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N. Chomsky: Libia y las crisis que se avecinan…

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Entrevista a Noam Chomsky

Stephen Shalom y Michael Albert, Znet

Traducción: S. Seguí

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1. ¿Cuáles son las razones que mueven a EE.UU. en las relaciones internacionales, en el sentido más amplio? Es decir, ¿cuáles son las razones dominantes y los temas que se pueden detectar casi siempre en las opciones de las políticas de EE.UU., en cualquier lugar del mundo? ¿Cuáles son las razones más concretas, aunque también dominantes, y los temas de las políticas de EE.UU. en Oriente Próximo y el mundo árabe? Y, por último, ¿cuáles cree usted que son los objetivos más inmediatos de la política de EE.UU. en la situación actual en Libia?

Una manera útil de abordar la cuestión es preguntarse cuáles NO son las razones de EE.UU. Podemos averiguarlas de diferentes maneras. Una de ellas es leer la literatura profesional sobre relaciones internacionales: con bastante frecuencia, su relato de la política es lo que la política no es, un tema interesante que no voy a desarrollar aquí.

Otro método, muy relevante en este caso, es escuchar a los líderes y comentaristas políticos. Supongamos que se dice que las razones de la acción militar han sido humanitarias. En sí misma, esta afirmación no contiene información: prácticamente todos los recursos a la fuerza se justifican en esos términos, incluso lo hacen los peores monstruos, que pueden, con total irrelevancia, llegar a convencerse de la verdad de lo que están diciendo. Hitler, por ejemplo, pudo creer que se estaba apoderando de partes de Checoslovaquia para poner fin a los conflictos étnicos y llevar a su pueblo los beneficios de una civilización avanzada, y pudo creer también que su invasión de Polonia iba a poner fin al “terror salvaje” de los polacos. Los fascistas japoneses que arrasaron China probablemente creían que estaban su desinteresada iniciativa iba a para crear un “paraíso terrenal” y proteger a la doliente población de los “bandidos chinos”. Incluso Obama puede haber creído lo que dijo en su discurso presidencial el 28 de marzo sobre las razones humanitarias para su intervención en Libia. Y otro tanto puede decirse de los comentaristas.

Se las puede someter, sin embargo, a una prueba muy simple, para determinar si las nobles intenciones pueden ser tomadas en serio: ¿llaman los autores a la intervención humanitaria y la “responsabilidad de proteger” a las víctimas de sus propios crímenes o a las de sus clientes? Tomemos, por ejemplo, a Obama: ¿convocó a una zona de exclusión aérea durante la asesina y destructora invasión israelí, respaldada por Estados Unidos, de Líbano, en 2006, sin ningún pretexto creíble? ¿Acaso, no explicó con orgullo durante su campaña presidencial que él había patrocinado una resolución del Senado de apoyo a la invasión, en la que se pedía el castigo de Irán y Siria por impedirla? Fin de la discusión. De hecho, prácticamente toda la literatura de la intervención humanitaria y el derecho a proteger, escrita o hablada, desaparece tras esta prueba sencilla y adecuada.

Por el contrario, de las razones REALES poco se habla, y uno tiene que escudriñar los archivos documentales e históricos para descubrirlas, sea el Estado que sea.

¿Cuáles son entonces las razones de EE.UU.? A un nivel muy general, la evidencia me parece que demuestra que no han cambiado mucho desde los estudios de planificación de alto nivel iniciados durante la Segunda Guerra Mundial. Los planificadores en tiempo de guerra daban por sentado que EE.UU. saldría de la guerra en una posición de dominio abrumador, e instaron al establecimiento de una Gran Zona en la que EE.UU. mantuviera un “poder incuestionable” con “supremacía militar y económica”, que garantizase al mismo tiempo la “limitación de cualquier ejercicio de la soberanía” por parte de otros Estados, que pudiera interferir con sus designios globales. La Gran Zona debía incluir el Hemisferio Occidental, el Lejano Oriente, el Imperio británico (que incluía las reservas de energía de Oriente Próximo) y la parte de Eurasia que fuera sea posible, al menos su centro industrial y comercial en el Oeste del continente europeo. Está muy claro, basándose en registros documentales que “el presidente Roosevelt tenía por objetivo la hegemonía de Estados Unidos en el mundo de la posguerra”, para citar la precisa valoración del respetable historiador británico Geoffrey Warner. Y, más importante, los minuciosos planes de tiempo de guerra se llevaron a la práctica poco después, como podemos leer en los documentos desclasificados de los años siguientes, y como podemos observar en la práctica. Las circunstancias han cambiado, por supuesto, y las tácticas se han ajustado en consecuencia, pero los principios básicos son bastante estables, hasta el presente.

Con respecto a Oriente Próximo –la “región de mayor importancia estratégica del mundo”, en palabras del presidente Eisenhower– la principal preocupación ha sido y sigue siendo sus incomparables reservas energéticas. El control de éstas daría el “control sustancial del mundo”, como vio muy pronto el influyente asesor liberal A.A. Berle. Estas preocupaciones suelen ocupar un lugar prominente en los asuntos relativos a esta región.

En Iraq, por ejemplo, cuando las dimensiones de la derrota de Estados Unidos. ya no podían ocultarse, la retórica fue desplazada por un honesto anuncio de los objetivos de la política. En noviembre de 2007, la Casa Blanca emitió una declaración de principios en la que insistía en que Iraq debía conceder a las fuerzas militares de EE.UU. el acceso por tiempo indefinido, y también en que se debía dar preferencia a los inversores estadounidenses. Dos meses más tarde, el presidente informó al Congreso que iba a pasar por alto cualquier legislación que pudiera limitar el estacionamiento permanente de las fuerzas armadas de EE.UU. en Iraq o “el control por parte de Estados Unidos de los recursos petrolíferos de Iraq”, exigencias que abandonó poco después ante la resistencia iraquí, al igual que tuvo que abandonar los objetivos anteriores.

Si bien el control del petróleo no es el único factor en la política de Oriente Próximo, ofrece en cambio algunas directrices bastante acertadas, antes como ahora. En un país rico en petróleo, a un dictador de confianza se le garantiza una libertad de acción casi total. En las últimas semanas, por ejemplo, no ha habido reacción alguna cuando la dictadura de Arabia Saudí utilizó la fuerza masiva para aplastar cualquier signo de protesta. Otro tanto en Kuwait, donde unas pequeñas manifestaciones fueron aplastadas al instante. Y en Bahrein, cuando las fuerzas armadas dirigidas por Arabia Saudí intervinieron para proteger al monarca de la minoría sunita de las demandas de reformas por parte de la población chií reprimida. Las fuerzas gubernamentales no solo desmantelaron el campamento de la Plaza de la Perla –la Plaza Tahrir de Bahrein– sino que llegaron a demoler la estatua de la Perla que es el símbolo de Bahrein y de la que se habían apropiado los manifestantes. Bahrein es un caso particularmente sensible, ya que alberga la Sexta Flota de EE.UU. la fuerza militar más poderosa, con mucho, de la región, y también porque el Este de Arabia Saudita, en la puerta de al lado, es también en gran parte chií y tiene las mayores reservas petroleras del reino. Por un curioso accidente de la geografía y la historia, la mayor concentración de hidrocarburos del mundo rodea la parte norte del Golfo, en regiones de mayoría chií. La posibilidad de una alianza tácita chií ha sido la pesadilla de los planificadores desde hace mucho tiempo.

En los estados que carecen de grandes reservas de hidrocarburos, las tácticas varían, aunque por lo general se ajustan siempre al mismo esquema estándar cuando uno de nuestros dictadores tiene problemas: apoyarlo el mayor tiempo posible y, cuando resulta imposible, hacer pública declaración de amor a la democracia y los derechos humanos, tratando a la vez de salvar la mayor parte del régimen que sea posible.

El escenario es aburridamente familiar: Marcos, Duvalier, Chun, Ceasescu, Mobutu, Suharto y muchos otros. Y hoy, Túnez y Egipto. Siria es un hueso duro de roer y no hay una alternativa clara a la dictadura que apoye los objetivos de EE.UU. Yemen es un cenagal en el que la intervención directa probablemente crearía problemas aún mayores a Washington. Así que ahí la violencia estatal sólo produce declaraciones piadosas.

Libia es un caso diferente. Libia es rica en petróleo, y aunque EE.UU. y el Reino Unido han proporcionado con frecuencia un apoyo notable a su cruel dictador, hasta ahora, éste no es de confianza. Preferirían un cliente más obediente. Además, el vasto territorio de Libia está poco explorado, y los especialistas de la industria petrolera creen que puede haber abundantes recursos petrolíferos sin explotar, que un gobierno más previsible podría abrir a la explotación occidental.

Cuando comenzó un levantamiento no violento, Gadafi lo aplastó violentamente y estalló una rebelión que liberó Bengazi, la segunda ciudad más grande del país, y parecía a punto de asediar la fortaleza de Gadafi en el Oeste. Sus fuerzas, sin embargo, cambiaron el curso del conflicto y llegaron a las puertas de Bengazi. Una masacre era probable, y como el asesor de Obama para Oriente Próximo, Dennis Ross, señaló “todo el mundo nos culparía por ello.” Eso sería inaceptable, al igual que una victoria militar que potenciase el poder y la independencia de Gadafi. Ante esta tesitura, EE.UU. se unió a las Naciones Unidas en la resolución 1973, que establece una zona de exclusión aérea a cargo de Francia, el Reino Unido, y EE.UU., en la que este país podría tener un papel secundario.

No se hizo ningún esfuerzo para limitar la acción a la creación de una zona de exclusión aérea o siquiera a mantenerse en el mandato más amplio de la resolución 1973.

El triunvirato interpretó inmediatamente la resolución como una autorización para su participación directa del lado de los rebeldes. Se impuso por la fuerza un alto el fuego a las fuerzas de Gadafi, pero no a los rebeldes. Por el contrario, se les dio apoyo militar a medida que avanzaban hacia el Oeste, y enseguida se hicieron con las principales fuentes de producción de petróleo de Libia, y estuvieron listos para seguir adelante.

El flagrante desprecio de la resolución 1973 de las Naciones Unidas pronto comenzó a causarle dificultades a la prensa, ya que era demasiado grave ignorarlo. En el New York Times, por ejemplo, Karim Fahim y David Kirkpatrick (el 29 de marzo) se preguntaban “cómo podrían justificar los aliados sus ataques aéreos contra las fuerzas del coronel Gadafi en torno a [su centro tribal de] Sirte si, como parece ser el caso, goza de amplio apoyo en la ciudad y no representa una amenaza para los civiles.” Otra dificultad técnica es que la resolución 1973 del Consejo de Seguridad exige un embargo de armas que se aplique a todo el territorio de Libia, lo que significa que cualquier aporte externo de armas a la oposición tendría que ser encubierto (pero, de otro modo, no problemático).

Hay quien argumenta que el petróleo no puede ser una razón, porque las compañías occidentales ya disfrutaban de acceso al botín bajo Gadafi. Este razonamiento ignora las preocupaciones de EE.UU. Lo mismo podría haberse dicho de Iraq bajo Saddam, o de Irán o Cuba durante muchos años, y aún hoy en día. Lo que Washington pretende es lo que Bush anunció: control o, por lo menos, clientes de confianza. Documentos internos estadounidenses y británicos subrayan que “el virus del nacionalismo” es su mayor temor, no sólo en el Oriente Próximo sino en todas partes. Regímenes nacionalistas que pudieran llevar a cabo ilegítimos ejercicios de soberanía, violando los principios de la Gran Zona. Y que pudieran tratar de dirigir los recursos a cubrir las necesidades populares, como Nasser amenazaba ocasionalmente con hacer.

Vale la pena señalar que las tres potencias imperialistas tradicionales –Francia, Reino Unido, EE.UU. – están casi aisladas en la realización de estas operaciones. Los dos principales estados de la región, Turquía y Egipto, probablemente podrían haber impuesto una zona de exclusión aérea, pero sólo ofrecen un tibio apoyo a la campaña militar del triunvirato. Las dictaduras del Golfo estarían felices de ver desaparecer al errático dictador libio, pero a pesar de estar sobrecargadas de hardware militar de último modelo (servido generosamente por EE.UU. y Reino Unido para reciclar los petrodólares y asegurar su obediencia), sólo se atreven a ofrecer una participación simbólica (Qatar.)

Si bien apoyan la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU (UNSC), los países africanos –aparte de Ruanda, aliado de EE.UU.– se oponen en general a la forma en que aquélla ha sido interpretada, a toda prisa, por el triunvirato, y en algunos casos esta oposición es muy firme. Para conocer las políticas de cada uno de los estados africanos véase el artículo del keniata Charles Onyango-Obbo (http://allafrica.com/stories/201103280142.html).

Más allá de la región hay poco apoyo. Al igual que Rusia y China, Brasil se abstuvo de en la votación de la ONU de la resolución 1973, instando en cambio a un completo alto el fuego y al diálogo. India también se abstuvo en la resolución, basándose en que las medidas propuestas pueden “agravar una situación ya difícil para el pueblo de Libia”, y también pidió medidas políticas y no el uso de la fuerza. Incluso Alemania se abstuvo. Italia también se mostró reacio, en parte quizá porque es muy dependiente de los contratos petroleros con Gadafi. Además, podemos recordar el genocidio que llevó a cabo Italia en el este de Libia, la zona ahora liberada, tras la primera Guerra Mundial, del que tal vez conserven algunos recuerdos .

2. ¿Puede alguien contrario a las intervenciones, que además cree en la autodeterminación de las naciones y las personas, apoyar una intervención ya sea realizada por la ONU o individualmente por algunos países?

Hay dos casos a considerar: (1) una intervención autorizada por la ONU, y (2), una intervención sin autorización de la ONU. A menos que creamos que los Estados son sagrados en la forma que se han establecido en el mundo moderno (por lo general mediante una violencia extrema), y que están dotados de derechos que anulan todas las consideraciones imaginables, entonces la respuesta es la misma en ambos casos: sí, al menos en principio . Y no veo motivo para discutir esta creencia, por lo que la voy a dejar de lado.

En lo que respecta al primer caso, la Carta (de las Naciones Unidas) y las resoluciones posteriores otorgan al Consejo de Seguridad una considerable latitud para la intervención, y ésta se ha llevado a cabo, por ejemplo, en el caso de África del Sur. Esto, por supuesto, no implica que todas las decisiones del Consejo de Seguridad deban tener la aprobación de “alguien contrario a las intervenciones, que además cree en la autodeterminación de las naciones y las personas”; otras consideraciones entran en juego en casos específicos, pero, una vez más, a menos que otorguemos a los Estados contemporáneos un estatus de entidades prácticamente sagradas, el principio es el mismo.

En cuanto al segundo caso –el que se plantea con respecto a la interpretación que hace el triunvirato de la resolución 1973, junto a otros muchos ejemplos– la respuesta es otra vez afirmativa, al menos en principio, a menos que tomemos el sistema estatal global como algo inviolable en la forma establecida en la Carta de las Naciones Unidas y otros tratados.

Siempre hay, por supuesto, una carga de la prueba muy pesada que es preciso soportar para justificar la intervención por la fuerza, o cualquier otro uso de la fuerza. La carga es especialmente alta en la segunda hipótesis, en casos de violación de la Carta, al menos para los Estados que profesan el respeto de la ley. Debemos tener en cuenta, sin embargo, que la potencia hegemónica mundial rechaza esta postura, y se autoexcluye de las Cartas de las Naciones Unidas y de la OEA, junto a otros tratados internacionales. Al aceptar la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, cuando ésta se estableció (conforme a la iniciativa de EE.UU.) en 1946, Washington se excluyó de los cargos de violación de los tratados internacionales, y posteriormente ratificó el Convenio para la Prevención y la Represión del Genocidio, de 1948. con reservas similares. Todas ellas confirmadas por los tribunales internacionales, ya que su procedimientos requieren la aceptación de la jurisdicción. De manera más general, la práctica de EE.UU. es introducir reservas cruciales a los tratados internacionales que ratifica, eximiéndose en la práctica de los mismos.

¿Es soportable la carga de la prueba? No tiene mucho sentido discutir esto de manera abstracta, pero hay algunos casos reales que podrían ayudarnos. En el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, hay dos casos de recurso a la fuerza que, aunque no pueden considerarse como intervenciónes humanitarias, podrían ser legítimamente compatibles: la invasión por parte de India de Pakistán Oriental, en 1971, y la invasión vietnamita de Camboya, en diciembre de 1978; en ambos casos, para poner fin a atrocidades masivas. Estos ejemplos, sin embargo, no entran en el canon occidental de intervención humanitaria, ya que sufren de la falacia de la institución errónea: no los llevaron a cabo los occidentales. Es más, EE.UU. se opuso a ellos encarnizadamente, en el momento álgido de las atrocidades, y luego castigó severamente a los “malhechores” que terminaron con las matanzas de la actual Bangladesh y de la Camboya de Pol Pot. Vietnam no sólo fue duramente condenado, sino también castigado con una invasión china apoyada por Estados Unidos, y con el apoyo militar y diplomático británico-estadounidense a los jemeres rojos camboyanos en sus ataques desde sus bases de Tailandia.

Si bien la carga de la prueba se puede soportar en ambos casos, no es fácil pensar en otros. En el actual caso de intervención por el triunvirato de potencias imperiales que están violando en estos momentos la resolución 1973 de las Naciones Unidas de 1973, la carga es muy pesada, dado su horrible historial. Sin embargo, sería demasiado fuerte sostener que nunca se puede soportar, en principio. A menos, por supuesto, que consideramos los estados-nación en su forma actual como esencialmente sagrados. La prevención de una masacre probable en Bengazi no es poca cosa, con independencia de lo que uno piense sobre las razones.

3. ¿Puede una persona interesada en que los disidentes de un país no sean masacrados en su búsqueda de la autodeterminación, oponerse legítimamente a una intervención que tiene por objeto, sean cuales sean sus razones, evitar una masacre?

Aun aceptando, por pura hipótesis, que la intención es genuina, que cumple el criterio simple que he mencionado al principio, no veo cómo responder a este nivel de abstracción: depende de las circunstancias. Podríamos oponernos a la intervención podría oponerse, por ejemplo, si ésta es probable que conduzca a una masacre mucho peor. Supongamos, por ejemplo, que los líderes de EE.UU., real y honestamente, hubieran tenido la intención de evitar una masacre en Hungría en 1956 y hubieran bombardeado Moscú. O que el Kremlin, genuina y honestamente, hubiera tenido la intención de evitar una masacre en El Salvador, en la década de 1980, mediante el bombardeo de EE.UU. Teniendo en cuenta las consecuencias previsibles, todos estaríamos de acuerdo en que esas acciones –inconcebibles– podría ser legítimamente contestadas.

4. Muchos ven una analogía entre la intervención en Kosovo, de 1999, y la actual intervención en Libia. ¿Puede explicar las principales similitudes, en primer lugar, y también las principales diferencias, en segundo lugar?

De hecho, muchas personas perciben esta analogía, lo que es un homenaje al increíble poder de los sistemas de propaganda occidentales. Da la casualidad de que contamos con excelente documentación de los antecedentes de la intervención en Kosovo, que incluye dos detalladas recopilaciones del Departamento de Estado, extensos informes sobre el terreno de los observadores –occidentales– de la Misión de Verificación de Kosovo, fuentes de la OTAN y la ONU, una comisión de investigación británica y muchos más elementos. Los informes y estudios coinciden estrechamente en los hechos.

En resumen, podemos decir que no se había producido ningún cambio sustancial sobre el terreno en los meses previos al bombardeo. Tanto las fuerzas serbias como la guerrilla del ELK habían cometido atrocidades –las de esta última fuerza, de mayor gravedad, en ataques desde la vecina Albania– durante el período en cuestión, al menos de acuerdo a las más altas autoridades británicas (Gran Bretaña fue el miembro más agresivo de la alianza). Las grandes atrocidades en Kosovo no fueron la causa de los bombardeos de la OTAN sobre Serbia, sino su consecuencia, una consecuencia totalmente previsible. El comandante en jefe de la OTAN, el general estadounidense Wesley Clark, había informado a la Casa Blanca semanas antes de los bombardeos de que éstos provocarían una respuesta brutal por las fuerzas serbias sobre el terreno, y, al comienzo del bombardeo, dijo a la prensa que esta respuesta era “previsible”.

Los primeros refugiados kosovares registrados por la ONU se producen en fechas muy posteriores al comienzo de los bombardeos. Con una sola excepción, la acusación de Milosevic, durante los bombardeos, basada en gran medida en informes de inteligencia anglo-estadounidenses, se limitó a los crímenes cometidos después del bombardeo, y sabemos que no podía ser tomada en serio por los líderes de Estados Unidos y Reino Unido, que en ese mismo momento estaban apoyando activamente crímenes aún peores. Además, había buenas razones para creer que una solución diplomática estaba al alcance; en efecto, la resolución de la ONU impuesta después de 78 días de bombardeo fue más bien un compromiso entre la posición serbia y la de la OTAN al comienzo.

Todo esto, incluso estas impecables fuentes occidentales, lo trato con cierto detalle en mi libro A New Generation Draws the Line. Nuevas informaciones que corroboran todo ello han aparecido desde entonces. Por ejemplo, Diana Johnstone informa de una carta a la canciller alemana, Angela Merkel, el 26 de octubre de 2007, que le envía Dietmar Hartwig, ex jefe de la misión europea en Kosovo antes de que fuera retirado el 20 de marzo con el anuncio del bombardeo, que estaba en una posición muy buena para saber lo que estaba sucediendo. Éste escribe:

No hay un solo informe presentado en el período comprendido entre finales de noviembre de 1998 y la evacuación en vísperas de la guerra que mencione que los serbios hayan cometido delitos graves o sistemáticos contra los albaneses, ni tampoco ha habido un solo caso que se refiera a incidentes o delitos de genocidio o asimilables a éste. Por el contrario, en mis informes he registrado en repetidas ocasiones que, teniendo en cuenta los ataques del ELK cada vez más frecuentes contra el Gobierno serbio, se ha demostrado que la aplicación de la ley por parte de éste ha sido hecha con una notable moderación y disciplina. El objetivo claro y citado a menudo por el Gobierno serbio ha consistido en observar rigurosamente el acuerdo Milosevic-Holbrooke [de octubre de 1998] para no dar ninguna excusa a la comunidad internacional para intervenir. (…) Hubo enormes “diferencias de percepción” entre lo que las misiones en Kosovo han estado informando a sus respectivos gobiernos y capitales, y lo que éstos han filtrado posteriormente a los medios de comunicación y al público. Esta discrepancia sólo puede ser vista como un elemento de preparación a largo plazo para la guerra contra Yugoslavia. Hasta el momento en que abandoné Kosovo, nunca había ocurrido lo que los medios de comunicación y, todavía más, los políticos afirmaban sin cesar. En consecuencia, hasta el 20 de marzo 1999 no había ninguna razón para la intervención militar, lo que hace ilegítimas las medidas adoptadas posteriormente por la comunidad internacional. El comportamiento colectivo de los Estados miembros antes y después del estallido de la guerra da pie a serias preocupaciones, porque la verdad fue liquidada y la UE perdió fiabilidad.”

La historia no es física cuántica, y siempre hay un amplio margen para la duda. Pero es raro que las conclusiones tengan un respaldo tan firme como en este caso. De un modo muy revelador, es totalmente irrelevante. La doctrina que prevalece es que la OTAN intervino para detener la limpieza étnica, aunque los partidarios de los bombardeos que toleran al menos un guiño a los abundantes elementos fácticos califican su apoyo al decir que los bombardeos eran necesarios para detener las posibles atrocidades: debemos actuar aun produciendo atrocidades a gran escala para detener las que se podrían producir si no bombardeásemos. Y hay justificaciones aún más impactantes.

Las razones de esta práctica unanimidad y pasión son bastante claras. El bombardeo se produjo en una virtual orgía de autoglorificación y pavor por parte de las potencias, que podría haber impresionado a Kim il-Sung. Lo he analizado en otro lugar, y no deberíamos permitir que siga en el olvido este notable momento de la historia intelectual. Después de este espectáculo, el desenlace tenía que ser simplemente glorioso. La noble intervención en Kosovo proporcionó este desenlace, y esta ficción debe ser celosamente mantenida.

Volviendo a la pregunta, hay una analogía entre las representaciones autocomplacientes de Kosovo y Libia: ambas intervenciones están animadas por nobles intenciones, según la versión novelada. El inaceptable mundo real sugiere en cambio analogías bastante diferentes.

5. Del mismo modo, mucha gente ve una analogía entre la actual intervención en Iraq y la intervención en curso en Libia. En este caso, ¿puede explicar las similitudes y las diferencias?

No veo las analogías significativas aquí tampoco, excepto que dos de los Estados participantes son los mismos. En el caso de Iraq, las metas son las que al final acabaron por reconocer. En el caso de Libia, es probable que el objetivo sea similar, al menos en un aspecto: la esperanza de que un régimen cliente fiable apoye los objetivos occidentales y proporcione a los inversores occidentales un acceso privilegiado a la riqueza petrolera rica de Libia, que, como he señalado, puede ir mucho más allá de lo que se conoce actualmente.

6. ¿Qué espera usted, en las próximas semanas, que suceda en Libia y, en ese contexto, ¿cuáles cree usted que deberían ser los objetivos de un movimiento, en Estados Unidos, contra la intervención y la guerra con respecto a las políticas de EE.UU.?

Por supuesto, es incierto, pero las perspectivas probables –hoy, 29 de marzo– son o bien una partición de Libia en una región oriental, rica en petróleo y dependiente en gran medida de las potencias occidentales imperiales, y una región occidental pobre bajo el control de un tirano brutal de limitadas capacidades; o bien una victoria de las fuerzas respaldadas por Occidente. En cualquier caso, lo que el triunvirato presumiblemente espera es un régimen menos problemático y más dependiente en lugar del actual. El desenlace probable es el que se describe con bastante exactitud, creo que por el diario árabe con sede en Londres Al-Quds Al-Arabi, en su número del 28 de marzo. Si bien se reconoce la incertidumbre de la predicción, prevé que la intervención puede dejar en Libia “dos estados, uno para los rebeldes en el Este, rico en petróleo; y uno, pobre, en manos de Gadafi en el Oeste (…) Una vez asegurados los campos de petróleo, podemos encontrarnos ante a un nuevo emirato petrolero en Libia, un país escasamente habitado, protegido por Occidente y muy similar a los estados-emirato del Golfo Pérsico.” O bien, la rebelión apoyada por Occidente podría continuar hasta el final para eliminar al irritante dictador.

Los que se preocupan por la paz, la justicia, la libertad y la democracia debe tratar de encontrar maneras de prestar apoyo y asistencia a los libios que tratan de forjar su propio futuro, libre de las limitaciones impuestas por las potencias extranjeras. Podemos tener esperanzas sobre la dirección a seguir, pero el futuro debe estar en sus manos.

http://www.zcommunications.org/noam-chomsky-on-libya-and-the-unfolding-crises-by-noam-chomsky

REBELION.ORG

Libia, lo justo y lo injusto…

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LMD

Todos los pueblos del mundo

que han lidiado por la libertad

han exterminado al fin a sus tiranos .”

Simón Bolívar

Los insurgentes libios merecen la ayuda de todos los demócratas. El coronel Gadafi es indefendible. La coalición internacional que lo ataca carece de credibilidad. No se construye una democracia con bombas extranjeras. Por ser en parte contradictorias, estas cuatro evidencias nutren cierto malestar, en particular en el seno de las izquierdas, con respecto a la operación Amanecer de la Odisea comenzada el pasado 19 de marzo.

La insurrección de las sociedades árabes constituye el mayor acontecimiento político internacional desde el derrumbe, en Europa, del socialismo autoritario de Estado en 1989. La caída del muro del Miedo en las autocracias árabes es el equivalente contemporáneo de la caída del muro de Berlín. Un auténtico terremoto mundial. Por producirse en el área de mayores reservas de hidrocarburos del planeta, y en el epicentro del “foco perturbador” del mundo (ese “arco de todas las crisis” que va de Pakistán al Sahara Occidental, pasando por Irán, Afganistán, Irak, Líbano, Palestina, Somalia, Sudán, Darfur y Sahel), su onda de expansión modifica toda la geopolítica internacional.

Algo se rompió para siempre en el mundo árabe el pasado 14 de enero. Ese día, manifestantes tunecinos que desde hacía semanas reclamaban en las plazas libertad y democracia, consiguieron derrocar al déspota Ben Alí. Comenzaba el deshielo de las viejas tiranías árabes. Un mes después, en Egipto, corazón de la vida política árabe, un poderoso movimiento de protesta social expulsaba a su vez del poder al general Mubarak. Entonces, como si de repente descubriesen que los regímenes autoritarios, desde Marruecos hasta Bahréin, fuesen colosos con pies de arena, decenas de miles de ciudadanos árabes se lanzaron a las plazas gritando su hartazgo infinito de los ajustes sociales y de las dictaduras (1).

La fuerza espóntanea de estos vientos de libertad sorprendió a todas las cancillerías del mundo. Cuando comenzaron a soplar sobre las dictaduras aliadas de Occidente (en Túnez, Egipto, Marruecos, Jordania, Arabia Saudí, Bahréin, Irak, Yemen), las grandes capitales occidentales, empezando por Washington, Londres y París, se sumieron en un prudente mutismo, o alternaron declaraciones que revelaban su profundo malestar ante el riesgo de ver desaparecer a sus “amigos dictadores” (2).

Mucho más sorprendente fue, durante esta primera fase (de mediados de diciembre a mediados de febrero), el silencio de los gobiernos progresistas de América Latina, considerados por toda una parte de la izquierda internacional como su principal referente contemporáneo. Sorpresa tanto más grande puesto que estos Gobiernos tienen mucho en común con el movimiento insurreccional árabe: habían llegado al poder mediante las urnas, aupados por poderosos movimientos sociales (en Venezuela, Brasil, Uruguay y Paraguay) que, en varios países (Ecuador, Bolivia, Argentina), después de haber resistido a dictaduras militares, también habían derrocado pacíficamente a gobernantes corruptos.

Inmediata debía de haber sido allí la solidaridad con las insurrecciones árabes, réplicas de sus propios alzamientos cívicos. No lo fue. Y eso que el carácter izquierdista del movimiento no ofrecía dudas. El conocido intelectual egipcio Samir Amin lo describe así: “Las fuerzas principales en movimiento durante los meses de enero y de febrero eran de izquierdas. Demostraron que tenían una resonancia popular gigantesca pues llegaron a movilizar a ¡más de quince millones de manifestantes en todo Egipto! Los jóvenes, los comunistas, fragmentos de las clases medias democráticas constituyeron la columna vertebral de ese movimiento” (3).

A pesar de ello, hubo que esperar al 14 de febrero -o sea tres días después de la caída del odiado Mubarak y un día antes del comienzo de la insurrección popular en Libia- para que, por fin, un líder latinoamericano calificase la rebelión árabe de “revolucionaria” en una declaración que explicaba con lucidez: “Los pueblos no desafían la represión y la muerte, ni permanecen noches enteras protestando con energía, por cuestiones simplemente formales. Lo hacen cuando sus derechos legales y materiales son sacrificados sin piedad a las exigencias insaciables de políticos corruptos y de los círculos nacionales e internacionales que saquean el país” (4).

Pero cuando, naturalmente, esa rebelión se extendió a los Estados autoritarios del mal llamado “socialismo árabe” (Argelia, Libia, Siria), cayó de nuevo un pesado mutismo en las capitales del progresismo latinoamericano. Políticamente podía aún interpretarse de dos maneras: simple prolongación del prudente silencio que hasta entonces, globalmente, habían observado esas cancillerías con respecto a acontecimientos muy alejados de sus principales centros de interés; o expresión de un malestar político frente al riesgo de perder, en su pulso con el imperialismo, a aliados estratégicos…

Ante el peligro de que triunfase esta segunda opción, varios intelectuales relevantes (5) avisaron de inmediato que ello significaría algo impensable para Gobiernos seguidores del mensaje universal del bolivarianismo. Porque sería afirmar que una relación estratégica entre Estados es más importante que la solidaridad con los pueblos en lucha. Lo cual conduciría, más tarde o más temprano, a cerrar los ojos ante cualquier eventual atrocidad contra los derechos humanos (6). Y en este caso el ideal solidario de la revolución latinoamericana naufragaría en el helado océano de la Realpolitik.

En el tablero de la política internacional, la Realpolitik (definida por Bismarck, el “canciller de hierro” prusiano, en 1862) considera que los países se reducen a sus Estados. Jamás toma en cuenta a sus sociedades. Según ella, los Estados se mueven sólo en función de sus fríos intereses y de sus alianzas estratégicas (cuya finalidad esencial es la preservación del Estado, no la protección de la sociedad). Desde la paz de Westfalia en 1648, la doctrina geopolítica establece que la soberanía de los Estados es intangible en virtud del principio de no-injerencia, y que un Gobierno, sea cual sea el modo en que llegó al poder, tiene total libertad de hacer lo que quiera en sus asuntos internos.

Semejante idea de la soberanía -que sigue siendo dominante- ha visto erosionada su legitimidad desde el final de la Guerra Fría en 1989. Y ello en nombre de los derechos de los ciudadanos, y de una concepción más ética de las relaciones internacionales. Las dictaduras, cuyo número se reduce de año en año, van resultando cada vez más ilegítimas en criterios del derecho internacional. Y moralmente inaceptables porque, entre otros graves abusos, desposeen a las personas de sus atributos de ciudadano.

Basado en este razonamiento, se desarrolló en los años 1990, el concepto de derecho de injerencia o deber de asistencia que condujo, pese a aceptables pretextos de fachada, a desastres político-humanitarios de gran envergadura en Kosovo, Somalia, Bosnia… Y finalmente, bajo la conducción de los neoconservadores estadounidenes, al desastre total de la guerra de Irak (7).

Pero tan trágicos fracasos no han interrumpido la idea de que un mundo más civilizado debe ir abandonando una concepción de la soberanía interna establecida hace casi cuatro siglos en nombre de la cual poderes no elegidos democráticamente han cometido (y cometen) incontables atrocidades contra sus propios pueblos.

En 2006, las Naciones Unidas, en su Resolución 1674, han hecho de la protección de los civiles, incluso contra su propio Gobierno cuando éste usa armas de guerra para reprimir manifestaciones pacíficas, una cuestión fundamental. Que modifica, por primera vez desde el Tratado de Westfalia, -en materia de derecho internacional- la concepción misma de la soberanía interna y del principio de no-injerencia. La Corte Penal Internacional (CPI), creada en 2002, va en idéntico sentido.

Y en ese mismo espíritu, muchos líderes latinoamericanos denunciaron con justa razón la pasividad o la complicidad de grandes potencias democráticas ante los graves crímenes cometidos contra la población civil, entre 1970 y 1990, por las dictaduras militares en Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y tantos otros países mártires de Centro y Suramérica.

Por eso sorprendió que, cuando en Libia, a partir del 15 de febrero, empezaron las protestas sociales pacíficas, inmediatamente reprimidas por las fuerzas del coronel Gadafi con desmedida violencia (233 muertos en los primeros días) (8), ningún mensaje de solidaridad con los civiles reprimidos llegase de América Latina. Ni tampoco al estallar, el 20 de febrero, el “Tripolitazo“: cuando unos 40.000 manifestantes denunciaron la carestía de la vida, la degradación de los servicios públicos, las privatizaciones impuestas por el FMI, y la ausencia de libertades.

Igual que durante el “Caracazo” del 27 de febrero de 1989 en Venezuela, esa insurrección tripolitana, retransmitida por decenas de testigos oculares, se extendió como reguero de pólvora por toda la capital, se multiplicaron las barricadas, ardió la sede del Gobierno, las comisarías fueron incendiadas, los locales de la televisión oficial saqueados, el aeropuerto ocupado y el palacio presidencial asediado. El régimen libio empezó a tambalearse.

En semejantes circunstancias, cualquier otro dirigente razonable hubiese entendido que la hora de negociar y de abandonar el poder había llegado (9). No así el coronel Gadafi. A riesgo de sumir a su país en una guerra civil, el “Guía”, en el poder desde hace 42 años, explicó que los manifestantes eran “jóvenes a los que Al Qaeda había drogado echándoles píldoras alucinógenas en el Nescafé“… (10). Y ordenó a las Fuerzas Armadas reprimir las protestas a cañonazos y con fuerza extrema. El canal Al Jazeera mostró los aviones militares ametrallando a los manifestantes civiles (11).

En Bengasi, para defenderse contra la brutalidad de la represión, un grupo de protestatarios asaltó un arsenal de la guarnición local y se apoderó de miles de armas ligeras. Varios destacamentos militares, enviados por Gadafi para sofocar en sangre la protesta, se sumaron, con tanques y pertrechos, a la rebelión. En condiciones muy desfavorables para los insurrectos, empezaba la guerra civil.  Un conflicto impuesto por Gadafi contra un pueblo que estaba pidiendo pacíficamente el cambio.

Hasta ese momento, las capitales de la América Latina progresista siguen silenciosas. Ni una palabra de solidaridad, ni tan siquiera de compasión con los rebeldes civiles que luchan y mueren por la libertad.

Hasta que, el 21 de febrero, en un intento de alejar cualquier acusación contra ella, la diplomacia británica -cuya responsabilidad es central en la rehabilitación del coronel Gadafi a partir de 2004 en la escena internacional- por la voz del ministro de Exteriores William Hague, anuncia que el líder libio “podría haber huido de su país y estar dirigiéndose a Venezuela” (12).

Es falso. Y Caracas lo desmiente rotundamente. Pero los medios de comunicación internacionales muerden el cebo, y ponen de inmediato los focos sobre la conexión que el Foreign Office ha sugerido. Minimizando los ostentosos recibimientos del dictador libio en Roma, Londres, París o Madrid, la prensa mundial insiste en las relaciones del “Guía” con Caracas. El propio Gadafi cae en la celada y también menciona a Venezuela en su primer discurso desde el comienzo de las protestas. Lo hace para negar su huida a ese país, pero ello da pie a nuevas especulaciones sobre el “eje Trípoli-Caracas“. Gadafi añade: “Los manifestantes son ratas, drogados, un complot de extranjeros, de norteamericanos, de Al Qaeda y de locos” (13).

Esta perezosa jácara del “complot norteamericano” es retomada como argumento por varios dirigentes progresistas suramericanos – Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, entre otros – , para expresar ahora, cada uno a su modo, una clara solidaridad con el dictador libio (14) bajo los sufridos pretextos de que la “situación es confusa“, que los “medios de comunicación mienten” y que “nadie sabe quiénes son los rebeldes“.

Ni una frase de compunción hacia un pueblo sublevado contra un tirano militar que manda disparar contra sus propios ciudadanos. Ninguna alusión tampoco a la famosa sentencia del Libertador Simón Bolívar: “Maldito sea el soldado que vuelve las armas contra su pueblo“, doctrina fundamental del bolivarianismo.

La inmensidad del error político sobrecoge. Una vez más, unos gobiernos progresistas conceden prioridad, en materia de relaciones internacionales, a cínicas consideraciones estratégicas que se hallan en perfecta contradicción con su propia naturaleza política. ¿Les conducirá ese razonamiento a expresar también su apoyo a otro infrecuentable tiranillo local, Bachar El Asad, presidente de Siria, un país que vive bajo estado de alarma desde 1962 y cuyas fuerzas de represión tampoco han dudado en disparar con fuego real contra pacíficos manifestantes desarmados?

En lo que respecta a Libia, la única iniciativa latinoamericana positiva, fue la del presidente de Venezuela Hugo Chávez quien propuso, el 1 de marzo, el envío a Trípoli de una Comisión internacional de mediación constituida por representantes de países del Sur y del Norte para tratar de poner fin a las hostilidades y negociar un acuerdo político entre las partes. Rechazada por Seif el Islam, el hijo del “Guía”, pero aceptada por Gadafi, esta importante tentativa de mediación será torpemente descartada por Washington, París, Londres y los propios insurgentes libios.

A partir de ahí, las cancillerías progresistas suramericanas van a insistir en su apoyo a un perfecto iluminado. Hace, en efecto, decenios que Muamar el Gadafi dejó de ser aquel capitán revolucionario que, en 1969, derrocó a la monarquía, expulsó de su país las bases militares estadounidenses y proclamó una singular “República árabe y socialista”.

Desde el final de los años 1970, su errática trayectoria y sus delirios ideológicos (véase su disparatado Libro Verde) lo han convertido en un dictador imprevisible, tornadizo y jactancioso. Semejante a aquellos tiranos locos que América Latina conoció en el siglo XIX con el nombre de “caudillos bárbaros” (15). Ejemplos de sus trastornos: la expedición militar de 3.000 hombres que lanzó, en 1978, en auxilio del sanguinario Idi Amín Dadá, otro demente presidente de Uganda… O su afición a un juego erótico con chicas menores llamado “bunga bunga” que le enseñó a su socio italiano Silvio Berlusconi… (16).

Gadafi jamás se ha sometido a ninguna elección. En torno a su imagen ha establecido un culto de la personalidad que linda con el endiosamiento. En la “masocracia” (Jamahiriya) libia no existe ningún partido político, sólo hay “comités revolucionarios”. Habiéndose autoproclamado “Guía” vitalicio de su país, el dictador se considera por encima de las leyes. En cambio, el vínculo familiar es, según él, fuente de Derecho. Basado en ello, por antojo, nombró a sus hijos para los puestos de mayor responsabilidad del Estado y los de mayor rentabilidad en los negocios.

Tras la (ilegal) invasión de Irak en 2003, temiendo ser el siguiente de la lista, Gadafi se arrodilló ante Washington, firmó acuerdos con la Administración de Bush, erradicó sus armas de destrucción masiva e indemnizó a las víctimas de sus atentados terroristas. Para complacer a los “neocons” estadounidenses se erigió en un perseguidor de Osama Ben Laden y de la red Al Qaeda. Estableció también acuerdos con la Unión Europea para convertirse en cancerbero retribuido de los emigrantes africanos. Pidió ingresar en el FMI (17), creó zonas especiales de libre comercio, cedió los yacimientos de hidrocarburos a las grandes transnacionales occidentales y eliminó los subsidios a los productos alimenticios de primera necesidad. Inició el proceso de privatización de la economía, lo que provocó un importante aumento del desempleo y agravó las desigualdades.

E l “Guía” protestó contra el derrocamiento del dictador tunecino Ben Alí a quien consideraba como “el mejor gobernante de la historia de Túnez”. En materia de inhumanidad, sus fechorías son incontables. Desde su apoyo a conocidas organizaciones terroristas hasta su demostrada participación en atentados contra aviones civiles, pasando por su encarnizamiento contra cinco inocentes enfermeras búlgaras torturadas durante años en prisión, o el fusilamiento sin juicio, en la siniestra cárcel Abú Salim de Trípoli, en 1996, de un millar de prisioneros originarios de Bengasi (18).

La actual revuelta empezó precisamente en esa ciudad cuando, el 15 de febrero, las familias de estos fusilados, animadas por las protestas en los países árabes, se echaron a la calle para exigir pacíficamente la liberación del abogado Fathy Terbil quien, desde hace quince años, defiende el derecho a recuperar los cuerpos de sus parientes ejecutados (19). Las imágenes mostrando la brutalidad de la represión de esta manifestación – difundidas por las redes sociales y el canal Al Jazeera – escandalizaron a la población. Al día siguiente, las protestas se habían ampliado masivamente y extendido a otras ciudades. Sólo en Bengasi, 35 personas fueron asesinadas por la policía y las milicias gadafistas (20).

Tan alto grado de ensañamiento contra la población civil (21) hizo legítimamente temer, a mediados de marzo, cuando las huestes gadafistas empezaron a cercar Bengasi, que se cometiese un baño de sangre. En un discurso dirigido a “las ratas” de esa ciudad, el “Guía” dejó muy claras sus intenciones: “Llegamos esta noche. Empezad a prepararos. Os iremos a sacar del fondo de vuestros armarios. No habrá piedad” (22).

En ayuda de los asediados libios, que reclamaban a gritos ayuda internacional (23), deberían haber acudido en primer lugar los pueblos recientemente liberados de Túnez y Egipto. Era su responsabilidad principal. Pero lamentablemente los Gobiernos de estos dos países no supieron estar a la altura de las circunstancias históricas.

En ese contexto de urgencia, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó, el 17 de marzo, la resolución 1973 que establece un régimen de exclusión aérea en Libia con el fin de proteger a la población civil y hacer cesar las hostilidades (24). La Liga Árabe había dado su acuerdo preliminar. Y, cosa excepcional, la resolución fue presentada por un Estado árabe: el Líbano (además de Francia y Reino Unido). Ni China, ni Rusia, que disponen de derecho de veto, se opusieron. Brasil y la India tampoco votaron en contra. Varios países africanos se pronunciaron a favor: Sudáfrica (la patria de Mandela), Nigeria y Gabón. Ningún Estado se opuso.

Se puede estar en contra de la estructura actual de Naciones Unidas, o estimar que su funcionamiento deja mucho que desear. O que las potencias occidentales dominan esa organización. Son críticas aceptables. Pero, por ahora, la ONU constituye la única fuente de derecho internacional. En ese sentido, y contrariamente a las guerras de Kosovo o de Irak que nunca tuvieron el aval de la ONU, la intervención actual en Libia es legal, según el derecho internacional; legítima, según los principios de la solidaridad entre demócratas; y deseable, para la fraternidad internacionalista que une a los pueblos en lucha por su libertad.

Se podría añadir que potencias musulmanas reticentes en un primer momento como Turquía han acabado por participar en la operación.

Se podría recordar también que si Gadafi, como era su intención, hubiese anegado en sangre la insurrección popular, habría enviado una señal de vía libre a los demás tiranos de la región. Alentándolos de ese modo a aplastar ellos también, sin miramientos, las protestas locales. Basta con observar que, en cuanto las tropas de Gadafi se aproximaron a sangre y fuego en medio de la pasividad internacional a Bengasi, los regímenes de Bahréin y de Yemen no dudaron ya en disparar con fuego real contra los manifestantes pacíficos. No lo habían hecho hasta entonces. Pero apostaron a su vez por el inmovilismo internacional.

La Unión Europea, en particular, tiene una responsabilidad específica en este asunto. No sólo militar. Es menester pensar en la próxima etapa de consolidación de las nuevas democracias que van a ir surgiendo en esta región tan vecina. Apoyar la “primavera árabe” supone asimismo el lanzamiento de un verdadero “Plan Marshall”, o sea, una ayuda económica masiva “semejante a la que se ofreció a Europa del Este después de la caída del muro de Berlín” (25).

¿Significa todo esto que la operación Amanecer de la Odisea no plantea problemas? En absoluto. En primer lugar, porque los Estados u Organizaciones que la capitanean (Estados Unidos, Francia, Reino Unido, OTAN) son los “sospechosos habituales” implicados en múltiples aventuras guerreras sin la mínima cobertura legal, legítima o humanitaria. Aunque esta vez los objetivos de solidaridad democrática parecen más evidentes que los nexos con la seguridad nacional de Estados Unidos, cabe preguntarse ¿desde cuándo les ha importado a estas potencias la democracia en Libia? Por ello carecen de credibilidad.

Segundo: existen otras injusticias en esta misma región -el sufrimiento palestino, la intervención militar saudí en Bahréin contra la indefensa mayoría chií, la desproporcionada brutalidad de los Gobiernos de Yemen y de Siria…- ante las cuales las mismas potencias que atacan a Gadafi hacen la vista gorda dando prueba de una doble moral.

Tercero: el objetivo debe ser el que fija la resolución 1973, y sólo ése: ni invasión terrestre, ni víctimas civiles. La ONU no ha dado licencia para derrocar a Gadafi, aunque bien parece que ese sea el objetivo final (e ilegal) de la operación. En ningún caso esta intervención debe servir de precedente para otras aventuras guerreras contra Estados situados en el punto de mira de las potencias occidentales dominantes.

Cuarto: la historia enseña (y el caso de Afganistán lo demuestra) que es más fácil entrar en una guerra que salir de ella. Y quinto: el olor a petróleo de toda esta operación apesta.

Los pueblos árabes están sin duda sopesando lo justo y lo injusto de la actual intervención militar en Libia. En su gran mayoría apoyan a los insurgentes (aunque se siga sin saber bien quiénes son y aunque se sospeche que varios elementos indeseables figuran en el actual Consejo Nacional de Transición). Por el momento, hasta finales de marzo, en ninguna capital árabe se han producido manifestaciones de rechazo a la operación. Al contrario, como estimuladas por ella, nuevas protestas contra las autocracias se intensificaron en Marruecos, Yemen, Bahréin… Y sobre todo en Siria.

Obtenida la zona de exclusión aérea y a salvo ya la población civil de Bengasi, las dos principales exigencias de la Resolución 1973 estaban cumplidas a finales de marzo. Aunque otras demandas no lo estaban aún (el cese el fuego por parte de las fuerzas gadafistas, y la garantía por éstas de acceso seguro a la ayuda humanitaria internacional), a partir de ese momento los bombardeos debieron cesar. Tanto más cuanto la OTAN, que no ha recibido mandato internacional para ello, ha asumido el 31 de marzo el liderazgo militar de la ofensiva. La Resolución tampoco autoriza a armar, entrenar y dirigir militarmente a los rebeldes. Porque ello supone un mínimo de fuerzas extranjeras (“comandos especiales”) presentes en el suelo libio, lo cual está explícitamente excluido por la resolución 1973 del Consejo de Seguridad.

Es urgente que los miembros de ese Consejo de la ONU vuelvan ahora a consultarse; que se tenga en cuenta la posición de China, Rusia, la India y Brasil para imponer un alto el fuego inmediato y buscar una salida no militar al drama libio.

Una solución que tome en cuenta también la iniciativa de la Unión Africana, garantice la integridad territorial de Libia, impida toda invasión terrestre de fuerzas extranjeras, preserve las riquezas del subsuelo contra la rapacidad de algunas potencias foráneas, ponga fin a la tiranía, y reafirme la aspiración a la libertad y a la democracia de los ciudadanos.

En Libia, sólo una salida política negociada por todas las partes será justa.

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(1) Léase Ignacio Ramonet, “Cinco causas de la insurrección árabe”, Le Monde diplomatique en español, marzo de 2011.

(2) Léase Ignacio Ramonet, “Túnez, Egipto, Marruecos, esas dictaduras amigas”, http://www.monde-diplomatique.es/

(3) Christophe Ventura, “Entrevista con Samir Amin”, Mémoire des luttes, París, 29 de marzo de 2011.

(4) Fidel Castro, “La Rebelión Revolucionaria en Egipto”, Granma, La Habana, 14 de febrero de 2011.

(5) Léase, por ejemplo, Santiago Alba y Alma Allende, “Del mundo árabe a América Latina”, Rebelión, 24 de febrero de 2011; y Atilio Borón, “No abandonar a los pueblos árabes”, Página 12, Buenos Aires, 7 de marzo de 2011.

(6) Error que ya cometió dos veces la revolución cubana cuando apoyó la intervención militar del Pacto de Varsovia en Praga para aplastar la insurrección popular checoslovaca en agosto de 1968, y cuando aprobó la invasión de Afganistán por la Unión Soviética en diciembre de 1979.

(7) Léase Ignacio Ramonet, Irak, historia de un desastre, Debate, Madrid, 2005.

(8) Agencia Reuters, 21 de febrero de 2011. (9) En América Latina, ante protestas populares de gran envergadura, varios presidentes (elegidos democráticamente) se resignaron a renunciar a su cargo. Tres de ellos en Ecuador: Abdalá Bucarán, “por incapacidad mental”, en 1997; Jamil Mahuad, en 2000; y Lucio Gutiérrez, en 2002. Dos en Bolivia: Gonzalo Sánchez de Lozada, en 2003; y Carlos Mesa, en 2005. Uno en Perú, Alberto Fujimori, en 2000. Y otro en Argentina, Fernando de la Rúa, en 2001.

(10) El País, Madrid, 24 de marzo de 2011. (11) The Guardian, Londres, 21 de febrero de 2011.

(12) Agencia AFP, 21 de febrero de 2011. (13) http://www.rue89.com/2011/02/22/kadhafi-je-suis-a-tripoli-pas-au-venezuela-191416

(14) El más antiimperialista de los líderes árabes, Hassan Nasrallah, secretario general del Hezbolá libanés, ha declarado que es “irracional” decir que las revoluciones árabes, y singularmente la libia (que cuenta también con el apoyo de Irán), fueron preparadas en cocinas estadounidenses. Discurso del Hassan Nasrallah, 19 de marzo de 2011. http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=&inicio=0

(15) Alcides Arguedas, Los Caudillos bárbaros, editorial Vda L. Tasso, Barcelona, 1929. Léase también Max Daireaux, Melgarejo, Editorial Andina, Buenos Aires, 1966.

(16) Cf. Quentin Girard, “Toi vouloir faire bunga-bunga?”, Slate, París, 12 de noviembre de 2010. http://www.slate.fr/story/30061/bunga-bunga-berlusconi

(17) Léase “Le Rapport du FMI qui félicite la Libye”, in Mémoire des luttes, París, 11 de marzo de 2011. http://www.medelu.org/spip.php?article761

(18) Léase, Brian May, “Informe sobre Libia”, Amnistía Internacional, Londres, 27 de mayo de 2010. http://www.amnesty.be/doc/communiques-et-publications/Les-rapports-annuels/Le-rapport-annuel-2010/Moyen-Orient-et-Afrique-du-nord,2038/article/libye-16281

(19) Cf. Evan Hill, “The day the Katiba fell”, Al Jazeera English, 2 de marzo de 2011. http://english.aljazeera.net/indepth/spotlight/libya/2011/03/20113175840189620.html

(20) Ibid.

(21) Estos y otros crímenes han conducido al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, el argentino Luis Moreno Ocampo, a abrir una investigación contra Muamar el Gadafi, acusado de “crímenes contra la humanidad” por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

(22) Agencia AFP, 17 de marzo de 2011.

(23) Léase Khaled Al-Dakhil, “Pourquoi tant d’hésitations?”, Al-Hayat, Londres (reproducido por Courrier Internacional, París, 17 de marzo de 2011).

(24) http://www.un.org/spanish/docs/sc/

(25) Nouriel Roubini, “Un plan Marshall pour le printemps arabe”, Les Échos, París, 21 de marzo de 2011.

http://www.monde-diplomatique.es/?url=editorial/0000856412872168186811102294251000/editorial/?articulo=e684c57b-e238-480d-b7f7-bcea31a481b9

 

Afganistán, vieja estrategia fallida

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Robert Fisk

GUERRA2 “Le tiran a los rusos”, me dijo un joven paracaidista. Hacía frío. Nos acabábamos de topar con su unidad, la División Soviética 105 aerotransportada, cerca de Charikar, al norte de Kabul, y me mostraba su mano vendada. La sangre aún le chorreaba y manchaba la manga de su uniforme. Era un adolescente de cabello rubio y ojos azules. Junto a nosotros estaba un camión de carga soviético cuya parte posterior había sido volada en pedazos por una mina, sí, esas que se llaman artefactos explosivos improvisados. No era así como nosotros las conocíamos, pero aún así el vehículo quedó con las llantas hacia arriba en una zanja. Con dolor evidente, el joven levantó la mano hacia las cimas de las montañas que eran patrulladas por un helicóptero soviético. ¿Podía haberme imaginado entonces que los señores Bush y Blair nos iban a llevar al mismo sepulcro de ejércitos, casi tres décadas más tarde? ¿O que un joven presidente estadunidense haría exactamente lo que los rusos intentaron tantos años antes?

En el transcurso de las semanas veríamos a Kabul siendo tomada por el ejército soviético y las más grandes áreas de Afganistán abandonar las vastas áreas montañosas y desérticas para dejárselas a los terroristas, al tiempo que insistían en que podían erigir un gobierno laico sin corrupción en la capital y dar seguridad a sus habitantes. En la primavera de 1980 presencié el incremento militar enviado por los soviéticos. ¿Suena familiar? Los rusos anunciaron que darían entrenamiento al ejército afgano. ¿Les suena familiar? Sólo 60 por ciento de las fuerzas afganas acataban órdenes en ese momento. Sí, suena familiar.

Victor Sebestyen, quien ha investigado exhaustivamente para un libro sobre la caída del imperio soviético, ha escrito ampliamente sobre esos días congelados en que los rusos atacaron Afganistán justo después de la Navidad de 1979. Cita al general Sergei Akhromeyev, comandante de las fuerzas armadas soviéticas quien reportaba el Politburo soviético, en 1986. No existe porción de la tierra de Afganistán que no esté siendo ocupada, en un momento u otro, por nuestros soldados. Sin embargo, mucho del territorio está en manos de terroristas. Controlamos los centros provinciales, pero no logramos conservar el poder político sobre el terreno que logramos conquistar.

Como señala Sebestyen, el general Akhromeyev aseguró que si no le enviaban tropas adicionales, la guerra en Afganistán continuaría por un muy, muy largo tiempo. ¿Qué tal si ahora citamos, no sé… por ejemplo a algún comandante británico o estadunidense en el Helmand de hoy? Nuestros soldados no tienen la culpa. Han luchado con increíble valentía en condiciones adversas. Pero ocupar localidades y poblados durante un corto tiempo no vale nada en una tierra tan vasta en la que los insurgentes se ocultan con facilidad por las montañas. Esto, claro, lo dijo Akhromeyev, en 1986.

Yo vi esa tragedia desenvolverse en los lúgubres primeros meses de 1980. En Kandahar la gente exclamaba desde los tejados Alá Akbar y en los caminos en las afueras de la ciudad. Conocí a los insurgentes, equivalentes a los actuales talibán, que bombardeaban formaciones militares soviéticas.

Al norte de Jalalabad detuvieron el autobús en que yo viajaba y llevaban rosas rojas metidas en los cañones de sus rifles Kalashnikov. Bajaron del vehículo a los estudiantes comunistas que había a bordo del vehículo y no me ocupé por saber qué les pasó. Supongo que no fue nada distinto de lo que le ocurre actualmente a estudiantes que apoyan al gobierno afgano y que caen en manos del talibán.

En las afueras de Jalalabad me entré que los mujaidin, los luchadores por la libertad favoritos del presidente Ronald Reagan, habían destruido una escuela porque aceptaba a niñas como alumnas. Muy cierto. Tanto, que el director del colegio y su esposa fueron quemados y colgados de un árbol.

Los afganos nos contaban historias extrañas sobre prisioneros políticos que eran sacados del país y torturados dentro de la Unión Soviética, en secreto.

En Kandahar, el propietario de una tienda, un hombre de más de 50 años, usaba al mismo tiempo un suéter europeo y un turbante, y se me acercó un día en la calle. Aún tengo las notas de mi entrevista.

A diario el gobierno dice que los precios de los alimentos bajarán, dijo. A diario nos dicen que las cosas mejoran gracias a la cooperación de la Unión Soviética. Pero no es verdad. ¿Se da usted cuenta de que el gobierno no controla ni siquiera los caminos? Al diablo con ellos. Se limitan a aferrarse a las ciudades.

Los mujaidin infestaban la provincia de Helmand y cruzaban una y otra vez la frontera paquistaní, tal como hoy lo hacen los talibanes. Un avión bombardero soviético Mig incluso cruzó la frontera a principios de 1980 para atacar a los guerrilleros.

El gobierno de Pakistán y el de Estados Unidos, por supuesto, han condenado la flagrante violación de la soberanía paquistaní. Bueno, díganle eso a los jóvenes estadunidenses que controlan los aviones sin piloto Predator que con tanta frecuencia cruzan la frontera Pakistán-Afganistán para atacar al talibán.

En Moscú, casi un cuarto de siglo más tarde, me reuní con algunos de los antiguos ocupantes rusos de Afganistán. Algunos son ahora adictos a las drogas, otros padecen de lo que se conoce como desorden de estrés postraumático.

Pero en este día histórico en que Barack Obama se hunde a plomo en el caos, recordemos también la retirada británica de Kabul y la destrucción que sufrió esta ciudad, en 1842.

© The Independent

Traducción: Gabriela Fonseca

 

Afganistán

La guerra de Obama

Txente Rekondo

GAIN/Rebelión

El presidente de EEUU, Barack Obama, ha centrado su política exterior en Afganistán y por extensión en Pakistán. Al envío de 30.000 soldados se le une el anuncio de la retirada de las tropas, fijada para 2011. Para muchos, su estrategia se asemeja a la que podían haber diseñado John McCain y Sarah Palin de haber ganado.

El reciente anuncio, televisado en hora de máxima audiencia para todo el país, de ampliar el número de tropas estadounidenses y aliadas en suelo afgano, al tiempo que señalaba tres años más de ocupación, podría situarse en la línea argumental de sus predecesores. Incluso, como ha señalado algún analista, podría ser «el mismo guión que se podía esperar de John McCain y Sarah Palin si éstos hubieran ganado las elecciones de 2008».

Ya en marzo pasado, el presidente Obama presentó los pilares de lo que iba a ser su estrategia hacia Afganistán. Entonces, «lo que en realidad era una estrategia contrainsurgente, se vendió al público norteamericano como una táctica antiterrorista». El discurso oficial, tanto antes como ahora, ha estado adornado de supuestos objetivos centrales: «La instauración de la democracia, combatir a Al Qaeda y construir un Estado afgano estable y duradero».

Sin embargo la realidad se muestra de una manera totalmente opuesta. Lo que realmente prima en la estrategia de la Casa Blanca es una evidente militarización de la ocupación. Esta política va a suponer un alto coste político y humano, y sus consecuencias se han venido mostrando desde hace meses. Cada día que pasa es más que evidente la supremacía del poder militar, que, como en la era de Bush, sigue siendo clave y decisivo para marcar las líneas centrales de la política exterior. Parece que el discurso neocon se ha vuelto a imponer, ya que en su día tan sólo éstos y los militares seguían defendiendo la posibilidad de «una victoria militar» en Afganistán.

Seguir afirmando que la defensa de la democracia en Afganistán es uno de los pilares estratégicos suena a burla, sobre todo si hacemos un breve repaso a las recientes elecciones presidenciales en aquel país. La cita electoral estuvo marcada por la inseguridad, el auge de la resistencia y un fraude sistemático. La retirada de Abdullah Abdullah permitió la reelección automática de Hamid Karzai, que a lo largo de todo el proceso supo manejar a su favor el aparato institucional y las fuerzas de seguridad a su favor en todo el proceso. También recibió un trato privilegiado de los medios de comunicación locales y fue capaz de colocar «hábilmente» a sus seguidores en la llamada Comisión Electoral Independiente.

Mientras que EEUU y sus aliados desencadenaban una campaña contra Karzai, en busca de un cambio en la presidencia, Karzai se fue rodeando de importantes aliados regionales, muchos de ellos antiguos señores de la guerra, lo que unido a los abusos electorales le ha permitido repetir en el cargo.

Todos esos acontecimientos no han pasado desapercibidos para la población local. La participación real podría situarse en torno al 20 ó 25%, con un apoyo para Karzai en torno al 10 ó 15%. Por todo ello, buena parte de la población piensa que ese sistema «democrático» es una verdadera tomadura de pelo.

La excusa de Al Qaeda tampoco parece que funcione. Cada vez son más las voces que señalan que la interrelación entre esa organización yihadista y la resistencia afgana es muy pequeña. También son muchos los que apuntan a que la militancia de ese grupo no se nutre de afganos, sino de ciudadanos egipcios o saudís, poniendo sobre la mesa una evidente contradicción entre lo que se dice o justifica en Washington y la realidad. Cayendo además en el error de ocultar las evidentes diferencias ideológicas y estratégicas entre el movimiento yihadista transnacional y la resistencia afgana, que busca la instauración de un emirato islámico en Afganistán.

Tampoco se puede defender la idea de construir un Estado estable y duradero, sobre todo si observamos que buena parte del país está en manos de la resistencia y que la labor del Gobierno y de las instituciones impulsadas por la ocupación apenas tiene incidencia en algunas partes de la capital. Un próximo revés para los defensores de esas teorías lo podremos encontrar cuando Karzai deba «pagar los favores y apoyos recibidos en la campaña electoral, algunos de los cuales ya se han visualizado de una u otra manera.

Algunos analistas señalan que, tras la ofensiva militar, la Casa Blanca estaría buscando un nuevo escenario, donde una parte de la resistencia debilitada por las acciones de los ocupantes estaría dispuesta a buscar un acuerdo, poniendo en marcha una división entre sus filas. Algunos esperan que personajes como Hekmatyar apuesten por esa vía, y acaben enfrentándose a los elementos «más intransigentes», que serían los que se sitúan en torno al consejo de Quetta y a los militantes de Haqqani.

La militarización se ha convertido en el eje central de la estrategia de EEUU. Esa apuesta de Obama está generando un importante coste económico y político. La sociedad norteamericana, castigada por la crisis, deberá hacer frente a importantes gastos para mantener la apuesta ocupante, con el añadido de un aumento del número de muertos en sus propias filas. Todo ello puede acabar pasando factura a la Administración. Dentro de las filas demócratas se han comenzado a escuchar voces contra esa medida.

Tampoco van a salir muy bien paradas las relaciones con sus aliados. Muchos analistas coinciden en que la supuesta cooperación es mínima y si en el pasado el papel de la ONU quedó muy dañado, en estos meses puede acabar ocurriendo algo similar con la propia OTAN.

El escenario afgano se presenta lleno de dificultades. La corrupción del Gobierno de Karzai seguirá campando a sus anchas, la ineficacia de las fuerzas policiales y militares también aumentará, con divisiones étnicas y deserciones masivas.

No se puede olvidar el papel de Pakistán. Los elementos del ISI y del complejo militar siguen maniobrando en torno al país vecino, deseosos de recuperar su influencia y preocupados por la nueva estrategia norteamericana, que podría dejarles en un lugar delicado.

El control de las principales ciudades, los bombardeos indiscriminados en las zonas rurales y la intensificación de la contra-insurgencia se presentan como la opción elegida por Obama.

Afganistán se está convirtiendo en la guerra de Obama. No son pocos los que buscan paralelismos con Vietnam. Los estrategas norteamericanos pueden estar recogiendo los frutos de sus maniobras y conspiraciones en Afganistán, cuando, en plena guerra fría, impulsaron la desestabilización del país y el auge de los movimientos islamistas y yihadistas contra el régimen del PDPA y de sus aliados soviéticos. Los asesores de la Casa Blanca no deben olvidar que el pueblo afgano es «muy paciente». Supo esperar «90 años para convencer a los británicos que cualquier intento de ocupación estaba condenado al fracaso, y lo mismo hicieron durante una década con los soviéticos».

Tras ocho años de ocupación, y con el anuncio de un mínimo de otros dieciocho meses más, EEUU y sus aliados deberían aprender un poco más de la historia de Afganistán.

Txente Rekondo. Gabinete Vasco de Análisis Internacional (GAIN)

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Written by Eduardo Aquevedo

3 diciembre, 2009 at 21:21