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La herida de Chile: Bicentenario y causa mapuche…

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por  José Aylwin

image Frente a la protesta social mapuche por la imposición de inversiones o los impactos ambientales y culturales que estas provocan en sus comunidades, a la exclusión política y económica, el Estado ha impulsado en los últimos años una política de criminalización que ha llevado a la cárcel a decenas de mapuche acusados de cometer actos terroristas.

El bicentenario ha dejado al descubierto una de las heridas más profundas de Chile, la de su relación con los pueblos originarios. Aunque desde el gobierno y la prensa se hayan esforzado en esconder esta herida, las celebraciones oficiales, al igual que las privadas, no han podido ignorarla.

Se trata de una herida antigua, consecuencia de la forma cómo el Estado chileno se construyó -a través de la imposición y la fuerza- sobre los territorios de estos pueblos, en muchos casos bastante después de 1810. En el caso del extremo sur, por ejemplo, el establecimiento de la soberanía chilena sobre Tierra del Fuego resultó en el exterminio del pueblo selknam u ona. En el caso de los mapuche, el Estado se constituyó sobre sus territorios ancestrales, los que les habían sido reconocidos por los españoles a través de parlamentos, mediante el copamiento militar y la radicación forzada de sus comunidades en menos de un 5% de sus tierras de ocupación ancestral.

A las políticas de asimilación forzada del siglo XIX, siguieron las de integración cultural del siglo XX, y más recientemente, aquellas impulsadas desde el Estado que han resultado en la expansión hacia sus comunidades de las inversiones forestales, hidroeléctricas, acuícolas, así como en la apropiación de sus recursos naturales.

Frente a la protesta social mapuche por la imposición de dichas inversiones, o los impactos ambientales y culturales que estas provocan en sus comunidades, a la exclusión política y económica, el Estado ha impulsado en los últimos años una política de criminalización que ha llevado a la cárcel a decenas de mapuche acusados de cometer actos terroristas, hecho que ha preocupado a diversas instancias de derechos humanos de la ONU.

Es esta realidad la que 34 personas mapuche privadas de libertad en distintos penales del sur en virtud de procesos o condenas por hechos vinculados a la defensa de sus tierras, considerados por el Estado como terroristas, han dejado al descubierto a través de la huelga de hambre que impulsan, protesta que en los días del bicentenario superaba los 65 días de duración. La huelga mapuche tiene como fundamento el reclamo de un derecho humano básico, que ningún Estado que se precie de democrático puede desconocer: el derecho a un juicio justo. Los huelguistas mapuche exigen además, el término de los abusos y maltratos de agentes del Estado en contra de sus comunidades, los que han causado la muerte o afectado la integridad física y síquica de quienes las integran, incluyendo niños y ancianos. La actitud del mundo político frente a esta ya larga huelga ha dejado mucho que desear; basta señalar que hasta un par de semanas antes del bicentenario, tanto el gobierno como la oposición habían prestado poca atención a los mapuche y a sus demandas. Así, mientras el gobierno se negaba a todo diálogo e impulsaba acciones judiciales para alimentar forzadamente a los huelguistas, sectores de la oposición condicionaban el debate de los temas planteados por los mapuche al término de la huelga de hambre. Parte importante de la prensa, además, silenció esta huelga, posiblemente pensando que ello terminaría por desmotivarla.

A pesar de ello, los presos mapuche prosiguieron la huelga, con la convicción de estar demandando lo justo. El inminente riesgo de muerte de los huelguistas y el temor a que ella opacase las celebraciones del bicentenario, como si estas no hubiesen sido bastante opacas, llevó al gobierno -luego de haber trascurrido más de 50 días de huelga- a presentar dos iniciativas legales; la primera para reforma la ley antiterrorista que se les aplica, y la otra para la reforma de la justicia militar que conoce algunas de las causas que se siguen en su contra. Posiblemente el mismo temor llevó a muchos en la oposición concertacionista a apoyar -tardíamente- las demandas de los huelguistas, y a reconocer que la aplicación de ley antiterrorista en los procesos que se siguieron en su contra bajo las administraciones de Lagos y Bachelet, fue errada.

Mesa de diálogo

Aunque los proyectos de reforma legal presentados por el ejecutivo para estos efectos presentaban serias deficiencias desde la perspectiva de los derechos humanos -al mantener como delitos terroristas acciones que no necesariamente tienen tal carácter, como el delito de incendio; o al mantener la competencia de la justicia militar para conocer los delitos que militares cometen en contra de civiles-, ellos abrieron las puertas a un debate en el parlamento sobre las causas detrás de los conflictos que han llevado a los mapuche a la cárcel, y sobre los mecanismos para poner término a su juzgamiento arbitrario.

En días previos al bicentenario, además, el gobierno accedió públicamente a establecer una mesa de diálogo exigida por los mapuche en huelga de hambre con sus representantes y abogados, y la Iglesia Católica manifestó su disposición a actuar como facilitadora de dicho diálogo.

Lamentablemente, las esperanzas que los anuncios del ejecutivo pudieron haber generado en los mapuche en huelga de hambre se han visto frustradas en los últimos días. Ello en primer término por el anuncio realizado por el presidente Piñera en el marco de las celebraciones del bicentenario de conformar una mesa de dialogo con representantes mapuche en torno al Plan Araucanía, iniciativa incluida en su programa de gobierno a instancias de sectores empresariales, omitiendo toda referencia o inclusión a los urgentes problemas planteados por los huelguistas mapuche.

Plan Araucanía

Dicho plan se orienta a promover la superación de la pobreza que afecta a la región, y particularmente a los mapuche, a través de la inversión pública y privada, del fortalecimiento del desarrollo productivo, fomentando la inserción regional en los mercados nacionales y globales. Tal propuesta se basa en la premisa errónea de que los problemas que afectan al pueblo mapuche y su relación con el Estado están únicamente vinculados a su condición de pobreza y que estos se resuelven con la inyección de recursos económicos y el desarrollo productivo. No se aborda en ella otras dimensiones de los problemas de relacionamiento entre éste y otros pueblos indígenas con el Estado chileno, tales como la necesidad de restituir sus tierras, territorios y recursos de propiedad legal y/o ancestral que les han sido usurpadas, la de su exclusión de las instancias en las que se toman decisiones sobre los temas que les conciernen, o el desconocimiento de su derecho a asumir el control de sus propios asuntos en materias políticas, económicas y culturales.

No se trata de cuestionar la necesidad de que el gobierno impulse el diálogo y la consulta con los pueblos los indígenas cuando proponga iniciativas como el Plan Araucanía u otras medidas administrativas o legislativas susceptible de afectarles. Por el contrario, de acuerdo al Convenio 169 de la OIT ratificado por Chile, está obligado a ello. Sin embargo, tal como lo señala el mismo Convenio 169, uno de los requisitos de todo diálogo o consulta con los pueblos indígenas es que éste sea realizado de buena fe y de manera apropiada a las circunstancias (art. 6.2).

Un análisis más profundo del diálogo propuesto por el presidente Piñera, en el contexto del bicentenario en torno al Plan Araucanía, nos lleva a concluir que éste no cumple con estos requisitos esenciales de toda consulta de conformidad con el Convenio 169. Ello por cuanto al no abordar la problemática de los presos mapuche en huelga de hambre, distrae la atención de su crítica realidad de salud y de la urgente necesidad de dar respuesta a sus exigencias de justicia, relegando el diálogo con ellos a un segundo plano, como en la práctica ha ocurrido.

La mesa de diálogo propuesta por el gobierno, además, no es apropiada a las circunstancias, ya que, como bien saben sus autoridades, ellas requieren de la atención urgente de la problemática que afecta a los presos mapuche, y de la solución de sus demandas de justicia, única forma de contribuir verdaderamente a promover el anhelado “reencuentro histórico” con el pueblo mapuche y otros pueblos indígenas en el año del bicentenario.

Las posibilidades de una solución a las demandas de los presos mapuche, y con ello a la huelga se han visto seriamente deterioradas además por la negativa del ejecutivo a aceptar los cambios introducidos en el Congreso por parlamentarios vinculados a la defensa de los derechos humanos a los proyectos de reforma legal que este propusiera. En efecto, la eliminación de los delitos en contra de la propiedad como delitos terroristas, la limitación introducida a la facultad de los particulares para interponer acciones por delitos terroristas, y las limitaciones en el plazo de las policías para poner a los detenidos por estos delitos a disposición de la justicia, fueron eliminadas en la tramitación del proyecto de ley antiterrorista en la Cámara a instancias del ejecutivo. Con ello se diluye la posibilidad de que los proyectos de reforma legal den respuesta a las demandas mapuche, y por lo mismo, permitan superar la huelga de hambre.

Lejos de abordarse esta herida de Chile en el marco del bicentenario ella se ve profundizada como consecuencia de la actitud del gobierno de Piñera. Mientras Chile siga maltratando a sus habitantes más antiguos, como nos dijera hace pocos años el fallecido Premio Nobel de Literatura José Saramago, mientras se siga identificando como un “Estado-nación” y no reconozca plenamente la diversidad étnica y cultural que representan los pueblos indígenas, así como los derechos que les corresponden como tales, lamentablemente se mantendrá la herida que la huelga dejó al descubierto.

*Co Director Observatorio Ciudadano

© Le Monde Diplomatique, edición chilena

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Written by Eduardo Aquevedo

4 octubre, 2010 at 17:22

Encuesta Adimark (sept. 2010): cae apoyo a Piñera (de 56 a 53%)…

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4 de Octubre de 2010

Este mes, un 53% respalda su gestión, mientras que un 32% la desaprueba.

por El Mostrador

La popularidad del Presidente de la República, Sebastián Piñera, sufrió una leve caída en el mes de septiembre, según la última encuesta Adimark GfK dada a conocer este lunes.

De acuerdo al sondeo, en el mes de septiembre un 53% apoya su gestión, una baja de 3 puntos con respecto al resultado de agosto (56%).

“Septiembre fue un mes complejo, marcado por los mineros atrapados, la huelga de hambre de los comuneros mapuches y las fiestas del Bicentenario. Sin embargo, también disminuye la desaprobación en forma significativa, 32% desde el 36% observado en Agosto. Desde el punto de vista de la desaprobación, este es el mejor resultado para el presidente Piñera  en los últimos cuatro meses”, señala la encuesta.

En tanto, el Gobierno recibe un 58% de aprobación, 3 puntos más que agosto (55%),  volviendo a situarse por encima de la calificación del Presidente.  Para el gobierno, es  su mayor nivel de respaldo desde marzo 2010.

La opinión pública parece ir moderando su visión del actual gobierno, siendo la tendencia más clara la consistente disminución en el nivel de rechazo del Presidente Piñera. Esta cifra muestra una clara tendencia a la baja: 40% en julio, 36% en agosto y 32% en septiembre.

Por segmentos socioeconómicos, los sectores socioeconómicos mas acomodados son los que respaldan en mayor medida la gestión del Presidente (67%), en tanto que la aprobación de los sectores con menores recursos (D/E) alcanza el 48%, siete puntos menos que agosto (55%).

En cuanto a los atributos personales del presidente Piñera, se aprecia una  mejoría en relación a agosto, destacándose sus tradicionales fortalezas, las cuales parecen ir fortaleciéndose con el transcurso de los meses:  “Activo y enérgico” (75%) se mantiene como el rasgo mejor evaluado, seguido por “capacidad para enfrentar crisis” (74%) y “Capacidad para solucionar los problemas del país” (74%).

Evaluación del Gabinete

En términos de conocimiento, no se observan  diferencias respecto a la medición de agosto último. El ministro Joaquín Lavín (educación) se mantiene como el ministro más conocido (98%), seguido por Jaime Ravinet (defensa) con un 86% y Luciano Cruz-Coke (cultura) con 81%. El ministro de Minería salta en septiembre a un 72% de conocimiento.

En evaluaciones, continúa destacándose los buenos resultados del Ministro de Minería Laurence Golborne, que ya se había disparado en el mes anterior. En septiembre, Golborne alcanza un récord de 87% de evaluaciones positivas, convirtiéndose por segundo mes consecutivo en el ministro mejor evaluado del gabinete. Su evaluación positiva aumenta 9 puntos con respecto a Agosto (78%).

El ministro Curz-Coke también aumenta en nueve puntos su respaldo y obtiene un 75%. El mismo respaldo alcanza Joaquín Lavín (75%). Les sigue el Ministro Hinzpeter con un 69% de evaluaciones positivas. La vocera Von Baer (68%) aumenta 4 puntos desde agosto, mismo incremento que obtiene el ministro Ravinet (67%), la ministra Matte (66%) y el ministro Larroulet (66%). Más abajo se ubican el ministro de salud,  Jaime Mañalich con un 59% (sube 3 punto este mes) y cierra la lista el titular de Transportes  con un 54%.

Desde esta medición se ha decidido  publicar el  nivel de aprobación sólo de  aquellos ministros que superan el 40% de conocimiento. Cabe notar que, de los 22 miembros del gabinete, solo 11 ministros logran superar este nivel de conocimiento y otros 11 no alcanzan esta meta. El objetivo es evitar las excesivas fluctuaciones que se producen cuando los evaluadores son un número muy reducido.

Metodología

Las entrevistas se realizaron entre el 5 y el 30 de Agosto de 2010 y la muestra efectiva alcanzó a 1.109 personas, de los cuales 404 entrevistas fueron realizadas en Santiago y 705 se obtuvieron en regiones.

La muestra es del tipo probabilístico con selección aleatoria de hogares y de entrevistados. El universo está compuesto por hogares que disponen de teléfono en las principales ciudades del país.  El error se estima en +/- 3,0%.

Se aplico un cuestionario estructurado de 20 minutos de duración y los datos fueron posteriormente ponderados por ciudad, sexo y nivel socio económico, según datos del Censo 2002 y según el nivel de penetración telefónica de los hogares por región.

Written by Eduardo Aquevedo

4 octubre, 2010 at 14:39