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El conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche…

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Por Mariela Vallejos / La Araucanía / La Nación Domingo

chile-mapuches1 La araucanía tras el homicidio de Mendoza Collío

La mil caras del conflicto mapuche

Mapuches con palos en alto en actitudes amenazadoras. Numeroso contingente policial en tenida de combate. Agricultores que lamentan la pérdida de sus bienes. Autoridades que llaman a la calma y acotan el conflicto a menos de una decena de comunidades de un total de más de 1.800. Dirigentes que afirman que el 80% de su pueblo está detrás de ellos. La Nación Domingo estuvo esta semana en la Araucanía. Pase, lea y medite.

Hace frío en Temuco, pero los muchachos no lo sienten. Transpiran empujándose y corriendo en el patio del campus, mientras sus compañeros y profesores los observan sorprendidos.

Nos es habitual que los alumnos de la Universidad Católica practiquen el ancestral juego mapuche del palín. Menos sobre pavimento, en horas de clase y bloqueando una vereda concurrida.

A través de la ventana de su oficina, el padre Fernando Díaz, coordinador de la Pastoral Mapuche de la Zona Sur, observa atentamente: "Esto no es un juego- advierte con una sonrisa algo tensa-. Es una provocación". ¿Y a quién quieren provocar los estudiantes? El sacerdote no tiene dudas. "A toda la comunidad, a Chile", responde.

CHILE-MAPUCHES3 Tras el homicidio a manos de Carabineros del comunero mapuche Jaime Mendoza Collío, hay indignación en el campus de la Católica.

En la Universidad de La Frontera la situación es parecida. Hay asambleas, consignas y letreros y, prácticamente, no se habla de otra cosa.

Por otra parte, los medios muestran una Araucanía en creciente conflicto, con imágenes de policías que se enfrentan a pandillas de jóvenes que arrojan piedras y huyen a campo traviesa.

Organismos internacionales denuncian exceso de violencia policial, militarización del conflicto, aplicación de la Ley Antiterrorista y de justicia militar y planes de restitución de tierras que no se cumplen.

La Presidenta envía una comisión especial de alto nivel a la región, y el gobierno dice que en un total de mil 851 comunidades, siete están en conflicto.

Sin embargo, lonkos de la Alianza Territorial afirman desde Ercilla que su movimiento representa al 80 por ciento de las comunidades de la zona.

¿Cuál es la real magnitud del conflicto? En opinión del dirigente PPD y consejero de Conadi, Hilario Huirilef, "es difícil saber, pues no se pueden verificar las distintas versiones".

Agrega que lo que sí se nota es frustración y decepción. "Vemos que el Estado no tiene ninguna intención de cambiar nada. Que el reconocimiento constitucional (promulgación del Convenio 169 de la OIT que reconoce la existencia de los pueblos originarios en la legislación chilena) es una especie de blanqueamiento de imagen del Estado de Chile ante los organismos internacionales", explica. Y recomienda que "para reanudar el diálogo, lo primero que debe hacer el Estado de Chile es reconocer su violencia, pedir perdón y desarrollar una política especial para nuestro pueblo".

El dirigente afirma que mientras el gobierno destina 3 mil quinientos millones de pesos a mejorar el acceso a Temuco, en zonas rurales no se asigna fondos para mejorar rutas al interior de comunidades, pues se las considera propiedad privada.

"El comunero tiene que gastar 5 mil pesos para salir de su casa por un camino de barro a hacer un simple trámite a Temuco", se queja.

"La restitución de tierras se atrasa, tenemos gente esperando desde 2001, faltan becas, hogares, oportunidades de desarrollo, créditos. Y cuando los comuneros protestan con piedras, les disparan por la espalda, y el gobierno no hace nada".

La intendenta Nora Barrientos sale al paso de las acusaciones: "Gran parte de la presencia de Carabineros en la zona tiene que ver con mandato del Ministerio Público y no del gobierno regional. Estamos conmocionados con la muerte del joven Mendoza y rechazamos la violencia. La fiscalía está investigando y se aplicarán las sanciones que la justicia determine", subraya.

Tras reunirse con la comisión especial enviada por la Presidenta, Barrientos descarta que la Araucanía esté "en llamas", insistiendo en que los hechos de violencia, aunque graves, son aislados: "Hay unas 2 mil 800 comunidades indígenas entre Biobío y Arauco.

Y en este momento tenemos siete, todas en Ercilla, con las cuales no es posible el diálogo", asegura. Según la autoridad, es importante mantener la perspectiva: "Seguimos avanzando en el pacto Re-Conocer, impulsado por el gobierno, que está funcionando bien y muestra que gran parte de las comunidades mapuches se desarrollan en paz.

Me reúno casi todos los días con algún representante de comunidades con las cuales trabajamos. Ellos dialogan con nosotros porque reconocen los avances de las políticas del gobierno", asegura.

Barrientos sostiene que, pese a los incidentes de violencia, las políticas públicas en Ercilla siguen el plan trazado, y destacó la edificación de escuelas mapuches y la construcción de más de 3 mil kilómetros de camino en el sector.

"Estamos asignando unos 4 mil 500 millones de pesos de aquí al 2010 para la concreción de proyectos", subraya.

Sin embargo, los líderes mapuches difieren. Carlos Curinao, lonko de la comunidad Guañaco Millao, perteneciente a la Alianza Territorial (AT), es terminante: las comunidades mapuches alzadas "no son una minoría", y asegura: "Hace unos días éramos treinta comunidades, y después de la muerte de nuestro hermano (Mendoza Collío) nuestro movimiento ya incluye al 80 por ciento de las comunidades. La CAM y los universitarios nos apoyan".

José Naín, también de la AT, anuncia que mañana el movimiento hará una manifestación en Temuco para exigir que el gobierno pida perdón a la familia de Mendoza Collío y se comprometa a compensarla por su pérdida.

Desde el 23 de julio, la AT está promoviendo tomas. Los enfrentamientos con la policía, enviada a desalojar los recintos, han terminado con comuneros y efectivos heridos.

Un autobús interprovincial y dos camiones fueron atacados por encapuchados cerca de Temuco, por la CAM. En respuesta, el gobierno presentó una querella invocando la Ley de Seguridad del Estado.

Funcionarios del gobierno regional admiten un aumento de las demandas mapuches previo a la muerte de Mendoza Collío y lo atribuyen al período electoral.

Hablan de "tomas mediáticas", para forzar nuevas compras de tierra antes de un eventual cambio de gobierno, e incluso llaman la atención sobre colusiones entre comuneros y propietarios, una de ellas detectada por el diario Las Noticias de Victoria.

Éste publicó una entrevista con el comunero Victor Huenchupán, quien admite haberse puesto de acuerdo con un propietario de tierras para tomar un predio y lograr así que la Conadi lo comprara: "La Conadi no compraba, indicando para ello que no contaba con fondos. Por eso- y de común acuerdo con Paulsen hijo (dueño de la tierra)- procedimos a tomarnos los terrenos y, de esa manera, luego de 14 años, la Conadi nos compró 130 hectáreas", reconoce el comunero, hijo de un lonko de la zona.

Mediáticas o no, las tomas dan cuenta de un proceso que exige atención. El antropólogo socialista Eugenio Alcamán propone "acelerar la respuesta del Estado a las legítimas demandas de tierra basadas en títulos legales o ancestrales" y valora la pronta promulgación del Convenio 169 de la OIT.

"Establece la consulta a las comunidades para aprobar nuevos proyectos de inversión. Permite exigir indemnizaciones, mitigación de daños y participación en los beneficios a las comunidades afectadas o involucradas", enumera.

ONG regionales afirman que muchos predios ocupados en las últimas semanas por los mapuches llevan años estancados en el proceso de adquisición a través del Fondo de Tierras y Aguas de Conadi.

El presupuesto asignado para ello en los últimos 15 años es algo más de US$150 millones de dólares. Parece mucho. Pero en la ONG Observatorio Ciudadano contrastan esta cifra con "el presupuesto asignado por el gobierno a otras políticas públicas, el cual es muchísimo mayor".

Uno de sus directores, el abogado José Aylwin, puntualiza que "sólo este año, el gobierno de Chile adquirirá armamentos en EEUU por US$275 millones".

Los fondos destinados a tierras se vuelven insuficientes para cubrir las necesidades, acota Aylwin. "Como lo denunció la Presidenta, el Estado termina pagando tres veces más de lo presupuestado porque hay gente que está lucrando a costa del conflicto", añade.

Según el abogado, de las 115 comunidades priorizadas por el gobierno, a la fecha sólo 36 han recibido solución debido al alza de precios de la tierra.

Aunque la ministra Carolina Tohá dijo que el gobierno analiza hacer una compra masiva de predios para bajar los valores, Aylwin es más drástico y propone que el Estado recurra a la expropiación: "Se trata no sólo de un mecanismo cuya validez jurídica es inobjetable, sino además, de uno que utiliza el Estado con frecuencia en territorios indígenas para materializar proyectos de inversión carreteros o hidroeléctricos. Su utilización en favor de los mapuches daría cuenta de una nueva actitud del Estado para responder a las legítimas demandas de sus comunidades", sostiene.

Pero el gobierno señaló que no está considerando esta opción por ahora.

En Temuco, la intendenta Nora Barrientos insiste en que el gobierno busca activamente soluciones, pero no negociará con quienes recurran a la violencia para presionar a la autoridad.

Aseguró que se mantendrá el cronograma ordenado por la Presidenta Bachelet, para que la Conadi adquiera otros 91 fundos, que se sumarán a los 31 ya adquiridos, de acuerdo a un mecanismo técnico que es necesario respetar".

Por su parte los dirigentes de la Sociedad de Fomento Agrícola (SOFO), de Temuco, llamaron al gobierno a aplicar la Ley de Seguridad del Estado, con el objeto de "imponer el orden".

Respecto de las denuncias del gobierno, Gastón Caminondo, presidente de esta entidad, dijo que "no es responsable" intentar atribuir las alzas de precios a los agricultores. Hay gente que no quiere vender y que por causa del conflicto se ven obligados".

Agrega que en la zona "no hay interés de los privados en comprar tierras donde hay problemas, por lo que el único que puede comprar es el gobierno", y llamó a la autoridad a enfocar su atención en las negociaciones que hace la Conadi en la región.

Cae la tarde y comienza a llover en el campus de la Universidad Católica. Los estudiantes recogen sus palos de chueca y se van a una asamblea. Las discusiones sobre qué hacer están recién comenzando.

¿Hora de agudizar las contradicciones? "Si no nos hacemos cargo del giro que están tomando las cosas, el conflicto se mantendrá y crecerá", mueve la cabeza el padre Díaz.

"¿Sabe que en los allanamientos a los mapuches les quitan los zapatos para comprobar las marcas que pudieran dejar sus suelas. Les revuelven todas las cosas, les quitan cuchillos de cocina. No les devuelven nada. Es humillante. ¿Quién va a defender a esas personas?", pregunta. Y se responde: "Los mapuches de hoy ya no son como antes. Hoy ya no se dejan humillar. Están recomponiendo su tejido social".

Ex ministros Mideplan

Clarisa Hardy: “La temática indígena no puede ser abordada, ni resuelta, con la actual institucionalidad. Por una parte, la Conadi es un servicio que ya no responde a la lógica de la compleja problemática indígena y, por otra, hay una deuda del Estado chileno (no del gobierno) con la demanda de reconocimiento de los pueblos indígenas”.

Andrés Palma: “Hay gente que quiere agudizar el conflicto, porque políticamente es rentable y hay gente también que quiere resolver los problemas de fondo. Yo creo que vamos a ganar los que queremos resolver el problema de fondo. La Presidenta Bachelet desarrolló el Programa Re-Conocer, que es la implementación del nuevo trato con los pueblos indígenas. El reconocimiento constitucional está pendiente y se avanzó con el Convenio 169, que se aprobó con el actual gobierno”.

Alejandra Krauss: “Esto no tiene que ver, única y exclusivamente, con políticas de gobierno. Si uno circunscribe el conflicto mapuche a un tema de un programa de gobierno, este país va a seguir teniendo estos conflictos y muchos otros. Éste no es un problema en el que haya fallado el gobierno. Es la sociedad, y Chile entero, quien tiene una deuda con el pueblo mapuche. Debemos reconocer que somos un pueblo multicultural, multiétnico”.

Roberto Pizarro: “Los gobiernos de la Concertación han fracasado sistemáticamente en relación al tema mapuche. No han respetado los derechos ancestrales u originales del pueblo mapuche. Todos esos resentimientos se convierten en rabia y eso, a su vez, en movilización y protesta. Por otra parte, los gobiernos reaccionan en contra de la protesta, militarizando la Araucanía, reprimiendo y por eso es que tenemos conflicto. El tema no solamente es una cuestión de tierra, sino que hay una problemática cultural”.

Inclusividad: “Tenemos la convicción de que avanzar en los derechos indígenas tiene que ver con fortalecer nuestra democracia, y esto es hacernos corresponsables de cómo construimos una sociedad más inclusiva. Me siento interpretada por las palabras del obispo (Vial) cuando convoca a toda la sociedad. Vivo hace 20 años aquí y me llama la atención el contraste evidente, y la actitud muy frecuente de discriminación en la relación entre los ciudadanos de la Araucanía. Hay barrios segmentados, espacios donde hay solamente mapuches. Hay una sociedad construida desde la fuerza que no reconoce todavía la identidad que la constituye. Cambiar nuestra cultura tomará tiempo. Una demanda muy sentida del pueblo mapuche es que se fortalezca el Fondo de Tierras, pero se tiene que complementar con otras políticas de inclusión. Esto no significa que los habitantes de la Araucanía que no tienen ascendencia mapuche tengan que irse de esta región o que sus inversiones corran riesgos. Todos podemos vivir en esta sociedad multicultural”.

Intendenta Nora Barrientos.

“Queremos eliminar la discriminación en paz”: A través del programa Orígenes, la comunidad Antonio Curapil (10 kilómetros hacia la costa de Temuco) acaba de construir un centro comunitario. A la fiesta de inauguración asisten dirigentes de otras comunidades cercanas, autoridades regionales y el alcalde de Temuco. Dos machis inician una rogativa, que culmina con cánticos. Ocho niños bailan danzas ancestrales y los visitantes se reúnen a almorzar al interior de la sede. “Estamos muy orgullosos de servir a nuestra comunidad”, afirma el lonko Armando Catrileo con una copa en la mano. “Todos sabemos que no ha sido fácil llegar hasta aquí. Nos peleamos muchas veces con las autoridades -ríe-, pero aquí estamos. Logramos construir la sede. Todavía hay discriminación en esta zona, pero queremos trabajar juntos en paz para eliminarla”.

Criminalidad

“El Estado chileno está criminalizando la demanda indígena sin darse cuenta de que es una demanda legítima y creciente. No pueden seguir cabiendo en la sociedad como mano de obra barata; empleada doméstica y para el cuoteo político en que se les reparte migajas. ¿Se construye Ralco? Migajas. ¿Un aeropuerto? Migajas. ¿Un bypass? Migajas. El Estado construye macro proyectos que enriquecen a grupos conocidos y a la comunidad indígena le queda contaminación y marginalidad, asentamientos irregulares y propiedad fragmentada en que se les ahorca espacialmente. Uno se pregunta por qué la buena vida se la pueden dar sólo los que tienen una parcela a orillas del lago Caburgua. Y las comunidades que han vivido siempre así no tienen derecho a una vida decente y limpia”.

Sacerdote Fernando Díaz, coordinador de la Pastoral Mapuche de la Zona Sur.

2 comentarios

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  1. Con el nivel de violencia que los mapuches han desplegado no tienen moral.

    Son una montonera de terroristas y se les debería aplicar la ley de Seguridad Interior sin miramientos.

    Cobardes infámes que se esconden en el anonimato.

    Cristian Solervicens

    24 agosto, 2009 at 9:55

  2. CRISTIAN, SOLO LA DESINFORMACIÓN HISTÓRICA, EL ODIO Y EL RACISMO PUEDEN EXPLICAR SUS JUICIOS SOBRE EL PUEBLO MAPUCHE. LO QUE SIGNIFICA QUE ESTOY EN COMPLETO DESACUERDO CON SU OPINIÓN.

    Eduardo Aquevedo

    26 agosto, 2009 at 16:44


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