegalmente la energía eléctrica, pues cuentan con la incapacidad del reducido personal municipal para hacer cumplir su ley. Es una táctica que se ha utilizado con éxito en el suburbio de Soweto en Johannesburgo durante ya 10 años.

En Estados Unidos y Canadá, el movimiento de ocupación se ha diseminado de los centros de las ciudades a los campus universitarios. Y los ocupas están discutiendo lugares alternativos qué ocupar durante los meses del invierno. La rebelión estudiantil en Chile ya se expandió a las escuelas secundarias.

Debemos resaltar dos cosas acerca de la presente situación. La primera es que los sindicatos –como parte de lo que ha estado ocurriendo, como resultado de lo que ha estado ocurriendo– se han vuelto mucho más militantes, y mucho más abiertos a la idea de que deberían ser participantes activos en el movimiento mundial en pos de justicia social. Esto es cierto en el mundo árabe, en Europa, en Norteamérica, en el sur de África, aun en China.

Lo segundo que hay que resaltar es el grado en que los movimientos por todas partes han podido mantener su énfasis en una estrategia horizontal. Los movimientos no son estructuras burocráticas sino coaliciones de múltiples grupos, organizaciones y sectores de la población. Siguen trabajando duro en debatir de modo continuo sus tácticas y sus prioridades, y están resistiendo el volverse excluyentes. ¿Funciona esto todavía con suavidad? Por supuesto que no. ¿Funciona esto mejor que reconstruir un nuevo movimiento vertical, con un liderazgo claro y disciplina colectiva? Hasta ahora, claro que ha funcionado mejor.

Debemos pensar en las luchas mundiales como una larga carrera, en la que los corredores tienen que usar su energía sabiamente con tal de no desgastarse mientras mantienen la mira en el objetivo final –una clase diferente de sistema-mundo, mucho más democrático, mucho más igualitario que nada de lo que tenemos ahora.

Traducción: Ramón Vera Herrera

© Immanuel Wallerstein

Chile: anatomía del desarrollo político y social…, Entrevista a T. Moulian

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Por Rodrigo Alvarado E. / La Nación Domingo

El sociólogo repasa la política del Siglo XX

MOULIAN1

Postulado al Premio Nacional de Ciencias Sociales, el imprescindible autor de “Chile actual: Anatomía de un mito” lanzó el libro “Contradicciones del desarrollo político chileno: 1920-1990”, donde analiza el desempeño de la izquierda en esos 70 años. Enemigo de las revoluciones violentas, reivindica al Frente Popular y el papel de la ciudadanía en los cambios sociales.

"Voy a contestar cada una de las objeciones pero en otro libro. Las críticas se agradecen porque permiten que uno siga pensando, pese a que te den ganas de pegarles un combo. Así que en mi próximo libro volveré a invitarlos".

Risas y aplausos se fundieron en el epílogo del lanzamiento del libro "Contradicciones del desarrollo político chileno: 1920-1990" (LOM Ediciones-Editorial Arcis), que Tomás Moulian presentó el miércoles en la Biblioteca Nacional.

Como pocas veces ocurre en este tipo de protocolos, el intelectual tuvo a dos de tres quisquillosos académicos -el historiador Alfredo Jocelyn-Holt y el sociólogo Carlos Ruiz Encina- reparando en las falencias y los sesgos políticos de algunos de sus ensayos sobre el despliegue de las izquierdas nacionales.

Mal que mal, el tema en juego es el motor de los grandes cambios del siglo XX y que a pesar del fracaso de su aplicación, desvió el curso de la historia.

Moulian, autor de títulos fundamentales para entender nuestra sociedad -como "Chile actual: Anatomía de un mito" (LOM, 1997), que está dentro de los 100 libros del bicentenario, y "El consumo me consume" (LOM, 1999)- miraba el techo, reía o fruncía el ceño.

Nada de ironías ni molestia. El sociólogo de la UC y de la Universidad Católica de Louvain (Bélgica) es un declarado marxista reformista, pero sobre todo un pensador que en la praxis defiende tanto la ideologización de la sociedad como la tolerancia y el pluralismo.

Y tanto para Jocelyn-Holt y Ruiz -así lo hicieron notar- como para el grueso del mundo de la reflexión, es uno de los intelectuales más respetables y queridos, estatus que se condice con su postulación al Premio Nacional de Ciencias Sociales 2009, impulsada por Arcis, LOM y la Flacso.

"Es un halago, pero no me hago muchas ilusiones", dice este elefante blanco que en 2005 desbordó a la manada crítica como precandidato presidencial del bloque de izquierda Juntos Podemos, pero que volvió a su redil del pensamiento para iluminar y remover las conciencias.

LENTO PERO SEGURO

"Contradicciones del desarrollo político chileno: 1920-1990" agrupa una serie de ensayos publicados durante diferentes períodos, donde Moulian interpreta la historia de la izquierda chilena en función de la necesidad de negociar de forma realista las reformas sociales y donde el camino del gradualismo y coalicionismo del Frente Popular aparece con ventaja frente el aceleramiento de los procesos al interior de la Unidad Popular, para lograr una democratización profunda.

"Siempre he sido un reformista confeso, jamás me he abanderizado con posiciones cercanas a la vía armada ni al ‘avanzar sin transar’, citando a Altamirano. Creo en el gradualismo porque Chile es un país que ha tenido la capacidad de realizar reformas", advierte el autor, "no todas abren grandes batallas como en los ’60, con un reformismo que aborda tardíamente la repartición de la tenencia de la tierra, la ayuda a los pequeños campesinos y su sindicalización, pues llegan cuando la obsesión por la revolución estaba ya sobre la conciencia de clase de la izquierda, que quería que cantáramos la Internacional y llegar rápido al socialismo. La historia de Chile demuestra que apurarse mucho da lugar a tragedias. El legado de Allende es descubrir que hacerlo de a poco es el camino".

-Pese a los quiebres sociales se nota su confianza en las instituciones políticas.

-Es la sociedad chilena la que tiene el mito de la institucionalidad política y el mito de que cuando es sólida, la estabilidad es más fácil. La historia de Chile no demuestra eso, pero sí que los partidos políticos eran las instituciones más sólidas y hasta 1973 no se orientaban a cortar las posibilidades de la democracia representativa. La izquierda nunca planteó la revolución como la toma del poder y el cierre del Congreso, pero la derecha sí apoyó una dictadura que destruyó las instituciones políticas.

CRISIS Y MARXISMO

-En el segundo capítulo aborda el desarrollo del marxismo en Chile desde sus dos dimensiones: teoría y método. ¿Cómo habría que rescatarla en estos tiempos de crisis económica?

-El marxismo introduce un marco analítico válido para estudiar las sociedades capitalistas de occidente, sin embargo, no creó una teoría de la revolución que permita predecir cuál es el momento y las condiciones para que se produzca. Pero nos enseña algo que se nos olvida: la historia avanza por la lucha de clases, porque sujetos políticos distintos al capitalismo luchan por defender sus posiciones. En Europa el socialismo cayó, pero en China y Cuba sigue. Hay que preguntarse por qué y buscar que el socialismo del siglo XX sea mejor, porque aún donde existe, sus ilusiones liberadoras no se han cumplido.

-Volvemos al sueño de Salvador Allende.

-Claro, un socialismo por los votos, que avanza gradualmente y no destruye el aspecto pluralista de la sociedad, porque eso conduce a la opresión y la derrota. Lo vemos en Honduras, en que la amenaza de un Presidente de izquierda genera un golpe de Estado. Hay que ver qué pasa con las opciones del regreso de instituciones del Estado de Bienestar, qué pasa con Evo Morales, que ha logrado estabilidad y ha descubierto que la democratización es un camino difícil que requiere recorrerlo paso a paso. O con Hugo Chávez, que calcula constantemente la correlación de fuerzas para implantar sus medidas, aunque a veces hace cosas censurables, como limitar el acceso de los opositores a los medios de comunicación y a participar de forma igualitaria en la lucha ideológica.

LÍDER A LARGO PLAZO

-¿Quiénes son esos líderes con base social en Chile?

-Por primera vez en muchos años, tenemos la aparición de un liderazgo con un programa donde se avizoran posibilidades de cambio. Ese líder es Marco Enríquez-Ominami ¿Qué va a pasar con él? Es prematuro decirlo, pero creo que tiene una política a largo plazo y no debe confundirse con los 14 puntos que marca. El sistema se reajustará y Enríquez-Ominami podría, en el mejor de los casos, ser el candidato del Juntos Podemos. Sacaría más votos que sus antecesores, aunque no ganaría las elecciones.

-¿Estará de acuerdo la izquierda?

-Es difícil, pero el Juntos Podemos se va a preguntar qué pasa con su candidato y aquí aparece uno diferente, con puntos y opciones neoliberales pero también más progresistas que el resto. Si toma las últimas, sobre todo en dirección a las asambleas constituyentes, donde los ciudadanos pueden ser más activos que ahora, puede atraer a los sectores comunistas que no han encontrado por el momento un candidato que aparezca en las encuestas como una opción que tenga resultados significativos.

-¿No nos hemos acostumbrado acaso a que en las presidenciales no haya nada en juego más que la elección de un gerente?

-La posibilidad de que triunfe la derecha se ve más fuerte que en otras elecciones, aunque Eduardo Frei ha recuperado terreno. Un triunfo de Piñera es diferente de uno de la Concertación: va a tener que gobernar con la UDI y los viejos tercios del pinochetismo y va a tener que buscar en otra parte su apoyo -quizás con la Democracia Cristiana-, lo que generaría situaciones interesantes.

-Un eventual triunfo de Piñera obligaría a redefinirse a una oposición de izquierda.

-Podría generar condiciones de reunificación de las opciones unitarias, del regreso de las tres fuerzas que existieron entre 1932 y 1973. Esto requiere enormes esfuerzos del Juntos Podemos para arrastrar al Partido Socialista a posiciones de alianza con el Partido Comunista, que no debe tener un programa muy rupturista, sino tomar en cuenta los cambios en la sociedad actual. El PC debe volver a su realismo práctico.

CONSUMIDORES UNIDOS

-Usted instaló la crítica al consumo dentro de la sociedad como ningún otro intelectual. ¿Han madurado los consumidores desde que publicó "El consumo me consume"?

-El sistema neoliberal genera condiciones para que el ciudadano se convierta en un consumidor excesivo y le proporciona artefactos y estrategias para realizar estos deseos de consumo. Sin embargo, estas sociedades deberían suscitar consumidores que tomen conciencia de organizarse para enfrentar a las empresas y que las judicialicen en determinados momentos. Algunos lo han logrado a través de ligas de consumidores y algunos municipios, pero ha sido excepcional. Ha habido poca organización de consumidores.

-También plantea extenderlo a organización en materias jurídicas e incluso en la televisión pública.

-En Chile hay una televisión pública legal pero no existe como una que le dé la palabra al consumidor de entretención o información. Se les da esos roles a políticos profesionales que actúan por intereses de poder. Necesitamos una sociedad más reflexiva, hay que incentivar la discusión y no limitarse a ser consumidores consentidos que ganan y gastan su dinero.

-Digamos que el mal ejemplo viene desde la política.

-La izquierda debe tener programas de democratización acelerada de la institucionalidad. Hoy no es la nacionalización de los medios de producción el tema sino una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones.

-Movimientos como la "revolución pingüina" son un síntoma de eso.

-Sí. Aparecieron nuevos actores, pero recordemos que en los peores momentos del período de Allende también aparecieron nuevos actores: los transportistas. Lo interesante es que los estudiantes fueron capaces de reponer movilizaciones masivas, pero más lo es que volvieron al silencio. Deberían volver a aparecer porque se necesita una reforma profunda de la educación y sería bueno que en Chile aparecieran constantemente movimientos de demanda. Cuando los movimientos son escuchados es difícil que explote la situación social, porque se dan señales y obliga a las elites políticas a generar gobernabilidad. Lo peor es el silencio, ése que de repente se rompe con cañonazos.

¿Lucha de clases? ¿O conflicto social?

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EVO7 Aprile. Italia, 2008.

Traducción al castellano de Metiendo Bulla.

Sigue la polémica entre Walter Veltroni y Fausto Bertinotti: el primero niega la existencia del concepto marxista; el segundo lo considera central en la sociedad de hoy. Aprileonlinez ha recogido las opiniones de un iuslaboralista (Andrea Lassandri), un filósofo político (Giacomo Marramao), un economista (Paolo Leon) y un sindicalista (Paolo Nerozzi) que está en puertas de entrar en el Parlamento italiano.

Los motivos de esta confrontación, en el transcurso de la campaña electoral, entre el Partido Democrático y Sinistra Arcobaleno, se refieren al concepto de lucha de clases. Veltroni lo rechaza tajantemente; Bertinotti responde con mala cara. Hace unas semanas se publicó una viñeta de Altan donde uno de los protagonistas niega la existencia de la lucha de clases, el otro le responde: "Cuentáselo a los patronos". Nuestros entrevistados de hoy responden. Más allá de los matices, coinciden en una idea: la constatación de un inevitable conflicto, que es estructural en nuestras sociedades, entre los trabajadores y los empresarios.

El profesor de Derecho del Trabajo Andrea Lassandri subraya la evolución de las relaciones laborales: "No sé si se puede hablar de `lucha de clases´, que reclama conceptos revolucionarios. Pero si podemos decir que hay intereses diferentes entre las dos partes en litigio. Esto vale hoy, tal vez, más que en otros momentos históricos, dadas las tendencias que ha introducido la globalización". Y añade: "Entre la lucha de clases y el pacto entre productores, hablaré de intereses divergentes entre trabajadores y empresarios; en eso se basa fundamentalmente todo el Derecho del Trabajo". Con relación a los otoños calientes de los años sesenta y setenta, algo ha cambiado. "Ha cambiado la fuerza del sindicato, que entonces era mayor Ahora nos encontramos en un momento histórico muy diferente. En aquellos años había una ocupación muy significativa; cuando hay pleno empleo la fuerza del sindicato, por lo general, es fuerte, mientras que en caso contrario el sindicato es débil. Con respecto a entonces, hoy -en el estadio de la globalización- las empresas tienen la posibilidad de desplazar los capitales mientras que el sindicalismo de los trabajadores permanece confinado en el territorio nacional. Esta es la diferencia fundamental que incide en las relaciones de fuerza."

Para Paolo Nerozzi, ex secretario confederal de la CGIL y candidato al Senado en las listas del Partido Democrático, en los últimos años se han producido cambios radicales. "Ya no existe, como entonces un lugar como lo era la fábrica fordista, donde se reconocía la mayoría del trabajo. Ha cambiado la estructura del mundo del trabajo: la disgregación ha creado nuevos sujetos, principalmente el trabajo precario. La fragmentación del trabajo -con la ausencia de un lugar donde se construye la identidad– ha hecho emerger la necesidad de disponer de instrumentos contractuales para recomponer el ciclo". [Por eso] "estas novedades, evidentemente, no se encuentran en el concepto de lucha de clases, típico del siglo XX. Sin embargo, permanece un conflicto entre capital y trabajo en torno a la distribución de los recursos."

El filósofo político Giacomo Marramao piensa que la globalización ha introducido cambios de época que representan nuevos desafíos a la "clase inferior": "el verdadero problema es superar la fractura que se ha creado, en los últimos años, entre la dimensión material y la simbólica, entre el aspecto objetivo y el subjetivo de la condición de clase".

Sigue Marramao: "No siempre los sujetos que, materialmente, pertenecen a la misma condición de clase se perciben como relacionados en el mismo destino. La nueva espacialidad global produce una especie de doble movimiento. De una parte, el capital se concentra; de otra parte, las funciones productivas se desarticulan territorialmente. Lo que impide a la condición de clase disponer de una consciencia de clase." La evolución es neta: "Estamos en las antípodas de la gran empresa, de masas y fordista. Ya no existe el obrero-masa, ni la clase se encuentra en un único espacio. La clase se `reparte´ en segmentos espaciales muy distantes entre ellos. La dificultad, pues, está también en repensar la lucha de clases en una perspectiva global dado que, hasta ahora, sólo se ha limitado a los estados nacionales."

Según Paolo Leon, profesor de Economía en la Universidad Roma Tre, estamos en un momento de transición. "No hay lucha de clases, pero existen las clases que se han reestratificado sin concretar los conflictos como aquellos, los tradicionales. Hay una división muy clara entre los dos tercios de la población más ricos y el tercio más pobre, y en el interior de los dos tercios más ricos hay una diferencia muy amplia entre propietarios y menos propietarios. Las características de la antigua lucha de clases han cambiado, pero bajo la apariencia de una relativa paz social se está construyendo una división y una fragmentación social muy potente".

lainsignia.org

La dominación tecno-burocrática, o la dominación “sin ideología”…

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BRADE-RUNNER1 El reinado de la tecnocracia hace impracticables e inútiles todas las ideologías. Para transformar la sociedad queda el recurso de la movilización renovada de los colectivos de base como reacción a la opresión

JOSÉ VIDAL-BENEYTO 10/04/2009

En el artículo de la Cuarta Página que publiqué en marzo sobre la democracia-marketing insistía en el abandono de los atributos propiamente políticos por parte de la nueva democracia. En primer lugar, los actores, con la sustitución de los partidos y los militantes por los colectivos de apoyo electoral y los grupos en favor de campañas sociales concretas; y por otra parte, la renuncia a toda doctrina y formación ideológica, suplantadas por nuevos dispositivos técnico-funcionales.

Esta cancelación del espacio ideológico llevó a pensar que se trataba de una reedición del tema del fin de las ideologías, que había emergido a finales de los años cincuenta en el mundo de las ciencias sociales y del análisis político y que desde entonces ha acompañado todos los intentos de conservadurismo político y social.

En su momento inicial, sin duda el más brillante, sus principales protagonistas fueron, ya en 1955, Edward Shils (The end of ideology?), Lewis Feuer(Beyond ideology) y Raymond Aron (L’opium des intellectuels), seguidos en 1960 por S. Martin Lipset (The end of ideology?, Daniel Bell (The end of ideology in the West); Dennis H. Wrong(Reflections on the end of ideology; C. Wright Mills (Letter to the New Left) y un largo etcétera hasta finales de la década, recogidos y comentados en el Reader the end of ideology debate, de Chaim I. Wayman. En Francia y en España, Jean Meynaud es el más prestigioso difusor de esta problemática, en particular en sus libros Le destin des idéologies y Technocratie et politique.

La generalización y el vigor de la tesis, en el mundo académico y en el político, tuvo mucho que ver con la aparición, en los países occidentales, del tema de la sociedad opulenta y del amplio bienestar generalizado que, según sus promotores, conllevaba una situación, real o mitificada, que supuso un cierto apaciguamiento de los antagonismos sociales y una pérdida de pugnacidad de las opciones políticas de izquierda, en particular del comunismo y del socialismo. El progreso, predicaban, no podía venir de una transformación impuesta por la fuerza desde fuera de la sociedad, sino de los factores de cambio que en ella existían, de su propia evolución, estimulada por el desarrollo económico y las innovaciones tecnológicas. No se trata, por tanto, de excluir a lo ideológico de la esfera pública, sino tan sólo de sustituir las referencias relativas al combate político por la tesis del apaciguamiento político y de la eficacia económica, la llamada ideología tecnocrática, que se convierte durante 40 años en la única oferta ideológica capaz de imponerse.

Esta situación no podía escapar a la sagacidad de la sociología crítica, y así, en 1976, en el número 7 de la revista Actes de la Recherche en Sciences Sociales, vehículo del que se servía el entonces joven grupo de Pierre Bourdieu para dar a conocer sus trabajos, aparece, con el título de La producción de la ideología dominante, un largo artículo de más de 70 páginas, obra del grupo en su conjunto, pero cuyos dos principales autores fueron el mismo Bourdieu y su más próximo colaborador, Luc Boltanski. El texto y los numerosos materiales que lo componen son una carga en profundidad contra el orden establecido y una impugnación frontal y, en buena medida, provocativa contra los usos y los modos de las ciencias sociales en la Universidad y más ampliamente en la academia.

Frente a la interpretación convencional que retoma el fin de las ideologías y en la que sus contenidos desaparecen/se cancelan por cansancio o por indiferencia, lo que sucede hoy es que los marcos conceptuales que les son propios y que rigen sus conductas y acciones ya no tienen ninguna razón de ser, porque las decisiones que se toman, no dependen en modo alguno de sus estructuras ideatorias, sino de un conjunto de micromedidas, de dispositivos menores, de prácticas de detalle, que no responden a ningún imperativo global dictado desde arriba, sino a una incitación particular y difusa, movilizada sólo por las exigencias de funcionamiento cotidiano del sistema. Este hermetismo al universo de las ideas, esta inaccesibilidad al ejercicio de pensar, hacen que las concepciones del mundo sean ininteligibles, que simplemente no quepan, lo que convierte en radicalmente impracticable, además de inútil, toda ideología.

Ahora bien, los individuos y los colectivos no pueden vivir sin dotarse de motivos y de razones sobre lo que hacen y por qué y para qué lo hacen, por lo que, carentes de cualquier marco inspirado en las grandes explicaciones discursivas, tienen que recurrir a su historia privada, al patrimonio de anécdotas y de experiencias que dan sentido a su experiencia personal, a la trama de sus vidas, con sus triunfos y sus fracasos, sus tristezas y sus alegrías.

Desde esta consideración podemos entender mejor el éxito del story telling, la necesidad de los humanos, sobre todo cuando falta la racionalidad del pensamiento, de contarnos, de que nos cuenten historias. Así se explica mejor el absoluto primado de lo literario, la vigencia de lo narrativo en la sociedad actual y la dramática miseria del pensamiento. Hoy la vía más segura para el triunfo intelectual es escribir novelas policiacas con elementos people. Las universidades nórdicas lo están introduciendo en sus curricula, y la glorificación de las intimidades más húmedas viene acompañada por los referentes dominantes de nuestra contemporaneidad: el familismo, la juvenilidad, el egotismo sin límites.

Todo ello presidido por el economicismo empresarial, enseñado en las business schools,con su invocación constante a la racionalización de los medios, a la eficacia, a la innovación, pero sobre todo a la productividad, a la excelencia, al siempre más y mejor. Frente a la doctrina de la igualdad, aquí se predica a los mejores que sean aún mejores, superiores, más excelentes, que entren en la cultura de los campeones. Estamos en las antípodas del Mayo del 68 y de su voluntad de luchar contra la desigualdad, de privilegiar a los trabajadores, a los emigrantes, a los marginales, de no dejarse devorar por la incorporación al proceso productivo y al ascenso en la escala social. La desigualdad es una realidad natural, predican, que hay que aceptar y construir a partir de ella, valiéndose cada cual por sí mismo. Lo demás es huida de lo real, simple escapismo.

Este sálvese quien pueda provoca una permanente multiplicidad de microseísmos sociales, que maximizan las diferencias y las distancias entre unos y otros y producen un unánime antagonismo de todos contra todos. Sin principios ni valores comunes, la irreparable fragmentación resultante no tiene más tratamiento colectivo que el autoritarismo coactivo ni más práctica individual que la trampa y la marrullería. Para qué pensar si mandamos y engañamos. Lo que hace de nuestra vida colectiva un paisaje amenazado y tedioso en el que el hastío de lo público es incapaz de salir de su ensimismamiento poltrón y aprovechado y la mitificación de nuestros pequeños egos nos confina en la insignificancia de nuestras mismidades. Para todo ello, el único remedio de los que nos mandan es enseñarnos el palo, exhibir las catástrofes que nos amenazan. Con ello, la inseguridad y la violencia se convierten en nuestro destino inescapable, que nos condena a vivir en un aburrimiento átono y abotagado, pero sobre el que sabemos que pende la inminencia del desastre.

Claro que frente a la incuria de nuestros líderes y gestores, frente a la ineptitud de un poder en todas sus versiones -personal político, clase dominante, estructuras gubernativas- incompetente e incapaz, que sólo sabe recurrir a ritos y ceremonias y que pervive a golpe de anuncios incumplidos -después del último G-20 vendrán otros y otros-, sólo tenemos un recurso: la extraordinaria pujanza de los movimientos sociales, de los colectivos sociales de base. En todos los países, a todos los niveles, surgen y persisten como reacción a situaciones de opresión y de expoliación insoportables, como soportes y acompañantes de iniciativas que apuntan a la transformación de la sociedad.

José Vidal-Beneyto es director del Colegio Miguel Servet de París y presidente de la Fundación Amela.

El País.com

México: movimiento estudiantil, el paso de un sistema a otro (1968 a 1988)…

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EST-MEX2 El movimiento estudiantil mexicano de 1968 guarda algunas semejanzas con las movilizaciones universitarias que ocurrieron ese mismo año en otros países, en particular en cuanto a orígenes inmediatos y protagonistas. Al igual que en otros casos, la explosión demográfica de las instituciones de educación superior de los años sesenta había generado serios problemas de recursos humanos y materiales. En México también los actores centrales de la crisis eran hijos de las clases medias, que mucho se habían beneficiado del crecimiento económico de la posguerra. Asimismo, el movimiento estudiantil mexicano fue en un sentido amplio una protesta contra la autoridad y la disciplina tradicionales, y, dentro de una perspectiva más estrecha, ha podido interpretarse como un conflicto generacional.

Sin embargo, las semejanzas entre las diferentes movilizaciones estudiantiles de la segunda mitad de los años sesenta sólo pueden establecerse en un plano muy general. El alcance de la crisis mexicana fue mucho más profundo que en otros casos, en términos de la estructura política y de su evolución ulterior. La magnitud de su impacto se explica por las formas específicas de organización del poder, antes que por el nivel de desarrollo económico o por la fisonomía particular de la estructura social. En un régimen democrático, un desafío a la autoridad análogo al que lanzaron los universitarios mexicanos en 1968 quizá pusiera en tela de juicio ciertas prácticas políticas, pero no los fundamentos mismos del régimen, como ocurrió aquí.

En 1968 los estudiantes mexicanos desnudaron con tanta eficacia y casi naturalidad el autoritarismo, hasta entonces revestido de crecimiento económico y de conformismo, que su movilización fue un primer paso hacia el desmantelamiento de uno de los aspectos centrales de este régimen: la no participación. Cuando la apatía y la despolitización sustentan la autoridad, como había sido el caso en México en las tres décadas anteriores, las demandas de participación efectiva ponen en juego el equilibrio político, el cual se verá profundamente alterado en caso de que tales demandas sean satisfechas. Esto es, desde los años cuarenta y como efecto de las luchas del periodo anterior, la participación política había sido considerada fuente de inestabilidad, y la necesidad de superar tal inestabilidad fue una de las justificaciones centrales de las políticas de desmovilización –la educación y el control sindical y partidista, por ejemplo–; en cambio, a partir de 1968 fue abriéndose paso la idea de que la no participación era tanto o más desestabilizadora que su opuesto. En la década de los sesenta, el sistema político mexicano todavía era considerado un éxito. Desde 1940 había logrado mantener una tasa media anual de crecimiento económico de 6 por ciento, en un marco de estabilidad que combinaba formas democráticas y prácticas autoritarias, con el apoyo de un consenso modernizador que hacía las veces de opinión pública. La constitución vigente establecía un régimen democrático, pluralista y representativo en el marco de una república federal. No obstante, estas definiciones formales resultaban extrañas a una realidad dominada por la centralización del poder y el corporativismo. Tanto así, que pese a los ordenamientos constitucionales, el régimen político mexicano se ajustaba más al modelo autoritario de pluralismo limitado y no participación propuesto por Juan J. Linz para el análisis de la España franquista, que al de las democracias occidentales que habían sido la referencia inicial del régimen.

Frente a otros regímenes autoritarios, el mexicano tenía la ventaja de contar con orígenes revolucionarios que le permitían reclamar una legitimidad democrática sustentada en la representatividad popular del Estado, antes que en elecciones libres. Pese a que desde el fin de la etapa armada de la Revolución, esto es, principio de los años veinte, la renova- ción de poderes en todos los niveles transcurría periódica y regularmente, el sentido de la participación electoral era, en primer lugar, el de un refrendo a decisiones tomadas de antemano. Aunque la elite política nunca adoptó la doctrina de partido único, el número de grupos que competía por el poder era limitado, pues se concentraba en un partido oficial que era también instrumento del Estado.

Este desequilibrio real no era resultado de un pacto oligárquico, sino que estaba fundado en la alianza histórica entre líderes de clase media y grupos de campesinos y obreros que habían sido el corazón de la Revolución de 1910. Posteriormente, este acuerdo se convirtió en una de las piedras angulares del autoritarismo, pues el compromiso con los intereses populares justificó la construcción de una estructura política centralizada como condición necesaria para lograr la modernización económica y la democracia. Los pilares de esa estructura eran corporaciones de diferente tipo: las estatales que organizaban fundamentalmente a obreros y campesinos, y las que habían sido creadas con independencia del Estado, o habían logrado mantener cierto grado de autonomía para defender intereses particulares, como la Iglesia católica o la Universidad Nacional.

Aquí lo que interesa destacar es que, al igual que el autoritarismo plebiscitario que se desarrolló en Europa occidental, durante la industrialización de la segunda mitad del siglo XIX el autoritarismo mexicano del periodo de crecimiento económico de la posguerra se justificaba como etapa transitoria de una evolución ascendente hacia la modernidad, que hubiera podido verse obstaculizada por una participación política libre y plural. Los riesgos de inestabilidad derivados de posibles conflictos y fragmentaciones producto de la competencia por el poder eran excusa suficiente para que la despolitización se instalara como rasgo característico de la sociedad mexicana en esa época. Así, la función de las elecciones no era expresar la complejidad política de la sociedad, ni siquiera sus preferencias ideológicas, sino renovar simbólicamente el compromiso de largo plazo del sistema con la democracia.

Normalmente, los procesos electorales se desarrollaban en medio de una relativa indiferencia y los candidatos del partido oficial podían contar con márgenes desahogados de triunfo. Más todavía, a pesar de que las cifras históricas de participación arrojaban tasas de abstencionismo que oscilaban entre 35 y 25 por ciento, los sucesos electorales de los años ochenta apoyaron la hipótesis de que la participación era menor de lo que registraban las cifras oficiales, pero que tendió a aumentar, aunque en la elección presidencial de 1988 se abstuvo de votar alrededor del 50 por ciento de la población empadronada. Según un agudo observador, Rafael Segovia, la diferencia se explicaría por una mejora en el cómputo y vigilancia de los votos, es decir, por la disminución relativa del fraude. El abstencionismo más o menos generalizado reflejaba las limitaciones de una sociedad con bajos niveles de escolaridad, pero era también la respuesta natural a la imposibilidad real de que triunfara algún partido o grupo no gubernamental, a la debilidad de un sistema de partidos en desequilibrio permanente entre el poderoso partido oficial y una oposición enclenque, y a la no representatividad e ineficacia de las cámaras legislativas.

Contrariamente a lo que hubieran podido imaginar las autoridades políticas en 1968, el movimiento estudiantil y la represión de que fue víctima, en lugar de fortalecer la apatía y actitudes negativas hacia la participación, familiarizaron a amplios sectores de la población, en particular en el seno de las clases medias, con el lenguaje democrático –como ocurrió en España antes de la transición–, y también los alertaron con respecto a los costos posibles de la arbitrariedad gubernamental. Es probable que la violencia que ejerció el gobierno del presidente Díaz Ordaz contra los estudiantes haya sido repugnante a otros grupos sociales que, aun cuando hubieran aceptado la gravedad del conflicto y la urgencia de la solución como efecto colateral, también hayan reconocido la necesidad de poner límites a la autoridad. Así, los acontecimientos de 1968 habrían relegitimado la práctica de la participación política independiente no sólo porque confrontaron a la autoridad con su propio discurso democrático, sino porque revelaron la vulnerabilidad de todos los grupos sociales frente al poder.

Aunque este fenómeno no condujo de inmediato a un aumento de la participación electoral, modificó valores y comportamientos sociales, y este cambio no se resolvió en una mera rebelión cultural, sino que a mediano plazo propició un reordenamiento de las alianzas del Estado y de ahí la alteración del sistema político. En la medida en que la participación y la organización independientes fueron reconocidos como valores compatibles con la estabilidad, e incluso necesarios para su mantenimiento o superiores a ella, las clases medias –los grupos que históricamente han mostrado mayor capacidad para defender su participación, ya sea en la política o en la economía– se desplazaron de la posición esencialmente pasiva de grupos de referencia social que ocupaban desde los años cuarenta hacia la de auténticos interlocutores del poder.

Desde una perspectiva histórica de largo plazo, el movimiento estudiantil acarreó la rebelión postergada de clases medias que habían sido marginadas del pacto político autoritario de los años veinte y treinta, pero que entonces pudieron volver por sus fueros, gracias al fortalecimiento que habían derivado de la expansión económica. La crisis de 1968 no precipitó ningún cambio institucional de fondo, pero este corrimiento político de los diferentes grupos sociales, consagrado por algunas de las políticas reformistas del presidente Luis Echeverría, repercutió sobre el equilibrio original porque se produjo a expensas de la influencia y los intereses de obreros y campesinos. Cuando la elite política relegó éstos a la satisfacción de las demandas de las clases medias, provocó un desprendimiento de las clases sociales que hasta entonces habían sido, por tradición, sustento central de autoritarismo. Al hacerlo, el grupo en el poder buscó la imposible sustitución de unos grupos por otros, ya que por esta vía las clases medias accedieron al poder político y lo conquistaron, pero no se comprometieron con sus formas establecidas de organización.

No obstante la relación entre este cambio y la crisis de 1968, también puede pensarse que el predominio político de las clases medias, característico de los años setenta y ochenta, fue el resultado de procesos sociales más profundos, asociados con el notable crecimiento de los años anteriores que había acarreado también una mayor complejidad social y la formación de grupos de opinión dispuestos a defender la autonomía de la sociedad a través de la participación.

Tradicionalmente, el Estado había sido la referencia central para la articulación de una sociedad atravesada por diversidades y desigualdades, de manera que el éxito de cualquier movimiento político dependía de su vínculo con el Estado, que era la única comunidad política válida. El carácter excepcional de la movilización de 1968 residió en su capacidad para definir una identidad propia en oposición al Estado, y hacer de ello la base de una coherencia interna breve, pero mayor que la de grupos que se ostentaban como partidos independientes. Desde ahí, el movimiento estudiantil fue la proyección del cambio esencial que se había producido con el desarrollo de los años anteriores, y que consistía en la reversión de los términos de la relación entre el poder y la sociedad, pues a partir de entonces el régimen político que antes había dictado los perfiles de la sociedad pasaría a ser un reflejo de esa sociedad que había construido, y estaría expuesto a sus desequilibrios.

La mayor autonomía de la sociedad, fruto del desarrollo económico, fue fijando límites a la soberanía interna del Estado. Este fenómeno se profundizó con el reformismo del periodo siguiente, pero sus consecuencias fueron contradictorias en cuanto al objetivo general de la democracia, porque si en el plano político este cambio significó la ampliación paulatina de vías de participación alternativas a las oficiales, en el social la consecuencia fue, paradójicamente, el agravamiento de la desigualdad inscrita en el modelo de desarrollo.

* Fragmento del libro Entre lo posible y lo probable. La experiencia de la transición en México, publicado por Grupo Planeta