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Archive for agosto 23rd, 2009

Honduras: autopsia (de una democracia asesinada)…

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Por Santiago O’Donnell

honduras_militares226 Primero vino la muerte, después el entierro y después el olvido. Y después, un mes y medio después, llegaron los especialistas para desenterrar el cadáver y hacer la autopsia. Los especialistas, en este caso, son cuatro de los siete integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la relatora especial para la Libertad de Expresión de ese organismo.

Esta semana estuvieron en Honduras para auscultar el cuerpo social y preparar un informe sobre la muerte de su democracia. No fue un trabajo difícil para veteranos acostumbrados a escuchar a familiares de desaparecidos argentinos, a indígenas bolivianos en condición de servidumbre y a sobrevivientes de las masacres de los paramilitares colombianos.

La causa de muerte de la democracia hondureña estaba cantada: golpe de Estado. Hace un mes y medio militares hondureños secuestraron al presidente electo y lo echaron del país. Así, fulminante, como un ataque al corazón.

La comisión lo explica en términos clínicos:

“Los órganos del sistema interamericano de derechos humanos han sostenido en reiteradas oportunidades que el sistema democrático es la garantía principal para la vigencia de los derechos humanos. En ese sentido, la Comisión considera que únicamente el retorno a la institucionalidad democrática en Honduras permitirá que se den las condiciones para el efectivo cumplimiento de los derechos humanos de todos los habitantes de Honduras”.

Después de un golpe, lo demás es casi automático. El gobierno de facto nace sin legitimidad y sin posibilidades de legitimarse por la vía natural de las urnas. Entonces debe hacerlo a través de la represión, suprimiendo los anticuerpos democráticos. A medida que la resistencia va muriendo, la represión afloja un poco y entonces es posible acercarse al cadáver, que luce desgarrado y deformado, y que huele a putrefacción.

Después de cuatro días de viajes y reuniones por todo el país, en combi y helicóptero, después de abrir una oficina para recabar denuncias en el Hotel Intercontinental, después de hablar con golpistas y golpeados, represores y reprimidos, los especialistas informaron lo que vieron con la asepsia propia del lenguaje diplomático:

“La Comisión confirmó la existencia de un patrón de uso desproporcionado de la fuerza pública, detenciones arbitrarias y control de la información dirigido a limitar la participación política de un sector de la ciudadanía. La Comisión constató la represión ejercida contra las manifestaciones a través de la colocación de retenes militares, la aplicación arbitraria de toques de queda, detenciones de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y malas condiciones de detención. De particular gravedad es la muerte de cuatro personas (foto) y varios heridos de arma de fuego… La Comisión recibió información que podría vincular estas muertes con el accionar de agentes del Estado”.

Jamás lo pondrá en sus informes, pero hasta el forense más curtido se conmueve ante un cuerpo tan mutilado. Este cronista habló con dos miembros de la delegación antes de que partiera de Tegucigalpa. ¿Quieren saber lo que vieron? Vieron a una mujer de 25 años que fue detenida el 14 de agosto en medio de una manifestación en San Pedro Sula y llevada a un baldío, donde fue violada consecutivamente por cuatro policías.

Vieron que los policías golpeaban a los manifestantes hombres pero manoseaban a las manifestantes mujeres, mientras les gritaban qué estaban haciendo ahí, en vez de estar cocinando o cuidando a sus hijos.

Vieron a un hombre con la cara deformada que dijo que se había arrodillado con las manos en la nuca en señal de rendición en una marcha en El Paraíso, y que en esa posición lo molieron a culatazos.

Pudieron comprobar la militarización de la sociedad hondureña, especialmente de las alcaldías y las escuelas de los pueblos del interior, donde el gremio docente encabezó la resistencia. Vieron los retenes militares donde fueron fusiladas tres de las cuatro víctimas fatales del golpe. Vieron a jueces cobardes que avalaron lo actuado y a jueces valientes que intentaron, hablar con los prisioneros de los militares, pero fracasaron en el intento.

Vieron a decenas de personas que fueron golpeadas y torturadas en el sótano del Congreso, y que luego fueron juzgadas por “terrorismo”. Vieron que los militares prestaron apoyo a las fuerzas policiales en tareas represivas, y que las de elite Cobra fueron la fuerza de choque utilizada para romper las manifestaciones.

Vieron a periodistas amenazados por el régimen, que contaron cómo los militares tomaron una antena de televisión y cortaron el cable para censurar las transmisiones de Telesur y CNN en las horas cruciales que siguieron al golpe.

Vieron que miles de personas fueron detenidas arbitrariamente con la excusa del toque de queda, que ya no rige en la capital porque ya no hace falta. Vieron aparecer a un desaparecido, de apellido Armendáriz, que no había sido visto desde que la policía se lo llevó después del golpe.

Vieron que la presión económica y diplomática funciona pero no alcanza, y vieron que la restitución del presidente legítimo Manuel Zelaya para lo que queda de su mandato es casi una utopía. Vieron que en dos semanas empieza la campaña electoral y que la participación popular en esa campaña servirá para legitimar al régimen que la promueve.

“La Comisión considera fundamental que el gobierno de facto adopte medidas urgentes para garantizar el derecho a la vida, integridad personal y libertad personal de todas las personas”, advierten los comisionados.

¿Tiene sentido pedirle a un asesino que no siga matando? ¿Vale la pena hacer la autopsia, si la autopsia no lleva a la cárcel a los culpables de esa muerte?

El comisionado argentino Víctor Abramovich dice que sí. Además de los liberados, del aparecido, de los retenes que se levantaron para no empañar la visita, de las manifestaciones que no fueron reprimidas por la misma razón, además de los que hicieron fila en el hotel para que finalmente alguien los escuche, el especialista citó otra razón. “Acá todos los medios dicen que no hubo golpe, sino una sucesión constitucional. Que vengamos nosotros y digamos que hubo un golpe es muy importante”, señaló.

La muerte de una democracia es una muerte contagiosa. Primero infecta a los organismos multilaterales que no pudieron impedirla ni revertirla, después el virus suele prender en el vecindario.

Primero la muerte, después el olvido, después el lamento tardío. Hay gente dentro y fuera de Honduras que sigue luchando para mantener vivos la memoria del fallecido y el sueño de su resurrección. Otros apenas cumplen con el ritual de masajear el corazón del muerto, sabiendo que no servirá de nada. Otros dan vuelta la cara para no espantarse.

La semana que viene llega a Honduras una delegación de seis cancilleres en representación de la OEA. Su objetivo de máxima parece ser la remoción del dictador Goriletti y su reemplazo con un títere del régimen, lo que ellos llaman “la solución intermedia” al Plan Arias. El Plan Arias, vale recordar, se había vendido como “la solución intermedia” a la vuelta de Zelaya. Pero la restitución del presidente legítimo es la única cura posible, la única medicina que receta ese vademécum de la OEA que se llama Carta Democrática.

Por eso, por más que lleguen llenos de bríos y cargados de buenas intenciones, los cancilleres ya lo saben, o lo deberían saber. El muerto está frío, la autopsia está hecha y sólo les queda cumplir con el trámite de firmar el certificado de defunción.

sodonnell@pagina12.com.ar

Written by Eduardo Aquevedo

23 agosto, 2009 at 22:48

El conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche…

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Por Mariela Vallejos / La Araucanía / La Nación Domingo

chile-mapuches1 La araucanía tras el homicidio de Mendoza Collío

La mil caras del conflicto mapuche

Mapuches con palos en alto en actitudes amenazadoras. Numeroso contingente policial en tenida de combate. Agricultores que lamentan la pérdida de sus bienes. Autoridades que llaman a la calma y acotan el conflicto a menos de una decena de comunidades de un total de más de 1.800. Dirigentes que afirman que el 80% de su pueblo está detrás de ellos. La Nación Domingo estuvo esta semana en la Araucanía. Pase, lea y medite.

Hace frío en Temuco, pero los muchachos no lo sienten. Transpiran empujándose y corriendo en el patio del campus, mientras sus compañeros y profesores los observan sorprendidos.

Nos es habitual que los alumnos de la Universidad Católica practiquen el ancestral juego mapuche del palín. Menos sobre pavimento, en horas de clase y bloqueando una vereda concurrida.

A través de la ventana de su oficina, el padre Fernando Díaz, coordinador de la Pastoral Mapuche de la Zona Sur, observa atentamente: "Esto no es un juego- advierte con una sonrisa algo tensa-. Es una provocación". ¿Y a quién quieren provocar los estudiantes? El sacerdote no tiene dudas. "A toda la comunidad, a Chile", responde.

CHILE-MAPUCHES3 Tras el homicidio a manos de Carabineros del comunero mapuche Jaime Mendoza Collío, hay indignación en el campus de la Católica.

En la Universidad de La Frontera la situación es parecida. Hay asambleas, consignas y letreros y, prácticamente, no se habla de otra cosa.

Por otra parte, los medios muestran una Araucanía en creciente conflicto, con imágenes de policías que se enfrentan a pandillas de jóvenes que arrojan piedras y huyen a campo traviesa.

Organismos internacionales denuncian exceso de violencia policial, militarización del conflicto, aplicación de la Ley Antiterrorista y de justicia militar y planes de restitución de tierras que no se cumplen.

La Presidenta envía una comisión especial de alto nivel a la región, y el gobierno dice que en un total de mil 851 comunidades, siete están en conflicto.

Sin embargo, lonkos de la Alianza Territorial afirman desde Ercilla que su movimiento representa al 80 por ciento de las comunidades de la zona.

¿Cuál es la real magnitud del conflicto? En opinión del dirigente PPD y consejero de Conadi, Hilario Huirilef, "es difícil saber, pues no se pueden verificar las distintas versiones".

Agrega que lo que sí se nota es frustración y decepción. "Vemos que el Estado no tiene ninguna intención de cambiar nada. Que el reconocimiento constitucional (promulgación del Convenio 169 de la OIT que reconoce la existencia de los pueblos originarios en la legislación chilena) es una especie de blanqueamiento de imagen del Estado de Chile ante los organismos internacionales", explica. Y recomienda que "para reanudar el diálogo, lo primero que debe hacer el Estado de Chile es reconocer su violencia, pedir perdón y desarrollar una política especial para nuestro pueblo".

El dirigente afirma que mientras el gobierno destina 3 mil quinientos millones de pesos a mejorar el acceso a Temuco, en zonas rurales no se asigna fondos para mejorar rutas al interior de comunidades, pues se las considera propiedad privada.

"El comunero tiene que gastar 5 mil pesos para salir de su casa por un camino de barro a hacer un simple trámite a Temuco", se queja.

"La restitución de tierras se atrasa, tenemos gente esperando desde 2001, faltan becas, hogares, oportunidades de desarrollo, créditos. Y cuando los comuneros protestan con piedras, les disparan por la espalda, y el gobierno no hace nada".

La intendenta Nora Barrientos sale al paso de las acusaciones: "Gran parte de la presencia de Carabineros en la zona tiene que ver con mandato del Ministerio Público y no del gobierno regional. Estamos conmocionados con la muerte del joven Mendoza y rechazamos la violencia. La fiscalía está investigando y se aplicarán las sanciones que la justicia determine", subraya.

Tras reunirse con la comisión especial enviada por la Presidenta, Barrientos descarta que la Araucanía esté "en llamas", insistiendo en que los hechos de violencia, aunque graves, son aislados: "Hay unas 2 mil 800 comunidades indígenas entre Biobío y Arauco.

Y en este momento tenemos siete, todas en Ercilla, con las cuales no es posible el diálogo", asegura. Según la autoridad, es importante mantener la perspectiva: "Seguimos avanzando en el pacto Re-Conocer, impulsado por el gobierno, que está funcionando bien y muestra que gran parte de las comunidades mapuches se desarrollan en paz.

Me reúno casi todos los días con algún representante de comunidades con las cuales trabajamos. Ellos dialogan con nosotros porque reconocen los avances de las políticas del gobierno", asegura.

Barrientos sostiene que, pese a los incidentes de violencia, las políticas públicas en Ercilla siguen el plan trazado, y destacó la edificación de escuelas mapuches y la construcción de más de 3 mil kilómetros de camino en el sector.

"Estamos asignando unos 4 mil 500 millones de pesos de aquí al 2010 para la concreción de proyectos", subraya.

Sin embargo, los líderes mapuches difieren. Carlos Curinao, lonko de la comunidad Guañaco Millao, perteneciente a la Alianza Territorial (AT), es terminante: las comunidades mapuches alzadas "no son una minoría", y asegura: "Hace unos días éramos treinta comunidades, y después de la muerte de nuestro hermano (Mendoza Collío) nuestro movimiento ya incluye al 80 por ciento de las comunidades. La CAM y los universitarios nos apoyan".

José Naín, también de la AT, anuncia que mañana el movimiento hará una manifestación en Temuco para exigir que el gobierno pida perdón a la familia de Mendoza Collío y se comprometa a compensarla por su pérdida.

Desde el 23 de julio, la AT está promoviendo tomas. Los enfrentamientos con la policía, enviada a desalojar los recintos, han terminado con comuneros y efectivos heridos.

Un autobús interprovincial y dos camiones fueron atacados por encapuchados cerca de Temuco, por la CAM. En respuesta, el gobierno presentó una querella invocando la Ley de Seguridad del Estado.

Funcionarios del gobierno regional admiten un aumento de las demandas mapuches previo a la muerte de Mendoza Collío y lo atribuyen al período electoral.

Hablan de "tomas mediáticas", para forzar nuevas compras de tierra antes de un eventual cambio de gobierno, e incluso llaman la atención sobre colusiones entre comuneros y propietarios, una de ellas detectada por el diario Las Noticias de Victoria.

Éste publicó una entrevista con el comunero Victor Huenchupán, quien admite haberse puesto de acuerdo con un propietario de tierras para tomar un predio y lograr así que la Conadi lo comprara: "La Conadi no compraba, indicando para ello que no contaba con fondos. Por eso- y de común acuerdo con Paulsen hijo (dueño de la tierra)- procedimos a tomarnos los terrenos y, de esa manera, luego de 14 años, la Conadi nos compró 130 hectáreas", reconoce el comunero, hijo de un lonko de la zona.

Mediáticas o no, las tomas dan cuenta de un proceso que exige atención. El antropólogo socialista Eugenio Alcamán propone "acelerar la respuesta del Estado a las legítimas demandas de tierra basadas en títulos legales o ancestrales" y valora la pronta promulgación del Convenio 169 de la OIT.

"Establece la consulta a las comunidades para aprobar nuevos proyectos de inversión. Permite exigir indemnizaciones, mitigación de daños y participación en los beneficios a las comunidades afectadas o involucradas", enumera.

ONG regionales afirman que muchos predios ocupados en las últimas semanas por los mapuches llevan años estancados en el proceso de adquisición a través del Fondo de Tierras y Aguas de Conadi.

El presupuesto asignado para ello en los últimos 15 años es algo más de US$150 millones de dólares. Parece mucho. Pero en la ONG Observatorio Ciudadano contrastan esta cifra con "el presupuesto asignado por el gobierno a otras políticas públicas, el cual es muchísimo mayor".

Uno de sus directores, el abogado José Aylwin, puntualiza que "sólo este año, el gobierno de Chile adquirirá armamentos en EEUU por US$275 millones".

Los fondos destinados a tierras se vuelven insuficientes para cubrir las necesidades, acota Aylwin. "Como lo denunció la Presidenta, el Estado termina pagando tres veces más de lo presupuestado porque hay gente que está lucrando a costa del conflicto", añade.

Según el abogado, de las 115 comunidades priorizadas por el gobierno, a la fecha sólo 36 han recibido solución debido al alza de precios de la tierra.

Aunque la ministra Carolina Tohá dijo que el gobierno analiza hacer una compra masiva de predios para bajar los valores, Aylwin es más drástico y propone que el Estado recurra a la expropiación: "Se trata no sólo de un mecanismo cuya validez jurídica es inobjetable, sino además, de uno que utiliza el Estado con frecuencia en territorios indígenas para materializar proyectos de inversión carreteros o hidroeléctricos. Su utilización en favor de los mapuches daría cuenta de una nueva actitud del Estado para responder a las legítimas demandas de sus comunidades", sostiene.

Pero el gobierno señaló que no está considerando esta opción por ahora.

En Temuco, la intendenta Nora Barrientos insiste en que el gobierno busca activamente soluciones, pero no negociará con quienes recurran a la violencia para presionar a la autoridad.

Aseguró que se mantendrá el cronograma ordenado por la Presidenta Bachelet, para que la Conadi adquiera otros 91 fundos, que se sumarán a los 31 ya adquiridos, de acuerdo a un mecanismo técnico que es necesario respetar".

Por su parte los dirigentes de la Sociedad de Fomento Agrícola (SOFO), de Temuco, llamaron al gobierno a aplicar la Ley de Seguridad del Estado, con el objeto de "imponer el orden".

Respecto de las denuncias del gobierno, Gastón Caminondo, presidente de esta entidad, dijo que "no es responsable" intentar atribuir las alzas de precios a los agricultores. Hay gente que no quiere vender y que por causa del conflicto se ven obligados".

Agrega que en la zona "no hay interés de los privados en comprar tierras donde hay problemas, por lo que el único que puede comprar es el gobierno", y llamó a la autoridad a enfocar su atención en las negociaciones que hace la Conadi en la región.

Cae la tarde y comienza a llover en el campus de la Universidad Católica. Los estudiantes recogen sus palos de chueca y se van a una asamblea. Las discusiones sobre qué hacer están recién comenzando.

¿Hora de agudizar las contradicciones? "Si no nos hacemos cargo del giro que están tomando las cosas, el conflicto se mantendrá y crecerá", mueve la cabeza el padre Díaz.

"¿Sabe que en los allanamientos a los mapuches les quitan los zapatos para comprobar las marcas que pudieran dejar sus suelas. Les revuelven todas las cosas, les quitan cuchillos de cocina. No les devuelven nada. Es humillante. ¿Quién va a defender a esas personas?", pregunta. Y se responde: "Los mapuches de hoy ya no son como antes. Hoy ya no se dejan humillar. Están recomponiendo su tejido social".

Ex ministros Mideplan

Clarisa Hardy: “La temática indígena no puede ser abordada, ni resuelta, con la actual institucionalidad. Por una parte, la Conadi es un servicio que ya no responde a la lógica de la compleja problemática indígena y, por otra, hay una deuda del Estado chileno (no del gobierno) con la demanda de reconocimiento de los pueblos indígenas”.

Andrés Palma: “Hay gente que quiere agudizar el conflicto, porque políticamente es rentable y hay gente también que quiere resolver los problemas de fondo. Yo creo que vamos a ganar los que queremos resolver el problema de fondo. La Presidenta Bachelet desarrolló el Programa Re-Conocer, que es la implementación del nuevo trato con los pueblos indígenas. El reconocimiento constitucional está pendiente y se avanzó con el Convenio 169, que se aprobó con el actual gobierno”.

Alejandra Krauss: “Esto no tiene que ver, única y exclusivamente, con políticas de gobierno. Si uno circunscribe el conflicto mapuche a un tema de un programa de gobierno, este país va a seguir teniendo estos conflictos y muchos otros. Éste no es un problema en el que haya fallado el gobierno. Es la sociedad, y Chile entero, quien tiene una deuda con el pueblo mapuche. Debemos reconocer que somos un pueblo multicultural, multiétnico”.

Roberto Pizarro: “Los gobiernos de la Concertación han fracasado sistemáticamente en relación al tema mapuche. No han respetado los derechos ancestrales u originales del pueblo mapuche. Todos esos resentimientos se convierten en rabia y eso, a su vez, en movilización y protesta. Por otra parte, los gobiernos reaccionan en contra de la protesta, militarizando la Araucanía, reprimiendo y por eso es que tenemos conflicto. El tema no solamente es una cuestión de tierra, sino que hay una problemática cultural”.

Inclusividad: “Tenemos la convicción de que avanzar en los derechos indígenas tiene que ver con fortalecer nuestra democracia, y esto es hacernos corresponsables de cómo construimos una sociedad más inclusiva. Me siento interpretada por las palabras del obispo (Vial) cuando convoca a toda la sociedad. Vivo hace 20 años aquí y me llama la atención el contraste evidente, y la actitud muy frecuente de discriminación en la relación entre los ciudadanos de la Araucanía. Hay barrios segmentados, espacios donde hay solamente mapuches. Hay una sociedad construida desde la fuerza que no reconoce todavía la identidad que la constituye. Cambiar nuestra cultura tomará tiempo. Una demanda muy sentida del pueblo mapuche es que se fortalezca el Fondo de Tierras, pero se tiene que complementar con otras políticas de inclusión. Esto no significa que los habitantes de la Araucanía que no tienen ascendencia mapuche tengan que irse de esta región o que sus inversiones corran riesgos. Todos podemos vivir en esta sociedad multicultural”.

Intendenta Nora Barrientos.

“Queremos eliminar la discriminación en paz”: A través del programa Orígenes, la comunidad Antonio Curapil (10 kilómetros hacia la costa de Temuco) acaba de construir un centro comunitario. A la fiesta de inauguración asisten dirigentes de otras comunidades cercanas, autoridades regionales y el alcalde de Temuco. Dos machis inician una rogativa, que culmina con cánticos. Ocho niños bailan danzas ancestrales y los visitantes se reúnen a almorzar al interior de la sede. “Estamos muy orgullosos de servir a nuestra comunidad”, afirma el lonko Armando Catrileo con una copa en la mano. “Todos sabemos que no ha sido fácil llegar hasta aquí. Nos peleamos muchas veces con las autoridades -ríe-, pero aquí estamos. Logramos construir la sede. Todavía hay discriminación en esta zona, pero queremos trabajar juntos en paz para eliminarla”.

Criminalidad

“El Estado chileno está criminalizando la demanda indígena sin darse cuenta de que es una demanda legítima y creciente. No pueden seguir cabiendo en la sociedad como mano de obra barata; empleada doméstica y para el cuoteo político en que se les reparte migajas. ¿Se construye Ralco? Migajas. ¿Un aeropuerto? Migajas. ¿Un bypass? Migajas. El Estado construye macro proyectos que enriquecen a grupos conocidos y a la comunidad indígena le queda contaminación y marginalidad, asentamientos irregulares y propiedad fragmentada en que se les ahorca espacialmente. Uno se pregunta por qué la buena vida se la pueden dar sólo los que tienen una parcela a orillas del lago Caburgua. Y las comunidades que han vivido siempre así no tienen derecho a una vida decente y limpia”.

Sacerdote Fernando Díaz, coordinador de la Pastoral Mapuche de la Zona Sur.

Chile: en la recta final, Frei y la Concertación asumirán un perfil progresista creíble?

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Por Verónica Muñoz Lathrop / La Nación Domingo

CHILE-FREI-PIÑERA-MEOBloque oficialista logra alinearse en última fase de campaña electoral

La Concertación en la cuenta regresiva

La recta final está encima. En este trecho, la coalición no quiere tropezar con obstáculos autoflagelantes. Los partidos han asumido que no hay tiempo para errores y sus timoneles aseguran que las diferencias quedaron enterradas. El despliegue territorial será decisivo.

El 3 de septiembre, cuando se asome la primavera y el país empiece a cargarse de los simbolismos propios del mes, la Concertación concurrirá al Servicio Electoral para inscribir a todos sus candidatos a diputados y senadores en las 9 circunscripciones y 60 distritos que estarán en disputa en diciembre.

Lo hará, por primera vez, diez días antes del plazo legal para cumplir este trámite. Al día siguiente, el candidato presidencial Eduardo Frei dará a conocer a la ciudadanía su programa de gobierno.

Como se indicó en la coalición, el lanzamiento se efectuará en "un acto solemne, pero no masivo, y en una fecha simbólica para la democracia, el 4 de septiembre".

A esta ofensiva se sumará el estreno del nuevo eslogan "Frei, vamos a vivir mejor", que figurará en los afiches y volantes que empezarán a desplegarse en todo el país como una forma de respaldar comunicacionalmente el trabajo que ya empezó a coordinar el nuevo jefe del equipo territorial, el senador Jorge Pizarro, apoyado por otras connotadas figuras concertacionistas como el senador PPD Guido Girardi -uno de los mayores críticos en las últimas semanas-, los diputados Carlos Montes (PS), Marco Antonio Núñez (PPD) y Roberto León (DC), además de los senadores socialistas Juan Pablo Letelier y Camilo Escalona.

ORDEN EN LA RECTA FINAL

Con estas iniciativas, la Concertación quiere dar una señal de ordenamiento político y unidad. Según fuentes de la coalición, es un paso más urgente que simbólico, considerando los roces que afloraron en las últimas semanas, a poco más de tres meses de las elecciones. Todos lo saben al interior del conglomerado oficialista: la cuenta regresiva comienza en septiembre.

Para el timonel PS, Camilo Escalona, tanto en la cena con Frei el lunes en la noche como en la reunión de la coalición ese mismo día, quedó de manifiesto una voluntad de unidad que permitirá dar un nuevo impulso y superar los obstáculos.

"Se construyó una voluntad política tendiente a resolver y superar las dificultades que ha habido en este tiempo. Por lo tanto, colocaremos el centro de gravedad de la acción de los partidos de la Concertación en el respaldo a la candidatura presidencial", aseguró a LND.

A su juicio, "las dificultades de coordinación han surgido de la falta de unidad. Muchas veces cada partido ha actuado por separado y la unidad que se dio de manera espontánea y natural en otras circunstancias, ahora se ha visto entorpecida por múltiples factores".

El presidente falangista, Juan Carlos Latorre, coincide en que esta fue "una semana de grandes acuerdos", que no sólo abarcaron la integración de figuras como el senador Jorge Pizarro al equipo territorial.

"Se resolvieron claramente las instancias en que deberá definirse el programa presidencial del candidato. Esto da más tranquilidad y permite proyectar mejor la campaña", señaló.

Los radicales, que exhibieron públicamente sus reclamos en los días previos al cierre de la negociación parlamentaria, amenazando incluso con llevar su propia lista y candidato presidencial, ahora están satisfechos.

Para el timonel PRSD, José Antonio Gómez, los recientes ajustes en el comando presidencial, tanto en materia territorial como en los acuerdos programáticos, han logrado un ordenamiento político que era necesario para enfrentar con éxito el desafío electoral que viene.

"Tenemos una buena relación con el candidato y con el comando, con la parte estratégica, territorial y programática. Estamos todos claros hacia dónde vamos", dijo a LND.

En el PPD también están alineados y dejaron atrás las discrepancias que exhibieron respecto del programa de gobierno. El presidente de ese partido, Pepe Auth, bajó el perfil a los roces que se vieron en las últimas semanas.

"Son discusiones propias de un proceso de definición programática que, lamentablemente, se hizo más público de lo que debiera, pero es natural que se manifiesten diferencias, porque cada partido tiene sus propias reivindicaciones", dijo.

En ese sentido, agregó que "peleamos porque la Concertación y su liderazgo presidencial tuvieran una identidad nítidamente anclada en la centroizquierda, porque nos parece que es una condición para ganar la primera vuelta".

Auth sentencia una receta simple: no más errores o descoordinaciones en la recta final.

El timonel del PPD además destacó que la designación de Pizarro en el equipo territorial del comando freísta fue muy bien recibida en los partidos.

"Jorge (Pizarro) es un hombre que sabe de campañas, que además tiene vocación de integración y que conoce la red de alcaldes y concejales que hay en el país. Él optó por poner a los verdaderos líderes a cargo del trabajo de sincronizar la campaña presidencial con la parlamentaria en sus respectivos territorios", explicó.

LA LABOR DE LA NUEVA COMISIÓN

Respecto del programa de gobierno, la nueva comisión integrada por Ernesto Águila (PS), Sergio Micco (DC), Alfredo Bañados (PRSD) y Álvaro García (PPD) y dirigida por el coordinador económico del comando, Óscar Landerretche, comenzó a funcionar esta semana en el afinamiento final.

Tres son los documentos básicos con que está trabajando: el documento que elaboraron los partidos y Océanos Azules, la exposición de Frei en el CEP y el discurso del "Caupolicanazo".

El tema tributario, que amenazó con levantar polémica en momentos en que el país está técnicamente aún en recesión, pasó a segundo plano.

Se pondrá el acento en las propuestas sociales -como educación pública y reforma laboral- y después se verán los instrumentos para financiarlas. La fundamental tarea de definir costos y recursos será abordada por la nueva comisión.

"La Concertación nunca ha presentado un volador de luces. Frei va a presentar un programa que se sabrá cómo se va a financiar y nosotros respaldaremos los instrumentos que se adopten para ello", concluyó Escalona.

Frei: “Cuandos nos unimos, no hay fuerza que nos detenga”

Las banderas rojas del PS recibieron ayer al candidato presidencial Eduardo Frei, en el primer turno de su ronda de proclamaciones, que se prolongó durante todo el día. Cerca del mediodía, relajado y sin corbata, llegó hasta el Teatro Municipal de San Miguel para asistir al comité central de ese partido. De ahí, junto a Sebastián Bowen y Paula Narváez, se trasladó en Metro al edificio del ex Congreso en Santiago, donde lo recibieron cientos de militantes reunidos en la junta nacional de la DC, que agitaron sus banderas de la flecha roja y le dieron una ruidosa bienvenida. En la tarde, dejando atrás los recelos de semanas anteriores, los radicales le dieron por fin el sí y lo proclamaron como su carta presidencial. El PPD ya lo había hecho antes, cumpliendo así un requisito que exige la normativa vigente.

En este marco de agradecimientos y expresiones de apoyo, el senador DC reafirmó el nuevo ánimo en que se encuentra la coalición oficialista y destacó que pese a los vaticinios negativos de la oposición, el conglomerado fue capaz de llegar a un acuerdo parlamentario “con las concesiones y las generosidades necesarias” y que fue sellado cuarenta días antes del plazo legal.

“Aquí está, queridos amigos y amigas, nuestra Concertación, que lo sepan nuestros adversarios (…) cuando la Concertación se une y se pone a andar no hay fuerza humana que la detenga y así se los advierto claramente: la Concertación se echó a andar y una vez más triunfaremos en diciembre”, dijo Frei en tono enérgico. Asimismo, declaró sentirse orgulloso de ser “continuista” de la obra de la Presidenta Bachelet.

La junta nacional DC coincidió con un aparente puente entre el candidato presidencial y ex falangista Adolfo Zaldívar, acercamiento que algunos rechazan abiertamente en el partido. Frei realizó un inequívoco gesto a los colorines, al señalar que “así como también hicimos el acuerdo con el Juntos Podemos para terminar con la exclusión, vamos a estar dispuestos siempre a dialogar y abrir las puertas de nuestra casa para todos aquellos que quieran entrar”.

JUAN CARLOS LATORRE (DC): “Ha sido una semana de grandes acuerdos, no sólo en relación con la integración de personas para conformar mejor el comando en su tarea territorial, sino que además resolviéndose claramente las instancias donde deberá definirse el programa presidencial del candidato”.

CAMILO ESCALONA (PS): “Tanto en la reunión de los partidos de la Concertación como en el grato encuentro con Frei, se construyó una voluntad política tendiente a resolver las dificultades que ha habido en este tiempo y a colocar en el centro de gravedad el respaldo a la candidatura presidencial”.

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ (PRSD): “Vamos a presentar el programa y eso significa ordenarnos en términos políticos. Un eje será la educación pública. Estamos contentos. Tenemos una buena relación con el candidato y con el comando en la parte estratégica, territorial y programática”.

PEPE AUTH (PPD): “La Concertación tiene una poderosa lista parlamentaria. La tarea que viene es la sincronización del despliegue parlamentario con la búsqueda de adhesión a la candidatura presidencial. Si hacemos eso bien, tenemos una gran opción de ganar”.