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Reforma Educacional en Chile: Ministro, queremos gratuidad, no becas…

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ANDRÉS FIELBAUM, Ex Presidente FECh

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Durante todo el año pasado, uno de los puntos que persistentemente exigimos a Michelle Bachelet aclarar sobre su programa se refería a la gratuidad en la educación superior. Concretamente, la gran interrogante era si ésta se llevaría a cabo a través de simplemente aumentar becas o mediante un financiamiento directo a las instituciones. La respuesta nunca llegó, probablemente porque durante la campaña aclarar las ambigüedades significaba incrementar las tensiones en un momento en que requería a su comando unido. Pero, lamentablemente, hace pocos días el nuevo Ministro Eyzaguirre, en su aparición en el programa de TVN “El Informante”, comenzó a develar tales silencios confirmando nuestras peores predicciones: los fondos dedicados a la docencia (es fácil imaginar que serán los mayoritarios) se harán vía subsidio a la demanda.

Hemos escuchado varias veces el argumento de “que los estudiantes exigen educación gratuita, pero que dejen al gobierno ver cómo se financia, porque eso no es lo que a ellos les afecta”. Sostener algo así significa suponer que nuestra lucha ha sido solamente por nuestro bolsillo, olvidando que la reivindicación estudiantil es mucho más profunda: una educación entendida como un derecho para poner los cimientos de una nueva sociedad, mucho más solidaria, igualitaria, democrática y justa.

Para lo anteriormente dicho, es crucial que el mercado se retire de nuestro sistema educacional. En un sistema mercantilizado la prioridad de las instituciones es maximizar la ganancia (ya sea para echársela al bolsillo cuando existe lucro, ya sea para sobrevivir cuando hay autofinanciamento), cuestión incompatible con una educación donde la prioridad esté puesta exclusivamente en la propia educación, con énfasis en generar estudiantes íntegros, en construir espacios de ciudadanía y, por sobre todo, en las necesidades que Chile tiene tanto a nivel de investigación como de profesionales.

El año pasado publiqué en este mismo medio una columna que intentaba sistematizar en cuatro ejes la necesidad de una educación gratuita: libertad, calidad, integración y dignidad. Aquellos cuatro ejes se ven deformados cuando dicha gratuidad se lleva a cabo mediante subsidio a la demanda (becas) y no mediante un financiamiento estable a las instituciones educativas.

En cuanto a la libertad, efectivamente eliminar la necesidad de pagar significa que el limitante directo a la posibilidad de elegir carrera y Universidad ya no existirá. Sin embargo, una libertad real también requiere que la oferta académica esté acorde a la vocación de los estudiantes y, por sobre todo, a las áreas que en cuanto país definamos como estratégicas. Eso no ocurrirá en la medida que el financiamiento a las Universidades esté ligado directamente a la cantidad de becas que pueda atraer y sus formas de gastarla. Es fácil imaginar que seguirán predominando las carreras más baratas de impartir o las que permiten proyectar mayores ingresos futuros, pasando a un segundo plano aquellas en las que nuestro país tiene carencias o desafíos particulares.

No solamente eso, una verdadera libertad significa también una orientación de la carrera dirigida a una formación completa; una educación que mantenga su carácter mercantil tiene como consecuencia que la orientación de cada carrera seguirá priorizando las necesidades de las grandes empresas y no las del chileno común. Que en ingeniería comercial seguirá siendo prioritario aprender a eludir impuestos y que en derecho seguirá siendo más importante saber formar una empresa que defender el derecho a la vivienda.

La calidad probablemente sea el ítem que más se deforma. Durante años se nos dijo que la libre competencia entre las instituciones educativas haría que el sistema completo mejorara, pues tendrían incentivos a ser mejores para así captar más estudiantes. Difícilmente alguien puede sostener razonablemente que aquel supuesto sea una realidad en nuestro actual sistema educativo, donde año tras año nos espantamos con instituciones que gastan cada vez más en publicidad, y el espanto crece cuando comparamos con lo que gastan en mejorar su infraestructura y su enseñanza.

Financiar la gratuidad a través de becas implica perpetuar esta lógica de instituciones compitiendo entre sí, definiendo sus orientaciones de acuerdo a la volátil demanda y dejando una vez más en un segundo o tercer plano las necesidades de Chile y su pueblo. En cambio, financiamiento directo significa autonomía, característica tan necesaria para que las universidades puedan estar con las energías totalmente puestas en el objetivo educativo y libres de ataduras para jugar un rol relevante en las discusiones claves para el país.

En cuanto a la integración, si bien este objetivo está íntimamente ligado con las políticas de acceso, que sobrepasan los límites de esta columna, nuevamente un financiamiento vía becas implica que este objetivo se cumpla sólo parcialmente. En efecto, pues si bien se termina con la barrera de acceso que es la necesidad de que el estudiante pague, disminuyendo la segregación, aquello no resuelve el hecho de perpetuar la competencia por estudiantes, lo cual lleva a que cada institución se concentre en un nicho específico de mercado, orientando sus recursos y estrategias hacia la captación de cierto tipo de estudiantes. Así en definitiva se mantienen algunas Universidades para ricos y otras para pobres.

Finalmente, en lo que respecta a dignidad, si bien es cierto que becas para todos ya no implicará la posibilidad de perder el financiamiento por cualquier pequeño cambio en la situación familiar, en la propuesta del Ejecutivo la posibilidad de perder la beca sí existirá para todos los estudiantes de aquellas instituciones que deberán “decidir” si desean ser parte de la red de universidades financiadas por el Estado o no. Decisión que en muchos casos deberán adoptar juntas directivas sin ningún tipo de control democrático, compuestas, en no pocos casos, por personas ubicadas a varios miles de kilómetros de nuestro país. Por lo tanto, una decisión que será manejada como una variable que perfectamente puede ser cambiada si a esta gente se le ocurre que es más estratégico para su holding.

Pero no solamente los estudiantes de Universidades privadas estarán en riesgo: la precaria situación de muchas Universidades estatales significa que, sin un aporte basal que les permita proyectarse y planificar a largo plazo, sus decisiones inmediatas seguirán basándose en malabarismos para sobrevivir, con todas las temibles consecuencias que ello puede significar.

Un financiamiento directo a las instituciones es la única manera de verdaderamente hacer de la gratuidad una forma de desmercantilización de la educación. Significa eliminar la lógica de que una carrera tiene un “precio” (más allá de quien lo pague). Si el Estado trabaja con una red de Universidades para que formen los profesionales y el conocimiento que Chile necesita, cada Universidad podrá definir su proyecto educativo para cumplir el rol que le haya sido exigido y en función de ello ser financiada. Para que efectivamente con la educación gratuita ganemos todos, se requiere un sistema educativo pensado en función del país en su conjunto. Comprender que la pelea de los estudiantes no es por los estudiantes, es por Chile y su futuro.

Todo lo anteriormente descrito se basa en un diagnóstico tajante: nuestro sistema educativo ha sido un fracaso rotundo, y requiere de cirugía mayor. Aumentar las becas sin comprender lo anterior es meter plata a un saco roto.

Al exigir aportes directos, surge de inmediato el cuestionamiento de para quiénes deben ir, más aún con la discusión coyuntural sobre qué es educación pública. No entraré en ese debate específico en esta columna, pero sí me parece crucial relevar dos principios básicos. Por un lado, la educación provista por el Estado debe volver a ser el pilar fundamental de nuestro sistema educativo, y por ello la reforma debe apuntar a que en un par de décadas tengamos al menos el 70% del estudiantado en tales instituciones (en todos los niveles de la educación), además de recibir un financiamiento definitivamente prioritario. Por otra parte, el Estado no puede estar financiando a instituciones cuya orientación, cuyo futuro, lo definan personas sin ningún tipo de control democrático: no podemos todos los chilenos entregar recursos a instituciones que ni siquiera responden qué hacen con ellos frente a su propia comunidad, por lo tanto, democratizar las Universidades debe ser un requisito previo a cualquier tipo de financiamiento estatal. Lo público es democrático, no tiene un dueño particular.

El movimiento estudiantil ha sido claro en defender una educación gratuita financiada directamente por el Estado. La deformación que ha hecho Nicolás Eyzaguirre de esta demanda es una demostración clara de que solamente quienes han levantado coherentemente el tema educacional estos últimos 4 años pueden garantizar que la orientación de la reforma sea coherente con los sueños de miles de chilenos. La participación protagónica de los actores sociales del mundo de la educación se hace urgente.

La Universidad (y el proceso de Bolonia) en debate, por M. Castells

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Manuel Castells, La Vanguardia.com

La ocupación estudiantil de la Universitat de Barcelona y de la Universitat Autònoma de Barcelona, independientemente de la opinión sobre sus razones, tiene el enorme mérito de plantear mediáticamente el indispensable debate público sobre la universidad, la institución central de la economía y la sociedad. La universidad es esencial en la producción de conocimiento, fuente del crecimiento económico. Pero también es esencial para la equidad, porque la igualdad de oportunidades pasa por el acceso a una educación superior de calidad.

Además, es el único espacio donde hay una relativa libertad de pensamiento y creación, porque desde hace siglos los poderes económicos y políticos entendieron que sin libertad se seca la fuente de innovación de la que depende el progreso. Pero los poderes ideológicos y religiosos siempre intentaron aherrojar la universidad para imponer su pensamiento único. De ahí la carga emocional que conlleva todo debate sobre la universidad. Hay que conjugar pasión con confrontación de ideas, sin límites ni a prioris, para un diálogo que genere un proyecto innovador de universidad. Diálogo que, dicho sea de paso, excluye la negociación a golpes de expediente.

Debatamos, pues. Tras tres décadas como catedrático en la universidad española y en algunas de las mejores universidades del mundo, sigo percibiendo en muchas de nuestras universidades el predominio de los intereses corporativos y personales sobre los valores de la educación y la ciencia. Eso quiero decir a los estudiantes que se oponen al proceso de Bolonia que propone un espacio europeo de educación superior. Yo también critico ese plan. Pero tiene la ventaja de romper la rutina de un sistema burocratizado y en el que cada reforma ha cambiado todo para que todo siga igual. En la raíz de esa inercia está el control del Estado sobre las universidades, a través de los planes de estudio, del funcionariado docente y del presupuesto. La uniformidad estatista dificulta la diversificación de las universidades, frena la innovación y las nivela por su nivel más bajo. Y esa es mi crítica a una posible interpretación del proceso de Bolonia. Podría intentar extender la uniformidad estatal a la uniformidad europea so pretexto de hacer compatibles los programas. Pero eso no está decidido, depende de cómo use cada país y cada universidad los márgenes de autonomía que deja Bolonia. De ahí la urgencia del debate que exigen los estudiantes y que los rectores dicen haber emprendido. Hagámoslo. Pero no sólo en la universidad, sino también en la sociedad, porque a todos concierne la universidad.

En donde estoy en desacuerdo con los documentos que los estudiantes me dieron en mi visita a la universidad ocupada es en que Bolonia supone “la privatización y la mercantilización de la universidad”. Hay en el mundo universidades públicas, como mi Universidad de Berkeley, que reciben fondos de investigación y becas de empresas sin comprometer la independencia y la calidad de la enseñanza.

Las empresas saben que la autonomía universitaria es esencial para que les sirvan sus productos. Hay que conseguir incremento de la financiación pública y posibilidad de recabar financiación privada y programas con empresas que proporcionen una formación directamente útil en el mercado de trabajo. En Europa las universidades son y serán predominantemente públicas. Pero para servir a la sociedad, empezando por los estudiantes, han de ser capaces de gestión autónoma, lo cual pide fórmulas jurídicas sin las trabas de la administración pública. También necesitan autonomía financiera. Y ahí hay que romper tabúes.

Sería aconsejable aumentar el precio de las matrículas para que la parte más importante del presupuesto de las universidades dependa de la aportación de sus estudiantes y se vean obligadas a competir para atraer estudiantes ofreciendo mejor calidad y servicio. El Estado tiene que dar becas a todos los estudiantes que las necesiten. Precios públicos bajos para todos es una política regresiva, como demuestran los estudios internacionales, porque si los hijos de buena familia pagan lo mismo que los de familias modestas quiere decir que nuestros impuestos subvencionan a los más ricos. Equidad es que paguen todos más y que la mayoría reciba becas según el ingreso familiar.

Las universidades que no den buen servicio tendrán que darlo si no quieren que los estudiantes se vayan a las que funcionen mejor. Aguijoneadas por la búsqueda de recursos, dedicarán más esfuerzo a innovar en la enseñanza y a dar una formación útil que a pedirle al Estado café para todos. Ello exige renovar la gobernanza universitaria, empezando por la elección de los rectores. Las mejores universidades del mundo son las que gozan de autonomía de decisión, combinando en su gobierno la gestión académica descentralizada en manos de los profesores con la dirección estratégica y la necesaria disciplina por parte de la administración de la universidad. ¿Quién nombra entonces a los rectores? Patronatos de personalidades independientes nombrados por quienes aportan los recursos. En el caso de las universidades privadas, los donantes. En el caso de las universidades públicas, los parlamentos y gobiernos que administran nuestros impuestos. Pero, ya nombrados, patronatos, administradores y profesores gozan de autonomía para gestionar la universidad.

La elección de rectores por estudiantes y personal introduce un elemento político y demagógico que desestabiliza la institución universitaria. Pero su participación en las deliberaciones de los órganos del gobierno universitario es clave para asegurar la pluralidad y la democracia en la institución. Saber combinar el autogobierno de los profesores, la dirección de los administradores y la representación de estudiantes y trabajadores es la fórmula ganadora para una universidad capaz de adaptarse a un mundo en continuo cambio tecnológico y social. Pero si la universidad carece de capacidad económica y política para decidir su destino, los problemas se enquistan, la frustración aumenta, las empresas se alejan, los estados ordenan y los estudiantes, en justa correspondencia, ocupan los lugares en donde buscaban guía y encuentran hastío.