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I. Ramonet y Sudamérica: “El progresismo puede tener varios años por delante”…

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REPORTAJE A IGNACIO RAMONET SOBRE EL MUNDO Y SUDAMERICA

 

Periodista y escritor, Ramonet dijo a Página/12 que la mayoría de los gobiernos de Sudamérica cumple la función de los socialdemócratas europeos en los ’50 y que si no cometen errores pueden aspirar a un ciclo largo de gobierno.

 Por Martín Granovsky

Desde Porto Alegre

Nacido en Pontevedra y emigrado con su familia a Francia, Ignacio Ramonet dirige hoy Le Monde Diplomatique en español. Fue uno de los animadores del primer Forum en 2001 y es uno de los periodistas que más recorren el mundo y observan sus distintas realidades.

–Sobre el final del Forum hay derecho a preguntarse si fue útil y qué cambió respecto del primer foro, el del 2001.

–Cuando el foro se creó, no había en América latina otro gobierno de los que yo hoy llamo neoprogresistas que no fuera el de Hugo Chávez, que además vino al foro. Al año siguiente, en 2002, por primera vez Chávez se declaró socialista. También vino Lula cuando aún no era presidente, sino candidato. Ahora en cambio los gobiernos neoprogresistas están llevando a cabo las políticas de inclusión social y al mismo tiempo el foro es menos un foro de los movimientos sociales. Es un foro en el que se discutió la crisis europea, el movimiento de los indignados en general (los chilenos, Wall Street, etcétera) y la cuestión de la memoria. La jornada de Flacso del viernes, el día de conmemoración del Holocausto, fue una de las actividades centrales. La organizaron el Forum Social Temático y el Foro Mundial de la Educación. Hasta ahora ésos no eran temas del foro. Los indignados son un tema que no lleva más de un año, y el debate sobre la memoria no se había planteado de esa manera. Dominaban el antiimperialismo y la denuncia de las guerras de los Estados Unidos en Irak o en Afganistán. Se está llegando a un nivel diferente. Los gobiernos aquí en Sudamérica lo están haciendo globalmente bien. Pero ojo, llega una nueva etapa y hay que mejorar ciertos aspectos cualitativos.

–¿Qué habría que mejorar en América del Sur?

–No creer que esta bonanza que está viviendo América latina va a ser duradera. Depende del éxito norteamericano y europeo y de si hay baja o no en la economía china que afecte a potencias agrícolas o mineras.

–Uno de los puntos es cómo aprovecha América del Sur su actual ventaja por los precios beneficiosos de los productos primarios que vende para que otra vez el rédito principal no sean palacios franceses en medio de la pampa húmeda.

–La economía funciona por ciclos. En Europa no podemos hablar de palacios en medio de la nada pero sí de grandes aeropuertos modernísimos que ahora casi no funcionan u óperas en medio de ciudades pequeñísimas. La riqueza ha pasado y no siempre se ha sabido aprovechar. Aquí, en Sudamérica, la solución es crear más y más mercado interior. Y mercado interior protegido. Y también ampliar los intercambios en el marco de la solidaridad latinoamericana. Ahora el mercado latinoamericano tiene que articularse para que haya masa crítica para todos. Si no, Brasil se desarrollará pero Uruguay no. Ahora que desaparecieron 80 millones de pobres hay una clase media que consume. Brasil introdujo la tasa sobre la producción de automóviles frente a China y aumentó esa tasa en un 30 por ciento. Es protección y es correcta.

–¿Qué discusión mundial nueva apareció en el Forum?

–Por lo pronto, muchos constataron que, más allá de las opiniones, la globalización existe. Si existe hay que analizarla y ver cómo evitar los inconvenientes de la globalización. A escala mundial en una mesa sobre la crisis del capitalismo, una de las opiniones fue que había que pensar quizás en desglobalizar y reducir la globalización. No hay solo una crisis económica. Hay una crisis de la política, de la democracia, alimentaria, ecológica. Muchos países latinoamericanos no están pensando en las otras crisis, en particular en la ecológica. Boaventura de Souza Santos subrayó que no es normal que se acuse a comunidades indígenas y se las acuse de terroristas cuando quieren proteger el medio ambiente. Las realidades van cambiando. El Movimiento de los Sin Tierra de Brasil, que antes ocupaba tierras, no lo hace porque no las tiene. Cualquier pedazo de tierra es soja. Y como el MST cuando se asienta realiza producciones ecológicas, el agronegocio se lo reprocha.

–La discusión ecológica es clave también porque habrá una cumbre mundial en Río en junio.

–La precaución ecológica es algo que se ha recordado y que en cierta medida hace que los gobiernos estén pensando en hacer las cosas bien. Dilma dijo que quería dar casas a la gente. A mí me parece muy bien, realmente muy bien. Pero tengamos cuidado de no llegar al pragmatismo chino, que en nombre del desarrollo destruye lo que se oponga a esa idea, y terminemos entrando sin necesidad en una gran contradicción.

–Dilma diría: “Está bien, Ignacio, pero yo tengo que gobernar Brasil y terminar con la miseria”.

–Es que la preocupación ecológica y la social no se oponen. El Forum apreció mucho que Dilma haya decidido venir aquí y no haya viajado al Foro de Davos. Cuando Lula vino y dijo que luego se marchaba a Davos, alguien le dijo: “No se puede servir a dos amos a la vez”. Es una frase bíblica. “Hay que escoger.”

–Quizá Lula necesitaba ir a Davos porque también eso ayudaba a la consolidación política de su gobierno y en cambio hoy Brasil no necesita de Davos.

–Claro, las condiciones cambian. Y el foro debe cambiar también. Antes muchos dirigentes o presidentes venían a nutrirse. Chávez y Lula, a quienes ya nombré. También Evo Morales, Rafael Correa y Fernando Lugo. Para algunas discusiones, una reunión del foro puede tener hoy un mayor sentido en Europa, para discutir allí mismo la tremenda crisis. El año próximo está previsto que tenga lugar en un país árabe, porque los movimientos sociales no sólo se están desarrollando, sino que han conseguido ganar en dos países. Y hay nuevas discusiones, por ejemplo entre movimientos sociales laicos y movimientos sociales islamistas.

–¿Qué podría discutirse en Europa?

–En Europa hay ya algunas discusiones que se producían en América latina. Una idea de que la política está gastada y hace falta una renovación política. Que la sangre y la vitalidad nueva van a venir por el movimiento social. De esa vitalidad puede surgir un cambio. Este foro no tendría el mismo sentido organizado en Madrid, Atenas o Barcelona, donde hay sociedades que sufren y a la vez registran en algunos sectores gran voluntad de cambio. Aquí, en Sudamérica, por suerte para ustedes, hay situaciones donde la preocupación es seguir creciendo y cómo hacerlo mejor.

–¿No hay un riesgo de endiosar a los movimientos sociales como factores de cambio? Si no hay construcción política, ¿no se diluyen?

–Sí, es importante ver cómo se pasa de un momento a otro. Todavía no estamos en esa etapa en Europa, me parece. Aún no. Nadie expresa mejor el sufrimiento social que el movimiento social. Pero si no se da el paso a la política, todas las grandes crisis siempre sirven a la extrema derecha, que aparece como bajo la forma de movimientos y partidos antisistema. Prometen los cambios más radicales, demagógicos, transformacionales. Es importante que el sufrimiento social se encarne en movimientos que tengan vocación de implicarse en la política.

–¿Por qué todavía no ocurre ese paso?

–Entre otras cosas, en mi opinión, porque hacen falta líderes. Hasta el momento el movimiento social incluso rechaza tener líderes. Son muy igualitaristas desde el punto de vista del funcionamiento democrático. Es como la enfermedad infantil del movimiento social. Ya llegará el momento de la adolescencia o la madurez, cuando seguramente se generarán líderes. No líderes salvadores. Hablo de dirigentes democráticos que puedan entender al movimiento social y ayudarlo a encontrar respuestas. Después de la crisis del sistema político venezolano, el final de lo que se llama el “puntofijismo”, ¿habría habido cambios sin Chávez y lo que él representaba? Y me hago la misma pregunta con Ecuador y Correa, Bolivia y Evo, Brasil y Lula, la Argentina y Kirchner.

–¿Y cómo funciona la relación entre los líderes, los movimientos y los partidos en esos países de Sudamérica?

–Mi percepción es que hoy los partidos tienen menos influencia que hace diez años y los movimientos sociales también porque los gobiernos están haciéndolo todo. Los líderes de los gobiernos conducen el cambio. Hubo una energía social que produjo el cambio pero el cambio está tan encarrilado que a veces hay una desvitalización de la política que paradójicamente no molesta demasiado.

–Tal vez con las construcciones políticas ocurra lo mismo que con los ciclos económicos. Quizá deban o puedan ser realizadas antes de que el ciclo actual de gobiernos sudamericanos termine.

–La función de estos gobiernos es muy semejante a la de los gobiernos europeos de los años ’50 que, esencialmente, fueran conservadores o progresistas, tenían como funciones construir el Estado de bienestar, reconstruir cada país después de la guerra y aumentar el nivel de vida de la gente. Eso les dio 40 años de estabilidad política. Pero se terminó. Si los neoprogresistas sudamericanos no lo hacen demasiado mal, quizás haya por delante varios decenios como si fueran la socialdemocracia nórdica. Hoy mejoran estructuras, el nivel de vida, crean trabajo. No es casualidad que sean gobiernos neoprogresistas los que están trabajando bien. Así ocurrió con los viejos partidos socialdemócratas. Además, la construcción del Estado de bienestar y el aumento del nivel de vida termina con cualquier tipo de recurso para las oposiciones tradicionales conservadoras. Ahora la gente percibe cómo los países reconstruyen sociedades derruidas. Las favelas eran pensadas como una fatalidad. Para la derecha, era así porque es así. Pero la fuerza de la derecha desapareció, y también el elemento militar. Las leyes de la memoria son las que deben culpabilizar –sin venganza, con documentos y base histórica sólida– y establecer responsabilidades. No vengarse, sino terminar con la impunidad. A pesar de que lo que voy a decir parece escandaloso, estamos en el momento más fácil de Sudamérica. Si no hay errores y una gestión tranquila, los gobiernos de signo neoprogresista pueden quedarse en el poder mucho tiempo. Por eso hay que pensar bien las sucesiones políticas. En la Argentina eso funcionó bien. En Brasil, lo de Lula fue ejemplar. Es una lección. Y por eso hoy Dilma tiene más aprobación popular de la que tenía Lula en su primer año de gobierno.

martin.granovsky@gmail.com

Pagina/12

Bolivia: “Este es el momento de la puja y el debate al interior del bloque”. Entrevista a A. Linera

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ENTREVISTA CON EL VICEPRESIDENTE DE BOLIVIA, ALVARO GARCIA LINERA

“Después de la consolidación de la revolución plurinacional, el gobierno de Evo Morales enfrenta demandas redistributivas de sectores aliados. En esta etapa hay que resistir la tentación populista y afianzar los logros”, dice García Linera.

 Por Santiago O’Donnell

–Después de cinco años de fuerte crecimiento político y económico, daría la impresión de que la revolución boliviana se ha amesetado. ¿Es así?

–“Amesetamiento”, me gusta la palabra. Podemos decir que hace un año y medio el proceso revolucionario ha entrado en un cambio de fase. En términos generales, nuestro proceso ha tenido cinco etapas en la última década. Está el momento en que se gesta esta coalición, la unificación de sectores subalternos, anteriormente divididos, separados, y se va construyendo una voluntad de poder. Año 1998, 1999, 2011, 2002. Se van articulando localmente estructuras de movilización, van surgiendo liderazgos plebeyos, se van creando tareas y objetivos compartidos. Luego viene la segunda fase, que es cuando esta voluntad se objetiviza territorialmente. Se objetiviza como proyecto-propuesta, se objetiviza como liderazgo. Se ha denominado a esta etapa como “empate catastrófico”. Fuerzas que se organizan, colisionan, portadoras de horizontes distintos, de necesidades y propuestas distintas. Cada cual tiene adhesión social. Entonces, “empate catastrófico”. Eso va desde el 2003 hasta por lo menos el 2008. Luego viene el momento en que esta fuerza nueva se convierte en gobierno con la victoria electoral. Pero la tensión de poderes sigue. La Media Luna, con su proyecto de país, conservador, ése sería el tercer momento. El cuarto momento es la fase heroica. ¿Quién va a tener el poder? ¿El viejo bloque se reconstruye con tomas de edificios, con golpe de Estado como se intentó, con el asesinato del presidente Evo como se intentó, trayendo mercenarios para dividir Bolivia como se intentó, o el nuevo bloque en el poder que se consolida? Es el momento que hemos denominado robespierreiano…

–Pero, a diferencia de Robespierre, ustedes tuvieron la valentía de abstenerse de reprimir, de frenar la movilización social ante provocaciones muy serias como la toma de aeropuertos y edificios públicos o la masacre de Pando.

–Fuimos robespierreianos a nuestro modo. No hubo violencia pero hubo despliegue de capacidad de fuerzas. Los contrincantes se miraron, se midieron y dijeron “hasta acá llegamos” y se fueron para atrás, pero midiendo fuerzas. Allá el discurso callaba y lo que contaba era la fuerza. Desplegable, potencial. Ahí se dirime, digamos, la consolidación del nuevo bloque de poder, que luego da lugar a la nueva Constitución, y la reelección del presidente Evo en el 2009, con el 64 por ciento de los votos.

Luego viene el momento de la institucionalización y de la consolidación de lo logrado hasta acá. Ahora estamos en esta quinta etapa, que tiene otra connotación. No es el surgimiento, no es la confrontación, no es el momento de fuerza, se ha consolidado un bloque de poder. Hay un proyecto de país en marcha que se caracteriza por su plurinacionalidad, por la igualdad de culturas, de pueblos, de idiomas. De la descolonización del país que llevará mucho tiempo. De la desconcentración del poder. Un proceso de búsqueda de industrialización del país, preservando el sector campesino. Esa es la etapa en que nos encontramos ahora.

–¿Y por qué es la etapa menos comprendida?

–Es que, desaparecida la gran confrontación de bloques, lo que emerge ahora son las contradicciones en el seno del bloque. Es algo inevitable, necesario y predecible. Necesario para la continuación del proceso. Mao lo llamaba las contradicciones en el seno del pueblo. Este es el momento maoísta o leninista del proceso. Este es un momento en que, consolidado el bloque, vienen los debates, por lo tanto hay tensiones, de cómo fortalecer y profundizar el proceso de cambio. Ahí surgen distintas miradas. Ya no es el momento de gran ascenso. Como toda oleada, es el momento de la acción colectiva. Entonces yo veo que la mayor tensión es entre sectores que buscan un uso corporativo del excedente económico, contra los que buscan un uso general del excedente. Lo vimos antes del conflicto con la COB (la Central Obrera Boliviana), el año pasado, con los indígenas de las tierras bajas y las tierras altas. Los de tierras bajas son pocos, un tres por ciento de la población. Los de tierras altas suman el sesenta por ciento de la población. Todas las tierras fiscales, todas, que les hemos quitado a los hacendados y terratenientes, están en tierras bajas. Los de tierras altas dicen “yo también soy indígena, yo también soy boliviano, yo también tengo derecho a que el Estado me dé tierras, si necesito. Esa es una disputa. Desde una mirada general, la tierra del Estado debe ser para todos. Primera tensión, que llevó a un debate creativo en el sector indígena y se restableció la unidad, pero hubo un debate entre uso general y uso corporativo.

Luego se vino lo de la COB. La tensión se dio entre la clase media estatal de la COB, sector de salud, sector de educación, con el sector obrero y campesino de la COB, que planteaba que los recursos que hemos juntado en estos cinco años se vuelquen a la base industriosa del país. Los compañeros de educación y salud decían no, lo que nosotros queremos es que se mejoren los salarios hoy.

–Usted lo plantea como un debate interno de la COB, pero en los diarios se lee como una disputa entre la COB y el gobierno.

–Es que son tres los momentos. Uno, al interior de la COB, los fabriles son de la COB, los mineros, los petroleros son de la COB, los campesinos son de la COB. Y ahí hubo un debate. Ahí se dio una alianza entre un sector interno de la COB, salud y educación, y otro sector de la COB, el sector campesino e indígena, con el gobierno. ¿Cómo usamos el dinero que hemos ahorrado, que hemos acumulado estos cinco años? ¿Aumentos salariales del cien, doscientos por ciento, o industrializamos el gas, el litio, sectores del campo para que la gente vuelva a trabajar allí? Ese fue el debate que se dio. Los sectores de salud y educación de la COB se lanzaron a una huelga general indefinida, que sólo fue acatada por esos sectores, quince días una parte de ellos no trabajaron y al final este bloque gobierno-campesinos-indígenas-movimientos sociales mantuvieron la posición de que el excedente era para uso productivo y ahí nos quedamos. Lo importante es que se puso en debate qué se hace con el dinero, porque no es dinero del gobierno sino de todos. El debate salió del Parlamento y llegó a toda la sociedad, y la mayoría de la gente respaldó la idea de uso productivo, pero claro, con huelgas, movilizaciones, dinamitas, pero el gobierno no cedió.

–Ahí no, pero sí cedió con el impuestazo.

–Tuvimos que retroceder.

–¿El impuestazo fue idea suya?

–Fue una decisión del gobierno. La idea era la misma. Dejar de subvencionar a los contrabandistas que se llevan nuestro diésel para afuera, y hacer que le llegue a la gente. Pero claro, el aumento de combustible tiene un efecto general en la economía, en el precio de los alimentos. A esto se sumó algo que no se ha hablado mucho. Que justo en ese mes, diciembre, enero, hubo un alza en el precio de los alimentos a nivel mundial y un desabastecimiento de azúcar a nivel interno. Entonces volvemos a bajar el precio de la gasolina, retrocedemos, pero el azúcar sigue subiendo y escaseando, sube el maíz, sube el trigo, suben las verduras. Ahora se ha estabilizado, en marzo bajó un poco, pero nos tocó en pleno pico y no calculamos bien el efecto que tuvo en la gente. Eso fue lo que pasó. Con el presidente fuimos a las asambleas, estuvimos en el campo y los barrios. Las confederaciones campesinas decían “nos afecta pero es necesario”, pero en la ciudad nos dijeron “nos afecta y es necesario, pero no lo hagan”. Supimos entender y fuimos un paso atrás.

–En esta etapa pereciera que los problemas políticos están encaminados y que el desafío es el crecimiento. Da la impresión de que con lo que tienen no alcanza para las grandes expectativas que han generado. ¿Cuál es plan para generar más riqueza?

–Es que en el fondo la política es economía concentrada. Hay un momento de la política. Alianzas, discursos, sentido común de la historia. Ya, pero luego tiene que traducirse en hechos, en beneficios. El debate de Lenin por la NEP (Nueva Economía Política, 1921) es que había que darle de comer a la gente. Sí, se podía hablar del Ejército Rojo y la revolución mundial, está bien, espíritu de la época, socialista y comunista. ¿Pero luego? ¿Qué van a comer? Salvando la diferencia de escalas, es el debate en Bolivia. Se ha creado un sentido común de la historia. Indígenas en el poder. Igualdad de pueblo, desconcentrar el poder. Ahora que ha triunfado eso frente a la lógica neoliberal del mercado y las privatizaciones, eso se tiene que reflejar en el bienestar de la gente. La demanda de la gente es legítima y debe ser resuelta por el debate de los propios sectores interesados. En el año ’82 hubo un gobierno de izquierda (Siles Suazo). Pero en vez de enfrentar los temas, de exponerlos, ¿qué hizo? Te movilizas COB, pides el veinte por ciento, aquí tienes el veinte por ciento. Se movilizan los compañeros, piden el ciento por ciento, aquí tienes el ciento por ciento. En un año, la inflación se disparó del tres, cuatro por ciento, llegó al 17 mil por ciento. Es una opción muy fácil. Ante una demanda, no lo debates con el pueblo, lo resuelves, no te haces conflicto por hoy. Tapas un agujero, mañana tienes un boquete.

–Eso se llama populismo.

–Nosotros no hemos sido así. Debatamos. Esta plata no es del presidente, es de Bolivia. Los compañeros maestros quieren que se aumente el salario, pero aquí los compañeros del campo quieren que se haga la represa y los compañeros petroleros quieren que se haga la petroindustria. Debatamos. Esto es mejor porque dentro de tres o cuatro años nos va a permitir grandes aumentos de salarios. No, yo quiero el aumento ahora. Es en el debate democrático como se soluciona.

–Usted me habla de repartir la plusvalía y está claro que reparten bien. Pero yo preguntaba cómo hacen para agrandar la torta.

–No hemos distribuido todo. Una parte hemos distribuido. nosotros somos el país de América latina que más distribución del PBI hacemos directo a las personas, 2,5 por ciento del Producto Bruto le llega directamente a la gente como transferencia. Luego siguen Brasil con 1,7, y Ecuador con el 0,7. Pero otra parte de nuestros recursos, de nuestras reservas, en vez de distribuirla bajo presión, la hemos sometido al debate general. Nos aguantamos los salarios para industrializar. De aquí a tres años la industria del litio nos dará mil millones y la industria petroquímica, mil quinientos millones. Y recién cuando eso salga, se podrá mejorar el salario. Y es lo que hemos hecho ahora. Hemos apostado a no hacer la distribución populista hoy, para que esto tenga sustento. Nos hemos aguantado las críticas y la parálisis de la educación, que nos digan que éste es un gobierno malvado, para mantener la línea. Vamos a semiindustrializar nuestro país en cinco años: hidrocarburos, litio, minería, energía eléctrica y algo de agricultura.

–¿Con qué dinero?

–Tenemos cuatro fuentes. La primera es la de las nacionalizaciones, que nos ha permitido en cinco años multiplicar por cinco la inversión pública. Invertíamos, en 2005, 600 millones de dólares, hoy invertimos 3200 millones. Para la Argentina no es nada, pero para Bolivia sí. La segunda fuente son nuestras reservas internacionales. Somos el único país del continente que tiene reservas internacionales equivalentes al cincuenta por ciento de su Producto Bruto. En los últimos meses el presidente Evo ha decidido una línea de crédito para empresas públicas del Banco Central para litio y para hidrocarburos y plantas que industrializan el gas. Luego, el presidente Evo ha decidido impulsar una ley para usar dos mil millones de dólares de las reservas para tema hidroeléctrico, de minería y de agricultura. La tercera fuente son los créditos de organismos internacionales. El año pasado hemos pasado a ser un país de ingresos medios, y eso nos permite mejorar los créditos de organismos como el CAF, el BID y el Banco Mundial. Esos créditos están dirigidos a proyectos de infraestructura. Y estamos trabajando de manera acelerada con inversión extranjera, fundamentalmente la China. Queremos trabajar con China el tema hierro, minería y un gran ferrocarril que atraviese Bolivia.

–Por el esquema que me señala, Bolivia seguirá teniendo una economía extractiva.

–Así es. nuestra base productiva es extractivista desde el siglo XVI, con la llegada del virrey Toledo. En este quinquenio queremos un shock industrioso, no industrialista, sino la combinación entre tecnología y mano de obra. Queremos empezar a elaborar materia prima. Hoy el estaño sale de Bolivia y lo vendemos así. Queremos entrar al segundo nivel de semiindustrialización de nuestras materias primas en este quinquenio. Queremos un shock de crecimiento.

–Pero no llega. ¿Cuánto hace que esperan las inversiones para el litio?

–Hay que esperar más. Usted invierte hoy en petroquímica y el primer resultado se ve en cuatro años. Usted invierte en litio, el primer resultado a pequeña escala lo ve a fin de año, y a gran escala recién en el 2014. Estamos imaginando que estas inversiones que henos hecho estos últimos dos años van a tener su primer efecto importante en crecimiento, en más excedente y en empleo, calculamos que entre el 2013 y 2014.

–Yo me refería a que las inversiones extranjeras están tardando en llegar.

–Sí, evidentemente. Fue una decisión que tomamos de modificar la forma en que nos vinculamos con la inversión extranjera. Tenemos el government take (regalías) más alto del continente. En Bolivia es del 85 al 89 por ciento en los megacampos del gas que sale a Brasil y a la Argentina. Es fuerte, pero fue la decisión que tomamos para garantizar la introducción de excedente. Vamos a apostar por la inversión extranjera, fundamentalmente a los países asiáticos, Corea, China, para estas megaobras que tienen que ver con el ferrocarril, extracción de hierro y electricidad. Pero el mayor esfuerzo está recayendo en el Estado.

–¿Cómo está la relación con Estados Unidos?

–Nosotros, cuando entramos al gobierno, fuimos muy claros con los norteamericanos. Dijimos que queremos tener buenas relaciones con Estados Unidos, admiramos su tecnología, admiramos su industria, necesitamos su mercado. Pero eso no lo vamos a obtener a costa de hipotecar nuestra soberanía. Dijimos: “queremos seguir teniendo buenas relaciones con ustedes, pero no se metan en muestra vida política interna, ni con el gobierno, ni con los opositores. Antes en Bolivia, para ser presidente, vicepresidente o ministro, comandante de la policía, usted tenía que exhibir su carnet de existencia planetaria, es decir la visa de entrada a Estados Unidos. Si no, no existía. Eso se acabó. En el 2006 y 2007 trabajamos así. Yo fui tres veces a Estados Unidos a tocar las puertas de los congresistas: “tenemos productos, necesitamos sus mercados”. Al cuarto año la intromisión fue demasiada. Estados Unidos a través de Usaid y la embajada se involucró en este conflicto con la Media Luna, entonces el presidente tomó la valiente decisión de expulsar al embajador.

–¿Y ahora?

–Hoy estamos negociando un tratado, un convenio marco con Estados Unidos, que refleje que todas las ayudas son bienvenidas, todos los intercambios también, pero sin entrometerse en los asuntos de nuestro país. Los documentos van y vienen, pero falta un último punto. Nosotros queremos que la ayuda se canalice a través del Estado y no de una ONG de la oposición. En el convenio hay un artículo donde, a pedido de ellos, se mantienen viejos compromisos. Estamos trabajando, confiamos en firmar pronto este nuevo convenio que mejore la relación.

sodonnell@pagina12.com.ar

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Bolivia: planteo radical en la cumbre medioambiental…

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Los firmantes se comprometieron a detener las explotaciones hidrocarburíferas y forestales en las selvas, respetar el derecho a la consulta en estas comunidades y la titulación de tierras a favor de comunidades y pueblos indígenas.

Por Sebastián Ochoa, desde Cochabamba

El vice boliviano García Linera, Evo Morales, Hugo Chávez y Tomás Borge en la cumbre ecológica de Cochabamba.
Imagen: EFE.

Los encuentros sociales para proponer alternativas al fin del mundo concluyeron con planteos radicales y ambiciosos. El cumplimiento del Acuerdo de Cochabamba obligaría a los países, incluido Bolivia, a olvidarse de extraer recursos naturales de selvas y territorios indígenas. O al menos consultar a las comunidades, como dicen varios tratados internacionales intrascendentes para los estados adheridos. Además los llevaría a cambiar sus matrices energéticas por otras que no contaminen la atmósfera. Miles de personas dejaron esta ciudad persuadidas de que sus consensos se concretarán en algo. Según ellos, toca ahora a los gobiernos encargarse del reclamo o pagar también esas consecuencias. Como señal de que tomará en cuenta el texto elaborado por 35 mil personas, el gobierno boliviano anunció la creación del Ministerio de la Madre Tierra.

Los documentos de las 17 mesas de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra (Cmpcc) no tienen grandes diferencias con la resolución de la Mesa 18, que sesionó también en Cochabamba sin el reconocimiento del gobierno. Muchas personas participaron en ambos espacios, muchas otras fueron con las mismas propuestas: detener las explotaciones forestales e hidrocarburíferas en las selvas, respetar el derecho a la consulta en estas comunidades y la titulación de tierras a favor de comunidades y pueblos indígenas.

“Este modelo capitalista impone megaproyectos de infraestructura, invade territorios con proyectos extractivistas, privatiza y mercantiliza el agua y militariza los territorios expulsando a los pueblos indígenas y campesinos de sus territorios, impidiendo la soberanía alimentaria y profundizando la crisis socioambiental”, denuncia el texto de la Cmpcc.

“Los gobiernos deben eliminar las concesiones forestales y apoyar la conservación del petróleo bajo la tierra y detener urgentemente la explotación de hidrocarburos en las selvas”, dice el acuerdo cochabambino.

En este sentido, sostiene que “la mejor estrategia y acción para evitar la deforestación y degradación y proteger los bosques nativos y la selva es reconocer y garantizar los derechos colectivos de las tierras y territorios, considerando especialmente que la mayoría de los bosques y selvas están en los territorios de pueblos y naciones indígenas, comunidades campesinas y tradicionales”.

También demanda “la plena y efectiva aplicación del derecho a la consulta, la participación y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas en todos los procesos de negociación, así como en el diseño e implementación de las medidas relativas al cambio climático”.

Para ello, exigen que se respeten instrumentos de derecho internacional, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado en la mayoría de los países de las Naciones Unidas; o la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, elaborado por la ONU pero constitucionalizado sólo por Bolivia.

El documento final reflejó la preocupación de los acreditados, venidos de 140 países, por la explotación acelerada de los recursos de este mundo. “En la actualidad ya se ha excedido en más de un 30 por ciento la capacidad del planeta para regenerarse. A este ritmo de sobreexplotación de nuestra Madre Tierra, se necesitarían dos planetas para el 2030”, según el acuerdo.

Ese motivo, entre otros, justificó la propuesta de hacerle derechos a la Tierra. “En un sistema interdependiente, del cual los seres humanos somos uno de sus componentes, no es posible reconocer derechos solamente a la parte humana sin provocar un desequilibrio en todo el sistema. Para garantizar los derechos humanos y restablecer la armonía con la naturaleza, es necesario reconocer y aplicar efectivamente los derechos de la Madre Tierra”, dice el texto.

Algunos de los derechos propuestos para la Tierra son “a la vida y a existir”, “a ser respetada”, “a la continuación de sus ciclos y procesos vitales libre de alteraciones humanas”, “al agua como fuente de vida”, “al aire limpio”, “a estar libre de la contaminación y polución de desechos tóxicos y radiactivos”.

De acuerdo con el Protocolo de Kioto, los 42 países más industrializados están obligados a disminuir sus emisiones de gases contaminantes en un cinco por ciento entre 2008 y 2012. En la Conferencia de Partes de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 15) realizada en diciembre pasado en Copenhague, se propuso que de aquí en adelante cada país emitiera menos gases en forma voluntaria, según las necesidades de sus negocios.

En la Cmpcc definieron que entre 2013 y 2020 los 42 países del llamado Anexo 1 reduzcan sus emisiones en un 50 por ciento. Esa posición defenderá Bolivia en la COP 16, que será a fin de año en Cancún, México. Posiblemente, algunos de los 48 gobiernos que enviaron delegaciones oficiales a esta conferencia apoyen este reclamo.

Con una reducción del 50 por ciento se espera que el aumento de la temperatura del planeta no sobrepase los dos grados en el próximo siglo y se estabilice en 1,5. El Entendimiento de Copenhague, deplorado por la concurrencia, plantea una tolerancia de hasta dos grados. Sin embargo, varios científicos presentes en la Cmpcc destacaron que ese entendimiento llevaría a que la Tierra tuviera cuatro grados más y muchas poblaciones costeras menos.

También definieron la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática, encargado de juzgar a los estados y empresas que contaminen. Para que esta instancia funcione, en la Cmpcc exigieron una “profunda reforma” en la estructura de la ONU. Y convocaron a la constitución de un movimiento global que vigile la aplicación del Acuerdo de Cochabamba, cuyo texto entero se encuentra en http://www.cmpcc.org.

Calcularon que el costo de la deuda climática de los países industrializados hacia los empobrecidos ascendería al seis por ciento anual de sus PBI. “Esto es viable tomando en cuenta que gastan un monto similar en defensa nacional y destinaron cinco veces más para rescatar bancos y especuladores en quiebra, lo que cuestiona seriamente sus prioridades mundiales y su voluntad política”, se lee en el acuerdo.

El gobierno de Evo Morales quiso dar el primer paso para ese lado y proclamó la creación del Ministerio de la Madre Tierra. El vicepresidente, Alvaro García Linera, dijo que la nueva cartera recogerá “buena parte de lo que hoy es el Viceministerio de Medio Ambiente y Agua, pero también está claro que tendrá que asumir responsabilidades en función del documento de Cochabamba”.

Aprobar la ley de la Madre Tierra no debiera traer dificultades al actual gobierno, que controla dos tercios de votos en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Como país capitalista atrasado, Bolivia debería desistir en sus intenciones de extraer petróleo del selvático norte de La Paz, según denuncia el pueblo indígena Leco a la empresa Petroandina, conformada por YPFB (del Estado Plurinacional) y Pdvsa (de capitales venezolanos). También tendría que respetar el derecho a la consulta de los indígenas que viven cerca de emprendimientos mineros, como reclaman los quechuas y aymaras reunidos en el Consejo Nacional de Markas y Ayllus de Qullasuyu (Conamaq). Esta organización, aunque aliada al gobierno de Morales, promovió la creación de la Mesa 18.

Este espacio, que contó con más de tres mil inscriptos, sesionó a tres cuadras de la conferencia, en la localidad de Tiquipaya, Cochabamba. Allí se explayaron sobre casos puntuales de contaminación en poblaciones y quitaron un poco de romanticismo al “proceso de cambio” que por un lado pronuncia discursos en defensa de la Pachamama, pero por otro avala la operación de transnacionales que rechaza la población. Además de conflictos bolivianos, aquí trataron sobre la lucha por la propiedad colectiva de la tierra de campesinos de Córdoba y los perjuicios que ocasionan empresas mineras en Catamarca y San Juan, entre otros.

Esclavos en tiempos de Evo

Por Santiago O’Donnell

En el Chaco boliviano, cerca de la frontera con Argentina y Paraguay, actualmente viven unas 600 familias guaraníes en condiciones que constituyen formas contemporáneas de esclavitud. Lo dice así, con todas las letras, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicado esta semana.

Por supuesto que el Chaco boliviano no es el único lugar del mundo, ni de la región, ni siquiera de Bolivia, donde se practica la esclavitud. Según la Organización Internacional del Trabajo, en América latina y el Caribe la incidencia de trabajo forzoso es de 2,5 víctimas por cada mil habitantes. Pero el caso del Chaco boliviano es quizás el más flagrante y alevoso, o simplemente el mejor documentado. Según la comisión, las prácticas esclavistas en esa zona se vienen llevando adelante desde hace más de un siglo, “ante la pasividad de las autoridades regionales e internacionales”.

Lo llamativo es que cuatro años del gobierno más progresista de la región no han podido revertir esta situación. Se trata del gobierno del primer presidente indígena de América latina, símbolo y emergente de las luchas políticas de los movimientos sociales. Un gobierno indudablemente comprometido con los derechos de los pueblos originarios, que lleva adelante la reforma agraria más radical de toda la región.

Ese gobierno no ha podido erradicar la esclavitud en su propio país, ni generar las condiciones para que el pueblo guaraní del Chaco boliviano pueda subsistir dignamente. Y no es que no lo haya intentado.

El informe de la CIDH detalla la batería de iniciativas que adoptó el gobierno de Morales en favor de los guaraníes chaqueños, pero también cómo distintos factores y actores conspiran en contra de esas medidas hasta tornarlas poco menos que inútiles –y en algunos casos hasta contraproducentes– para los intereses de sus supuestos beneficiarios.

Por decirlo mal y pronto, los enclaves esclavistas están situados en territorio controlado por la oposición. Por esa razón, el interés de los latifundistas por mantener el statu quo se mimetiza con el reclamo autonomista que la oposición utiliza para obstaculizar las reformas del gobierno.

Embanderados en la causa opositora, los hacendados resisten por la fuerza cualquier intento del gobierno por comprobar los abusos in situ y por redistribuir tierras en favor de los guaraníes. La situación se complica porque esos hacendados además forman parte de la elite política que gobierna la región. Como la presencia del Estado boliviano en el Chaco es casi nula, son esos hacendados quienes controlan la administración de la justicia y de la seguridad.

La comisión pudo constatar que ese control se extiende a la circulación de los habitantes de la región, ya que la mayoría de los caminos están atravesados por tranqueras con cadena y candado, porque los hacendados los reclaman como propios.

Y a todo esto se suma el factor racial. Los esclavos son todos guaraníes y sus patrones son todos blancos. Esto, en un país que acaba de sancionar una Constitución plurinacional que reconoce la autonomía de los pueblos originarios.

Según la CIDH, las prácticas esclavistas en el Chaco fueron alentadas durante décadas por el Estado boliviano, que despojó a los habitantes originarios de sus tierras para entregárselas a grandes latifundistas. La reforma agraria de la década del ‘50, que transformó al resto del país, pasó casi inadvertida en el Chaco, donde la elite local consiguió preservar todos sus privilegios.

“Efectivamente, dicha reforma en algunos aspectos fortaleció el poder económico y político de los hacendados del Chaco, los cuales tenían fuertes vínculos con el partido del gobierno”, dice el informe. “Los guaraníes fueron forzados a someterse a las condiciones impuestas porque no tenían acceso a su propio territorio, que les hubiese permitido autosustentarse.”

Sin tierra en la región más pobre del país más pobre de Sudamérica, los guaraníes se vieron obligados a someterse a pagos miserables a cambio de jornadas interminables. “Las jornadas laborales son generalmente de más de 12 horas al día, y en muchos casos se les asigna realizar un trabajo específico que debe ser terminado en el día de faena, lo cual normalmente es de imposible cumplimiento. Un hombre guaraní de la comunidad de Itacuatía narraba lo siguiente: ‘Cuando yo era chico, me levantaba para ir a trabajar a las tres de la mañana porque antes era el toque de campana para trabajar a esa hora’… Otros testimonios confirmaban que el pago que recibían era ínfimo y el trato que recibían era degradante”, señala el documento.

Ese régimen lleva indefectiblemente al endeudamiento y al sometimiento. “La situación de endeudamiento se genera mediante el registro que tienen los patrones de sus trabajadores en un cuaderno donde anotan su nombre, las actividades que realizan, los adelantos entregados en especies o el dinero que se entrega en pago al trabajo desarrollado. Este cuaderno es el único documento para realizar los ‘arreglos’ que se efectúan, y en casi todos los casos los trabajadores resultan debiéndole al patrón. Esto genera las obligaciones de trabajar a futuro, situación que puede llegar a ser vitalicia e incluso heredarse de una generación a otra”, explica la comisión.

En esta situación, el castigo corporal y el trabajo infantil son moneda corriente, constató la comisión: “Durante las visitas del 2006 y 2008, la Comisión tomó conocimiento e incluso recibió testimonios relacionados con eventos de maltrato físico de guaraníes mediante ‘huasqueadas’ (latigazos), quema de sus cultivos y muerte de sus animales como castigo por ‘desobediencia’. En palabras de un hombre de Itacuatía, ‘nos tratan con garrotes y chicote… siempre nos sabían chicotear, maltratarnos. Estos actos de violencia siempre han existido’”.

Todo esto iba a revertirse con la llegada al poder del gobierno de Evo Morales. Ese gobierno sancionó en el 2006 una ley de Reforma Agraria por la cual los latifundios esclavistas debían ser confiscados y entregados a los pueblos originarios. Pero cuando los técnicos del Instituto Nacional de Reforma Agraria se presentaron en el Chaco para hacer el saneamiento de las tierras, fueron repelidos a balazos por los hacendados.

Igualmente, el INRA llegó a fallar en dos casos en favor de los guaraníes. La decisión del INRA fue avalada por el Tribunal Agrario creado por la nueva Constitución para dirimir pleitos de propiedad de tierras. Pero los hacendados recurrieron el fallo del Tribunal Agrario ante el Tribunal Constitucional, potestad también incluida en la nueva Constitución. Como el Tribunal Constitucional aún no se ha constituido, las tierras en disputa siguen en poder de los hacendados y las prácticas esclavistas continúan.

El bajo nivel de alfabetización de los guaraníes y las dificultades que tienen para acceder a los servicios de justicia son otro obstáculo que el gobierno aún no ha podido solucionar. En el 2007 Morales firmó un decreto para lanzar un plan con el fin de mejorar la salud, la educación y el acceso a la justicia en el Chaco boliviano, pero se trata de una acción cuyos resultados se podrán apreciar a mediano plazo.

La fiscalía encargada de la región se muestra permeable a la influencia política de los hacendados. Sólo inició una investigación de oficio sobre las prácticas esclavistas después de un duro informe de la CIDH en 2006. Pero en esa investigación el fiscal ingresó a las haciendas acompañado por políticos locales y en su presencia interrogó a las víctimas. Como en esas condiciones intimidatorias nadie se animó a decir esta boca es mía, el fiscal concluyó que todos los hacendados pagaban sueldo y aguinaldo y daban un trato digno a sus empleados. El caso fue archivado.

Según el informe publicado esta semana, las políticas del gobierno de Morales para revertir las prácticas esclavistas en el Chaco tuvieron el efecto indeseado de dividir y debilitar a la comunidad guaraní. Algunos se fueron de las haciendas y formaron comunidades independientes, donde subsisten en condiciones paupérrimas. Otros se quedaron en las haciendas por voluntad propia, otros se fueron a cambio del pago de sus supuestas deudas, otros quisieron irse pero no pudieron, otros fueron echados por querer organizarse.

“Según diversas fuentes, muchos guaraníes han sido expulsados por los hacendados como consecuencia del proceso de saneamiento que se realiza en sus respectivas zonas y como represalia por su participación en la Asamblea del Pueblo Guaraní. La Comisión recibió otros testimonios que indican que la situación de los guaraníes expulsados es muy precaria, debido a que carecen de lugar donde vivir y donde cultivar lo mínimo para garantizar su subsistencia”, dice el informe.

En la presente coyuntura, dada la relación de fuerzas, para expropiar las tierras de los hacendados esclavistas y devolvérselas a los guaraníes, Evo Morales debería mandar al ejército a invadir el Chaco, lo cual equivaldría a incendiar el país.

La alternativa es fijar políticas claras y dejar que las instituciones actúen, aun cuando muchas de esas instituciones están cooptadas, colonizadas, funcionan mal, no existen o figuran sólo en papel. Morales parece haber elegido ese camino, más largo y más incierto, en función del interés nacional.

Mientras tanto, todo está como era entonces para las familias esclavas del Chaco boliviano. O tal vez peor, por la brutal respuesta de los hacendados a las acciones reformistas del gobierno. Y por saberse esclavos aun en tiempos de Evo.

sodonnell@pagina12.com.ar

Página/12

Bolivia: un nuevo movimiento sobre el cambio climático, por N. Klein

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Naomi Klein

NAOMIKLEIN2 Cochabamba, Bolivia. Eran las 11 de la mañana y Evo Morales había transformado el estadio de futbol en un gigantesco salón de clases, y había reunido una variedad de objetos de utilería: platos de cartón, vasos de plástico, impermeables desechables, jícaras hechas a mano, platos de madera y coloridos ponchos. Todos jugaron un papel para demostrar un punto principal: para luchar contra el cambio climático necesitamos recuperar los valores de los indígenas.

Sin embargo, los países ricos tienen poco interés en aprender estas lecciones y, al contrario, promueven un plan que, en el mejor de los casos, incrementaría la temperatura global promedio en dos centígrados. Eso implicaría que se derritieran los glaciares de los Andes y los Himalaya, le dijo Morales a las miles de personas reunidas en el estadio, como parte de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. Lo que no necesitaba decir es que no importa cuán sustentablemente elija vivir el pueblo boliviano, pues no tiene el poder para salvar sus glaciares.

La cumbre climática en Bolivia ha tenido sus momentos de alegría, levedad y absurdos. Sin embargo, en el fondo, se siente la emoción que provocó este encuentro: rabia contra la impotencia.

No hay por qué sorprenderse. Bolivia está en medio de una dramática transformación política, una que nacionalizó las industrias clave y elevó como nunca antes las voces de los indígenas. Pero en lo que se refiere a su crisis existencial más apremiante –el hecho de que sus glaciares se derriten a un ritmo alarmante, lo cual amenaza el suministro de agua en dos de las principales ciudades–, los bolivianos no pueden cambiar su destino por sí solos.

Eso se debe a que las acciones que provocan el derretimiento no se realizan en Bolivia, sino en las autopistas y las zonas industriales de los países fuertemente industrializados. En Copenhague, los dirigentes de las naciones en peligro, como Bolivia y Tuvalu, argumentaron apasionadamente en favor del tipo de reducciones a las emisiones de gases que podrían evitar una catástrofe. Amablemente les dijeron que la voluntad política en el Norte simplemente no existía. Y más: Estados Unidos dejó claro que no necesitaba que países pequeños como Bolivia fueran parte de una solución climática. Negociaría un acuerdo con otros emisores pesados a puerta cerrada y el resto del mundo sería informado de los resultados e invitado a firmar, lo cual es precisamente lo que ocurrió con el Acuerdo de Copenhague. Cuando Bolivia y Ecuador rehusaron aprobarlo en automático, el gobierno estadunidense recortó su ayuda climática en 3 millones y 2.5 millones de dólares, respectivamente. No es un proceso de a gratis, explicó Jonathan Pershing, negociador climático estadunidense. (Aquí está la respuesta para cualquiera que se pregunte por qué los activistas del Sur rechazan la idea del apoyo climático y, en cambio, demandan el pago de deudas climáticas.) El mensaje de Pershing era escalofriante: si eres pobre, no tienes derecho a priorizar tu propio supervivencia.

Cuando Morales invitó a los movimientos sociales y los defensores de la madre tierra, científicos, académicos, abogados y gobiernos, a venir a Cochabamba a un nuevo tipo de cumbre climática, fue una revuelta contra esta sensación de impotencia, fue un intento por construir una base de poder en torno al derecho a sobrevivir.

El gobierno boliviano arrancó las discusiones proponiendo cuatro grandes ideas: que se debería otorgar derechos a la naturaleza, que protejan de la aniquilación a los ecosistemas (una declaración universal de los derechos de la madre tierra); que aquellos que violen esos derechos y otros acuerdos ambientales internacionales deberían enfrentar consecuencias legales (un tribunal de justicia climática); que los países pobres deberían recibir varios tipos de compensación por una crisis que ellos enfrentan pero tuvieron poco que ver en crear (deuda climática), y que debería haber un mecanismo para que la gente en el mundo exprese sus puntos de vista sobre estos temas (un referéndum mundial de los pueblos sobre cambio climático).

La siguiente etapa fue invitar a la sociedad civil global a ir discutiendo los detalles. Se instalaron 17 grupos de trabajo y después de semanas de discusión en línea se reunieron durante una semana en Cochabamba, con el fin de presentar sus recomendaciones finales al término de la cumbre. El proceso es fascinante pero lejos de ser perfecto (por ejemplo, como señaló Jim Shultz de Democracy Center, al parecer, el grupo de trabajo sobre el referendo invirtió más tiempo discutiendo si añadir una pregunta sobre abolir el capitalismo que discutiendo cómo se le hace para llevar a cabo una consulta global). Sin embargo, el entusiasta compromiso de Bolivia con la democracia participativa podría ser la contribución más importante de la cumbre.

Esto porque luego de la debacle de Copenhague un tema de discusión tremendamente peligroso se volvió viral: la verdadera culpable del fracaso era la democracia en sí. El proceso de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que da votos con el mismo peso a 192 países, simplemente era demasiado difícil de manejar. Era mejor encontrar soluciones en grupos pequeños. Hasta las voces ambientales de confianza, como James Lovelock, cayeron en la trampa: Tengo la sensación de que el cambio climático puede ser un tema tan severo como la guerra, le dijo a The Guardian recientemente. Quizá sea necesario poner a la democracia en pausa durante un tiempo. Pero en realidad son estos pequeños grupos, como el club privado que forzó el Acuerdo de Copenhague, los que han ocasionado que perdamos terreno y debilitado los acuerdos existentes, que de por sí son inadecuados. En cambio, la política de cambio climático llevada a Copenhague por Bolivia fue redactada por los movimientos sociales mediante un proceso participativo y el resultado final fue, hasta el momento, la visión más transformadora y radical.

Con la cumbre de Cochabamba, Bolivia intenta globalizar lo que logró a escala nacional e invitar al mundo a participar en redactar una agenda climática conjunta, antes del próximo encuentro sobre cambio climático de la ONU, en Cancún. En palabras del embajador de Bolivia ante Naciones Unidas, Pablo Solón, la única cosa que puede salvar a la humanidad de una tragedia es el ejercicio de la democracia global.

Si está en lo correcto, el proceso boliviano podría no sólo salvar a nuestro planeta que está calentándose, sino también a nuestras democracias en vías del fracaso. No está mal el trato.

El texto fue publicado en The Nation. Traducción: Tania Molina Ramírez

http://www.naomiklein.org.

Crisis climática: ya tiene cascabel el gato

Silvia Ribeiro *

Tiquipaya, Bolivia. Más de 35 mil personas respondieron a la convocatoria que lanzó Bolivia a la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra (CMPCC), en Cochabamba, del 19 al 22 de abril. La tercera parte vino de 142 países en cinco continentes. La mayoría de los participantes fueron movimientos sociales, campesinos, indígenas, organizaciones de mujeres, ambientalistas, pescadores. También acudieron representantes de gobierno de 47 naciones, académicos, intelectuales, activistas, artistas, músicos. Se debatió intensamente en 17 grupos de trabajo convocados por los organizadores y 127 talleres autorganizados.

Además, una de las grandes federaciones indígenas de Bolivia: el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), llamó con otras agrupaciones a la Mesa 18 para tratar temas que no veían reflejados en la agenda de la conferencia, como la crítica a proyectos mineros, de gas y petróleo.

La convocatoria a esta cumbre rebasó todas las expectativas, tanto en número como en contenido, convirtiéndose en un hito histórico en el debate internacional sobre la crisis climática. Ante las maniobras de los gobiernos poderosos en Copenhague, Bolivia convocó a las bases de las sociedades del mundo a manifestar sus posiciones y plantearlas a los gobiernos. Ambas cosas sucedieron en forma contudente. También se afirmaron las redes e interacciones entre los movimientos, con una sana distancia de las propuestas de crear nuevas redes globales, ahora sobre crisis climática. Esto quedó para discutir entre los movimientos: la mayoría no considera que se necesita una nueva estructura, sino más interacción y complementación.

Se creó sí, una base común para la compresión, el análisis crítico y las estrategias frente a la crisis climática, enriquecida por diversas perspectivas desde muchas culturas, pueblos, organizaciones temáticas y sectoriales del continente y el mundo. El Acuerdo de los Pueblos en Cochabamba refleja esto (www.cmpcc.org) .

Hubo rechazo enérgico y repetido al Entendimiento de Copenhague que quiso imponer una veintena de países –los mayores responsables de la crisis climática– en diciembre pasado. Los cínicos compromisos que allí se firman significarían un aumento de la temperatura hasta de cuatro grados, una catástrofe anunciada para los pueblos del Sur. La CMPCC exige detener el calentamiento descolonizando la atmósfera, con una reducción de 50 por ciento de las emisiones de gases de los países industrializados en su fuente, no mediante mecanismos de mercados de carbono, a los cuales se opone en todas sus variantes. Rechaza también los mecanismos llamados REDD, que bajo el título de reducir la deforestación, en realidad la aumentarán y provocarán la alienación del manejo de los bosques por las comunidades y pueblos, además de promover los monocultivos de árboles, que no son bosques, sino agravantes de las crisis.

Enmarcando todo esto, se plantea una denuncia de las causas reales de la crisis climática planetaria. Confrontamos la crisis terminal del modelo civilizatorio patriarcal basado en el sometimiento y destrucción de seres humanos y naturaleza, que se aceleró con la revolución industrial. El sistema capitalista nos ha impuesto una lógica de competencia, progreso y crecimiento ilimitado. Este régimen de producción y consumo busca la ganancia sin límites, separando al ser humano de la naturaleza, estableciendo una lógica de dominación sobre ésta, convirtiendo todo en mercancía: el agua, la tierra, el genoma humano, las culturas ancestrales, la biodiversidad, la justicia, la ética, los derechos de los pueblos, la muerte y la vida misma, expresa el Acuerdo de los Pueblos.

Condena la agricultura industrial y las corporaciones de los agronegocios –directamente responsables de cerca de la mitad de las emisiones que causan la crisis climática–, así como los mecanismos y propuestas que apoyan el avance de las trasnacionales y la devastación de la Madre Tierra, como los tratados de libre comercio y la introducción de nuevas y riesgosas tecnologías, como transgénicos, tecnología terminator, nanotecnología, geoingeniería y agrocombustibles.

Denunciamos cómo el modelo capitalista impone megaproyectos de infraestructura, invade territorios con proyectos extractivistas, privatiza y mercantiliza el agua y militariza los territorios, expulsando a los pueblos indígenas y campesinos de sus tierras, impidiendo la soberanía alimentaria y profundizando la crisis socioambiental, continúa el Acuerdo de los Pueblos.

La declaración de la “Mesa 18“ enfatiza estos mismos aspectos, criticando políticas extractivistas y proyectos de explotación de hidrocarburos y mineros del gobierno boliviano. Aclara que su iniciativa no fue “una tribuna para desacreditar al gobierno ni para socavar la legitimidad de un cónclave del que nos sentimos parte… (se trata de) formular propuestas que ayuden a enderezar el rumbo del proceso de cambio, asumiendo la responsabilidad de defenderlo y protegerlo, porque ha sido concebido por el movimiento popular boliviano en muchos años de lucha”.

La CMPCC plantea también estrategias y propuestas, como el reclamo de la deuda ambiental, la creación de un tribunal internacional de justicia climática, la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. La de más largo alcance sigue siendo implementar la soberanía alimentaria, basada en formas de vida y producción campesinas, indígenas y locales, que es el principal factor que enfría el planeta y el que puede volverlo al equilibrio, además de promover la justicia social y la biodiversidad.

Todo esto y más llegará a Cancún, donde las negociaciones oficiales sobre el clima sesionarán en diciembre. Pero sobre todo, ya está entre los movimientos sociales de todo el mundo.

*Investigadora del Grupo ETC

LA JORNADA.MX

Written by Eduardo Aquevedo

25 abril, 2010 at 3:12

Bolivia: un análisis de las elecciones y del proceso de transformación social. Entrevista a A. García Linera

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Entrevista con Alvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, tras las elecciones

BOLIVIA-LINERA002 "Los movimientos sociales nos pueden llevar a un horizonte socialista postcapitalista"

Mercedes López San Miguel

El ex guerrillero dice que forma parte de un proceso de transformación estructural de su país, que a largo plazo será una sociedad comunitaria, postcapitalista.

En la sala del hotel porteño recibe con una sonrisa. ¿Café?, ¿coca?, dice, vestido de traje oscuro. Cuando se sienta apenas se ve en su cara una señal de cansancio. Hace minutos Alvaro García Linera dejaba la Facultad de Derecho en donde dio una charla después de recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires. Antes se había reunido con la presidenta Cristina Fernández. El vicepresidente de Bolivia podría ser un personaje de una novela revolucionaria: fue guerrillero, estuvo preso y hoy forma parte de un proceso de transformación estructural de su país que, según afirma, será a largo plazo una sociedad comunitaria, postcapitalista. García Linera dice que en Argentina encontró un hermano y que se decepcionó con Obama. “Sigue el chantaje, sigue la presencia de distintos despachos del Estado norteamericano y sus intermediarios para entrometerse en nuestro país reclutando dirigentes sociales, inculcándoles una formación deformada del concepto de democracia y de desarrollo.”

En las elecciones del domingo pasado el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) ganó, pero no avanzó todo lo que hubiera querido hacia el Oriente del país. ¿Esto a que se debió?

Yo diría que se avanzó mucho. En el 2005, el presidente Evo obtuvo el 54 por ciento del electorado, en gobernaciones sacamos el 18 por ciento y logramos tomar el control de tres prefecturas. Hoy nuestro voto de gobernaciones llega al 53 por ciento, pasamos de tres a seis. Hubiéramos querido avanzar más, pero en términos realistas es una triplicación del porcentaje y una duplicación del número de gobernaciones. Igual sucedió en municipios: en 2004 llegamos a obtener 100 alcaldías de un total de 330, hoy solamente como MAS tenemos entre 240 y 250 municipios. Quisiéramos tener los 330, ¿quién no?, pero es una fuerte presencia territorial en el país, incluso en regiones de la zona del Oriente en donde teníamos cero de presencia como en Santa Cruz, en donde ahora vamos a bordear las 26 alcaldías.

¿Y qué pasó con la alcaldía de La Paz, que quedó en manos del ex aliado del MAS, Movimiento Sin Miedo?

Nos hubiera gustado ganar. En 2005 ni siquiera ganamos la prefectura y un años antes perdimos la alcaldía. Lo que pasa que en elecciones municipales y regionales entran en juego otros elementos. No se pusieron en juego proyectos de sociedad, de Estado ni de economía, sino el ámbito doméstico de la gestión municipal. Más que una elección de carácter político ha sido una votación en torno a personalidades locales vinculadas con la capacidad de gestión local. La oposición presentó un candidato con una buena experiencia, frente a la candidata nuestra que no tenía esa trayectoria.

Parece evidente que fuera por la ruptura con el MSM y este llamado del presidente a votar sólo por el partido gobernante.

Es probable que haya influido esta separación. Mayor experiencia, mayor conocimiento de ellos. Hicieron una gestión interesante en alcaldía y la gente votó la continuidad. Fue una victoria del MSM pero, como le dije, en ningún momento estuvo en juego un proyecto de sociedad, sino en el desarrollo urbanístico de las ciudades.

¿Qué responde a las críticas que se le hacen al gobierno de que existe un personalismo de Evo Morales y que el partido se transformó en el único posible?

En ningún momento el MAS tiene la intención de convertirse en partido único, porque incluso internamente es una coalición de múltiples movimientos: campesinos, indígenas, barriales, obreros, en sí mismo es la expresión de la amplia diversidad clasista y cultural de nuestra sociedad. Adentro hay pluralidad, nosotros estamos convencidos de la importancia de la pluralidad política. Buscamos una mayor presencia territorial para mejorar la gestión. Tuvimos gobernadores que se dedicaron a dar golpes de Estado y no a gestionar. Habiéndose resuelto el gran debate político estructural de qué tipo de sociedad deseamos construir quisiéramos que avance la industrialización, porque tenemos buenos recursos. Queremos que la modernización avance rápido, sin los obstáculos que tuvimos en 2007, 2008 y 2009.

¿Y hacia dónde va este proceso socialista?

Son tres pilares de transformación estructural que han sido definidos por la Constitución: la plurinacionalidad, el régimen de autonomías y la economía social comunitaria. Inauguramos una Constitución que establece que nuestro Estado es plurinacional, que las culturas, los idiomas y los saberes diversos de la población tienen igualdad y el reconocimiento en el ámbito público. Esto tiene que volverse práctico en el ámbito escolar, en la publicación de textos, en el aprendizaje del idioma indígena por parte de los funcionarios públicos; es un proceso de descolonización lingüística, cultural y conceptual. La desconcentración del Estado es el Estado autonómico. Celebramos la elección de gobernadores en la que la asamblea departamental fue electa y no elegida a dedo. Y no solamente elegir autoridades. Es hacer acuerdos y pactos fiscales, compatibilizar funciones, en España andan 30 años mejorando ese proceso. El tercer eje es el de la economía social comunitaria, de una modernidad tridimensional, que es en el ámbito de los recursos naturales procesos de industrialización acelerada. Minerales, gas, agua: uso y gestión industrializada, primera dimensión. Segundo, que las empresas pequeñas vean potenciados sus emprendimientos y lo tercero es lo comunitario. Que sea un uso común de los recursos naturales. Potenciar, irradiar y liberar las fuerzas comunitarias que existen en las estructuras agrarias. En la medida en que las tareas las conduzcan los movimientos sociales, puede llevar a un horizonte socialista postcapitalista, como horizonte a largo plazo.

¿Cuánto afecta a este proceso la crisis mundial?

Bolivia ha sido la economía que más creció el año pasado en América Latina por dos motivos. El primero es el énfasis en la importancia del mercado interno a través de la ampliación de la demanda, las políticas sociales a los más excluidos, a los asalariados, a los sectores agrícolas, que han ampliado el consumo de bienes y de servicios y eso ha dinamizado la economía. La mitad del crecimiento se debe a la propia dinámica de la demanda interna. Una parte del excedente económico de la explotación de los recursos naturales se retiene en el país. En el 2005, el porcentaje de la ganancia del gas con el que se queda el Estado era del 30 por ciento, actualmente es entre el 68 y el 80. El otro tema son las reservas internacionales. Cuando llegamos al gobierno eran de 1.700 millones de dólares, hoy tenemos 8.500 millones de dólares. Hay una retención al excedente que le permite, aun en tiempos de crisis, disponer de flujos monetarios que pueden ser utilizados por el Estado para dinamizar la economía tanto en las exportaciones como supliendo la caída de precios o en el ámbito del consumo interno. Crecimos 3,5 por ciento, sin crisis hubiéramos crecido más. Redujimos la pobreza extrema en ocho puntos en tres años.

¿Cómo ve las relaciones con Argentina?

Muy cordiales. No podemos dejar de valorar el espaldarazo que nos dieron el Gobierno y el pueblo argentinos en momentos complicados. Una vez en la confrontación con las empresas petroleras, cuando hicimos la nacionalización que nos permitió aumentar la retención, las empresas amenazaron con detener la explotación de los campos y el gobierno argentino dijo que nos apoyaba, financieramente si era necesario. Otra vez fue cuando se dio el golpe de Estado en 2008 por parte de la coalición cívica y rápidamente se realizó un encuentro de emergencia de la Unasur para respaldar la democracia en Bolivia. Aquello fue decisivo para derrotar las tendencias golpistas y antidemocráticas. Argentina es un hermano que acompaña los procesos de transformación en el marco de la soberanía.

¿Cómo ve la región, ahora que en Chile cambió el signo político y es probable que suceda en Brasil?

Es un momento excepcional para América latina. Hay una oleada general de desneoliberalización de sus estructuras económicas y políticas, unos más radicalmente y otros menos. Un nuevo protagonismo del Estado, un reforzamiento de las políticas sociales en el país, una búsqueda de equilibrio entre gestión y recursos estratégicos. Es probable que quizá en algún país se dé un retroceso. Eso es justamente lo previsible. Los países no son soldados, tienen ritmos distintos, pero hay un humor colectivo, un sentido de hacia dónde se tiene que ir. El sentido de la época es hacia adelante. El hecho de que cada uno de nuestros países busca vías propias abandonando el recetario neoliberal de los noventa hace que cada país enfrente de mejor manera el bajón de la economía mundial.

¿Mejoraron las relaciones con Estados Unidos con la administración Obama?

No. Lamentablemente, no. La nueva gestión de Obama trajo esperanza porque creíamos que podía haber un giro de timón en esa actitud antagonista y en momentos conspirativa que tuvo la administración Bush contra nosotros. Pero no sucedió. Encontramos una continuidad de esas políticas: sigue el chantaje, sigue la presencia de distintos despachos del Estado norteamericano y sus intermediarios para entrometerse en nuestro país reclutando dirigentes sociales, inculcándoles una formación deformada del concepto de democracia y de desarrollo, promoviendo divisiones al interior de los movimientos sociales, dejando de lado sus responsabilidades en la lucha contra el narcotráfico, haciendo que recaigan todos los gastos en nuestro país. Y en otras partes del continente Estados Unidos incrementa su presencia militar con las bases en Colombia, el aumento de efectivos en Perú, el uso de fuerzas armadas de modo innecesario en la crisis haitiana. El apoyo al golpe en Honduras. No vemos un cambio de actitud con el continente y menos hacia Bolivia. Continúa la actitud contenciosa y agresiva. Pese a ello nosotros tendemos la mano.

En Argentina se aprobó una ley que apunta a desmonopolizar los medios de comunicación. ¿Prevén impulsar algún proyecto en este sentido?

Fue un gran avance lo que aprobó Argentina. En Bolivia hay un debate interno de los periodistas para modificar la legislatura sobre los medios de comunicación. Más que la concentración de medios existe una "partidización" que es igual de nefasta. Ante el colapso de los partidos tradicionales, algunos medios, amparándose en la libertad de expresión, convirtieron sus canales de televisión y radios en plataformas de campaña política permanente. Hemos denunciado ese hecho y esperado un debate del gremio de los periodistas. Lo vemos saludable. En algún momento ese debate en la sociedad civil podría trasladarse a una norma legal. Es importante que emerja como iniciativa de la sociedad civil para que no sea asumida como una intromisión.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elmundo/4-143629-2010-04-10.html

Bolivia: del Estado aparente al Estado integral…

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Álvaro García Linera*

Bolivia_encrucijada Uno no puede dejar de destacar la lucidez histórica de los movimientos sociales de inicios del siglo xxi que, a tiempo de resistir las estructuras de dominación, se plantearon la revolución del Estado, esto es, la abolición del Estado aparente, la superación del desencuentro catastrófico entre formación social y formación estatal. Ese programa de refundación estatal es lo que se llamó Asamblea Constituyente.

La solidez de los Estados modernos radica en el acuerdo y aceptación activa que la sociedad brinda a la existencia de la institucionalidad política y a los monopolios (de la coerción, de la administración de una parte de las riquezas públicas y de la legitimidad) que caracterizan a la organización estatal.

Eso significa que el Estado es una síntesis connotada y aceptada de las fuerzas, los pactos, las jerarquías y los horizontes compartidos, en torno a una hegemonía social, al interior de una comunidad política territorializada llamada nación o país.

Esta solidez estatal no es un tema de acatamiento de la norma (ilusión juridicista) ni tampoco de hábito cultural (ilusión pedagogista), sino de consistencia estatal, esto es, del modo en que la sociedad construye su pertenencia o externalidad al Estado y del modo en que se produce la adhesión social a las acciones del Estado.

Si la sociedad civil-extensa produce su condensación política en el Estado, estamos ante una relación orgánica óptima entre Estado y sociedad. Y si a ello sumamos un bloque de clases que ha logrado exitosamente constituirse como poder estatal, con la capacidad de promover su liderazgo político-cultural, el consenso y los compromisos prácticos del resto de las clases sociales, en torno a sus acciones, estamos ante un Estado fundado en el principio de hegemonía histórica.

La suma de ambos componentes de estatalidad, la relación orgánica óptima y la hegemonía histórica son lo que, siguiendo a Gramsci, podemos denominar como Estado integral, que no sólo habilita la solidez de los estados democráticos sino el mejor escenario para que las clases sociales laboriosas puedan impulsar una expansiva socialización de la democratización de los bienes públicos (materiales e inmateriales). La ausencia de una relación orgánica óptima entre sociedad civil y Estado, es decir, cuando el Estado es y se presenta abiertamente como organización política exclusiva de una parte de la sociedad en apronte, contención y exclusión de otras partes mayoritarias de la sociedad civil, da lugar a lo que, siguiendo a Zavaleta, se puede denominar un Estado aparente.

En Bolivia, hasta hace cuatro años, el Estado nunca se había constituido como condensación jerarquizada de las fuerzas sociales ni fue asumido como “comunidad política”, sino siempre se presentó como “parte”, como pedazo político externo al resto de la sociedad y, por ello, como impostura de comunidad política, como apariencia, esto es, como patrimonio de abolengo o “billetera” de una parte reducida de la sociedad enfrentada a la inmensa mayoría de la sociedad civil.

Independientemente de cual haya sido el régimen político prevaleciente, democrático o dictatorial, desde su fundación, la estructura estatal boliviana se caracterizó por la parcialidad, su patrimonialización e incompletitud hegemónica. El Estado siempre fue visto y utilizado como mecanismo de un bloque social minoritario para imponer, dominar, excluir y contener a la mayoría social. De ahí que se puede hablar que las clases dominantes tuvieron una visión “instrumental” del Estado y nunca pudieron construir hegemonía histórica.

Esto ha llevado a que, desde la fundación de la República, una porción mayoritaria del país –los indígenas y las clases laboriosas– se haya sentido excluida y haya vivido gran parte de su actividad política al margen de la institucionalidad seudo-modernizante con la que las élites adornaban al Estado. Paradójicamente, mientras las clases dominantes recubrían el Estado aparente con una retórica seudo-modernista que encubría un Estado patrimonial y encapsulado en la coerción, como modo regular de lograr el acatamiento a las normas, las clases sociales subalternas eran las que reivindicaban una modernidad de la participación y la adhesión voluntaria de la sociedad a instituciones compartidas.

De ahí que haya una característica histórica del país: no sólo el recurrente desborde y bloqueo de la sociedad sobre el Estado, sino también la continua producción de comportamientos y demandas políticas al margen de la institucionalidad oficial, por vía de los sindicatos, comunidades agrarias, juntas vecinales y comités cívicos, en los que la sociedad civil construyó sus prácticas políticas. Es como si institucionalidad estatal  y sociedad civil hubieran vivido en mutuo acecho y hostilidad permanente, rotas de vez en cuando por pequeños periodos de estabilidad política que, más que resultar de una conciliación de intereses, surgieron del autoritarismo (1971-1977) o del adormecimiento social (1987-2000). Acá, la excepción no fue crisis política-estatal, sino la estabilidad, pues el Estado presentó, desde sus raíces formativas, una falla de incompletitud social, de inorganicidad óptima, irresuelta desde el nacimiento de la República hasta principios del siglo xx.

De ahí que a lo largo de la historia, cada vez que la sociedad civil se revitalizaba, como en los últimos años, se abalanzaba inmediatamente por múltiples lados y con diversas demandas estructurales irresueltas, sobre un Estado que estaba incapacitado de articular, canalizar y resolver estas deudas históricas. Así, la insurgencia democrática de inicios de esta década, desde la “guerra del agua”, la “guerra del gas” y las marchas y bloqueos de caminos que reivindicaron el reconocimiento de los derechos indígenas, la soberanía sobre los recursos naturales, las autonomías departamentales o la ciudadanía social con bienestar material, va más allá de las críticas al “neoliberalismo” o al “centralismo”; éstas fueron querellas hacia la propia estructura patrimonial-colonial del Estado aparente (centralista, mono-cultural y excluyente) que nunca incorporó a la sociedad civil-plena y a las regiones, como fuerza constitutiva de su existencia.

Por eso, uno no puede dejar de destacar la lucidez histórica de los movimientos sociales de inicios del siglo xxi que, a tiempo de resistir las estructuras de dominación, se plantearon la revolución del Estado, esto es, la abolición del Estado aparente, la superación del desencuentro catastrófico entre formación social y formación estatal. Ese programa de refundación estatal es lo que se llamó Asamblea Constituyente.

La propuesta de Asamblea Constituyente surgió en este inicio de siglo como una exigencia de incorporación de la inmensa mayoría de la sociedad civil laboriosa, anteriormente excluida del Estado, en el ejercicio de derechos, de reconocimientos y usufructo de los bienes públicos; ello se canalizó como irrupción en la composición real del Estado. Pero la sociedad plebeya, obrera e indígena, barrial y estudiosa se planteó simultáneamente la presencia de su ser colectivo, clasista y nacional, como fuerza directriz y dirigente de la sociedad civil en el Estado. De esa manera, óptimo orgánico entre Estado y sociedad y hegemonía histórica de un nuevo bloque social de Estado emergieron como agenda de las grandes sublevaciones entre 2000 y 2005. Voluntad de poder y voluntad de conducción nacional-popular bajo la forma de un nuevo Estado fueron las fuerzas estructurantes del proceso estatal constituyente y de la Asamblea Constituyente de 2006.

Y es la articulación virtuosa de estos dos componentes en la acción movilizada de la sociedad, la que diferencia este momento revolucionario de todos los otros momentos revolucionarios precedentes de la historia de Bolivia. La fundación de la República la condujeron los realistas reciclados como independentistas, tras el debilitamiento y dispersión de la verdadera sociedad civil luego de quince años de extenuante lucha armada (los guerrilleros de la independencia y las milicias indígenas sublevadas). Por ello fue que e1 Estado republicano nació como mutación simbólica, pero no material, del Estado colonial.

Un segundo momento de redefinición de la ecuación Estado/sociedad fue la Revolución de 1952, que llevó a una redistribución de algunos bienes materiales públicos (la tierra en el occidente y el excedente minero), pero reforzó la exclusión de los derechos colectivos de las mayorías indígenas y preservó el uso patrimonial del Estado, con lo que la base material del Estado colonial se reforzó. Acá hubo ímpetu social de incursionar en el Estado (óptimo orgánico), pero no hubo estrategia de hegemonía histórica de los insurrectos que delegaron la conducción de su proyecto a una clase social diferente y heredera de la vieja dominación señorial.

Con el tiempo, la abdicación del mando sobre el Estado (1952-1957) llevó a la gradual expulsión del Estado y, a la larga, a la pérdida del usufructo de los bienes del Estado que se consumó durante el régimen neoliberal de privatización de las empresas públicas (1985-2005).

El inicio del siglo xxi vino con la irrupción democrática de una sociedad civil laboriosa no sólo apetente de construir Estado, sino de conducirlo, esto es, de ser soberana en el Estado. A esto es lo que se llama un ambio de forma histórica y de contenido material del Estado.

El ámbito de escenificación democrática de esa revolución de forma y contenido fue la Asamblea Constituyente. Esto no significa que la Asamblea haya sido el lugar político de esa revolución. No. El campo real y territorial de esta lucha de clases abierta y generalizada de estos años fue el país en su conjunto; en tanto que su momento de condensación territorial fue desplazándose de occidente a oriente. Pero el lugar planteado como el escenario donde transmutar la fuerza social en fuerza electoral y la confrontación social en confrontación política discursiva y argumental, fue la Asamblea Constituyente. Se planteó que la Asamblea sea el lugar donde la correlación de fuerzas políticas culturales de la sociedad civil quede condensada como instituciones y derechos; en tanto que el liderazgo indígena-popular devenga en naturaleza social del Estado, y los consentimientos y compromisos de las clases desplazadas queden como momento de la composición material del Estado.

Todo ello, bajo la forma de una nueva Constitución Política del Estado. Bajo esta lectura, se puede decir entonces que los movimientos sociales plantearon a la sociedad civil ampliada, representada en la Asamblea Constituyente, esto que se puede llamar un armisticio histórico (nueva Constitución Política del Estado) como modalidad de la construcción de un Estado integral.

Sin embargo, la respuesta de las clases políticas desplazadas del mando estatal fue la conspiración contra el gobierno revolucionario, el sabotaje a la Asamblea Constituyente, la confrontación y el intento de golpe de Estado cívico-prefectural (2007-2008). Buscaron recuperar, por la fuerza, lo que habían perdido por el voto, sin comprender que cuando la voluntad de soberanía estatal se apodera del espíritu colectivo de las clases subalternas, el regreso a la sumisión es una ilusión imposible.

En una apuesta que develó la decadencia política de unas clases sociales acostumbradas a gobernar no por la convicción de los gobernados sino por su propia compulsión, abandonaron el escenario de la Asamblea Constituyente, donde podían lograr un mejor reconocimiento dialogado de sus expectativas colectivas, y optaron por el escenario de la confrontación en las calles, allá donde los movimientos sociales son y han sido siempre soberanos territorialmente. De allí vino una seguidilla de batallas y derrotas de las antiguas clases dominantes: derrota electoral en el Referendo Revocatorio (agosto de 2008); derrota militar en el intento de golpe civil prefectural (septiembre de 2008); derrota política en el diálogo gobierno-prefectos y los acuerdos congresales (octubre de 2008); derrota de los preparativos de guerra civil y separatismo (abril de 2009). La suma de ello dio como resultado una derrota histórica-moral y política-cultural de las antiguas clases dominantes, y la consolidación de un nuevo bloque de poder Estatal integral. La posterior aprobación, en referendo, de la nueva Constitución Política del Estado y la reelección con mayoría universal (64 por ciento) del Presidente Evo Morales Ayma, cierran el ciclo de transición estatal y dan inicio a la construcción del nuevo Estado.

Lo decisivo de estas victorias del bloque de poder indígena-plebeyo es que no se han traducido en una exclusión material de las antiguas clases dominantes del Estado, de la economía o de la política; esto podía haberse dado, tomando en cuenta el escenario golpista, separatista y de fuerza por el que optó una parte activa de las clases desplazadas del gobierno del Estado. Pero ello hubiera reproducido hacia las minorías, la acción de exclusión y extraestatalidad de la que antiguamente fueron objeto las mayorías, volviendo a imposibilitar la ecuación del óptimo orgánico del Estado y, peor aún, la posibilidad de hegemonía histórica de las clases indígenas-populares.

De ahí que la nueva Constitución Política del Estado, al momento de reconocer los derechos y presencia material de las formaciones económicas, sociales y políticas de las clases laboriosas anteriormente excluidas, haya garantizado los derechos y la base material del resto de las clases componentes de la sociedad civil-ampliada, todo ello en el marco de la pluralidad de las estructuras económicas, políticas y culturales que caracterizan la sociedad boliviana. Y en una nueva muestra de voluntad de liderazgo político-moral, fue el bloque de poder indígena-plebeyo el que decidió, en ausencia y derrota de las clases anteriormente gobernantes, incorporar un nuevo conjunto de derechos, garantías y posibilidades para la totalidad de la sociedad, incluidas las clases dominantes desplazadas. Al final, la hegemonía, entendida como liderazgo político, consenso cultural y compromisos materiales, se presenta en su doble composición real: como consagración e inversión de un hecho de dominación (momento de fuerza histórica de la voluntad de poder) y como incertidumbre estratégica (momento de indeterminación del devenir histórico), por tanto, fruto de una construcción siempre inacabada e inestable a largo plazo que debe ser producida por la política y con política.

Esta posibilidad actual de una ecuación de óptimo orgánico entre Estado y sociedad, más hegemonía histórica, ha sido posible por la emergencia de un nuevo punto de vista de Estado y en el Estado que ha llevado a plantearse, como problema a superar, lo que para el antiguo bloque de poder era un privilegio a preservar: la colonialidad del Estado, la centralización territorial del poder y la patrimonialidad de la riqueza pública. Estos tres componentes estructurales que atraviesan el Estado neoliberal, el Estado nacionalista, el Estado liberal… hasta la fundación de la República, hasta tiempos coloniales, y que formaron el basamento invariable de la estatalidad en Bolivia, de su debilidad, de su pre-modernidad y sus límites, fueron las fuentes de las que se nutrió la clase dominante a cambio de nunca poder constituirse en clase dirigente. Y es que la única manera para que las clases dominantes se hubieran podido constituir como clases dirigentes era si asumían el liderazgo político histórico de todas las clases y naciones-culturales de la sociedad boliviana. Pero ello hubiera supuesto autodestruirse a sí misma en su base material, formada a partir de la patrimonialización  de los bienes públicos y la preservación de las discriminaciones y exclusiones de las mayorías indígenas.

A las anteriores clases dominantes, durante toda su existencia, se les presentó un dilema: o dominación dura asegurada a corto plazo sobre la colonialidad estatal, o hegemonía a largo plazo, sobre el desmontamiento de la patrimonialidad, colonialidad y centralismo territorial del Estado. Ellas optaron por la primera opción, por la seguridad a corto plazo y la defensa de su origen colonial-patrimonial, y con eso imposibilitaron su conversión en clase moderna y dirigente. Con el tiempo, les tocó a las clases subalternas, en la resistencia a las relaciones de dominación colonial-patrimonial, visibilizar las fallas estructurales y tectónicas del Estado, que eran las que sostenían esa dominación: la exclusión colonial (la colonialidad del Estado); la expropiación privada de los bienes públicos (la patrimonialidad del Estado); la discriminación territorial en el uso de las arcas públicas (la concentración burocrático-territorial del Estado).

De esta manera, la resistencia a las estructuras de dominación estatal fue simultáneamente la visibilización de las fallas estructurales de la formación del Estado, de su apariencia, de su divorcio con la sociedad y su debilidad política. Por ello la tarea de la revolución del Estado, de su ampliación social, de su democratización y su fortalecimiento institucional, no podía venir del lado de las clases dominantes. Había una imposibilidad histórica, de conocimiento, pues su comprensión y superación hubieran significado la autodisolución de la base material de las clases dominantes. Sólo unas clases indígenas-populares que no tenían ningún privilegio a preservar en esa formación del Estado patrimonial-colonial podían plantearse el conocimiento de estas fallas tectónicas del Estado. Y sólo unas clases que vivieran esas fallas tectónicas (colonialidad, patrimonialidad y centralismo territorial estatales) como dominación, exclusión, agobio e infortunio, podían plantearse la superación real de esas fallas.

Y así fue. La nueva Constitución Política del Estado no sólo es la consagración legal e institucional de una nueva correlación de fuerzas sociales en el Estado y de un nuevo bloque de poder histórico; es, a la vez, por la naturaleza clasista y cultural del bloque de poder constituyente nacional-popular, el proyecto político-material de resolución real, de superación de esas fallas tectónicas de larga data que hicieron del Estado boliviano un Estado aparente, sin hegemonía histórica ni óptimo orgánico con la sociedad civil. A su modo, cada uno de los agudos estudios que están presentes en este libro,* ya sea sobre el régimen de garantías, el sistema de derechos y la arquitectura institucional contenidos en la nueva Constitución, permiten entender los distintitos modos de producción de la nueva composición social plena del Estado y de la base material de la hegemonía política en Bolivia.

Las antiguas clases dominantes no pudieron ser hegemónicas porque no podían integrar en el Estado ni liderizar a la sociedad civil-extendida. Y no lo pudieron hacer porque ello hubiera supuesto la extinción de su naturaleza de clase dominante (colonial-patrimonial), obligarse a cambiar y a construir una nueva base de su dominación política, económica y cultural, lo que no estaban dispuestas a hacer. Así, si algo ancló a Bolivia en la colonialidad patrimonial del siglo xviii fueron sus clases dominantes, hasta que tuvieron que ser desplazadas del poder en 2005. Y si algo es fuente de renovación y modernización estructural de la formación estatal boliviana son sus clases plebeyas y naciones indígenas.

Pero el que sean las clases populares y naciones indígenas las que asuman el reto, por necesidad material, emancipación política y convicción cultural, de la construcción de un óptimo orgánico entre Estado y sociedad (composición social ampliada del Estado) y la construcción de una hegemonía histórica (nuevo núcleo articulador del Estado), tiene su carga y sus efectos prácticos en lo que debemos entender por modernidad estatal y por naturaleza del Estado.

Claro, y es que por la naturaleza social de la materialidad actuante y masiva de las clases populares y naciones indígenas, sus acciones en el Estado, su devenir Estado, en tanto se mantenga su movilización política colectiva, sólo puede construir Estado democratizando, socializando y universalizando la decisión y la gestión de lo público, esto es, todo lo contrario de la monopolización de lo público que caracteriza a los estados modernos.

Igualmente, las clases plebeyas sólo pueden ampliar derechos en el Estado y ampliar la base material de los bienes públicamente usufructuados, si socializan crecientemente esos bienes públicos en vez de privatizarlos o apropiarlos en pocas manos, como sucede en los estados contemporáneos. La modernización estatal, hecha de la mano de las clases populares y naciones indígenas, es pues otro tipo de modernidad diferente a las hasta ahora conocidas. Si bien buscan construir un óptimo orgánico entre Estado y sociedad, por fuerza de su condición clasista y nacional, lo hacen no como ensamble de dos componentes disociados (Estado y sociedad), sino como disolución creciente de lo político (el Estado-gobierno de Gramsci) en la sociedad civil-ampliada que deviene simultáneamente en sociedad política.

Por ello, la “modernización” del Estado a cargo de las clases nacionales-populares, en perspectiva histórica, sólo puede realizarse como creciente disolución del Estado monopolio-coerción (el Estado-gobierno) y una creciente expansión y democratización del Estado-gestión y del Estado-decisión en la sociedad civil y de la sociedad civil en el Estado. ¿Acaso, en el horizonte, eso no es la producción democrática del socialismo, entendido como radicalización y socialización de la democracia en todos los terrenos de la vida, incluido la economía? Vistas así las cosas, el concepto gramsciano de Estado integral, como suma entre una relación óptima entre sociedad civil y Estado político, más la construcción de la hegemonía histórica de las clases conducentes de la sociedad, tiene una variante. Cuando el Estado integral lo realizan las clases sociales laboriosas y autoorganizadas de la sociedad civil es el tránsito largo pero posible a una naturaleza social del Estado al que los clásicos del marxismo le llamaron socialismo.

La nueva Constitución Política del Estado es el programa de toda una generación para un Estado integral post neoliberal. Y en el horizonte a largo plazo, determinar si a la vez es el tránsito hacia una sociedad post-capitalista dependerá de la vitalidad, de las luchas y de la cohesión de las clases laboriosas y naciones indígenas.

* Vicepresidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia.

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Bolivia: una lectura crítica de los resultados electorales del 4 de abril…

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Eduardo Paz Rada, Patria Grande

BOLIVIA0002 Varias son las lecturas e interpretaciones de los resultados electorales de las elecciones de Gobernadores y Asambleas Departamentales, primera experiencia en Bolivia, de Alcaldes y Concejos Municipales y de Asambleístas y representantes de los pueblos indígena originario campesinos elegidos de acuerdo a usos y costumbres, en un paso más en la aplicación de la Constitución Política del Estado que contempla las Autonomías Departamentales, Regionales, Municipales e Indígenas.

Durante los últimos cuatro años el gobierno recibió reiteradas manifestaciones de respaldo electoral, desde el 52 por ciento favorable a la dupla Morales-García en las elecciones presidenciales de 2005, hasta el 64 por ciento de los comicios de diciembre de 2009, sin tomar en cuenta las masivas movilizaciones, marchas, concentraciones y actos de respaldo popular en todas las regiones del país. Inclusive tuvo que remontar millonarias campañas y acciones de los sectores conservadores y de las oligarquías locales, apoyadas por las transnacionales y la embajada de Estados Unidos, en Sucre, Cobija, Santa Cruz, Trinidad, Tarija y otras poblaciones, los que impedían el arribo del Presidente y maltrataban a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y hombres y mujeres de rasgos indígenas.

El Jefe de Estado, Evo Morales Ayma, ha manifestado, como interpretación oficial del gobierno, su “complacencia” por los resultados obtenidos por el Movimiento Al Socialismo (MAS), mientras que sus más estrechos colaboradores, como el Ministro de Gobierno, Sacha Llorente, y el Presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, mostraban rostros desencajados en la primera fila de asistentes a la explicación presidencial, la noche del 4 de abril.

Asumiendo que el MAS ha conseguido subir el número de concejales municipales en varios municipios, aumentar el número de alcaldías que estarán bajo su responsabilidad y ejemplificando que antes en la ciudad de La Paz tenía tres concejales y ahora consiguió cinco, Morales Ayma argumentaba que se han aumentado los porcentajes de la presencia del MAS en los departamentos del oriente, como Beni y Pando. El Presidente comparaba, con informaciones ciertas, el desempeño electoral del MAS en elecciones municipales y prefecturales del pasado con el del presente.

Pero, no tomaba en cuenta el proceso de consolidación y avance de los movimientos populares y sociales en los últimos cuatro años en todos los rincones del país. Como referencia, en las elecciones nacionales de diciembre de 2009 el MAS consiguió más del 80 por ciento de votos en los tres departamentos del occidente del país, en los que ahora no sobrepasa el 55 por ciento.

Los resultados señalan que los ahora Gobernadores opositores de Beni, Ernesto Suarez, Santa Cruz, Rubén Costas, y Tarija, Mario Cossio, consiguieron su reelección, mientras que en  las Alcaldías de siete de las diez principales ciudades de Bolivia se producían sorprendentes resultados. Los opositores conservadores triunfaban en Santa Cruz con Percy Fernández, Tarija con Oscar Montes, Potosí con René Joaquino, Sucre con Jaime Barrón, Trinidad con Moisés Shirique, mientras que los candidatos del Movimiento Sin Miedo (MSM), antes aliado del MAS, triunfaban en Oruro con Rocío Pimentel y en La Paz (la mas importantes de Bolivia por ser centro político) con Luis Revilla.

Otra interpretación de  los resultados electorales fue expresada señalando que la única fuerza efectivamente nacional y con presencia en todo el territorio es el MAS, en tanto que todas las otras fuerzas políticas son débiles y dispersas en las distintas regiones del país, sin tener un eje común que permita advertir la emergencia de una sólida oposición al proyecto implementado hasta hoy por Evo Morales y Alvaro García.

Esta perspectiva la han manifestado muchos participantes de programas radiales de Erbol, quienes han indicado que, después del arrollador avance del MAS y Morales durante los últimos años, el haberse reducido, en números absolutos y porcentajes, la votación oficialista el 4 de abril, es una señal de molestia y descontento por la política y el comportamiento vertical del gobierno.

Haber perdido en las importantes ciudades occidentales de La Paz, Oruro y Potosí, tenido un revés en Achacachi, considerado en centro aymara por excelencia y símbolo de la fuerza radical el gobierno, marca una tendencia crítica al gobierno, en tanto se advierte una polarización entre las zonas rurales y urbanas por la tendencia expresada en  los resultados electorales.

La lectura exitista del gobierno no coincide, por lo tanto, con los resultados electorales y las opiniones y reflexiones emitidas por los participantes en los medios de comunicación reclaman una práctica diferente de parte de las autoridades y del Presidente Evo Morales.

REBELION.ORG

Written by Eduardo Aquevedo

7 abril, 2010 at 21:55