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Chile: la represión anti-mapuche continúa…

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El doble estándar de carabineros

El doble estándar de carabineros

Poco parece importar además a la autoridad policial, y a la autoridad civil a cargo de la fiscalización de sus actuaciones, las recomendaciones de diversos órganos de tratado, como el Comité de Derechos del Niño, el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, las que han instado reiteradamente al Estado chileno a poner freno a este tipo de conducta policial violatoria de derechos humanos.


José Aylwin*

A comienzos de  mes  tres carabineros de la 20º Comisaría de Puente Alto fueron dados de baja por la institución tras conocerse un video que dejara en evidencia la brutal golpiza que propinaron a un joven a la salida de una discoteca.

La exoneración de efectivos de carabineros por parte de la institución frente a hechos delictivos en que éstos resultan involucrados, no es nueva.  En lo que va corrido del año 24 carabineros han sido dados de baja por el alto mando institucional por su involucramiento en diversos delitos, incluyendo casos de robo, la participación en redes de corrupción, trata de blancas, y de violencia innecesaria en contra de población civil.

Por cierto es valorable que las autoridades de carabineros, haciendo uso de sus facultades legales y reglamentarias, pongan término a las funciones de los efectivos que se ven involucrados en este tipo de hechos criminales.  Ello, particularmente, teniendo presente las limitaciones del sistema judicial chileno para juzgar los delitos que cometen los integrantes de las fuerzas armadas y de orden, los que, al amparo de la legislación vigente, son de competencia de la justicia militar.

Llama la atención, sin embargo, que las autoridades de carabineros, así como las autoridades civiles a las que compete fiscalizar su actuación, no adopten medidas similares frente a hechos delictivos de igual o mayor gravedad que cometen miembros de esta institución en contra de población indígena.

Como sabemos, tres personas mapuche han muerto en los últimos años como consecuencia del actuar abusivo de carabineros.  Dos de ellos, Matías Catrileo el 2008 y Jaime Mendoza Collio el 2009, fallecieron como consecuencia de disparos efectuados por efectivos de carabineros por la espalda de las víctimas.  En el último caso, informes periciales dan cuenta de que los impactos del chaleco antibalas del carabinero involucrado fueron realizados con posterioridad a los hechos que causaron la muerte de Mendoza Collio, dejando en evidencia que fueron auto provocados.

Ninguno de los efectivos involucrados en estos hechos ha sido dado de baja por la institución.  Tampoco las autoridades de carabineros a cargo de estos operativos han sido investigadas o amonestadas por sus superiores.  El general Llevenes, Jefe de Zona de la Araucanía a cargo del efectivo que causó la muerte de Mendoza Collio, cuya renuncia había sido solicitada por entidades de derechos humanos por su ocultamiento de la verdad en este caso, fue trasladado recientemente a la región de Magallanes para seguir desempeñando allí la misma función que en la Araucanía.

En  días pasados nuevos hechos de violencia imputables a carabineros afectaron otra vez a la población mapuche, en esta ocasión a niños.  El primer caso ocurrió en Temucuicui, en la comuna de Ercilla, donde F.M.M., de 10 años de edad, fue herido por balines cuando se encontraba cuidando animales de su familia, siendo derivado en un centro asistencial de Victoria.  El segundo ocurrió en la comunidad de Rofue en la comuna de Padre Las Casas, y afectó a F.P.M. de solo 14 años de edad.  El menor fue interceptado por carabineros que se desplazaban en helicóptero en su comunidad el día 5 de octubre pasado, en momentos en que recolectaba plantas medicinales junto a un machi.  El niño, que por temor intento huir de la policía, fue reducido con perdigones que impactaron su pierna y espalda.  Luego de botarlo al suelo y golpearlo, fue subido por los efectivos policiales al helicóptero, desde donde en vuelo, amenazaron con lanzarlo al vacío sino daba los nombres de las personas de la comunidad involucradas en una acción de recuperación de tierras que se desarrollaba en ese momento.

Poco parece importar además a la autoridad policial, y a la autoridad civil a cargo de la fiscalización de sus actuaciones, las recomendaciones de diversos órganos de tratado, como el Comité de Derechos del Niño, el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, las que han instado reiteradamente al Estado chileno a poner freno a este tipo de conducta policial violatoria de derechos humanos.

Nos preguntamos ¿qué sostiene este doble estándar de carabineros? ¿Es que la vida o la integridad física de un mapuche importa menos que la propiedad o dignidad de un ciudadano no indígena?  A juzgar por los hechos, en el Chile del bicentenario al que con insistencia se nos convoca, lamentablemente es así.

*Abogado, Co-Director del Observatorio Ciudadano

El error de aplicar la Ley Antiterrorista contra los mapuches

El error de aplicar la Ley Antiterrorista contra los mapuches

El pueblo mapuche no será intimidado por la aplicación de leyes abusivas. Más vale destinar el grueso del esfuerzo a reparar las injusticias.

Por Raúl Sohr*

La Ley Antiterrorista, invocada una vez más por el gobierno para combatir la violencia en la Araucanía, fue concebida bajo un régimen dictatorial. Ésta es una ley deliberadamente vaga y confusa. El propósito de esta ambigüedad es permitir la mayor discrecionalidad a quienes la aplican. El calificativo de terrorista se aplica cuando “el delito se cometa con la finalidad de producir en la población o en parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos”. Resulta, entonces, difícil apreciar su diferencia de la delincuencia pura y simple.

En un plano más operativo se señala que constituye un acto terrorista “colocar, lanzar o disparar bombas o artefactos explosivos o incendiarios de cualquier tipo, que afecten o puedan afectar la integridad física de personas o causar daño”. Con dicha definición es posible enjuiciar por terrorismo a varios movimientos sociales que se han visto involucrados en enfrentamientos violentos, como por ejemplo los estudiantes encapuchados que lanzan molotov, los trabajadores tercerizados que incendian autobuses, los pescadores artesanales que levantan barricadas y queman bienes públicos.

En todo el mundo hay protestas violentas. Ellas ocurren en forma regular en las grandes cumbres de los mandatarios de los países ricos, en su variedad de encuentros G (G-7, G-8 e incluso G-20). Las imágenes muestran a jóvenes con rostros velados por bufandas, pasamontañas o kefias que lanzan artefactos incendiarios de “cualquier tipo”, que pueden afectar la integridad física de personas o causar daño.

Los hechores que transgreden la ley reciben las sanciones establecidas. Pero no se les aplica la draconiana legislación reservada para el terrorismo, considerado como una de las mayores amenazas contra la sociedad. Sería aberrante aplicar la misma legislación a jóvenes que protestan contra las falencias del sistema y a terroristas suicidas que detonan bombas sin miramientos por cientos de vidas inocentes. Un sistema democrático debe distinguir entre la protesta social, aun si emplea métodos violentos, y un movimiento empeñado en la aplicación del método terrorista.

La mayoría de los chilenos admite que las raíces de las reivindicaciones del pueblo mapuche son profundas. La deuda histórica del Estado con sus primeros pobladores no ha sido ni remotamente pagada. En Australia, Canadá y otros países, diversos gobiernos han pedido perdón por los abusos cometidos. Ese día también llegará y cuanto antes mejor. Dicho sea de pasada, las autoridades dicen que es una pequeña minoría de mapuches la que se moviliza detrás de los actos violentos. Ello puede ser así en un estricto sentido de militancia. Pero también es claro que muchos mapuches que no participan en acciones políticas consideran a los caídos como mártires de su causa.

En estricto rigor son mapuches los que han muerto acribillados, no carabineros o agricultores. Son los indios los que reciben las palizas, ellos son víctimas de secuestros e intimidaciones que incluso alcanzan a menores. Pero es a ellos a quienes se acusa como únicos responsables del conflicto de la Araucanía.

El Estado chileno tiene una infinita batería de leyes y recursos para mantener el orden. Aplicar la Ley Antiterrorista, que en forma automática triplica las penas, representa un acto discriminatorio que sólo agravará el conflicto. Ante las luchas sociales no es el monto de la represión, sino su eficacia la que marca la diferencia. Un conflicto que se arrastra por siglos no se resolverá en algunos meses o años. El pueblo mapuche no será intimidado por la aplicación de leyes abusivas. Más vale destinar el grueso del esfuerzo a reparar las injusticias. Frente a la violencia sólo cabe aplicar la ley vigente para todos los habitantes de este país.

* Columnista Diario La Nación

Written by Eduardo Aquevedo

22 octubre, 2009 a 1:34

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