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¿Quién gobierna realmente EE.UU.?

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Quien gobierna realmente, dice Woodward, es el complejo militar-industrial, es decir el Pentágono y las grandes empresas productoras de armamento, a cuyo directorio suelen ingresar no pocos jefes militares cuando se retiran.

Por Juan Gelman, Página/12

klee101Bob Woodward, el periodista que desató el Watergate en compañía de Carl Bernstein, formula una respuesta a esa pregunta en su libro más reciente, Obama’s War (Simon & Schuster, Nueva York, 2010): ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo y menos el Judicial. Quien gobierna realmente, dice Woodward, es el complejo militar-industrial, es decir el Pentágono y las grandes empresas productoras de armamento, a cuyo directorio suelen ingresar no pocos jefes militares estadounidenses cuando se retiran. Leído el libro, Michael Moore espetó: “El título de ‘Comandante en Jefe’ (que detenta el presidente) es tan ceremonial como el de ‘Empleado del Mes’ del Burger King del barrio”. Léase lo que Obama’s War revela.

El sábado 28 de noviembre de 2009 Obama se reúne con miembros del Consejo Nacional de Seguridad a fin de diseñar su nueva estrategia para Afganistán. Los militares le presentan una sola opción: mandar más efectivos. El mandatario señala que no está cerrada la otra, la de establecer un plan de retirada, y el coronel de ejército John Tien expresa: “Sr. Presidente, no veo cómo puede usted desafiar a sus mandos militares. Porque si le dice al general McChrystal (entonces al mando de las tropas invasoras) ‘ya cuenta con recursos, pero decidí hacer otra cosa’, probablemente tendrá que reemplazarlo. Usted no le puede decir ‘hágalo a mi manera, gracias por su gran trabajo’. ¿Dónde acabaría esto?”.

El coronel Tien –agrega Woodward– no tuvo necesidad de explicar más. “Sus palabras implicaban que no sólo McChrystal sino también todo el alto mando militar podría rebelarse, Gates, el almirante Mike Mullen, el presidente del Estado Mayor y el general Petraeus, entonces jefe del comando central estadounidense. Tal vez ningún presidente podría resistir el embate, especialmente uno de 48 años de edad con cuatro años de senador y 10 meses de comandante en jefe.” Se conoce el final de la historia: tres días después, Obama anunció el envío de más tropas al país asiático.

Lyndon B. Johnson corrió suerte parecida. A él le tocó Vietnam. El asesinato de John Kennedy lo convirtió en presidente de EE.UU. en noviembre de 1963 y a pocas horas de asumir se le informó que la situación en Vietnam del Sur era más grave de lo que se podía suponer. El reconocido periodista Bill Moyers, que fue secretario de prensa de LBJ, grabó en secreto muchas conversaciones sostenidas entonces en la Casa Blanca y aun llamadas telefónicas del flamante presidente. Registró así las idas y venidas del mandatario, irresuelto sobre la conveniencia o no de escalar el conflicto.

Moyers relató que Johnson efectuaba consultas amplias dentro y fuera de la Casa Blanca (www.pbs.org, 201109) y venía resistiendo las presiones de líderes republicanos como Nixon y Goldwater: quería analizar la situación con cuidado y evaluar alternativas con su secretario de Defensa, Robert McNamara. El 2 de marzo de 1964 éste le presentó un memo urgente del Estado Mayor Conjunto que señalaba: “Impedir la caída de Vietnam del Sur es de suma importancia para Estados Unidos”.

Johnson no quiere ampliar la participación militar de EE.UU. en Vietnam, pero acaecen los dos incidentes del golfo de Tonkin que conducen a un enfrentamiento naval armado entre un buque norteamericano y lanchas lanzatorpedos norvietnamitas. LBJ acepta el aumento de tropas para combatir al Vietcong, aunque duda del origen del segundo choque que, como se descubrió después, fue una fabricación para forzarlo a tomar esa decisión.

Moyers da cuenta de las presiones del jefe del Pentágono y de la cúpula militar para lograr, como lograron, el incremento paulatino de efectivos. “Es difícil argumentar con los comandantes –es una frase grabada de LBJ–, porque en el fondo de mi pensamiento me inclino por una intervención muy limitada. Y no creo que los comandantes piensen lo mismo. En realidad, sé que no.” Cuando la guerra de Vietnam concluyó en 1975 con la derrota de EE.UU., habían participado en el conflicto dos millones y medio de militares norteamericanos y el número de bajas sufridas ascendía a casi 60.000. En tanto, las empresas armamentistas obtenían –como obtienen hoy– jugosos beneficios.

El general Dwight D. Eisenhower tenía plena conciencia de estos hechos. Lo preocupaban. En el discurso que pronunció el 17 de enero de 1961, al terminar su mandato presidencial, subrayó: “La conjunción de un inmenso aparato militar y de una vasta industria productora de armamento es nueva en la experiencia de EE.UU. Su influencia abarcadora –económica, política, incluso espiritual– se deja sentir en cada ciudad, cada Parlamento, cada oficina del gobierno federal…, debemos estar en guardia contra la adquisición de una influencia no autorizada por parte del complejo militar-industrial. El potencial del surgimiento desastroso de un poder indebido existe y persistirá”. No se equivocaba.

Written by Eduardo Aquevedo

27 diciembre, 2010 at 4:06

Las empresas toman el control de la democracia de EEUU…

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Noam Chomsky

crisis2008 El 21 de enero de 2010 quedará registrado como un día oscuro en la historia de la democracia de Estados Unidos y su declive. Ese día, la Corte Suprema dictaminó que el Gobierno no puede prohibir que las compañías hagan aportaciones económicas en las elecciones.

La decisión afecta profundamente a la política gubernamental, tanto en el plano interno como en el internacional, y anuncia incluso mayores conquistas de las corporaciones sobre el sistema político de EEUU. Para los editores de The New York Times, el fallo "golpea el corazón mismo de la democracia" al haber "facilitado el camino para que las corporaciones empleen sus vastos tesoros para inundar [con dinero] las elecciones e intimidar a los funcionarios elegidos para que obedezcan sus dictados".

La Corte estuvo dividida, cinco contra cuatro. A los cuatro jueces reaccionarios (engañosamente llamados conservadores), se les sumó el magistrado Anthony M. Kennedy. El magistrado presidente, John G. Roberts Jr., tomó un caso que se podía haber resuelto fácilmente sobre bases más limitadas y maniobró en la Corte con el fin de hacer aprobar un dictamen de gran alcance que revierte un siglo de restricciones a las contribuciones de las empresas en las campañas federales.

Ahora, los gerentes de las compañías podrán, de hecho, comprar directamente comicios, eludiendo vías indirectas más complejas. Es bien sabido que las contribuciones empresariales, en ocasiones envueltas en paquetes complejos, pueden inclinar la balanza en las elecciones y, así, dirigir la política. La Corte acaba de entregar mucho más poder a ese pequeño sector de la población que domina la economía.

La Teoría de inversiones de política, del economista político Thomas Ferguson, ha constituido durante mucho tiempo un exitoso pronóstico de la política gubernamental. La teoría interpreta las elecciones como ocasiones en las que segmentos del poder del sector privado se unen para invertir en el control del Estado. La decisión del 21 de enero refuerza los medios para socavar la democracia funcional.

El trasfondo es revelador. En su disensión, el juez John Paul Stevens admitió que "desde hace tiempo se ha sostenido que las corporaciones están amparadas por la Primera Enmienda [la garantía constitucional de la libertad de expresión, que incluye el derecho a apoyar a candidatos políticos]".

A principios del siglo XX, teóricos legales y tribunales implementaron un fallo de la Corte de 1886 mediante el cual las corporaciones -esas "entidades colectivistas legales"- debían tener los mismos derechos que las personas de carne y hueso. Este ataque al liberalismo clásico fue condenado con rotundidad por la especie en extinción de los conservadores. Christopher G. Tiedeman describió el principio como "una amenaza a la libertad del individuo y a la estabilidad de los estados americanos como gobiernos populares".

En su trabajo de historia sobre la ley, Morton Horwitz escribe que el concepto de personalidad corporativa evolucionó a la par que el desplazamiento del poder de los accionistas hacia los gerentes y, finalmente, condujo a la doctrina de que "los poderes de la mesa directiva son idénticos a los poderes de la corporación". En años posteriores, los derechos corporativos se expandieron mucho más allá que los de las personas, particularmente mediante los mal llamados "acuerdos de libre comercio". Bajo esos acuerdos, por ejemplo, si General Motors establece una planta en México, puede exigir ser tratada igual que una empresa mexicana (trato nacional), a diferencia de un mexicano de carne y hueso que pretendiera en Nueva York un trato nacional o, incluso, los mínimos derechos humanos.

Rivales del Gobierno

Hace un siglo, Woodrow Wilson, en aquel entonces un académico, describió un Estados Unidos en el que "grupos comparativamente pequeños de hombres", gerentes corporativos, "ejercen un poder y control sobre la riqueza y las operaciones de negocios del país", convirtiéndose en "rivales del propio Gobierno". En realidad, esos grupos pequeños se han convertido cada vez más en los amos del Gobierno. La Corte Suprema les da ahora un alcance aún mayor.

El fallo de 21 de enero llegó tres días después de otra victoria para la riqueza y el poder: la elección del candidato republicano Scott Brown para reemplazar al finado senador Edward M. Kennedy, el león liberal de Massachusetts.

La elección de Brown fue presentada como una "rebelión populista" contra los elitistas liberales que manejan el Gobierno. Los datos de la votación revelan una historia diferente. Una asistencia alta de votantes de los suburbios ricos y baja en las áreas urbanas demócratas contribuyeron a la victoria de Brown. "Un 55% de los votantes republicanos dijo estar muy interesado en la elección, en comparación con un 38% de los demócratas", según la encuesta de The Wall Street Journal/NBC. De manera que los resultados fueron, en realidad, una revuelta contra las políticas del presidente Obama: para los ricos, no estaba haciendo lo suficiente para enriquecerlos aún más, en tanto que para los sectores pobres estaba haciendo demasiado en favor de los poderosos.

La ira popular es perfectamente comprensible, dado que los bancos están prosperando gracias a los rescates, mientras que el desempleo se ha elevado al 10%. En el sector de la manufactura, uno de cada seis está sin trabajo: un desempleo en el nivel de la Gran Depresión. Con la financialización creciente de la economía y el desplome en la industria productiva, las perspectivas de recuperar los tipos de empleo que se perdieron son sombrías.

La salud pública

Brown se presentó como el voto 41 contra el programa de salud pública; esto es, el voto que podría socavar el dominio demócrata en el Senado de EEUU.

El programa de atención médica de Obama fue, en efecto, un factor en la elección de Massachusetts. Los titulares están en lo correcto cuando informan de que el público se está volviendo contra el programa. Las cifras de la encuesta explican por qué: porque la iniciativa no llega lo suficientemente lejos. El sondeo de The Wall Street Journal/NBC reveló que la mayoría de los votantes desaprueba el manejo del sistema de salud tanto por los republicanos como por Obama.

Estas cifras están en la línea de otras encuestas nacionales recientes. La opción pública de la salud es apoyada por el 56% de los encuestados y el acceso a Medicare a los 55 años de edad, por el 64%; pero ambas iniciativas fueron abandonadas. Un 85% opina que el Gobierno debería tener el derecho de negociar los precios de los medicamentos, como en otros países; sin embargo, Obama garantizó a las grandes industrias farmacéuticas que no elegirá esa opción.

Amplias mayorías de ciudadanos están a favor del recorte de costes, lo que tiene sentido: el coste per cápita en EEUU por atención médica es aproximadamente el doble que en otros países industrializados y los resultados en términos de salud están en el extremo inferior.

Pero el recorte no puede ser emprendido seriamente cuando se trata con gran generosidad a las compañías farmacéuticas y el sistema de salud está en manos de aseguradores privados prácticamente sin regulación -un sistema costoso, peculiar de EEUU-.

El fallo del 21 de enero eleva nuevas e importantes barreras para superar la grave crisis del cuidado de la salud o para afrontar asuntos tan críticos como las inminentes crisis ambiental y energética. La brecha entre la opinión pública y la política pública es cada vez mayor. Y el daño a la democracia estadounidense es tan grande que difícilmente se puede exagerar.

Fuente: http://www.publico.es/internacional/292370/empresas/toman/democracia/eeuu