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Educación en Chile: "tragando sapos" desde el 81…

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Jaime Retamal
Facultad de Humanidades de la Usach
http://educacion.usach.cl

A lo menos dos reflexiones aparecen a primera vista después de las últimas movilizaciones estudiantiles –primero universitarias y ahora secundarias- que han llevado, en un hecho casi inédito, a varios rectores a las calles para marchar. Ambas reflexiones están muy entrelazadas, finalmente.

En primer lugar, la distancia que hay en nuestro país entre lo que podemos llamar (ya desde los análisis que hiciera Raymond Aron sobre Tocqueville y Marx) la “condición social de la democracia” y los “gobiernos o regímenes democráticos”.

En el caso de las demandas universitarias se aprecia con especial relevancia esta distancia.

Queda en evidencia –y esta es la segunda reflexión- que el año 81 significó un quiebre en esa relación que se comprendía, entendía, justificaba y explicaba muy bien hasta el año 89, pero que después no ha hecho sino que horadar aún más el abismo –ya no sólo distancia- que hay entre “la condición social de la democracia” y los “gobiernos democráticos”, legítimamente elegidos en las urnas.

A otros que recuerdan los 80 y el vaivén universitario, les resuena el 17 de Agosto de 1987, cuando en la Academia de Humanismo Cristiano, Ricardo Lagos criticaba cáusticamente esta reforma del 81 y decía “la pregunta que todo universitario debe hacerse, si es necesario introducir cambios, es si éstos deben ser impuestos desde arriba por aquellos que no participan, ni son universitarios, o éstos deben hacerse de acuerdo con los principios tradicionales del gobierno universitario y quienes forman parte de este especial cuerpo de la sociedad”. Qué actual aparece ese discurso.

Los gobiernos democráticos no están respondiendo a las demandas culturales, económicas y educativas de una sociedad democratizada, como la chilena del siglo XXI, representada en los estudiantes. El imaginario actual de nuestra sociedad ya no está en el clivaje “Allende/Pinochet” o “Dictadura/ Democracia”. Definitivamente los imaginarios socio-político-culturales de hoy están anclados en uno de corte radicalmente democrático. La nuestra es una sociedad post-dictadura (de la represión y el miedo) y post-Concertación (de la medida de lo posible). Con la dictadura el “negocio” fue para algunos y con la Concertación el “negocio” fue para esos mismos y para otros nuevos.

Hoy la sociedad instalada en una condición democrática más profunda espera, quiere y desea que el “negocio” sea para todos, en justicia.

El clivaje de los imaginarios socio históricos de la sociedad chilena del siglo XXI no está, como pretende todo el mundo político de la derecha y la Concertación, en la relación  “Oportunidades/Meritocracia”. ¿Por qué? Porque los jóvenes saben hace rato que aquello que tiene que emparejar la cancha –la educación- no hace sino desnivelarla y siempre para el mismo lado. Porque sabemos que en el lugar donde me lo debo jugar todo –la escuela, el liceo, la universidad- no me juego nada, en definitiva. Y nadie está para ser Espartaco.

Pues bien, los jóvenes actores demandantes y también los rectores, casi como un mantra diabólico, repiten el número 81, para insistir que mientras no hagamos algo efectivamente contrario a lo que se hizo allí, las cosas al parecer no cambiarán. Lo que allí sucedió se entiende en una condición social de opresión como lo es una dictadura, pero no en una de corte democrático. Tal vez hasta se pueda entender en una condición de “cuidemos la democracia” como lo era en la Concertación. Ya no.

Una sociedad en una condición plenamente democrática con una institucionalidad heredada de la dictadura y además con gobiernos democráticos, tiene serios problemas, digamos suavemente, cognitivos, por no decir, psiquiátricos.

¿Qué pasó el año 81 con la educación?

En el Informe presentado por el Ministerio de Educación Pública de Chile a la 39ª reunión de la Conferencia Internacional de Educación, en Octubre del año 1984, en Ginebra, se lee que “El Estado considera que la educación es una de sus responsabilidades mayores y le dedica una atención preferente, reservándose las funciones normativas y de fiscalización, al mismo tiempo que –subrayamosestimula y favorece la participación del sector privado en la tarea educacional”.

Esto último no quiere decir sino –siguiendo la Constitución de 1980- que se “reconoce la libertad de enseñanza que implica el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, sin otras limitaciones –acá está el punto y lo subrayamos- que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional”. Es decir, “las políticas y los planes de desarrollo socioeconómico nacional se inspiran en una concepción humanista y cristiana del hombre y de la sociedad (¿le suena familiar esto?) En consecuencia, un principio básico de la estrategia de desarrollo que orienta la educación es el reconocimiento de la actividad creadora individual, así como la valorización del esfuerzo y la superación personal…”

Fácilmente nos preguntamos ¿qué moral, qué buenas costumbres, qué orden público, qué seguridad nacional?; ¿las que venían de la parroquia de El Bosque? ¿Las que venían del Opus Dei?; ¿las que venían del Ministerio del Interior, la DINA, la CNI?; ¿las que venían de las Facultades de Economía de la PUC o la U. de Chile?; ¿las que venían de Chicago?

Pues bien, entre el 30 de diciembre de 1980 y el 5 de febrero de 1981 la dictadura de Pinochet definió la nueva educación superior en los Decretos con Fuerza de Ley números 1, 2, 3, 4 y 5 (estructura y funciones); y entre el 10 de Febrero y el 7 de abril del año 1981, los Decretos que van desde el 6 al 24 (normas sobre la creación de nuevas universidades).

Una de las más férreas defensas a este proceso “modernizador” la encontramos en el escrito de Jaime Guzmán y Hernán Larraín, en el número 22 del mes de marzo de 1981, de la Revista Realidad. Nadie podría ignorar que ahí, en ese escrito, está toda la lógica del actual malestar de la educación superior.

Cuando argumentan sobre la manera de mejorar la calidad de la educación superior, se dice que “de numerosas escuelas o sedes universitarias actuales se hace indispensable someterlas a un desafío competitivo que las obligue a elevar sus niveles  docentes si desean salir airosas. Y nada mejor que entregarle la decisión al usuario en este caso, el postulante universitario, el cual sólo podrá ser atraído por medio de la calidad académica.” Es decir, y más claro no puede ser, mejorar la calidad de la educación superior es posible, claro está, pero mediante el mecanismo de competencia entre los actores de un mismo mercado en el que convergen.

¿Educación superior gratuita? No, pues no contribuye en nada ni al sistema de educación superior, ni a la justicia social (!), pues “la denominada educación universitaria gratuita que algunos todavía defienden demagógicamente, significó que durante muchos años la formación de los profesionales fuera costeada por el Estado, con los fondos de todos los chilenos. Esto se tradujo en que sectores de bajos ingresos, cuyos hijos generalmente no ingresaban a las universidades, les costeaban su educación en ésta a sectores de más altos ingresos. Tal situación se agravaba más desde el punto de vista de la justicia, si se considera que dichos estudios profesionales habilitan a quien los realiza para lograr niveles de ingresos habitualmente superiores al promedio de los contribuyentes”, afirman.

¿Qué pasó el año 81 con la educación? Pasó que se inició una de las transformaciones sociales más radicales que haya conocido el país en su historia. No obstante, hoy, sin ninguno de los atavismos clásicos, los estudiantes están movilizados por ideas que funcionan de acuerdo a otras lógicas y demandas. La primera de ellas es clara: la institucionalidad del sistema universitario no es democrática, ni en sus fundamentos ni en su lógica, y los gobiernos democráticos no han hecho nada por cambiar el sistema. No sólo corregirlo.

Algunos ya se preguntan sobre si es o no crítica la posición de un ministro de educación, como Joaquín Lavín, que encarna parte de ese proceso revolucionario del 81.

A otros que recuerdan los 80 y el vaivén universitario, les resuena el 17 de Agosto de 1987, cuando en la Academia de Humanismo Cristiano, Ricardo Lagos criticaba cáusticamente esta reforma del 81 y decía “la pregunta que todo universitario debe hacerse, si es necesario introducir cambios, es si éstos deben ser impuestos desde arriba por aquellos que no participan, ni son universitarios, o éstos deben hacerse de acuerdo con los principios tradicionales del gobierno universitario y quienes forman parte de este especial cuerpo de la sociedad”. Qué actual aparece ese discurso.

¿Se puede seguir creyendo en la democracia pero no en sus gobiernos ni en su clase política?

Dadas todas las disonancias, los estudiantes universitarios y secundarios parecen ya no estar dispuestos –ellos sí- a seguir tragando sapos.

Una respuesta

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  1. Destaco: ¿Educación superior gratuita? No, pues no contribuye en nada ni al sistema de educación superior, ni a la justicia social (!), pues “la denominada educación universitaria gratuita que algunos todavía defienden demagógicamente, significó que durante muchos años la formación de los profesionales fuera costeada por el Estado, con los fondos de todos los chilenos. Esto se tradujo en que sectores de bajos ingresos, cuyos hijos generalmente no ingresaban a las universidades, les costeaban su educación en ésta a sectores de más altos ingresos. Tal situación se agravaba más desde el punto de vista de la justicia, si se considera que dichos estudios profesionales habilitan a quien los realiza para lograr niveles de ingresos habitualmente superiores al promedio de los contribuyentes”,

    (Selección de Sontag)

    Sontag

    16 junio, 2011 at 0:30


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