Chile y las presidenciales: la gran batalla por la clase media…, P. Navia

Patricio Navia

Nunca antes la clase media -la de verdad, no la mítica de los 60 que sólo existía en Ñuñoa- había sido tan decisiva en una elección presidencial como lo será ahora. La creciente clase media chilena parece inclinada a castigar a la Concertación. Sorpresivamente, ese castigo no se transforma automáticamente en intención de voto para Sebastián Piñera. Contrario a lo que hemos visto hasta ahora, donde el énfasis ha estado en la red de protección social, la campaña se centrará en los temas que importen a este estrato socioeconómico.

Desde sus inicios, la base electoral de la Concertación han sido los sectores de menos ingresos. En 1989, la Concertación obtuvo su mejor votación en las zonas con mayores niveles de pobreza. Durante los 90, esa coalición mantuvo la lealtad de esos electores que mejoraban su calidad gracias al crecimiento, el bajo desempleo, el crecimiento de la fuerza laboral, una menor inflación y mejoras en salud, educación, vivienda e infraestructura. Hasta ahora, las elecciones presidenciales se habían definido por la dificultad de los candidatos de derecha para obtener apoyo en sectores populares.

En 2009, la Concertación pudiera ser víctima de su propio éxito. Los sectores bajos y medios-bajos son un 60% de la población, pero su peso en el padrón electoral es un 50%, el más bajo desde 1990. La Concertación sigue siendo dominante, pero ese grupo pesa menos. Gracias a la red de protección social de Bachelet, y al esfuerzo del candidato en asociarse a la continuidad, Frei tiene un 38,2% en intención de voto en los sectores bajos, superando a Piñera (29,3% CEP de junio). Repitiendo la tendencia de elecciones pasadas, Piñera aventaja a Frei en los otros grupos. La diferencia notable ocurre en el sector medio bajo, donde Piñera dobla la intención de voto (39,6% contra un 19,5%). Ya que este grupo representa el 35% de los inscritos, la enorme ventaja de Piñera en ese sector constituye un problema para Frei.

En las cuatro elecciones anteriores, la Concertación logró ganar, porque tuvo una clara mayoría en los sectores populares y logró una votación minoritaria, pero lo suficientemente alta, en la clase media. La estrategia de protección social de Bachelet beneficia a los sectores populares leales con la Concertación. Pero las clases medias se benefician mucho menos de los subsidios. Es verdad que algunas de las reformas ayudan, como la de las pensiones, pero a largo plazo. En cambio, las clases medias sufren desproporcionadamente cuando aumenta el desempleo y escasean oportunidades.

La percepción de que el sistema chileno favorece a los ricos que lo tienen todo y a los pobres que tienen la protección del Estado, alimenta la frustración de los sectores medios.

Como ya han advertido parlamentarios concertacionistas que representan distritos de clase media, esos sectores están molestos con la Concertación y están preparados para castigarla. Marco Enríquez-Ominami  no le quita votos a la Concertación en los sectores populares, se los resta (también a Piñera) en la clase media que quiere castigar a la Concertación.

La clase media representa el 18,7% del país. Este es el grupo que más asocia el éxito con las oportunidades. Uno de cada cuatro miembros cree que la iniciativa personal es responsable del éxito de las personas. En la clase alta y la clase media baja, sólo uno de cada seis piensa lo mismo. Tal vez por eso, por cada dos votantes inclinados a apoyar a Frei en la clase media, hay tres que votarían por Piñera. La imagen de un empresario exitoso que puede abrir las grandes alamedas de las oportunidades resulta atractiva para este sector. Aunque nunca ha sido proclive a la Concertación, este sector aparece hoy como mucho más dispuesto a apoyar la alternancia en el poder.

La clase media baja es el 24,7%, el segundo grupo más numeroso del país. Si bien entiende la necesidad del emprendimiento y la educación como vías al éxito, este grupo también percibe que no está recibiendo suficiente ayuda del gobierno. Al evaluar la economía, en sus expectativas sobre el futuro, este grupo se parece al de clase baja. Pero al evaluar diagnósticos y políticas públicas, la clase media-baja se comporta como la media.

En síntesis, la clase media-baja tiene los mismos temores a la pobreza y al estancamiento que la baja, pero comparte los sueños y aspiraciones de la media. El temor a perder el empleo está tan presente como el sueño de que sus hijos accedan a educación de calidad.

Hasta ahora, si la clase media se parece a la alta en sus preferencias por la Alianza, la media-baja se ha asimilado a los más pobres en su favoritismo oficialista. Pero en tanto es concertacionista cuando priman sus temores, la media-baja tiende a ser más aliancista a la hora de soñar. A diferencia de la clase baja, cuya identidad concertacionista se consolida con los subsidios, la media-baja no tiene motivos para seguir siendo oficialista. Si Piñera es capaz de combinar un mensaje de mayor protección con uno de oportunidades, la balanza en la clase media baja se cargará a lo aspiracional y la Alianza podrá cosechar. Al ser la más volátil y precaria, la clase media-baja es la más inestable electoralmente. Hasta hoy, Piñera gana esa batalla.

La irrupción de Enríquez-Ominami en la clase media debiera servir de advertencia a Piñera y pudiera convertirse en la estrategia de salvación de Frei. Piñera no ha logrado capitalizar el descontento de la clase media con la Concertación. El empresario político -que a diferencia de Lavín en 1999 no tiene tanta llegada a sectores populares- debe ganar ampliamente en la clase media. Pero si no articula un discurso que hable más de oportunidades que de red de protección social, más de empleos bien remunerados que de subsidios, no atraerá a la clase media.

De igual forma, Frei necesita que aquellos que mejoraron su estándar de vida en estos 20 años vuelvan a creer en la coalición que les abrió las puertas de la clase media. El candidato necesita demostrar que su coalición es capaz de distribuir subsidios, pero también puede crear oportunidades para que la clase media se consolide y siga creciendo.

La elección de 2009 será distinta a las cuatro anteriores. Precisamente porque el país ha crecido y la clase media se ha extendido, por primera vez desde el retorno de la democracia será la clase media -y no los sectores populares que seguirán siendo leales a la Concertación- los que definan el nombre del próximo Presidente de Chile.

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Chile: Por una opción progresista y ciudadana: una Nueva Concertación

Carlos Ominami, Guido Girardi y otros

Hoy se hace más evidente la necesidad de la política para cambiar la sociedad. Los empresarios librados a la mera competencia producen monopolios, colusiones, concentración de riquezas, daños ambientales, trabajo precario e ingresos miserables para los trabajadores no calificados. Por ello no pueden gobernarse a sí mismos, ni menos gobernar la nación. El mercado librado a las ambiciones de sus operadores no consigue ocuparse del desarrollo de nuestro país.

La Concertación deberá desarrollar estrategias de fortalecimiento de la inversión pública en ciencia, educación y tecnología, perfeccionar el aparato público para la protección social y generar políticas tributarias que reduzcan las desigualdades sociales, modernizando la gestión del Estado para que gane en eficiencia, sea más transparente y llegue a cada uno de los ciudadanos del país.

La economía debe tener gobernabilidad democrática, por ello es clave una política democratizadora, que tenga presente a la ciudadanía y fortalezca a la sociedad civil. Esto implica perfeccionar los mecanismos de protección de los derechos de los ciudadanos. La democracia moderna debe generar un equilibrio efectivo entre los distintos poderes, rompiendo con el presidencialismo exacerbado que domina Chile; limitar los períodos para cargos de elección popular; contar con formas de revocación del mandato de las autoridades electas; plebiscitos vinculantes para temas nacionales, regionales y comunales, entre otros mecanismos.

Un Chile más igualitario sólo se construirá si la soberanía sobre los recursos naturales está en manos de todos los chilenos y chilenas.

No aceptamos que sean los sectores conservadores quienes tracen los límites entre los cambios deseables y aquellos posibles. Por lo mismo, no da lo mismo quién gobierne y quiénes orienten la elaboración de propuestas programáticas para Chile. Nuestro principal objetivo es contribuir al debate de ideas sobre acciones y medidas que debemos implementar para desarticular la concentración de poder fáctico y fortalecer a la ciudadanía.

Esta propuesta se plantea como contribución abierta al debate junto con la ciudadanía. Se trata de un nuevo paso proponiendo ideas que fortalezcan un debate público, amplio y diverso.

Ejes Temáticos

El documento está ordenado en cuatro ejes temáticos globales:

I.- Nueva institucionalidad para más democracia

II.- Nuevo modelo de desarrollo

III.- Más democracia y más libertades

IV.- Integración latinoamericana, hacia un mundo en paz

I.- Nueva institucionalidad para más democracia

Propuestas

1. El nuevo régimen constitucional debe establecer un nuevo Estado social, democrático de derecho.

2. La nueva Constitución debe consagrar un nuevo régimen político semi presidencial cuyos contenidos esenciales fueron definidos por los principales grupos de dirigentes a fines de los 80.

3. El poder legislativo se constituirá así en un poder con real autonomía del Ejecutivo y con amplias atribuciones legislativas y de control sobre todo el aparato del Estado (Gobierno, municipios, empresas del Estado etc.).

4. El nuevo Estado debe cimentarse también en un equilibrado sistema de pesos y contrapesos del poder político, basado en un robusto Poder Contralor y en la limitación del poder de aquellos órganos no electos por la soberanía popular, que consagran el poder de una elite y no de las mayorías, tales como el Tribunal Constitucional.

5. La Constitución debe asegurar que la economía esté orientada a satisfacer y garantizar el goce efectivo de todos los derechos humanos y a superar las desigualdades sociales.

6. Extender el recurso de protección a todos los derechos fundamentales.

7. Garantizar el ejercicio del derecho a la libertad sexual y reproductiva. Este derecho comprende la libertad y autodeterminación para elegir los métodos más apropiados para la prevención y planificación del embarazo.

8. Establecer el derecho a la educación pública de calidad y no la mera libertad de enseñanza.

9. Explicitar el derecho a la salud para hacerlo exigible.

10. Establecer el Defensor del Pueblo como institución autónoma que evalúa sistemáticamente, el respeto a los derechos humanos.

11. Fomentar el cumplimiento de garantía procesales mínimas (Debido proceso, presunción de inocencia, principio de legalidad).

12. Delegar en los ciudadanos la capacidad de convocatoria efectiva a Referéndum y Plebiscito para temas de trascendencia nacional.

13. El sistema electoral deberá ser de carácter proporcional.

14. Debieran consagrarse además otros dos principios fundamentales: el de la solidaridad del pueblo chileno con los pueblos que sufren (dictaduras, guerras, desastres naturales) y que la política exterior de Chile procurará la paz entre las naciones y promoverá el goce universal de los derechos humanos.

15. El sistema tributario será progresivo y destinado a fomentar la justicia social y la eliminación de las desigualdades sociales.

16. Establecer el principio de respeto y reconocimiento del valor intrínseco de la naturaleza y los seres vivos. Priorizar el respeto a la biodiversidad, como fenómeno interdependiente y sistémico, fundamental para la preservación de la vida en el planeta.

17. Reconocer y consagrar plenamente a nivel constitucional el agua como bien nacional de uso público y como derecho humano fundamental.

La participación garantiza la democracia

Propuestas

1. Persistir en el derecho a voto de los chilenos en el exterior, como una forma de ampliación de la participación democrática, de preservación del capital humano y del conocimiento de nuestros compatriotas.

1. Impulsar la iniciativa popular de ley, que consiste en reconocerle soberanía a los ciudadanos para incorporar obligatoriamente al debate legislativo leyes que consideren importantes.

1. Limitación a los mandatos de representación popular a dos períodos sucesivos, para un mismo cargo.

1. Generar un financiamiento público básico de las organizaciones sociales que asegure su autonomía y transparencia de los gastos ante sus asociados y el Estado.

1. Nuevas facultades a los Consejos Económicos y Sociales de las comunas. Participación efectiva de las organizaciones sociales a nivel comunal y regional en la resolución de temas de interés general.

La democracia llega a las regiones

Propuestas

1. Elección directa de Consejeros regionales, los que a su vez eligen al presidente del Consejo Regional, entidad que tendrá el gobierno de la región, sin perjuicio de las funciones que competan a los delegados del gobierno central (Intendentes y Gobernadores).

2. Traspaso significativo de facultades de inversión a las regiones.

3. Establecimiento de Presupuestos Participativos a nivel regional y comunal, con normas mínimas de participación efectiva de la población tanto en la fase de consulta como en la de implementación, para tener así un control ciudadano sobre la inversión y el gasto acordado.

Garantías a los derechos ciudadanos

Propuestas

1. Fortalecer la institucionalidad fiscalizadora y reguladora sectorial con fuertes atribuciones y potestades de control, monitoreo y sanción.

1. Mayor participación estatal en los mercados regulados de electricidad, agua potable y telecomunicaciones.

1. Eliminación del estándar de “empresa perfecta” como modelo para la fijación de tarifas, pues opera en condiciones monopólicas y con integraciones verticales.

1. Revisión periódica de tarifas por parte de la autoridad.

1. Mayores sanciones frente al incumplimiento de suministro mínimo.

Chile elimina la usura

Propuestas

1. Fortalecer las atribuciones y organización de la Superintendencia de Instituciones bancaria y financiera, para asegurar más competitividad entre los bancos.

1. Regular por vía legal de los procedimientos de apertura, cierre, y tratamiento de instrumentos financieros tales como las tarjetas de crédito y tarjetas de grandes tiendas. No otorgamiento de tarjetas de crédito a personas sin capacidad de pago.

1. Endurecer las sanciones pecuniarias a las grandes empresas que sobrepasan el interés máximo legal convencional.

1. Establecerla responsabilidad penal de las empresas.

1. Regular a las personas jurídicas y naturales que se dedican al empréstito y al cambio de divisas.

1. Monitorear y controlar permanentemente la tasa de interés cobradas por empresas de retail, bancos e inmobiliarias

1. Regular la actividad de “factoring no bancario”, para evitar que los riesgos de esta actividad inseguricen el sistema financiero y desestabilicen a la pequeña y mediana empresa, pues operan en condiciones muchas veces cercanas a la usura.

1. Establecer la prohibición del uso exclusivo de un determinado medio de pago por sobre otro, al comprar cualquier producto, para evitar la especulación y la distorsión de los precios finales reales que se pagan.

1. Obligar a las grandes empresas de establecer una central de reclamos atendida por personas naturales.

1. Eliminar la cláusula de aceleración, que le permite al financista, en un breve plazo, cobrar el total por la mora del deudor, sin buscar otras alternativas para el pago.

1. Regular las repactaciones de crédito. En esta materia hay un vacío legal.

1. Perfeccionar la Ley del Consumidor en materia de crédito.

1. Agilizar los procedimientos judiciales en materia de reclamo de los consumidores.

1. Mayor precisión sobre los cobros y desglose claro en las cuentas sobre los servicios cobrados.

1. Otorgar mayores facultades a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) a fin de evitar colusiones de precios, barreras a la entrada y abusos de posición dominante.

1. Subsidio estatal para asociaciones de consumidores, con rendición de cuentas.

1. Establecer un sistema de quiebra para las familias, que impida que éstas queden sin hogar.

II.- Nuevo modelo de desarrollo

Reforma tributaria para más igualdad

Propuestas

1. Reforma integral a la tributación actualmente vigente, estableciendo un nuevo sistema impositivo que grave fuertemente y de modo progresivo las utilidades de la industria y las grandes operaciones comerciales y reduzca la carga sobre el ingreso a las personas y las PYMES.

1. Toda explotación de recursos naturales, que por definición pertenecen a todos los chilenos, debe estar sujeta a tributación. Debe existir una “tabla” de royalties según el tipo de recursos y la política de desarrollo nacional.

1. Continuar reduciendo la evasión y elusión tributaria de los grupos de mayores ingresos y eliminar, al mismo tiempo, beneficios tributarios que no tienen justificación.

1. Eliminar el IVA a los libros y establecer un IVA diferenciado más bajo para los productos de primera necesidad (medicamentos, alimentos básicos y otros).

1. Aumentar los impuestos al tabaco, a las bebidas alcohólicas y a los alimentos altos en sal, grasa y azúcar, por las fuertes externalidades negativas que generan.

1. Tender al mediano plazo a una carga tributaria del 25 % del producto interno bruto, que es el mínimo necesario para garantizar la calidad de las políticas públicas y la cohesión social.

1. Tender hacia una tasa plana al impuesto sobre la renta en torno al 30%, que sería igual para las empresas y personas.

Medio Ambiente

Propuestas

Nuevo régimen e institucionalidad ambiental que contemple:

1. Una nueva autoridad ambiental, dotada de autonomía y poderes reales frente al Estado y los grandes emprendimientos industriales. Eliminación de las COREMAS y su reemplazo por órganos ambientales técnicos y autónomos.

1. Una nueva legislación marco para el ambiente y los recursos naturales. Reemplazo de la Ley N° 19.300 facilitadora de proyectos de inversión por una Ley Marco del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales con vocación auténticamente ambiental.

1. Eliminación del actual sistema de evaluación ambiental de proyectos reemplazándolo por uno auténtico y realmente evaluador de las condiciones y efectos ambientales que causaran los proyectos, con instancias y procesos de participación de publicidad y contrapesos de los intereses en juego reales.

1. Un nuevo sistema jurídico e institucional de control y fiscalización ambiental, con potestades reales y autonomía administrativa, financiera, sin renunciar a las atribuciones fiscalizadoras actualmente existentes de los organismos sectoriales. Establecer la figura legal de delito ambiental.

1. Revisión integral de toda la legislación ambiental o con incidencia ambiental a fin de determinar vacíos, antinomias y otros conflictos que pugnan con un sistema ambiental de reglas claras.

1. Una Ley de Ordenamiento Territorial que tenga por fin la regulación del 100% del territorio terrestre y marítimo.

1. Promover e incentivar mediante instrumentos jurídicos y económicos el uso y la inversión en base a Energías Renovables No Convencionales, el cambio de patrones de consumo con el uso eficiente de la energía y las fuentes renovables como punta de lanza de un nuevo proyecto de país.

1. Defender la Patagonia Sin Represas como emblema del respeto por el medio ambiente y los proyectos de desarrollo regional independientes del centralismo.

1. Proteger las comunidades y ecosistemas de nuestro borde costero amenazado por la instalación de proyectos termoeléctricos de gran escala.

1. Establecer la corresponsabilidad civil y penal de los funcionarios que aprueben proyectos que dañen el medio ambiente y de los ejecutivos de las empresas que causen severos daños al ambiente.

1. Homologar todas las normas de calidad ambiental a los parámetros reconocidos y recomendados internacionalmente, para agua, aire, suelo, entre ellos normar el PM 10 de acuerdo a normas y recomendaciones de la OMS y normar el PM 2.5 de acuerdo a normas y recomendaciones de la OMS.

1. Definir que ante cada cuenca saturada, por el sólo hecho de pasar la norma, se declare automáticamente zona saturada, debiendo presentarse dentro de 60 días un plan de contingencia.

1. Establecer prohibiciones de plaguicidas peligrosos, su importación, comercialización y uso.

1. Establecer normas de contenidos de sustancias peligrosas, entre ellos, PET COKE.

1. Control y responsabilidad de los residuos de todo tipo durante todo su ciclo: “de la cuna a la tumba”

Salto en ciencia y tecnología para el Bicentenario

i) País líder en innovación:

Todos los países que han transitado de economías basadas en la exportación de recursos naturales a economías del conocimiento, han invertido 10 veces más que nosotros en el fomento del saber y la innovación, en la ciencia y tecnología.

En términos del PIB, se verifica que el gasto público directo en ciencia, tecnología e innovación ha crecido regularmente en los últimos tres años: en 2007 llegó al 0,28% del PIB, en 2008 se elevó a 0,31% y para 2009 se estima que llegaría en torno al 0,35%.

La innovación es un esfuerzo de mediano y largo plazo que requiere de una mayor integración sistémica entre los distintos actores y de una institucionalidad pública que resguarde que el eje del esfuerzo es el fortalecimiento de las iniciativas creativas de carácter científico y tecnológico que redunden en beneficios para el país y no sólo para los emprendedores.

Es por lo anterior que la creación de un Ministerio de Ciencias y Tecnología permitiría dar respuesta a la integración de los esfuerzos para el desarrollo de esta área. Esta medida no significaría más burocracia, sino que sería una herramienta útil para integrar los conocimientos y esfuerzos dispersos y coordinarlos en una política.

ii) Equidad en el acceso a Internet

Para la economía del conocimiento se requiere de personas con capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, TICs, sin las cuales no se puede lograr una inclusión real. La desigualdad del acceso y uso de las TICs es un problema para el desarrollo del país. Chile sigue creciendo en los diversos indicadores que dan cuenta de la “incorporación y adopción de TICs en los diversos ámbitos de la sociedad” pero lo hace a una tasa insuficiente para mantener su posición relativa en los rankings globales.

Propuestas

1. Fomentar la investigación y el desarrollo (I+D) para alcanzar las metas propuestas en la estrategia nacional de innovación, en especial la de alcanzar hacia 2021 un nivel de gasto en I+D del 3% del PIB.

1. Impulsar el acceso a Internet como servicio público con fines sociales, garantizando el acceso igualitario y fomentando el uso de las nuevas tecnologías a bajo costo para reducir la brecha digital. Asegurar la conectividad y uso de tecnologías en educación y servicios de salud.

1. Dado el carácter concentrado de la oferta de servicios TICs debe mejorarse el marco regulatorio sobre las empresas para asegurar precios razonables, servicios de calidad y mejora en la conectividad de zonas remotas.

1. Desagregar las redes de telecomunicaciones de las empresas dominantes, para permitir que los pequeños operadores que no poseen redes e infraestructura accedan a las economías de escalas necesarias para entrar a competir en el respectivo mercado.

1. Dotar a Chile de una Infraestructura Pública Digital (IPD) basado en una red nacional de fibra óptica.

1. Establecer incentivos para las medianas y pequeñas empresas que fomenten el uso de TICs, tales como beneficios tributarios, capacitación, y sistemas de certificación entre otros.

1. Actualización de la legislación en el uso de Internet y nuevas tecnologías en lo que respecta a protección de datos privados, neutralidad de la red, promoción de la digitalización de servicios públicos en todo el país –incluidas las municipalidades – y promoción del intercambio electrónico de documentos

1. Implementar en sectores de bajos ingresos y zonas rurales instancias de participación como cooperativas tecnológicas y mesas TICs regionales.

1. Impulsar el desarrollo del “gobierno electrónico”, es decir, el uso de TICs para promover la participación ciudadana en niveles gubernamentales, regionales y nacionales, ej. en casos de consultas ciudadanas vinculantes, elecciones nacionales, etc.

Chile opta por energías renovables

Chile carece tanto de una política energética que represente las prioridades del conjunto de la sociedad, como de una visión estratégica para enfrentar los desafíos del futuro. La humanidad vive una crisis energética de envergadura global, que implica la agonía de la civilización del petróleo, pues de acuerdo a los estudios mas optimistas de recursos fósiles quedan reservas sólo para 30 años más.

En Chile la definición de la política energética ha estado principalmente en manos del sector privado, pues es él quien decide dónde y cuándo se invierte, en función de sus “legítimos” intereses de corto plazo, que la mayoría de las veces no representan el interés nacional y que transfiere a la sociedad los costos asociados, estimulando el consumo sobre el ahorro.

Este modelo de incentivo a la demanda, centrado en recursos fósiles cuyos precios –debido a la escasez y demanda mundial – seguirán en aumento, constituye la base de una de las mayores desigualdades que se irán exacerbando en los próximos años: los más pobres tendrán que destinar un porcentaje cada vez mayor de su ingreso a la satisfacción de sus necesidades energéticas (transporte y energía doméstica).

Propuestas

1. Adopción de una política energética que opte, a largo plazo, por las energías renovables, generando una estrategia de reconversión progresiva para el corto – mediano plazo y someta a una muy rigurosa revisión los mega proyectos energéticos en carpeta. Esto requiere objetivos precisos en el tiempo, actores claramente determinados, presupuestos coherentes.

1. Analizar los mercados energéticos y conciliar seguridad de suministro y crecimiento económico, con el medio ambiente y acceso a la energía.

1. Revisar la legislación actual en materia de energía eléctrica, introduciendo nuevos principios con fuerte énfasis en la protección ambiental.

1. Programa especial para la biomasa (20% de la matriz y 50% residencial)

1. Fijar metas decrecientes en el consumo de energía para el sector de transporte público.

1. Crear un Fondo para la Innovación y Desarrollo Tecnológico Energético (de renovables, carbón, biomasa y formas de gestión) de, al menos, 1.000 millones de dólares.

1. Establecer una agencia para el uso eficiente de la energía y las fuentes renovables de energía.

1. Introducir cambios en la normativa ambiental, colocando especial énfasis en la protección de los ecosistemas marinos, de las cuencas y recursos hídricos.

1. Generar incentivos económicos y tributarios para el desarrollo de las energías limpias. Ej. fomentar la construcción de viviendas o urbanizaciones térmicas, dotadas de paneles termo solares; promover el uso de, al menos, un 20% de energías limpias por parte de las empresas.

El agua para todos los chilenos y chilenas

i) El mercado del agua

ii) Protección a los glaciares

Otra fuente de agua y vida para los seres humanos y demás seres vivos, está en los glaciares que, pese a ser la principal reserva de agua, carecen de una ley que los proteja. Grandes mineras como CODELCO, Barrick, Pelambres y Angloamerican los están destruyendo en las regiones III, IV, V y Metropolitana, frente a la desidia de las instituciones públicas, lo que agrava y acelera los ya dramáticos efectos del calentamiento global.

Propuestas

1.- Nacionalización del agua: El proceso de nacionalización del agua requiere de un consenso nacional similar al obtenido con la nacionalización del cobre, pues requiere de quórum calificado por parte del Congreso Nacional.

El proyecto de ley debiera reemplazar el inciso 11º del numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política, por el siguiente:

“El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las aguas continentales de la Nación sin perjuicio de poder, mediante los títulos que franquea la ley, reconocer o conceder su uso y aprovechamiento a particulares.

Declárense de utilidad pública, a efectos de expropiación, todas las aguas de la Nación y los derechos que sobre ellas se hayan constituido o reconocido. El Estado y los particulares a quienes se les ha concedido títulos sobre las aguas, tienen el deber preferente de velar por su protección y su uso sustentable. La ley establecerá prioridades de uso de las aguas, así como las condiciones para adquirir y ejercer los derechos sobre ellas.”

2.- Ley de Protección a los Glaciares: La ley debiera señalar que los glaciares son bienes nacionales de uso público, que por su valor y función ambiental se encuentran protegidos con fines de conservación y excluidos al uso o aprovechamiento industrial, a menos que una ley especial de quórum calificado así lo autorice por razones de interés nacional debidamente calificada por el legislador. Sólo se podrán realizar o ejecutar en los glaciares, actividades de recreación, investigación o inspección, debidamente autorizadas, y previa evaluación de impacto ambiental en conformidad a la Ley 19.300.

3. Reemplazar el Código de Aguas por un Código Ambiental de nuestros Recursos Hídricos, basado en la gestión integrada de ellos y con enfoque de cuenca.

4. Establecer el acceso al agua como derecho humano.

5. Garantizar el acceso universal al agua, determinando su uso gratuito en los primeros cuarenta litros por habitante, a partir de los cuales e aplicaría un costo diferenciado.

6. Impedir toda forma de privatización encubierta del medio marino y sus recursos, rechazando la asignación particular y excluyente de estos bienes comunes, con los rasgos del derecho de propiedad, a emprendimientos privados.

Políticas sociales para una mejor calidad de vida

1. Recuperar la primacía de la educación pública de calidad

2. Mejorar sustantivamente el sueldo de los profesores diferenciándolo a través de una Carrera Profesional Docente basada en resultados según evaluación de desempeño.

3. Atraer a buenos egresados de la educación media a la profesión docente aumentando las becas y beneficios si eligen pedagogía.

4. Actualizar el estatuto docente y la evaluación, para que se corresponda con los cambios sociales y se haga extensiva a todos los docentes que trabajan en los establecimientos con financiamiento público.

5. Mejorar sustancialmente la formación inicial docente dando apoyo a las universidades que ofrecen los mejores programas acreditados.

6. Mejorar la remuneración de los directores y directoras, mantener su nivel de remuneraciones cuando dejen sus cargos tras haberlo ejercido por, al menos, cinco años con buena evaluación de desempeño.

7. Diseñar e implementar programas compensatorios para las escuelas más desfavorecidas que incluyan aumento en el financiamiento directo a los colegios; apoyo para mejorar el desempeño de los profesores y el aprendizaje de los estudiantes; y transferencias monetarias a los padres de familia que envían a sus hijos a estas escuelas condicionadas a la asistencia regular de los niños a la escuela.

8. Desarrollar contenidos curriculares explícitos orientados a fomentar el aprendizaje de las niñas en las áreas de ciencias y matemática.

9. Incorporar contenidos y estrategias para promover el aprendizaje de niños y niñas en contextos marginales en las mallas curriculares de la formación inicial y en la formación de los docentes.

10. Cerrar nuevas matrículas a las carreras de Pedagogía que no obtengan la acreditación. Cierre definitivo de aquellas carreras que no obtengan acreditación por segunda oportunidad.

11. Toda universidad perteneciente al Consejo de  Rectores que reciba financiamiento estatal  vía aportes fiscales directos e indirectos deberá destinar el 50% de  su matricula en forma gratuita y exclusiva para estudiantes egresados de liceos públicos.

12. Revisar el sistema de ingreso a la educación superior generando cuotas por escuelas de procedencia en las instituciones que reciben financiamiento estatal. Generar incentivos públicos para el estudio en carreras estratégicas para el desarrollo del país.

13. Establecer pruebas nacionales como parte del proceso de titulación universitaria.

Salud

Propuestas

1. Restablecer el mecanismo del Fondo Solidario para financiar el Plan Auge, que tiende a equiparar las contribuciones del sector privado y público para la atención de la población más vulnerable, proyecto que fuera desestimado por la oposición de derecha.

1. Eliminar toda discriminación por edad, sexo o enfermedad preexistente, en los precios de los planes de las Isapres.

1. Pago íntegro de Licencias Médicas, poniendo término a la capacidad de las Isapres para modificar unilateralmente el pago de éstas.

1. Prohibir el término o encarecimiento unilateral de los contratos de salud. Establecer un sistema de fiscalización, con planes transparentes y negociados bilateralmente.

1. Establecer reajuste de planes conforme a un IPC de la salud que fije las bases sobre las cuales se podrán reajustar los planes y prestaciones

1. Asegurar la cobertura sobre medicamentos en las atenciones de salud.

1. Fin a la integración vertical del sector privado de salud y los convenios de exclusividad entre aseguradora, prestador del servicio y las farmacias.

Privilegiar la salud por sobre la enfermedad

Por un sistema previsional solidario

Los chilenos hemos perdido 47 mil millones de dólares, que es casi la mitad de todo el valor producido por el país en un año. En los últimos 12 meses las AFP han perdido cerca de un 25% de los fondos de los trabajadores, por la caída de las Bolsas tanto chilenas como extranjeras. El fondo A retrocedió 40,26%, seguido por el B con una caída de 30,08%, mientras que el fondo E, que está menos expuesto a la renta variable, tuvo un leve retroceso anual de 0,93%.

Pero mientras los chilenos ven reducidos fuertemente sus fondos provisionales, las AFP aumentan sus utilidades. Como aún se mantiene el criterio que el 20% de la cotización de cada trabajador va al bolsillo de las AFP, esto significa que de cada $1.000 que entregamos mensualmente a la AFP, $800 son para nuestro fondo y $200 para la AFP.

Por otra parte, la promesa hecha en los años 80 en cuanto a superar por la vía de la privatización el déficit del gasto público que provocaba el sistema de reparto (o solidario), resultó otro fracaso para unos, y un gran negocio para los dueños de las AFP.

El resultado es que, actualmente, el 60% de las pensiones entregadas por las AFP, ha sido inferior a $ 140.000, incluso antes de que ocurriera la pérdida de los fondos de pensiones.

Propuestas

Un mejor sistema competitivo y alternativo al de capitalización individual, se funda en los siguientes pilares:

1. Crear una opción solidaria que compita con el sistema de capitalización individual para hacer realidad la libertad de elección.

2. Integración de los trabajadores en el Directorio y en la Administración de las AFP.

3. Creación de la AFP estatal.

4. Vincular utilidades de las AFP a la rentabilidad de los Fondos de Pensiones para asegurar una mayor equidad para los contribuyentes.

5. Eliminar el retiro programado, para evitar la indigencia al final de los años.

6. Eliminar la facultad que tienen las AFP de invertir el 5% del fondo E en instrumentos de rentabilidad variable.

7. Disminuir el límite de inversión en el extranjero de un 80% a 50% para inyectar recursos a la economía nacional y reducir la dependencia de las bolsas extranjeras.

8. Otorgar –ante la crisis mundial- préstamos reembolsables que permitan jubilar en condiciones similares a las existentes antes de la crisis, esperando el reintegro cuando los fondos recuperen valor.

9. Eliminar la facultad de las AFP para designar directorios, los que deben ser designados por la Superintendencia de un listado de profesionales.

Chile respeta los derechos de los trabajadores

Débil sindicalización de los trabajadores

La tasa de sindicalización y de cobertura de la negociación colectiva de Chile, sigue siendo la menor de América. La oficina regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su informe correspondiente a 2006 sobre el mercado de trabajo chileno, reveló que los sindicalizados llegaron a su punto más débil en 1999, y desde entonces el índice remonta muy lentamente para llegar al año 2007 con una tasa de sindicalización de apenas el 14%.

Asimismo, existe una marcada brecha de género ya que la tasa de sindicalización en el año 2006 alcanzó un 12,9% entre los hombres, pero solamente un 7,5% entre las mujeres.

Problemas en la negociación colectiva

1. Existe una escasa participación de la fuerza laboral en la negociación colectiva, explicada en parte por la reticencia de los empleadores a permitir la sindicalización.

1. Hay notorias desigualdades de género en la participación en perjuicio de las mujeres.

1. Poca información e incentivos para negociar colectivamente.

Las causas que explican en gran parte los problemas mencionados son:

– Necesidad de incorporar el concepto de responsabilidad social de la empresa. Una empresa que respeta la ley laboral, invierte en sus trabajadores, y que tiene un trato justo con los empleados es más eficiente económicamente.

– Legislación engorrosa, burocrática y exceso de normas en la regulación de las Centrales, Confederaciones y sindicatos en el Código del Trabajo.

– Excesivo tecnicismo en la regulación de la huelga.

– Amplitud excesiva de la causal de del artículo 161 del Código del Trabajo o la llamada causal de despido por necesidades de la empresa.

– Inexistencia de delitos laborales que sancionen hechos graves contra los trabajadores por parte de los empleadores.

El aumento de las afiliaciones al seguro de desempleo se puede fomentar por medio de las siguientes medidas.

– Facilitar el acceso de los trabajadores a plazos indefinidos al fondo solidario.

– Incorporar aquellos trabajadores de rentas medias por la vía de reajustar los topes de acceso al seguro.

– Crear un sistema de ahorro voluntario mejorando la rentabilidad.

Propuestas

1. Reforma al Código del Trabajo en materia de sindicatos, Federaciones y Centrales de Trabajadores, simplificando la constitución de los mismos.

1. Mayor precisión de la causal de “necesidades de la empresa”. Establecimiento de una prueba más certera para su acreditación por parte del empleador.

1. Mayor fiscalización de la aplicación del art. 162 inc. 5 o Ley Bustos, que obliga a los empleadores a pagar las cotizaciones previsionales adeudadas al trabajador(a) como requisito para despedirlo.

1. Establecimiento de un sistema obligatorio de gratificación.

1. Incentivos tributarios para empleadores que fomentan la sindicalización.

1. Prohibición del “lock out” y simplificación del ejercicio al derecho a huelga legal.

1. Permitir la compatibilidad de militancia partidaria con la de dirigente sindical.

1. Aumento del plazo de fuero maternal y paternal.

1. Endurecimiento de las sanciones para empleadores registrados por prácticas antisindicales.

1. Creación de la figura legal de delitos laborales.

1. Fin a la discriminación salarial contra los trabajadores subcontratados. Instituir legalmente el derecho de trabajadores subcontratados en faenas del giro principal a recibir la misma remuneración base de los trabajadores directamente contratados en las mismas faenas.

1. Corregir la regulación legal de la gratificación para que haga efectiva participación de los salarios en las utilidades empresariales

1. Establecer la sindicalización automática, universalizar el seguro de desempleo y la negociación colectiva.

Protección de la niñez, la adolescencia y la familia

Propuestas

1. Consolidar un sistema de protección a la niñez y adolescencia que utilice la experiencia e institucionalidad en desarrollo con los programas Chile Crece Contigo, Chile Solidario y las OPD, fortaleciendo las responsabilidades de los municipios y de la sociedad civil. Para esto es indispensable contar con una autoridad social que coordine y ejecute las políticas.

2. Evaluar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, LRPA, y modificarla asegurando que efectivamente se establezca un sistema de enjuiciamiento, sanción y ejecución especializado y en el que la privación de libertad sea un recurso excepcional. Para ello es conveniente aprobar una Ley sobre Ejecución de las Penas de Adolescentes, aumentando la inversión en recursos humanos, materiales y de rehabilitación.

3. Establecer una Defensoría de derechos que vele por el cumplimiento de éstos en la población menor de 18 años. Deberá tener carácter autónomo de la autoridad gubernamental, emitir informes periódicos a los poderes del Estado y monitorear el cumplimiento de las leyes relativas a la calidad de vida de los niños.

4. Asegurar mecanismos de participación de los niños, niñas y adolescentes a nivel territorial, escolar y en aquellos asuntos que son de su interés.

5. Diseñar y aprobar una Ley de Protección de Derechos que reemplace totalmente a la actual Ley de Menores vigente desde 1967 y actúe como marco al conjunto de la política pública destinada a la infancia. El proyecto de Ley que se encuentra actualmente en la Cámara de Diputados no cumple con esta finalidad.

6. Crear un servicio especializado para adolescentes Infractores de la ley que asuma las tareas desempeñadas actualmente por el SENAME en ese ámbito.

7. Establecer una coordinación de diferentes servicios y programas públicos y privados para la protección de los derechos de niñez que opere territorialmente, como un sistema de protección local de derehos de niñez y desarrolle acciones en el ámbito de las políticas públicas universales –como salud, vivienda, protección social y educación – y en el de la protección de situaciones específicas de vulneración de derechos. Esta red de programas podría absorber las acciones que actualmente desarrolla el SENAME en el ámbito de la protección.

Propuestas

1. Apoyar el proyecto de ley en trámite legislativo que :

1. Hace extensivo en la legislación chilena, específicamente la Ley N° 20.066 de violencia Intrafamiliar, a los adultos mayores, pues considera sólo a niños, mujeres y discapacitados como grupos vulnerables.
2. Reconoce como abuso, formas no consideradas como el caso de la apropiación de bienes y propiedades por parte de familiares directos, cuando se comprueba que no es para el cuidado o bienestar del adulto mayor, sino en beneficio propio, lo que debería ser penalizado.
3. Modifica el Artículo N° 489 del Código Penal, que exime de responsabilidad criminal a parientes consanguíneos y afines, padres, hijos naturales y cónyuges, estableciendo que esta excepción no sea aplicable en los casos en que la víctima sea un adulto mayor.
4. Modifica la Ley N° 19.969 de Tribunales de Familia para dotar de una facultad especial al tribunal en el caso de una persona mayor abandonada que requiera de cuidados, pudiendo decretar medidas de internación y cuidado para esos casos.

1. Incorporar como población objetivo a los adultos mayores en las redes comunales de Violencia Intrafamiliar, generando formas de detección y planes de acción ante este maltrato.

1. Continuar capacitando a los adultos mayores sobre sus derechos y fomentar redes de apoyo y grupos de autoayuda que eviten el aislamiento social, posibiliten el uso del tiempo libre en su desarrollo personal y la autovalencia.

1. Promover y evaluar adecuadamente el Programa de Atención Domiciliaria para el adulto mayor, de manera de ir perfeccionándolo y adecuándolo a las necesidades resultantes.

1. El cambio cultural de Chile respecto de sus adultos mayores pasa por :
   1. La consolidación de la seguridad social del adulto mayor. La previsión y la salud para ellos debe ser objeto de una justicia equitativa que asegure un pago ecuánime en el campo de la salud según posibilidades y un otorgamiento de beneficios absolutamente oportunos en el tiempo.
   2. Asegurar una educación especializada desde el Estado, más allá de la alfabetización, que se abra a la generación de cupos para adultos mayores en las universidades.
   3. Facilitar mecanismos tendientes a asegurar el acceso al consumo cultural, al transporte público, turismo especializado y uso del tiempo libre.
2. En el marco de la institución del Defensor del Pueblo, establecer un Defensor Ciudadano del Adulto Mayor.
3. Eliminar el 7% para la salud, a todos los adultos mayores cotizantes del sistema público Fonasa.

III Más democracia y libertades

Chile sin discriminación de géneros

Propuestas

1. Nueva institucionalidad de género en pos de la igualdad; esto implica fortalecer del rol político y técnico del SERNAM y la arquitectura para la equidad (Consejo de Ministros, Metas Ministeriales, PMG de género, evaluación de resultados, etc.).
2. Ley integral de protección contra la violencia de género, que vaya más allá del incremento de sanciones en casos de violencia contra la mujer (sensibilización e información y protección de las mujeres víctimas de violencia), distinguiendo la violencia contra las mujeres de la violencia intrafamiliar. Asegurar el financiamiento y los mecanismos que hagan de ella una política de Estado
3. Participación efectiva de mujeres en los órganos de decisión política: 50/50. Que mujeres y hombres tengan la misma representación en la toma de decisiones
4. Ley marco de derechos sexuales y reproductivos que asegure el acceso a la información, educación sexual en las escuelas, anticoncepción, incluida la anticoncepción de emergencia. Reponer la norma que autoriza el aborto terapéutico o por razones de salud. Abrir el debate público respecto del aborto.
5. Desarrollar sistemas que permitan la valorización del trabajo doméstico así como de su reconocimiento a la sociedad.
6. Generar incentivos para que los hombres asuman responsabilidades propias del ámbito doméstico y familiar compartiéndolas de forma equitativa con las mujeres. Esto implica, por ejemplo, fortalecer permisos de paternidad y por enfermedad de hijos; incluir a los hombres en las políticas laborales sobre licencias y guarderías; modificar el derecho al cuidado infantil para que sea indistintamente reconocido a madres y padres trabajadores y estudiantes.

Reconocimiento y respeto de los pueblos originarios

Los pueblos originarios viven en condiciones de discriminación, pobreza y exclusión que sólo se resolverán con la aplicación de una política coherente de respeto a sus derechos, reconocimiento de sus culturas dentro de un Estado multicultural y con la implementación del Convenio 169 de la OIT. Para que esto ocurra se requiere asumir las conclusiones del informe sobre “Verdad histórica y Nuevo trato” del año 2003 y que es claro en señalar la deuda que el Estado chileno tiene con los pueblos mapuche, aymara y rapa nui principalmente.

Chile respeta la vida de todos los seres vivos

Debe haber una reforma constitucional que consagre el derecho y protección de los animales.

Una concepción moderna, libre y amplia de la vida entiende que el ser humano es sólo parte de un sistema vivo más complejo y que la pretensión de superioridad y sometimiento que se arroga el ser humano sobre el resto de los seres vivos o sobre la naturaleza es una herencia cultural que debemos superar por el reconocimiento y valoración de la existencia, funciones y respeto que merecen todos los seres dotados de vida en el planeta.

Se requiere de una legislación que proteja a los animales de su caza indiscriminada, de su explotación irracional, como también del descuido de sus amos.

Asimismo, Chile necesita una legislación para el control adecuado de los perros y mascotas peligrosas que establezca responsabilidades claras para el Municipio en caso de perros vagos y para los privados en caso de perros de propiedad o bajo cuidado de éstos y que consagre sanciones civiles objetivas y penales en caso de que se haya actuado con negligencia inexcusable y se causen perjuicios en los bienes o en las personas

Chile protege su cultura y patrimonio

El patrimonio cultural es clave en la constitución de la identidad nacional, en el respeto a la diversidad cultural, en la densidad del conocimiento acumulado y como capital de todos los chilenos. Esto obliga a velar por su preservación, ampliación y priorización respecto de los intereses de privados que muchas veces prefieren lucrar con sitios patrimoniales y no resguardar nuestro legado.

Nuestro patrimonio natural protegido está muy disperso, concentrado en la cordillera y altiplano del norte, en el sur y zona austral, pero tenemos mínimas áreas protegidas en la zona central, en la costa y en el sector marítimo. No tenemos ni un solo Sitio de Patrimonio Mundial de UNESCO en la categoría de patrimonio natural y sólo contamos con 5 Sitios del Patrimonio Mundial en la categoría de patrimonio cultural. En cambio México tiene 29 Sitios del Patrimonio Mundial Natural y Cultural, Brasil tiene 17, Perú 10 y Argentina 8.

Si se considera que el presupuesto del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) es de 67 millones de dólares, cifra bastante baja para la promoción de las artes y la cultura, que la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) recibe US $ 41 millones, destinando de su presupuesto US $ 2 millones al Consejo de Monumentos Nacionales, ambos organismos reciben el 0,5% del presupuesto destinado al MINEDUC y no llega al 1% del presupuesto fiscal, pues alcanza el 0,385%.

Propuestas

1. Ratificar la Convención contra tráfico ilícito de bienes culturales de la UNESCO de 1970, para impedir que Chile siga siendo reconocido internacionalmente como un país donde ingresan ilegalmente bienes patrimoniales de otros países de América Latina y después se exportan.

1. Incentivar la conservación del patrimonio cultural mediante subsidios, la participación ciudadana y promoción de actividades turísticas sustentables a favor de las comunidades.

1. Reforma constitucional que garantice la protección real al patrimonio.

1. Creación de un fondo suficiente para conservar y recuperar el patrimonio.

Chile respeta, promueve y protege los derechos humanos

Las violaciones a los derechos humanos permanecen como un tema abierto, en tanto los responsables tanto de las FFAA y civiles no han reconocido y repudiado los hechos como para convencer al país que no volverían a realizar lo mismo con tal de defender sus intereses. Aún se investigan crímenes, se buscan detenidos desaparecidos y diversos jueces determinan penas con condenas irrisorias que asemejan a una amnistía encubierta.

Los avances que se han dado en materia de derechos humanos son el fruto de la incansable labor de las familias de las víctimas, de los abogados de derechos humanos y de la resistencia de diversos sectores a imponer el silencio y el olvido. Hay perpetradores militares y civiles presos que simbolizan el fin de la impunidad, pero aún el sistema judicial aún es contradictorio y lento.

Una justicia que es lenta y que es escasa no es justicia. Han sido 20 años sin una postura oficial contra el decreto de Amnistía, con elusiones y escasa voluntad de terminar con la justicia “dentro de lo posible”, que no es tal.

Propuestas

1. Afirmar el principio de ius cogens sobre la inamnistiabilidad e imprescriptibilidad de esto crímenes contra la humanidad , mediante la aprobación de un articulo interpretativo del articulo 93 del Código Penal que les reconozca ese carácter y anular el Decreto Ley Nº 2191 de 1978, conocido como “Ley de Amnistía”.
2. Firmar y ratificar todos los instrumentos internacionales pendientes en materia de Derechos Humanos
3. Tipificar y sancionar los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra para hacer efectivo el Estatuto de Roma de 1998.
4. Modificar la Judicatura Castrense restringiendo la posibilidad que juzgue a civiles y que sirva de vía de impunidad por actos de violencia y abusos cometidos contra particulares. Asegurar estándares mínimos de justo proceso en sus procedimientos.
5. Derogar completamente la pena de muerte en Chile, que aún sobrevive en la justicia militar.
6. Aprobar el Proyecto de Ley Marco de Derechos Sexuales y Reproductivos, toda vez que define, promueve y cautela estos derechos como derechos humanos.
7. Dotar a Chile de una institucionalidad que aborde y enfrente todo tipo de discriminación arbitraria
8. Establecer en Chile una política de Estado que patrocine y apoye acciones legales de toda persona afectada por actos discriminatorios cuando se encuentre en situación de extrema pobreza y/o alta vulnerabilidad económica. Concretar las garantías a los derechos ciudadanos
9. Fortalecer los mecanismos de prevención para el cumplimiento de las obligaciones internacionales de resguardo a los derechos de niños y adolescentes.
10. Someter a revisión la nueva ley de responsabilidad penal adolescente, de manera que sea congruente con los principios que los instrumentos internacionales consagran.
11. Adoptar y ratificar, por iniciativa del Ejecutivo, los otros instrumentos internacionales relativos a los Pueblos Originarios, que complementan el Convenio 169 de la OIT .
12. Dejar de aplicar la legislación antiterrorista para hechos que bajo ningún aspecto pueden ser asimilados a ese tipo de crímenes, pues se vulneran las normas internacionales sobre el derecho a la justicia y al debido proceso.
13. Perfeccionar los mecanismos de fiscalización en los lugares de arresto y detención, y modificar profundamente el sistema carcelario chileno.
14. Reforzar la Educación en Derechos Humanos en los establecimientos educacionales y en los procesos formativos de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública y de Gendarmería de Chile para formar sujetos de derecho, sujetos “vigilantes” de la vigencia de todos los derechos: civiles y políticos; económicos, sociales y culturales; derechos ambientales y de los pueblos.
15. Suspender de manera definitiva la formación de personal militar en el “Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica” del Ejercito de los Estado Unidos de América, anteriormente conocido como Escuela de las Américas.
16. En la nueva Constitución incorporar aquellos aspectos fortalecen la participación política igualitaria
17. Evitar el empleo de la fuerza en las actuaciones policiales durante reuniones ilícitas pero pacíficas, y evitar tendencia penalizar y estigmatizar conflicto sociales.
18. Modificar el Servicio Militar Obligatorio para que sea acorde con una sociedad que respete y promueva los Derechos Humanos.
19. Ampliar la acción constitucional de protección para que amparé también los derechos sociales, económicos y culturales.

Ordenamiento territorial, vivienda y urbanismo

Después de casi dos décadas de gobiernos democráticos, el balance de este ámbito es más de agraz que de dulce. Por una parte, se han remontado la mayor parte de los déficits básicos, los que resuelven necesidades fundamentales de los habitantes, tanto urbanos como rurales. La cobertura de agua potable y de alcantarillado es cercana al 100% en las áreas urbanas, más del 80% de las aguas servidas son tratadas y la cobertura será casi completa en los próximos años; la electrificación y la pavimentación en las ciudades ha registrado avances importantes. Del mismo modo, una batería de otros indicadores de coberturas también ha evolucionado positivamente, como accesibilidad a servicios de salud y educación, conectividad vial, disminución del déficit habitacional, conexión a internet, entre otros, registra cifras positivas.

Hoy todos los indicadores son favorables y dan cuenta de una situación de servicios básicos cubiertos, lo que con claridad refleja la transformación económica del país en el período y de la capacidad del sistema de planificación y ejecución de la inversión del sector público. El crecimiento del PIB está asociado a incrementos de la población que viven las ciudades, donde se concentran gran parte de los beneficios. Pero esto no asegura la calidad de vida.

La vida urbana en Chile es inequitativa y excluyente, privatizada y mercantilizada, dual e insustentable, desigual y segregada, como lo es en todas las que ha primado el neoliberalismo sin regulación. Si bien las familias chilenas son menos pobres de lo que eran hace 20 años y los indicadores básicos positivos; por una parte es más fácil que retrocedan a la pobreza en un medio fragilizado y de vulnerabilidad, por otra hoy la calidad de vida se mide de acuerdo a nuevas necesidades y requerimientos. Inclusión, participación e igualdad en el acceso a los beneficios del mundo global son parte de la demanda que no ha tenido respuesta en el período. Es posible afirmar que sufrimos una ausencia de política pública que explícitamente resguarde, fomente y desarrolle expresiones de interés público en el territorio, en las regiones y en las ciudades.

Se ha perdido la capacidad de planificar de manera integral. En el mejor de los casos se piensa sectorialmente, con horizontes limitados y carencia de enfoques estratégicos. Se debe desarmar la ‘naturalidad’ neoliberal y plantear escenarios de futuro sobre otra base.

Propuestas

1. Planificar el Chile de los próximos 100 años, no para cristalizar centralizadamente su futuro, sino para abrirlo estratégicamente, mediante procesos participativos que integren a públicos, privados y a la sociedad civil en visiones de consenso.

2. Generar una real descentralización, que permita el desarrollo de las regiones. Para esto es necesario crear incentivos para la expansión y el desplazamiento de los ejes principales de la dinámica nacional hacia los espacios locales y regionales, que deben ser dotados de capacidades instaladas y de oportunidades

3. Construir asociaciones múltiples sobre bases concretas, transparentes y productivas, por ejemplo, entre el sector público y el sector privado para impulsar iniciativas territoriales de desarrollo; o entre privados y comunidades para negociar los usos de recursos locales de carácter público.

4. Generar sistemas de acceso y de gestión a la calidad de vida, expresada en la vivienda, en la infraestructura de las ciudades y en el espacio público. Por ejemplo: sistemas de conectividad más que de carreteras; procesos de habitabilidad e inclusión más que cantidades de casas

5. Asumir que el ordenamiento territorial, las ciudades, el urbanismo y la vivienda para los más pobres son roles públicos, para lo cual se requiere financiamiento suficiente y una regulación con vocación, entre otras capacidades del Estado.

6. Generar incentivos de localización, para favorecer las regiones, a través de subsidio a la mano de obra, a la instalación de colegios, disminución de impuestos territoriales, etc.

Libre acceso a las playas, ríos y lagos para chilenos y chilenas

La protección del derecho que consagran las normas del Código Civil, en cuanto al uso de los bienes nacionales, se reguló en el Decreto Ley 1939 sobre adquisición, administración y disposición de los bienes del Estado, donde se consagra el acceso libre y gratuito a las playas y riberas de mar, lagos y ríos.

El problema, es que ni el Código Civil ni el Decreto Ley 1939 consultan normas de protección para los afectados, es decir, para las personas que, teniendo el derecho a acceder en forma gratuita a las playas, no pueden ejercer este derecho porque el propietario no ha solicitado ante el Intendente que se fije una servidumbre de paso.

Propuestas

1. Todos los predios ribereños a playas y riberas de mar, lagos y ríos debieran estar gravados, por el sólo ministerio de la ley, con un derecho de paso consistente en poder acceder a través de ellos en forma libre, pública y gratuita a los territorios comprendidos por playas y riberas de mar, lagos y ríos, para fines turísticos, recreativos y de pesca.

1. Todo proyecto inmobiliario, loteo o subdivisión predial colindante con playas, riberas de mar, río o lago debiera contar, para su aprobación e inscripción, con un acceso público peatonal y vehicular, debidamente señalizado, para los fines señalados en esta ley.

IV. Integración latinoamericana hacia un mundo en paz

Chile integrado en la región y en el mundo

La reinserción de Chile en la comunidad internacional, realizada al mismo tiempo que el país consolidaba su democracia, representa un notable esfuerzo de adaptación a un mundo caracterizado por la incertidumbre

Estas metas se materializan convirtiendo a Chile en puente y plataforma de servicios para el comercio interoceánico, acercando ambas orillas del cono sur americano, a través de la construcción de ejes de interconexión viales y ferroviarios, cuyo financiamiento y administración exige un esfuerzo mancomunado que se alza como uno de los pilares de la integración.

Todo esto debe hacerse de modo coordinado entre el centro, las regiones y los municipios, ya que la participación de los gobiernos subnacionales en el proceso de internacionalización es consecuencia de las nuevas reglas del mundo global, expresan el mandato descentralizador de la democracia, ayuda a enriquecer la imagen del país e impulsa un crecimiento vigoroso y territorialmente equilibrado.

Una política exterior activa requiere una Cancillería moderna y una diplomacia renovada.

Hay que poner al día la gestión internacional del Estado con urgencia. La modernización de la Cancillería es posible, tanto si se compara con la experiencia internacional como si se observan las reformas que se han realizado en Chile.

Se trata de refundar el Ministerio de Relaciones Exteriores, tarea posible sólo si se convoca al conjunto de la sociedad chilena: a la comunidad de expertos en relaciones internacionales, a los partidos políticos, a las organizaciones sindicales y empresariales, es decir, a todos los ciudadanos pues el país reclama su aporte como principal beneficiado por los frutos de una acción exterior realmente eficaz.

En resumen, la nueva Cancillería debe construirse a partir de una política de recursos humanos profesional y eficiente, de la especialización de la diplomacia en aquellos temas que inspiran a la integración de América Latina y que dirigen la globalización, de la flexibilidad en métodos e instrumentos, de la coordinación con los demás órganos públicos y con los actores sociales, y con un enfoque de política exterior descentralizado, que otorgue a las regiones las herramientas para su propio desarrollo.

Propuestas

1. Crear una Dirección de Integración Sudamericana.

1. Crear una Dirección Sociedad Civil, la cual se preocupe de coordinar la relación internacional de las organizaciones de la sociedad civil con la política exterior del Estado de Chile

1. Reestructurar la Academia Diplomática, convirtiéndola en el “Instituto de Relaciones Exteriores de la República de Chile”, plantel de nivel universitario, dedicado a la docencia, la investigación y la extensión en el ámbito de las relaciones internacionales y de la diplomacia, con facultades para otorgar títulos profesionales y post grados.

1. Llenar el cargo de Director de Recursos Humanos por concurso público y oposición de antecedentes, estableciendo como requisito para cumplir dicha función un título profesional igual o equivalente a Ingeniero Comercial o Administrador Público, con experiencia gerencial en el sector privado.

1. Establecer una carrera diplomática que comience con la aprobación de un curso realizado en el Instituto de Relaciones Exteriores de la República de Chile, para el cual existirá una selección previa, ascendiendo por concurso a los cargos superiores hasta el grado de Ministro Consejero, siendo requisito para ser Embajador ser propuesto por el Presidente de la República y ratificado por el Senado.

1. Impulsar la especialización de los diplomáticos en los ámbitos bilateral, multilateral y económico, con énfasis en la integración latinoamericana y los regímenes internacionales.

1. Instaurar una carrera consular que comience con la aprobación de un curso realizado en el Instituto de Relaciones Exteriores de la República de Chile, para el cual existirá una selección previa, ascendiendo por concurso a los cargos superiores hasta el grado de Cónsul General.

1. Crear una carrera administrativa que comience con la aprobación de un curso realizado en el Instituto de Relaciones Exteriores de la República de Chile, para el cual existirá una selección previa, ascendiendo por concurso a los cargos superiores hasta el cargo de Director General Administrativo.

1. Ampliar la planta profesional y técnica.

1. Fundar un “Consejo de Relaciones Exteriores” que refleje en su composición a la sociedad chilena y se pronuncie sobre las consultas que realice el Canciller u otras autoridades nacionales, en reuniones periódicas realizadas a lo menos cada dos meses.

1. Modernizar la estructura de la Dirección de Fronteras y Límites del Estado, flexibilizando conceptos y limitando su ingerencia a los aspectos técnicos que le son propios.

1. Respaldar la ley que actualmente se tramita en el Congreso, pero adicionarle todas aquellas materias que así lo ameriten, por la vía que se considere más idónea. En su defecto, si este cuerpo legal fuera aprobado antes de la asunción del nuevo gobierno, elaborar una nueva ley que aborde los aspectos faltantes.

Defensa: consolidando la paz regional

La Defensa Nacional, es una función prioritaria para el Estado de Chile. Consecuentemente el Gobierno debe desarrollar y administrar la Defensa con políticas públicas de Estado, de largo plazo, muy profesionales, dejando en segundo plano las consideraciones políticas contingentes. Su propósito central es dar protección a la población, al territorio nacional, a los bienes y actividades que se desarrollan dentro de nuestras fronteras y debe apoyar la gestión de la política exterior de Chile. (Libro de la Defensa).

Para que la Defensa Nacional pueda cumplir bien con sus tareas, debe tener una estructura y organización superior moderna, que posibilite desarrollar procesos de toma de decisiones coherentes y comandada por profesionales con las competencias que permitan tener eficacia y eficiencia, en el uso de los recursos que el Estado pone a su disposición.

Los hombres y mujeres que integren las instituciones de la Defensa, deben ser profesionales de alto nivel técnico, formados con los valores históricos de sus Instituciones, así como en el respeto irrestricto a la doctrina de los Derechos Humanos y la subordinación al poder civil democrático. Deben ser bien remunerados y mantener sus tradiciones en el desarrollo de su carrera profesional. En este aspecto la Defensa Nacional debiera modernizar la carrera profesional de todos sus integrantes, considerando el entorno y condiciones sociales que actualmente tiene nuestro país.

El Presupuesto de la Defensa Nacional, debe permitir tanto la operación como el desarrollo armónico de sus instituciones y el equilibrio con una política exterior de consolidación de la paz regional. Es conveniente concretar el cambio del sistema actual de entregarle a las FF.AA. recursos provenientes de la Ley del Cobre, por otro basado en un porcentaje del PIB, definido cada 4 años, en conjunto entre el Ejecutivo y Legislativo.

Igualmente la discusión Presupuestaria que se dé en el Congreso, debe ser en fecha distinta a la del Presupuesto Nacional para evitar politizar este proceso.

Propuestas

1. Reducción y eliminación progresiva del arsenal, infraestructura y poder bélico nacional

1. Reducción progresiva del presupuesto militar

1. Diseñar y liderar a nivel regional un acuerdo multilateral de desarme.

1. Término de la Ley de financiamiento con el 10 por ciento de las ventas del Cobre

1. Rigurosa formación institucional en la doctrina de respeto a los Derechos Humanos y la subordinación al poder civil.

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La Embajada de EE.UU. en Honduras: su rol en el golpe de Estado…

HUGO LLORENS, EMBAJADOR DE EE.UU. EN HONDURAS

• El rol de La Embajada

• Desestabilización, Honduras y Cía.

• Washington y el golpe de Estado en Honduras: aquí están las pruebas

Desde hace casi un año, un diplomático que fogoneó el golpe contra Chávez e hizo lobby en Buenos Aires se sienta en la principal delegación en Tegucigalpa. Y cómo se está notando.

Por Ernesto Semán, Desde Nueva York

Una de las primeras cosas que podría hacer Barack Obama para mejorar su capacidad de maniobra en Honduras es prescindir de los servicios de su embajador en Tegucigalpa, Hugo Llorens. Aliado interno de Otto Reich y Roger Noriega en el Departamento de Estado, Llorens fue el director de Asuntos Andinos en el Consejo de Seguridad Nacional durante el golpe contra Hugo Chávez en el 2002, intentona en la que recién ahora Estados Unidos acepta haber colaborado. El actual embajador en Honduras salió de ese cargo para ocupar un sillón en la embajada norteamericana en Buenos Aires, desde donde hizo lobby sobre el gobierno argentino a favor de la empresa Ciccone Calcográfica, que a esa altura acumulaba un verdadero record de problemas con el Estado argentino.

Si, como es probable y razonable, el gobierno de Obama espera que su política permee de a poco las capas geológicas de golpismo acumuladas en la burocracia del Departamento de Estado, los sucesos de Honduras deberán cargarse a la cuenta del aprendizaje de Llorens. A primera vista, su reacción inmediata ante el golpe contra el presidente Manuel Zelaya fue sorprendente, haciendo un enérgico repudio y un pedido por la restitución inmediata del “presidente legítimo”. El líder golpista Roberto Micheletti hizo saber por todos lados que estaba sorprendido por la reacción mundial en su contra, pero en particular por la de Estados Unidos. En verdad, razones no le faltaron para la sorpresa; el subtexto obvio de su comentario era que creía contar con algún guiño de parte del gobierno norteamericano. Punto en el que queda claro que Llorens la pifió fiero en algo y lo dejó a Micheletti en ascuas: o sobreestimó su propia capacidad de maniobra dentro del Departamento de Estado para motorizar una acción contra un aliado de Chávez, o subestimó el cambio de rumbo de la actual administración.

Las analogías con el golpe contra Chávez del 2002 son múltiples. Los militares venezolanos junto con los hombres de negocio que participaron del golpe recibieron asesoramiento y empuje de Estados Unidos. Cuando el golpista Pedro Carmona anunció que era el nuevo presidente, el subsecretario para América latina, Otto Reich, reunió en Washington a todos los embajadores de la región para afirmar que Estados Unidos apoyaba el derrocamiento de Chávez. Con Llorens al frente de la dirección de Asuntos Andinos del Consejo de Seguridad Nacional, Reich había enfatizado ante el Congreso de su país que en la remoción de Chávez se jugaba mucho más que la democracia en ese país. Estados Unidos no condenó el golpe hasta varios días después, cuando las fuerzas armadas venezolanas se realinearon detrás de Chávez y éste reasumió el cargo.

Meses después, Llorens dejó el Consejo de Seguridad Nacional para ser el segundo en la embajada en Buenos Aires, debajo de Lino Gutiérrez. Desde allí fue la cara visible de un lobby en favor de la empresa norteamericana Cogent que, en sociedad con Ciccone, aspiraba a un negocio de la digitalización de huellas dactilares y la seguridad informática. Para entonces, Ciccone tenía una extensa ristra de deudas con el Estado, con el que empezó a trabajar durante la última dictadura, cuando imprimió las entradas para el Mundial de 1978.

En Tegucigalpa, Llorens está desde hace menos de un año. Si el embajador les hizo un guiño de antemano a los golpistas (al menos, seguro que no se desesperó por evitar el golpe), la reacción de su propio gobierno lo obligó a rectificar el rumbo (quizá la mayor diferencia con el caso venezolano es que las fuerzas armadas hondureñas son mucho menos permeables a la opinión pública, interna o externa). Pero aun así, muestra la resilencia de la burocracia pública y los formidables obstáculos que cualquier gobierno puede tener para imponerle una nueva dirección. Para una camada de funcionarios formados en la cruzada de combatir a Chávez y cualquiera de sus aliados en la región bajo el escudo de la amenaza a la seguridad nacional, los gestos del gobierno de Obama son leídos con el escepticismo de quien se reconoce como parte de un poder permanente.

Y en eso, el Departamento de Estado es un gran ejemplo. Los estados son lentos para cambiar, pero a la vanguardia de la pereza están los ministerios de Relaciones Exteriores. Regla de la que no está exenta la Argentina, por ejemplo, donde seis años de kirchnerismo no impidieron la supervivencia de especímenes fosilizados en la estructura de la Cancillería. Incluso algunos lograron avances inesperados, como el embajador Juan Carlos Kreckler. Acorde con el modesto poder de un embajador argentino en Viena, Kreckler no tuvo chances de promover un golpe de Estado como Llorens, así que se conformó con calificar en el 2000 al líder neonazi austríaco Joerg Haider como “un demócrata”. Este año, fue premiado con la misma dirección de ceremonial que supo ocupar durante la gestión de Carlos Menem. Si en la dimensión casera de la Cancillería argentina el sistema de premios y castigos es tan esquivo, la burocracia del Departamento de Estado le opone toda la resistencia imaginable de la materia a la penetración de nuevos elementos.

Es probable que los hechos de estos últimos días hubieran sido distintos si otro hubiera sido el embajador de Estados Unidos en Tegucigalpa. Lo cierto es que, nombrado por George Bush, Llorens estaba haciendo sus primeros palotes como jefe de misión en un lugar menor dentro de la estructura de la cancillería norteamericana comparado con casi cualquier otro país en la región. El tipo de cargo frente al cual un secretario de Estado, si lo recuerda, puede pensar que tendrá más problemas promoviendo un cambio que absorbiendo la herencia. Una verdad irrefutable, hasta que deja de serlo.

PAGINA/12

 

Otto Reich y el Instituto Internacional Republicano

Desestabilización, Honduras y Cía.

Nikolas Kozloff, CounterPunch

Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens

Cuando se trata de maquinaciones e intervencionismo de EE.UU. en Latinoamérica, no soy ingenuo: durante los últimos cinco años he escrito dos libros sobre el funcionamiento interno de la política exterior estadounidense al sur de la frontera, así como docenas y docenas de artículos publicados en Internet y en mi blog. Como resultado, el que el gobierno de Obama afirme que sabía que se preparaba una tormenta política en Honduras pero que se sorprendió cuando efectivamente tuvo lugar un golpe militar, va más allá de mi credibilidad.

Sin embargo, a falta de hechos innegables y objetivos, todavía no puedo dar una opinión sobre si Obama se ha convertido en un imperialista que se propone blandir el Gran Garrote en Centroamérica. Además, el hecho de que Hugo Chávez de Venezuela diga que el imperialismo norteamericano está detrás del golpe en Tegucigalpa no significa que sea así. Típicamente, Chávez no ha presentado una pizca de evidencia para apoyar sus provocativas afirmaciones.

Instituto Internacional Republicano

Hay, sin embargo, una serie de pistas desconcertantes que apuntan a una participación de EE.UU. – no en un golpe per se sino en una desestabilización indirecta. Eva Golinger, autora de “El código Chávez”, acaba de publicar un artículo interesante en su blog sobre los vínculos entre el Instituto Internacional Republicano (IRI) y los grupos conservadores en la sociedad hondureña. Golinger ha dado seguimiento a mis amplios escritos que documentan las actividades del IRI, un grupo presidido por el senador John McCain (republicano por Arizona). Aunque McCain habla poco del tema, ha obtenido gran parte de su experiencia en política exterior en su trabajo en dicha operación, financiada por el gobierno de EE.UU. y dinero privado. El grupo, que recibe decenas de millones de dólares de dineros públicos cada año, afirma que promueve la democracia en todo el mundo.

Golinger revela que el IRI ha entregado cientos de miles de dólares a think tanks en Honduras para tratar de influenciar a partidos políticos. Lo que es más, da a conocer que la Agencia de Desarrollo Internacional de EE.UU. (USAID) ha suministrado decenas de millones de dólares para “promover la democracia” en Honduras. Fue particularmente interesante saber que uno de los receptores de la ayuda fue el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, conocido por su acrónimo COHEP, un antiguo adversario del gobierno de Zelaya.

Otto Reich

Otro dato interesante proviene de Bill Weinberg, un periodista cabal y tenaz, fundador del sitio en Internet World War 4 Report y presentador del inteligente programa Moorish Orthodox Radio Crusade en Nueva York. El domingo, Weinberg publicó un fascinante artículo en su sitio en Internet intitulado “¿Otto Reich tras el golpe en Honduras?” En el texto, Weinberg revela que la Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH, ha afirmado que el ex diplomático estadounidense Otto Reich, y la Fundación Arcadia, basada en Washington, estuvieron involucrados en el golpe.

En mi primer libro, documenté en cierto detalle las hazañas de Otto Reich en América Latina. Nativo de Cuba, Reich abandonó la isla en 1960. En 1973, mientras estudiaba en Georgetown, encontró a un sujeto llamado Frank Calzon. Según La Prensa de Honduras, Calzon era un experto “en desinformación de la CIA” quien reclutó a Reich. Más adelante, cuando Reich sirvió como Embajador de EE.UU. en Venezuela bajo Ronald Reagan, hizo contacto con Gustavo Cisneros, magnate de los medios, multimillonario y destacado personaje futuro en la oposición a Chávez.

Después de su primer período como embajador, Reich pasó a ser un lobista corporativo para Bacardi y Lockheed Martin, una compañía que quería suministrar aviones caza F-16 a Chile. En 2002, llegó a ser secretario adjunto de estado para Asuntos del Hemisferio Occidental bajo Bush mediante un nombramiento durante un receso del Senado. Aunque Reich ha desmentido que EE.UU. haya jugado algún papel en el breve golpe de Estado contra el presidente venezolano Hugo Chávez en abril de 2002, se ha informado que el veterano diplomático se reunió regularmente en la Casa Blanca con el presunto conspirador del golpe Pedro Carmona. En el apogeo del golpe en Venezuela, Reich llamó dos veces a su antiguo amigo Cisneros. Según el magnate mediático, Reich llamó “como amigo” porque partidarios de Chávez protestaban contra los medios noticiosos de Caracas.

Reich también ha servido en el consejo de visitantes de WHINSEC, conocida anteriormente como Escuela de las Américas, una institución del ejército de EE.UU. que adiestró a los militares latinoamericanos en las técnicas de tortura. Como miembro del consejo, la tarea de Reich era revisar y asesorar “áreas como currículo, instrucción académicas, y asuntos fiscales del instituto.” Después de abandonar el gobierno de Bush en 2004, Reich fundó Otto Reich Associates en Washington, D.C. En el sitio del grupo en Internet, se puede ver una foto de Reich y John McCain dándose la mano. Una leyenda de McCain dice: “El embajador Reich ha servido a EE.UU. con distinción representando nuestros valores fundamentales de libertad y democracia en todo el mundo, y le agradezco su apoyo.”

El negocio de Reich suministra servicios en “Relaciones gubernamentales Internacionales/Anti-corrupción,” y “Inteligencia empresarial/pronósticos políticos.” Específicamente el grupo se propone “diseñar e implementar estrategias diplomáticas políticas y de negocios para compañías de EE.UU. y multinacionales para competir sobre una base de actuación igualada en países con complejos desafíos éticos y legales,” así como “asesorar a grandes y medianas corporaciones de EE.UU. en relaciones gubernamentales para apoyar objetivos comerciales y de inversiones en países sur y centroamericanos y del Caribe,” aparte de identificar y procurar inversiones extranjeras y “oportunidades de privatización” en Latinoamérica.

Otto Reich y el caso ardiente de Hondutel

En la campaña de 2008, Reich sirvió como asesor en política exterior para el republicano John McCain. En una entrevista con La Prensa de Honduras, Reich atacó al presidente hondureño Zelaya por cultivar lazos con Hugo Chávez. Reich mostró un desdén particular por la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA, un pacto contrario al libre comercio que incluye a Venezuela, Honduras, Cuba, y Bolivia. “Honduras," señaló Reich, “debiera tener mucho cuidado porque el problema del petróleo y de Chávez es muy similar al de los que venden drogas. Primera regalan drogas para que las víctimas se conviertan en adictos y luego tengan que comprar esa droga al precio que exige el vendedor.”

Reich pasó a decir que estaba muy “desilusionado” con Zelaya porque el presidente hondureño era “enormemente corrupto desde un punto de vista financiero y moral.” En otra entrevista con los medios hondureños, Reich fue más lejos, diciendo descaradamente que “si el presidente Zelaya quiere ser aliado de nuestros enemigos, déjenlo pensar en lo que podrían ser las consecuencias de sus acciones y palabras.”

Al hablar de corruptas trasgresiones de Zelaya, Reich acostumbra citar el caso de la compañía hondureña de telecomunicaciones de propiedad estatal, Hondutel. En un explosivo artículo, el periódico de Miami El Nuevo Herald informó que una compañía llamada Latin Node sobornó a tres funcionarios de Hondutel para obtener contratos preferenciales y tasas reducidas. Zelaya, señaló Reich a El Nuevo Herald, “ha permitido o alentado ese tipo de prácticas y pronto veremos quién está detrás de eso.”

Reich no suministró detalles pero recordó a los lectores que el sobrino de Zelaya, Marcelo Chimirri, fue un alto funcionario en Hondutel y había sido acusado por una serie de prácticas ilícitas respecto a contratos de Hondutel. “Después de una protesta clamorosa en Honduras,” escribe Bill Weinberg de World War Four Report, " Reich dijo que estaba dispuesto a hacer una declaración jurada sobre el asunto ante las autoridades hondureñas – pero dijo que no viajaría a Honduras para hacerlo, porque su seguridad personal estaría en peligro en ese país.” Los pronunciamientos de Reich al periódico de Miami enfurecieron a Zelaya quien habló en la radio y la televisión nacional para anunciar que demandaría a Reich por difamación. “Procederemos con una acción judicial por calumnia contra ese individuo, Otto Reich, quien ha estado conduciendo una campaña de dos años contra Honduras,” anunció el presidente.

Aumentando la presión contra Chimirri, la embajada de EE.UU. en Tegucigalpa negó una visa de ingreso a EE.UU. al funcionario de Hondutel, citando “serios casos de corrupción.” Zelaya debe haber tomado a pecho la prohibición de EE.UU. contra su sobrino. Zelaya se quejó a Washington recién en diciembre sobre el tema de la visa, instando a funcionarios de EE.UU. a “revisar el procedimiento mediante el cual se anulan o niegan visas a ciudadanos de diferentes partes del mundo como medio de presión contra aquellos que tienen diferentes creencias o ideologías que no posan una amenaza para EE.UU.”

El embajador de EE.UU., Charles Ford, nombrado por Bush, también presionó a Zelaya. Hablando con el periódico hondureño La Tribuna, Ford dijo que el gobierno de EE.UU. estaba investigando a compañías de telecomunicaciones estadounidenses por haber supuestamente pagado sobornos a funcionarios hondureños para involucrarse en el así llamado “tráfico gris” o evasión ilícita de canales legales de telecomunicaciones. La mejor manera de combatir el tráfico gris, dijo Ford, es mediante mayor competencia que por su parte reduciría las tarifas de llamados a larga distancia.

Tal vez el gobierno de EE.UU. estaba utilizando las acusaciones de corrupción como munición contra Hondutel, una compañía estatal que Reich probablemente preferiría ver privatizada. La elite hondureña había querido hace tiempo fraccionar la compañía. A fines de los años noventa, ningún otro que Roberto Micheletti, el actual presidente golpista de Honduras, era gerente de Hondutel. Entonces, Micheletti estaba a favor de privatizar la firma. Después Micheletti pasó a ser presidente del Congreso Nacional de Honduras. En esa capacidad, tuvo problemas con el régimen de Zelaya que se opuso a la así llamada “reforma telecom” que abriría la puerta a una privatización total.

El misterioso caso de Arcadia y de Robert-Carmona Borjas

El caso contra Hondutel y Chimirri fue estructurado por ninguna otra que la Fundación Arcadia, un organismo de control sin fines de lucro contra la corrupción que promueve “el buen gobierno y las instituciones democráticas.” Para ser una organización que supuestamente defiende la transparencia, no suministra mucha información sobre sí misma en su sitio en Internet. Los dos fundadores son Betty Bigombe, mediadora por la paz ugandesa e investigadora del Banco Mundial, y Robert-Carmona Borjas, experto venezolano en asuntos militares, seguridad nacional, corrupción, y buen gobierno. El sitio en Internet no menciona a otros miembros del personal en su filial en Washington. Fuera de EE.UU., la organización tiene oficinas en España, México, República Dominicana, Argentina, y Guatemala.

En sus artículos publicados en el periódico conservador venezolano El Universal, Borjas ha pasado a atacar a Chávez. En los últimos meses, había expresado escepticismo sobre la apertura en la política exterior de Obama, particularmente si significaba tratar con personalidades “totalitarias” como el presidente venezolano. Según su biografía, Borjas se fue de Venezuela después del golpe de 2002 contra Chávez y buscó asilo político en EE.UU.

¿Le interesa saber de dónde proviene el financiamiento de Arcadia? El sitio en Internet no le dirá gran cosa. Sin embargo, haga clic en "In The Media" y encontrará una interminable lista de artículos de Borjas y vínculos con noticias relacionadas con Hondutel (y digo interminables: vi unos 70 artículos antes de cansarme y dejar de contar). No hay otra investigación publicada en el sitio de Arcadia, lo que lleva a preguntarse si el único objetivo de la organización es ir en pos del caso Hondutel. No hay evidencia de que Borjas conozca a Reich, aunque considerando su interés común (o más bien obsesión) por el affaire Hondutel parece que los dos podrían haber cruzado sus caminos.

En los últimos meses, Borjas puso su campaña contra Zelaya a todo lo que da. Como dice Weinberg: “Los periódicos hondureños El Heraldo (Tegucigalpa) y La Prensa (San Pedro Sula) señalaron el 11 de junio que Carmona-Borjas había iniciado acciones legales contra Zelaya y otras personalidades en su gobierno por desafiar un dictamen judicial que prohibía los preparativos para el referendo constitucional programado para el día en el que expulsaron a Zelaya. Un vídeo en YouTube de fecha 3 de julio muestra secuencias de Carmona-Borjas, transmitidas por el Canal 8 TV de Honduras, dirigiéndose a un mitin contra Zelaya en la Plaza la Democracia de Tegucigalpa recibiendo aplausos entusiastas. En sus comentarios, acusa a Zelaya de colaboración con narcotraficantes.”

Ahí lo tenemos: el Instituto Republicano Internacional, una enigmática organización basada en Washington, D.C. decidida a rechazar a Hugo Chávez, un inflamatorio ex político con conexiones empresariales y un esfuerzo de alto perfil por desacreditar a Zelaya y a la compañía estatal de telecomunicaciones hondureña. ¿Qué significa? No hay una prueba concreta que demuestre la participación de EE.UU. en el golpe. Pero, si se consideran en conjunto, estas historias sugieren esfuerzos de desestabilización de ciertos elementos en EE.UU. – no el gobierno de EE.UU., pero la extrema derecha más aliada a Bush y McCain. Tal vez si los medios dominantes pudieran apartase de Michael Jackson y Sarah Palin, podríamos obtener una visión más completa de las tensiones políticas entre Washington y el gobierno de Zelaya.

Nikolas Kozloff es autor de “Revolution! South America and the Rise of the New Left” (Palgrave-Macmillan, 2008)

http://www.counterpunch.org/kozloff07092009.html

Washington y el golpe de Estado en Honduras: aquí están las pruebas

Eva Golinger, Rebelión

Revisado por Caty R.

• El Departamento de Estado tenía conocimiento previo del golpe.

• El Departamento de Estado y el Congreso de EEUU financiaron y asesoraron a los actores y organizaciones hondureñas que participaron en el golpe.

• El Pentágono entrenó, capacitó, financió y armó al ejército hondureño que perpetró el golpe y sigue reprimiendo al pueblo de Honduras.

• La presencia militar estadounidense en Honduras, que ocupa la base militar de Soto Cano (Palmerola), autorizó el golpe de Estado con su complicidad tácita y la negativa a retirar su apoyo a los militares hondureños.

• El embajador de Estados Unidos en Tegucigalpa, Hugo Llorens, coordinó la expulsión del poder del presidente Manuel Zelaya, junto con el subsecretario de Estado Thomas Shannon y John Negroponte, quien trabaja actualmente como asesor de la Secretaria de Estado Hillary Clinton.

• Desde el primer día del golpe, el gobierno de Washington ha hablado de las “dos partes” involucradas y la necesidad de un “diálogo” para restituir el orden constitucional, legitimando de esta forma a los golpistas.

• El Departamento de Estado se ha negado a calificar legalmente los sucesos de Honduras como un “golpe de Estado”, no ha suspendido ni congelado su apoyo financiero y el comercio con el país, ni ha tomado medidas para presionar eficazmente al gobierno de facto.

• Washington manipuló a la Organización de Estados Americanos para alargar el tiempo de debate sobre lo que había que hacer y así no apoyar el regreso inmediato del presidente Zelaya al poder, como parte de una estrategia que sigue en pie y simplemente busca legitimar al gobierno de facto y desgastar al pueblo hondureño que todavía se resiste al golpe.

• La Secretaria de Estado Clinton y sus voceros dejaron de hablar del regreso del presidente Zelaya al poder luego de la designación de Oscar Arias, presidente de Costa Rica, como “mediador”, y ahora califican al dictador que asumió el poder ilegalmente durante el golpe, Roberto Micheletti, como “presidente interino”.

• La estrategia de “negociar” con los golpistas fue impuesta por el gobierno de Obama como una manera de desacreditar al presidente Zelaya –culpándolo por los hechos que provocaron el golpe– y legitimando a los golpistas.

• Congresistas estadounidenses –demócratas y republicanos– organizaron una visita de unos representantes de los golpistas de Honduras a Washington, a los que recibieron con honores en diferentes instituciones de la capital estadounidense.

• A pesar de que fue el senador republicano John McCain quien coordinó la visita de los golpistas a Washington a través de un bufete de lobby, The Cormac Group, actualmente es el abogado de Bill Clinton y amigo cercano de Hillary, Lanny Davis, a quien se ha contratado como “lobbista” para lograr la aceptación pública de Washington del gobierno de facto en Honduras.

• Otto Reich y el venezolano Robert Carmona-Borjas, quien fue abogado del dictador Pedro Carmona durante el golpe de Estado de Venezuela en Abril de 2002, ayudaron desde Washington a preparar el escenario para el golpe contra el presidente Zelaya en Honduras.

• El equipo de diseño del golpe de Estado en Honduras designado por Washington también incluía a un grupo de embajadores de Estados Unidos recientemente nombrados en Centroamérica, expertos en la desestabilización de la revolución cubana, y a Adolfo Franco, ex encargado del programa de Cuba de la USAID.

Nadie duda de la implicación de Washington en el golpe de Estado de Honduras contra el presidente Manuel Zelaya que comenzó el pasado 28 de junio. Muchos analistas, dirigentes, e incluso presidentes, lo han denunciado. Sin embargo, la mayoría coinciden en disculpar a la administración de Barack Obama de algún papel en el golpe hondureño, haciendo responsables en su lugar a los rasgos del gobierno de George W. Bush y a los halcones que todavía andan por los pasillos de la Casa Blanca. La evidencia demuestra que sí, que es cierto que los halcones y los protagonistas de siempre de los golpes y sabotajes en América Latina también han participado esta vez, y además existen amplias pruebas que señalan el papel del gobierno de Obama.

[PARA QUIENES QUIERAN LEER MÁS SOBRE LOS DETALLES DE LA PARTICIPACIÓN DE WASHINGTON EN EL GOLPE, SIGUE ABAJO]

El Departamento de Estado

La nueva diplomacia estadounidense, denominada “smart power” (poder inteligente) ha jugado un papel principal antes, durante y después del golpe de Estado en Honduras. Los voceros del Departamento de Estado, admitieron en una rueda de prensa el 1 de julio, que tenían conocimiento previo del golpe y habían estado trabajando con los sectores que lo planificaban para buscar “otra solución”.ⁱ También admitieron que dos altos funcionarios del Departamento de Estado, el subsecretario de Estado para América Latina Thomas Shannon y el subsecretario de Estado James Steinberg, estuvieron en Honduras la semana anterior al golpe para mantener reuniones con los grupos civiles y militares que lo llevaron a cabo.

 

Dicen que su propósito era “frenar” el golpe, sin embargo su presión verbal no concuerda con su respaldo a los sectores golpistas. Después del golpe, la Secretaria de Estado Hillary Clinton publicó una declaración, el domingo 28 de junio, que no reconocía los sucesos como un “golpe” y tampoco exigía la restitución del presidente Zelaya en el poder. Adicionalmente, siempre hacía referencia a “las dos partes” del conflicto, legitimando a los golpistas y haciendo responsable públicamente al presidente Zelaya desde el primer día: “La acción contra el presidente hondureño Mel Zelaya viola los principios de la Carta Democrática de la OEA y debe ser condenado. Llamamos a todas las partes en Honduras a que respeten el orden constitucional y el Estado de derecho, que reafirmen su vocación democrática y se comprometan a resolver las disputas políticas de manera pacífica a través del diálogo. Honduras debe abrazar a los mismos principios de la democracia que ratificamos hace un mes en la reunión de la OEA celebrada en ese país.”ⁱⁱ

 

Y desde entonces, a pesar de diversas referencias al “golpe” de Honduras, el Departamento de Estado se negaba a calificarlo de golpe de Estado, lo que le obligaría a suspender toda clase de apoyo económico, diplomático y militar al país. El 1 de julio, los voceros del Departamento de Estado lo explicaron de esta manera: “En referencia al propio golpe, lo mejor sería decir que fue un esfuerzo coordinado entre los militares y algunos actores civiles. Obviamente, los militares fueron quienes condujeron la remoción forzada del presidente y han actuado para asegurar el orden público durante este proceso. Pero para que el golpe sea más que una insurrección o una rebelión, hay que ver una transferencia del poder a los militares. Y en ese sentido el Congreso –la decisión del Congreso de juramentar a su presidente Micheletti, como presidente de Honduras, indica que el Congreso y miembros claves de éste han desempeñado un papel importante en esta situación.”ⁱⁱⁱ

Esta posición ambigua, que condena los sucesos de Honduras como una ruptura del orden constitucional pero no llega a calificarlo como golpe de Estado ni exige la restitución del presidente Zelaya, se ratificó luego de la reunión que sostuvo la Secretaria de Estado Hillary Clinton con el presidente Zelaya el 7 de julio: “Acabo de celebrar una reunión productiva con el presidente Zelaya. Discutimos los sucesos de los últimos nueve días y el camino a seguir. Le reiteré que Estados unidos apoya la restitución del orden constitucional en Honduras. Seguimos apoyando los esfuerzos regionales a través de la OEA para lograr una resolución pacífica según las normas de la Carta Democrática. Llamamos a todas las partes a no cometer actos de violencia y a buscar una solución pacífica, constitucional y estable a las serias divisiones en Honduras, por medio del diálogo. Para ese fin, hemos trabajado con nuestros socios en el hemisferio para establecer una negociación, un diálogo que podría desembocar en una resolución pacífica de esta situación.”^iv

Ya estaba claro, después de esa reunión, que Washington no iba a seguir abogando por el regreso del presidente Zelaya al poder, sino que buscaba “una negociación” con los golpistas que, al final, favoreciera los intereses estadounidenses. Fuentes cercanas a la Organización de Estados Americanos (OEA) afirman que una alta delegación estadounidense presente en la reunión del 4 de julio en la sede del organismo multilateral intensificó la presión hacia otros Estados para que aceptaran una salida “negociada” que no implicase necesariamente la restitución de Zelaya como presidente de Honduras.

Esta manera de desviar el tema, manipular el asunto y aparecer asumiendo una posición cuando en realidad las actuaciones demuestran lo contrario, forma parte de la nueva doctrina de Obama denominada “smart power” (poder inteligente), que pretende lograr los objetivos imperiales sin satanizar al gobierno de Washington. “Smart Power” es “la capacidad de combinar el ‘poder duro’ con el ‘poder suave’ para lograr una estrategia victoriosa. El ‘Smart Power’ utiliza estratégicamente la diplomacia, la persuasión, la construcción de capacidades, la proyección del poder militar, económico y político y la influencia imperial, de manera efectiva, con una legitimidad política y social.” Esencialmente, es una mezcla de la fuerza militar con todas las formas de la diplomacia, con énfasis en el uso de la “promoción de la democracia” como táctica para influir en el destino de los pueblos, en vez de perpetrar una invasión militar.

El embajador

El periodista Jean-Guy Allard ha revelado los orígenes del actual embajador de Estados Unidos en Honduras, Hugo Llorens^v. Según Allard, Hugo Llorens, un cubano de nacimiento que llegó a Estados Unidos como parte de la Operación Peter Pan, es “especialista en terrorismo… La Casa Blanca de George W. Bush captó al astuto Llorens en 2002, nada menos que como Director de asuntos andinos del Consejo Nacional de Seguridad de Washington D.C., lo que lo convirtió en el principal asesor del presidente sobre Venezuela. El golpe de Estado de 2002 contra el presidente Hugo Chávez se produjo mientras Llorens se encontraba bajo la autoridad del subsecretario de Estado para Asuntos hemisféricos, Otto Reich, y del muy controvertido Elliot Abrams. En julio de 2008, Llorens fue nombrado embajador en Honduras.”

El pasado 4 de junio, el embajador Llorens declaró a la prensa hondureña que “…Uno no puede violar la Constitución para crear una Constitución, porque si uno no tiene Constitución vive la ley de la jungla.”^vi Esas declaraciones se emitieron en referencia a la encuesta popular sobre la convocatoria de una posible asamblea constituyente, que debería haber tenido lugar el 28 de junio si no hubiera ocurrido el golpe de Estado contra el presidente Zelaya. Los comentarios de Llorens no sólo ponen en evidencia su posición contra la encuesta, sino, además, su total injerencia en los asuntos internos de Honduras.

Pero Llorens no estaba solo en la región. Luego de su nombramiento como embajador en Honduras –cargo que obviamente se le asignó debido a la necesidad de neutralizar la creciente presencia de gobiernos izquierdistas en la región y la potencia regional del ALBA–, se nombraron varios embajadores más de Washington en los países vecinos, todos expertos en la desestabilización de la revolución cubana y operaciones psicológicas.

Primero llegó el diplomático Robert Blau a la embajada de Estados Unidos de El Salvador, el 2 de julio de 2008, como el segundo de la diplomacia estadounidense. En enero de este año, Blau asumió la embajada como encargado de negocios. Antes de su envío a El Salvador, Blau fue subdirector de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado, luego de haber estado dos años en la Sección de Intereses de Washington en La Habana como asesor político. Fue tan eficiente en su trabajo en Cuba con la disidencia, que el Departamento de Estado le concedió el Premio James Clement Dunn a la Excelencia, debido a su labor con la oposición contrarrevolucionaria en Cuba. Llorens y Blau eran viejos amigos, luego de trabajar juntos en el equipo de Otto Reich en el Departamento de Estado.

Después fue nombrado Stephen McFarland como embajador de Estados Unidos en Guatemala, el 5 de agosto de 2008. McFarland, graduado de la Universidad de Guerra de Estados Unidos y ex miembro del equipo de combate número dos de los marines en Iraq, era el segundo en la Embajada de Estados Unidos en Venezuela bajo William Brownfield, quien incrementó de manera alarmante el apoyo financiero y político a la oposición contra Chávez. Luego, McFarland estuvo en la embajada de Estados Unidos en Paraguay, apoyando la construcción de la base militar del Pentágono en ese país. McFarland también fue director de Asuntos Cubanos en el Departamento de Estado y su perfil lo destaca como un experto “en transiciones democráticas, derechos humanos y seguridad.”

El embajador Robert Callahan llegó a Managua, Nicaragua, también a principios de agosto. Ha trabajado en las embajadas en La Paz, Bolivia, y San José, Costa Rica, y ha sido profesor en la Universidad Nacional de Guerra de Estados Unidos. En 2004 fue enviado a Iraq como agregado de prensa de la embajada en Bagdad. A su regreso, estableció la oficina de prensa y propaganda de la recién creada Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de Washington, que en la actualidad es el órgano más poderoso de la inteligencia estadounidense.

Juntos, estos embajadores –expertos en golpes de Estado, desestabilización y propaganda– han preparado el terreno para el golpe contra el presidente Zelaya en Honduras.

Financiamiento a los golpistas

Justo en el mes anterior del golpe contra el presidente Zelaya se formó una coalición entre diferentes organizaciones no gubernamentales, empresarios, partidos políticos, la iglesia católica y los medios de comunicación, denominada “la unión cívica democrática”. Su único propósito era derrocar al presidente Zelaya para impedir que abriera el camino a una asamblea constituyente que permitiría al pueblo alzar su voz y participar en su proceso político.

La “unión cívica democrática” de Honduras esta compuesta por organizaciones como el Consejo Nacional Anticorrupción, el Arzobispado de Tegucigalpa, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), el Consejo de Rectores de Universidades, la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), el Foro Nacional de Convergencia, la Federación Nacional de Comercio e Industrias de Honduras (FEDECAMARA), la Asociación de Medios de Comunicación (AMC), el Grupo Paz y Democracia y el grupo estudiantil Generación X Cambio.

La mayoría de estas organizaciones han sido beneficiarias de los más de 50 millones de dólares que anualmente invierten la USAID y la NED en el “desarrollo democrático” en Honduras. De hecho, un informe de la USAID sobre su financiamiento y trabajo con COHEP, destaca que “el perfil bajo de la USAID en este proyecto ayudó a asegurar la credibilidad de COHEP como una organización hondureña y no un brazo de la USAID.”

Los voceros de la unión cívica democrática de Honduras en representación, según ellos, de la “sociedad civil”, declararon a la prensa hondureña el 23 de junio –cinco días antes del golpe contra el presidente Zelaya– que “confían en que las fuerzas armadas cumplirán con su deber de defender la Constitución, el Estado de Derecho, la paz y la democracia.” Cuando sucedió el golpe, el día 28 de junio, fueron los primeros que salieron a decir que no hubo un golpe de Estado, sino que habían “rescatado su democracia” de las manos del presidente Zelaya, cuyo crimen fue querer dar al pueblo voz, visibilidad y participación. También en representación de los sectores de clase media y alta, la unión cívica democrática ha calificado a los sectores que apoyan al presidente Zelaya de “turbas”.

El Instituto Republicano Internacional, que recibe fondos de la National Endowment for Democracy (NED), obtuvo más de 1,2 millones de dólares en 2009 para trabajar con los sectores políticos en Honduras. Su trabajo se ha dedicado a apoyar los “centros de pensamiento” y “grupos de presión” en Honduras, para influir en los partidos políticos y “apoyará iniciativas para implementar posiciones políticas durante las campañas de 2009.” Ésta es una clara intervención en la política interna de Honduras y evidencia del financiamiento de la NED a los sectores golpistas del país.

El lobby de Washington

El senador republicano John McCain, ex candidato a la presidencia de Estados Unidos, ayudó coordinar la visita de la delegación golpista de Honduras a Washington durante la semana pasada. McCain es conocido por su dura postura contra Venezuela, Bolivia y otros países de la región considerados “anti imperialistas” y por sus estrechos vínculos con la mafia cubana en Miami. McCain también es jefe del Instituto Republicano Internacional (IRI), ente financiero de los golpistas de Honduras. McCain ofreció los servicios de su empresa de lobby, The Cormac Group, que organizó una rueda de prensa de los golpistas en el National Press Club el 7 de junio.

Pero más allá de la conexión republicana con los golpistas hondureños, hay un vínculo más comprometedor con la actual administración demócrata de Barack Obama. El abogado Lanny Davis fue contratado por la sede hondureña del Consejo de Empresarios de América Latina (CEAL) para hacer lobby a favor de los golpistas y convencer a los poderes de Washington de que deben aceptar y reconocer al gobierno de facto de Honduras. Lanny Davis fue abogado del ex presidente Bill Clinton cuando estaba en la Casa Blanca, y es un conocido amigo y asesor de la actual Secretaria de Estado Hillary Clinton. Davis está organizando una ofensiva diplomática y mediática a favor de los golpistas, incluida la compra de publicidad en periódicos estadounidenses, y organizando reuniones entre los representantes golpistas y diferentes congresistas, senadores y funcionarios del gobierno de EEUU. CEAL esta compuesto por los empresarios latinoamericanos que más han promovido atentados contra los movimientos populares en la región. Por ejemplo, el actual representante de Venezuela en el CEAL es Marcel Granier, presidente de RCTV, la cadena de televisión que promovió e intentó legitimar el golpe de Estado contra el presidente Chávez.

Como parte de este esfuerzo, lograron una audiencia especial ante el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos, con la participación de congresistas demócratas y republicanos, y los testimonios de personajes promotores del golpe, como Michael Shifter del Diálogo Interamericano de Washington, Guillermo Pérez-Cadalso, ex Canciller y Magistrado de la Corte Suprema de Honduras, y el famoso Otto Reich, cubano-americano conocido por su papel en la mayoría de las actividades de desestabilización contra gobiernos izquierdistas en América Latina desde los años ochenta. Como resultado de este encuentro, el Congreso de Estados Unidos está promoviendo una resolución que reconozca como legítimo al gobierno de facto de Honduras.

Otro resultado del lobby de Lanny Davis fue la reunión convocada en el Consejo de las Américas el 9 de junio, en donde participó Jim Swigert, director de los programas de América Latina y el Caribe para el Instituto Demócrata Nacional (NDI), que recibe su financiamiento de la NED, Cris Arcos, antiguo embajador de EEUU en Honduras y Adolfo Franco, ex administrador de la USAID para América Latina y el Caribe y encargado del programa de “transición” en Cuba. Estos tres personajes han trabajado como asesores del gobierno de Obama frente a la crisis en Honduras. Franco, quien también fue asesor de política exterior para el senador John McCain durante su campaña presidencial en 2008, ha sido acusado de corrupción por su mal manejo de los fondos de la USAID para el programa de “promoción de la democracia” en Cuba, gran parte de los cuales se dieron a grupos de Miami, como el Comité para una Cuba Libre y el Instituto para Estudios Cubanos en Miami, sin pasar por ningún proceso transparente de revisión.

Negroponte y Reich, de nuevo

Muchos han especulado sobre el papel del antiguo embajador de Estados Unidos en Honduras, John Negroponte, quien dirigió la fuerza paramilitar denominada “la contra” y los escuadrones de muerte contra los movimientos izquierdistas en Centroamérica durante los años ochenta. Negroponte tuvo varios cargos durante la administración de George W. Bush: embajador de EEUU en Iraq, embajador ante las Naciones Unidas, director nacional de Inteligencia y, por último, subsecretario de Estado bajo Condoleezza Rice. A su salida del Departamento de Estado, Negroponte pasó al sector privado. Le ofrecieron un trabajo como vicepresidente de la firma consultora más influyente de Washington, McLarty Associates. Negroponte aceptó. McLarty Associates fue fundada por Thomas “Mack” McLarty, ex jefe de gabinete del presidente Bill Clinton y enviado especial a América Latina durante su presidencia. Actualmente, McLarty maneja la consultora más poderosa de Washington. Hasta el año 2008, McLarty Associates se llamaba Kissinger-McLarty Associates debido a la unión entre Thomas McLarty y Henry Kissinger, que evidencia la unión política entre los sectores demócratas y republicanos en Washington.

En su nuevo cargo, John Negroponte trabaja como asesor sobre política exterior del Departamento de Estado bajo Hillary Clinton. Recordemos que el embajador estadounidense en Honduras, Hugo Llorens, trabajaba bajo el comando de Negroponte durante la mayoría de su gestión.

Otto Reich lleva unos años trabajando en una campaña contra el presidente Zelaya. Fue demandado por Zelaya en abril 2009 por haberlo acusado públicamente de robar 100 millones de dólares de la empresa estatal de telecomunicaciones, Hondutel. Resulta que Reich hacía lobby para una empresa privada de telecomunicaciones que quería privatizar Hondutel. Ahora, con Zelaya destituido y un empresario en el poder, lo más probable es que Reich consiga su negocio multimillonario.

Reich fundó una organización en Washington, llamada Arcadia Foundation^vii junto a un venezolano, Robert

Carmona-Borjas, abogado especialista en temas militares, vinculado al golpe de abril de 2002 en Venezuela, según su propio perfil. Robert Carmona-Borjas supuestamente estuvo en Miraflores con Pedro Carmona durante el golpe de abril de 2002 y escapó, junto a Carmona, del palacio cuando fue tomado por la guardia de honor presidencial. Desde entonces vive en Washington, DC. Desde el año pasado, Reich y Carmona-Borjas han llevado una campaña contra Zelaya por asuntos de corrupción, con una serie de micros que hablan de corrupción, libertad de expresión y cambio en Honduras.^viii

Carmona-Borjas ha viajado con frecuencia a Honduras durante los últimos meses, incluso hablando de golpe de Estado “técnico” junto con otros actores, como el defensor del pueblo hondureño, Ramón Custodia, quien declaró a comienzos de junio que “Los golpes son una posibilidad que puede ocurrir en cualquier escenario político”. Luego del golpe, el 3 de julio, Robert Carmona-Borjas apareció en Honduras en la concentración de los golpistas en Tegucigalpa, y fue reconocido como un actor importante que hizo posible la salida de Zelaya y la llegada al poder de Micheletti.^ix

El poder militar

Estados Unidos mantiene una presencia militar muy grande en la base de Soto Cano (Palmerola), ubicada a 97 kilómetros de la capital, que ha estado operativa constantemente desde el año 1981, cuando fue activada por el gobierno de Estados Unidos durante la administración de Ronald Reagan.

En los años ochenta, Soto Cano se utilizó por el coronel estadounidense Oliver North, como una base de operaciones para la “Contra”, las fuerzas paramilitares entrenadas y financiadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), encargadas de ejecutar la guerra contra los movimientos izquierdistas en Centroamérica, y particularmente contra el gobierno sandinista de Nicaragua. Desde Soto Cano, la “Contra” lanzaba sus ataques terroristas, escuadrones de muerte y misiones especiales que dieron como resultado miles de asesinatos, desaparecidos, torturados, lisiados y aterrorizados en Centroamérica.

John Negroponte, entonces embajador de EEUU en Honduras, junto a Oliver North y Otto Reich, dirigían estas operaciones sucias.

La base de Soto Cano es la sede de la Fuerza de Tarea Conjunta “Bravo” (JTF-B) de Estados Unidos, compuesta por efectivos del ejército, las fuerzas aéreas, fuerzas de seguridad conjuntas y el primer batallón-regimiento Número 228 de la aviación estadounidense. Son 600 personas en total y 18 aviones de combate, incluidos helicópteros UH-60 BlackHawk y CH-47 Chinook. Soto Cano también es la sede de la Academia de la Aviación de Honduras. Más de 650 ciudadanos hondureños y estadounidenses viven en las instalaciones de la base.

La Constitución de Honduras no permite legalmente la presencia militar extranjera en el país. Un acuerdo “de mano” entre Washington y Honduras autoriza la importante y estratégica presencia de los cientos de militares estadounidenses en la base, en un acuerdo “semipermanente”. El acuerdo se realizó en 1954 como parte de la ayuda militar que Estados Unidos ofrecía a Honduras. La base primero fue utilizada por la CIA para lanzar el golpe contra Jacobo Arbenz en Guatemala.

Cada año, Washington autoriza cientos de millones de dólares en ayuda militar y económica a Honduras, que es el tercer país más pobre del hemisferio. Este acuerdo que permite la presencia militar de Estados Unidos en el país centroamericano puede retirarse sin aviso.

El 31 de mayo de 2008, el presidente Manuel Zelaya anunció que Soto Cano (Palmerola) se utilizará para vuelos comerciales internacionales. La construcción del terminal civil se financió con un fondo del ALBA (Alianza Bolivariana para las Américas).

Los dos generales con mayor participación en el golpe contra Zelaya son graduados de la Escuela de las Américas y mantienen lazos estrechos con los militares estadounidenses en Honduras. El comandante de la Aviación de Honduras, general Luis Javier Prince Suazo, estudió en la famosa Escuela de las Américas de Estados Unidos en 1996. El jefe del estado mayor conjunto, general Romeo Vásquez, destituido por el presidente Zelaya el 24 de junio por desobedecer sus órdenes, y luego actor principal en el golpe militar sólo días después, también es graduado de la Escuela de las Américas. Los dos altos oficiales hondureños mantienen relaciones muy estrechas con el Pentágono y las fuerzas militares estadounidenses en Soto Cano.

El embajador de Estados Unidos en Honduras que cambió en septiembre 2008, Charles Ford, fue transferido al Comando Sur en Miami para encargarse de la asesoría para el Pentágono sobre América Latina.

Los militares hondureños están financiados, entrenados, adoctrinados y comandados por el ejército estadounidense sobre la base de la doctrina anti izquierdista y anti socialista. Por eso era tan fácil actuar contra el presidente Zelaya, su comandante en jefe, porque lo veían como parte de la “amenaza izquierdista”, contra la que llevan combatiendo desde hace decenios.^x

De todas estas evidencias –y habrá más en el futuro– se comprueba el inconfundible papel de Washington en el golpe de Estado en Honduras contra el presidente Zelaya.

i http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2009/july/125564.htm

ii http://www.state.gov/secretary/rm/2009a/06/125452.htm

iii Ver nota 1.

iv http://www.state.gov/secretary/rm/2009a/july/125753.htm

v http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?28366

vi http://www.elheraldo.hn/País/Ediciones/2009/06/05/Noticias/Lo-que-se-haga-debe-ser-legal-y-constitucional

vii www.arcadiafoundation.org

viii http://www.arcadiafoundation.org/videos.html

ix http://www.youtube.com/watch?v=ukacM-77lXs.

x http://www.aporrea.org/actualidad/n138264.html

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Cuba y el “affaire” Carlos Lage y Pérez Roque: nuevos datos no oficiales…

LA HISTORIA DE CONRADO HERNÁNDEZ

Conrado y los espías en la isla de Cuba

Un anónimo provocó los seguimientos de la seguridad cubana al representante de los intereses vascos en La Habana, en paradero desconocido desde su arresto en febrero

MAURICIO VICENT 12/07/2009

La trama que acabó con la carrera política del ex vicepresidente cubano Carlos Lage, de 57 años, el ex canciller Felipe Pérez Roque, de 44, y otras figuras que eran vistas como el relevo natural de la revolución, pasa aparentemente por un nombre y un apellido: Conrado Hernández. Este ingeniero industrial, nacido en Matanzas, de unos 60 años, amigo de juventud de Lage y con excelentes contactos en el mundo diplomático y empresarial español, tenía las puertas abiertas de importantes despachos oficiales cubanos. "En jerga criolla, Conrado era un bicho, un tipo que se las sabía todas y culebreaba bien en las alturas", dice un hombre de negocios que tuvo considerable relación con él.

Miembro del Partido Comunista de Cuba (PCC), fue segundo de Lage cuando éste ocupó el cargo de presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, en los años setenta. Tras graduarse de ingeniero pasó por varios trabajos, desde el Combinado del Vidrio al hotel Habana Libre, siempre como dirigente.

Su labor como jefe de inversiones en el Habana Libre coincidió con la gestión del grupo hotelero español Guitart, a principios de los noventa, época en la que empezó a introducirse en el mundo de los empresarios extranjeros. "Ya por entonces vivía bien y viajaba a España con cierta regularidad", afirma uno de sus compañeros.

En 1998, cuando el Gobierno vasco abrió en La Habana la oficina de la Sociedad de Promoción y Reconversión Industrial (SPRI), con el propósito de coordinar la actividad de las empresas vascas y promover el comercio con Cuba, él fue el único candidato al puesto. Su vieja amistad con Carlos Lage era ampliamente conocida y Conrado la hacía valer, así que llegó al cargo con todas las bendiciones oficiales y sin las "verificaciones" que las autoridades cubanas suelen hacer. Lage ya era en aquel momento número tres del Gobierno y estaba al frente del área económica.

En los diez años que Hernández representó los intereses de SPRI, bajo cuyo paraguas había unas 40 empresas acreditadas en Cuba, las ventas de productos vascos a la isla se multiplicaron: de 88,82 millones de euros en 1998 se pasó a 184,5 millones el año pasado. Otro dato es que el 24% de lo que España vende a Cuba procede del País Vasco, un porcentaje mucho más alto de lo que las ventas vascas representan en el conjunto de las exportaciones españolas.

"No es que esto sea atribuible directamente a Conrado, pero sí es cierto que bajo su gestión las relaciones comerciales con el País Vasco florecieron", afirma un empresario con oficina abierta en La Habana desde hace años.

Como todos los cubanos que trabajan para firmas extranjeras, Conrado Hernández estaba contratado a través de una firma empleadora del Estado que cobraba en dólares al Gobierno vasco por sus servicios, aunque él percibía el sueldo en pesos cubanos (no más de 25 euros mensuales, al cambio). Las gratificaciones tapadas de sus jefes extranjeros, además de las posibles comisiones por las ventas -pecado en Cuba- eran la fuente principal de sus ingresos y también de sus vulnerabilidad. Uno de los buenos negocios que apadrinó Conrado fue la compra por Cuba, en 2005, de miles de generadores eléctricos a Guascor, una pequeña empresa vasca que de un día para otro se instaló en el corazón de los planes prioritarios de la revolución. El país vivía entonces una situación de emergencia, con ciclos de prolongados apagones debido al mal estado de la red eléctrica.

El negocio con Guascor, de unos 100 millones de dólares, fue una opción estratégica de Fidel Castro para cambiar el sistema de generación de energía, hasta ese momento dependiente de viejas termoeléctricas que se averiaban con frecuencia. Casualmente, al inaugurar uno de los grupos electrógenos suministrados por la empresa vasca, el 26 de julio de 2006 en la ciudad de Holguin, Castro cayó enfermo y tuvo que ser operado de urgencia. (Desde entonces no ha vuelto a aparecer en público). Más o menos por aquella época, los servicios cubanos de seguridad empezaron a seguir a Conrado.

En un vídeo que desde hace meses es exhibido en la isla a los militantes comunistas -y que hoy ya puede considerarse casi público- el presidente cubano, Raúl Castro, asegura que la investigación a Hernández descubrió que éste tenía relación de amistad, y contactos estrechos y frecuentes, con Lage y Pérez Roque, así como con el ex responsable de Relaciones Internacionales del PCC, Fernando Remírez de Estenoz, de 57 años, y Otto Rivero, vicepresidente del Consejo de Ministros, de 41, a cargo de los programas de la llamada Batalla de Ideas. Todos ellos fueron relevados el 2 de marzo.

Según Raúl Castro, Conrado se convirtió en objetivo prioritario de la seguridad del Estado por sus vínculos con agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España, que supuestamente lo habrían captado como informante por sus buenas relaciones con miembros de la nomenclatura. En la filmación, proyectada a la militancia a modo de explicación de los ceses de Lage y Pérez Roque, aparece Conrado en pantalla, ya arrestado, confesando trabajar para los servicios secretos españoles.

Las autoridades cubanas utilizan como "prueba" la grabación de un encuentro en 2007 entre Hernández y agentes del CNI en el restaurante El Templete de La Habana, donde los comensales supuestamente acuerdan en qué consistiría la colaboración del primero. También aparece la esposa de Conrado, una teniente coronel del Ministerio del Interior cubano que trabajaba en el hospital Cimeq, donde es atendido Fidel Castro y los principales dirigentes del país, quien admite que su marido le pedía información sobre la salud del comandante. Llega a decir que Hernández pasó de "ser un revolucionario" a trabajar "como espía".

Los miembros del espionaje español en La Habana siempre han negado tal versión. También fuentes diplomáticas. En esos medios la tesis es que si Conrado trabajaba para algún servicio de inteligencia era para el cubano, por lo que todo respondería a un plan interno para acabar con Lage y Pérez Roque -antes considerados hombres de Fidel Castro-, en momentos de reestructuración del poder. Lo cierto es que tras destaparse el escándalo, el Gobierno español retiró de forma definitiva a los tres agentes del CNI que estaban destacados en La Habana. Su relevo sigue pendiente.

"Posibilidades hay de cualquier cosa", asegura un veterano observador de la realidad cubana. "Si Conrado cobraba comisiones, y es lo más seguro, parece posible que fuera fácil de presionar, desde España, desde Cuba o desde los dos lados", comenta.

"La verdadera razón de por qué el teléfono de Hernández estaba intervenido es difícil de saber", dice. Lo cierto es que lo estaba y que se grabaron numerosas conversaciones telefónicas. En algunas, Conrado y sus amigos planifican fiestas en la finca que el representante de los intereses económicos vascos tenía en Matanzas, donde el grupo se reunía el grupo a jugar al dominó y a relajarse. Al parecer, allí era habitual el choteo sobre la edad y capacidad de los dirigentes históricos, en especial del actual vicepresidente primero, José Ramón Machado Ventura, que era calificado de "fósil" y "dinosaurio". En el vídeo también salen conversaciones de Conrado con Remírez y Otto Rivero en el que el primero les solicita información sobre las pasadas elecciones en el País Vasco. Hernández entraba y salía de sus despachos con total naturalidad.

Otras dos personas son clave en la trama que condujo a la destitución de Lage y Pérez Roque. La primera es el doctor Orlando Castellanos Lage, primo del ex vicepresidente cubano. Éste trabajaba en el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, y empezó a ser investigado a raíz de un anónimo recibido por Raúl Castro. En el papel que lo denunciaba se exponía que Castellanos Lage hacía "comentarios contrarrevolucionarios" y contra la dirigencia histórica del país (a Machado Ventura llegaba a desearle la muerte).

En realidad, este anónimo es el que supuestamente provoca el primer seguimiento que conduce a Conrado, que fue detenido el pasado 14 de febrero en el aeropuerto de La Habana cuando se disponía a viajar a Bilbao.

Otro hecho fortuito convierte al secretario de Fidel Castro, Carlos Valenciaga, de 34 años, en sospechoso para el régimen. Es la fiesta que organiza por su cumpleaños, en septiembre de 2006, en una sala del Palacio de la Revolución, cuando el líder cubano se encontraba entre la vida y la muerte en el mismo edificio. Raúl Castro califica de "indecente" aquel festejo y a partir de entonces se comienza a desconfiar de Valenciaga. El 23 de febrero de 2008, los servicios secretos graban una llamada que le hace Lage. El ex dirigente se lamenta de no ser él, sino Machado Ventura, el elegido por Raúl Castro como primer vicepresidente. Valenciaga fue destituido en 2008.

En esencia, los destituidos fueron acusados de deslealtad, abuso de poder, de cometer indiscreciones graves -Lage reveló a Conrado la elección de Machado Ventura antes de que fuese oficial- y de albergar ambiciones políticas. Nada de corrupción ni conspiración, por ello ninguno fue detenido ni expulsado del Partido Comunista. Pérez Roque y Rivero trabajan en la actualidad como ingenieros electrónicos en dos fábricas de La Habana. Valenciaga está en los archivos de la Biblioteca Nacional, y Lage, al parecer, sigue aún en su casa, con el estatus conocido en Cuba como plan pijama, sin nada que hacer.

La verdadera filiación de Conrado sigue siendo un misterio. Pero, aunque sean ciertas las acusaciones de espionaje, ¿fue ésa la razón fundamental de la destitución de Lage y Pérez Roque? La respuesta, que se desprende de las propias palabras de Raúl en el vídeo, parece ser que no. El presidente cubano, al hablar ante los miembros del Buró Político durante la sesión en la que se decidieron los ceses, el 2 de marzo, criticó a lo que llamó los "dirigentes probeta", los jóvenes que pasan directamente de las organizaciones políticas estudiantiles y juveniles a altos puestos de poder. No era la primera vez que Raúl Castro hablaba de ello y de la necesidad de acabar con las estructuras paralelas de Gobierno y con el amiguismo como fuente de poder. Lage, Pérez Roque, Rivero y Valenciaga fueron presidentes de la Federación de Estudiantes Universitarios y todos ocuparon puestos destacados en la UJC, la Unión de Jóvenes Comunistas (Lage y Rivero fueron secretarios generales de la organización). Los cuatro eran muy jóvenes cuando ya estaban a las órdenes directas de Fidel Castro, y Pérez Roque y Valenciaga ejercieron durante años como secretarios personales de El Comandante. Lage era vicepresidente del Consejo de Estado desde hace 23 años

En el pasado, otros dos dirigentes que hicieron carreras políticas meteóricas acabaron destituidos deshonrosamente. Los dos fueron secretarios de la UJC: Luis Orlando Domínguez, sentenciado a prisión por corrupción en los ochenta; y Roberto Robaina, canciller entre 1993 y 1999, hasta que perdió la confianza de su mentor. También hay que recordar el descalabro del poderoso Carlos Aldana a principios de los años noventa.

En esta ocasión, el símbolo del relevo cae cuando la generación histórica está a punto de desaparecer. Fidel Castro, enfermo desde 2006, cumplirá en agosto 83 años. Raúl Castro y su vicepresidente primero, José Ramón Machado Ventura, tienen 78. El futuro de la revolución, según lo ve Raúl, no pasa por las personas, sino por las instituciones… Y manda él, que durante medio siglo ha sido segundo secretario del Partido Comunista y jefe del Ejército./EL PAIS.COM

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