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Chile: Por una opción progresista y ciudadana: una Nueva Concertación

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Carlos Ominami, Guido Girardi y otros

CHILE-frei_meo Hoy se hace más evidente la necesidad de la política para cambiar la sociedad. Los empresarios librados a la mera competencia producen monopolios, colusiones, concentración de riquezas, daños ambientales, trabajo precario e ingresos miserables para los trabajadores no calificados. Por ello no pueden gobernarse a sí mismos, ni menos gobernar la nación. El mercado librado a las ambiciones de sus operadores no consigue ocuparse del desarrollo de nuestro país.

La Concertación deberá desarrollar estrategias de fortalecimiento de la inversión pública en ciencia, educación y tecnología, perfeccionar el aparato público para la protección social y generar políticas tributarias que reduzcan las desigualdades sociales, modernizando la gestión del Estado para que gane en eficiencia, sea más transparente y llegue a cada uno de los ciudadanos del país.

La economía debe tener gobernabilidad democrática, por ello es clave una política democratizadora, que tenga presente a la ciudadanía y fortalezca a la sociedad civil. Esto implica perfeccionar los mecanismos de protección de los derechos de los ciudadanos. La democracia moderna debe generar un equilibrio efectivo entre los distintos poderes, rompiendo con el presidencialismo exacerbado que domina Chile; limitar los períodos para cargos de elección popular; contar con formas de revocación del mandato de las autoridades electas; plebiscitos vinculantes para temas nacionales, regionales y comunales, entre otros mecanismos.

Un Chile más igualitario sólo se construirá si la soberanía sobre los recursos naturales está en manos de todos los chilenos y chilenas.

No aceptamos que sean los sectores conservadores quienes tracen los límites entre los cambios deseables y aquellos posibles. Por lo mismo, no da lo mismo quién gobierne y quiénes orienten la elaboración de propuestas programáticas para Chile. Nuestro principal objetivo es contribuir al debate de ideas sobre acciones y medidas que debemos implementar para desarticular la concentración de poder fáctico y fortalecer a la ciudadanía.

Esta propuesta se plantea como contribución abierta al debate junto con la ciudadanía. Se trata de un nuevo paso proponiendo ideas que fortalezcan un debate público, amplio y diverso.

Ejes Temáticos

El documento está ordenado en cuatro ejes temáticos globales:

I.- Nueva institucionalidad para más democracia

II.- Nuevo modelo de desarrollo

III.- Más democracia y más libertades

IV.- Integración latinoamericana, hacia un mundo en paz

I.- Nueva institucionalidad para más democracia

Propuestas

1. El nuevo régimen constitucional debe establecer un nuevo Estado social, democrático de derecho.

2. La nueva Constitución debe consagrar un nuevo régimen político semi presidencial cuyos contenidos esenciales fueron definidos por los principales grupos de dirigentes a fines de los 80.

3. El poder legislativo se constituirá así en un poder con real autonomía del Ejecutivo y con amplias atribuciones legislativas y de control sobre todo el aparato del Estado (Gobierno, municipios, empresas del Estado etc.).

4. El nuevo Estado debe cimentarse también en un equilibrado sistema de pesos y contrapesos del poder político, basado en un robusto Poder Contralor y en la limitación del poder de aquellos órganos no electos por la soberanía popular, que consagran el poder de una elite y no de las mayorías, tales como el Tribunal Constitucional.

5. La Constitución debe asegurar que la economía esté orientada a satisfacer y garantizar el goce efectivo de todos los derechos humanos y a superar las desigualdades sociales.

6. Extender el recurso de protección a todos los derechos fundamentales.

7. Garantizar el ejercicio del derecho a la libertad sexual y reproductiva. Este derecho comprende la libertad y autodeterminación para elegir los métodos más apropiados para la prevención y planificación del embarazo.

8. Establecer el derecho a la educación pública de calidad y no la mera libertad de enseñanza.

9. Explicitar el derecho a la salud para hacerlo exigible.

10. Establecer el Defensor del Pueblo como institución autónoma que evalúa sistemáticamente, el respeto a los derechos humanos.

11. Fomentar el cumplimiento de garantía procesales mínimas (Debido proceso, presunción de inocencia, principio de legalidad).

12. Delegar en los ciudadanos la capacidad de convocatoria efectiva a Referéndum y Plebiscito para temas de trascendencia nacional.

13. El sistema electoral deberá ser de carácter proporcional.

14. Debieran consagrarse además otros dos principios fundamentales: el de la solidaridad del pueblo chileno con los pueblos que sufren (dictaduras, guerras, desastres naturales) y que la política exterior de Chile procurará la paz entre las naciones y promoverá el goce universal de los derechos humanos.

15. El sistema tributario será progresivo y destinado a fomentar la justicia social y la eliminación de las desigualdades sociales.

16. Establecer el principio de respeto y reconocimiento del valor intrínseco de la naturaleza y los seres vivos. Priorizar el respeto a la biodiversidad, como fenómeno interdependiente y sistémico, fundamental para la preservación de la vida en el planeta.

17. Reconocer y consagrar plenamente a nivel constitucional el agua como bien nacional de uso público y como derecho humano fundamental.

La participación garantiza la democracia

Propuestas

  1. Persistir en el derecho a voto de los chilenos en el exterior, como una forma de ampliación de la participación democrática, de preservación del capital humano y del conocimiento de nuestros compatriotas.
  1. Impulsar la iniciativa popular de ley, que consiste en reconocerle soberanía a los ciudadanos para incorporar obligatoriamente al debate legislativo leyes que consideren importantes.
  1. Limitación a los mandatos de representación popular a dos períodos sucesivos, para un mismo cargo.
  1. Generar un financiamiento público básico de las organizaciones sociales que asegure su autonomía y transparencia de los gastos ante sus asociados y el Estado.
  1. Nuevas facultades a los Consejos Económicos y Sociales de las comunas. Participación efectiva de las organizaciones sociales a nivel comunal y regional en la resolución de temas de interés general.

La democracia llega a las regiones

Propuestas

1. Elección directa de Consejeros regionales, los que a su vez eligen al presidente del Consejo Regional, entidad que tendrá el gobierno de la región, sin perjuicio de las funciones que competan a los delegados del gobierno central (Intendentes y Gobernadores).

2. Traspaso significativo de facultades de inversión a las regiones.

3. Establecimiento de Presupuestos Participativos a nivel regional y comunal, con normas mínimas de participación efectiva de la población tanto en la fase de consulta como en la de implementación, para tener así un control ciudadano sobre la inversión y el gasto acordado.

Garantías a los derechos ciudadanos

Propuestas

  1. Fortalecer la institucionalidad fiscalizadora y reguladora sectorial con fuertes atribuciones y potestades de control, monitoreo y sanción.
  1. Mayor participación estatal en los mercados regulados de electricidad, agua potable y telecomunicaciones.
  1. Eliminación del estándar de “empresa perfecta” como modelo para la fijación de tarifas, pues opera en condiciones monopólicas y con integraciones verticales.
  1. Revisión periódica de tarifas por parte de la autoridad.
  1. Mayores sanciones frente al incumplimiento de suministro mínimo.

Chile elimina la usura

Propuestas

  1. Fortalecer las atribuciones y organización de la Superintendencia de Instituciones bancaria y financiera, para asegurar más competitividad entre los bancos.
  1. Regular por vía legal de los procedimientos de apertura, cierre, y tratamiento de instrumentos financieros tales como las tarjetas de crédito y tarjetas de grandes tiendas. No otorgamiento de tarjetas de crédito a personas sin capacidad de pago.
  1. Endurecer las sanciones pecuniarias a las grandes empresas que sobrepasan el interés máximo legal convencional.

  1. Establecerla responsabilidad penal de las empresas.
  1. Regular a las personas jurídicas y naturales que se dedican al empréstito y al cambio de divisas.
  1. Monitorear y controlar permanentemente la tasa de interés cobradas por empresas de retail, bancos e inmobiliarias
  1. Regular la actividad de “factoring no bancario”, para evitar que los riesgos de esta actividad inseguricen el sistema financiero y desestabilicen a la pequeña y mediana empresa, pues operan en condiciones muchas veces cercanas a la usura.
  1. Establecer la prohibición del uso exclusivo de un determinado medio de pago por sobre otro, al comprar cualquier producto, para evitar la especulación y la distorsión de los precios finales reales que se pagan.
  1. Obligar a las grandes empresas de establecer una central de reclamos atendida por personas naturales.
  1. Eliminar la cláusula de aceleración, que le permite al financista, en un breve plazo, cobrar el total por la mora del deudor, sin buscar otras alternativas para el pago.
  1. Regular las repactaciones de crédito. En esta materia hay un vacío legal.
  1. Perfeccionar la Ley del Consumidor en materia de crédito.
  1. Agilizar los procedimientos judiciales en materia de reclamo de los consumidores.
  1. Mayor precisión sobre los cobros y desglose claro en las cuentas sobre los servicios cobrados.
  1. Otorgar mayores facultades a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) a fin de evitar colusiones de precios, barreras a la entrada y abusos de posición dominante.
  1. Subsidio estatal para asociaciones de consumidores, con rendición de cuentas.
  1. Establecer un sistema de quiebra para las familias, que impida que éstas queden sin hogar.


II.- Nuevo modelo de desarrollo

Reforma tributaria para más igualdad

Propuestas

  1. Reforma integral a la tributación actualmente vigente, estableciendo un nuevo sistema impositivo que grave fuertemente y de modo progresivo las utilidades de la industria y las grandes operaciones comerciales y reduzca la carga sobre el ingreso a las personas y las PYMES.
  1. Toda explotación de recursos naturales, que por definición pertenecen a todos los chilenos, debe estar sujeta a tributación. Debe existir una “tabla” de royalties según el tipo de recursos y la política de desarrollo nacional.
  1. Continuar reduciendo la evasión y elusión tributaria de los grupos de mayores ingresos y eliminar, al mismo tiempo, beneficios tributarios que no tienen justificación.
  1. Eliminar el IVA a los libros y establecer un IVA diferenciado más bajo para los productos de primera necesidad (medicamentos, alimentos básicos y otros).
  1. Aumentar los impuestos al tabaco, a las bebidas alcohólicas y a los alimentos altos en sal, grasa y azúcar, por las fuertes externalidades negativas que generan.
  1. Tender al mediano plazo a una carga tributaria del 25 % del producto interno bruto, que es el mínimo necesario para garantizar la calidad de las políticas públicas y la cohesión social.
  1. Tender hacia una tasa plana al impuesto sobre la renta en torno al 30%, que sería igual para las empresas y personas.

Medio Ambiente

Propuestas

Nuevo régimen e institucionalidad ambiental que contemple:

  1. Una nueva autoridad ambiental, dotada de autonomía y poderes reales frente al Estado y los grandes emprendimientos industriales. Eliminación de las COREMAS y su reemplazo por órganos ambientales técnicos y autónomos.
  1. Una nueva legislación marco para el ambiente y los recursos naturales. Reemplazo de la Ley N° 19.300 facilitadora de proyectos de inversión por una Ley Marco del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales con vocación auténticamente ambiental.
  1. Eliminación del actual sistema de evaluación ambiental de proyectos reemplazándolo por uno auténtico y realmente evaluador de las condiciones y efectos ambientales que causaran los proyectos, con instancias y procesos de participación de publicidad y contrapesos de los intereses en juego reales.
  1. Un nuevo sistema jurídico e institucional de control y fiscalización ambiental, con potestades reales y autonomía administrativa, financiera, sin renunciar a las atribuciones fiscalizadoras actualmente existentes de los organismos sectoriales. Establecer la figura legal de delito ambiental.
  1. Revisión integral de toda la legislación ambiental o con incidencia ambiental a fin de determinar vacíos, antinomias y otros conflictos que pugnan con un sistema ambiental de reglas claras.

  1. Una Ley de Ordenamiento Territorial que tenga por fin la regulación del 100% del territorio terrestre y marítimo.
  1. Promover e incentivar mediante instrumentos jurídicos y económicos el uso y la inversión en base a Energías Renovables No Convencionales, el cambio de patrones de consumo con el uso eficiente de la energía y las fuentes renovables como punta de lanza de un nuevo proyecto de país.

  1. Defender la Patagonia Sin Represas como emblema del respeto por el medio ambiente y los proyectos de desarrollo regional independientes del centralismo.
  1. Proteger las comunidades y ecosistemas de nuestro borde costero amenazado por la instalación de proyectos termoeléctricos de gran escala.
  1. Establecer la corresponsabilidad civil y penal de los funcionarios que aprueben proyectos que dañen el medio ambiente y de los ejecutivos de las empresas que causen severos daños al ambiente.
  1. Homologar todas las normas de calidad ambiental a los parámetros reconocidos y recomendados internacionalmente, para agua, aire, suelo, entre ellos normar el PM 10 de acuerdo a normas y recomendaciones de la OMS y normar el PM 2.5 de acuerdo a normas y recomendaciones de la OMS.
  1. Definir que ante cada cuenca saturada, por el sólo hecho de pasar la norma, se declare automáticamente zona saturada, debiendo presentarse dentro de 60 días un plan de contingencia.
  1. Establecer prohibiciones de plaguicidas peligrosos, su importación, comercialización y uso.
  1. Establecer normas de contenidos de sustancias peligrosas, entre ellos, PET COKE.
  1. Control y responsabilidad de los residuos de todo tipo durante todo su ciclo: “de la cuna a la tumba”

Salto en ciencia y tecnología para el Bicentenario

i) País líder en innovación:

Todos los países que han transitado de economías basadas en la exportación de recursos naturales a economías del conocimiento, han invertido 10 veces más que nosotros en el fomento del saber y la innovación, en la ciencia y tecnología.

En términos del PIB, se verifica que el gasto público directo en ciencia, tecnología e innovación ha crecido regularmente en los últimos tres años: en 2007 llegó al 0,28% del PIB, en 2008 se elevó a 0,31% y para 2009 se estima que llegaría en torno al 0,35%.

La innovación es un esfuerzo de mediano y largo plazo que requiere de una mayor integración sistémica entre los distintos actores y de una institucionalidad pública que resguarde que el eje del esfuerzo es el fortalecimiento de las iniciativas creativas de carácter científico y tecnológico que redunden en beneficios para el país y no sólo para los emprendedores.

Es por lo anterior que la creación de un Ministerio de Ciencias y Tecnología permitiría dar respuesta a la integración de los esfuerzos para el desarrollo de esta área. Esta medida no significaría más burocracia, sino que sería una herramienta útil para integrar los conocimientos y esfuerzos dispersos y coordinarlos en una política.

ii) Equidad en el acceso a Internet

Para la economía del conocimiento se requiere de personas con capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, TICs, sin las cuales no se puede lograr una inclusión real. La desigualdad del acceso y uso de las TICs es un problema para el desarrollo del país. Chile sigue creciendo en los diversos indicadores que dan cuenta de la “incorporación y adopción de TICs en los diversos ámbitos de la sociedad” pero lo hace a una tasa insuficiente para mantener su posición relativa en los rankings globales.

Propuestas

  1. Fomentar la investigación y el desarrollo (I+D) para alcanzar las metas propuestas en la estrategia nacional de innovación, en especial la de alcanzar hacia 2021 un nivel de gasto en I+D del 3% del PIB.
  1. Impulsar el acceso a Internet como servicio público con fines sociales, garantizando el acceso igualitario y fomentando el uso de las nuevas tecnologías a bajo costo para reducir la brecha digital. Asegurar la conectividad y uso de tecnologías en educación y servicios de salud.
  1. Dado el carácter concentrado de la oferta de servicios TICs debe mejorarse el marco regulatorio sobre las empresas para asegurar precios razonables, servicios de calidad y mejora en la conectividad de zonas remotas.
  1. Desagregar las redes de telecomunicaciones de las empresas dominantes, para permitir que los pequeños operadores que no poseen redes e infraestructura accedan a las economías de escalas necesarias para entrar a competir en el respectivo mercado.
  1. Dotar a Chile de una Infraestructura Pública Digital (IPD) basado en una red nacional de fibra óptica.
  1. Establecer incentivos para las medianas y pequeñas empresas que fomenten el uso de TICs, tales como beneficios tributarios, capacitación, y sistemas de certificación entre otros.
  1. Actualización de la legislación en el uso de Internet y nuevas tecnologías en lo que respecta a protección de datos privados, neutralidad de la red, promoción de la digitalización de servicios públicos en todo el país –incluidas las municipalidades – y promoción del intercambio electrónico de documentos
  1. Implementar en sectores de bajos ingresos y zonas rurales instancias de participación como cooperativas tecnológicas y mesas TICs regionales.
  1. Impulsar el desarrollo del “gobierno electrónico”, es decir, el uso de TICs para promover la participación ciudadana en niveles gubernamentales, regionales y nacionales, ej. en casos de consultas ciudadanas vinculantes, elecciones nacionales, etc.

Chile opta por energías renovables

Chile carece tanto de una política energética que represente las prioridades del conjunto de la sociedad, como de una visión estratégica para enfrentar los desafíos del futuro. La humanidad vive una crisis energética de envergadura global, que implica la agonía de la civilización del petróleo, pues de acuerdo a los estudios mas optimistas de recursos fósiles quedan reservas sólo para 30 años más.

En Chile la definición de la política energética ha estado principalmente en manos del sector privado, pues es él quien decide dónde y cuándo se invierte, en función de sus “legítimos” intereses de corto plazo, que la mayoría de las veces no representan el interés nacional y que transfiere a la sociedad los costos asociados, estimulando el consumo sobre el ahorro.

Este modelo de incentivo a la demanda, centrado en recursos fósiles cuyos precios –debido a la escasez y demanda mundial – seguirán en aumento, constituye la base de una de las mayores desigualdades que se irán exacerbando en los próximos años: los más pobres tendrán que destinar un porcentaje cada vez mayor de su ingreso a la satisfacción de sus necesidades energéticas (transporte y energía doméstica).

Propuestas

1. Adopción de una política energética que opte, a largo plazo, por las energías renovables, generando una estrategia de reconversión progresiva para el corto – mediano plazo y someta a una muy rigurosa revisión los mega proyectos energéticos en carpeta. Esto requiere objetivos precisos en el tiempo, actores claramente determinados, presupuestos coherentes.

  1. Analizar los mercados energéticos y conciliar seguridad de suministro y crecimiento económico, con el medio ambiente y acceso a la energía.
  1. Revisar la legislación actual en materia de energía eléctrica, introduciendo nuevos principios con fuerte énfasis en la protección ambiental.
  1. Programa especial para la biomasa (20% de la matriz y 50% residencial)
  1. Fijar metas decrecientes en el consumo de energía para el sector de transporte público.
  1. Crear un Fondo para la Innovación y Desarrollo Tecnológico Energético (de renovables, carbón, biomasa y formas de gestión) de, al menos, 1.000 millones de dólares.
  1. Establecer una agencia para el uso eficiente de la energía y las fuentes renovables de energía.
  1. Introducir cambios en la normativa ambiental, colocando especial énfasis en la protección de los ecosistemas marinos, de las cuencas y recursos hídricos.
  1. Generar incentivos económicos y tributarios para el desarrollo de las energías limpias. Ej. fomentar la construcción de viviendas o urbanizaciones térmicas, dotadas de paneles termo solares; promover el uso de, al menos, un 20% de energías limpias por parte de las empresas.

El agua para todos los chilenos y chilenas

i) El mercado del agua

ii) Protección a los glaciares

Otra fuente de agua y vida para los seres humanos y demás seres vivos, está en los glaciares que, pese a ser la principal reserva de agua, carecen de una ley que los proteja. Grandes mineras como CODELCO, Barrick, Pelambres y Angloamerican los están destruyendo en las regiones III, IV, V y Metropolitana, frente a la desidia de las instituciones públicas, lo que agrava y acelera los ya dramáticos efectos del calentamiento global.

Propuestas

1.- Nacionalización del agua: El proceso de nacionalización del agua requiere de un consenso nacional similar al obtenido con la nacionalización del cobre, pues requiere de quórum calificado por parte del Congreso Nacional.

El proyecto de ley debiera reemplazar el inciso 11º del numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política, por el siguiente:

“El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las aguas continentales de la Nación sin perjuicio de poder, mediante los títulos que franquea la ley, reconocer o conceder su uso y aprovechamiento a particulares.

Declárense de utilidad pública, a efectos de expropiación, todas las aguas de la Nación y los derechos que sobre ellas se hayan constituido o reconocido. El Estado y los particulares a quienes se les ha concedido títulos sobre las aguas, tienen el deber preferente de velar por su protección y su uso sustentable. La ley establecerá prioridades de uso de las aguas, así como las condiciones para adquirir y ejercer los derechos sobre ellas.”

2.- Ley de Protección a los Glaciares: La ley debiera señalar que los glaciares son bienes nacionales de uso público, que por su valor y función ambiental se encuentran protegidos con fines de conservación y excluidos al uso o aprovechamiento industrial, a menos que una ley especial de quórum calificado así lo autorice por razones de interés nacional debidamente calificada por el legislador. Sólo se podrán realizar o ejecutar en los glaciares, actividades de recreación, investigación o inspección, debidamente autorizadas, y previa evaluación de impacto ambiental en conformidad a la Ley 19.300.

3. Reemplazar el Código de Aguas por un Código Ambiental de nuestros Recursos Hídricos, basado en la gestión integrada de ellos y con enfoque de cuenca.

4. Establecer el acceso al agua como derecho humano.

5. Garantizar el acceso universal al agua, determinando su uso gratuito en los primeros cuarenta litros por habitante, a partir de los cuales e aplicaría un costo diferenciado.

6. Impedir toda forma de privatización encubierta del medio marino y sus recursos, rechazando la asignación particular y excluyente de estos bienes comunes, con los rasgos del derecho de propiedad, a emprendimientos privados.

Políticas sociales para una mejor calidad de vida

1. Recuperar la primacía de la educación pública de calidad

2. Mejorar sustantivamente el sueldo de los profesores diferenciándolo a través de una Carrera Profesional Docente basada en resultados según evaluación de desempeño.

3. Atraer a buenos egresados de la educación media a la profesión docente aumentando las becas y beneficios si eligen pedagogía.

4. Actualizar el estatuto docente y la evaluación, para que se corresponda con los cambios sociales y se haga extensiva a todos los docentes que trabajan en los establecimientos con financiamiento público.

5. Mejorar sustancialmente la formación inicial docente dando apoyo a las universidades que ofrecen los mejores programas acreditados.

6. Mejorar la remuneración de los directores y directoras, mantener su nivel de remuneraciones cuando dejen sus cargos tras haberlo ejercido por, al menos, cinco años con buena evaluación de desempeño.

7. Diseñar e implementar programas compensatorios para las escuelas más desfavorecidas que incluyan aumento en el financiamiento directo a los colegios; apoyo para mejorar el desempeño de los profesores y el aprendizaje de los estudiantes; y transferencias monetarias a los padres de familia que envían a sus hijos a estas escuelas condicionadas a la asistencia regular de los niños a la escuela.

8. Desarrollar contenidos curriculares explícitos orientados a fomentar el aprendizaje de las niñas en las áreas de ciencias y matemática.

9. Incorporar contenidos y estrategias para promover el aprendizaje de niños y niñas en contextos marginales en las mallas curriculares de la formación inicial y en la formación de los docentes.

10. Cerrar nuevas matrículas a las carreras de Pedagogía que no obtengan la acreditación. Cierre definitivo de aquellas carreras que no obtengan acreditación por segunda oportunidad.

11. Toda universidad perteneciente al Consejo de  Rectores que reciba financiamiento estatal  vía aportes fiscales directos e indirectos deberá destinar el 50% de  su matricula en forma gratuita y exclusiva para estudiantes egresados de liceos públicos.

12. Revisar el sistema de ingreso a la educación superior generando cuotas por escuelas de procedencia en las instituciones que reciben financiamiento estatal. Generar incentivos públicos para el estudio en carreras estratégicas para el desarrollo del país.

13. Establecer pruebas nacionales como parte del proceso de titulación universitaria.

Salud

Propuestas

  1. Restablecer el mecanismo del Fondo Solidario para financiar el Plan Auge, que tiende a equiparar las contribuciones del sector privado y público para la atención de la población más vulnerable, proyecto que fuera desestimado por la oposición de derecha.
  1. Eliminar toda discriminación por edad, sexo o enfermedad preexistente, en los precios de los planes de las Isapres.
  1. Pago íntegro de Licencias Médicas, poniendo término a la capacidad de las Isapres para modificar unilateralmente el pago de éstas.
  1. Prohibir el término o encarecimiento unilateral de los contratos de salud. Establecer un sistema de fiscalización, con planes transparentes y negociados bilateralmente.
  1. Establecer reajuste de planes conforme a un IPC de la salud que fije las bases sobre las cuales se podrán reajustar los planes y prestaciones
  1. Asegurar la cobertura sobre medicamentos en las atenciones de salud.
  1. Fin a la integración vertical del sector privado de salud y los convenios de exclusividad entre aseguradora, prestador del servicio y las farmacias.

Privilegiar la salud por sobre la enfermedad

Por un sistema previsional solidario

Los chilenos hemos perdido 47 mil millones de dólares, que es casi la mitad de todo el valor producido por el país en un año. En los últimos 12 meses las AFP han perdido cerca de un 25% de los fondos de los trabajadores, por la caída de las Bolsas tanto chilenas como extranjeras. El fondo A retrocedió 40,26%, seguido por el B con una caída de 30,08%, mientras que el fondo E, que está menos expuesto a la renta variable, tuvo un leve retroceso anual de 0,93%.

Pero mientras los chilenos ven reducidos fuertemente sus fondos provisionales, las AFP aumentan sus utilidades. Como aún se mantiene el criterio que el 20% de la cotización de cada trabajador va al bolsillo de las AFP, esto significa que de cada $1.000 que entregamos mensualmente a la AFP, $800 son para nuestro fondo y $200 para la AFP.

Por otra parte, la promesa hecha en los años 80 en cuanto a superar por la vía de la privatización el déficit del gasto público que provocaba el sistema de reparto (o solidario), resultó otro fracaso para unos, y un gran negocio para los dueños de las AFP.

El resultado es que, actualmente, el 60% de las pensiones entregadas por las AFP, ha sido inferior a $ 140.000, incluso antes de que ocurriera la pérdida de los fondos de pensiones.

Propuestas

Un mejor sistema competitivo y alternativo al de capitalización individual, se funda en los siguientes pilares:

1. Crear una opción solidaria que compita con el sistema de capitalización individual para hacer realidad la libertad de elección.

2. Integración de los trabajadores en el Directorio y en la Administración de las AFP.

3. Creación de la AFP estatal.

4. Vincular utilidades de las AFP a la rentabilidad de los Fondos de Pensiones para asegurar una mayor equidad para los contribuyentes.

5. Eliminar el retiro programado, para evitar la indigencia al final de los años.

6. Eliminar la facultad que tienen las AFP de invertir el 5% del fondo E en instrumentos de rentabilidad variable.

7. Disminuir el límite de inversión en el extranjero de un 80% a 50% para inyectar recursos a la economía nacional y reducir la dependencia de las bolsas extranjeras.

8. Otorgar –ante la crisis mundial- préstamos reembolsables que permitan jubilar en condiciones similares a las existentes antes de la crisis, esperando el reintegro cuando los fondos recuperen valor.

9. Eliminar la facultad de las AFP para designar directorios, los que deben ser designados por la Superintendencia de un listado de profesionales.

Chile respeta los derechos de los trabajadores

Débil sindicalización de los trabajadores

La tasa de sindicalización y de cobertura de la negociación colectiva de Chile, sigue siendo la menor de América. La oficina regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su informe correspondiente a 2006 sobre el mercado de trabajo chileno, reveló que los sindicalizados llegaron a su punto más débil en 1999, y desde entonces el índice remonta muy lentamente para llegar al año 2007 con una tasa de sindicalización de apenas el 14%.

Asimismo, existe una marcada brecha de género ya que la tasa de sindicalización en el año 2006 alcanzó un 12,9% entre los hombres, pero solamente un 7,5% entre las mujeres.

Problemas en la negociación colectiva

  1. Existe una escasa participación de la fuerza laboral en la negociación colectiva, explicada en parte por la reticencia de los empleadores a permitir la sindicalización.
  1. Hay notorias desigualdades de género en la participación en perjuicio de las mujeres.
  1. Poca información e incentivos para negociar colectivamente.

Las causas que explican en gran parte los problemas mencionados son:

– Necesidad de incorporar el concepto de responsabilidad social de la empresa. Una empresa que respeta la ley laboral, invierte en sus trabajadores, y que tiene un trato justo con los empleados es más eficiente económicamente.

– Legislación engorrosa, burocrática y exceso de normas en la regulación de las Centrales, Confederaciones y sindicatos en el Código del Trabajo.

– Excesivo tecnicismo en la regulación de la huelga.

– Amplitud excesiva de la causal de del artículo 161 del Código del Trabajo o la llamada causal de despido por necesidades de la empresa.

– Inexistencia de delitos laborales que sancionen hechos graves contra los trabajadores por parte de los empleadores.

El aumento de las afiliaciones al seguro de desempleo se puede fomentar por medio de las siguientes medidas.

– Facilitar el acceso de los trabajadores a plazos indefinidos al fondo solidario.

– Incorporar aquellos trabajadores de rentas medias por la vía de reajustar los topes de acceso al seguro.

– Crear un sistema de ahorro voluntario mejorando la rentabilidad.

Propuestas

  1. Reforma al Código del Trabajo en materia de sindicatos, Federaciones y Centrales de Trabajadores, simplificando la constitución de los mismos.
  1. Mayor precisión de la causal de “necesidades de la empresa”. Establecimiento de una prueba más certera para su acreditación por parte del empleador.
  1. Mayor fiscalización de la aplicación del art. 162 inc. 5 o Ley Bustos, que obliga a los empleadores a pagar las cotizaciones previsionales adeudadas al trabajador(a) como requisito para despedirlo.
  1. Establecimiento de un sistema obligatorio de gratificación.
  1. Incentivos tributarios para empleadores que fomentan la sindicalización.
  1. Prohibición del “lock out” y simplificación del ejercicio al derecho a huelga legal.
  1. Permitir la compatibilidad de militancia partidaria con la de dirigente sindical.
  1. Aumento del plazo de fuero maternal y paternal.
  1. Endurecimiento de las sanciones para empleadores registrados por prácticas antisindicales.
  1. Creación de la figura legal de delitos laborales.
  1. Fin a la discriminación salarial contra los trabajadores subcontratados. Instituir legalmente el derecho de trabajadores subcontratados en faenas del giro principal a recibir la misma remuneración base de los trabajadores directamente contratados en las mismas faenas.
  1. Corregir la regulación legal de la gratificación para que haga efectiva participación de los salarios en las utilidades empresariales
  1. Establecer la sindicalización automática, universalizar el seguro de desempleo y la negociación colectiva.

Protección de la niñez, la adolescencia y la familia

Propuestas

1. Consolidar un sistema de protección a la niñez y adolescencia que utilice la experiencia e institucionalidad en desarrollo con los programas Chile Crece Contigo, Chile Solidario y las OPD, fortaleciendo las responsabilidades de los municipios y de la sociedad civil. Para esto es indispensable contar con una autoridad social que coordine y ejecute las políticas.

2. Evaluar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, LRPA, y modificarla asegurando que efectivamente se establezca un sistema de enjuiciamiento, sanción y ejecución especializado y en el que la privación de libertad sea un recurso excepcional. Para ello es conveniente aprobar una Ley sobre Ejecución de las Penas de Adolescentes, aumentando la inversión en recursos humanos, materiales y de rehabilitación.

3. Establecer una Defensoría de derechos que vele por el cumplimiento de éstos en la población menor de 18 años. Deberá tener carácter autónomo de la autoridad gubernamental, emitir informes periódicos a los poderes del Estado y monitorear el cumplimiento de las leyes relativas a la calidad de vida de los niños.

4. Asegurar mecanismos de participación de los niños, niñas y adolescentes a nivel territorial, escolar y en aquellos asuntos que son de su interés.

5. Diseñar y aprobar una Ley de Protección de Derechos que reemplace totalmente a la actual Ley de Menores vigente desde 1967 y actúe como marco al conjunto de la política pública destinada a la infancia. El proyecto de Ley que se encuentra actualmente en la Cámara de Diputados no cumple con esta finalidad.

6. Crear un servicio especializado para adolescentes Infractores de la ley que asuma las tareas desempeñadas actualmente por el SENAME en ese ámbito.

7. Establecer una coordinación de diferentes servicios y programas públicos y privados para la protección de los derechos de niñez que opere territorialmente, como un sistema de protección local de derehos de niñez y desarrolle acciones en el ámbito de las políticas públicas universales –como salud, vivienda, protección social y educación – y en el de la protección de situaciones específicas de vulneración de derechos. Esta red de programas podría absorber las acciones que actualmente desarrolla el SENAME en el ámbito de la protección.

Propuestas

  1. Apoyar el proyecto de ley en trámite legislativo que :
  1. Hace extensivo en la legislación chilena, específicamente la Ley N° 20.066 de violencia Intrafamiliar, a los adultos mayores, pues considera sólo a niños, mujeres y discapacitados como grupos vulnerables.
  2. Reconoce como abuso, formas no consideradas como el caso de la apropiación de bienes y propiedades por parte de familiares directos, cuando se comprueba que no es para el cuidado o bienestar del adulto mayor, sino en beneficio propio, lo que debería ser penalizado.
  3. Modifica el Artículo N° 489 del Código Penal, que exime de responsabilidad criminal a parientes consanguíneos y afines, padres, hijos naturales y cónyuges, estableciendo que esta excepción no sea aplicable en los casos en que la víctima sea un adulto mayor.
  4. Modifica la Ley N° 19.969 de Tribunales de Familia para dotar de una facultad especial al tribunal en el caso de una persona mayor abandonada que requiera de cuidados, pudiendo decretar medidas de internación y cuidado para esos casos.
  1. Incorporar como población objetivo a los adultos mayores en las redes comunales de Violencia Intrafamiliar, generando formas de detección y planes de acción ante este maltrato.
  1. Continuar capacitando a los adultos mayores sobre sus derechos y fomentar redes de apoyo y grupos de autoayuda que eviten el aislamiento social, posibiliten el uso del tiempo libre en su desarrollo personal y la autovalencia.
  1. Promover y evaluar adecuadamente el Programa de Atención Domiciliaria para el adulto mayor, de manera de ir perfeccionándolo y adecuándolo a las necesidades resultantes.
  1. El cambio cultural de Chile respecto de sus adultos mayores pasa por :
    1. La consolidación de la seguridad social del adulto mayor. La previsión y la salud para ellos debe ser objeto de una justicia equitativa que asegure un pago ecuánime en el campo de la salud según posibilidades y un otorgamiento de beneficios absolutamente oportunos en el tiempo.
    2. Asegurar una educación especializada desde el Estado, más allá de la alfabetización, que se abra a la generación de cupos para adultos mayores en las universidades.
    3. Facilitar mecanismos tendientes a asegurar el acceso al consumo cultural, al transporte público, turismo especializado y uso del tiempo libre.
  2. En el marco de la institución del Defensor del Pueblo, establecer un Defensor Ciudadano del Adulto Mayor.
  3. Eliminar el 7% para la salud, a todos los adultos mayores cotizantes del sistema público Fonasa.

III Más democracia y libertades

Chile sin discriminación de géneros

Propuestas

  1. Nueva institucionalidad de género en pos de la igualdad; esto implica fortalecer del rol político y técnico del SERNAM y la arquitectura para la equidad (Consejo de Ministros, Metas Ministeriales, PMG de género, evaluación de resultados, etc.).
  2. Ley integral de protección contra la violencia de género, que vaya más allá del incremento de sanciones en casos de violencia contra la mujer (sensibilización e información y protección de las mujeres víctimas de violencia), distinguiendo la violencia contra las mujeres de la violencia intrafamiliar. Asegurar el financiamiento y los mecanismos que hagan de ella una política de Estado
  3. Participación efectiva de mujeres en los órganos de decisión política: 50/50. Que mujeres y hombres tengan la misma representación en la toma de decisiones
  4. Ley marco de derechos sexuales y reproductivos que asegure el acceso a la información, educación sexual en las escuelas, anticoncepción, incluida la anticoncepción de emergencia. Reponer la norma que autoriza el aborto terapéutico o por razones de salud. Abrir el debate público respecto del aborto.
  5. Desarrollar sistemas que permitan la valorización del trabajo doméstico así como de su reconocimiento a la sociedad.
  6. Generar incentivos para que los hombres asuman responsabilidades propias del ámbito doméstico y familiar compartiéndolas de forma equitativa con las mujeres. Esto implica, por ejemplo, fortalecer permisos de paternidad y por enfermedad de hijos; incluir a los hombres en las políticas laborales sobre licencias y guarderías; modificar el derecho al cuidado infantil para que sea indistintamente reconocido a madres y padres trabajadores y estudiantes.

Reconocimiento y respeto de los pueblos originarios

Los pueblos originarios viven en condiciones de discriminación, pobreza y exclusión que sólo se resolverán con la aplicación de una política coherente de respeto a sus derechos, reconocimiento de sus culturas dentro de un Estado multicultural y con la implementación del Convenio 169 de la OIT. Para que esto ocurra se requiere asumir las conclusiones del informe sobre “Verdad histórica y Nuevo trato” del año 2003 y que es claro en señalar la deuda que el Estado chileno tiene con los pueblos mapuche, aymara y rapa nui principalmente.

Chile respeta la vida de todos los seres vivos

Debe haber una reforma constitucional que consagre el derecho y protección de los animales.

Una concepción moderna, libre y amplia de la vida entiende que el ser humano es sólo parte de un sistema vivo más complejo y que la pretensión de superioridad y sometimiento que se arroga el ser humano sobre el resto de los seres vivos o sobre la naturaleza es una herencia cultural que debemos superar por el reconocimiento y valoración de la existencia, funciones y respeto que merecen todos los seres dotados de vida en el planeta.

Se requiere de una legislación que proteja a los animales de su caza indiscriminada, de su explotación irracional, como también del descuido de sus amos.

Asimismo, Chile necesita una legislación para el control adecuado de los perros y mascotas peligrosas que establezca responsabilidades claras para el Municipio en caso de perros vagos y para los privados en caso de perros de propiedad o bajo cuidado de éstos y que consagre sanciones civiles objetivas y penales en caso de que se haya actuado con negligencia inexcusable y se causen perjuicios en los bienes o en las personas

Chile protege su cultura y patrimonio

El patrimonio cultural es clave en la constitución de la identidad nacional, en el respeto a la diversidad cultural, en la densidad del conocimiento acumulado y como capital de todos los chilenos. Esto obliga a velar por su preservación, ampliación y priorización respecto de los intereses de privados que muchas veces prefieren lucrar con sitios patrimoniales y no resguardar nuestro legado.

Nuestro patrimonio natural protegido está muy disperso, concentrado en la cordillera y altiplano del norte, en el sur y zona austral, pero tenemos mínimas áreas protegidas en la zona central, en la costa y en el sector marítimo. No tenemos ni un solo Sitio de Patrimonio Mundial de UNESCO en la categoría de patrimonio natural y sólo contamos con 5 Sitios del Patrimonio Mundial en la categoría de patrimonio cultural. En cambio México tiene 29 Sitios del Patrimonio Mundial Natural y Cultural, Brasil tiene 17, Perú 10 y Argentina 8.

Si se considera que el presupuesto del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) es de 67 millones de dólares, cifra bastante baja para la promoción de las artes y la cultura, que la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) recibe US $ 41 millones, destinando de su presupuesto US $ 2 millones al Consejo de Monumentos Nacionales, ambos organismos reciben el 0,5% del presupuesto destinado al MINEDUC y no llega al 1% del presupuesto fiscal, pues alcanza el 0,385%.

Propuestas

  1. Ratificar la Convención contra tráfico ilícito de bienes culturales de la UNESCO de 1970, para impedir que Chile siga siendo reconocido internacionalmente como un país donde ingresan ilegalmente bienes patrimoniales de otros países de América Latina y después se exportan.
  1. Incentivar la conservación del patrimonio cultural mediante subsidios, la participación ciudadana y promoción de actividades turísticas sustentables a favor de las comunidades.
  1. Reforma constitucional que garantice la protección real al patrimonio.
  1. Creación de un fondo suficiente para conservar y recuperar el patrimonio.

Chile respeta, promueve y protege los derechos humanos

Las violaciones a los derechos humanos permanecen como un tema abierto, en tanto los responsables tanto de las FFAA y civiles no han reconocido y repudiado los hechos como para convencer al país que no volverían a realizar lo mismo con tal de defender sus intereses. Aún se investigan crímenes, se buscan detenidos desaparecidos y diversos jueces determinan penas con condenas irrisorias que asemejan a una amnistía encubierta.

Los avances que se han dado en materia de derechos humanos son el fruto de la incansable labor de las familias de las víctimas, de los abogados de derechos humanos y de la resistencia de diversos sectores a imponer el silencio y el olvido. Hay perpetradores militares y civiles presos que simbolizan el fin de la impunidad, pero aún el sistema judicial aún es contradictorio y lento.

Una justicia que es lenta y que es escasa no es justicia. Han sido 20 años sin una postura oficial contra el decreto de Amnistía, con elusiones y escasa voluntad de terminar con la justicia “dentro de lo posible”, que no es tal.

Propuestas

  1. Afirmar el principio de ius cogens sobre la inamnistiabilidad e imprescriptibilidad de esto crímenes contra la humanidad , mediante la aprobación de un articulo interpretativo del articulo 93 del Código Penal que les reconozca ese carácter y anular el Decreto Ley Nº 2191 de 1978, conocido como “Ley de Amnistía”.
  2. Firmar y ratificar todos los instrumentos internacionales pendientes en materia de Derechos Humanos
  3. Tipificar y sancionar los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra para hacer efectivo el Estatuto de Roma de 1998.
  4. Modificar la Judicatura Castrense restringiendo la posibilidad que juzgue a civiles y que sirva de vía de impunidad por actos de violencia y abusos cometidos contra particulares. Asegurar estándares mínimos de justo proceso en sus procedimientos.
  5. Derogar completamente la pena de muerte en Chile, que aún sobrevive en la justicia militar.
  6. Aprobar el Proyecto de Ley Marco de Derechos Sexuales y Reproductivos, toda vez que define, promueve y cautela estos derechos como derechos humanos.
  7. Dotar a Chile de una institucionalidad que aborde y enfrente todo tipo de discriminación arbitraria
  8. Establecer en Chile una política de Estado que patrocine y apoye acciones legales de toda persona afectada por actos discriminatorios cuando se encuentre en situación de extrema pobreza y/o alta vulnerabilidad económica. Concretar las garantías a los derechos ciudadanos
  9. Fortalecer los mecanismos de prevención para el cumplimiento de las obligaciones internacionales de resguardo a los derechos de niños y adolescentes.
  10. Someter a revisión la nueva ley de responsabilidad penal adolescente, de manera que sea congruente con los principios que los instrumentos internacionales consagran.
  11. Adoptar y ratificar, por iniciativa del Ejecutivo, los otros instrumentos internacionales relativos a los Pueblos Originarios, que complementan el Convenio 169 de la OIT .
  12. Dejar de aplicar la legislación antiterrorista para hechos que bajo ningún aspecto pueden ser asimilados a ese tipo de crímenes, pues se vulneran las normas internacionales sobre el derecho a la justicia y al debido proceso.
  13. Perfeccionar los mecanismos de fiscalización en los lugares de arresto y detención, y modificar profundamente el sistema carcelario chileno.
  14. Reforzar la Educación en Derechos Humanos en los establecimientos educacionales y en los procesos formativos de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública y de Gendarmería de Chile para formar sujetos de derecho, sujetos “vigilantes” de la vigencia de todos los derechos: civiles y políticos; económicos, sociales y culturales; derechos ambientales y de los pueblos.
  15. Suspender de manera definitiva la formación de personal militar en el “Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica” del Ejercito de los Estado Unidos de América, anteriormente conocido como Escuela de las Américas.
  16. En la nueva Constitución incorporar aquellos aspectos fortalecen la participación política igualitaria
  17. Evitar el empleo de la fuerza en las actuaciones policiales durante reuniones ilícitas pero pacíficas, y evitar tendencia penalizar y estigmatizar conflicto sociales.
  18. Modificar el Servicio Militar Obligatorio para que sea acorde con una sociedad que respete y promueva los Derechos Humanos.
  19. Ampliar la acción constitucional de protección para que amparé también los derechos sociales, económicos y culturales.

Ordenamiento territorial, vivienda y urbanismo

Después de casi dos décadas de gobiernos democráticos, el balance de este ámbito es más de agraz que de dulce. Por una parte, se han remontado la mayor parte de los déficits básicos, los que resuelven necesidades fundamentales de los habitantes, tanto urbanos como rurales. La cobertura de agua potable y de alcantarillado es cercana al 100% en las áreas urbanas, más del 80% de las aguas servidas son tratadas y la cobertura será casi completa en los próximos años; la electrificación y la pavimentación en las ciudades ha registrado avances importantes. Del mismo modo, una batería de otros indicadores de coberturas también ha evolucionado positivamente, como accesibilidad a servicios de salud y educación, conectividad vial, disminución del déficit habitacional, conexión a internet, entre otros, registra cifras positivas.

Hoy todos los indicadores son favorables y dan cuenta de una situación de servicios básicos cubiertos, lo que con claridad refleja la transformación económica del país en el período y de la capacidad del sistema de planificación y ejecución de la inversión del sector público. El crecimiento del PIB está asociado a incrementos de la población que viven las ciudades, donde se concentran gran parte de los beneficios. Pero esto no asegura la calidad de vida.

La vida urbana en Chile es inequitativa y excluyente, privatizada y mercantilizada, dual e insustentable, desigual y segregada, como lo es en todas las que ha primado el neoliberalismo sin regulación. Si bien las familias chilenas son menos pobres de lo que eran hace 20 años y los indicadores básicos positivos; por una parte es más fácil que retrocedan a la pobreza en un medio fragilizado y de vulnerabilidad, por otra hoy la calidad de vida se mide de acuerdo a nuevas necesidades y requerimientos. Inclusión, participación e igualdad en el acceso a los beneficios del mundo global son parte de la demanda que no ha tenido respuesta en el período. Es posible afirmar que sufrimos una ausencia de política pública que explícitamente resguarde, fomente y desarrolle expresiones de interés público en el territorio, en las regiones y en las ciudades.

Se ha perdido la capacidad de planificar de manera integral. En el mejor de los casos se piensa sectorialmente, con horizontes limitados y carencia de enfoques estratégicos. Se debe desarmar la ‘naturalidad’ neoliberal y plantear escenarios de futuro sobre otra base.

Propuestas

1. Planificar el Chile de los próximos 100 años, no para cristalizar centralizadamente su futuro, sino para abrirlo estratégicamente, mediante procesos participativos que integren a públicos, privados y a la sociedad civil en visiones de consenso.

2. Generar una real descentralización, que permita el desarrollo de las regiones. Para esto es necesario crear incentivos para la expansión y el desplazamiento de los ejes principales de la dinámica nacional hacia los espacios locales y regionales, que deben ser dotados de capacidades instaladas y de oportunidades

3. Construir asociaciones múltiples sobre bases concretas, transparentes y productivas, por ejemplo, entre el sector público y el sector privado para impulsar iniciativas territoriales de desarrollo; o entre privados y comunidades para negociar los usos de recursos locales de carácter público.

4. Generar sistemas de acceso y de gestión a la calidad de vida, expresada en la vivienda, en la infraestructura de las ciudades y en el espacio público. Por ejemplo: sistemas de conectividad más que de carreteras; procesos de habitabilidad e inclusión más que cantidades de casas

5. Asumir que el ordenamiento territorial, las ciudades, el urbanismo y la vivienda para los más pobres son roles públicos, para lo cual se requiere financiamiento suficiente y una regulación con vocación, entre otras capacidades del Estado.

6. Generar incentivos de localización, para favorecer las regiones, a través de subsidio a la mano de obra, a la instalación de colegios, disminución de impuestos territoriales, etc.

Libre acceso a las playas, ríos y lagos para chilenos y chilenas

La protección del derecho que consagran las normas del Código Civil, en cuanto al uso de los bienes nacionales, se reguló en el Decreto Ley 1939 sobre adquisición, administración y disposición de los bienes del Estado, donde se consagra el acceso libre y gratuito a las playas y riberas de mar, lagos y ríos.

El problema, es que ni el Código Civil ni el Decreto Ley 1939 consultan normas de protección para los afectados, es decir, para las personas que, teniendo el derecho a acceder en forma gratuita a las playas, no pueden ejercer este derecho porque el propietario no ha solicitado ante el Intendente que se fije una servidumbre de paso.

Propuestas

  1. Todos los predios ribereños a playas y riberas de mar, lagos y ríos debieran estar gravados, por el sólo ministerio de la ley, con un derecho de paso consistente en poder acceder a través de ellos en forma libre, pública y gratuita a los territorios comprendidos por playas y riberas de mar, lagos y ríos, para fines turísticos, recreativos y de pesca.

  1. Todo proyecto inmobiliario, loteo o subdivisión predial colindante con playas, riberas de mar, río o lago debiera contar, para su aprobación e inscripción, con un acceso público peatonal y vehicular, debidamente señalizado, para los fines señalados en esta ley.


IV. Integración latinoamericana hacia un mundo en paz

Chile integrado en la región y en el mundo

La reinserción de Chile en la comunidad internacional, realizada al mismo tiempo que el país consolidaba su democracia, representa un notable esfuerzo de adaptación a un mundo caracterizado por la incertidumbre

Estas metas se materializan convirtiendo a Chile en puente y plataforma de servicios para el comercio interoceánico, acercando ambas orillas del cono sur americano, a través de la construcción de ejes de interconexión viales y ferroviarios, cuyo financiamiento y administración exige un esfuerzo mancomunado que se alza como uno de los pilares de la integración.

Todo esto debe hacerse de modo coordinado entre el centro, las regiones y los municipios, ya que la participación de los gobiernos subnacionales en el proceso de internacionalización es consecuencia de las nuevas reglas del mundo global, expresan el mandato descentralizador de la democracia, ayuda a enriquecer la imagen del país e impulsa un crecimiento vigoroso y territorialmente equilibrado.

Una política exterior activa requiere una Cancillería moderna y una diplomacia renovada.

Hay que poner al día la gestión internacional del Estado con urgencia. La modernización de la Cancillería es posible, tanto si se compara con la experiencia internacional como si se observan las reformas que se han realizado en Chile.

Se trata de refundar el Ministerio de Relaciones Exteriores, tarea posible sólo si se convoca al conjunto de la sociedad chilena: a la comunidad de expertos en relaciones internacionales, a los partidos políticos, a las organizaciones sindicales y empresariales, es decir, a todos los ciudadanos pues el país reclama su aporte como principal beneficiado por los frutos de una acción exterior realmente eficaz.

En resumen, la nueva Cancillería debe construirse a partir de una política de recursos humanos profesional y eficiente, de la especialización de la diplomacia en aquellos temas que inspiran a la integración de América Latina y que dirigen la globalización, de la flexibilidad en métodos e instrumentos, de la coordinación con los demás órganos públicos y con los actores sociales, y con un enfoque de política exterior descentralizado, que otorgue a las regiones las herramientas para su propio desarrollo.

Propuestas

  1. Crear una Dirección de Integración Sudamericana.
  1. Crear una Dirección Sociedad Civil, la cual se preocupe de coordinar la relación internacional de las organizaciones de la sociedad civil con la política exterior del Estado de Chile

  1. Reestructurar la Academia Diplomática, convirtiéndola en el “Instituto de Relaciones Exteriores de la República de Chile”, plantel de nivel universitario, dedicado a la docencia, la investigación y la extensión en el ámbito de las relaciones internacionales y de la diplomacia, con facultades para otorgar títulos profesionales y post grados.
  1. Llenar el cargo de Director de Recursos Humanos por concurso público y oposición de antecedentes, estableciendo como requisito para cumplir dicha función un título profesional igual o equivalente a Ingeniero Comercial o Administrador Público, con experiencia gerencial en el sector privado.
  1. Establecer una carrera diplomática que comience con la aprobación de un curso realizado en el Instituto de Relaciones Exteriores de la República de Chile, para el cual existirá una selección previa, ascendiendo por concurso a los cargos superiores hasta el grado de Ministro Consejero, siendo requisito para ser Embajador ser propuesto por el Presidente de la República y ratificado por el Senado.
  1. Impulsar la especialización de los diplomáticos en los ámbitos bilateral, multilateral y económico, con énfasis en la integración latinoamericana y los regímenes internacionales.
  1. Instaurar una carrera consular que comience con la aprobación de un curso realizado en el Instituto de Relaciones Exteriores de la República de Chile, para el cual existirá una selección previa, ascendiendo por concurso a los cargos superiores hasta el grado de Cónsul General.
  1. Crear una carrera administrativa que comience con la aprobación de un curso realizado en el Instituto de Relaciones Exteriores de la República de Chile, para el cual existirá una selección previa, ascendiendo por concurso a los cargos superiores hasta el cargo de Director General Administrativo.
  1. Ampliar la planta profesional y técnica.
  1. Fundar un “Consejo de Relaciones Exteriores” que refleje en su composición a la sociedad chilena y se pronuncie sobre las consultas que realice el Canciller u otras autoridades nacionales, en reuniones periódicas realizadas a lo menos cada dos meses.
  1. Modernizar la estructura de la Dirección de Fronteras y Límites del Estado, flexibilizando conceptos y limitando su ingerencia a los aspectos técnicos que le son propios.
  1. Respaldar la ley que actualmente se tramita en el Congreso, pero adicionarle todas aquellas materias que así lo ameriten, por la vía que se considere más idónea. En su defecto, si este cuerpo legal fuera aprobado antes de la asunción del nuevo gobierno, elaborar una nueva ley que aborde los aspectos faltantes.

Defensa: consolidando la paz regional

La Defensa Nacional, es una función prioritaria para el Estado de Chile. Consecuentemente el Gobierno debe desarrollar y administrar la Defensa con políticas públicas de Estado, de largo plazo, muy profesionales, dejando en segundo plano las consideraciones políticas contingentes. Su propósito central es dar protección a la población, al territorio nacional, a los bienes y actividades que se desarrollan dentro de nuestras fronteras y debe apoyar la gestión de la política exterior de Chile. (Libro de la Defensa).

Para que la Defensa Nacional pueda cumplir bien con sus tareas, debe tener una estructura y organización superior moderna, que posibilite desarrollar procesos de toma de decisiones coherentes y comandada por profesionales con las competencias que permitan tener eficacia y eficiencia, en el uso de los recursos que el Estado pone a su disposición.

Los hombres y mujeres que integren las instituciones de la Defensa, deben ser profesionales de alto nivel técnico, formados con los valores históricos de sus Instituciones, así como en el respeto irrestricto a la doctrina de los Derechos Humanos y la subordinación al poder civil democrático. Deben ser bien remunerados y mantener sus tradiciones en el desarrollo de su carrera profesional. En este aspecto la Defensa Nacional debiera modernizar la carrera profesional de todos sus integrantes, considerando el entorno y condiciones sociales que actualmente tiene nuestro país.

El Presupuesto de la Defensa Nacional, debe permitir tanto la operación como el desarrollo armónico de sus instituciones y el equilibrio con una política exterior de consolidación de la paz regional. Es conveniente concretar el cambio del sistema actual de entregarle a las FF.AA. recursos provenientes de la Ley del Cobre, por otro basado en un porcentaje del PIB, definido cada 4 años, en conjunto entre el Ejecutivo y Legislativo.

Igualmente la discusión Presupuestaria que se dé en el Congreso, debe ser en fecha distinta a la del Presupuesto Nacional para evitar politizar este proceso.

Propuestas

  1. Reducción y eliminación progresiva del arsenal, infraestructura y poder bélico nacional
  1. Reducción progresiva del presupuesto militar
  1. Diseñar y liderar a nivel regional un acuerdo multilateral de desarme.

  1. Término de la Ley de financiamiento con el 10 por ciento de las ventas del Cobre
  1. Rigurosa formación institucional en la doctrina de respeto a los Derechos Humanos y la subordinación al poder civil.

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