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Perú: crece Keiko Fujimori, gracias a fuerte apoyo de medios de derecha…

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LOS MEDIOS CONTRA OLLANTA HUMALA: ESTE ES EL ENEMIGO DE LA DERECHA PERUANA

 Por Carlos Noriega

Desde Lima

El proyecto autoritario fujimorista, que cayó en el año 2000 en medio de escándalos de corrupción, denuncias de violaciones a los derechos humanos y las protestas de la población, amenaza con regresar al poder. Empujada por un masivo apoyo mediático, la hija del ex dictador Alberto Fujimori ha logrado igualar al candidato progresista Ollanta Humala en la carrera por la presidencia del Perú, que se definirá el 5 de junio. Según tres últimas encuestas, Keiko Fujimori (foto) y Ollanta Humala están en un empate técnico, pero la tendencia favorece a la hija del ex dictador, condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y corrupción.

Hace dos semanas, el candidato de la izquierda aventajaba por seis puntos a la representante de la derecha fujimorista. Esa ventaja ha desaparecido. El Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica le da a Humala 40,7 por ciento y a Keiko Fujimori, 40,5 por ciento. Para la encuestadora Datum, Humala tiene 40 por ciento y Keiko, 39,1 por ciento. Por su parte, Ipsos Apoyo pone en primer lugar a Fujimori con 41 por ciento, mientras Humala obtiene 39 por ciento. Los indecisos bordean el 20 por ciento, aunque se estima, según los promedios históricos, que de ellos la mitad votaría en blanco o viciado.

Las tres encuestadoras coinciden en darle a Keiko Fujimori una amplia ventaja en Lima, que concentra el 35 por ciento del electorado, mientras Humala triunfa en el interior del país, sacando una importante diferencia a su favor en las empobrecidas zonas andinas y rurales. La hija del ex dictador Fujimori, quien gobernó entre 1990 y 2000 apoyado por el empresariado y los grandes grupos de poder económico, gana ampliamente, con casi 40 puntos de diferencia, en las clases media alta y alta, y Humala lo hace en los sectores populares, aunque por un margen que no pasa los seis puntos. Repitiendo la estrategia clientelista que su padre puso en práctica desde el poder, Keiko Fujimori reparte alimentos entre los más pobres pidiéndoles a cambio su voto.

Las encuestas revelan que Humala necesita ganar más respaldo en la capital y en las clases medias para lograr la victoria. En ese intento, ha moderado su discurso y buscado consenso con sectores de centro y de centro derecha. Ha reclutado técnicos que vienen de esos sectores y ha recibido un amplio apoyo de intelectuales y académicos. Y esta semana firmó el Acuerdo Nacional, un compromiso sobre políticas de Estado y defensa de la democracia suscrito por la mayor parte de los partidos políticos. Pero Humala se enfrenta a una agresiva campaña mediática para descreditarlo, que no le da respiro.

La mayor parte de diarios y la televisión trabajan a tiempo completo para dinamitar la candidatura progresista. La prensa local, con algunas pocas excepciones, se ha parcializado sin pudor con la hija del ex dictador Fujimori, quien en su régimen controló a la prensa con millonarios sobornos. Se repiten sin pausa los mensajes que demonizan a Humala como un radical estatista y autoritario, buscando crear miedo en la población ante un posible gobierno progresista, al que los medios igualan con una especie de apocalipsis nacional. Paradójicamente, la campaña mediática contra Humala para favorecer a Keiko Fujimori se centra en presentarlo como autoritario, enemigo de la libertad de prensa y con intenciones de cambiar la Constitución para quedarse indefinidamente en el poder, es decir todo lo que en su gobierno hizo Alberto Fujimori, el padre y mentor político de la candidata que esos medios respaldan.

La prensa, que criticó duramente a Humala cuando convocó a profesionales de otros grupos políticos, ha celebrado el reclutamiento que Keiko Fujimori ha hecho recientemente del conocido economista Hernando de Soto para apoyar su candidatura. De Soto ya trabajó con el régimen autoritario del padre de Keiko y hasta febrero de este año fue asesor del dictador libio Muammar Khadafi, un dato que los medios han preferido pasar por alto.

La campaña mediática contra Humala ya le ha costado el puesto a varios periodistas, que han sido despedidos por defender la independencia informativa de su trabajo. La última adquisición de esta agresiva ofensiva mediática contra Humala ha sido la contratación del escritor y popular presentador de televisión Jaime Bayly, quien en un programa televisivo de una hora semanal, que comenzó a emitirse hace dos semanas desde Miami, se dedica exclusivamente a desacreditar a Humala.

Al tiempo que demoniza a Humala, la mayor parte de la prensa intenta lavarle la cara al fujimorismo y a su candidata. Las violaciones a los derechos humanos cometidas en el régimen fujimorista, el control de los medios, la corrupción sin precedentes de ese gobierno y el apoyo que Keiko siempre le dio al gobierno autoritario de su padre no forman parte de la agenda electoral de esa prensa.

Perú: la larga marcha del neoliberalismo y sus graves impactos sociales. Dos miradas críticas…

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Hedelberto López Blanch
Rebelión


Las políticas neoliberales instauradas en Perú durante varias décadas y que se han visto reforzadas en los dos últimos gobiernos de Alejandro Toledo y de Alan García, han llevado al pueblo andino a un nivel desbordante de desesperación económica y social.

Los efectos de la pobreza, miseria, inestabilidad social y la desigualdad distribución de riquezas impulsaron a los diferentes sectores del país a lanzarse a las calles para reclamar sus derechos cercenados y protestar contra la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

Las manifestaciones y huelgas– realizadas a lo largo y ancho del territorio nacional para exigir al gobierno una distribución equitativa de las riquezas y la aplicación de políticas sociales y económicas que promuevan disminuir los altos índices de pobreza– han estado encabezadas por el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana (SUTEP), la Confederación Nacional de Trabajadores del Perú (CGTP), la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP). A la extensa lista se unen la Federación Nacional de Trabajadores Universitarios (FENTUP), la Federación de Trabajadores del Sector Salud (FERSALUD), el Sindicato de Docentes de Educación Superior (SIDESP), la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (COCAMI) y la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial por solo citar algunos.

Pero lo más llamativo es que mientras la aprobación popular del presidente Alan García cae en las encuestas a solo 35 %, el mandatario tildó a los miles de manifestantes de "radicales de izquierda, suicidas y locos". Para no quedarse atrás, el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, expresó que solo se trata de “pequeñas y focalizadas protestas” a la par que se ordenó la represión masiva contra las demostraciones que ocasionaron varios muertos y numerosos heridos. Las huelgas se iniciaron con los maestros, los cuales protestan por la promulgación de la ley sobre la carrera pública magisterial, que entre otros puntos, plantea el despido de los educadores que desaprueben las evaluaciones. Los profesores afirman que la prueba se traducirá en cientos de despidos arbitrarios.

Todo esta efusión reivindicadora en Perú sucede cuando se cumple el primer año del gobierno de Alan García y antes de entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en el que el presidente andino ha puesto todo su empeño. Con ese fin ha viajado en dos ocasiones a Washington para reunirse con su homólogo George W. Bush y para solicitar a los congresistas estadounidenses que lo aprueben. El gobierno ha incumplido todas sus promesas preelectorales, entre las que se destacan la disminución de la pobreza y la revisión del documento base del TLC que ofrece innumerables prebendas a los inversionistas extranjeros.

Según el oficial Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2006, la pobreza afectaba a 13,7 millones de personas, que equivalían a 50,4 % de los 27,2 millones de peruanos, mientras otro documento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) revela que el 25 % de los niños en Perú sufren este flagelo. En contraposición, la nación andina aparece con uno de los mejores promedios de crecimiento del Producto Interno Bruto en los últimos años en la región, que alcanza al 7 %. Esa contradicción ocurre, entre otras causas, porque las ganancias extraordinarias por los precios internacionales de los productos que exporta Perú, son sacadas del país por los beneficios que reciben las transnacionales (exoneración de impuestos) o quedan en manos de los empresarios privados nacionales, mientras los salarios están congelados, lo cual aumenta la desigualdad en la distribución de ingresos.

No existe una política social a favor de la mayoría de la población pues, como afirman las federaciones sindicales, “mantienen presupuestos de hambre en educación, salud, Fuerzas Armadas, y se argumenta que no hay recursos para aumentar los salarios, mientras se pre-paga la deuda externa”. Con la entrada en vigor del TLC que se prevé para el próximo mes de octubre, todas las empresas de producción y servicios, así como toda la tierra, minería, bosques, fuentes fluviales, flora y fauna pasarán a la categoría de venta libre al mejor postor. En el campo, los que sobreviven de la agricultura familiar no podrán competir con los productos subsidiados por el gobierno de Estados Unidos que entrarán libremente en Perú, y los campesinos tendrán que emigrar a las ciudades para venderse como mano de obra barata a cualquier negocio o empresa privada.

Las prerrogativas sindicales a favor de programas sociales desaparecerán pues los convenios del TLC prohíben la creación de federaciones obreras dentro de sus negocios. Las riquezas nacionales fluirán con más fuerza hacia la metrópolis norteamericana por intermedio de sus transnacionales mientras la pueblo peruano le quedará solo las migajas. De estas realidades se han dado cuenta una gran parte de los maestros, estudiantes, mineros, campesinos, y portuarios peruanos que demandan un cambio de rumbo en la política económica neoliberal y pronorteamericana del régimen de Alan García.

Rebelión.org

A dos años de gestión Alan García

El nuevo modelo neoliberal en la región

Ricardo Daher

Viernes 6 de junio de 2008, puesto en línea por Ricardo Daher

A casi dos años de la asunción de Alan García a la presidencia de Perú (será el 28 de julio), el país se presenta como el nuevo modelo neoliberal en la región, y recibe las alabanzas de Washington. Al mismo tiempo que el país presenta tasas de crecimiento del producto bruto interno (PBI) superior al 7% en los últimos 7 años, el 42% de la población continúa viviendo en la pobreza.

Loe elogios del mundo empresarial y desde los organismos internacionales al presidente Alan García, y sus antecesores, pretenden presentar al “modelo” peruano como el nuevo éxito del neoliberalismo en la región y anteponer sus resultados a los gobiernos progresistas que dominan en los demás países.

En la reciente cumbre UE-América Latina, que tuvo lugar en Lima a principios de mayo, el presidente, Alan García, lanzó como desafío “superar a Chile” -el modelo neoliberal por excelencia- en crecimiento económico. En busca de este objetivo, el presidente Alan García ha profundizado el modelo entreguista al capital internacional, y para compensar, ha emprendido algunas acciones para reducir la pobreza con escasos resultados.

Perú ha abierto todo su territorio a la explotación minera por lo que el gobierno espera inversiones por 20.000 millones de dólares hasta el 2011, y un nuevo decreto presidencial le permite al gobierno disolver las comunidades indígenas y hasta disponer de sus tierras, de forma tal de habilitar a las empresas extranjeras a acceder a esas áreas hasta ahora vetadas para sus proyectos.

A sanción del decreto 1015 es rechazado por las organizaciones indígenas que preparan una serie de movilizaciones. Estas movilizaciones se coordinan con las demandas de los trabajadores y todas concluirá con un paro agrario para el 8 y 9 de julio, que enlazará con el paro amazónico del 8, 9 y 10 de julio, y con el paro cívico y popular del 9 de julio.

En un comunicado reciente, las organizaciones indígenas y campesinas sostienen que el decreto 1015 es una herramienta para el despojo de sus territorios “y arrasar con las formas tradicionales de trabajo, economía y organización”. Explican que el decreto modifica la ley 26505 (ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas), la cual exigía como requisito para la venta de tierras comunales el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los miembros de la Comunidad. La norma modificatoria reduce este requisito al voto aprobatorio del 50 por ciento más uno de los asistentes a la Asamblea Comunal.

En la práctica, el decreto 1015 desconoce el requisito del quórum reglamentario que exigen todas las normas legales. Por ejemplo, si una comunidad de mil miembros hace una "asamblea" con cien personas, bastará el voto de 51 de ellas para disponer de los territorios comunales.

A ello se añade que quienes no son miembros de la Comunidad, podrán pedir la titulación de tierras con el mismo requisito: el 50% más 1 de los asistentes a la Asamblea. Esto implica un grave riesgo, porque las empresas extractivas que invaden territorio comunal pueden apropiarse "legalmente" de esas tierras amañando "asambleas".

El boom de la minería

De hecho en los últimos años Perú ha captado más de 400 millones de dólares por año en inversiones mineras y su producción en este rubro se ha multiplicado. Sin embargo ha sido poca la nueva mano de obra ocupada, y las inversiones han castigado comunidades indígenas, han destrozado el medio ambiente y están provocando daños irreparables al ecosistema.

En un reciente VIII Simposio Internacional del Oro que se celebró en Lima, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería de Perú, Ysaac Cruz, afirmó que hay 15.000 millones de dólares previstos en inversión extranjera para el periodo 2008-2015 en el sector minero.

Cruz expuso durante el simposio, en el que participaron más de mil representantes de las principales empresas mineras del mundo, que actualmente existen más de "200 proyectos de exploración, 30 más en fase de exploración avanzada y seis minas que van a ampliar sus actividades".

Por su parte, el gerente de la Sociedad Nacional de Minería y miembro del comité organizador del Simposio, Guillermo Albareda, declaró que la existencia de "unos Andes prácticamente vírgenes" en cuanto a exploración, unidos al "sostenido crecimiento económico del país" y un gobierno que "emite buenas señales para la inversión", convierten al Perú en un destino ejemplar para las empresas.

Los especialistas destacaron que el precio del oro continuará en ascenso, y superará la barrera de los 1.000 dólares la onza, gracias a fenómenos como la depreciación del dólar, el alza del petróleo, la inflación, y la demanda de materias prima de China, también interesada en invertir en el país andino.

Perú es el primer productor mundial de plata, el tercero de zinc y cobre, así como el quinto de oro. En los últimos quince años, este sector ha concentrado el 62 por ciento de las exportaciones totales del país y sólo en 2006 las ventas al exterior de minerales se calcularon en 14.000 millones de dólares. Pero estos beneficios no se vuelcan en las comunidades ni en los trabajadores mineros.

Los departamentos, donde prevalece la minería, ostentan los más altos niveles de pobreza del país. Cajamarca, donde está ubicada la Minera Yanacocha -51.35% de cuyas acciones las posee la transnacional estadunidense Newmont Mining Corporation, 43.65% el grupo nacional Benavides y el 5% la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial-, que aporta alrededor del 10% de las exportaciones del país, es el quinto departamento más pobre del país con 77.4% de su población viviendo en la pobreza y 50.8% en la extrema pobreza.

Los mineros de Perú, donde casi el 50 de la población vive en la pobreza, denuncian que más de 90.000 trabajadores son contratados o subcontratados con sueldos de unos diez dólares diarios y que su esperanza de vida no supera los 50 años.

En este afán minero, el gobierno insiste en que el 90% de su territorio está aun sin explorar para esa producción y prepara proyectos para desforestar la selva del Amazonas, parcelar terrenos, desplazar comunidades indígenas y convocar a las empresas mineras a que participen en su exploración y protección. Los proyectos mineros destructores del medio ambiente han sido rechazados por las comunidades locales ante la indiferencia o complicidad del gobierno con las empresas.

Amnistía Internacional ha manifestado su preocupación por las amenazas de muerte contra activistas ecológicos. El representante de A.I. en Perú, Jorge Trefogli denunció que Javier Jahncke Benavente, defensor ecologista, fue amenazado de muerte por colaborar con la ONG Muqui en la provincia de Piura (norte), que trabajaba para que las comunidades campesinas tengan acceso a la información sobre los planes mineros en la zona. "A.I. también está preocupada porque hasta el momento no atiende la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger a 65 personas de La Oroya, región Junín (centro andino), una de las ciudades más contaminadas por plomo del Perú, que tienen alto índice de contaminación", reveló Trefogli.

Gobierno anuncia reducción de la pobreza y nadie le cree

Alan García está recogiendo la política económica aplicada por Alberto Fujimori desde principios de los 90. Daniel Córdova, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, defensor del modelo, explica el crecimiento del Perú como “la maduración de una serie de fenómenos que se empezaron a gestar a comienzos de los noventa. El cambio de reglas de juego, las privatizaciones, la estabilidad macroeconómica, la apertura a la economía mundial… todo está dando sus frutos", subrayó.

Frutos que no alcanzan a todos. El gobierno anunció con bombos y platillos que la pobreza había disminuido un 5,2 por ciento durante 2007. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), anunció que el índice de pobreza bajó de 44,5 a 39,3 por ciento. El jefe del INEI, Renán Quispe, agregó que la mayor merma de la pobreza se registró en el área urbana, con una caída de 31,2 por ciento en 2006, a 25,7 por ciento en 2007, mientras en el área rural la reducción fue de 69,3 a 64,6 por ciento. El primer ministro, Jorge del Castillo, celebró las cifras reportadas por el INEI y sostuvo que el país avanza con un “ritmo estupendo” a lograr la meta de reducción de la pobreza a 30 por ciento en 2011, cuando terminará el mandato del presidente Alan García. Agregó que el índice de extrema pobreza, pasó de más de 20 a 13 por ciento. Del Castillo atribuyó el logro a las inversiones propiciadas por el gobierno, que han generado fuentes de trabajo.

Pero la euforia del gobierno no es compartida por los trabajadores. La Confederación General de Trabajadores (CGTP) cuestionó las cifras oficiales. Según la central, los datos del INEI no condicen con la realidad, pues las grandes mayorías son afectadas por el impacto del constante incremento de precios de los productos de primera necesidad, la perdida del poder adquisitivo de las remuneraciones y el empleo precario. Sostiene que la reducción de la pobreza ha sido materia de “un anuncio mediático que trata de ocultar la injusticia social cimentada por el continuismo neoliberal” que el presidente Alan García prometió cambiar como candidato.

La central sindical reclama una verdadera redistribución de la bonanza económica para erradicar con eficiencia la pobreza, lo que implica una serie de reformas, y acusa al gobierno de estar aliado a los grupos de poder. La declaración de la central sindical afirma que el gobierno exacerba las expectativas de la población y busca instaurar un régimen mediático alejado de la realidad, en alusión a anuncios de éxitos y discursos triunfalistas del presidente Alan García. El objetivo de esas acciones es “mantener el continuismo neoliberal revestido de un discurso de optimismo que oculta la exclusión y discriminación de millones de peruanos”, ajenos a los beneficios del crecimiento económico y a los discursos del presidente Alan García, añade. Reitera su convocatoria a un paro nacional, el 9 de julio próximo, “para enfrentar la fantasía presidencial y evitar que siga destruyendo al país, impidiendo una justa redistribución de la riqueza expresada en bienestar y trabajo con derechos para todos”.

En tanto, para el ex jefe del INEI Farid Matouk las cifras oficiales no son creíbles porque nunca antes la pobreza se redujo tan aceleradamente y porque el gobierno no ha hecho pública la fundamentación estadística de la mejoría. Dijo además tener información de que la metodología fue manipulada para aparentar la reducción.

En el mismo sentido se manifestó el ex presidente Alejandro Toledo. ”Lo felicito siempre y cuando las cifras sean reales", dijo el ex presidente Alejandro Toledo a Alan García refiriéndose a las cifras de reducción de la pobreza. Toledo calificó el índice de 5.2% brindado por el gobierno una cifra "exagerada y poco creíble". "Si en un año se disminuye la pobreza en cinco puntos quiere decir que en el 2011 se habrá eliminado totalmente", expresó irónicamente Toledo. El líder de Perú Posible cuestionó la metodología empleada para obtener las cifras y las críticas que ha generado entre especialistas nacionales.

El economista Carlos Parodi agregó que no hace falta ser experto para darse cuenta que la pobreza no se redujo como señala el INEI, pues la realidad cotidiana evidencia la ausencia de cambios tan significativos. Refirió que el INEI hizo un juego aritmético para aparentar la reducción y que una verdadera medición debe contar con más variables y verificar si realmente la calidad de vida de los peruanos mejoró.

Yankees come home

Junto al modelo de abrir todo su territorio a las multinacionales, especialmente las mineras que exploran en busca de oro y otros minerales preciosos, el gobierno también ha abierto las fronteras para el ingreso de tropas norteamericanas a través de ejercicios militares casi permanentes.

A mediados del pasado mes de mayo, el Congreso autorizó el ingreso de tropas norteamericanas para realizar ejercicios “humanitarios hasta por lo menos el mes de septiembre. En la discusión parlamentaria salió a la luz la presencia ya de soldados norteamericanos en la región centro andina de Ayacucho. Según presidente de esa región (gobernador), Ernesto Molina, hace más de un año que soldados norteamericanos están en su jurisdicción y aseguró desconocer a que se dedican. Esto aparte de funcionarios de la DEA que trabajan en el país, y responsables hace un par de años del derribo de una avioneta civil que confundieron con narcotraficantes. La decisión de la mayoría aprista del Congreso fue fuertemente cuestionada por la oposición y despertó las sospechas internacionales de que Estados Unidos pretende trasladar a Perú la base de Manta de Ecuador al vencer el convenio el próximo año. La oposición también cuestionó el supuesto carácter ”humanista” de los ejercicios de las tropas norteamericanas en el país.

La parlamentaria Juana Huancahuari, del Partido Nacionalista (PNP) que representa a Ayacucho, dijo que las tropas extranjeras se proponen operar en el Valle de los ríos Apurímac y Ene, donde hay actividad de remanentes del grupo armado Sendero Luminoso y del narcotráfico. Van a realizar operaciones de erradicación de plantaciones de hoja de coca e involucrarse en acciones contra los grupos armados y el tráfico de drogas, bajo la cobertura de brindar ayuda humanitaria. Huancahuari señaló la responsabilidad del gobierno y el ministro de Defensa, Antero Flores, por no haber evaluado las graves implicancias de la presencia de militares norteamericanos armados, paseando por las calles y pueblos de Ayacucho.

Preguntó por qué tienen que venir militares de Estados Unidos a perforar algunos pozos de agua, construir unas pocas aulas escolares y tres centros médicos, si hay personal peruano capacitado para ello.

”Si vienen en misión humanitaria, para qué traen cuatro helicópteros de combate Chinook”, inquirió la legisladora, al señalar que las tropas extranjeras han sido autorizadas con el fin de infundir temor en la población y aprovechar su sensibilidad respecto al tema de la violencia.

Por su parte, el legislador José Urquizo, también del PNP, reveló que el Congreso, manejado por el gobernante Partido Aprista y grupos conservadores, se apresta a extender otro permiso para la entrada de más soldados norteamericanos. Agregó que el ingreso de las tropas extranjeras a Ayacucho es un acto de provocación contra las fuerzas sociales, que preparan medidas de rechazo a los militares estadounidenses y dijo que su bancada exige que el ministro Flores dé explicaciones al Congreso.

El congresista opositor Víctor Mayorga manifestó preocupación por la constante presencia de militares norteamericanos en el país y dijo sospechar que la misma está relacionada con planes de Washington para establecer una base militar, en reemplazo de la de Manta, Ecuador, próxima a desmantelarse. Indicó que el gobierno tramitó unas 30 autorizaciones para la entrada de fuerzas del ejército, la armada y la fuerza aérea de Estados Unidos.

Al anunciarse el ingreso del último contingente, para Ayacucho, el líder opositor Ollanta Humala planteó que, si es cierto que los militares extranjeros vienen a colaborar en tareas civiles, por qué traen armas, incluyendo helicópteros.

Por otra parte, el periodista venezolano José Vicente Rangel, ex vicepresidente del país, denunció que Perú instaló hace tres meses un centro de entrenamiento militar multinacional, situado en la población de Iquitos, en la Amazonía, autorizado por el presidente Alan García y controlado por personal de Estados Unidos e Israel. Rangel señaló que su función es entrenar a grupos procedentes de países de la región con gobiernos progresistas, a los cuales le hacen oposición.

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25 años de cárcel para Fujimori…

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KLEE3 La Justicia peruana concluyó que “El Chino” era responsable del asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, así como de los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer.

Por Carlos Noriega, Página/12

Desde Lima

Cuando se escuchó la sentencia al ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) hubo festejos, pero también amenazas con protestas en las calles de parte de los seguidores del ex dictador peruano. La sala de tres magistrados que procesó a Fujimori durante un año y cuatro meses concluyó que éste era responsable de crímenes de Estado y crímenes de lesa humanidad, y le impuso una condena de 25 años de prisión. De esta forma, Fujimori se convirtió en el primer presidente en la historia de Perú en ser sentenciado por un tribunal de Justicia. La condena fue calificada por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos como “un precedente histórico en la lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos humanos”.

Descontando el tiempo que ya ha pasado en prisión, Fujimori, de 70 años, podrá salir en libertad el diez de febrero de 2032. Para entonces tendría 93 años. Al haber sido condenado por crímenes de lesa humanidad, la leyes internacionales impiden que Fujimori pueda beneficiarse de un indulto o una amnistía, pero sí podría acogerse, eventualmente, a beneficios penitenciarios para reducir su condena a la mitad. El presidente del tribunal, César San Martín, señaló, durante la lectura de la sentencia, que estaba probada “más allá de toda duda razonable” la culpabilidad de Fujimori por haber ordenado el asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer.

El tribunal estableció que Fujimori era responsable de los delitos de asesinato con alevosía, secuestro con agravantes y lesiones graves. La sentencia estableció que Fujimori había encabezado una organización criminal que desde el poder aplicó una política de guerra sucia contra la subversión armada, que fue ejecutada por el escuadrón de la muerte llamado Grupo Colina. Considerando los factores agravantes, señaló San Martín, se le impuso al acusado “la pena máxima”. El presidente del tribunal aclaró que se dictó una sentencia de 25 años y no de 30 como pedía la fiscalía, porque 25 años era la pena máxima permitida por las leyes peruanas cuando ocurrieron los crímenes por los que Fujimori fue condenado.

Durante las más de tres horas que duró la lectura de la condena, Fujimori permaneció sentado, tomando notas en un cuaderno, con la mirada clavada en sus apuntes, sin levantar en ningún momento la cabeza. Los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, dos de los cuatro hijos del ex dictador y congresistas fujimoristas, seguían la audiencia en un estrecho ambiente separado de la sala judicial por un vidrio antibalas. Un cordón policial separaba a ambos grupos. Luego de que se leyera la sentencia, Fujimori se paró para hablar un par de minutos con su abogado, César Nakasaki, regresó a su sitio y se limitó a decir “interpongo recurso de nulidad”. La nulidad planteada por la defensa de Fujimori será examinada en reserva por un tribunal de cinco magistrados, que en cuatro o cinco meses deberá confirmar o modificar la sentencia. Esa decisión será definitiva.

Hasta el momento del envío de esta nota, el presidente Alan García no se había pronunciado sobre la condena a Fujimori. García ha sido duramente cuestionado por su acercamiento con el fujimorismo. Quien sí se pronunció fue el primer ministro, Yehude Simon. “El gobierno se ha mantenido al margen de este juicio. Todos deben respetar la sentencia. El Poder Judicial ha actuado como tenía que actuar”, fue su escueto comentario.

Visiblemente alterada, la congresista Keiko Fujimori, hija del sentenciado ex dictador, calificó la condena contra su padre como “un fallo lleno de odio y venganza”. “Los fujimoristas no nos quedaremos con los brazos cruzados, vamos a salir a las calles”, amenazó, en una breve declaración a la prensa a la salida del tribunal. Minutos después dio un discurso ante sus partidarios, reunidos en las afueras de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía (Dinoes), donde Fujimori está detenido, como el único preso del lugar, desde septiembre de 2007 y donde se instaló el tribunal que lo juzgó. Ahí volvió a atacar la sentencia contra su padre y a los jueces del tribunal que lo condenó, y también volvió a amenazar: “Se equivocan si creen que con esta sentencia nos van a debilitar. El fujimorismo seguirá avanzando”, dijo Keiko Fujimori, quien aspira a llegar a la presidencia en las elecciones de 2011. A su lado estaba su hermano Kenyi, que permanecía en silencio, con el rostro desencajado.

En el otro lado, los familiares de las víctimas del gobierno fujimorista y los organismos de derechos humanos elogiaron la sentencia. “Por primera vez la Justicia peruana está a la altura de la historia en la lucha contra la impunidad. Se ha reivindicado a nuestros familiares asesinados porque la sentencia dice que no eran terroristas”, declaró una emocionada Gisela Ortiz, hermana de uno de los estudiantes de la Universidad La Cantuta, asesinados por el Grupo Colina. El fiscal José Antonio Peláez aseguró que la sentencia “es contundente y será muy difícil que pueda ser rebatida en la apelación”.

Mientras se leía la sentencia, en las afueras de la Dinoes hubo un enfrentamiento entre los partidarios de Fujimori y manifestantes que exigían justicia para las víctimas del gobierno fujimorista. Hubo un herido. Los fujimoristas, que llevaban remeras naranjas con las fotos de Alberto Fujimori y su hija Keiko, recibieron un duro golpe al escuchar la sentencia y comenzaron a gritar “Fujimori libertad” y “Keiko presidente”. No muy lejos, representantes de organizaciones sociales, juveniles, sindicatos y activistas de derechos humanos comenzaron a saltar y abrazarse cuando escucharon la sentencia, celebraron a los gritos de “culpable, culpable”.

BBC Mundo

En un fallo histórico, un tribunal peruano condenó al ex presidente Alberto Fujimori a 25 años de cárcel por violaciones de los derechos humanos. Fujimori, de 70 años, estaba acusado de ser el autor intelectual de las matanzas de Barrios Altos, en 1991, y La Cantuta, en 1992, cometidas por un escuadrón del ejército conocido como el grupo Colina, y del secuestro de un empresario y un periodista.

El incidente de Barrios Altos dejó 15 muertos y el de la Universidad La Cantuta, diez.

Según los analistas, este fallo tiene repercusiones no sólo en Perú sino también más allá de sus fronteras, ya que se trata de la primera vez que un ex mandatario constitucional latinoamericano es juzgado por crímenes de lesa humanidad en su propio país.

Durante la lectura de la sentencia, los jueces de la sala penal especial de la Corte Suprema de Justicia dijeron que el fallo respondía a la "gravedad" de los hechos juzgados, los cuales se inscribían en un plan de desapariciones forzadas y asesinatos a cargo del Estado, las fuerzas armadas y el servicio de inteligencia.

Los magistrados también atribuyeron al gobierno de Fujimori el intento de ocultar los abusos cometidos durante su gestión, que "están probados más allá de toda duda razonable".


Rechazo

Obviamente el fuijimorismo no va a quedarse de brazos cruzados, segun Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori.

Fujimori  escuchó la sentencia sin inmutarse mientras escribía sin detenerse en una libreta sin mirar en ningún momento al tribunal.

El ex mandatario ha negado los cargos en su contra, y su defensa adelantó que apelaría una sentencia condenatoria.

Sus simpatizantes han acusado al tribunal que lo juzgaba de tener "motivaciones políticas".

Su hija, la congresista Keiko y favorita según algunas encuestas para ganar las elecciones en 2011, advirtió que "obviamente el fuijimorismo no va a quedarse de brazos cruzados".

"Muy grande es mi indignación de escuchar un fallo lleno de odio y de venganza", añadió. Previamente había prometido perdonar a su padre en caso de acceder a la presidencia.

Una reacción muy distinta a la de Amnistía Internacional que consideró la sentencia como un "hito" en la lucha contra la impunidad.

Partidarios de Fujimori, 7 abril 2009

Tras el anuncio de la sentencia, se produjeron incidentes entre partidarios y detractores de Fujimori.

Por su parte, María McFarland, experta en América Latina de la ONG Human Rights Watch, afirmó que "el tribunal peruano ha demostrado al mundo que ni siquiera los ex jefes de estado pueden lograr que sus delitos queden en la impunidad".

El fallo fue recibido con algunos enfrentamientos entre partidarios y detractores de Fujimori en la entrada del tribunal.

Fujimori fue extraditado el 22 de septiembre de 2007 por las autoridades de Chile, país al que había llegado en noviembre de 2005 por su propia voluntad desde Japón.

El ex presidente renunció a su cargo en noviembre de 2000 desde Japón, la tierra de sus antepasados, y se refugió allí a raíz de un escándalo por la red de corrupción que había creado su asesor Vladimiro Montesinos, quien está en la cárcel.

Perú: la pobreza, eje de las protestas actuales

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Marcelo Justo
Marcelo Justo
BBC Mundo

En Perú la pobreza está otra vez en el centro del debate político.

Alan Garcia

Alan García: quiere reducir la pobreza a un 30%.

Las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas e Información (INEI), que muestran una caída de la pobreza del 5% en 2007, despertaron gran polémica. En medio de esta controversia, la poderosa Asamblea Nacional de Gobiernos regionales acordó un plan integral de lucha contra la pobreza que le presentará al presidente Alan García.

La economía está creciendo a un 9%, pero sus índices de desigualdad figuran entre los más altos del planeta. Por eso las cifras del INEI presentados a fin de mayo despertaron esperanza.

Cuestionamientos

Según el Instituto la pobreza había caído un 5% en 2007 y un 10% desde 2006. Pero tanto la oposición como sectores independientes cuestionaron la fiabilidad de las mediciones. El ex director del Instituto, Farid Matuk, dijo que el descenso estadístico se había conseguido con un cambio de metodología. Otros críticos señalaron que el Instituto no había tomado en cuenta el aumento de la inflación y el precio de los alimentos, de mayor incidencia en zonas rurales que urbanas.

El ex candidato a presidente y dirigente opositor Ollanta Humala indicó que las estadísticas habían cambiado, pero nadie se había enterado en las calles.

Los fantasmas de la estadística

En medio de la polémica, el instituto admitió que había insertado los datos de más de 700 familias que no habían contestado el cuestionario, pero reiteró que los resultados eran genuinos.

Familia peruana

Según el informe del INEI, en la sierra y la selva peruanas siete de cada diez pobladores son pobres.

Lo mismo dijo el Banco Mundial que participó en la medición.

En ese contexto, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) presentará al gobierno de Alan García un plan a nivel local, regional y central para que la lucha contra la pobreza prioridad a las zonas rurales. “Sólo así podrá lograrse bajar la pobreza extrema en las zonas más alejadas del país”, señaló al diario peruano “La República” el presidente regional de Ayacucho Ernesto Molina.

Según el informe del INEI, en la sierra y la selva peruanas siete de cada diez pobladores son pobres. En la zona urbana de Ayacucho, por ejemplo, la pobreza cayó en 10 puntos entre 2006 y 2007, pero en la sierra rural sólo disminuyó 3,2 puntos en el mismo período.

A fines de los ’90, más del 50% de los peruanos vivían debajo de la línea de la pobreza. Alan García indicó que quiere reducir este porcentaje a un 30% al final de su mandato en 2011. Si las estadísticas siguen siendo tan favorables, muy probablemente lo logre. Habrá que ver si la realidad reflejará el optimismo de las mediciones.