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I. Ramonet y Sudamérica: “El progresismo puede tener varios años por delante”…
REPORTAJE A IGNACIO RAMONET SOBRE EL MUNDO Y SUDAMERICA
Periodista y escritor, Ramonet dijo a Página/12 que la mayoría de los gobiernos de Sudamérica cumple la función de los socialdemócratas europeos en los ’50 y que si no cometen errores pueden aspirar a un ciclo largo de gobierno.
Por Martín Granovsky
Desde Porto Alegre
Nacido en Pontevedra y emigrado con su familia a Francia, Ignacio Ramonet dirige hoy Le Monde Diplomatique en español. Fue uno de los animadores del primer Forum en 2001 y es uno de los periodistas que más recorren el mundo y observan sus distintas realidades.
–Sobre el final del Forum hay derecho a preguntarse si fue útil y qué cambió respecto del primer foro, el del 2001.
–Cuando el foro se creó, no había en América latina otro gobierno de los que yo hoy llamo neoprogresistas que no fuera el de Hugo Chávez, que además vino al foro. Al año siguiente, en 2002, por primera vez Chávez se declaró socialista. También vino Lula cuando aún no era presidente, sino candidato. Ahora en cambio los gobiernos neoprogresistas están llevando a cabo las políticas de inclusión social y al mismo tiempo el foro es menos un foro de los movimientos sociales. Es un foro en el que se discutió la crisis europea, el movimiento de los indignados en general (los chilenos, Wall Street, etcétera) y la cuestión de la memoria. La jornada de Flacso del viernes, el día de conmemoración del Holocausto, fue una de las actividades centrales. La organizaron el Forum Social Temático y el Foro Mundial de la Educación. Hasta ahora ésos no eran temas del foro. Los indignados son un tema que no lleva más de un año, y el debate sobre la memoria no se había planteado de esa manera. Dominaban el antiimperialismo y la denuncia de las guerras de los Estados Unidos en Irak o en Afganistán. Se está llegando a un nivel diferente. Los gobiernos aquí en Sudamérica lo están haciendo globalmente bien. Pero ojo, llega una nueva etapa y hay que mejorar ciertos aspectos cualitativos.
–¿Qué habría que mejorar en América del Sur?
–No creer que esta bonanza que está viviendo América latina va a ser duradera. Depende del éxito norteamericano y europeo y de si hay baja o no en la economía china que afecte a potencias agrícolas o mineras.
–Uno de los puntos es cómo aprovecha América del Sur su actual ventaja por los precios beneficiosos de los productos primarios que vende para que otra vez el rédito principal no sean palacios franceses en medio de la pampa húmeda.
–La economía funciona por ciclos. En Europa no podemos hablar de palacios en medio de la nada pero sí de grandes aeropuertos modernísimos que ahora casi no funcionan u óperas en medio de ciudades pequeñísimas. La riqueza ha pasado y no siempre se ha sabido aprovechar. Aquí, en Sudamérica, la solución es crear más y más mercado interior. Y mercado interior protegido. Y también ampliar los intercambios en el marco de la solidaridad latinoamericana. Ahora el mercado latinoamericano tiene que articularse para que haya masa crítica para todos. Si no, Brasil se desarrollará pero Uruguay no. Ahora que desaparecieron 80 millones de pobres hay una clase media que consume. Brasil introdujo la tasa sobre la producción de automóviles frente a China y aumentó esa tasa en un 30 por ciento. Es protección y es correcta.
–¿Qué discusión mundial nueva apareció en el Forum?
–Por lo pronto, muchos constataron que, más allá de las opiniones, la globalización existe. Si existe hay que analizarla y ver cómo evitar los inconvenientes de la globalización. A escala mundial en una mesa sobre la crisis del capitalismo, una de las opiniones fue que había que pensar quizás en desglobalizar y reducir la globalización. No hay solo una crisis económica. Hay una crisis de la política, de la democracia, alimentaria, ecológica. Muchos países latinoamericanos no están pensando en las otras crisis, en particular en la ecológica. Boaventura de Souza Santos subrayó que no es normal que se acuse a comunidades indígenas y se las acuse de terroristas cuando quieren proteger el medio ambiente. Las realidades van cambiando. El Movimiento de los Sin Tierra de Brasil, que antes ocupaba tierras, no lo hace porque no las tiene. Cualquier pedazo de tierra es soja. Y como el MST cuando se asienta realiza producciones ecológicas, el agronegocio se lo reprocha.
–La discusión ecológica es clave también porque habrá una cumbre mundial en Río en junio.
–La precaución ecológica es algo que se ha recordado y que en cierta medida hace que los gobiernos estén pensando en hacer las cosas bien. Dilma dijo que quería dar casas a la gente. A mí me parece muy bien, realmente muy bien. Pero tengamos cuidado de no llegar al pragmatismo chino, que en nombre del desarrollo destruye lo que se oponga a esa idea, y terminemos entrando sin necesidad en una gran contradicción.
–Dilma diría: “Está bien, Ignacio, pero yo tengo que gobernar Brasil y terminar con la miseria”.
–Es que la preocupación ecológica y la social no se oponen. El Forum apreció mucho que Dilma haya decidido venir aquí y no haya viajado al Foro de Davos. Cuando Lula vino y dijo que luego se marchaba a Davos, alguien le dijo: “No se puede servir a dos amos a la vez”. Es una frase bíblica. “Hay que escoger.”
–Quizá Lula necesitaba ir a Davos porque también eso ayudaba a la consolidación política de su gobierno y en cambio hoy Brasil no necesita de Davos.
–Claro, las condiciones cambian. Y el foro debe cambiar también. Antes muchos dirigentes o presidentes venían a nutrirse. Chávez y Lula, a quienes ya nombré. También Evo Morales, Rafael Correa y Fernando Lugo. Para algunas discusiones, una reunión del foro puede tener hoy un mayor sentido en Europa, para discutir allí mismo la tremenda crisis. El año próximo está previsto que tenga lugar en un país árabe, porque los movimientos sociales no sólo se están desarrollando, sino que han conseguido ganar en dos países. Y hay nuevas discusiones, por ejemplo entre movimientos sociales laicos y movimientos sociales islamistas.
–¿Qué podría discutirse en Europa?
–En Europa hay ya algunas discusiones que se producían en América latina. Una idea de que la política está gastada y hace falta una renovación política. Que la sangre y la vitalidad nueva van a venir por el movimiento social. De esa vitalidad puede surgir un cambio. Este foro no tendría el mismo sentido organizado en Madrid, Atenas o Barcelona, donde hay sociedades que sufren y a la vez registran en algunos sectores gran voluntad de cambio. Aquí, en Sudamérica, por suerte para ustedes, hay situaciones donde la preocupación es seguir creciendo y cómo hacerlo mejor.
–¿No hay un riesgo de endiosar a los movimientos sociales como factores de cambio? Si no hay construcción política, ¿no se diluyen?
–Sí, es importante ver cómo se pasa de un momento a otro. Todavía no estamos en esa etapa en Europa, me parece. Aún no. Nadie expresa mejor el sufrimiento social que el movimiento social. Pero si no se da el paso a la política, todas las grandes crisis siempre sirven a la extrema derecha, que aparece como bajo la forma de movimientos y partidos antisistema. Prometen los cambios más radicales, demagógicos, transformacionales. Es importante que el sufrimiento social se encarne en movimientos que tengan vocación de implicarse en la política.
–¿Por qué todavía no ocurre ese paso?
–Entre otras cosas, en mi opinión, porque hacen falta líderes. Hasta el momento el movimiento social incluso rechaza tener líderes. Son muy igualitaristas desde el punto de vista del funcionamiento democrático. Es como la enfermedad infantil del movimiento social. Ya llegará el momento de la adolescencia o la madurez, cuando seguramente se generarán líderes. No líderes salvadores. Hablo de dirigentes democráticos que puedan entender al movimiento social y ayudarlo a encontrar respuestas. Después de la crisis del sistema político venezolano, el final de lo que se llama el “puntofijismo”, ¿habría habido cambios sin Chávez y lo que él representaba? Y me hago la misma pregunta con Ecuador y Correa, Bolivia y Evo, Brasil y Lula, la Argentina y Kirchner.
–¿Y cómo funciona la relación entre los líderes, los movimientos y los partidos en esos países de Sudamérica?
–Mi percepción es que hoy los partidos tienen menos influencia que hace diez años y los movimientos sociales también porque los gobiernos están haciéndolo todo. Los líderes de los gobiernos conducen el cambio. Hubo una energía social que produjo el cambio pero el cambio está tan encarrilado que a veces hay una desvitalización de la política que paradójicamente no molesta demasiado.
–Tal vez con las construcciones políticas ocurra lo mismo que con los ciclos económicos. Quizá deban o puedan ser realizadas antes de que el ciclo actual de gobiernos sudamericanos termine.
–La función de estos gobiernos es muy semejante a la de los gobiernos europeos de los años ’50 que, esencialmente, fueran conservadores o progresistas, tenían como funciones construir el Estado de bienestar, reconstruir cada país después de la guerra y aumentar el nivel de vida de la gente. Eso les dio 40 años de estabilidad política. Pero se terminó. Si los neoprogresistas sudamericanos no lo hacen demasiado mal, quizás haya por delante varios decenios como si fueran la socialdemocracia nórdica. Hoy mejoran estructuras, el nivel de vida, crean trabajo. No es casualidad que sean gobiernos neoprogresistas los que están trabajando bien. Así ocurrió con los viejos partidos socialdemócratas. Además, la construcción del Estado de bienestar y el aumento del nivel de vida termina con cualquier tipo de recurso para las oposiciones tradicionales conservadoras. Ahora la gente percibe cómo los países reconstruyen sociedades derruidas. Las favelas eran pensadas como una fatalidad. Para la derecha, era así porque es así. Pero la fuerza de la derecha desapareció, y también el elemento militar. Las leyes de la memoria son las que deben culpabilizar –sin venganza, con documentos y base histórica sólida– y establecer responsabilidades. No vengarse, sino terminar con la impunidad. A pesar de que lo que voy a decir parece escandaloso, estamos en el momento más fácil de Sudamérica. Si no hay errores y una gestión tranquila, los gobiernos de signo neoprogresista pueden quedarse en el poder mucho tiempo. Por eso hay que pensar bien las sucesiones políticas. En la Argentina eso funcionó bien. En Brasil, lo de Lula fue ejemplar. Es una lección. Y por eso hoy Dilma tiene más aprobación popular de la que tenía Lula en su primer año de gobierno.
Bolivia: “Este es el momento de la puja y el debate al interior del bloque”. Entrevista a A. Linera
ENTREVISTA CON EL VICEPRESIDENTE DE BOLIVIA, ALVARO GARCIA LINERA
“Después de la consolidación de la revolución plurinacional, el gobierno de Evo Morales enfrenta demandas redistributivas de sectores aliados. En esta etapa hay que resistir la tentación populista y afianzar los logros”, dice García Linera.
Por Santiago O’Donnell
–Después de cinco años de fuerte crecimiento político y económico, daría la impresión de que la revolución boliviana se ha amesetado. ¿Es así?
–“Amesetamiento”, me gusta la palabra. Podemos decir que hace un año y medio el proceso revolucionario ha entrado en un cambio de fase. En términos generales, nuestro proceso ha tenido cinco etapas en la última década. Está el momento en que se gesta esta coalición, la unificación de sectores subalternos, anteriormente divididos, separados, y se va construyendo una voluntad de poder. Año 1998, 1999, 2011, 2002. Se van articulando localmente estructuras de movilización, van surgiendo liderazgos plebeyos, se van creando tareas y objetivos compartidos. Luego viene la segunda fase, que es cuando esta voluntad se objetiviza territorialmente. Se objetiviza como proyecto-propuesta, se objetiviza como liderazgo. Se ha denominado a esta etapa como “empate catastrófico”. Fuerzas que se organizan, colisionan, portadoras de horizontes distintos, de necesidades y propuestas distintas. Cada cual tiene adhesión social. Entonces, “empate catastrófico”. Eso va desde el 2003 hasta por lo menos el 2008. Luego viene el momento en que esta fuerza nueva se convierte en gobierno con la victoria electoral. Pero la tensión de poderes sigue. La Media Luna, con su proyecto de país, conservador, ése sería el tercer momento. El cuarto momento es la fase heroica. ¿Quién va a tener el poder? ¿El viejo bloque se reconstruye con tomas de edificios, con golpe de Estado como se intentó, con el asesinato del presidente Evo como se intentó, trayendo mercenarios para dividir Bolivia como se intentó, o el nuevo bloque en el poder que se consolida? Es el momento que hemos denominado robespierreiano…
–Pero, a diferencia de Robespierre, ustedes tuvieron la valentía de abstenerse de reprimir, de frenar la movilización social ante provocaciones muy serias como la toma de aeropuertos y edificios públicos o la masacre de Pando.
–Fuimos robespierreianos a nuestro modo. No hubo violencia pero hubo despliegue de capacidad de fuerzas. Los contrincantes se miraron, se midieron y dijeron “hasta acá llegamos” y se fueron para atrás, pero midiendo fuerzas. Allá el discurso callaba y lo que contaba era la fuerza. Desplegable, potencial. Ahí se dirime, digamos, la consolidación del nuevo bloque de poder, que luego da lugar a la nueva Constitución, y la reelección del presidente Evo en el 2009, con el 64 por ciento de los votos.
Luego viene el momento de la institucionalización y de la consolidación de lo logrado hasta acá. Ahora estamos en esta quinta etapa, que tiene otra connotación. No es el surgimiento, no es la confrontación, no es el momento de fuerza, se ha consolidado un bloque de poder. Hay un proyecto de país en marcha que se caracteriza por su plurinacionalidad, por la igualdad de culturas, de pueblos, de idiomas. De la descolonización del país que llevará mucho tiempo. De la desconcentración del poder. Un proceso de búsqueda de industrialización del país, preservando el sector campesino. Esa es la etapa en que nos encontramos ahora.
–¿Y por qué es la etapa menos comprendida?
–Es que, desaparecida la gran confrontación de bloques, lo que emerge ahora son las contradicciones en el seno del bloque. Es algo inevitable, necesario y predecible. Necesario para la continuación del proceso. Mao lo llamaba las contradicciones en el seno del pueblo. Este es el momento maoísta o leninista del proceso. Este es un momento en que, consolidado el bloque, vienen los debates, por lo tanto hay tensiones, de cómo fortalecer y profundizar el proceso de cambio. Ahí surgen distintas miradas. Ya no es el momento de gran ascenso. Como toda oleada, es el momento de la acción colectiva. Entonces yo veo que la mayor tensión es entre sectores que buscan un uso corporativo del excedente económico, contra los que buscan un uso general del excedente. Lo vimos antes del conflicto con la COB (la Central Obrera Boliviana), el año pasado, con los indígenas de las tierras bajas y las tierras altas. Los de tierras bajas son pocos, un tres por ciento de la población. Los de tierras altas suman el sesenta por ciento de la población. Todas las tierras fiscales, todas, que les hemos quitado a los hacendados y terratenientes, están en tierras bajas. Los de tierras altas dicen “yo también soy indígena, yo también soy boliviano, yo también tengo derecho a que el Estado me dé tierras, si necesito. Esa es una disputa. Desde una mirada general, la tierra del Estado debe ser para todos. Primera tensión, que llevó a un debate creativo en el sector indígena y se restableció la unidad, pero hubo un debate entre uso general y uso corporativo.
Luego se vino lo de la COB. La tensión se dio entre la clase media estatal de la COB, sector de salud, sector de educación, con el sector obrero y campesino de la COB, que planteaba que los recursos que hemos juntado en estos cinco años se vuelquen a la base industriosa del país. Los compañeros de educación y salud decían no, lo que nosotros queremos es que se mejoren los salarios hoy.
–Usted lo plantea como un debate interno de la COB, pero en los diarios se lee como una disputa entre la COB y el gobierno.
–Es que son tres los momentos. Uno, al interior de la COB, los fabriles son de la COB, los mineros, los petroleros son de la COB, los campesinos son de la COB. Y ahí hubo un debate. Ahí se dio una alianza entre un sector interno de la COB, salud y educación, y otro sector de la COB, el sector campesino e indígena, con el gobierno. ¿Cómo usamos el dinero que hemos ahorrado, que hemos acumulado estos cinco años? ¿Aumentos salariales del cien, doscientos por ciento, o industrializamos el gas, el litio, sectores del campo para que la gente vuelva a trabajar allí? Ese fue el debate que se dio. Los sectores de salud y educación de la COB se lanzaron a una huelga general indefinida, que sólo fue acatada por esos sectores, quince días una parte de ellos no trabajaron y al final este bloque gobierno-campesinos-indígenas-movimientos sociales mantuvieron la posición de que el excedente era para uso productivo y ahí nos quedamos. Lo importante es que se puso en debate qué se hace con el dinero, porque no es dinero del gobierno sino de todos. El debate salió del Parlamento y llegó a toda la sociedad, y la mayoría de la gente respaldó la idea de uso productivo, pero claro, con huelgas, movilizaciones, dinamitas, pero el gobierno no cedió.
–Ahí no, pero sí cedió con el impuestazo.
–Tuvimos que retroceder.
–¿El impuestazo fue idea suya?
–Fue una decisión del gobierno. La idea era la misma. Dejar de subvencionar a los contrabandistas que se llevan nuestro diésel para afuera, y hacer que le llegue a la gente. Pero claro, el aumento de combustible tiene un efecto general en la economía, en el precio de los alimentos. A esto se sumó algo que no se ha hablado mucho. Que justo en ese mes, diciembre, enero, hubo un alza en el precio de los alimentos a nivel mundial y un desabastecimiento de azúcar a nivel interno. Entonces volvemos a bajar el precio de la gasolina, retrocedemos, pero el azúcar sigue subiendo y escaseando, sube el maíz, sube el trigo, suben las verduras. Ahora se ha estabilizado, en marzo bajó un poco, pero nos tocó en pleno pico y no calculamos bien el efecto que tuvo en la gente. Eso fue lo que pasó. Con el presidente fuimos a las asambleas, estuvimos en el campo y los barrios. Las confederaciones campesinas decían “nos afecta pero es necesario”, pero en la ciudad nos dijeron “nos afecta y es necesario, pero no lo hagan”. Supimos entender y fuimos un paso atrás.
–En esta etapa pereciera que los problemas políticos están encaminados y que el desafío es el crecimiento. Da la impresión de que con lo que tienen no alcanza para las grandes expectativas que han generado. ¿Cuál es plan para generar más riqueza?
–Es que en el fondo la política es economía concentrada. Hay un momento de la política. Alianzas, discursos, sentido común de la historia. Ya, pero luego tiene que traducirse en hechos, en beneficios. El debate de Lenin por la NEP (Nueva Economía Política, 1921) es que había que darle de comer a la gente. Sí, se podía hablar del Ejército Rojo y la revolución mundial, está bien, espíritu de la época, socialista y comunista. ¿Pero luego? ¿Qué van a comer? Salvando la diferencia de escalas, es el debate en Bolivia. Se ha creado un sentido común de la historia. Indígenas en el poder. Igualdad de pueblo, desconcentrar el poder. Ahora que ha triunfado eso frente a la lógica neoliberal del mercado y las privatizaciones, eso se tiene que reflejar en el bienestar de la gente. La demanda de la gente es legítima y debe ser resuelta por el debate de los propios sectores interesados. En el año ’82 hubo un gobierno de izquierda (Siles Suazo). Pero en vez de enfrentar los temas, de exponerlos, ¿qué hizo? Te movilizas COB, pides el veinte por ciento, aquí tienes el veinte por ciento. Se movilizan los compañeros, piden el ciento por ciento, aquí tienes el ciento por ciento. En un año, la inflación se disparó del tres, cuatro por ciento, llegó al 17 mil por ciento. Es una opción muy fácil. Ante una demanda, no lo debates con el pueblo, lo resuelves, no te haces conflicto por hoy. Tapas un agujero, mañana tienes un boquete.
–Eso se llama populismo.
–Nosotros no hemos sido así. Debatamos. Esta plata no es del presidente, es de Bolivia. Los compañeros maestros quieren que se aumente el salario, pero aquí los compañeros del campo quieren que se haga la represa y los compañeros petroleros quieren que se haga la petroindustria. Debatamos. Esto es mejor porque dentro de tres o cuatro años nos va a permitir grandes aumentos de salarios. No, yo quiero el aumento ahora. Es en el debate democrático como se soluciona.
–Usted me habla de repartir la plusvalía y está claro que reparten bien. Pero yo preguntaba cómo hacen para agrandar la torta.
–No hemos distribuido todo. Una parte hemos distribuido. nosotros somos el país de América latina que más distribución del PBI hacemos directo a las personas, 2,5 por ciento del Producto Bruto le llega directamente a la gente como transferencia. Luego siguen Brasil con 1,7, y Ecuador con el 0,7. Pero otra parte de nuestros recursos, de nuestras reservas, en vez de distribuirla bajo presión, la hemos sometido al debate general. Nos aguantamos los salarios para industrializar. De aquí a tres años la industria del litio nos dará mil millones y la industria petroquímica, mil quinientos millones. Y recién cuando eso salga, se podrá mejorar el salario. Y es lo que hemos hecho ahora. Hemos apostado a no hacer la distribución populista hoy, para que esto tenga sustento. Nos hemos aguantado las críticas y la parálisis de la educación, que nos digan que éste es un gobierno malvado, para mantener la línea. Vamos a semiindustrializar nuestro país en cinco años: hidrocarburos, litio, minería, energía eléctrica y algo de agricultura.
–¿Con qué dinero?
–Tenemos cuatro fuentes. La primera es la de las nacionalizaciones, que nos ha permitido en cinco años multiplicar por cinco la inversión pública. Invertíamos, en 2005, 600 millones de dólares, hoy invertimos 3200 millones. Para la Argentina no es nada, pero para Bolivia sí. La segunda fuente son nuestras reservas internacionales. Somos el único país del continente que tiene reservas internacionales equivalentes al cincuenta por ciento de su Producto Bruto. En los últimos meses el presidente Evo ha decidido una línea de crédito para empresas públicas del Banco Central para litio y para hidrocarburos y plantas que industrializan el gas. Luego, el presidente Evo ha decidido impulsar una ley para usar dos mil millones de dólares de las reservas para tema hidroeléctrico, de minería y de agricultura. La tercera fuente son los créditos de organismos internacionales. El año pasado hemos pasado a ser un país de ingresos medios, y eso nos permite mejorar los créditos de organismos como el CAF, el BID y el Banco Mundial. Esos créditos están dirigidos a proyectos de infraestructura. Y estamos trabajando de manera acelerada con inversión extranjera, fundamentalmente la China. Queremos trabajar con China el tema hierro, minería y un gran ferrocarril que atraviese Bolivia.
–Por el esquema que me señala, Bolivia seguirá teniendo una economía extractiva.
–Así es. nuestra base productiva es extractivista desde el siglo XVI, con la llegada del virrey Toledo. En este quinquenio queremos un shock industrioso, no industrialista, sino la combinación entre tecnología y mano de obra. Queremos empezar a elaborar materia prima. Hoy el estaño sale de Bolivia y lo vendemos así. Queremos entrar al segundo nivel de semiindustrialización de nuestras materias primas en este quinquenio. Queremos un shock de crecimiento.
–Pero no llega. ¿Cuánto hace que esperan las inversiones para el litio?
–Hay que esperar más. Usted invierte hoy en petroquímica y el primer resultado se ve en cuatro años. Usted invierte en litio, el primer resultado a pequeña escala lo ve a fin de año, y a gran escala recién en el 2014. Estamos imaginando que estas inversiones que henos hecho estos últimos dos años van a tener su primer efecto importante en crecimiento, en más excedente y en empleo, calculamos que entre el 2013 y 2014.
–Yo me refería a que las inversiones extranjeras están tardando en llegar.
–Sí, evidentemente. Fue una decisión que tomamos de modificar la forma en que nos vinculamos con la inversión extranjera. Tenemos el government take (regalías) más alto del continente. En Bolivia es del 85 al 89 por ciento en los megacampos del gas que sale a Brasil y a la Argentina. Es fuerte, pero fue la decisión que tomamos para garantizar la introducción de excedente. Vamos a apostar por la inversión extranjera, fundamentalmente a los países asiáticos, Corea, China, para estas megaobras que tienen que ver con el ferrocarril, extracción de hierro y electricidad. Pero el mayor esfuerzo está recayendo en el Estado.
–¿Cómo está la relación con Estados Unidos?
–Nosotros, cuando entramos al gobierno, fuimos muy claros con los norteamericanos. Dijimos que queremos tener buenas relaciones con Estados Unidos, admiramos su tecnología, admiramos su industria, necesitamos su mercado. Pero eso no lo vamos a obtener a costa de hipotecar nuestra soberanía. Dijimos: “queremos seguir teniendo buenas relaciones con ustedes, pero no se metan en muestra vida política interna, ni con el gobierno, ni con los opositores. Antes en Bolivia, para ser presidente, vicepresidente o ministro, comandante de la policía, usted tenía que exhibir su carnet de existencia planetaria, es decir la visa de entrada a Estados Unidos. Si no, no existía. Eso se acabó. En el 2006 y 2007 trabajamos así. Yo fui tres veces a Estados Unidos a tocar las puertas de los congresistas: “tenemos productos, necesitamos sus mercados”. Al cuarto año la intromisión fue demasiada. Estados Unidos a través de Usaid y la embajada se involucró en este conflicto con la Media Luna, entonces el presidente tomó la valiente decisión de expulsar al embajador.
–¿Y ahora?
–Hoy estamos negociando un tratado, un convenio marco con Estados Unidos, que refleje que todas las ayudas son bienvenidas, todos los intercambios también, pero sin entrometerse en los asuntos de nuestro país. Los documentos van y vienen, pero falta un último punto. Nosotros queremos que la ayuda se canalice a través del Estado y no de una ONG de la oposición. En el convenio hay un artículo donde, a pedido de ellos, se mantienen viejos compromisos. Estamos trabajando, confiamos en firmar pronto este nuevo convenio que mejore la relación.
CEPAL: Argentina, Brasil, Bolivia y Venezuela, los que más redujeron desigualdad y pobreza…
“Argentina…”
Por Tomás Lukin, Página/12
La secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) recibió a Cash en una improvisada oficina donde está trabajando desde que el terremoto golpeó al emblemático edificio del organismo en Santiago de Chile. Alicia Bárcena no es economista, es bióloga pero recurre sin problemas a economistas latinoamericanos como Raúl Prebisch y Celso Furtado para proponer políticas de desarrollo diseñadas desde la región, cuestionar la apreciación cambiaria y defender los controles de capitales.
Bárcena desembarcó en el organismo a mediados de 2008 y se convirtió en la primera mujer en asumir la conducción de Cepal. Previamente la mexicana se desempeñaba como secretaria general Adjunta de Gestión en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, donde manejaba el gigantesco presupuesto de la ONU.
“América latina es hoy una región progresista. En Argentina se ha dado un cambio de modelo desde 2003. Es uno de los países de la región que más redujeron la desigualdad”, afirma Bárcena quien, lentamente, está revitalizando el discurso político y económico de la Cepal.
La agenda de desarrollo que presenta en sus intervenciones por la región reconoce la necesidad de “disciplinar” a los empresarios a través de distintos impuestos como pueden ser las retenciones, recupera las propuestas vinculadas con la inversión pública en ciencia y tecnología con desarrollos locales, y enfatiza la relevancia de preservar un tipo de cambio que responda a vectores productivos y no sea determinado por flujos especulativos.
–¿Qué evaluación hace la Cepal de la última década en América latina?
–Los gobiernos progresistas, desde 2002 y 2003, nos dejan un legado muy positivo donde no hay marcha atrás en las políticas sociales. Hemos aprendido que hay que igualar para crecer, que no alcanza crecer para igualar. El gasto social no se pierde, sino que es el motor de la economía.
–¿La región aprendió de los fracasos de las décadas del ’80 y ’90?
–Sin duda. La región ha aprendido lecciones muy importantes del pasado. Hoy somos una región que ha entendido la importancia de la macroeconomía: mantener bajos niveles de déficit de cuenta corriente, o superávit, bajos niveles de deuda, controlar la inflación y promover la acumulación de reservas. Después de la década del ’80 la región demoró 14 años para recuperar los niveles del PIB per cápita, pero para recuperar los niveles sociales nos tomamos 25 años.
–¿Qué cambió con los gobiernos progresistas en Latinoamérica?
–Como herencia de estos gobiernos progresistas la región invirtió activamente sus políticas sociales con distintas medidas de protección de empleo, el salario y otros programas. Apoyando incluso a los empresarios. Los estímulos fiscales durante la crisis fueron muy efectivos para estimular la demanda. Así nos recuperamos mucho más rápido de la crisis que el resto del mundo. El PIB había caído 1,9 por ciento en 2009. Este año la región recupera y crece 6 por ciento.
–¿Cómo continúa este nuevo esquema regional a la salida de la crisis económica global?
–Uno de los aspectos centrales de nuestra región es sobreponernos a la heterogeneidad estructural. En la Cepal creemos que el camino hacia el desarrollo está en la convergencia productiva. Rearticular los sectores productivos, dinamizarlos y reindustrializar. La región debe aprovechar sus mercados internos. Países con grandes mercados internos como Argentina, Brasil, Colombia y México deberían convertirse en los grandes motores del crecimiento regional. Si crece Brasil, crecen las economías que están a su alrededor. Eso es una buena noticia.
–¿Qué es lo que tienen que hacer los gobiernos?
–Hay que diversificar la estructura productiva e incentivar la inversión. Es muy importante porque la estructura de las exportaciones está muy concentrada en materias primas y precios que son volátiles y generan vulnerabilidad externa. La única forma para salir de la desigualdad es el empleo con derechos y protección.
–¿Qué significa diversificar la estructura productiva?
–Significa no sólo depender de enclaves de materias primas, sino también desarrollar servicios como puede ser la industria de software.
–Algo similar hizo Irlanda y hoy atraviesa una fuerte crisis económica.
–En Irlanda el manejo financiero es lo que fracasó; la diversificación productiva funcionó bien. Lo mismo en Finlandia y Nueva Zelanda. Cómo buscar nuevos nichos industriales es uno de los grandes temas. En el área de energía, biocombustibles, biotecnología, nanotecnología, comunicaciones, incluso con la soja. Es necesario profundizar el agregado de valor, la innovación y la articulación regional.
–¿Cómo pueden lograr Bolivia, Argentina o Ecuador impulsar este tipo de procesos?
–Definitivamente el gasto público debe cumplir un rol central. La inversión en investigación y desarrollo debe incrementarse. Hoy en la región es 0,6 por ciento mientras que en Corea del Sur alcanza al 4 por ciento. Nuestro continente tiene enorme espacio para crear localmente sus propios desarrollos tecnológicos sin que se importen de Japón o Alemania. Raúl Prebisch o Celso Furtado plantearon una agenda muy profunda para América latina que parte de la base de que el desarrollo arranca de nosotros mismos. Nadie nos va a desarrollar desde afuera. Hay que tener un planteamiento de pensamiento propio, con densidad nacional.
–La Cepal retoma así sus postulados históricos, que gestiones anteriores habían olvidado influenciados por la ola neoliberal.
–En la Cepal sabemos que el crecimiento y el desarrollo no son sinónimos. No alcanza con crecer: el desarrollo es igualar para crecer. Todavía nos falta gestión de la innovación que se hace en nuestras universidades y los jóvenes empresarios emprendedores. La región debe aprovechar la mejora en los términos de intercambio y crear fondos para ciencia y tecnología.
–Existe una importante oposición de algunos sectores económicos para que el Estado se apropie de esas ganancias y las utilice.
–Uno de los temas más importantes es la convergencia entre trabajadores, empresarios y el Estado. Nos hacen falta pactos sociales profundos. Disciplinar a los empresarios significa alcanzar un camino conjunto. El modelo donde el mercado lo podía todo no funciona y tampoco el Estado solo puede hacer todo.
–¿Propone un pacto social, como se quiere impulsar en estos momentos en Argentina?
–Necesitamos nuevos pactos para que las ganancias de productividad se queden en la región y no se concentren en muy pocos. El factor redistributivo debe ser el Estado y eso se logra con diálogo. Los empresarios deben ver que la desigualdad conspira contra ellos. Los empresarios también necesitan reglas de juego que las pone el Estado.
–¿Qué papel juega el tipo de cambio en este escenario que plantea?
–El tipo de cambio es un instrumento muy importante que manda señales muy potentes hacia el sector productivo. El tipo de cambio debe responder a los vectores productivos. Nada sería peor que las señales fueran a la concentración exclusiva de materias primas abandonando al resto de las actividades. Tenemos que evitar la apreciación.
–Esto implica aplicar controles al ingreso de capitales especulativos.
–Somos partidarios de los controles de capitales financieros especulativos. Esa medida es muy importante para apuntalar nuestras economías. Hay que desdramatizar algunos temas. La solvencia fiscal es importante, pero no se puede descuidar al sector productivo. La variable de ajuste no puede ser el sector productivo ni los trabajadores. Algunos países tienen más espacio que otros, pero sin duda no se puede perder el dinamismo en materia laboral.
–¿Cómo interpreta Cepal el desempeño argentino durante la última década?
–A partir de 2003, Argentina inició un cambio muy positivo. Hubo una acción muy valiente del Estado para transformar profundamente el modelo. Hay un quiebre cuando uno compara con la década de los ’90. Argentina, junto con Brasil, Bolivia y Venezuela, son los países de la región que más redujeron la desigualdad y la pobreza. Eso es sin contemplar la Asignación Universal por Hijo; midiendo eso, los resultados son todavía mejores.
También ha mejorado considerablemente el balance de pagos y la cuenta corriente. La deuda pública tiene un muy buen comportamiento y aumentan las reservas internacionales. El Estado ha tomado decisiones correctas para la sociedad argentina.
–¿Qué desafíos piensa que enfrenta?
–Es un proyecto de país que se ha ido construyendo desde 2003. Es un cambio de modelo que no está exento de problemas y desafíos pero por lo menos se plantea un proyecto social, productivo y de articulación política social de diálogo. Es un muy buen momento para la convocatoria de un pacto social. Hay un alto nivel de convergencia. Eso lo observé en Mar del Plata. En Argentina se está dando algo que para nosotros en Cepal es muy importante: un proyecto donde se está buscando la convergencia productiva y territorial, apoyando a las familias pobres, reduciendo la desigualdad, aprovechando el buen contexto externo a favor de la economía nacional
Contradicciones en la izquierda latinoamericana…
Agence Globale
Traducido para Rebelión por S. Seguí
América Latina ha sido el ámbito de los mayores logros de la izquierda mundial en la primera década del siglo XXI. Esto es cierto en dos sentidos. El primero, y más evidente, ha sido el hecho de que los partidos de izquierda o centro-izquierda han ganado una importante serie de elecciones durante la pasada década. En conjunto y por primera vez, los gobiernos latinoamericanos han tomado distancias de Estados Unidos, y, en gran medida, América Latina se ha convertido en una fuerza geopolítica relativamente autónoma en la escena mundial.
Pero hay un segundo sentido en el que América Latina ha registrado los mayores éxitos de la izquierda mundial: los movimientos de las poblaciones indígenas de América Latina se han afirmado políticamente en casi todos los países, y han exigido su derecho a organizar su vida política y social de manera autónoma. Este movimiento saltó a las primeras páginas de la prensa de todo el mundo con el espectacular levantamiento neozapatista en el estado mexicano de Chiapas, en 1994. Lo que ha sido menos aparente es la aparición de movimientos similares en toda América Latina y el grado en que se ha ido creando una red interamericana de estructuras organizativas locales.
El problema estriba en que los dos tipos de izquierda -los partidos que han alcanzado el poder en los distintos Estados y los movimientos indigenistas de algunos de ellos- no tienen los mismos objetivos y utilizan un lenguaje ideológico muy distinto.
Los partidos se han puesto como principal objetivo el desarrollo económico, tratando de lograrlo, al menos en parte, mediante un mayor control de sus propios recursos y unos mejores acuerdos con las empresas y los gobiernos extranjeros, y las instituciones intergubernamentales internacionales. Persiguen el crecimiento económico, argumentando que sólo de esta manera mejorará el nivel de vida de sus ciudadanos y lograrán una mayor igualdad.
Los movimientos indigenistas han tratado de conseguir un mayor control sobre sus propios recursos y una mejora de las relaciones no sólo con los actores no nacionales, sino también con sus propios gobiernos nacionales. En general, afirman que su objetivo no es el crecimiento económico, sino llegar a un acuerdo con la Pachamama, o madre tierra. Aseguran que no buscan una mayor utilización de los recursos, sino un uso mucho más sensato que respete el equilibrio ecológico: persiguen el denominado buen vivir.
No es de extrañar que los movimientos indigenistas se hallen firmemente opuestos a los escasos gobiernos conservadores de América Latina, como México, Colombia y Perú. Sin embargo, cada vez más abiertamente, estos movimientos también han entrado en conflicto con los gobiernos de centro-izquierda como Brasil, Venezuela, Ecuador e incluso Bolivia.
Y cito aquí Bolivia porque es el único gobierno que ha elegido a un presidente indígena con el apoyo masivo de la población indígena del país. Y sin embargo, ha habido conflicto. Como en otros lugares, en Bolivia se trata de cómo se desarrollan los recursos naturales, quién toma las decisiones y quién controla los ingresos.
Los partidos de izquierda tienden a acusar a los grupos indigenistas que entran en conflicto con ellos de ser, a sabiendas o no, los peones (si no los agentes) de los partidos de la derecha nacional, y de determinadas fuerzas externas, en particular de Estados Unidos. Los grupos indigenistas que se oponen a los partidos de izquierda insisten en que actúan únicamente en defensa de sus propios intereses y por propia iniciativa, y acusan a los gobiernos de izquierda de actuar como los gobiernos conservadores de antaño, sin tener en cuenta realmente las consecuencias ecológicas de sus actividades en pro del desarrollo.
Algo interesante ha sucedido recientemente en Ecuador. Allí, el gobierno de izquierdas de Rafael Correa, que había alcanzado el poder inicialmente con el apoyo de los movimientos indigenistas, entró luego en agudo conflicto con éstos. El mayor distanciamiento se produjo con las intenciones del gobierno ecuatoriano de explotar campos petrolíferos en una reserva amazónica protegida llamada Yasuní.
Inicialmente, el gobierno hizo caso omiso de las protestas de los habitantes indígenas de la región, pero más tarde, el presidente Correa inventó una alternativa ingeniosa. Propuso a los gobiernos ricos del Norte que, a cambio de que el Ecuador renunciara a cualquier explotación en el Yasuní, estos gobiernos de los países ricos compensasen a Ecuador por esta renuncia, al considerar que se trataba de una contribución a la lucha mundial contra el cambio climático.
Cuando hizo su propuesta por primera vez en la Cumbre del Clima de Copenhague, en 2009, todos la consideraron una fantasía. Pero después de seis largos meses de negociaciones, cinco gobiernos europeos (Alemania, España, Bélgica, Francia y Suecia) han acordado crear un fondo que será administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y que financiará a Ecuador por no explotar el Yasuní, con la justificación de que con ello se contribuye a la reducción de las emisiones de carbono. Se habla de inventar un nuevo verbo, yasunizar, para referirse a este tipo de acuerdos.
Pero, ¿cuántos acuerdos de este tipo se pueden cerrar? Hay un problema más fundamental en juego. Es la naturaleza del "otro mundo (es) posible", para utilizar el lema del Foro Social Mundial: ¿sería un mundo basado en un crecimiento económico constante, aún siendo éste “socialista", que pretendiese elevar el ingreso real de las personas en el Sur global?, ¿o sería lo que algunos llaman un cambio de valores de civilización, un mundo de buen vivir?
No será un debate de fácil solución. En la actualidad es un debate que se produce en el seno de las fuerzas de la izquierda latinoamericana. Pero hay situaciones similares en la base de gran parte de las tensiones internas en Asia, África e incluso Europa. Éste puede llegar a ser el gran debate del siglo XXI.
Bolivia: planteo radical en la cumbre medioambiental…
Los firmantes se comprometieron a detener las explotaciones hidrocarburíferas y forestales en las selvas, respetar el derecho a la consulta en estas comunidades y la titulación de tierras a favor de comunidades y pueblos indígenas.
Por Sebastián Ochoa, desde Cochabamba
El vice boliviano García Linera, Evo Morales, Hugo Chávez y Tomás Borge en la cumbre ecológica de Cochabamba.
Imagen: EFE.
Los encuentros sociales para proponer alternativas al fin del mundo concluyeron con planteos radicales y ambiciosos. El cumplimiento del Acuerdo de Cochabamba obligaría a los países, incluido Bolivia, a olvidarse de extraer recursos naturales de selvas y territorios indígenas. O al menos consultar a las comunidades, como dicen varios tratados internacionales intrascendentes para los estados adheridos. Además los llevaría a cambiar sus matrices energéticas por otras que no contaminen la atmósfera. Miles de personas dejaron esta ciudad persuadidas de que sus consensos se concretarán en algo. Según ellos, toca ahora a los gobiernos encargarse del reclamo o pagar también esas consecuencias. Como señal de que tomará en cuenta el texto elaborado por 35 mil personas, el gobierno boliviano anunció la creación del Ministerio de la Madre Tierra.
Los documentos de las 17 mesas de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra (Cmpcc) no tienen grandes diferencias con la resolución de la Mesa 18, que sesionó también en Cochabamba sin el reconocimiento del gobierno. Muchas personas participaron en ambos espacios, muchas otras fueron con las mismas propuestas: detener las explotaciones forestales e hidrocarburíferas en las selvas, respetar el derecho a la consulta en estas comunidades y la titulación de tierras a favor de comunidades y pueblos indígenas.
“Este modelo capitalista impone megaproyectos de infraestructura, invade territorios con proyectos extractivistas, privatiza y mercantiliza el agua y militariza los territorios expulsando a los pueblos indígenas y campesinos de sus territorios, impidiendo la soberanía alimentaria y profundizando la crisis socioambiental”, denuncia el texto de la Cmpcc.
“Los gobiernos deben eliminar las concesiones forestales y apoyar la conservación del petróleo bajo la tierra y detener urgentemente la explotación de hidrocarburos en las selvas”, dice el acuerdo cochabambino.
En este sentido, sostiene que “la mejor estrategia y acción para evitar la deforestación y degradación y proteger los bosques nativos y la selva es reconocer y garantizar los derechos colectivos de las tierras y territorios, considerando especialmente que la mayoría de los bosques y selvas están en los territorios de pueblos y naciones indígenas, comunidades campesinas y tradicionales”.
También demanda “la plena y efectiva aplicación del derecho a la consulta, la participación y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas en todos los procesos de negociación, así como en el diseño e implementación de las medidas relativas al cambio climático”.
Para ello, exigen que se respeten instrumentos de derecho internacional, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado en la mayoría de los países de las Naciones Unidas; o la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, elaborado por la ONU pero constitucionalizado sólo por Bolivia.
El documento final reflejó la preocupación de los acreditados, venidos de 140 países, por la explotación acelerada de los recursos de este mundo. “En la actualidad ya se ha excedido en más de un 30 por ciento la capacidad del planeta para regenerarse. A este ritmo de sobreexplotación de nuestra Madre Tierra, se necesitarían dos planetas para el 2030”, según el acuerdo.
Ese motivo, entre otros, justificó la propuesta de hacerle derechos a la Tierra. “En un sistema interdependiente, del cual los seres humanos somos uno de sus componentes, no es posible reconocer derechos solamente a la parte humana sin provocar un desequilibrio en todo el sistema. Para garantizar los derechos humanos y restablecer la armonía con la naturaleza, es necesario reconocer y aplicar efectivamente los derechos de la Madre Tierra”, dice el texto.
Algunos de los derechos propuestos para la Tierra son “a la vida y a existir”, “a ser respetada”, “a la continuación de sus ciclos y procesos vitales libre de alteraciones humanas”, “al agua como fuente de vida”, “al aire limpio”, “a estar libre de la contaminación y polución de desechos tóxicos y radiactivos”.
De acuerdo con el Protocolo de Kioto, los 42 países más industrializados están obligados a disminuir sus emisiones de gases contaminantes en un cinco por ciento entre 2008 y 2012. En la Conferencia de Partes de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 15) realizada en diciembre pasado en Copenhague, se propuso que de aquí en adelante cada país emitiera menos gases en forma voluntaria, según las necesidades de sus negocios.
En la Cmpcc definieron que entre 2013 y 2020 los 42 países del llamado Anexo 1 reduzcan sus emisiones en un 50 por ciento. Esa posición defenderá Bolivia en la COP 16, que será a fin de año en Cancún, México. Posiblemente, algunos de los 48 gobiernos que enviaron delegaciones oficiales a esta conferencia apoyen este reclamo.
Con una reducción del 50 por ciento se espera que el aumento de la temperatura del planeta no sobrepase los dos grados en el próximo siglo y se estabilice en 1,5. El Entendimiento de Copenhague, deplorado por la concurrencia, plantea una tolerancia de hasta dos grados. Sin embargo, varios científicos presentes en la Cmpcc destacaron que ese entendimiento llevaría a que la Tierra tuviera cuatro grados más y muchas poblaciones costeras menos.
También definieron la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática, encargado de juzgar a los estados y empresas que contaminen. Para que esta instancia funcione, en la Cmpcc exigieron una “profunda reforma” en la estructura de la ONU. Y convocaron a la constitución de un movimiento global que vigile la aplicación del Acuerdo de Cochabamba, cuyo texto entero se encuentra en http://www.cmpcc.org.
Calcularon que el costo de la deuda climática de los países industrializados hacia los empobrecidos ascendería al seis por ciento anual de sus PBI. “Esto es viable tomando en cuenta que gastan un monto similar en defensa nacional y destinaron cinco veces más para rescatar bancos y especuladores en quiebra, lo que cuestiona seriamente sus prioridades mundiales y su voluntad política”, se lee en el acuerdo.
El gobierno de Evo Morales quiso dar el primer paso para ese lado y proclamó la creación del Ministerio de la Madre Tierra. El vicepresidente, Alvaro García Linera, dijo que la nueva cartera recogerá “buena parte de lo que hoy es el Viceministerio de Medio Ambiente y Agua, pero también está claro que tendrá que asumir responsabilidades en función del documento de Cochabamba”.
Aprobar la ley de la Madre Tierra no debiera traer dificultades al actual gobierno, que controla dos tercios de votos en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Como país capitalista atrasado, Bolivia debería desistir en sus intenciones de extraer petróleo del selvático norte de La Paz, según denuncia el pueblo indígena Leco a la empresa Petroandina, conformada por YPFB (del Estado Plurinacional) y Pdvsa (de capitales venezolanos). También tendría que respetar el derecho a la consulta de los indígenas que viven cerca de emprendimientos mineros, como reclaman los quechuas y aymaras reunidos en el Consejo Nacional de Markas y Ayllus de Qullasuyu (Conamaq). Esta organización, aunque aliada al gobierno de Morales, promovió la creación de la Mesa 18.
Este espacio, que contó con más de tres mil inscriptos, sesionó a tres cuadras de la conferencia, en la localidad de Tiquipaya, Cochabamba. Allí se explayaron sobre casos puntuales de contaminación en poblaciones y quitaron un poco de romanticismo al “proceso de cambio” que por un lado pronuncia discursos en defensa de la Pachamama, pero por otro avala la operación de transnacionales que rechaza la población. Además de conflictos bolivianos, aquí trataron sobre la lucha por la propiedad colectiva de la tierra de campesinos de Córdoba y los perjuicios que ocasionan empresas mineras en Catamarca y San Juan, entre otros.
Esclavos en tiempos de Evo
Por Santiago O’Donnell
En el Chaco boliviano, cerca de la frontera con Argentina y Paraguay, actualmente viven unas 600 familias guaraníes en condiciones que constituyen formas contemporáneas de esclavitud. Lo dice así, con todas las letras, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicado esta semana.
Por supuesto que el Chaco boliviano no es el único lugar del mundo, ni de la región, ni siquiera de Bolivia, donde se practica la esclavitud. Según la Organización Internacional del Trabajo, en América latina y el Caribe la incidencia de trabajo forzoso es de 2,5 víctimas por cada mil habitantes. Pero el caso del Chaco boliviano es quizás el más flagrante y alevoso, o simplemente el mejor documentado. Según la comisión, las prácticas esclavistas en esa zona se vienen llevando adelante desde hace más de un siglo, “ante la pasividad de las autoridades regionales e internacionales”.
Lo llamativo es que cuatro años del gobierno más progresista de la región no han podido revertir esta situación. Se trata del gobierno del primer presidente indígena de América latina, símbolo y emergente de las luchas políticas de los movimientos sociales. Un gobierno indudablemente comprometido con los derechos de los pueblos originarios, que lleva adelante la reforma agraria más radical de toda la región.
Ese gobierno no ha podido erradicar la esclavitud en su propio país, ni generar las condiciones para que el pueblo guaraní del Chaco boliviano pueda subsistir dignamente. Y no es que no lo haya intentado.
El informe de la CIDH detalla la batería de iniciativas que adoptó el gobierno de Morales en favor de los guaraníes chaqueños, pero también cómo distintos factores y actores conspiran en contra de esas medidas hasta tornarlas poco menos que inútiles –y en algunos casos hasta contraproducentes– para los intereses de sus supuestos beneficiarios.
Por decirlo mal y pronto, los enclaves esclavistas están situados en territorio controlado por la oposición. Por esa razón, el interés de los latifundistas por mantener el statu quo se mimetiza con el reclamo autonomista que la oposición utiliza para obstaculizar las reformas del gobierno.
Embanderados en la causa opositora, los hacendados resisten por la fuerza cualquier intento del gobierno por comprobar los abusos in situ y por redistribuir tierras en favor de los guaraníes. La situación se complica porque esos hacendados además forman parte de la elite política que gobierna la región. Como la presencia del Estado boliviano en el Chaco es casi nula, son esos hacendados quienes controlan la administración de la justicia y de la seguridad.
La comisión pudo constatar que ese control se extiende a la circulación de los habitantes de la región, ya que la mayoría de los caminos están atravesados por tranqueras con cadena y candado, porque los hacendados los reclaman como propios.
Y a todo esto se suma el factor racial. Los esclavos son todos guaraníes y sus patrones son todos blancos. Esto, en un país que acaba de sancionar una Constitución plurinacional que reconoce la autonomía de los pueblos originarios.
Según la CIDH, las prácticas esclavistas en el Chaco fueron alentadas durante décadas por el Estado boliviano, que despojó a los habitantes originarios de sus tierras para entregárselas a grandes latifundistas. La reforma agraria de la década del ‘50, que transformó al resto del país, pasó casi inadvertida en el Chaco, donde la elite local consiguió preservar todos sus privilegios.
“Efectivamente, dicha reforma en algunos aspectos fortaleció el poder económico y político de los hacendados del Chaco, los cuales tenían fuertes vínculos con el partido del gobierno”, dice el informe. “Los guaraníes fueron forzados a someterse a las condiciones impuestas porque no tenían acceso a su propio territorio, que les hubiese permitido autosustentarse.”
Sin tierra en la región más pobre del país más pobre de Sudamérica, los guaraníes se vieron obligados a someterse a pagos miserables a cambio de jornadas interminables. “Las jornadas laborales son generalmente de más de 12 horas al día, y en muchos casos se les asigna realizar un trabajo específico que debe ser terminado en el día de faena, lo cual normalmente es de imposible cumplimiento. Un hombre guaraní de la comunidad de Itacuatía narraba lo siguiente: ‘Cuando yo era chico, me levantaba para ir a trabajar a las tres de la mañana porque antes era el toque de campana para trabajar a esa hora’… Otros testimonios confirmaban que el pago que recibían era ínfimo y el trato que recibían era degradante”, señala el documento.
Ese régimen lleva indefectiblemente al endeudamiento y al sometimiento. “La situación de endeudamiento se genera mediante el registro que tienen los patrones de sus trabajadores en un cuaderno donde anotan su nombre, las actividades que realizan, los adelantos entregados en especies o el dinero que se entrega en pago al trabajo desarrollado. Este cuaderno es el único documento para realizar los ‘arreglos’ que se efectúan, y en casi todos los casos los trabajadores resultan debiéndole al patrón. Esto genera las obligaciones de trabajar a futuro, situación que puede llegar a ser vitalicia e incluso heredarse de una generación a otra”, explica la comisión.
En esta situación, el castigo corporal y el trabajo infantil son moneda corriente, constató la comisión: “Durante las visitas del 2006 y 2008, la Comisión tomó conocimiento e incluso recibió testimonios relacionados con eventos de maltrato físico de guaraníes mediante ‘huasqueadas’ (latigazos), quema de sus cultivos y muerte de sus animales como castigo por ‘desobediencia’. En palabras de un hombre de Itacuatía, ‘nos tratan con garrotes y chicote… siempre nos sabían chicotear, maltratarnos. Estos actos de violencia siempre han existido’”.
Todo esto iba a revertirse con la llegada al poder del gobierno de Evo Morales. Ese gobierno sancionó en el 2006 una ley de Reforma Agraria por la cual los latifundios esclavistas debían ser confiscados y entregados a los pueblos originarios. Pero cuando los técnicos del Instituto Nacional de Reforma Agraria se presentaron en el Chaco para hacer el saneamiento de las tierras, fueron repelidos a balazos por los hacendados.
Igualmente, el INRA llegó a fallar en dos casos en favor de los guaraníes. La decisión del INRA fue avalada por el Tribunal Agrario creado por la nueva Constitución para dirimir pleitos de propiedad de tierras. Pero los hacendados recurrieron el fallo del Tribunal Agrario ante el Tribunal Constitucional, potestad también incluida en la nueva Constitución. Como el Tribunal Constitucional aún no se ha constituido, las tierras en disputa siguen en poder de los hacendados y las prácticas esclavistas continúan.
El bajo nivel de alfabetización de los guaraníes y las dificultades que tienen para acceder a los servicios de justicia son otro obstáculo que el gobierno aún no ha podido solucionar. En el 2007 Morales firmó un decreto para lanzar un plan con el fin de mejorar la salud, la educación y el acceso a la justicia en el Chaco boliviano, pero se trata de una acción cuyos resultados se podrán apreciar a mediano plazo.
La fiscalía encargada de la región se muestra permeable a la influencia política de los hacendados. Sólo inició una investigación de oficio sobre las prácticas esclavistas después de un duro informe de la CIDH en 2006. Pero en esa investigación el fiscal ingresó a las haciendas acompañado por políticos locales y en su presencia interrogó a las víctimas. Como en esas condiciones intimidatorias nadie se animó a decir esta boca es mía, el fiscal concluyó que todos los hacendados pagaban sueldo y aguinaldo y daban un trato digno a sus empleados. El caso fue archivado.
Según el informe publicado esta semana, las políticas del gobierno de Morales para revertir las prácticas esclavistas en el Chaco tuvieron el efecto indeseado de dividir y debilitar a la comunidad guaraní. Algunos se fueron de las haciendas y formaron comunidades independientes, donde subsisten en condiciones paupérrimas. Otros se quedaron en las haciendas por voluntad propia, otros se fueron a cambio del pago de sus supuestas deudas, otros quisieron irse pero no pudieron, otros fueron echados por querer organizarse.
“Según diversas fuentes, muchos guaraníes han sido expulsados por los hacendados como consecuencia del proceso de saneamiento que se realiza en sus respectivas zonas y como represalia por su participación en la Asamblea del Pueblo Guaraní. La Comisión recibió otros testimonios que indican que la situación de los guaraníes expulsados es muy precaria, debido a que carecen de lugar donde vivir y donde cultivar lo mínimo para garantizar su subsistencia”, dice el informe.
En la presente coyuntura, dada la relación de fuerzas, para expropiar las tierras de los hacendados esclavistas y devolvérselas a los guaraníes, Evo Morales debería mandar al ejército a invadir el Chaco, lo cual equivaldría a incendiar el país.
La alternativa es fijar políticas claras y dejar que las instituciones actúen, aun cuando muchas de esas instituciones están cooptadas, colonizadas, funcionan mal, no existen o figuran sólo en papel. Morales parece haber elegido ese camino, más largo y más incierto, en función del interés nacional.
Mientras tanto, todo está como era entonces para las familias esclavas del Chaco boliviano. O tal vez peor, por la brutal respuesta de los hacendados a las acciones reformistas del gobierno. Y por saberse esclavos aun en tiempos de Evo.
Página/12
Bolivia: un nuevo movimiento sobre el cambio climático, por N. Klein
Naomi Klein
Cochabamba, Bolivia. Eran las 11 de la mañana y Evo Morales había transformado el estadio de futbol en un gigantesco salón de clases, y había reunido una variedad de objetos de utilería: platos de cartón, vasos de plástico, impermeables desechables, jícaras hechas a mano, platos de madera y coloridos ponchos. Todos jugaron un papel para demostrar un punto principal: para luchar contra el cambio climático necesitamos recuperar los valores de los indígenas
.
Sin embargo, los países ricos tienen poco interés en aprender estas lecciones y, al contrario, promueven un plan que, en el mejor de los casos, incrementaría la temperatura global promedio en dos centígrados. Eso implicaría que se derritieran los glaciares de los Andes y los Himalaya
, le dijo Morales a las miles de personas reunidas en el estadio, como parte de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. Lo que no necesitaba decir es que no importa cuán sustentablemente elija vivir el pueblo boliviano, pues no tiene el poder para salvar sus glaciares.
La cumbre climática en Bolivia ha tenido sus momentos de alegría, levedad y absurdos. Sin embargo, en el fondo, se siente la emoción que provocó este encuentro: rabia contra la impotencia.
No hay por qué sorprenderse. Bolivia está en medio de una dramática transformación política, una que nacionalizó las industrias clave y elevó como nunca antes las voces de los indígenas. Pero en lo que se refiere a su crisis existencial más apremiante –el hecho de que sus glaciares se derriten a un ritmo alarmante, lo cual amenaza el suministro de agua en dos de las principales ciudades–, los bolivianos no pueden cambiar su destino por sí solos.
Eso se debe a que las acciones que provocan el derretimiento no se realizan en Bolivia, sino en las autopistas y las zonas industriales de los países fuertemente industrializados. En Copenhague, los dirigentes de las naciones en peligro, como Bolivia y Tuvalu, argumentaron apasionadamente en favor del tipo de reducciones a las emisiones de gases que podrían evitar una catástrofe. Amablemente les dijeron que la voluntad política en el Norte simplemente no existía. Y más: Estados Unidos dejó claro que no necesitaba que países pequeños como Bolivia fueran parte de una solución climática. Negociaría un acuerdo con otros emisores pesados a puerta cerrada y el resto del mundo sería informado de los resultados e invitado a firmar, lo cual es precisamente lo que ocurrió con el Acuerdo de Copenhague. Cuando Bolivia y Ecuador rehusaron aprobarlo en automático, el gobierno estadunidense recortó su ayuda climática en 3 millones y 2.5 millones de dólares, respectivamente. No es un proceso de a gratis
, explicó Jonathan Pershing, negociador climático estadunidense. (Aquí está la respuesta para cualquiera que se pregunte por qué los activistas del Sur rechazan la idea del apoyo climático
y, en cambio, demandan el pago de deudas climáticas
.) El mensaje de Pershing era escalofriante: si eres pobre, no tienes derecho a priorizar tu propio supervivencia.
Cuando Morales invitó a los movimientos sociales y los defensores de la madre tierra, científicos, académicos, abogados y gobiernos
, a venir a Cochabamba a un nuevo tipo de cumbre climática, fue una revuelta contra esta sensación de impotencia, fue un intento por construir una base de poder en torno al derecho a sobrevivir.
El gobierno boliviano arrancó las discusiones proponiendo cuatro grandes ideas: que se debería otorgar derechos a la naturaleza, que protejan de la aniquilación a los ecosistemas (una declaración universal de los derechos de la madre tierra
); que aquellos que violen esos derechos y otros acuerdos ambientales internacionales deberían enfrentar consecuencias legales (un tribunal de justicia climática
); que los países pobres deberían recibir varios tipos de compensación por una crisis que ellos enfrentan pero tuvieron poco que ver en crear (deuda climática
), y que debería haber un mecanismo para que la gente en el mundo exprese sus puntos de vista sobre estos temas (un referéndum mundial de los pueblos sobre cambio climático
).
La siguiente etapa fue invitar a la sociedad civil global a ir discutiendo los detalles. Se instalaron 17 grupos de trabajo y después de semanas de discusión en línea se reunieron durante una semana en Cochabamba, con el fin de presentar sus recomendaciones finales al término de la cumbre. El proceso es fascinante pero lejos de ser perfecto (por ejemplo, como señaló Jim Shultz de Democracy Center, al parecer, el grupo de trabajo sobre el referendo invirtió más tiempo discutiendo si añadir una pregunta sobre abolir el capitalismo que discutiendo cómo se le hace para llevar a cabo una consulta global). Sin embargo, el entusiasta compromiso de Bolivia con la democracia participativa podría ser la contribución más importante de la cumbre.
Esto porque luego de la debacle de Copenhague un tema de discusión tremendamente peligroso se volvió viral: la verdadera culpable del fracaso era la democracia en sí. El proceso de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que da votos con el mismo peso a 192 países, simplemente era demasiado difícil de manejar. Era mejor encontrar soluciones en grupos pequeños. Hasta las voces ambientales de confianza, como James Lovelock, cayeron en la trampa: Tengo la sensación de que el cambio climático puede ser un tema tan severo como la guerra
, le dijo a The Guardian recientemente. Quizá sea necesario poner a la democracia en pausa durante un tiempo
. Pero en realidad son estos pequeños grupos, como el club privado que forzó el Acuerdo de Copenhague, los que han ocasionado que perdamos terreno y debilitado los acuerdos existentes, que de por sí son inadecuados. En cambio, la política de cambio climático llevada a Copenhague por Bolivia fue redactada por los movimientos sociales mediante un proceso participativo y el resultado final fue, hasta el momento, la visión más transformadora y radical.
Con la cumbre de Cochabamba, Bolivia intenta globalizar lo que logró a escala nacional e invitar al mundo a participar en redactar una agenda climática conjunta, antes del próximo encuentro sobre cambio climático de la ONU, en Cancún. En palabras del embajador de Bolivia ante Naciones Unidas, Pablo Solón, la única cosa que puede salvar a la humanidad de una tragedia es el ejercicio de la democracia global
.
Si está en lo correcto, el proceso boliviano podría no sólo salvar a nuestro planeta que está calentándose, sino también a nuestras democracias en vías del fracaso. No está mal el trato.
El texto fue publicado en The Nation. Traducción: Tania Molina Ramírez
Crisis climática: ya tiene cascabel el gato
Silvia Ribeiro *
Tiquipaya, Bolivia. Más de 35 mil personas respondieron a la convocatoria que lanzó Bolivia a la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra (CMPCC), en Cochabamba, del 19 al 22 de abril. La tercera parte vino de 142 países en cinco continentes. La mayoría de los participantes fueron movimientos sociales, campesinos, indígenas, organizaciones de mujeres, ambientalistas, pescadores. También acudieron representantes de gobierno de 47 naciones, académicos, intelectuales, activistas, artistas, músicos. Se debatió intensamente en 17 grupos de trabajo convocados por los organizadores y 127 talleres autorganizados.
Además, una de las grandes federaciones indígenas de Bolivia: el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), llamó con otras agrupaciones a la Mesa 18
para tratar temas que no veían reflejados en la agenda de la conferencia, como la crítica a proyectos mineros, de gas y petróleo.
La convocatoria a esta cumbre rebasó todas las expectativas, tanto en número como en contenido, convirtiéndose en un hito histórico en el debate internacional sobre la crisis climática. Ante las maniobras de los gobiernos poderosos en Copenhague, Bolivia convocó a las bases de las sociedades del mundo a manifestar sus posiciones y plantearlas a los gobiernos. Ambas cosas sucedieron en forma contudente. También se afirmaron las redes e interacciones entre los movimientos, con una sana distancia de las propuestas de crear nuevas redes globales, ahora sobre crisis climática. Esto quedó para discutir entre los movimientos: la mayoría no considera que se necesita una nueva estructura, sino más interacción y complementación.
Se creó sí, una base común para la compresión, el análisis crítico y las estrategias frente a la crisis climática, enriquecida por diversas perspectivas desde muchas culturas, pueblos, organizaciones temáticas y sectoriales del continente y el mundo. El Acuerdo de los Pueblos en Cochabamba refleja esto (www.cmpcc.org) .
Hubo rechazo enérgico y repetido al Entendimiento de Copenhague
que quiso imponer una veintena de países –los mayores responsables de la crisis climática– en diciembre pasado. Los cínicos compromisos
que allí se firman significarían un aumento de la temperatura hasta de cuatro grados, una catástrofe anunciada para los pueblos del Sur. La CMPCC exige detener el calentamiento descolonizando la atmósfera
, con una reducción de 50 por ciento de las emisiones de gases de los países industrializados en su fuente, no mediante mecanismos de mercados de carbono, a los cuales se opone en todas sus variantes. Rechaza también los mecanismos llamados REDD, que bajo el título de reducir la deforestación, en realidad la aumentarán y provocarán la alienación del manejo de los bosques por las comunidades y pueblos, además de promover los monocultivos de árboles, que no son bosques, sino agravantes de las crisis.
Enmarcando todo esto, se plantea una denuncia de las causas reales de la crisis climática planetaria. Confrontamos la crisis terminal del modelo civilizatorio patriarcal basado en el sometimiento y destrucción de seres humanos y naturaleza, que se aceleró con la revolución industrial. El sistema capitalista nos ha impuesto una lógica de competencia, progreso y crecimiento ilimitado. Este régimen de producción y consumo busca la ganancia sin límites, separando al ser humano de la naturaleza, estableciendo una lógica de dominación sobre ésta, convirtiendo todo en mercancía: el agua, la tierra, el genoma humano, las culturas ancestrales, la biodiversidad, la justicia, la ética, los derechos de los pueblos, la muerte y la vida misma
, expresa el Acuerdo de los Pueblos.
Condena la agricultura industrial y las corporaciones de los agronegocios –directamente responsables de cerca de la mitad de las emisiones que causan la crisis climática–, así como los mecanismos y propuestas que apoyan el avance de las trasnacionales y la devastación de la Madre Tierra, como los tratados de libre comercio y la introducción de nuevas y riesgosas tecnologías, como transgénicos, tecnología terminator, nanotecnología, geoingeniería y agrocombustibles.
Denunciamos cómo el modelo capitalista impone megaproyectos de infraestructura, invade territorios con proyectos extractivistas, privatiza y mercantiliza el agua y militariza los territorios, expulsando a los pueblos indígenas y campesinos de sus tierras, impidiendo la soberanía alimentaria y profundizando la crisis socioambiental
, continúa el Acuerdo de los Pueblos.
La declaración de la “Mesa 18“ enfatiza estos mismos aspectos, criticando políticas extractivistas y proyectos de explotación de hidrocarburos y mineros del gobierno boliviano. Aclara que su iniciativa no fue “una tribuna para desacreditar al gobierno ni para socavar la legitimidad de un cónclave del que nos sentimos parte… (se trata de) formular propuestas que ayuden a enderezar el rumbo del proceso de cambio, asumiendo la responsabilidad de defenderlo y protegerlo, porque ha sido concebido por el movimiento popular boliviano en muchos años de lucha”.
La CMPCC plantea también estrategias y propuestas, como el reclamo de la deuda ambiental, la creación de un tribunal internacional de justicia climática, la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. La de más largo alcance sigue siendo implementar la soberanía alimentaria, basada en formas de vida y producción campesinas, indígenas y locales, que es el principal factor que enfría el planeta y el que puede volverlo al equilibrio, además de promover la justicia social y la biodiversidad.
Todo esto y más llegará a Cancún, donde las negociaciones oficiales sobre el clima sesionarán en diciembre. Pero sobre todo, ya está entre los movimientos sociales de todo el mundo.
*Investigadora del Grupo ETC
LA JORNADA.MX
Eduardo Aquevedo
