Posts Tagged ‘BOLIVIA’
CEPAL: Argentina, Brasil, Bolivia y Venezuela, los que más redujeron desigualdad y pobreza…
“Argentina…”
Por Tomás Lukin, Página/12
La secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) recibió a Cash en una improvisada oficina donde está trabajando desde que el terremoto golpeó al emblemático edificio del organismo en Santiago de Chile. Alicia Bárcena no es economista, es bióloga pero recurre sin problemas a economistas latinoamericanos como Raúl Prebisch y Celso Furtado para proponer políticas de desarrollo diseñadas desde la región, cuestionar la apreciación cambiaria y defender los controles de capitales.
Bárcena desembarcó en el organismo a mediados de 2008 y se convirtió en la primera mujer en asumir la conducción de Cepal. Previamente la mexicana se desempeñaba como secretaria general Adjunta de Gestión en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, donde manejaba el gigantesco presupuesto de la ONU.
“América latina es hoy una región progresista. En Argentina se ha dado un cambio de modelo desde 2003. Es uno de los países de la región que más redujeron la desigualdad”, afirma Bárcena quien, lentamente, está revitalizando el discurso político y económico de la Cepal.
La agenda de desarrollo que presenta en sus intervenciones por la región reconoce la necesidad de “disciplinar” a los empresarios a través de distintos impuestos como pueden ser las retenciones, recupera las propuestas vinculadas con la inversión pública en ciencia y tecnología con desarrollos locales, y enfatiza la relevancia de preservar un tipo de cambio que responda a vectores productivos y no sea determinado por flujos especulativos.
–¿Qué evaluación hace la Cepal de la última década en América latina?
–Los gobiernos progresistas, desde 2002 y 2003, nos dejan un legado muy positivo donde no hay marcha atrás en las políticas sociales. Hemos aprendido que hay que igualar para crecer, que no alcanza crecer para igualar. El gasto social no se pierde, sino que es el motor de la economía.
–¿La región aprendió de los fracasos de las décadas del ’80 y ’90?
–Sin duda. La región ha aprendido lecciones muy importantes del pasado. Hoy somos una región que ha entendido la importancia de la macroeconomía: mantener bajos niveles de déficit de cuenta corriente, o superávit, bajos niveles de deuda, controlar la inflación y promover la acumulación de reservas. Después de la década del ’80 la región demoró 14 años para recuperar los niveles del PIB per cápita, pero para recuperar los niveles sociales nos tomamos 25 años.
–¿Qué cambió con los gobiernos progresistas en Latinoamérica?
–Como herencia de estos gobiernos progresistas la región invirtió activamente sus políticas sociales con distintas medidas de protección de empleo, el salario y otros programas. Apoyando incluso a los empresarios. Los estímulos fiscales durante la crisis fueron muy efectivos para estimular la demanda. Así nos recuperamos mucho más rápido de la crisis que el resto del mundo. El PIB había caído 1,9 por ciento en 2009. Este año la región recupera y crece 6 por ciento.
–¿Cómo continúa este nuevo esquema regional a la salida de la crisis económica global?
–Uno de los aspectos centrales de nuestra región es sobreponernos a la heterogeneidad estructural. En la Cepal creemos que el camino hacia el desarrollo está en la convergencia productiva. Rearticular los sectores productivos, dinamizarlos y reindustrializar. La región debe aprovechar sus mercados internos. Países con grandes mercados internos como Argentina, Brasil, Colombia y México deberían convertirse en los grandes motores del crecimiento regional. Si crece Brasil, crecen las economías que están a su alrededor. Eso es una buena noticia.
–¿Qué es lo que tienen que hacer los gobiernos?
–Hay que diversificar la estructura productiva e incentivar la inversión. Es muy importante porque la estructura de las exportaciones está muy concentrada en materias primas y precios que son volátiles y generan vulnerabilidad externa. La única forma para salir de la desigualdad es el empleo con derechos y protección.
–¿Qué significa diversificar la estructura productiva?
–Significa no sólo depender de enclaves de materias primas, sino también desarrollar servicios como puede ser la industria de software.
–Algo similar hizo Irlanda y hoy atraviesa una fuerte crisis económica.
–En Irlanda el manejo financiero es lo que fracasó; la diversificación productiva funcionó bien. Lo mismo en Finlandia y Nueva Zelanda. Cómo buscar nuevos nichos industriales es uno de los grandes temas. En el área de energía, biocombustibles, biotecnología, nanotecnología, comunicaciones, incluso con la soja. Es necesario profundizar el agregado de valor, la innovación y la articulación regional.
–¿Cómo pueden lograr Bolivia, Argentina o Ecuador impulsar este tipo de procesos?
–Definitivamente el gasto público debe cumplir un rol central. La inversión en investigación y desarrollo debe incrementarse. Hoy en la región es 0,6 por ciento mientras que en Corea del Sur alcanza al 4 por ciento. Nuestro continente tiene enorme espacio para crear localmente sus propios desarrollos tecnológicos sin que se importen de Japón o Alemania. Raúl Prebisch o Celso Furtado plantearon una agenda muy profunda para América latina que parte de la base de que el desarrollo arranca de nosotros mismos. Nadie nos va a desarrollar desde afuera. Hay que tener un planteamiento de pensamiento propio, con densidad nacional.
–La Cepal retoma así sus postulados históricos, que gestiones anteriores habían olvidado influenciados por la ola neoliberal.
–En la Cepal sabemos que el crecimiento y el desarrollo no son sinónimos. No alcanza con crecer: el desarrollo es igualar para crecer. Todavía nos falta gestión de la innovación que se hace en nuestras universidades y los jóvenes empresarios emprendedores. La región debe aprovechar la mejora en los términos de intercambio y crear fondos para ciencia y tecnología.
–Existe una importante oposición de algunos sectores económicos para que el Estado se apropie de esas ganancias y las utilice.
–Uno de los temas más importantes es la convergencia entre trabajadores, empresarios y el Estado. Nos hacen falta pactos sociales profundos. Disciplinar a los empresarios significa alcanzar un camino conjunto. El modelo donde el mercado lo podía todo no funciona y tampoco el Estado solo puede hacer todo.
–¿Propone un pacto social, como se quiere impulsar en estos momentos en Argentina?
–Necesitamos nuevos pactos para que las ganancias de productividad se queden en la región y no se concentren en muy pocos. El factor redistributivo debe ser el Estado y eso se logra con diálogo. Los empresarios deben ver que la desigualdad conspira contra ellos. Los empresarios también necesitan reglas de juego que las pone el Estado.
–¿Qué papel juega el tipo de cambio en este escenario que plantea?
–El tipo de cambio es un instrumento muy importante que manda señales muy potentes hacia el sector productivo. El tipo de cambio debe responder a los vectores productivos. Nada sería peor que las señales fueran a la concentración exclusiva de materias primas abandonando al resto de las actividades. Tenemos que evitar la apreciación.
–Esto implica aplicar controles al ingreso de capitales especulativos.
–Somos partidarios de los controles de capitales financieros especulativos. Esa medida es muy importante para apuntalar nuestras economías. Hay que desdramatizar algunos temas. La solvencia fiscal es importante, pero no se puede descuidar al sector productivo. La variable de ajuste no puede ser el sector productivo ni los trabajadores. Algunos países tienen más espacio que otros, pero sin duda no se puede perder el dinamismo en materia laboral.
–¿Cómo interpreta Cepal el desempeño argentino durante la última década?
–A partir de 2003, Argentina inició un cambio muy positivo. Hubo una acción muy valiente del Estado para transformar profundamente el modelo. Hay un quiebre cuando uno compara con la década de los ’90. Argentina, junto con Brasil, Bolivia y Venezuela, son los países de la región que más redujeron la desigualdad y la pobreza. Eso es sin contemplar la Asignación Universal por Hijo; midiendo eso, los resultados son todavía mejores.
También ha mejorado considerablemente el balance de pagos y la cuenta corriente. La deuda pública tiene un muy buen comportamiento y aumentan las reservas internacionales. El Estado ha tomado decisiones correctas para la sociedad argentina.
–¿Qué desafíos piensa que enfrenta?
–Es un proyecto de país que se ha ido construyendo desde 2003. Es un cambio de modelo que no está exento de problemas y desafíos pero por lo menos se plantea un proyecto social, productivo y de articulación política social de diálogo. Es un muy buen momento para la convocatoria de un pacto social. Hay un alto nivel de convergencia. Eso lo observé en Mar del Plata. En Argentina se está dando algo que para nosotros en Cepal es muy importante: un proyecto donde se está buscando la convergencia productiva y territorial, apoyando a las familias pobres, reduciendo la desigualdad, aprovechando el buen contexto externo a favor de la economía nacional
Contradicciones en la izquierda latinoamericana…
Agence Globale
Traducido para Rebelión por S. Seguí
América Latina ha sido el ámbito de los mayores logros de la izquierda mundial en la primera década del siglo XXI. Esto es cierto en dos sentidos. El primero, y más evidente, ha sido el hecho de que los partidos de izquierda o centro-izquierda han ganado una importante serie de elecciones durante la pasada década. En conjunto y por primera vez, los gobiernos latinoamericanos han tomado distancias de Estados Unidos, y, en gran medida, América Latina se ha convertido en una fuerza geopolítica relativamente autónoma en la escena mundial.
Pero hay un segundo sentido en el que América Latina ha registrado los mayores éxitos de la izquierda mundial: los movimientos de las poblaciones indígenas de América Latina se han afirmado políticamente en casi todos los países, y han exigido su derecho a organizar su vida política y social de manera autónoma. Este movimiento saltó a las primeras páginas de la prensa de todo el mundo con el espectacular levantamiento neozapatista en el estado mexicano de Chiapas, en 1994. Lo que ha sido menos aparente es la aparición de movimientos similares en toda América Latina y el grado en que se ha ido creando una red interamericana de estructuras organizativas locales.
El problema estriba en que los dos tipos de izquierda -los partidos que han alcanzado el poder en los distintos Estados y los movimientos indigenistas de algunos de ellos- no tienen los mismos objetivos y utilizan un lenguaje ideológico muy distinto.
Los partidos se han puesto como principal objetivo el desarrollo económico, tratando de lograrlo, al menos en parte, mediante un mayor control de sus propios recursos y unos mejores acuerdos con las empresas y los gobiernos extranjeros, y las instituciones intergubernamentales internacionales. Persiguen el crecimiento económico, argumentando que sólo de esta manera mejorará el nivel de vida de sus ciudadanos y lograrán una mayor igualdad.
Los movimientos indigenistas han tratado de conseguir un mayor control sobre sus propios recursos y una mejora de las relaciones no sólo con los actores no nacionales, sino también con sus propios gobiernos nacionales. En general, afirman que su objetivo no es el crecimiento económico, sino llegar a un acuerdo con la Pachamama, o madre tierra. Aseguran que no buscan una mayor utilización de los recursos, sino un uso mucho más sensato que respete el equilibrio ecológico: persiguen el denominado buen vivir.
No es de extrañar que los movimientos indigenistas se hallen firmemente opuestos a los escasos gobiernos conservadores de América Latina, como México, Colombia y Perú. Sin embargo, cada vez más abiertamente, estos movimientos también han entrado en conflicto con los gobiernos de centro-izquierda como Brasil, Venezuela, Ecuador e incluso Bolivia.
Y cito aquí Bolivia porque es el único gobierno que ha elegido a un presidente indígena con el apoyo masivo de la población indígena del país. Y sin embargo, ha habido conflicto. Como en otros lugares, en Bolivia se trata de cómo se desarrollan los recursos naturales, quién toma las decisiones y quién controla los ingresos.
Los partidos de izquierda tienden a acusar a los grupos indigenistas que entran en conflicto con ellos de ser, a sabiendas o no, los peones (si no los agentes) de los partidos de la derecha nacional, y de determinadas fuerzas externas, en particular de Estados Unidos. Los grupos indigenistas que se oponen a los partidos de izquierda insisten en que actúan únicamente en defensa de sus propios intereses y por propia iniciativa, y acusan a los gobiernos de izquierda de actuar como los gobiernos conservadores de antaño, sin tener en cuenta realmente las consecuencias ecológicas de sus actividades en pro del desarrollo.
Algo interesante ha sucedido recientemente en Ecuador. Allí, el gobierno de izquierdas de Rafael Correa, que había alcanzado el poder inicialmente con el apoyo de los movimientos indigenistas, entró luego en agudo conflicto con éstos. El mayor distanciamiento se produjo con las intenciones del gobierno ecuatoriano de explotar campos petrolíferos en una reserva amazónica protegida llamada Yasuní.
Inicialmente, el gobierno hizo caso omiso de las protestas de los habitantes indígenas de la región, pero más tarde, el presidente Correa inventó una alternativa ingeniosa. Propuso a los gobiernos ricos del Norte que, a cambio de que el Ecuador renunciara a cualquier explotación en el Yasuní, estos gobiernos de los países ricos compensasen a Ecuador por esta renuncia, al considerar que se trataba de una contribución a la lucha mundial contra el cambio climático.
Cuando hizo su propuesta por primera vez en la Cumbre del Clima de Copenhague, en 2009, todos la consideraron una fantasía. Pero después de seis largos meses de negociaciones, cinco gobiernos europeos (Alemania, España, Bélgica, Francia y Suecia) han acordado crear un fondo que será administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y que financiará a Ecuador por no explotar el Yasuní, con la justificación de que con ello se contribuye a la reducción de las emisiones de carbono. Se habla de inventar un nuevo verbo, yasunizar, para referirse a este tipo de acuerdos.
Pero, ¿cuántos acuerdos de este tipo se pueden cerrar? Hay un problema más fundamental en juego. Es la naturaleza del "otro mundo (es) posible", para utilizar el lema del Foro Social Mundial: ¿sería un mundo basado en un crecimiento económico constante, aún siendo éste “socialista", que pretendiese elevar el ingreso real de las personas en el Sur global?, ¿o sería lo que algunos llaman un cambio de valores de civilización, un mundo de buen vivir?
No será un debate de fácil solución. En la actualidad es un debate que se produce en el seno de las fuerzas de la izquierda latinoamericana. Pero hay situaciones similares en la base de gran parte de las tensiones internas en Asia, África e incluso Europa. Éste puede llegar a ser el gran debate del siglo XXI.
Bolivia: planteo radical en la cumbre medioambiental…
Los firmantes se comprometieron a detener las explotaciones hidrocarburíferas y forestales en las selvas, respetar el derecho a la consulta en estas comunidades y la titulación de tierras a favor de comunidades y pueblos indígenas.
Por Sebastián Ochoa, desde Cochabamba
El vice boliviano García Linera, Evo Morales, Hugo Chávez y Tomás Borge en la cumbre ecológica de Cochabamba.
Imagen: EFE.
Los encuentros sociales para proponer alternativas al fin del mundo concluyeron con planteos radicales y ambiciosos. El cumplimiento del Acuerdo de Cochabamba obligaría a los países, incluido Bolivia, a olvidarse de extraer recursos naturales de selvas y territorios indígenas. O al menos consultar a las comunidades, como dicen varios tratados internacionales intrascendentes para los estados adheridos. Además los llevaría a cambiar sus matrices energéticas por otras que no contaminen la atmósfera. Miles de personas dejaron esta ciudad persuadidas de que sus consensos se concretarán en algo. Según ellos, toca ahora a los gobiernos encargarse del reclamo o pagar también esas consecuencias. Como señal de que tomará en cuenta el texto elaborado por 35 mil personas, el gobierno boliviano anunció la creación del Ministerio de la Madre Tierra.
Los documentos de las 17 mesas de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra (Cmpcc) no tienen grandes diferencias con la resolución de la Mesa 18, que sesionó también en Cochabamba sin el reconocimiento del gobierno. Muchas personas participaron en ambos espacios, muchas otras fueron con las mismas propuestas: detener las explotaciones forestales e hidrocarburíferas en las selvas, respetar el derecho a la consulta en estas comunidades y la titulación de tierras a favor de comunidades y pueblos indígenas.
“Este modelo capitalista impone megaproyectos de infraestructura, invade territorios con proyectos extractivistas, privatiza y mercantiliza el agua y militariza los territorios expulsando a los pueblos indígenas y campesinos de sus territorios, impidiendo la soberanía alimentaria y profundizando la crisis socioambiental”, denuncia el texto de la Cmpcc.
“Los gobiernos deben eliminar las concesiones forestales y apoyar la conservación del petróleo bajo la tierra y detener urgentemente la explotación de hidrocarburos en las selvas”, dice el acuerdo cochabambino.
En este sentido, sostiene que “la mejor estrategia y acción para evitar la deforestación y degradación y proteger los bosques nativos y la selva es reconocer y garantizar los derechos colectivos de las tierras y territorios, considerando especialmente que la mayoría de los bosques y selvas están en los territorios de pueblos y naciones indígenas, comunidades campesinas y tradicionales”.
También demanda “la plena y efectiva aplicación del derecho a la consulta, la participación y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas en todos los procesos de negociación, así como en el diseño e implementación de las medidas relativas al cambio climático”.
Para ello, exigen que se respeten instrumentos de derecho internacional, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado en la mayoría de los países de las Naciones Unidas; o la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, elaborado por la ONU pero constitucionalizado sólo por Bolivia.
El documento final reflejó la preocupación de los acreditados, venidos de 140 países, por la explotación acelerada de los recursos de este mundo. “En la actualidad ya se ha excedido en más de un 30 por ciento la capacidad del planeta para regenerarse. A este ritmo de sobreexplotación de nuestra Madre Tierra, se necesitarían dos planetas para el 2030”, según el acuerdo.
Ese motivo, entre otros, justificó la propuesta de hacerle derechos a la Tierra. “En un sistema interdependiente, del cual los seres humanos somos uno de sus componentes, no es posible reconocer derechos solamente a la parte humana sin provocar un desequilibrio en todo el sistema. Para garantizar los derechos humanos y restablecer la armonía con la naturaleza, es necesario reconocer y aplicar efectivamente los derechos de la Madre Tierra”, dice el texto.
Algunos de los derechos propuestos para la Tierra son “a la vida y a existir”, “a ser respetada”, “a la continuación de sus ciclos y procesos vitales libre de alteraciones humanas”, “al agua como fuente de vida”, “al aire limpio”, “a estar libre de la contaminación y polución de desechos tóxicos y radiactivos”.
De acuerdo con el Protocolo de Kioto, los 42 países más industrializados están obligados a disminuir sus emisiones de gases contaminantes en un cinco por ciento entre 2008 y 2012. En la Conferencia de Partes de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 15) realizada en diciembre pasado en Copenhague, se propuso que de aquí en adelante cada país emitiera menos gases en forma voluntaria, según las necesidades de sus negocios.
En la Cmpcc definieron que entre 2013 y 2020 los 42 países del llamado Anexo 1 reduzcan sus emisiones en un 50 por ciento. Esa posición defenderá Bolivia en la COP 16, que será a fin de año en Cancún, México. Posiblemente, algunos de los 48 gobiernos que enviaron delegaciones oficiales a esta conferencia apoyen este reclamo.
Con una reducción del 50 por ciento se espera que el aumento de la temperatura del planeta no sobrepase los dos grados en el próximo siglo y se estabilice en 1,5. El Entendimiento de Copenhague, deplorado por la concurrencia, plantea una tolerancia de hasta dos grados. Sin embargo, varios científicos presentes en la Cmpcc destacaron que ese entendimiento llevaría a que la Tierra tuviera cuatro grados más y muchas poblaciones costeras menos.
También definieron la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática, encargado de juzgar a los estados y empresas que contaminen. Para que esta instancia funcione, en la Cmpcc exigieron una “profunda reforma” en la estructura de la ONU. Y convocaron a la constitución de un movimiento global que vigile la aplicación del Acuerdo de Cochabamba, cuyo texto entero se encuentra en http://www.cmpcc.org.
Calcularon que el costo de la deuda climática de los países industrializados hacia los empobrecidos ascendería al seis por ciento anual de sus PBI. “Esto es viable tomando en cuenta que gastan un monto similar en defensa nacional y destinaron cinco veces más para rescatar bancos y especuladores en quiebra, lo que cuestiona seriamente sus prioridades mundiales y su voluntad política”, se lee en el acuerdo.
El gobierno de Evo Morales quiso dar el primer paso para ese lado y proclamó la creación del Ministerio de la Madre Tierra. El vicepresidente, Alvaro García Linera, dijo que la nueva cartera recogerá “buena parte de lo que hoy es el Viceministerio de Medio Ambiente y Agua, pero también está claro que tendrá que asumir responsabilidades en función del documento de Cochabamba”.
Aprobar la ley de la Madre Tierra no debiera traer dificultades al actual gobierno, que controla dos tercios de votos en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Como país capitalista atrasado, Bolivia debería desistir en sus intenciones de extraer petróleo del selvático norte de La Paz, según denuncia el pueblo indígena Leco a la empresa Petroandina, conformada por YPFB (del Estado Plurinacional) y Pdvsa (de capitales venezolanos). También tendría que respetar el derecho a la consulta de los indígenas que viven cerca de emprendimientos mineros, como reclaman los quechuas y aymaras reunidos en el Consejo Nacional de Markas y Ayllus de Qullasuyu (Conamaq). Esta organización, aunque aliada al gobierno de Morales, promovió la creación de la Mesa 18.
Este espacio, que contó con más de tres mil inscriptos, sesionó a tres cuadras de la conferencia, en la localidad de Tiquipaya, Cochabamba. Allí se explayaron sobre casos puntuales de contaminación en poblaciones y quitaron un poco de romanticismo al “proceso de cambio” que por un lado pronuncia discursos en defensa de la Pachamama, pero por otro avala la operación de transnacionales que rechaza la población. Además de conflictos bolivianos, aquí trataron sobre la lucha por la propiedad colectiva de la tierra de campesinos de Córdoba y los perjuicios que ocasionan empresas mineras en Catamarca y San Juan, entre otros.
Esclavos en tiempos de Evo
Por Santiago O’Donnell
En el Chaco boliviano, cerca de la frontera con Argentina y Paraguay, actualmente viven unas 600 familias guaraníes en condiciones que constituyen formas contemporáneas de esclavitud. Lo dice así, con todas las letras, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicado esta semana.
Por supuesto que el Chaco boliviano no es el único lugar del mundo, ni de la región, ni siquiera de Bolivia, donde se practica la esclavitud. Según la Organización Internacional del Trabajo, en América latina y el Caribe la incidencia de trabajo forzoso es de 2,5 víctimas por cada mil habitantes. Pero el caso del Chaco boliviano es quizás el más flagrante y alevoso, o simplemente el mejor documentado. Según la comisión, las prácticas esclavistas en esa zona se vienen llevando adelante desde hace más de un siglo, “ante la pasividad de las autoridades regionales e internacionales”.
Lo llamativo es que cuatro años del gobierno más progresista de la región no han podido revertir esta situación. Se trata del gobierno del primer presidente indígena de América latina, símbolo y emergente de las luchas políticas de los movimientos sociales. Un gobierno indudablemente comprometido con los derechos de los pueblos originarios, que lleva adelante la reforma agraria más radical de toda la región.
Ese gobierno no ha podido erradicar la esclavitud en su propio país, ni generar las condiciones para que el pueblo guaraní del Chaco boliviano pueda subsistir dignamente. Y no es que no lo haya intentado.
El informe de la CIDH detalla la batería de iniciativas que adoptó el gobierno de Morales en favor de los guaraníes chaqueños, pero también cómo distintos factores y actores conspiran en contra de esas medidas hasta tornarlas poco menos que inútiles –y en algunos casos hasta contraproducentes– para los intereses de sus supuestos beneficiarios.
Por decirlo mal y pronto, los enclaves esclavistas están situados en territorio controlado por la oposición. Por esa razón, el interés de los latifundistas por mantener el statu quo se mimetiza con el reclamo autonomista que la oposición utiliza para obstaculizar las reformas del gobierno.
Embanderados en la causa opositora, los hacendados resisten por la fuerza cualquier intento del gobierno por comprobar los abusos in situ y por redistribuir tierras en favor de los guaraníes. La situación se complica porque esos hacendados además forman parte de la elite política que gobierna la región. Como la presencia del Estado boliviano en el Chaco es casi nula, son esos hacendados quienes controlan la administración de la justicia y de la seguridad.
La comisión pudo constatar que ese control se extiende a la circulación de los habitantes de la región, ya que la mayoría de los caminos están atravesados por tranqueras con cadena y candado, porque los hacendados los reclaman como propios.
Y a todo esto se suma el factor racial. Los esclavos son todos guaraníes y sus patrones son todos blancos. Esto, en un país que acaba de sancionar una Constitución plurinacional que reconoce la autonomía de los pueblos originarios.
Según la CIDH, las prácticas esclavistas en el Chaco fueron alentadas durante décadas por el Estado boliviano, que despojó a los habitantes originarios de sus tierras para entregárselas a grandes latifundistas. La reforma agraria de la década del ‘50, que transformó al resto del país, pasó casi inadvertida en el Chaco, donde la elite local consiguió preservar todos sus privilegios.
“Efectivamente, dicha reforma en algunos aspectos fortaleció el poder económico y político de los hacendados del Chaco, los cuales tenían fuertes vínculos con el partido del gobierno”, dice el informe. “Los guaraníes fueron forzados a someterse a las condiciones impuestas porque no tenían acceso a su propio territorio, que les hubiese permitido autosustentarse.”
Sin tierra en la región más pobre del país más pobre de Sudamérica, los guaraníes se vieron obligados a someterse a pagos miserables a cambio de jornadas interminables. “Las jornadas laborales son generalmente de más de 12 horas al día, y en muchos casos se les asigna realizar un trabajo específico que debe ser terminado en el día de faena, lo cual normalmente es de imposible cumplimiento. Un hombre guaraní de la comunidad de Itacuatía narraba lo siguiente: ‘Cuando yo era chico, me levantaba para ir a trabajar a las tres de la mañana porque antes era el toque de campana para trabajar a esa hora’… Otros testimonios confirmaban que el pago que recibían era ínfimo y el trato que recibían era degradante”, señala el documento.
Ese régimen lleva indefectiblemente al endeudamiento y al sometimiento. “La situación de endeudamiento se genera mediante el registro que tienen los patrones de sus trabajadores en un cuaderno donde anotan su nombre, las actividades que realizan, los adelantos entregados en especies o el dinero que se entrega en pago al trabajo desarrollado. Este cuaderno es el único documento para realizar los ‘arreglos’ que se efectúan, y en casi todos los casos los trabajadores resultan debiéndole al patrón. Esto genera las obligaciones de trabajar a futuro, situación que puede llegar a ser vitalicia e incluso heredarse de una generación a otra”, explica la comisión.
En esta situación, el castigo corporal y el trabajo infantil son moneda corriente, constató la comisión: “Durante las visitas del 2006 y 2008, la Comisión tomó conocimiento e incluso recibió testimonios relacionados con eventos de maltrato físico de guaraníes mediante ‘huasqueadas’ (latigazos), quema de sus cultivos y muerte de sus animales como castigo por ‘desobediencia’. En palabras de un hombre de Itacuatía, ‘nos tratan con garrotes y chicote… siempre nos sabían chicotear, maltratarnos. Estos actos de violencia siempre han existido’”.
Todo esto iba a revertirse con la llegada al poder del gobierno de Evo Morales. Ese gobierno sancionó en el 2006 una ley de Reforma Agraria por la cual los latifundios esclavistas debían ser confiscados y entregados a los pueblos originarios. Pero cuando los técnicos del Instituto Nacional de Reforma Agraria se presentaron en el Chaco para hacer el saneamiento de las tierras, fueron repelidos a balazos por los hacendados.
Igualmente, el INRA llegó a fallar en dos casos en favor de los guaraníes. La decisión del INRA fue avalada por el Tribunal Agrario creado por la nueva Constitución para dirimir pleitos de propiedad de tierras. Pero los hacendados recurrieron el fallo del Tribunal Agrario ante el Tribunal Constitucional, potestad también incluida en la nueva Constitución. Como el Tribunal Constitucional aún no se ha constituido, las tierras en disputa siguen en poder de los hacendados y las prácticas esclavistas continúan.
El bajo nivel de alfabetización de los guaraníes y las dificultades que tienen para acceder a los servicios de justicia son otro obstáculo que el gobierno aún no ha podido solucionar. En el 2007 Morales firmó un decreto para lanzar un plan con el fin de mejorar la salud, la educación y el acceso a la justicia en el Chaco boliviano, pero se trata de una acción cuyos resultados se podrán apreciar a mediano plazo.
La fiscalía encargada de la región se muestra permeable a la influencia política de los hacendados. Sólo inició una investigación de oficio sobre las prácticas esclavistas después de un duro informe de la CIDH en 2006. Pero en esa investigación el fiscal ingresó a las haciendas acompañado por políticos locales y en su presencia interrogó a las víctimas. Como en esas condiciones intimidatorias nadie se animó a decir esta boca es mía, el fiscal concluyó que todos los hacendados pagaban sueldo y aguinaldo y daban un trato digno a sus empleados. El caso fue archivado.
Según el informe publicado esta semana, las políticas del gobierno de Morales para revertir las prácticas esclavistas en el Chaco tuvieron el efecto indeseado de dividir y debilitar a la comunidad guaraní. Algunos se fueron de las haciendas y formaron comunidades independientes, donde subsisten en condiciones paupérrimas. Otros se quedaron en las haciendas por voluntad propia, otros se fueron a cambio del pago de sus supuestas deudas, otros quisieron irse pero no pudieron, otros fueron echados por querer organizarse.
“Según diversas fuentes, muchos guaraníes han sido expulsados por los hacendados como consecuencia del proceso de saneamiento que se realiza en sus respectivas zonas y como represalia por su participación en la Asamblea del Pueblo Guaraní. La Comisión recibió otros testimonios que indican que la situación de los guaraníes expulsados es muy precaria, debido a que carecen de lugar donde vivir y donde cultivar lo mínimo para garantizar su subsistencia”, dice el informe.
En la presente coyuntura, dada la relación de fuerzas, para expropiar las tierras de los hacendados esclavistas y devolvérselas a los guaraníes, Evo Morales debería mandar al ejército a invadir el Chaco, lo cual equivaldría a incendiar el país.
La alternativa es fijar políticas claras y dejar que las instituciones actúen, aun cuando muchas de esas instituciones están cooptadas, colonizadas, funcionan mal, no existen o figuran sólo en papel. Morales parece haber elegido ese camino, más largo y más incierto, en función del interés nacional.
Mientras tanto, todo está como era entonces para las familias esclavas del Chaco boliviano. O tal vez peor, por la brutal respuesta de los hacendados a las acciones reformistas del gobierno. Y por saberse esclavos aun en tiempos de Evo.
Página/12
Bolivia: un nuevo movimiento sobre el cambio climático, por N. Klein
Naomi Klein
Cochabamba, Bolivia. Eran las 11 de la mañana y Evo Morales había transformado el estadio de futbol en un gigantesco salón de clases, y había reunido una variedad de objetos de utilería: platos de cartón, vasos de plástico, impermeables desechables, jícaras hechas a mano, platos de madera y coloridos ponchos. Todos jugaron un papel para demostrar un punto principal: para luchar contra el cambio climático
necesitamos recuperar los valores de los indígenas
.
Sin embargo, los países ricos tienen poco interés en aprender estas lecciones y, al contrario, promueven un plan que, en el mejor de los casos, incrementaría la temperatura global promedio en dos centígrados. Eso implicaría que se derritieran los glaciares de los Andes y los Himalaya
, le dijo Morales a las miles de personas reunidas en el estadio, como parte de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. Lo que no necesitaba decir es que no importa cuán sustentablemente elija vivir el pueblo boliviano, pues no tiene el poder para salvar sus glaciares.
La cumbre climática en Bolivia ha tenido sus momentos de alegría, levedad y absurdos. Sin embargo, en el fondo, se siente la emoción que provocó este encuentro: rabia contra la impotencia.
No hay por qué sorprenderse. Bolivia está en medio de una dramática transformación política, una que nacionalizó las industrias clave y elevó como nunca antes las voces de los indígenas. Pero en lo que se refiere a su crisis existencial más apremiante –el hecho de que sus glaciares se derriten a un ritmo alarmante, lo cual amenaza el suministro de agua en dos de las principales ciudades–, los bolivianos no pueden cambiar su destino por sí solos.
Eso se debe a que las acciones que provocan el derretimiento no se realizan en Bolivia, sino en las autopistas y las zonas industriales de los países fuertemente industrializados. En Copenhague, los dirigentes de las naciones en peligro, como Bolivia y Tuvalu, argumentaron apasionadamente en favor del tipo de reducciones a las emisiones de gases que podrían evitar una catástrofe. Amablemente les dijeron que la voluntad política en el Norte simplemente no existía. Y más: Estados Unidos dejó claro que no necesitaba que países pequeños como Bolivia fueran parte de una solución climática. Negociaría un acuerdo con otros emisores pesados a puerta cerrada y el resto del mundo sería informado de los resultados e invitado a firmar, lo cual es precisamente lo que ocurrió con el Acuerdo de Copenhague. Cuando Bolivia y Ecuador rehusaron aprobarlo en automático, el gobierno estadunidense recortó su ayuda climática en 3 millones y 2.5 millones de dólares, respectivamente. No es un proceso de a gratis
, explicó Jonathan Pershing, negociador climático estadunidense. (Aquí está la respuesta para cualquiera que se pregunte por qué los activistas del Sur rechazan la idea del apoyo climático
y, en cambio, demandan el pago de deudas climáticas
.) El mensaje de Pershing era escalofriante: si eres pobre, no tienes derecho a priorizar tu propio supervivencia.
Cuando Morales invitó a los movimientos sociales y los defensores de la madre tierra, científicos, académicos, abogados y gobiernos
, a venir a Cochabamba a un nuevo tipo de cumbre climática, fue una revuelta contra esta sensación de impotencia, fue un intento por construir una base de poder en torno al derecho a sobrevivir.
El gobierno boliviano arrancó las discusiones proponiendo cuatro grandes ideas: que se debería otorgar derechos a la naturaleza, que protejan de la aniquilación a los ecosistemas (una declaración universal de los derechos de la madre tierra
); que aquellos que violen esos derechos y otros acuerdos ambientales internacionales deberían enfrentar consecuencias legales (un tribunal de justicia climática
); que los países pobres deberían recibir varios tipos de compensación por una crisis que ellos enfrentan pero tuvieron poco que ver en crear (deuda climática
), y que debería haber un mecanismo para que la gente en el mundo exprese sus puntos de vista sobre estos temas (un referéndum mundial de los pueblos sobre cambio climático
).
La siguiente etapa fue invitar a la sociedad civil global a ir discutiendo los detalles. Se instalaron 17 grupos de trabajo y después de semanas de discusión en línea se reunieron durante una semana en Cochabamba, con el fin de presentar sus recomendaciones finales al término de la cumbre. El proceso es fascinante pero lejos de ser perfecto (por ejemplo, como señaló Jim Shultz de Democracy Center, al parecer, el grupo de trabajo sobre el referendo invirtió más tiempo discutiendo si añadir una pregunta sobre abolir el capitalismo que discutiendo cómo se le hace para llevar a cabo una consulta global). Sin embargo, el entusiasta compromiso de Bolivia con la democracia participativa podría ser la contribución más importante de la cumbre.
Esto porque luego de la debacle de Copenhague un tema de discusión tremendamente peligroso se volvió viral: la verdadera culpable del fracaso era la democracia en sí. El proceso de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que da votos con el mismo peso a 192 países, simplemente era demasiado difícil de manejar. Era mejor encontrar soluciones en grupos pequeños. Hasta las voces ambientales de confianza, como James Lovelock, cayeron en la trampa: Tengo la sensación de que el cambio climático puede ser un tema tan severo como la guerra
, le dijo a The Guardian recientemente. Quizá sea necesario poner a la democracia en pausa durante un tiempo
. Pero en realidad son estos pequeños grupos, como el club privado que forzó el Acuerdo de Copenhague, los que han ocasionado que perdamos terreno y debilitado los acuerdos existentes, que de por sí son inadecuados. En cambio, la política de cambio climático llevada a Copenhague por Bolivia fue redactada por los movimientos sociales mediante un proceso participativo y el resultado final fue, hasta el momento, la visión más transformadora y radical.
Con la cumbre de Cochabamba, Bolivia intenta globalizar lo que logró a escala nacional e invitar al mundo a participar en redactar una agenda climática conjunta, antes del próximo encuentro sobre cambio climático de la ONU, en Cancún. En palabras del embajador de Bolivia ante Naciones Unidas, Pablo Solón, la única cosa que puede salvar a la humanidad de una tragedia es el ejercicio de la democracia global
.
Si está en lo correcto, el proceso boliviano podría no sólo salvar a nuestro planeta que está calentándose, sino también a nuestras democracias en vías del fracaso. No está mal el trato.
El texto fue publicado en The Nation. Traducción: Tania Molina Ramírez
Crisis climática: ya tiene cascabel el gato
Silvia Ribeiro *
Tiquipaya, Bolivia. Más de 35 mil personas respondieron a la convocatoria que lanzó Bolivia a la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra (CMPCC), en Cochabamba, del 19 al 22 de abril. La tercera parte vino de 142 países en cinco continentes. La mayoría de los participantes fueron movimientos sociales, campesinos, indígenas, organizaciones de mujeres, ambientalistas, pescadores. También acudieron representantes de gobierno de 47 naciones, académicos, intelectuales, activistas, artistas, músicos. Se debatió intensamente en 17 grupos de trabajo convocados por los organizadores y 127 talleres autorganizados.
Además, una de las grandes federaciones indígenas de Bolivia: el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), llamó con otras agrupaciones a la Mesa 18
para tratar temas que no veían reflejados en la agenda de la conferencia, como la crítica a proyectos mineros, de gas y petróleo.
La convocatoria a esta cumbre rebasó todas las expectativas, tanto en número como en contenido, convirtiéndose en un hito histórico en el debate internacional sobre la crisis climática. Ante las maniobras de los gobiernos poderosos en Copenhague, Bolivia convocó a las bases de las sociedades del mundo a manifestar sus posiciones y plantearlas a los gobiernos. Ambas cosas sucedieron en forma contudente. También se afirmaron las redes e interacciones entre los movimientos, con una sana distancia de las propuestas de crear nuevas redes globales, ahora sobre crisis climática. Esto quedó para discutir entre los movimientos: la mayoría no considera que se necesita una nueva estructura, sino más interacción y complementación.
Se creó sí, una base común para la compresión, el análisis crítico y las estrategias frente a la crisis climática, enriquecida por diversas perspectivas desde muchas culturas, pueblos, organizaciones temáticas y sectoriales del continente y el mundo. El Acuerdo de los Pueblos en Cochabamba refleja esto (www.cmpcc.org) .
Hubo rechazo enérgico y repetido al Entendimiento de Copenhague
que quiso imponer una veintena de países –los mayores responsables de la crisis climática– en diciembre pasado. Los cínicos compromisos
que allí se firman significarían un aumento de la temperatura hasta de cuatro grados, una catástrofe anunciada para los pueblos del Sur. La CMPCC exige detener el calentamiento descolonizando la atmósfera
, con una reducción de 50 por ciento de las emisiones de gases de los países industrializados en su fuente, no mediante mecanismos de mercados de carbono, a los cuales se opone en todas sus variantes. Rechaza también los mecanismos llamados REDD, que bajo el título de reducir la deforestación, en realidad la aumentarán y provocarán la alienación del manejo de los bosques por las comunidades y pueblos, además de promover los monocultivos de árboles, que no son bosques, sino agravantes de las crisis.
Enmarcando todo esto, se plantea una denuncia de las causas reales de la crisis climática planetaria. Confrontamos la crisis terminal del modelo civilizatorio patriarcal basado en el sometimiento y destrucción de seres humanos y naturaleza, que se aceleró con la revolución industrial. El sistema capitalista nos ha impuesto una lógica de competencia, progreso y crecimiento ilimitado. Este régimen de producción y consumo busca la ganancia sin límites, separando al ser humano de la naturaleza, estableciendo una lógica de dominación sobre ésta, convirtiendo todo en mercancía: el agua, la tierra, el genoma humano, las culturas ancestrales, la biodiversidad, la justicia, la ética, los derechos de los pueblos, la muerte y la vida misma
, expresa el Acuerdo de los Pueblos.
Condena la agricultura industrial y las corporaciones de los agronegocios –directamente responsables de cerca de la mitad de las emisiones que causan la crisis climática–, así como los mecanismos y propuestas que apoyan el avance de las trasnacionales y la devastación de la Madre Tierra, como los tratados de libre comercio y la introducción de nuevas y riesgosas tecnologías, como transgénicos, tecnología terminator, nanotecnología, geoingeniería y agrocombustibles.
Denunciamos cómo el modelo capitalista impone megaproyectos de infraestructura, invade territorios con proyectos extractivistas, privatiza y mercantiliza el agua y militariza los territorios, expulsando a los pueblos indígenas y campesinos de sus tierras, impidiendo la soberanía alimentaria y profundizando la crisis socioambiental
, continúa el Acuerdo de los Pueblos.
La declaración de la “Mesa 18“ enfatiza estos mismos aspectos, criticando políticas extractivistas y proyectos de explotación de hidrocarburos y mineros del gobierno boliviano. Aclara que su iniciativa no fue “una tribuna para desacreditar al gobierno ni para socavar la legitimidad de un cónclave del que nos sentimos parte… (se trata de) formular propuestas que ayuden a enderezar el rumbo del proceso de cambio, asumiendo la responsabilidad de defenderlo y protegerlo, porque ha sido concebido por el movimiento popular boliviano en muchos años de lucha”.
La CMPCC plantea también estrategias y propuestas, como el reclamo de la deuda ambiental, la creación de un tribunal internacional de justicia climática, la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. La de más largo alcance sigue siendo implementar la soberanía alimentaria, basada en formas de vida y producción campesinas, indígenas y locales, que es el principal factor que enfría el planeta y el que puede volverlo al equilibrio, además de promover la justicia social y la biodiversidad.
Todo esto y más llegará a Cancún, donde las negociaciones oficiales sobre el clima sesionarán en diciembre. Pero sobre todo, ya está entre los movimientos sociales de todo el mundo.
*Investigadora del Grupo ETC
LA JORNADA.MX