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Venezuela: el “Caracazo” de 1989 y la impunidad de los responsables…

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carazo1Las imágenes del estallido social venezolano de 1989 parecen tomadas de la Argentina del 2001: saqueos, corridas, gente llorando, policías reprimiendo, sangre en las calles, muertos. Para Chávez fue el inicio de la revolución bolivariana.

Por María Laura Carpineta

A veinte años del Caracazo, miles de víctimas siguen esperando justicia, verdad y reparación. Ayer, durante una misa en memoria de los caídos durante aquel levantamiento popular, el presidente venezolano, Hugo Chávez, prometió juzgar a los responsables e indemnizar a las familias de los muertos. Como primer paso, se dirigió al nuevo presidente estadounidense, Barack Obama, y le pidió que entregue al hombre que dio la orden de reprimir el 28 de febrero de 1989, el entonces mandatario venezolano Carlos Andrés Pérez. “Nada justifica que los responsables sigan siendo protegidos por otros países”,  fustigó Chávez.

Desde que el chavismo subió al poder, hace diez años, el aniversario del Caracazo se convirtió casi en una fecha patria. “El Caracazo fue el detonante que dio inicio a esta revolución. Estamos conmemorando veinte años del inicio de esta revolución bolivariana”, aseguró el mandatario, apoyando su mano en un gran crucifijo. El análisis no es exagerado.

Corrían los últimos días de febrero y los últimos meses de la década de los ochenta. América latina se despedía de una década marcada por el crecimiento de las deudas externas nacionales y un último y fallido intento de reavivar la tercera vía, la de los no alineados. El Consenso de Washington y los paquetes de medidas neoliberales del Fondo Monetario Internacional (FMI) empezaban a ganar el corazón de la mayoría de los economistas y los presidentes de la región y Venezuela no era una excepción.

A menos de un mes de asumir con un discurso anti-FMI y de haber compartido actos con Fidel Castro y el sandinista Daniel Ortega, el entonces presidente Pérez anunció el llamado Paquetazo. Era todo lo que pedía el organismo internacional de crédito y más. Se liberaban las tasas de interés y el tipo de cambio, aumentaban todos los servicios públicos y el combustible. Los precios de los alimentos se dispararon inmediatamente y los negocios empezaron a acaparar y esconder la mercadería.

La mañana del 27 de febrero de 1989 no tenía nada de especial, excepto que empezaba a regir el aumento del ciento por ciento en el transporte público. Apenas había amanecido, eran las seis de la mañana, cuando las primeras corridas, peleas y enfrentamientos se registraron en las afueras de Caracas, en el barrio de Guarenas. Los pasajeros se negaban a pagar las nuevas tarifas y, en medio de la ira, comenzaron a quemar los colectivos y las tiendas aledañas. En el centro de Caracas, en tanto, los movimientos estudiantiles más radicales, que ya habían preparado manifestaciones para ese día, tomaban la estación de micros de Nuevo Circo. Para las 7.30, el Caracazo ya había explotado.

Las fotos y los videos de las jornadas de los próximos dos días son muy parecidos a la explosión social que puso fin a la década neoliberal en la Argentina, el 19 y el 20 de diciembre de 2001. Saqueos, corridas, personas llenas de ira, llorando, policías reprimiendo, sangre en las calles, muertos. La policía quedó totalmente sobrepasada y cientos de miles de personas se adueñaron de la capital venezolana durante más de veinticuatro horas.

Los canales de televisión, los mismos que apoyaron el golpe de Estado contra Hugo Chávez trece años después, reclamaban terminar con la “subversión” y retornar al orden. Pérez respondió casi de inmediato, en la madrugada del día 28, con un decreto que imponía el estado de sitio en todo el país, suspendía las garantías constitucionales y daba luz verde a las fuerzas de seguridad pública para hacer “todo lo necesario para rescatar las posibilidades de desarrollo y bienestar, a las que tiene derecho el pueblo venezolano”.

La represión fue indiscriminada. Según cifras oficiales, murieron unas 300 personas; según los relevamientos que hicieron las organizaciones de derechos humanos venezolanas en todos los barrios céntricos y de las afueras de Caracas, las víctimas podrían llegar a dos mil. No hay ninguna persona condenada, ni siquiera procesada por esos crímenes. El único fallo que existe fue el que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, condenando al Estado venezolano y ordenando la inmediata reparación de las víctimas. Según advirtió ayer la defensora del Pueblo venezolana Gabriela Ramírez, hasta ahora el gobierno sólo indemnizó a cuarenta y cinco personas.

Cada nuevo aniversario del Caracazo deja un sabor amargo para los familiares de las víctimas. La mayoría aún no ha podido recuperar el cuerpo de sus seres queridos, que fueron enterrados en fosas comunes al día siguiente de la represión en un sector del cementerio público de Caracas que cruelmente denominaron “La Nueva Peste”.

Pero el Caracazo no dejó sólo dolor e impunidad, también marcó la llegada de la gente de los cerros a la democracia venezolana, los mismos que en 2002 bajaron a la ciudad para defender el gobierno de Chávez y rechazar el golpe de Estado. “El 27 de febrero de 1989 terminó con el mayor de todos los mitos: que los explotadores y los explotados pueden convivir en paz y felices”, recordó el escritor venezolano Luis Britto García en el reciente documental El Caracazo.

Página/12

El aborto en América Latina: penalización, ¿derecho a la vida o represión religiosa?

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BBC Mundo

Con ocasión de la despenalización del aborto en el Distrito Federal de Ciudad de México, el aborto ha regresado a la agenda.

En varios países de América Latina se discuten reformas a códigos y leyes que hoy por hoy prohíben o criminalizan la interrupción del embarazo. En otros, como Chile, el asunto no se discute. En Nicaragua, por ejemplo, el nuevo gobierno aprobó normas que castigan a las mujeres que abortan cualesquiera sean los motivos.

BBC Mundo “mapeó” la legislación vigente en la región.

MÉXICO

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal de México aprobó el martes 24 de abril de 2007 la reforma de las cláusulas del Código Penal capitalino que penalizaban hasta entonces el aborto.

Ahora, a las mujeres mexicanas les está permitido abortar hasta las 12 semanas de su embarazo, pero sólo en el D.F.

La ley anterior autorizaba la realización del aborto solamente en caso de violación, cuando hubiera malformaciones graves en el feto, o si la vida de la madre corría peligro.

Las modificaciones fueron propuestas por partidos de izquierda y centro-derecha, entre ellos el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD), que gobierna la Ciudad de México.

El conservador Partido Acción Nacional (PAN) se opuso.

GUATEMALA

"por el derecho a decidir"

Los grupos pro aborto sostienen que éste es un campo de grandes injusticias sociales.

En Guatemala el aborto está prohibido y se castiga con entre seis meses y tres años de cárcel.

Según aclaró a BBC Mundo Nineth Varenca Montenegro, presidenta de la Comisión de la Mujer en el Congreso, “sólo se permite el aborto terapéutico, cuando el embarazo es producto de una violación o existe un riesgo inminente para la vida de la mujer”.

Desde el punto de vista de Mayra Dinora Gila Herrera, representante local del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), “hay mucha resistencia para despenalizarlo, sobre todo por la carga moral”.

BELICE

El aborto está permitido por razones socio-económicas, cuando el feto presenta anomalías, y cuando hay riesgo para la vida o salud de la madre.

En otros casos, está prohibido y se castiga con penas de cárcel.

EL SALVADOR

En El Salvador, según el Código Penal vigente desde 1998, se pena el aborto en todas las circunstancias, y se castiga a la mujer, a quien se lo practique, o lo facilite, con entre dos y ocho años de cárcel.

Antes de 1997, fecha en que se reformó el Código Penal, se podía recurrir al aborto cuando la mujer corría peligro, cuando el embarazo era consecuencia de una violación y cuando existían probabilidades de anomalías en el feto.

HONDURAS

El Código Penal hondureño considera el aborto la “muerte intencional de un ser humano en cualquier momento del embarazo”, y lo castiga con entre tres y seis años de cárcel.

Sin embargo la Secretaría de Salud Pública distribuye al menos desde 2004 píldoras anticonceptivas de emergencia, o “del día después”, según denuncias de la Iglesia católica en ese país.

NICARAGUA

En Nicaragua el aborto está penalizado bajo cualquier supuesto desde octubre de 2006; incluso se castiga el aborto “terapéutico”, es decir, aquel que se practica cuando la vida de la madre o el feto corren peligro.

El aborto “terapéutico” se había permitido desde 1893 hasta noviembre de 2006.

También se penan los abortos cuando la madre es menor y ha sido violada.

COSTA RICA

Salvo en caso de que peligre la vida de la mujer, el aborto está penalizado por ley.

Se castiga con entre seis meses y tres años de cárcel.

PANAMÁ

Código Penal de 1982 tipifica el aborto como “delito contra la vida y la integridad personal”, pero exime de penas cuando la mujer fue violada y resuelve interrumpir su embarazo antes de los dos meses, y cuando corre peligro su vida o la del feto.

CUBA

La madre puede interrumpir el embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación sin justificar sus motivos, desde que en 1965 se legalizó el aborto.

HAITÍ

Se permite el aborto solamente cuando la vida de la mujer está en peligro.

En otros casos, se penaliza.

REPÚBLICA DOMINICANA

El aborto es ilegal, excepto cuando pretende salvar la vida de la mujer.

El Código Penal de 1948 no hace excepciones.

Tres clínicas donde presuntamente se practicaban abortos fueron clausuradas el pasado febrero en Santo Domingo.

PUERTO RICO

Una mexicana contraria al aborto muestra un cartel donde se ve un bebé.

Los grupos pro vida sostienen que los derechos de la madre no pueden vulnerar los del niño.

En Puerto Rico el aborto está consagrado como legítimo, y puede realizarse en cualquier período del embarazo.

La mayoría se realiza durante el primer trimestre, pero también se practica después.

Desde que el Tribunal Supremo de EE.UU. reconoció la legalidad de la polémica intervención en el caso Roe v. Wade, la disposición del Código Penal puertorriqueño que prohíbe el aborto salvo para salvar la salud o vida de la mujer se interpreta desde la década de 1970 en sentido amplio.

Se considera si el embarazo vulnera la salud mental y emocional de la madre, por lo que el aborto “a petición” está convalidado.

COLOMBIA

En 2006 la Corte Constitucional de Colombia determinó que el aborto es legítimo cuando un embarazo es producto de una violación, cuando está en riesgo la vida de la madre y cuando se presentan malformaciones en el feto.

Hasta entonces, en Colombia estaba prohibido el aborto en todos los casos.

VENEZUELA

El aborto está considerado como delito en el Código Penal venezolano vigente y se castiga con entre seis meses y dos años de prisión.

Los legisladores de Ciudad de México discuten la despenalización en el distrito de la capital.

Propuestas similares a la reforma de México D.F. se discuten en otros países de América Latina.

Las penas pueden reducirse si se provoca para “proteger el honor”.

Un anteproyecto de Código Penal presentado en el Tribunal Supremo de Justicia propone despenalizar el aborto en todos los casos, excepto cuando no se cuenta con el consentimiento de la mujer.

Por otro lado, la aprobación de una nueva Ley de Salud forma parte de las atribuciones cedidas al presidente Hugo Chávez por la Ley Habilitante que le permite legislar por decreto y en forma unilateral desde enero, explicó a BBC Mundo Douglas Natera, de la Federación Médica de Venezuela.

La pastilla del día después es legal en Venezuela desde 2004, según las Normas sobre Salud aprobadas por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social.

ECUADOR

El aborto se considera un delito en Ecuador y se pena con entre seis meses y cinco años de prisión.

No se castiga cuando se ha provocado para salvar a la mujer de un peligro de vida inminente que no pudo evitarse por otros medios, o cuando el embarazo es fruto de la violación a una deficiente mental.

Desde el año pasado un nuevo Código de Salud obliga a “los servicios de salud, públicos y privados” a interrumpir embarazos “en los casos previstos en el Código Penal”, y a suministrar “píldoras del día después” en casos de violencia intrafamiliar y sexual, y a las mujeres que conviven con el Sida.

Distintas organizaciones pro-vida han denunciado la probabilidad de que la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Rafael Correa y aprobada por la ciudadanía en referendo establezca la despenalización del aborto.

BRASIL

El aborto es un delito castigado con entre uno y cuatro años de prisión, pero se permite si la vida de la madre está en peligro o si el embarazo es producto de una violación.

Distintos proyectos de despenalización han sido rechazados durante los últimos 16 años.

El ministro de Salud, José Gomes Temporao, defendió la realización de un plebiscito sobre la despenalización a principios de abril.

Tras sus declaraciones, el tema volvió a la agenda de los medios.

Según Datafolha, un 65% de los brasileños se opone a modificar la legislación vigente.

PERÚ

El aborto es ilegal en Perú -se considera un delito contra la vida-, excepto cuando la vida de la madre peligra.

Así lo determina el Código Penal desde 1924.

Hasta 2004 no se había establecido un “protocolo” que indicara los casos en que este “aborto terapéutico” podía aplicarse.

Manifestantes pro aborto festejan la despenalización en México D.F.

La despenalización fue festejada por los grupos pro aborto en Ciudad de México.

Pero ya en 2006, las autoridades sanitarias habían autorizado al Instituto Materno Perinatal y el Hospital de San Bartolomé de Lima, y el Hospital Belén de Trujillo, a practicarlo en 17 casos distintos de enfermedad de la madre o el feto, antes de las 22 semanas de embarazo.

Este protocolo está siendo revisado por las autoridades del Ministerio de Salud.

De acuerdo con el ex ministro de Salud peruano, Luis Solari, este protocolo resolución da pie a que se aborte con fines eugenésicos, a la agencia pro vida Aciprensa.com.

En 2001, los servicios de Salud Pública comenzaron a distribuir “píldoras del día después”. Esto se suspendió en 2002, hasta noviembre de 2006.

BOLIVIA

La interrupción del embarazo es legal, previa autorización del juez, si es resultado de “una violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto”, y si la vida de la madre está en peligro.

En otros casos se penaliza.

La ley contempla atenuantes cuando el aborto se practica para proteger el honor de una mujer soltera.

De acuerdo a Julieta Montaño, representante de Cladem en Bolivia, las organizaciones pro aborto promueven reformas a la legislación vigente desde hace una década, pero estas iniciativas han sido rechazadas.

PARAGUAY

La legislación de Paraguay sólo permite el aborto cuando está en peligro la vida de la mujer embarazada.

El Código Penal vigente desde 1998 penaliza otros motivos por los cuales se recurra a esta práctica con entre 15 y 30 meses de penitenciaría, pero contempla atenuantes para los casos en que la mujer haya actuado para “proteger su honor”.

El ministerio de Salud lleva adelante un programa de Planificación Familiar en el que se pone a disposición de la población la píldora de anticoncepción de emergencia, o “del día después”.

CHILE

El aborto es ilegal en Chile, sin excepciones. Se lo penaliza con entre tres y cinco años de penitenciaría, de acuerdo a lo establecido en los artículos 342 A y 245 del Código Penal.

Manifestantes contrarios al aborto marchan con pequeños cajones que simulan ataúdes de niños

El aborto es un tema que suscita fuertes controversias y afecta susceptibilidades.

En 1989 se derogó la reforma que permitía el aborto terapéutico.

En la década de 1960 la Corte Suprema definió el aborto como la “interrupción maliciosa del embarazo con el propósito de evitar el nacimiento del feto o detener el curso natural del embarazo”.

Sin embargo, la actual presidenta Michelle Bachelet firmó en enero de pasado un decreto aprobando el suministro de la píldora anticonceptiva “del día después” a las jóvenes, a partir de los 14 años de edad.

Para que la adolescente tenga acceso a la pastilla no es necesario que medie el consentimiento de sus padres.

Dos semanas antes de que el Ejecutivo tomara la resolución, la Corte Constitucional había declarado inconstitucional la distribución gratuita de la píldora.

Según los grupos denominados Pro Vida y la Iglesia católica, la “píldora del día después” es un método abortivo.

ARGENTINA

En Argentina, el aborto es un delito de acuerdo al Código Penal (artículos 85 a 88).

La legislación contempla de todos modos el aborto terapéutico, lícito siempre que el peligro a la vida de la mujer no pueda ser evitado de otra forma.

Además permite la interrupción del embarazo a la mujer demente o idiota que ha sido violada.

En 2002, la Corte Suprema de Justicia argentina prohibió la venta y consumo en el país de la “píldora del día después”.

URUGUAY

Una manifestante pro vida en EE.UU.

Tanto unos como otros dicen defender la vida.

El aborto se castiga con entre tres meses y dos años de penitenciaría, pero si se comete para proteger el honor, tras una violación, cuando la vida de la mujer corre peligro o en medio de angustias económicas, estas penas pueden ser reducidas. Incluso el juez puede llegar a eximir a los involucrados.

El parlamento discute desde 1984 un Proyecto de Ley de Salud Reproductiva que propone despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, pero que una y otra vez ha sido rechazado.

En noviembre de 2008, el actual presidente de izquierda, Tabaré Vázquez, vetó la legalización del aborto que había sido aprobada por ambas cámaras del Poder Legislativo.

M. Foucault: las relaciones de poder penetran en los cuerpos. Entrevista…

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foucault1Entrevista con Michel Foucault

L. Finas: Michel, hay un texto que me parece realmente asombroso desde todos los puntos de vista: el primer volumen de su Historia de la sexualidad, “La voluntad de saber”. La tesis que usted defiende en él es inesperada y, a primera vista, simple, pero se hace progresivamente más compleja. En resumen, digamos que entre el poder y el sexo no se establece una relación de represión, sino todo lo contrario.

M. Foucault: Hasta cierto momento yo aceptaba la concepción tradicional del poder: el poder como un mecanismo esencialmente jurídico. Lo que dicen las leyes, lo que niegan o prohíben, con toda una letanía de efectos negativos: exclusión, rechazo, barreras, negaciones, ocultaciones, etc. Pero ahora considero inadecuada esa concepción. Me serví de ella en la Historia de la locura, ya que la locura es un caso privilegiado: sin duda, durante el periodo clásico el poder se ejerció sobre la locura a través, prioritariamente, de la exclusión; se asiste entonces a una gran reacción de rechazo en la que la locura se vio implicada. Para analizar este hecho pude utilizar sin demasiados problemas esta concepción puramente negativa del poder, pero a partir de cierto momento me pareció insuficiente. Esto ocurrió en el transcurso de una experiencia concreta que tuve a partir de 1970-1972 en las prisiones. Me convencí de que el análisis no debía hacerse en términos de derecho, sino en términos de tecnología, en términos de táctica y de estrategia. Es esta sustitución del esquema jurídico negativo por otro técnico y estratégico lo que he intentado elaborar en Vigilar y castigar, para utilizarlo luego en la Historia de la sexualidad.

L. Finas: Quienes han leído su Historia de la locura en la época clásica, conservan la imagen de la gran locura barroca encerrada y reducida al silencio. En toda Europa, hacia mediados del siglo XVII, se construyen rápidamente los manicomios. ¿Diría usted que la historia moderna, imponiendo el silencio a la locura desató la lengua del sexo? ¿O más bien que la misma obsesión o preocupación por la locura y por el sexo desembocaron en resultados opuestos a través del doble plano de los discursos y de los hechos? En ese caso, ¿por qué?

M. Foucault: Creo, en efecto, que entre la locura y la sexualidad existen una serie de relaciones históricas que son realmente importantes, y que yo no había percibido cuando estaba escribiendo la Historia de la locura. En aquel momento tenía la idea de hacer dos historias paralelas: por un lado, la historia de la locura y de las clasificaciones que a partir de ella tuvieron lugar; por otro, la historia de las limitaciones que se operaron en el campo de la sexualidad (la permitida y la prohibida, la normal y la anormal, la femenina y la masculina, la de los adultos y la de los niños). Pensaba en toda una serie de divisiones binarias que habían impreso su sello particular a la división más global entre razón y sinrazón, que yo había intentado discernir al estudiar la locura. Sin embargo, creo que es insuficiente: si la locura, al menos durante un siglo, fue esencialmente objeto de operaciones negativas, la sexualidad por su parte estaba desde esta época atravesada por intereses distintos y positivos.

Pero a partir del siglo XIX tuvo lugar un fenómeno absolutamente fundamental. Se trata del engranaje, de la imbricación de dos grandes tecnologías del poder: la que tejía la sexualidad y la que marginaba la locura. La tecnología concerniente a la locura pasó de la negatividad a la positividad, y de binaria se convirtió en compleja y multiforme. Nace entonces una gran tecnología de la psique que constituye uno de los rasgos fundamentales de nuestros siglos XIX y XX; una tecnología que hace del sexo, al mismo tiempo, la verdad oculta de la conciencia razonable y el sentido descifrable de la locura (su sentido común) y que por tanto permite aprisionar a la una y a la otra según las mismas modalidades.

L. Finas: Su refutación de la hipótesis represiva no consiste, entonces, en un simple desplazamiento de acento, ni en una constatación de la negación o de la ignorancia por parte del poder. En el caso de la Inquisición, por ejemplo, en lugar de poner en evidencia la represión que se impone al hereje, se podría poner el acento en la “voluntad de saber”.

M. Foucault: En efecto, he querido desplazar los acentos y hacer aparecer mecanismos positivos allí donde generalmente se privilegian los mecanismos negativos. Por ejemplo, en lo que concierne a la penitencia, se subraya siempre que el cristiano sanciona la sexualidad, autorizando sólo algunas formas de ella y castigando todas las demás. Pero es necesario señalar también, en mi opinión, que en el corazón de la penitencia cristiana existe la confesión, y en consecuencia la declaración de las faltas, el examen de conciencia, y mediante esto toda una producción de saber y de discursos sobre el sexo que tuvieron una serie de efectos teóricos (el amplio análisis que se hizo de la concupiscencia en el siglo XVII) y efectos prácticos (una pedagogía de la sexualidad que posteriormente sería laicalizada y medicalizada)

También he hablado de la forma en que diferentes instancias del poder se habían de algún modo instaurado en el placer mismo de su ejercicio. Existe en la vigilancia, más exactamente en la mirada de los que vigilan, algo que no es ajeno al placer de vigilar y al placer de vigilar el placer. Igualmente, he insistido en los mecanismos de rebote. Por ejemplo, las explosiones de histeria que se manifestaron en los hospitales psiquiátricos de la segunda mitad del siglo XIX han sido un mecanismo de rebote, una respuesta al ejercicio mismo del poder psiquiátrico: los psiquiatras recibieron el cuerpo histérico de sus enfermos en pleno rostro, sin quererlo e incluso sin saber cómo es que ocurría esto.

Sin embargo, estos elementos no constituyen la parte esencial de mi libro. Me parece que hay que comprenderlos a partir de la instauración de un poder que se ejerce sobre el cuerpo mismo. Lo que intento mostrar es cómo las relaciones de poder pueden penetrar materialmente en el espesor mismo de los cuerpos, sin tener incluso que ser sustituidos por la representación de los sujetos. Si el poder hace blanco en el cuerpo no es porque haya sido con anterioridad interiorizado en la conciencia de las gentes. Existe una red de bio-poder, de somato-poder que es, al mismo tiempo, una red a partir de la cual nace la sexualidad como fenómeno histórico y cultural, en el interior de la cual nos reconocemos y nos perdemos a la vez.

L. Finas: En La voluntad de saber usted distingue entre el poder como un conjunto de instituciones y aparatos, y el poder como multiplicidad de relaciones de fuerza inmanentes al dominio en el que se inscriben. Ese poder lo representa produciéndose continuamente, en todas partes, en toda relación de un extremo a otro. ¿Es ese poder, si se entiende bien, el que no sería exterior al sexo, sino todo lo contrario?

M. Foucault: Para mí, lo esencial del trabajo que he emprendido es la reelaboración de la teoría del poder; no creo que el mero placer de escribir sobre la sexualidad fuese motivo suficiente para comenzar esta serie de seis volúmenes, si no me sintiera motivado por la necesidad de replantear esta cuestión del poder. Con demasiada frecuencia, según el modelo impuesto por el pensamiento jurídico filosófico de los siglos XVI y XVII, el problema del poder se ha reducido al concepto de soberanía. En contra de este privilegio del poder soberano, he intentado hacer un análisis que iría en otra dirección.

Entre cada punto del cuerpo social, entre el hombre y la mujer, en la familia, entre el maestro y su alumno, entre el que sabe y el que no sabe, transcurren relaciones de poder que no son la pura y simple proyección del poder soberano sobre los individuos. La familia, incluso la actual, no es una simple prolongación del poder estatal en relación a los niños; tampoco el macho es el representante del Estado en relación a la mujer. Para que el Estado funcione como funciona se hace necesario que entre el hombre y la mujer, entre el adulto y el niño, haya unas relaciones de dominación muy específicas, que tienen su propia configuración y una relativa autonomía.

En mi opinión, hay que desconfiar de un modo de representar el poder que durante mucho tiempo ha dificultado su análisis; me refiero a la idea de que las voluntades individuales son el reflejo de una voluntad más general. Se dice constantemente que el padre, el marido, el jefe, el adulto o el profesor representan el poder del Estado, y que el Estado, a su vez, representa los intereses de una clase social. Pero esto no explica la complejidad de los mecanismos que entran en juego.

http://identidades.org

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