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I. Wallerstein: La lucha mundial de clases y la geografía de la protesta…

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La lucha mundial de clases: la geografía de la protesta
Immanuel Wallerstein
 
 
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                                      Protesta de estudiantes canadienses, ayer en MontrealFoto Reuters

 
 
Cuando son buenos los tiempos, y la economía-mundo se expande en términos de nueva plusvalía producida, la lucha de clases se acalla. Nunca desaparece, pero en tanto exista un bajo nivel de desempleo y los ingresos reales de los estratos más bajos suban, aunque sólo sea en pequeñas cantidades, los arreglos sociales son la orden del día.
 

Pero cuando se estanca la economía-mundo y el desempleo real se expande considerablemente, esto significa que el pastel total se encoge. La cuestión entonces resulta ser quién cargará el peso del encogimiento –dentro de cada país y entre países. La lucha de clases se torna aguda y tarde o temprano conduce a un conflicto abierto en las calles. Esto es lo que ha estado ocurriendo en el sistema-mundo desde la década de 1970 y del modo más dramático desde 2007. Hasta ahora, el estrato más alto (el uno por ciento) se ha aferrado a su tajada, de hecho la ha incrementado. Esto necesariamente significa que la tajada del 99 por ciento se ha encogido.

La lucha por las asignaciones gira primordialmente en torno a dos aspectos del presupuesto global: los impuestos (cuánto y para quiénes) y la red de seguridad para el resto de la población (gastos en educación, salud, y garantías para un ingreso de por vida). No hay país en el mundo donde esta lucha no esté ocurriendo. Pero estalla en algunos países con más violencia que en otros –debido a su localización en la economía-mundo, a su demografía interna, y debido a su historia política.

Una aguda lucha de clases hace surgir, para todos, la pregunta de cómo manejarla políticamente. Los grupos en el poder pueden reprimir duramente los disturbios populares, y muchos lo hacen. O, si los disturbios son muy fuertes para los mecanismos represivos, pueden intentar cooptar a los manifestantes fingiendo unirse a ellos y así limitar el cambio real. O hacen ambas cosas: intentan primero la represión y si ésta falla, cooptan a la gente.

Los manifestantes también enfrentan un dilema. Comienzan siempre con un grupo valeroso relativamente pequeño. Necesitan persuadir a un grupo más grande (que es mucho más tímido políticamente) que se les una, si es que han de impresionar a los grupos que detentan el poder. Esto no es fácil pero puede ocurrir. Sucedió en Egipto en la plaza Tahrir en 2011. Ocurrió con el movimiento Occupy en Estados Unidos y Canadá, Ocurrió en Grecia en las últimas elecciones. Ocurrió en Chile en las huelgas estudiantiles que han perdurado. Y en este momento parece ocurrir de un modo espectacular en Quebec.

Pero cuando ocurre, ¿entonces qué? Hay algunos manifestantes que desean expandir sus estrechas demandas iniciales hacia demandas fundamentales de mayor amplitud y deconstruir el orden social. Y hay otros, siempre hay otros, que están listos para sentarse con los grupos en el poder para negociar algún arreglo.

Cuando los grupos en el poder reprimen, con mucha frecuencia avivan las flamas de la protesta. Pero muchas veces la represión funciona. Cuando no funciona y los grupos en el poder hacen arreglos y cooptan, a veces son capaces de neutralizar políticamente a los manifestantes. Esto es lo que parece haber ocurrido en Egipto. Las recientes elecciones conducen a una segunda ronda entre dos candidatos, ninguno de los cuales apoyó la revolución de la plaza Tahrir –uno es el último primer ministro del depuesto presidente Hosni Mubarak, y el otro es un líder de la Hermandad Musulmana cuyo objetivo primordial es instituir la sharia en la ley egipcia y no implementar las demandas de aquéllos que estuvieron en la plaza Tahrir. El resultado es una cruel opción para el aproximado 50 por ciento que no votó en la primera ronda por ninguno de los dos que contaron con la mayor pluralidad de votos. Esta desafortunada situación, resultó de que los votantes pro plaza Tahrir dividieron sus votos entre dos candidatos con antecedentes algo diferentes.

¿Qué habremos de pensar de todo esto? Parece existir una geografía de la protesta que cambia rápida y constantemente. Salta aquí y luego es reprimida, cooptada, o se agota. Y tan pronto como esto ocurre, salta en otra parte, donde de nuevo se le reprime, se le coopta o se agota. Y luego salta en un tercer lugar, como si por todo el mundo fuera irreprimible.

Es irreprimible por una simple razón. El apretón a los ingresos mundiales es real, y no parece que vaya a desaparecer. La crisis estructural de la economía-mundo capitalista hace inoperantes las soluciones convencionales a las caídas económicas, no importa qué tanto nuestros expertos y políticos nos aseguren que hay un nuevo periodo de prosperidad asomándose en el horizonte.

Vivimos en una situación mundial caótica. Las fluctuaciones en todo son vastas y rápidas. Esto se aplica también a la protesta social. Esto es lo que miramos conforme la geografía de la protesta se altera constantemente. Ayer fue la plaza Tahrir en El Cairo, las marchas masivas desautorizadas con sartenes y cacerolas en Montreal hoy, y en alguna otra parte (probablemente sorpresiva) mañana.

Traducción: Ramón Vera Herrera/LA J0RNADA

© Immanuel Wallerstein

El conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche…

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Por Mariela Vallejos / La Araucanía / La Nación Domingo

chile-mapuches1 La araucanía tras el homicidio de Mendoza Collío

La mil caras del conflicto mapuche

Mapuches con palos en alto en actitudes amenazadoras. Numeroso contingente policial en tenida de combate. Agricultores que lamentan la pérdida de sus bienes. Autoridades que llaman a la calma y acotan el conflicto a menos de una decena de comunidades de un total de más de 1.800. Dirigentes que afirman que el 80% de su pueblo está detrás de ellos. La Nación Domingo estuvo esta semana en la Araucanía. Pase, lea y medite.

Hace frío en Temuco, pero los muchachos no lo sienten. Transpiran empujándose y corriendo en el patio del campus, mientras sus compañeros y profesores los observan sorprendidos.

Nos es habitual que los alumnos de la Universidad Católica practiquen el ancestral juego mapuche del palín. Menos sobre pavimento, en horas de clase y bloqueando una vereda concurrida.

A través de la ventana de su oficina, el padre Fernando Díaz, coordinador de la Pastoral Mapuche de la Zona Sur, observa atentamente: "Esto no es un juego- advierte con una sonrisa algo tensa-. Es una provocación". ¿Y a quién quieren provocar los estudiantes? El sacerdote no tiene dudas. "A toda la comunidad, a Chile", responde.

CHILE-MAPUCHES3 Tras el homicidio a manos de Carabineros del comunero mapuche Jaime Mendoza Collío, hay indignación en el campus de la Católica.

En la Universidad de La Frontera la situación es parecida. Hay asambleas, consignas y letreros y, prácticamente, no se habla de otra cosa.

Por otra parte, los medios muestran una Araucanía en creciente conflicto, con imágenes de policías que se enfrentan a pandillas de jóvenes que arrojan piedras y huyen a campo traviesa.

Organismos internacionales denuncian exceso de violencia policial, militarización del conflicto, aplicación de la Ley Antiterrorista y de justicia militar y planes de restitución de tierras que no se cumplen.

La Presidenta envía una comisión especial de alto nivel a la región, y el gobierno dice que en un total de mil 851 comunidades, siete están en conflicto.

Sin embargo, lonkos de la Alianza Territorial afirman desde Ercilla que su movimiento representa al 80 por ciento de las comunidades de la zona.

¿Cuál es la real magnitud del conflicto? En opinión del dirigente PPD y consejero de Conadi, Hilario Huirilef, "es difícil saber, pues no se pueden verificar las distintas versiones".

Agrega que lo que sí se nota es frustración y decepción. "Vemos que el Estado no tiene ninguna intención de cambiar nada. Que el reconocimiento constitucional (promulgación del Convenio 169 de la OIT que reconoce la existencia de los pueblos originarios en la legislación chilena) es una especie de blanqueamiento de imagen del Estado de Chile ante los organismos internacionales", explica. Y recomienda que "para reanudar el diálogo, lo primero que debe hacer el Estado de Chile es reconocer su violencia, pedir perdón y desarrollar una política especial para nuestro pueblo".

El dirigente afirma que mientras el gobierno destina 3 mil quinientos millones de pesos a mejorar el acceso a Temuco, en zonas rurales no se asigna fondos para mejorar rutas al interior de comunidades, pues se las considera propiedad privada.

"El comunero tiene que gastar 5 mil pesos para salir de su casa por un camino de barro a hacer un simple trámite a Temuco", se queja.

"La restitución de tierras se atrasa, tenemos gente esperando desde 2001, faltan becas, hogares, oportunidades de desarrollo, créditos. Y cuando los comuneros protestan con piedras, les disparan por la espalda, y el gobierno no hace nada".

La intendenta Nora Barrientos sale al paso de las acusaciones: "Gran parte de la presencia de Carabineros en la zona tiene que ver con mandato del Ministerio Público y no del gobierno regional. Estamos conmocionados con la muerte del joven Mendoza y rechazamos la violencia. La fiscalía está investigando y se aplicarán las sanciones que la justicia determine", subraya.

Tras reunirse con la comisión especial enviada por la Presidenta, Barrientos descarta que la Araucanía esté "en llamas", insistiendo en que los hechos de violencia, aunque graves, son aislados: "Hay unas 2 mil 800 comunidades indígenas entre Biobío y Arauco.

Y en este momento tenemos siete, todas en Ercilla, con las cuales no es posible el diálogo", asegura. Según la autoridad, es importante mantener la perspectiva: "Seguimos avanzando en el pacto Re-Conocer, impulsado por el gobierno, que está funcionando bien y muestra que gran parte de las comunidades mapuches se desarrollan en paz.

Me reúno casi todos los días con algún representante de comunidades con las cuales trabajamos. Ellos dialogan con nosotros porque reconocen los avances de las políticas del gobierno", asegura.

Barrientos sostiene que, pese a los incidentes de violencia, las políticas públicas en Ercilla siguen el plan trazado, y destacó la edificación de escuelas mapuches y la construcción de más de 3 mil kilómetros de camino en el sector.

"Estamos asignando unos 4 mil 500 millones de pesos de aquí al 2010 para la concreción de proyectos", subraya.

Sin embargo, los líderes mapuches difieren. Carlos Curinao, lonko de la comunidad Guañaco Millao, perteneciente a la Alianza Territorial (AT), es terminante: las comunidades mapuches alzadas "no son una minoría", y asegura: "Hace unos días éramos treinta comunidades, y después de la muerte de nuestro hermano (Mendoza Collío) nuestro movimiento ya incluye al 80 por ciento de las comunidades. La CAM y los universitarios nos apoyan".

José Naín, también de la AT, anuncia que mañana el movimiento hará una manifestación en Temuco para exigir que el gobierno pida perdón a la familia de Mendoza Collío y se comprometa a compensarla por su pérdida.

Desde el 23 de julio, la AT está promoviendo tomas. Los enfrentamientos con la policía, enviada a desalojar los recintos, han terminado con comuneros y efectivos heridos.

Un autobús interprovincial y dos camiones fueron atacados por encapuchados cerca de Temuco, por la CAM. En respuesta, el gobierno presentó una querella invocando la Ley de Seguridad del Estado.

Funcionarios del gobierno regional admiten un aumento de las demandas mapuches previo a la muerte de Mendoza Collío y lo atribuyen al período electoral.

Hablan de "tomas mediáticas", para forzar nuevas compras de tierra antes de un eventual cambio de gobierno, e incluso llaman la atención sobre colusiones entre comuneros y propietarios, una de ellas detectada por el diario Las Noticias de Victoria.

Éste publicó una entrevista con el comunero Victor Huenchupán, quien admite haberse puesto de acuerdo con un propietario de tierras para tomar un predio y lograr así que la Conadi lo comprara: "La Conadi no compraba, indicando para ello que no contaba con fondos. Por eso- y de común acuerdo con Paulsen hijo (dueño de la tierra)- procedimos a tomarnos los terrenos y, de esa manera, luego de 14 años, la Conadi nos compró 130 hectáreas", reconoce el comunero, hijo de un lonko de la zona.

Mediáticas o no, las tomas dan cuenta de un proceso que exige atención. El antropólogo socialista Eugenio Alcamán propone "acelerar la respuesta del Estado a las legítimas demandas de tierra basadas en títulos legales o ancestrales" y valora la pronta promulgación del Convenio 169 de la OIT.

"Establece la consulta a las comunidades para aprobar nuevos proyectos de inversión. Permite exigir indemnizaciones, mitigación de daños y participación en los beneficios a las comunidades afectadas o involucradas", enumera.

ONG regionales afirman que muchos predios ocupados en las últimas semanas por los mapuches llevan años estancados en el proceso de adquisición a través del Fondo de Tierras y Aguas de Conadi.

El presupuesto asignado para ello en los últimos 15 años es algo más de US$150 millones de dólares. Parece mucho. Pero en la ONG Observatorio Ciudadano contrastan esta cifra con "el presupuesto asignado por el gobierno a otras políticas públicas, el cual es muchísimo mayor".

Uno de sus directores, el abogado José Aylwin, puntualiza que "sólo este año, el gobierno de Chile adquirirá armamentos en EEUU por US$275 millones".

Los fondos destinados a tierras se vuelven insuficientes para cubrir las necesidades, acota Aylwin. "Como lo denunció la Presidenta, el Estado termina pagando tres veces más de lo presupuestado porque hay gente que está lucrando a costa del conflicto", añade.

Según el abogado, de las 115 comunidades priorizadas por el gobierno, a la fecha sólo 36 han recibido solución debido al alza de precios de la tierra.

Aunque la ministra Carolina Tohá dijo que el gobierno analiza hacer una compra masiva de predios para bajar los valores, Aylwin es más drástico y propone que el Estado recurra a la expropiación: "Se trata no sólo de un mecanismo cuya validez jurídica es inobjetable, sino además, de uno que utiliza el Estado con frecuencia en territorios indígenas para materializar proyectos de inversión carreteros o hidroeléctricos. Su utilización en favor de los mapuches daría cuenta de una nueva actitud del Estado para responder a las legítimas demandas de sus comunidades", sostiene.

Pero el gobierno señaló que no está considerando esta opción por ahora.

En Temuco, la intendenta Nora Barrientos insiste en que el gobierno busca activamente soluciones, pero no negociará con quienes recurran a la violencia para presionar a la autoridad.

Aseguró que se mantendrá el cronograma ordenado por la Presidenta Bachelet, para que la Conadi adquiera otros 91 fundos, que se sumarán a los 31 ya adquiridos, de acuerdo a un mecanismo técnico que es necesario respetar".

Por su parte los dirigentes de la Sociedad de Fomento Agrícola (SOFO), de Temuco, llamaron al gobierno a aplicar la Ley de Seguridad del Estado, con el objeto de "imponer el orden".

Respecto de las denuncias del gobierno, Gastón Caminondo, presidente de esta entidad, dijo que "no es responsable" intentar atribuir las alzas de precios a los agricultores. Hay gente que no quiere vender y que por causa del conflicto se ven obligados".

Agrega que en la zona "no hay interés de los privados en comprar tierras donde hay problemas, por lo que el único que puede comprar es el gobierno", y llamó a la autoridad a enfocar su atención en las negociaciones que hace la Conadi en la región.

Cae la tarde y comienza a llover en el campus de la Universidad Católica. Los estudiantes recogen sus palos de chueca y se van a una asamblea. Las discusiones sobre qué hacer están recién comenzando.

¿Hora de agudizar las contradicciones? "Si no nos hacemos cargo del giro que están tomando las cosas, el conflicto se mantendrá y crecerá", mueve la cabeza el padre Díaz.

"¿Sabe que en los allanamientos a los mapuches les quitan los zapatos para comprobar las marcas que pudieran dejar sus suelas. Les revuelven todas las cosas, les quitan cuchillos de cocina. No les devuelven nada. Es humillante. ¿Quién va a defender a esas personas?", pregunta. Y se responde: "Los mapuches de hoy ya no son como antes. Hoy ya no se dejan humillar. Están recomponiendo su tejido social".

Ex ministros Mideplan

Clarisa Hardy: “La temática indígena no puede ser abordada, ni resuelta, con la actual institucionalidad. Por una parte, la Conadi es un servicio que ya no responde a la lógica de la compleja problemática indígena y, por otra, hay una deuda del Estado chileno (no del gobierno) con la demanda de reconocimiento de los pueblos indígenas”.

Andrés Palma: “Hay gente que quiere agudizar el conflicto, porque políticamente es rentable y hay gente también que quiere resolver los problemas de fondo. Yo creo que vamos a ganar los que queremos resolver el problema de fondo. La Presidenta Bachelet desarrolló el Programa Re-Conocer, que es la implementación del nuevo trato con los pueblos indígenas. El reconocimiento constitucional está pendiente y se avanzó con el Convenio 169, que se aprobó con el actual gobierno”.

Alejandra Krauss: “Esto no tiene que ver, única y exclusivamente, con políticas de gobierno. Si uno circunscribe el conflicto mapuche a un tema de un programa de gobierno, este país va a seguir teniendo estos conflictos y muchos otros. Éste no es un problema en el que haya fallado el gobierno. Es la sociedad, y Chile entero, quien tiene una deuda con el pueblo mapuche. Debemos reconocer que somos un pueblo multicultural, multiétnico”.

Roberto Pizarro: “Los gobiernos de la Concertación han fracasado sistemáticamente en relación al tema mapuche. No han respetado los derechos ancestrales u originales del pueblo mapuche. Todos esos resentimientos se convierten en rabia y eso, a su vez, en movilización y protesta. Por otra parte, los gobiernos reaccionan en contra de la protesta, militarizando la Araucanía, reprimiendo y por eso es que tenemos conflicto. El tema no solamente es una cuestión de tierra, sino que hay una problemática cultural”.

Inclusividad: “Tenemos la convicción de que avanzar en los derechos indígenas tiene que ver con fortalecer nuestra democracia, y esto es hacernos corresponsables de cómo construimos una sociedad más inclusiva. Me siento interpretada por las palabras del obispo (Vial) cuando convoca a toda la sociedad. Vivo hace 20 años aquí y me llama la atención el contraste evidente, y la actitud muy frecuente de discriminación en la relación entre los ciudadanos de la Araucanía. Hay barrios segmentados, espacios donde hay solamente mapuches. Hay una sociedad construida desde la fuerza que no reconoce todavía la identidad que la constituye. Cambiar nuestra cultura tomará tiempo. Una demanda muy sentida del pueblo mapuche es que se fortalezca el Fondo de Tierras, pero se tiene que complementar con otras políticas de inclusión. Esto no significa que los habitantes de la Araucanía que no tienen ascendencia mapuche tengan que irse de esta región o que sus inversiones corran riesgos. Todos podemos vivir en esta sociedad multicultural”.

Intendenta Nora Barrientos.

“Queremos eliminar la discriminación en paz”: A través del programa Orígenes, la comunidad Antonio Curapil (10 kilómetros hacia la costa de Temuco) acaba de construir un centro comunitario. A la fiesta de inauguración asisten dirigentes de otras comunidades cercanas, autoridades regionales y el alcalde de Temuco. Dos machis inician una rogativa, que culmina con cánticos. Ocho niños bailan danzas ancestrales y los visitantes se reúnen a almorzar al interior de la sede. “Estamos muy orgullosos de servir a nuestra comunidad”, afirma el lonko Armando Catrileo con una copa en la mano. “Todos sabemos que no ha sido fácil llegar hasta aquí. Nos peleamos muchas veces con las autoridades -ríe-, pero aquí estamos. Logramos construir la sede. Todavía hay discriminación en esta zona, pero queremos trabajar juntos en paz para eliminarla”.

Criminalidad

“El Estado chileno está criminalizando la demanda indígena sin darse cuenta de que es una demanda legítima y creciente. No pueden seguir cabiendo en la sociedad como mano de obra barata; empleada doméstica y para el cuoteo político en que se les reparte migajas. ¿Se construye Ralco? Migajas. ¿Un aeropuerto? Migajas. ¿Un bypass? Migajas. El Estado construye macro proyectos que enriquecen a grupos conocidos y a la comunidad indígena le queda contaminación y marginalidad, asentamientos irregulares y propiedad fragmentada en que se les ahorca espacialmente. Uno se pregunta por qué la buena vida se la pueden dar sólo los que tienen una parcela a orillas del lago Caburgua. Y las comunidades que han vivido siempre así no tienen derecho a una vida decente y limpia”.

Sacerdote Fernando Díaz, coordinador de la Pastoral Mapuche de la Zona Sur.

Conflicto en la Araucanía ¿policial o político?: asesinato policial de comunero mapuche en Angol…

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José Aylwin, El Mostrador

Mapuches repudian nuevo asesinato policial y exigen renuncia de Ministro del Interior En estos días la prensa informa de hechos de violencia ocurridos en el sur del país. Bajo el rótulo de recrudecimiento del "conflicto mapuche", término equivoco que supone que el conflicto es de los mapuche y no uno que nos involucra como país, los medios de comunicación ponen su atención en situaciones de violencia supuestamente imputables a comunidades o a integrantes de este pueblo. Así, se ha informado de la ocupación de predios particulares, en algunos casos ocupados en reiteradas oportunidades por las comunidades aledañas (caso de fundos La Romana y Montenegro en Ercilla), de la existencia de dos uniformados con lesiones que han sido atribuidas a impactos de perdigones efectuados por mapuche, y del ataque a un bus y a camiones que transitaban por la carretera Panamericana al altura del bypass de Temuco.

Nada se ha informado, sin embargo, de la utilización desmedida, por parte de carabineros, de elementos disuasivos, tales como bombas lacrimógenas, balas antimotines e incluso balines de plomo, en algunos casos disparados desde helicópteros en movimiento, para reprimir a los integrantes de las comunidades en conflicto. Acciones que, en el caso de Malleco, han resultado en cinco personas mapuche heridas a bala, una de las cuales podría perder uno des sus ojos. Tampoco se analiza el trasfondo de estos hechos, que es el de la responsabilidad pasada y presente que tiene el Estado frente a ellos, o de las alternativas políticas -más allá de lo meramente policial- para la superación de este conflicto histórico.

Parece conveniente, en primer término, distinguir entre las diversas situaciones ocurridas en estos días, las que a la distancia -desde Santiago- se ven como un mismo fenómeno. Desde luego la agresión a un bus y a camiones en el bypass de Temuco, no tiene nada que ver con el proceso reivindicativo que desarrollan las comunidades de Malleco.

Aunque en el sector aledaño a aquel en que ocurrió el primer hecho, la represión policial cobró el 2008 una víctima fatal (Matías Catrileo) y ha resultado en numerosos casos de tratos crueles y degradantes en contra de integrantes de comunidades. Nada justifica la agresión a los vehículos que transitan por la vía pública, ni menos de la población civil de la manera, como de acuerdo a todos los antecedentes disponibles, en este caso ocurriera. Hechos de violencia como ellos -supuestamente autoadjudicados por la Coordinadora Arauco Malleco- son lamentables, y deben ser condenados enérgicamente. También deben ser investigados y sancionados sus responsables, quienes quiera que éstos sean.

Otra situación muy diferente es la que dice relación con el proceso reivindicativo de las comunidades mapuche de Ercilla, entre ellas, las comunidades de Temucuicui y Huañaco Millao, y de comunidades de Collipulli, como la de Rankilco, frente al desposeimiento de sus tierras del que han sido objeto por parte del Estado y/o por los particulares que hoy las detentan.

La legitimidad de las demandas de estas comunidades ha sido reconocida por el propio Estado. Ello al ponerse en marcha por el gobierno, al menos en el caso de Temucuicui, los procesos legales tendientes a la adquisición de las tierras en conflicto. Dicha legitimidad está también reconocida por el gobierno al aprobar con su voto el 2007 la Declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas, la que reconoce su derecho a "la restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa, imparcial y equitativa, por las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado." (Artículo 28.1)

La acción de las comunidades de Malleco difícilmente puede entenderse si no se tiene en consideración la dilación del Estado en atender a sus demandas de tierra, las que fueron identificadas en un estudio encargado por la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, antecesor de la CONADI, ya en 1993. En dicho estudio se constata no sólo la propiedad ancestral que las comunidades tenían sobre los predios reclamados, sino también el proceso de desposeimiento, a través de mecanismos fraudulentos, de sus tierras a manos de quienes hoy los detentan o por sus antecesores en la propiedad.

Tampoco puede entenderse si no se tiene en consideración las múltiples gestiones hasta ahora realizadas por ellas ante las instancias estatales, todas ellas por la vía del diálogo, para lograr una solución a sus demandas, sin que ello haya sido posible. Tales gestiones incluyeron el reciente viaje de un centenar de representantes mapuche a Santiago con el fin de entrevistarse con la Presidenta o sus representantes en la Moneda. La entrevista no sólo no se verificó, sino que además en la ocasión la delegación mapuche fue objeto de abierta discriminación por parte de efectivos policiales, los que no dejaron a la comitiva acercarse al palacio presidencial. Aunque se pueda discrepar de la determinación de las comunidades de Malleco de hacer ocupación de los predios que reclaman, no cabe duda que los factores antes señalados, claramente imputables a la negligencia del Estado, han detonado tal decisión.

En cuanto a los hechos de violencia acaecidos en el contexto de dichas ocupaciones -muchos de los cuales han ocurrido al interior de las comunidades involucradas- todo indica que ésta ha sido ejercida fundamentalmente por carabineros. En efecto, aunque existe información de situaciones de violencia imputables a los comuneros mapuche, tanto los relatos de las comunidades, como la información disponible de los heridos en los enfrentamientos, dan cuenta de un uso desproporcionado de la fuerza por parte de carabineros, sin que éstos hayan respetado y protegido la dignidad y los derechos humanos como lo ordenan las directrices internacionales de la ONU sobre el empleo de la fuerza por parte de los funcionarios policiales.

La violencia policial en contra de comunidades mapuche no es un fenómeno nuevo, sino uno que se prolonga ya por muchos años. Es así como en los últimos años se ha documentado un promedio de 20 casos graves de violencia policial anuales que afectaron a comunidades mapuche. En lo que va corrido del año 2009, ya han sido denunciadas 15 de estas situaciones de violencia innecesaria en contra de personas o bienes de los mapuche, la mayor parte de ellas imputables a carabineros. No es casualidad entonces que este haya sido uno de los temas de mayor preocupación de la comunidad internacional en la reciente revisión de la que Chile fue objeto por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra en mayo pasado. En la oportunidad el Consejo recomendó a Chile fortalecer el control frente a las situaciones de abusos policiales, y asegurar su investigación y sanción, de modo de poner término a estas prácticas violatorias de derechos humanos, recomendación que fue aceptada por el gobierno.

El término de las situaciones de violencia policial que han afectado a los mapuche requiere de reformas jurídicas, entre ellas, la reforma de la justicia militar para eliminar su competencia para analizar los delitos que cometan los funcionarios policiales sobre la población civil, y con ello la impunidad en que éstos quedan. Ella pasa también por una actitud mucho más decidida de la autoridad para adoptar todas las medidas que estén a su alcance para impedirlas. No basta con que el Subsecretario Rosende condene y rechace "los hechos de violencia, vengan de donde vengan". Para que sus afirmaciones sean creíbles, el gobierno debe asumir una actitud tan drástica como la que asume frente a hechos de violencia imputables a los mapuche, para fiscalizar administrativamente hechos de violencia policial como los ocurridos en estos días en la Araucanía, y para perseguirlos ante la justicia. De otro modo, ella no será erradicada.

El fondo del conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado, entre ellos el de las tierras, no será resuelto, sin embargo, sin un abordaje político del mismo. Tal como lo ha señalado el ex ministro Francisco Huenchumilla, "uno tiene que mirar esos actos de violencia como un síntoma de un problema mucho más profundo que requiere un tratamiento político".

Se requiere por tanto que el gobierno priorice la estrategia política por sobre la estrategia policial. Más que mandar enviar al Subsecretario del Interior a la Araucanía, debería enviar al sur al Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas. Más que anunciar el refuerzo del contingente policial en comunidades, y acciones legales en contra de los mapuche -sin descartar la ley anti terrorista- debería anunciar la apertura de espacios para un diálogo sobre los temas que generan los conflictos. De otro modo, las declaraciones de "re-conocimiento" del otro que han sido características del discurso gubernamental, carecen de sentido, y de credibilidad.

El Convenio 169 de la OIT, que en septiembre entra en vigencia plena, establece lineamientos relevantes que podrían orientar un diálogo entre el mundo mapuche y el Estado para buscar soluciones a los problemas de fondo detrás de los conflictos; el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos naturales; el derecho a definir sus propias prioridades en materia de desarrollo; el derecho a ser consultado, de buena fe y con miras a llegar a acuerdo, cuando se adopten medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles.

Indudablemente un diálogo de esta naturaleza requiere de la disposición y buena fe de ambas partes, incluido el mundo mapuche. La oportunidad está planteada. Es de esperar que sea aprovechada por los actores involucrados. Si no lo hacen, hechos como los de los últimos días se seguirán repitiendo en el futuro cercano.

Mapuches repudian nuevo asesinato policial y exigen renuncia de Ministro del Interior

Organizaciones mapuches han repudiado en Temuko y Santiago el crimen del comunero Jaime Mendoza Collio, acontecido ayer miércoles tras el desalojo policial de un fundo agrícola en Angol. Partido Mapuche exigió de parte del gobierno la renuncia del Ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, ello por su “negligencia criminal” a la hora de abordar el actual escenario de conflicto. Alianza Territorial Mapuche, por su parte, convocó al resto de las organizaciones a una gran asamblea para este fin de semana.

Por Pedro Cayuqueo, jueves 13 de agosto de 2009

Transversales muestras de repudio ha generado en el País Mapuche el asesinato a manos de un funcionario policial del comunero Jaime Mendoza Collio, baleado por el cabo de Carabineros y dotación del GOPE, Patricio Jara Muñoz, ello tras el desalojo de un predio agrícola reivindicado por familias campesinas de la Comunidad Requem Pillan en la comuna de Angol. En Temuko, el werken del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, condenó la acción policial calificándola como una verdadera “ejecución extrajudicial”, en momentos en que el joven comunero “se encontraba bajo custodia policial”, denunció Huilcamán.

El crimen de Mendoza Collio, de 24 años de edad y padre de un niño de 4 años, ocurrió la tarde de ayer miércoles, luego de que el tribunal de Angol autorizara el desalojo del fundo San Sebastián perteneciente al particular Sergio González Jarpa. El predio había sido ocupado a tempranas horas por numerosas familias que reivindican derechos ancestrales de propiedad. La violencia del operativo dejó además un saldo de ocho comuneros heridos y detenidos, escenario de violencia que en opinión de Huilcamán, no se condice con la actitud pacífica de la comunidad.

“No se puede acusar a la comunidad Requem Pillan que hayan actuado con violencia, porque desde el año 2001 en adelante han buscado todas las formas de diálogo con las autoridades competentes de la región y nunca fueron escuchados. Desde el punto de vista de los procedimientos institucionales, esta comunidad agotó todo las instancias de diálogo”, señaló el werken. Agregó Huilcamán que la comunidad presentó aquel año toda la documentación que avala su demanda territorial ante el gobierno, MIDEPLAN, CONADI y en la propia Intendencia de la IX región, ello sin recibir respuesta.

Por su parte, la Identidad Territorial Lafkenche declaró que lo sucedido en Angol “solo viene a confirmar la incapacidad del Gobierno por dar una verdadera y justa salida a la demanda histórica del Pueblo Mapuche”. La entidad, además de expresar su solidaridad, apoyo y condolencias con los familiares del comunero asesinado, declaró que “la opinión pública de Chile sabrá castigar estos actos que vienen a evidenciar los verdaderos principios del Gobierno de la Concertación y su inconsecuente discurso a la hora de referirse a nuestra problemática social ancestral. Esto no es más que una muestra del retroceso de las políticas indígenas en este país”, subrayó.

Exigen renuncia de Ministro

Y precisamente hacia el gobierno puntó el emplazamiento que realizó el Partido Mapuche Wallmapuwen en Temuko. La colectividad política responsabilizó directamente a la presidenta Michelle Bachelet por un crimen “que tiñe nuevamente de sangre los campos del País Mapuche”. A juicio de Wallmapuwen, el crimen del comunero no constituye “un hecho aislado”, como señaló ante los medios el Subsecretario del Interior, Patricio Rosende. “Se enmarca dentro de una política de criminalización de las demandas históricas del Pueblo Mapuche, implementada por la Concertación de gobierno y que busca desvirtuar el trasfondo político de nuestra lucha”, denunció la colectividad.

Ante ello, Wallmapuwen exigió a la primer mandataria la renuncia del Ministro del Interior, Edmundo Perez Yoma, y del propio Subsecretario del Interior, Patricio Rosende, “responsables directos del escenario de represión y criminalización que afecta a comunidades movilizadas por sus tierras. Demandamos se haga efectiva la responsabilidad política que compete a ambas autoridades por su negligencia criminal a la hora de abordar el actual escenario de conflicto”, declaró la colectividad en Temuko, a su vez que demandó que los hechos fueran investigados por la justicia civil y monitoreados por organismos de derechos humanos.

Wallmapuwen finalmente llamó a las “diferentes expresiones del Pueblo Mapuche”, a manifestarse públicamente y aunar criterios para respaldar con movilizaciones a la Alianza Territorial Mapuche, referente que ha liderado las recuperaciones de tierras en la zona sur. En las últimas horas, esta última entidad llamó a un Futa Trawun (Gran Asamblea) a “todas las organizaciones sociales, instituciones, lof y comunidades de los diferentes territorios que han venido acompañando, liderando, visibilizando, denunciando, solidarizando a las movilizaciones”. Reunión fue convocada para este sábado 15 de agosto en un sector rural de Puerto Domínguez, distante a 89 Km de Temuko. Se espera asistan cientos de mapuches.

Mapuches en Santiago

No solo en Temuko hubo pronunciamientos. En Santiago, la organización Meli Witran Mapu solidarizó con la Comunidad Requem Pillan y amplió la responsabilidad por el crimen de Mendoza Collio a sectores políticos de derecha del país, “porque son ellos los que sustentan la política de militarización constante del territorio mapuche, son ellos los que han hecho de las comunidades y ciudades del sur un verdadero estado de sitio, donde se vulneran constantemente los derechos de nuestro pueblo”. Para la entidad urbana, “el accionar represivo de la Concertación y la Derecha obedece claramente a la negación de nuestros derechos políticos y territoriales, a la negación de la autonomía y la autodeterminación”.

Por su parte, el Observatorio Ciudadano, organización no gubernamental dirigida por los abogados Nancy Yañez y José Aylwin, tras solidarizar con la familia del joven comunero fallecido, condenó energicamente “el uso de la violencia como mecanismo para abordar los conflictos interétnicos de larga data que existen en esta parte de Chile, en particular aquellos vinculados a la propiedad de la tierra”. “Como lo hemos señalado reiteradamente, agregó la entidad, tenemos la convicción que la represión no es conducente para dar una solución a este conflicto, sino que generalmente revierte en un aumento de la violencia generando mayor tensión social”.

Apunto la institución de derechos humanos que la muerte del comunero “ocurre en el marco de los anuncios realizados por el Ministro del Interior de reforzar la dotación policial en la zona, en particular de fuerzas especiales, asumiendo públicamente la fuerza y la represión como estrategia para contrarrestar las acciones de movilización mapuche en el sur del país y para garantizar la gobernabilidad”. Ante esta situación, el Observatorio instó a las autoridades a “desarrollar acciones urgentes para establecer un diálogo efectivo con las comunidades actualmente involucradas en los conflictos por tierras”, diálogo que -precisó la entidad- debiera ajustarse a los estandares internacionales de derechos de los pueblos indígenas.

Fuente: http://www.azkintuwe.org/agosto132.htm

Dijo que Joven Indígena Fue Asesinado

Vocero mapuche afirma que comunero fue baleado por la espalda.

José Naín, vocero de 20 comunidades mapuches y entre ellas del grupo Requén Pillán al que pertenecía Jaime Facundo Mendoza Collío, aseguró que el joven de 24 años fue asesinado "a quemarropa y por la espalda" por el funcionario policial Patricio Jara Muñoz.

En entrevista con ADN Radio Chile, el comunero señaló que la "explicación militar" dada por el jefe de la novena zona policial de La Araucanía, Cristián Llévenes, es inventada y no se condice con la realidad, al plantear que el cabo primero actuó en "defensa propia" al verse emboscado y sólo realizó un disparo.

"Aquí hay una explicación militar, no cabe duda que iban a inventar que fueron emboscados por un conjunto de personas de origen mapuche, en consecuencia que eso no ocurrió, no fue así. Las familias que estaban ocupando pacíficamente el fundo en ese momento fueron prácticamente avasalladas por Carabineros, que sin mediar ningún tipo de diálogo comenzaron a disparar", señaló.

El vocero sostuvo que los manifestantes fueron perseguidos hasta más allá del fundo San Sebastián que se habían tomado, indicando que "nuestro hermano Mendoza Collío fallece a más de un kilómetro del predio que tenían como mandato desalojar. Por lo tanto, aquí hubo una gran persecución, se persiguió a los mapuches hasta alrededor de la comunidad, y allí prácticamente a quemarropa se le disparó por la espalda a Jaime".

José Naín aseguró que hay testigos del hecho, y enfatizó que "varias personas iban con él al momento que cae a la orilla de un estero, y el impacto obviamente que fue por la espalda".

El representante mapuche pidió que el Instituto Médico Legal "pueda aclarar" la situación, reiterando que "tenemos alrededor de 40 ó 50 personas que estaban ocupando el predio de manera pacífica, sin armamento y a rostro descubierto como lo hacemos los mapuches, para testificar que efectivamente aquí hubo un acto criminal de un carabinero".

"Hacemos un llamado al Ministerio Público, a los fiscales de la región, al fiscal militar, a que aquí se establezca la verdad y la justicia, porque no vamos a permitir que la violencia hoy día se extienda a cargar a las personas mapuches que estaban en ese lugar sin ningún tipo de armamento", sentenció.

Foto: www.mapuexpress.net

Indígenas chilenos anuncian recuperación de tierras

Los mapuches representan cerca de 6% de los 16,6 millones de chilenos y mayoritariamente viven en medio de una gran pobreza

Una organización nacional mapuche advirtió el jueves que se organizará para recuperar de una vez sus tierras ancestrales, tras la muerte en la víspera de un indígena en un enfrentamiento con policías antimotines.

La policía informó que un sargento del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) disparó su arma en defensa propia, luego de ser alcanzado por decenas de perdigones disparados con escopetas por indígenas que intentaban apoderarse de un predio.

José Santos Millao, presidente de la organización Ad Mapu, dijo el jueves a radio Cooperativa, que por la mañana se reunirán las organizaciones mapuches para ver la forma de recuperar sus tierras.

La muerte del comunero mapuche Fabián Facundo Mendoza Collío, de 24 años, se produjo mientras la policía desalojaba el fundo San Sebastián, en las cercanías de Collipulli, Angol, 600 kilómetros al sur de Santiago de Chile.

"El carabinero que disparó momentos antes había sido atacado por un grupo de aproximadamente ocho personas que portaban escopetas. El recibió a lo menos 80 perdigones en su cuerpo", declaró el oficial de la policía Cristián Yévenes.

El subsecretario del Interior, Patricio Rosende, dijo que durante la noche y al amanecer del jueves se registraron desórdenes en el área del "conflicto mapuche", como denomina el gobierno a vastos territorios del sur donde grupos de mapuches se toman predios, incendian casas y maquinarias para exigir las tierras de sus antepasados.

El gobierno de la presidenta Michelle Bachelet asegura que las comunidades en rebelión son apenas unas decenas de las más de 2.000 que aceptan la política oficial de comprar predios a terratenientes y a empresas forestales para repartirlas entre familias indígenas.

También ha advertido que con acciones violentistas nada conseguirán.

"No es así como dice el gobierno, que somos una o dos comunidades, somos todos. Lo que pasa es que la inmensa mayoría de las comunidades estamos a la espera y algunos hermanos, que es tanta ya la angustia, la desesperación, se lanzan a recuperar directamente su territorio", declaró Santos Millao.

El dirigente acusó que "el gobierno no ha respondido más allá de 1% a 5% de todas las demandas que nosotros venimos reclamando históricamente".

Santos Millao aseguró que por integrar el Consejo Nacional Indígena, creado por el gobierno, conoce los recursos que anualmente el gobierno destina para resolver los problemas de los mapuches.

En la zona de la Araucanía, en el sur, los problemas entre mapuches y terratenientes y forestales se está agravando rápidamente, pese a que el gobierno insiste en que son unas pocas decenas de más de 2.000 comunidades las que se están rebelando. En los últimos años ya han muerto tres mapuches por disparos policiales.

Los mapuches representan cerca de 6% de los 16,6 millones de chilenos y mayoritariamente viven en medio de una gran pobreza. Son descendientes de los habitantes originarios que rechazaron tenazmente la conquista española en una guerra que se prolongó por 300 años, y que sólo fueron dominados por el Estado de Chile, que los arrinconó en tierras del sur.

13 de agosto 2009 | 08:54 am – AP

Acusación de plagio remece a la Facultad de Derecho de la U. de Chile…

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Toma impulsada por los alumnos se suma a acusaciones contra el decano

La acusación de plagio que remece a la Facultad de Derecho de la U. de Chile Unas semanas bastante complejas ha debido enfrentar Roberto Nahum. A las acusaciones hechas por una ex profesora sobre supuesto plagio de sus investigaciones, se suma la fuerte arremetida de los estudiantes que están en paro indefinido exigiendo un proyecto académico claro y la renuncia de las actuales autoridades. Con respecto al supuesto plagio, los jóvenes aseguran que fue la gota que rebasó el vaso.  En tanto académicos top solicitaron que la Rectoría realice un sumario, lo que fue rechazado la semana pasada.

Por Claudia Urquieta Ch.

Pasadas las 3 de la tarde del miércoles cientos de estudiantes movilizaban sillas y pancartas para blindar la fachada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. En tan sólo unos minutos, el emblemático edificio de Pío Nono estaba listo para la toma indefinida que los alumnos definieron luego de que la respuesta dada por la dirección de la institución  académica a un petitorio que presentaron, no los dejó conformes.

La elaboración de un proyecto de desarrollo institucional, regular el claustro académico, democracia interna y la renuncia de la actual administración, fueron los cuatro puntos que una aplastante mayoría (81 por ciento) aprobó el martes como petitorio.

Mientras se preparaba la toma el decano de la facultad, Roberto Nahum, estaba en su oficina del segundo piso. Las últimas semanas no habían sido nada fáciles, sobre todo luego de las acusaciones de plagio que una ex profesora,  Lorena Donoso, hizo circular a través de una carta en la comunidad virtual Wikiderecho de la facultad.

Acusaciones que según una de las integrantes del Centro de Alumnos, Cynthia Martinic, "fueron la gota que rebasó el vaso". Pero que en ningún caso fue el motivo que impulsó el movimiento, que atiende a la visión de que la actual administración ha invertido mucho en infraestructura,  pero no en educación.

La escena de una toma no es común en la ex Escuela de Ricardo Lagos: la última vez que hubo una fue en 2002. "La Facultad está cayendo en decadencia porque el decano no tiene un proyecto académico claro. Y lo que necesitamos es un proyecto de excelencia, porque además tenemos un rol público que recuperar", asegura Cynthia.

Y agrega que "hay que tomar en cuenta que esta facultad no prende con agua, por lo que si no lo consideráramos   realmente serio, estaríamos estudiando".

La telenovela académica

Como sus hijos. Así se refería Robert Nahum a los profesores Lorena Donoso y Carlos Reusser, que trabajaron durante años en la Facultad. De hecho, el matrimonio participó activamente en la campaña del descendiente de sirios para postular al cargo en 2002.

Pero la relación atravesó una serie de problemas. Según publicó Reusser en su blog personal, habría mantenido una fuerte pelea con Nahum por una opinión publicada en diciembre pasado en su espacio virtual donde criticaba el programa de doctorado de la Facultad y el hecho de que Nahum presidiera la comisión de evaluación de los doctores, sin esgrimir ese grado académico.

A lo que se sumaban diferencias que con su señora tenían en torno a algunas decisiones de la autoridad. Las relaciones fueron resquebrajándose, y finalmente Donoso renunció. Unos días después a Reusser no le renovaron su contrato a honorarios. Luego de eso empezó el drama de Nahum.

En una carta dirigida a los estudiantes, la profesora publicó sorprendentes revelaciones, como el supuesto uso de Nahum de trabajos realizados por ella para alcanzar el nivel de Profesor Titular.

La docente explica que a fines de los 90 hizo un doctorado fuera del país y al volver ganó el concurso como directora del actual Centro de Estudios en Derecho Informátici (CEDI). Y que en esos primeros años de investigación hizo sus trabajos a nombre del actual decano.

"Luego, como yo sabía llenar formularios y escribir en computador, el profesor Nahum me pidió que le preparara su curriculum normalizado para que se presentara a la Comisión de Evaluación. Todavía tengo el chaleco que me regaló su señora en agradecimiento cuando lo nombraron Titular", señala en el documento. Allí habría incluido las investigaciones en cuestión.

Entre otras denuncias, la profesora señala malas prácticas durante la campaña por el decanato. Además afirma que los recursos adjudicados por el gobierno español  para un proyecto que promoviera en el país la figura del Ombudsman, se habrían destinado en su mayoría para otros propósitos.

Abogados top piden sumario

A través de comentarios de sus alumnos, el abogado y profesor de la facultad, Fernando Atria se enteró de las acusaciones contra Nahum. El asunto iba agarrando vuelo y ya era vox pópuli.

En vista de eso, el lunes 20 de abril se reunió con un grupo de siete prestigiosos académicos -entre otros el presidente del Colegio de Abogados, Enrique Barros, Davor Haracic y María Inés Horvitz- a analizar la situación. "Nos importaba que hubiera una reacción rápida, que estas graves acusaciones no quedaran dando bote", explica Atria.

Por ello, al día siguiente enviaron una carta al rector de la Casa de Bello, Víctor Pérez, solicitando una investigación, argumentando que "la acusación es de tal gravedad, que la comunidad de la Facultad de Derecho no puede aceptar que se mantenga en la indefinición".

En todo caso, Atria recalca que no suponen que la acusación sea verdadera, pero que consideran fundamental que se dilucide la situación  lo antes posible.

La respuesta enviada por el rector (S) Jorge Las Heras el 22 de abril no los dejó satisfechos, ya que señalaba que en vista de la información entregada por el propio decano y el secretario técnico de la Comisión Superior de Evaluación Académica, "no corresponde, en este caso, ordenar una investigación sumaria".

El Mostrador.cl solicitó una entrevista con el vicerrector de la Casa de Bello para precisar por qué se había descartado realizar un sumario, pero no obtuvo respuesta.

Según Atria, "el informe del secretario técnico no dice que la acusación sea falsa, sólo dice que las investigaciones en cuestión fueron un antecedente de la proposición de ascenso. De esto se lee que entonces no consideran el tema como algo grave, lo que es inaceptable".

"Lo más grave del asunto es que ahora no sabría qué hacer con un alumno que presenta un trabajo como plagio, dado que al rector no parece importante", asegura el abogado.

En vista de esto, este lunes los docentes enviaron una solicitud de reconsideración del sumario. Donde además incluyeron una nueva acusación que anda circulando, relacionada con la supuesta inexistencia de un libro de autoría del decano -"Derecho Procesal. Principios Básicos"- y que aparece en su currículum normalizado. Los abogados explican que no está disponible ni siquiera en la Biblioteca Nacional, por lo que solicitan que esto también se investigue.

Al respecto, constatamos que el libro sí existe, ya que está registrado bajo el título "Derecho Procesal" en el sitio ISBN.

A pesar de que este medio intentó comunicarse con Nahum, el decano declinó referirse al asunto por el momento, pero no descartó hacerlo en los próximos días.

El Mostrador.cl

Venezuela y Chávez: elecciones decisivas el domingo próximo…

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chavez2A una semana de las elecciones regionales
El 23N, punto de inflexión en el proceso venezolano

José Vicente Rangel

El próximo domingo diecisiete millones de venezolanas y venezolanos decidirán en las urnas a los futuros gobernadores de estados y más de 300 alcaldes, incluidos los de la capital, Caracas, entre otros cargos. Estas elecciones son un punto de inflexión para el proceso encabezado por Hugo Chávez desde hace casi una década. Lo que está en juego es mucho más que el mapa electoral del país.

Pocas veces el proceso de construcción de lo que el presidente Chávez llama el “socialismo del siglo XXI” tuvo una parada tan determinante como la que se vive por estas horas en Venezuela, cuando se cierran las campañas electorales hacia el “23N”: las elecciones que deberán decidir 24 gobernadores de estados, 327 alcaldes y una multitud de legisladores y consejeros comunales.

Las encuestas más serias coinciden en presentar ganador al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en la mayoría del mapa electoral, aunque prevalecen dudas en algunos estados. Sin embargo, qué gobernador gana qué estado o cuál pierde es sólo un aspecto que se definirá el domingo. Hay otros. El primero, es saber sí el oficialismo se recuperará de la derrota del año pasado.

Repasemos. En diciembre de 2007, el NO a la reforma constitucional impulsada por el presidente Hugo Chávez se impuso por muy ajustado margen a nivel nacional, y más holgadamente en 8 estados considerados claves en el esquema electoral venezolano. Esa derrota inédita (Chávez jamás había perdido ningún tipo de elección desde que ganó las presidenciales de 1998) tuvo una razón central: 3 millones de ciudadanos que avalaron al presidente en la reelección de 2006 no concurrieron a las urnas al año siguiente. ¿Volverán ahora? Varios factores indican que sí.

Por un lado, el mismo presidente Chávez se puso al frente de la campaña electoral del PSUV, en su calidad de titular del partido y líder de lo que él mismo y muchos en Venezuela, en América Latina y el mundo gustan llamar “Revolución Bolivariana”. Diferencia central con la campaña de 2007, cuando la convocatoria a las urnas fue tibia. Los gobernadores chavistas hicieron pobres esfuerzos, cuando los hicieron, y el embrionario PSUV no estaba en condiciones de caminar solo, sin maquinara electoral. La del Movimiento Quinta República, la primigenia estructura partidaria del bolivarianismo estaba paralizada desde el reférendum confirmatorio de 2004.

Esta campaña fue bien distinta. Ahora fue el mismo Chávez quien se montó no sólo en las tarimas sino también tras la estructura de base en la lucha por convencer a los chavistas en el regreso masivo a las urnas: los “patrulleros” del padrón electoral de cada centro de votación en todo el país. Los desvelados pudieron ver por el canal estatal algunas de estas últimas noches al presidente y los referentes principales del PSUV llamando a “patrulleros” a la una de la mañana, para conocer el avance del trabajo de contactar, convencer y garantizar la presencia ante las máquinas de votación el próximo domingo de todos los adherentes del PSUV y de los indecisos sin bandería. Se puso así en marcha una maquinaria de convocatoria popular con el presidente Chávez como principal impulsor.

“Los patrulleros deben estar bien entrenados, esa es la garantía de la victoria, es la batalla práctica. Debemos convencer a los que están dudando y buscarlos estén donde estén, para garantizar ese voto que nos ayudará en la victoria”, dijo Chávez en un acto en el estado Barinas.

Así, es mucho lo que está en juego. Si esta estructura falla y no logra su objetivo de mantener “rojo rojito” la mayor parte del territorio nacional, será leído -interesadamente y no- como una derrota casi personal del presidente.

Justo antes que por disposición del Consejo Nacional Electoral de Venezuela quedara suspendida la difusión de encuestas electoral, varios medios estatales difundieron una encuesta de la estadounidense North American Opinion Research, que da como ganador a los candidatos del PSUV en 21 de los 24 estados de Venezuela. El respetado periodista local Eleazar Díaz Rangel en su columna del domingo pasado en el diario Ultimas Noticias coincidió en general con estos datos, citando otras fuentes.

Por otro lado, tampoco cambiaría el mapa en la capital, Caracas, donde el nuevo alcalde mayor sería el candidato de PSUV, Aristóbulo Istúriz. También se impondría el candidato del oficialismo en el municipio Sucre, una de las zonas populares de los aledaños a Caracas, central para el triunfo tanto en la capital como el estado Miranda, que seguiría en manos de Diosdado Cabello.

Los resultados favorables a Chávez en Caracas servirán también para aplacar el incipiente intento de algunos dirigentes estudiantiles de oposición reciclados en candidatos capitalinos antichavistas.

En suma, aunque tras el recuento de votos del 23N el oficialismo no obtenga la misma cantidad de estados que en las elecciones del 2004 (aquella vez fueron 22 sobre 24) tampoco la oposición capitalizará en el terreno la derrota del referéndum del 2007. Por el contrario, todo indica que lo que viene será la ratificación del liderazgo de Hugo Chávez, que perdura más allá de los vaivenes, las campañas de prensa, las dificultades y los errores propios del proceso político más auscultado, vilipendiado y ensalzado desde la revolución cubana para acá.

 

¡Fraude! Recurso del derrotado

Últimas Noticias

La oposición no habló durante un tiempo de la posibilidad de fraude en las elecciones del próximo domingo. Mientras mantuvo la ilusión -por cierto, funesta ilusión- de que había obtenido una gran victoria en el referendo del 2D, y que ese resultado era extrapolable, se mantuvo en el plano cívico.

Pero cuando debido a sus propias fallas, divisiones internas, falta de liderazgo y de discurso, constató -a través de encuestas y otras formas de medición- que la situación no la favorecería en las urnas y que sus cálculos en cuanto al número de gobernadores y alcaldes se evaporaban, cobró fuerza el recurso clásico, ritual, repetitivo del derrotado: denunciar fraude. ¿De qué manera? Comenzando, primero, a disparar contra el árbitro, el CNE, catalogándolo de instrumento de Chávez; y, luego, esparciendo la especie del ventajismo oficial -¿cuál, se pregunta cualquiera observador, es la realidad? La del gobernador Rosales y otros mandatarios regionales opositores y alcaldes de la misma tendencia política-, sembrando sospechas sobre el resultado de los comicios. Pero hay algo más de fondo respecto al planteamiento de fraude.

Acaban de realizarse elecciones municipales en Nicaragua y el Frente Sandinista se impuso abrumadoramente -de 87 alcaldes pasó a 96-, incluso en la capital, Managua. Enseguida el candidato derrotado, el banquero Montealegre, denunció fraude sin siquiera concluir el escrutinio. Y lo que es aún más grave: esa misma noche, con pasmosa sincronización, un vocero del Departamento de Estado secundó la denuncia de la oposición y cuestionó al máximo organismo electoral nicaragüense, afirmando que el resultado no era confiable porque no había suficientes observadores internacionales. Para mí se trata del “efecto Managua”, es decir, del cuestionamiento orquestado, no sólo de la elección en el municipio de un pequeño país centroamericano que, curiosamente, atrae la atención de una nación como EEUU con colosales problemas. Algo verdaderamente insólito, que trasciende el hecho puntual, como es la fijación de una política para la región. A mi juicio lo ocurrido con Nicaragua hay que conectarlo a la realización de las elecciones el próximo domingo, y a otros comicios que se celebrarán en la región.

En concreto: es la descalificación del sistema electoral regional debido al avance de las fuerzas progresistas que optaron por asumir la institución del sufragio. De ahí que los que aquí gritan ¡fraude! están en algo más…

El ciudadano Chávez

La intención es clara: hay que despojar a Hugo Chávez de todos sus derechos, y, por supuesto, de su vida. Lo del magnicidio no es cuento. Como tampoco el propósito de derrocarlo. Ambas fórmulas ya fueron ensayadas sin éxito. Pero estuvieron a punto de lograrlo.

El 11A y el golpe petrolero, acciones en las que estuvieron comprometidos, sin excepción, todos los partidos políticos de la oposición, al igual que la Iglesia católica, Fedecámaras, los medios y gremios profesionales, tenían como objetivo abolir la Constitución de 1999 y acabar con el Estado de derecho. También con la vida del Presidente, quien se salvó de milagro mientras estuvo prisionero.

Esos mismos factores han tratado de montar ahora una aventura similar que por razones obvias niegan. Mientras esos sectores hacen lo que les viene en gana y no disimulan su aviesa intención, avanza una campaña de deslegitimación del Gobierno constitucional y de cuestionamiento de la legalidad que representa el Presidente. No hay antecedentes en el mundo de ataques más feroces, de campañas más despiadadas y descalificadoras contra un Jefe de Estado, que los que se producen en Venezuela.

Aprovechando la permisividad legal existente, las garantías consagradas en la Constitución -hecha para preservar la libertad y no para reprimirla-, y el talante democrático de quienes gobiernan, se dan increíbles manifestaciones de irresponsabilidad y desprecio a la ley. Al extremo que la oposición traspasa todos los límites calificando como de facto al Gobierno e involucrándose en una confabulación antipatria con factores internacionales.

En este insólito contexto la oposición tiene plenos derechos, incluso el de conspirar y atentar contra la vida de Chávez, mientras que a éste se le niega todo. La oposición puede injuriar, agraviar, mentir, ofender, implicarse en aventuras desestabilizadoras y desprestigiar al país en el exterior, en tanto que al Presidente se le quiere negar lo más elemental: el derecho a defenderse; a responder los ataques despiadados de que es víctima y a difundir su obra de gobernante.

No pasa un día sin que alguien se querelle contra Chávez. Que se invoque cualquier motivo para promover acciones ante el Tribunal Supremo, el CNE, la Contraloría y la Fiscalía, al igual que ante la Cidh y cualquier otro organismo desde el cual sea posible escandalizar.

Si Chávez intenta defenderse como ciudadano, sin siquiera recurrir a los órganos jurisdiccionales competentes; si reclama el injusto tratamiento de que es objeto en los medios, enseguida se le acusa de autócrata. Si en una campaña electoral como la actual ejerce el derecho cívico de irse a la calle a debatir, a exponer planes, a polemizar y a llamar a votar por los candidatos de su partido -al igual que lo hacen gobernadores y alcaldes de la oposición- es acusado de ventajista. O sea, que Chávez no tiene derechos. Todos los confiscó la oposición. El ciudadano Chávez no existe.

Pero esta grotesca forma de hacer política y tan descarada manifestación de irracionalidad con la que se quiere confundir al pueblo, revierte negativamente contra la oposición como hasta ahora ha ocurrido. Lo veremos el próximo domingo. Eso sí, votando y, sobre todo, aceptando los resultados, como Chávez lo dijo mientras la oposición guarda sospechoso silencio. Y algunos de su voceros ya hablan de fraude.

 
 
Algunos indicadores del “populismo chavista”
 

Chávez: diez victorias y media

 

 

Con libérrimas garantías para la oposición (cosa que cualquier observador desprejuiciado calificaría de “insólitas”), el pueblo de Venezuela concurrirá a las urnas el domingo venidero. Esta vez, para elegir gobernadores y alcaldes.

Si los pronósticos aciertan, la revolución bolivariana volverá a imponerse en las urnas. Algunas firmas de encuestas pronostican que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) conseguirá 21 de 23 gobernaciones y 329 alcaldías del país (67 por ciento).

Tres comicios presidenciales (1998, 2000, 2006); tres referendos constitucionales (dos en 1999, uno en 2004); dos elecciones parlamentarias (1999, 2005); dos municipales y parroquiales (2000, 2005), y una más, regional (2004). Hugo Chávez sólo perdió el referendo para la reforma constitucional (diciembre de 2007).

Diez años de democracia real, y 11 victorias electorales consecutivas, incluyendo la que perdió por la mínima diferencia. Total y efectivo: diez y media victorias. ¿Qué “misterios” subyacen en el masivo apoyo que reciben Chávez y el gobierno que conduce?

Revisemos algunos indicadores de lo que algunos sabios llaman “metapolítica populista chavista” (periodo 1998-2007, datos oficiales).

• Pobreza extrema: bajó de 20.3 a 9.4 por ciento.

• Pobreza general: de 50.4 a 33.07.

• Brecha riqueza-pobreza: de 28.1 a 18.

• Mortalidad infantil: de 21.4 a 13.9 por cada mil nacidos vivos.

• Desocupación: de 16.06 a 6.3.

• Salario mínimo: de 100 mil bolívares, a 614 mil 790 (154 a 286 dólares –el más alto de América Latina–, sin incluir el “cesta-ticket”, y otros beneficios que reciben 2 millones 58 mil 373 trabajadores y trabajadoras de los sectores público y privado).

• Aumento del poder adquisitivo: 400 por ciento.

• Inflación promedio: gobierno de Jaime Lusinchi (1984-88) 22.7 por ciento; Carlos Andrés Pérez (1989-93) 45.3; Rafael Caldera (1994-98) 59.4; Hugo Chávez (1999-2007) 18.4 por ciento.

• Educación: de 3.38 a 5.43 por ciento (inversión social respecto del PIB).

• Educación prescolar: de 44.7 a 60.6.

• Educación básica: de 89.7 a 99.5

• Educación media y diversificada: de 27.3 a 41.

• Educación superior: de 21.8 a 30.2.

• Alimentación escolar: de 252 mil 284 a un millón 815 mil 977 beneficiarios.

• Acceso a Internet: de 680 mil a 4 millones 142 mil 68 usuarios.

• Salud: de 1.36 a 2.25 por ciento.

• Acceso al agua potable: de 80 a 92 por ciento

• Recolección de aguas servidas: de 62 a 82.

• Situación económica futura del país (“mucho mejor”, “un poco mejor”): 50 por ciento de los consultados por Latinbarómetro respondió “mucho mejor”, en tanto el promedio de los países latinoamericanos dijo “poco mejor” (31 por ciento).

• Situación económica actual (“muy buena”, “más buena”): 52 por ciento de los venezolanos respondieron “muy buena”, en tanto el promedio continental fue “buena” para 21 por ciento.

La encuestadora chilena Latinbarómetro, nada “chavista” por cierto, realizó un par de mediciones en torno al “grado de satisfacción con la democracia”. En 1998, Venezuela figuraba con 35 puntos, por debajo del promedio general. En 2007, la confianza creció a 59 por ciento.

En cuanto a desempeño del Estado y políticas públicas, 67 por ciento de los venezolanos piensan que el Estado puede resolver todos sus problemas, contra un promedio de 38 por ciento que en América Latina piensa igual.

Aprobación o desaprobación de la gestión del gobierno encabezada por Chávez: 61 por ciento respondió a Latinbarómetro positivamente, por debajo de 75 alcanzado en abril de 2002, cuando el fallido golpe de Estado respaldado por Washington y Madrid.

En 2007, la confianza depositada en Chávez fue de 60 por ciento, contra un promedio de 43 puntos respecto de otros gobernantes de América Latina.

Otra encuestadora, la famosa Gallup, preguntó a más de 50 mil personas del mundo: “en lo que a usted concierne, ¿cree que 2008 será mejor o peor que 2007?” Entre 54 países, Venezuela ocupó el quinto lugar: 53 por ciento de optimistas.

Tales son los datos que ocultan la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el grupo español Prisa, y los medios electrónicos de embrutecimiento colectivo (CNN, Fox, Televisa, Tv Azteca, Venevisión, Tv Globo, Multimedios Clarín, etcétera).

Y ahora, una de tres, vote usted:

a) Chávez es un “Mussolini tropical”, como dijo un escritor viejito, con vuelo propio;

b) Chávez es un “caudillo tele-evangélico”, como dijo un escritor menos viejito, sin vuelo propio;

c) Chávez es un hombre querido y respetado por su pueblo, y está dispuesto a defender las grandes transformaciones habidas en el decenio pasado.

Rebelion.org