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Hondura: ¿podrá consolidarse dictadura posbananera con apoyo solapado de EE.UU?

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Ver más abajo: “Zelaya ayudó a la polarización”,

CARTA AMBIGUA DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO SOBRE HONDURAS

Por Santiago O’Donnell

honduras0099 Malas noticias. En Washington, la sensación es que el tema Honduras ya fue. Se cayó de los diarios, salió del Capitolio, ni siquiera es prioritario en Foggy Bottom, sede del Departamento de Estado, donde la nueva alianza estratégica con China ocupa la atención de sus principales figuras. Los mismos diplomáticos latinoamericanos que ayer hacían campaña en favor del presidente depuesto, Mel Zelaya, hoy están ocupados con reuniones multilaterales por la crisis financiera mundial.

En la OEA se discute la formación de una eventual comisión verificadora para viajar a Honduras, pero nadie hace mucho para forzar el acuerdo por verificar. El viernes se suspendió una reunión para tratar el tema sin la presencia de ningún presidente, ningún canciller, salvo la de Honduras, Patricia Roda.

En la reunión, la canciller de Zelaya iba a pedir que se apliquen sanciones comerciales contra el régimen golpista, pero las cámaras empresariales de los países centroamericanos han hecho saber que la interrupción del comercio entre Estados Unidos y Honduras desestabilizaría a toda la región. Con eso alcanzó para frenar cualquier movida en ese sentido.

Pasó la tormenta y la dictadura hondureña se mantiene en pie. Estados Unidos ya jugó sus fichas. El martes suspendió las visas diplomáticas, esto es la inmunidad diplomática en Estados Unidos, a cuatro de los líderes del golpe. Antes había logrado quebrar la cadena de mando en las fuerzas armadas hondureñas al hacer firmar a un grupo de coroneles una carta de adhesión a la salida negociada que propicia Washington, el llamado plan Arias.

No fue suficiente para voltear a la dictadura hondureña, pero Washington tampoco hará mucho más. El Departamento de Estado no quiere que siga el gobierno de facto que encabeza Roberto Micheletti pero tampoco quiere que vuelva con plenos poderes Zelaya, el presidente derrocado el 28 de junio por un golpe cívico-militar.

Zelaya se quedó en la frontera, jugando el rol de héroe en el exilio, sin generar ni por asomo la capacidad de movilización suficiente como para emprender una vuelta triunfal. Con un millón, medio millón, cien mil fieles, otra sería la historia. Pero en su campamento no pudo juntar más de mil quinientos.

Si vuelve sin el poder de las masas y sin acuerdo, Zelaya sabe que lo meten preso y se hacen un gran espectáculo con su juicio político. Si vuelve sin masas pero con acuerdo político, Zelaya sabe que los “verificadores” del acuerdo puestos por Washington le estarán encima para que renuncie y/o llame a elecciones no bien pise el palacio presidencial. Como no le interesa convertirse en un mártir ni tampoco en una marioneta, se queda en la frontera.

Si no consigue volver por las suyas, el futuro político de Zelaya se hace cuesta arriba. Las candidaturas para las elecciones presidenciales del próximo diciembre ya están cerradas y ningún postulante lo representa. Las siguientes elecciones nacionales son dentro de cuatro años porque la constitución hondureña no contempla comicios de mitad de término. Estas limitaciones legales dificultan la gestación y supervivencia de una fuerza de centroizquierda que le permita a Zelaya mantener su presencia en la arena política.

En todo caso, Estados Unidos no quiere correr riesgos. Según contó una fuente con acceso permanente a los negociadores de ese país, ellos están convencidos de que si vuelve Zelaya al poder no vuelve sólo para quedarse cuatro meses. Dicen que si vuelve intentará cualquier trampa para estirar su mandato. Así se refieren a la “encuesta” que había hecho Zelaya para cambiar la Constitución. Como los plebiscitos sobre el tema estaban prohibidísimos, llamó a una “encuesta”, que en este caso es lo mismo que un “plebiscito”, pero con distinto nombre. Esa “encuesta” fue el argumento que dieron los golpistas para dar el golpe.

Por eso el Departamento de Estado quiere sacarse de encima el papelón que les representa la dictadura posbananera de Micheletti, pero no para entregarle el mando a Zelaya, sino para imponer un gobierno de transición que llame a elecciones lo antes posible.

Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela pasan por un buen momento. Así lo reflejan las declaraciones del canciller venezolano Nicolás Maduro de esta semana valorando la decisión de la cancillería estadounidense de cancelar las visas de los golpistas hondureños. Pero, aunque la crisis hondureña generó espacios de consenso que derivaron en un acercamiento, las diferencias ideológicas persisten y la rivalidad se mantiene en pie.

Quedó claro esta semana que la administración Obama quiere dos cosas. Por un lado, preservar el orden constitucional en los países de la región. Por el otro, frenar la expansión del chavismo. Pero también quedó claro que, a la hora de elegir, lo segundo resultó más prioritario que lo primero. “El objetivo estratégico básico de Estados Unidos en América latina es evitar la ampliación de la zona de influencia chavista”, precisa la fuente.

Micheletti resiste pero a costa de un nivel de represión, digamos llamativo, coartando la libertad de expresión, reunión y libre circulación de millones de hondureños. Tal como vienen registrando las distintas misiones de organismos de derechos humanos que han visitado el país después del golpe, lo hace a través de acciones de brutalidad policial en las calles y con clausuras y detenciones arbitrarias, llegando al extremo de asesinar manifestantes para apagar focos de protesta.

Se trata de un cuadro insostenible en el tiempo. Más tarde que temprano el régimen tendrá que abrirse a una “democratización” y la figuras más identificadas con el golpe tendrán que dar un heroico paso al costado, allanando el camino para el famoso “gobierno de unidad nacional”.

Sin embargo, hasta ahora la dictadura ha sido incapaz de siquiera intentar algo semejante. Micheletti sigue teniendo las horas contadas, pero los golpistas han demostrado que no van a entregar la cabeza de su líder a cambio de nada, sólo para atender exigencias de la comunidad internacional.

Por eso juegan a estirar los tiempos, paseando la propuesta de Arias por distintas comisiones del Congreso, simulando una prolijidad institucional que brilló por su ausencia en la burda maniobra militar que terminó con el destierro forzado del presidente.

Los golpistas ya no les responden a sus patrones. Treinta años de lecciones de Washington sobre cómo combatir la amenaza comunista pudieron más que las tibias reprimendas de Hillary Clinton, llamando a “todas las partes” a respetar los mecanismos de la Carta Magna hondureña.

A esta altura de los acontecimientos, hay que decirlo, hay que gritarlo, al presidente de Honduras lo sacaron de su casa en pijamas y a punta de pistola. Se lo llevaron sin una orden de detención firmada por un juez, o sea lo secuestraron. Lo subieron a un avión y lo mandaron a Costa Rica. Lo echaron como a un perro. Al día siguiente le mintieron a todo el pueblo hondureño al presentar una carta de renuncia trucha, con firma falsificada, que ni siquiera estaba fechada en el día correcto. Tres días más tarde lo acusaron de crímenes con penas de hasta veinte años de cárcel. Después lo amenazaron con un “baño de sangre” si volvía para defenderse de las acusaciones. En secuencia cronológica secuestraron, echaron, renunciaron, acusaron y amenazaron al presidente de Honduras.

Lo que pasó no es anecdótico. No se arregla comprando constitucionalistas para que digan que no hubo golpe porque salvo el Ejecutivo, se mantienen intactos los demás poderes del estado. Acá no es cuestión de Zelaya sí, Zelaya no, Chávez sí, Chávez no. Sacaron a su presidente en pijamas. Hasta un asesino serial y violador de niños, cuando lo vienen a buscar, tiene derecho a llamar a su abogado. Y la pena de destierro se abolió en el medioevo.

El desenlace que se perfila, en cualquiera de sus variantes, representa un fuerte retroceso para las democracias en la región y una seria amenaza para la estabilidad de sus sistemas políticos. Hace dos años ni el más afiebrado conspirador imaginaba un golpe militar en América latina.

Hoy, bajo determinadas circunstancias, tomando las precauciones del caso, todas las opciones vuelven a estar sobre la mesa. Ya lo saben los autonomistas bolivianos, los magnates bananeros de Guatemala y Ecuador, los oviedistas paraguayos, los discípulos de D’Aubisson en El Salvador, los ex contras nicaragüenses, los fedecamaristas venezolanos y los hacendados piqueteros de Argentina.

Obama y Hillary parecen subestimar el peligro que estas fuerzas representan. Sería un error de cálculo demasiado costoso.

sodonnell@pagina12.com.ar

CARTA AMBIGUA DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO SOBRE HONDURAS

“Zelaya ayudó a la polarización”

Las medias respuestas del gobierno de EE.UU. y los cotidianos anuncios de la OEA de una misión que nunca termina de formarse frustraron las ilusiones de los zelayistas, que creían que ya era tiempo para una condena contundente de la Casa Blanca.

La misma semana que el presidente hondureño Manuel Zelaya le pidió más contundencia a la Casa Blanca contra los golpistas, el Departamento de Estado dio una nueva señal de ambigüedad. Ayer, el vocero de la cartera, Robert Wood, se exasperó en una conferencia de prensa, intentando explicar la carta de un funcionario que se filtró a la prensa anteanoche y que aclaraba que Washington apoyaba a la democracia hondureña, no a Zelaya.

La carta, que los medios hondureños adeptos al golpe reivindicaron como el “giro” de Barack Obama contra Zelaya, había sido escrita por un funcionario de menor nivel, el secretario adjunto para asuntos legales Rochard Verma, como respuesta a un pedido del senador republicano Richard Lugar. El legislador de Indiana, especialista en temas militares, le había reclamado a la cartera de Hillary Clinton que explicara su posición concreta frente a la situación hondureña. La respuesta fue una de las declaraciones más débiles de Wa-shington desde que condenó el derrocamiento de Zelaya.

“Nuestra política y estrategia de compromiso no está basada en el apoyo a algún político o individuo en particular. Más que eso está basada en la búsqueda de una solución que sirva de la mejor manera al pueblo de Honduras y a sus aspiraciones democráticas”, explicaba la carta, fechada el martes pasado. “También reconocemos –continuó– que la insistencia del presidente Zelaya en tomar acciones provocadoras contribuyó a la polarización de la sociedad hondureña y condujo a una confrontación que desató los eventos que llevaron a su destitución.”

Ayer, Wood intentó explicar que Estados Unidos no había cambiado de postura con respecto al golpe. “No estamos ablandando nuestra posición con respecto a Zelaya (…) Nosotros hablamos de un golpe, pero explicamos que legalmente no podemos decir que fue un golpe militar. Eso sigue bajo revisión”, aseguró.

Las medias respuestas del gobierno norteamericano y los cotidianos anuncios de la OEA de una misión de negociación que nunca termina de formarse frustraron las ilusiones de los zelayistas, que creían que ya era tiempo para una condena clara y contundente de la Casa Blanca.

Sin embargo, la resistencia continúa pese a la dosis diaria de bastones, bombas lacrimógenas y las balas del régimen de facto, que ya dejaron ocho muertos, más de un centenar de heridos y miles de detenidos. “Obama, Obama, el pueblo de Honduras te reclama. No queremos paja”, gritaron más de dos mil personas ayer frente a la embajada norteamericana en Tegucigalpa.

Esta semana, Zelaya había conseguido el apoyo de México para aumentar la presión contra los militares hondureños y el gobierno de facto y, todo indica, se llevará una promesa similar de Luiz Iná-cio Lula da Silva la semana próxima cuando visite Brasil. El miércoles, el canciller de Lula, Celso Amorim, se reunió con el asesor de seguridad de Obama, el general Jim Jones y, según el diario Folha de S. Paulo, le habría propuesto congelar las cuentas bancarias del presidente de facto hondureño, Roberto Micheletti.

La mayoría de los países latinoamericanos se han pronunciado a favor de apretar un poco más las tuercas contra los golpistas. Lo hizo el Mercosur, lo hicieron Bolivia, Ecuador, Chile, México, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Pero Estados Unidos lo sigue analizando, según dejó bien claro ayer el vocero del Departamento de Estado.

Washington suspendió 16,5 millones de dólares en concepto de cooperación militar y canceló cuatro visas diplomáticas a funcionarios del gobierno de facto, entre ellos el juez que ordenó la detención de Zelaya si vuelve al país y el presidente del Congreso hondureño, que reemplazó a Micheletti cuando éste fue nombrado presidente de facto. Esta semana, los medios del país centroamericano empezaron a correr el rumor de que otros ocho funcionarios habrían perdido el privilegio de viajar a Estados Unidos. Ni el gobierno de facto ni el Departamento de Estado confirmaron la versión.

Por estos días, en Washington, todo lo vinculado con Honduras está cruzado por rumores, versiones, desmentidas y aclaraciones. Una fuente de la embajada hondureña que participa de las negociaciones en la capital norteamericana le dijo a este diario que la carta al senador republicano respondía más a una lucha interna que a la puja con los golpistas. “El gobierno de Obama está intentando conseguir el apoyo de los republicanos para confirmar la designación de Arturo Valenzuela como subsecretario para América latina y permitir que (Tom) Shannon parta a Brasil como embajador”, explicó la fuente. Hoy será la última sesión del Senado antes de entrar en el receso de verano y la última posibilidad de Obama de conseguir la aprobación de su hombre para Latinoamérica antes del próximo año legislativo, en septiembre.

PAGINA/12

Cual es la causa del golpe hondureño

Vicenç Navarro

El Plural

Varios medios de información en España han reproducido los argumentos dados por los propios golpistas hondureños para explicar el golpe de estado en aquel país. Tales medios han señalado que el Presidente Zelaya había violado la Constitución, convocando ilegalmente un referéndum para “perpetuarse” en el poder. Se acepta así, la explicación dada por los golpistas, que señalan que la expulsión del Presidente Zelaya ocurrió para impedir que éste convocara un referéndum a fin de alargar su mandato. Un ejemplo de ello es el reportaje del corresponsal de El País en Tegucigalpa, que indicaba que “Zelaya fue derrotado y expulsado el 28 se junio pasado, después de intentar organizar un referéndum para abrir la vía a la reelección, que había sido declarada ilegal por las instancias judiciales” (04.08.09). Según tal reportaje, el golpe tenía por objetivo, pues, evitar que Zelaya se perpetuara en el poder.

Esta explicación ha aparecido en los cinco diarios de mayor tiraje del país. De todos ellos, La Vanguardia ha sido el periódico que ha promovido con más intensidad esta explicación. Su corresponsal en América Latina ha entrevistado nada menos que a Romeo Vásquez, General que realizó el golpe militar, el cual niega en la entrevista que lo que ocurrió en Honduras hubiera sido un golpe militar pues la detención y expulsión del Presidente respondía a principios constitucionales. El entrevistador, el Sr. Ibarz, de cuyos reportajes hablé ya en otro artículo (“Las falsedades sobre Honduras”, Público, 23.07.09) también entrevistó al Cardenal de Honduras, el Sr. Rodríguez Maradiaga, que alegó los mismos argumentos. Por cierto, ninguno de los dirigentes del movimiento en defensa del Presidente Zelaya ha sido entrevistado por La Vanguardia.

La causa principal del golpe, sin embargo, no fue impedir que Zelaya se perpetuara en el poder. El mal llamado referéndum (en realidad fue una encuesta popular gestionada por el Instituto Nacional de Estadística) no hablaba de la reelección del Presidente. En tal encuesta se consultaba a la población si ésta creía aconsejable que se eligiera a una Asamblea Constituyente que permitiera cambiar la Constitución. Y ahí está el meollo de la cuestión. Lo que motivo el golpe fue el deseo de la oligarquía hondureña de mantener intacta la Constitución instaurada por la última dictadura militar. Tal Constitución otorga gran número de privilegios a la oligarquía del país, incluyendo a las fuerzas armadas y a sus aliados en EE.UU. Eran estos privilegios los que la oligarquía y sus fuerzas armadas querían mantener a toda costa. Existía el temor, entre la oligarquía, de que una nueva Constitución pudiese, por ejemplo, pedir la eliminación de bases militares extranjeras en territorio hondureño. Hoy, el Pentágono de EE.UU. tiene una base militar en Honduras, la única existente en Centroamérica, una región de gran importancia estratégica para las fuerzas armadas de EE.UU. Éstas y las fuerzas armadas hondureñas eran conscientes del intento de los progresistas hondureños de cerrar la base, una base que ha sido el centro de actividades militares y represivas llevadas a cabo por las fuerzas militares estadounidenses en toda la región. Las fuerzas armadas hondureñas y sus aliados estadounidenses no desean cambios en la situación actual. De ahí que una de las primeras condiciones que puso el nuevo gobierno golpista al Presidente de Costa Rica (Sr. Óscar Arias) en su mediación fue precisamente que no se cambiara la Constitución.

Las fuerzas progresistas hondureñas querían, también, el enjuiciamiento de los militares que aterrorizaron a la población durante la horrible dictadura que se estableció con el apoyo del Gobierno Federal de EE.UU. También pedían que (como en España) se encontraran a los desaparecidos durante la dictadura y periodos posteriores, en actos de represión política, cuando miles de hondureños y ciudadanos de otros países de Centroamérica fueron asesinados debido a su defensa de la libertad y de los derechos civiles y sindicales de las clases populares. El Presidente Zelaya había aprobado el inicio de tal investigación.

La respuesta de EE.UU.

En EE.UU. la administración Obama está dividida sobre como responder a esta situación. El Partido Republicano apoya a los golpistas y sus argumentos son semejantes a los propuestos por el corresponsal de La Vanguardia, el Sr. Ibarz. El Sr. Zelaya –según ellos- no es ya el Presidente de Honduras, pues, ha sido sustituido por un nuevo gobierno que es el legal. Es interesante señalar que hace setenta años, La Vanguardia (llamada entonces La Vanguardia Española), propiedad de la familia Godó (que apoyó el golpe militar del General Franco en 1936 y la enormemente represiva dictadura que estableció), promovió argumentos legitimadores del golpe militar español, utilizando argumentos casi idénticos a los que su corresponsal utiliza ahora para apoyar a los golpistas hondureños. En España, el gobierno del Frente Popular, en 1936, había violado -según los golpistas- la Constitución española. Se sublevaban –según ellos- para defender la legalidad.

Este apoyo al nuevo gobierno golpista hondureño aparece también entre sectores conservadores del Partido Demócrata. La Administración Obama, sin embargo, considera al Presidente Zelaya como el Presidente legal de Honduras. Este reconocimiento es un paso positivo y marca una distancia con administraciones anteriores. Ni que decir tiene que adoptar una postura distinta habría significado enfrentarse a la gran mayoría de gobiernos de América Latina, así como a la opinión mundial. Ahora bien, la vía de la mediación, propuesta por la Administración Obama y por la OEA, y dirigida por el Presidente de Costa Rica, Óscar Arias, ha abierto la posibilidad de que el Presidente Zelaya vuelva a Honduras como Presidente y a la vez se cancele el intento de cambio de la Constitución. El proceso de mediación, al reconocer a los golpistas, sentándolos en la mesa de mediación al mismo nivel que al gobierno legítimo de Honduras, dio gran poder de veto a los golpistas con lo cual, si se elimina cualquier intento de cambio de la Constitución, se habrá conseguido lo que los golpistas deseaban, es decir que no se cambie la Constitución. De ahí el gran riesgo que supone el proceso de mediación, promovido por la Administración Obama, y liderado por el Presidente de Costa Rica. Tal proceso puede conseguir lo que los golpistas deseaban. De ser así, el proceso habrá alentado a que se produzcan otros golpes de estado en América Latina, pues mostrará que dar golpes de estado es rentable, al conseguirse a través del golpe lo que no se puede obtener a través de las urnas.

Una última observación. El argumento de evitar que dirigentes políticos de América Latina “se perpetúen en el poder” se utiliza constantemente para intentar parar los intentos de aquellos presidentes latinoamericanos, democráticamente elegidos, de cambiar el sistema electoral permitiéndoles presentarse de nuevo, convirtiendo sus sistemas electorales en sistemas semejantes a los sistemas europeos. En la mayoría de países europeos no existen límites en el mandato del Presidente. En Cataluña, el Presidente Pujol gobernó durante 23 años y el Presidente Erlander en Suecia, también, 23 años, sin que los sistemas electorales catalán o sueco pudieran considerarse dictatoriales, pues siguieron las reglas del proceso democrático. El hecho de que los candidatos puedan ser elegidos tantas veces como el electorado desee, no convierte el proceso en dictatorial.

Que un proceso sea democrático o no depende del proceso electoral en si y sobre todo de la pluralidad de partidos y opiniones existentes en el proceso electoral sin limitaciones en la presentación de alternativas. Y es ahí donde el centro del análisis debiera fijarse y no en que sea o no el mismo candidato el que se presente. El sistema electoral bipartidista, no proporcional, que existe en muchos países de América Latina, limita enormemente las posibilidades democráticas de aquellos países, lo cual se debe, no al número de veces que los Presidentes pueden presentarse de nuevo a las elecciones, sino a la escasa representatividad proporcional de sus sistemas electorales y limitada posibilidad de participación popular en sus sistema político. Fijarse en lo primero (la posibilidad de repetir mandato), ignorando lo segundo (la escasa diversidad de sensibilidades políticas y limitada participación ciudadana), es el punto flaco de la mayoría de críticas a la mal llamada “perpetuación en el poder”, argumentación que se hace en nombre de la defensa del sistema democrático.

Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Policy Studies and Public Policy. The Johns Hopkins University

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