Galbraith y Krugman: En defensa del déficit público…

James K. Galbraith

The Nation, Traducido para Rebelión por Juan Agulló

La Comisión Simpson-Bowles1, amparada en las farisaicas enaguas de la reducción del déficit público, acaba de declarar –por boca de su Presidente- que propondrá recortes a la Seguridad Social. (Quizás, para rememorar su ecológico pasado, el ex Senador Alan Simpson se da a la prometeica tarea de podar la Seguridad Social). La congelación del gasto público por parte de Obama constituye otro sacrificio simbólico a los dioses del déficit. La mayoría de los observadores cree que la referida decisión no tiene vuelta atrás pero, ¿qué ocurriría si la tuviera? La respuesta es que una reducción demasiado grande del déficit público puede destruir la economía (o lo que queda de ella) y conducirnos, en un par de años, a una Gran Depresión.

Precisamente por eso la fobia al déficit que predomina en Wall Street, en la prensa, entre algunos economistas y prácticamente, entre todos los políticos es, en realidad, uno de los mayores peligros al que nos enfrentamos actualmente. No se trata, tan sólo, de los pensionistas: ¡todos estamos amenazados! De hecho recortar el déficit público sin reconstruir, previamente, el engranaje del crédito privado es un camino, casi seguro, a la estagnación, a la recesión e incluso a una posible Gran Depresión. Asimismo, obsesionarse demasiado en garantizar recortes del déficit público a largo plazo, también puede contribuir a obstruir aquello que es necesario hacer para reestablecer un crecimiento fuerte y una recuperación del empleo.

Dicho crudamente: sólo hay dos maneras posibles de lograr crecimiento económico a largo, generando déficit público o concediendo préstamos bancarios. Los Gobiernos y los bancos son, de hecho, las dos únicas instituciones con poder para crear algo de la nada. Si de lo que se trata es de aumentar la capacidad de inversión, necesariamente, uno de esos dos grandes motores financieros tiene que ponerse en marcha.

Para el ciudadano de a pie el déficit público es, pese a su mala reputación, mucha mejor idea que los préstamos privados. De hecho es una forma de que el dinero llegue –limpio de polvo y paja- a sus bolsillos, listo para empezar a gastar cuando quiera y en lo que quiera… incluso, para saldar sus deudas. Eso es lo que, técnicamente hablando, se llama un “aumento del patrimonio financiero líquido”. Para la gente de la calle eso es bueno pero para los bancos no, porque no ganan nada…

Y eso es, precisamente, lo que explica las fobias clásicas de las bolsas, de las grandes empresas y de los economistas de derechas. A los banqueros no les gusta nada el déficit fiscal porque compite con los préstamos bancarios como fuente de crecimiento. Cuando un banco presta, sus ganancias también lo hacen porque hay intereses que alguien tiene que pagar e incluso, si la deuda no puede ser saldada, puede terminar habiendo un activo financiero –en forma de inmueble, fábrica o empresa- del que se terminará apropiando el banco. Aparentemente sencillo ¿verdad?

Pues no tanto, porque aunque todo esto debería resultar evidente, suele permanecer opaco. Y suele permanecer opaco porque legiones de esbirros de Wall Street –coordinados, sobre todo, por la Fundación Peter Peterson pero también por el ex Contralor General David Walker; el ala derecha del Partido Demócrata, con Robert Rubin a la cabeza y numerosas iniciativas “bipartidistas”, como la Coalición Concordia o el Comité para un Presupuesto Federal Responsable- trabajan arduamente para generar la mayor confusión pública posible en estos asuntos. De hecho, todos esos irresponsables no expresan, jamás, la más mínima autocrítica por la crisis financiera que se originó en Wall Street y les estalló en sus narices. Al contrario, ellos siempre advierten -con un cinismo impresionante- que los Gobiernos podrían ser generadores de “subprimes” y de “Pirámides Ponzi” [NDT: timos], cosas que no son ciertas.

Ésas son, también, las persona a las que les encanta la vieja cantinela de que la Seguridad Social está en “bancarrota” o aquella otra de que la “pesada carga” del déficit público “la terminarán pagando nuestros nietos” o decir que “estamos endeudados hasta las orejas”. Todas esas idioteces no son más que parte de una de las mayores campañas de desinformación de todos los tiempos.

Dicha campaña se fundamenta en lo que muchos llaman “sentido común”. De hecho es fácil vender como “sabiduría casera” que los Gobiernos no pueden, como las familias, “vivir por encima de sus posibilidades”. El problema es que los Gobiernos no son como las familias: éstas últimas dependen de las rentas para saldar sus deudas, y los Gobiernos no.

Además, en el peor de los casos, los deudores privados pueden quebrar: la bancarrota es una protección que brindan las sociedades civilizadas como alternativa al sistema penitenciario. La otra es que, si se trata de hipotecas, los deudores pueden hacer entrega de los bienes que no han podido pagar y punto.

En el caso de los Gobiernos no hay riesgo de impago. Por eso gastan dinero (y pagan intereses) sin importarles demasiado. Lo curioso es que, a diferencia de los deudores privados, no necesitan liquidez. Como le gusta subrayar al agudo economista Warren Mosler, el funcionario de Hacienda que firma los cheques de la Seguridad Social no sabe quién es y mucho menos conoce el teléfono del colega que recaudó esos impuestos. De hecho si usted, de repente, desea pagar sus propios impuestos en dinero contante y sonante, el Gobierno de turno le dará un recibo y ya le cobrará. Como es la fuente de dinero, siempre está ahí.

Quizás por eso los Gobiernos gastan impunemente. Se trata, además, de gastos sin costo ya que la inflación se puede eliminar, por ejemplo, vía depreciación de la moneda nacional. El gasto suntuario –por ejemplo, en aventuras militares innecesarias- seca las fuentes reales de recursos pero lo bueno es que ningún Gobierno puede quebrar jamás en la moneda que él mismo controla. Las moratorias de deuda ocurren, solamente, cuando los Gobiernos que las decretan no controlan la moneda en la que se endeudan –como Argentina, que tenía deuda en dólares o ahora Grecia que, aunque todavía no ha decretado una moratoria de pagos, debe en euros. Sea como fuere, cuando la soberanía es un hecho real, la bancarrota es un hecho irrelevante. Cuando Obama afirma, inopinadamente, que Estados Unidos “no tiene dinero”, dice algo sin sentido y por ende peligroso: me pregunto si él mismo se lo cree.

Tampoco es cierto que el déficit público sea una herencia envenenada para las generaciones venideras. De hecho, más bien, nunca termina de pagarse ni se terminará de hacerlo. Las deudas personales se son contraídas durante la vida del deudor o incluso a su muerte pero son difícilmente heredadas. El déficit público, por el contrario, siempre está ahí porque los Gobiernos nunca mueren y aún en el improbable caso de que lo hicieran (como consecuencia de una guerra o de una revolución) nadie heredaría ese fardo.

El déficit público siempre aumenta. Estados Unidos siempre ha tenido –salvo en seis cortas ocasiones seguidas, todas ellas, de recesión- presupuestos deficitarios. Ello, lejos de suponer una pesada carga, ha constituido la espoleta del crecimiento económico. Los títulos de deuda pública, a diferencia del endeudamiento privado –que únicamente transfiere rentas de una parte del sector privado a otra- alimentan la liquidez de las empresas.

Los que son una amenaza para la solvencia son los intereses. Una reciente proyección del Centro de Presupuesto y Prioridades Políticas –basada en simples declaraciones de la Oficina Presupuestaria del Congreso (que es un gabinete encargado de realizar análisis presupuestarios para el Congreso de Estados Unidos)- afirma que el pago de intereses de la deuda pública frisará el 15% del PIB en 2050, lo que supondría un déficit total de, aproximadamente, un 300%. El problema es que eso es, sencillamente, imposible. Si los intereses se pagasen a personas que lo más lógico es que gastasen en bienes y servicios generadores de empleo, entonces estaríamos hablando de una forma de gasto público como otra cualquiera. Pagos de intereses de esa categoría afectarían a la economía tanto como la movilización para la Segunda Guerra Mundial. Lo más irónico del asunto es que, mucho antes de llegar a esos extremos, alcanzaríamos pleno empleo con una inflación creciente que dispararía el crecimiento económico y estabilizaría la deuda. Lo que en ese improbable caso probablemente haría la Reserva Federal sería garantizar el pago de intereses manteniendo los tipos de interés a corto a precios muy bajos.

¿Y qué decir de los extranjeros? ¿Acaso es cierto que nos hacen un favor comprándonos títulos de deuda? Para hacer eso China, por ejemplo, tiene que vendernos bienes sin que nosotros [NDT: Estados Unidos] podamos venderles nada a cambio. Eso supone un esfuerzo para China; un esfuerzo que Pekín está dispuesto a realizar porque tiene razones para ello: exportar productos industrializados promueve la formación de la fuerza de trabajo, las transferencias de tecnología y mejora de la calidad de los productos manufacturados. Todo esto activa, además, la generación de empleo. Pero esas son cosas de los chinos.

Para China los títulos de deuda son una especie de tesoro sin valor. Pekín no puede hacer gran cosa con ellos. China ya importa todas las materias primas, maquinaria y aeronaves que puede utilizar y si quisiera más, compraría más. Entonces, a menos que Pekín decida cambiar su política de exportación, su stock de títulos de deuda estadounidense seguirá creciendo… y nosotros [NDT: Estados Unidos] vamos a seguir pagando los intereses que esos títulos generan, pero no con un esfuerzo real, sino digitando números en ordenadores… y eso no cuesta nada: ni ahora ni nunca. (Si los chinos acumulasen los intereses, podrían ayudarnos a crear empleo. Así que el hecho de comprar muchos bienes a los chinos implica que tendremos que ser muy imaginativos y audaces si lo que realmente deseamos es crear todo el empleo que necesitamos). Una última cuestión ¿China podría vender sus dólares? En principio podría hacerlo comprando, por ejemplo, deuda griega (lo que revalorizaría el euro frente al dólar). Lo que ocurre es que, si se reflexiona bien, no da la impresión de que a ningún burócrata chino eso le parezca una buena idea.

Lo que es cierto para el Gobierno como un todo, también lo es para sus partes. Lo es, por ejemplo, para la Seguridad Social, que ni puede declararse en quiebra ni dejar de pagar por las buenas, salvo que el Congreso decida –o digamos mejor, que el Congreso, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Simpson-Bowles- decida cerrar el grifo. El argumento que vincula la viabilidad de la Seguridad Social a una supuesta curva descendente de las cotizaciones sociales es definitivamente falaz y tiene motivaciones políticas de fondo. Ese planteamiento es una farsa. El primero en emplearlo fue Franklin Delano Roosevelt quien, así, pretendía proteger a la Seguridad Social de los intentos de recorte. Paradójicamente, su argumento terminó sirviendo para todo lo contrario: ahora se ha convertido en una recurrente forma de generar ansiedad  y en el mejor argumento para evitar la expansión universal del sistema de Seguridad Social.

La Seguridad Social es un programa público que se financia a partir de las cotizaciones. Promueve, por consiguiente, la circulación de recursos en un lapso determinado de tiempo. La principal circulación no va, como suele creerse, del joven hacia el mayor puesto que incluso si la Seguridad Social no existiera alguien se ocuparía de los ancianos. Lo que suele argumentarse, de hecho ocurría, más bien, antiguamente: los más jóvenes se ocupaban de sus mayores. Desde que la Seguridad Social existe eso ya no es igual: la transferencia real, efectiva, se da de los padres que tienen hijos hacia los que no los tienen y de los jóvenes cuyos progenitores han fallecido hacia los padres que no tienen descendencia. En ambos casos se trata de una distribución equitativa, progresiva y sobre todo sostenible. Es cierto que hay un problema con el coste de la asistencia médica pero, también, que ese no es un problema de la Seguridad Social. No es algo que, por consiguiente, deba resolverse a través de recortes en la asistencia sanitaria, precisamente porque, si por algo se caracteriza la asistencia sanitaria pública es por su bajo coste. Ése es precisamente el problema que explica que la Seguridad Social sea odiada, desde hace décadas, por los peores depredadores de Wall Street.

El déficit público y el endeudamiento están interconectados. El endeudamiento contribuye, de hecho, a la reducción del déficit. Eso es lo que ocurrió durante toda la década de los 90. Un colapso en el crédito genera, sin embargo, mayores gastos e impagos: eso es lo que está ocurriendo ahora. Como los bancos no pueden prestar el déficit aumenta. El único problema es hacia dónde se orienta ese déficit: ¿hacia inversiones productivas que reconstruyen el país -como durante el New Deal- o hacia acumulaciones improductivas de capital, en un clima de inseguridad y de desempleo, que más bien podrían estar siendo invertidas en la generación de empleo?

Si se pudieran revivir los endeudamientos, ¿sería bueno volver a endeudarse? Siempre que haya buenas razones, por qué no. Los Gobiernos suelen estar, por definición, burocratizados y tener pesadas conducciones políticas. Operan, fundamentalmente, en los ámbitos del derecho y de la regulación. Los bancos privados, por el contrario, al estar descentralizados y ser competitivos, suelen tener mucha mayor flexibilidad. Un buen sistema bancario conducido por gente competente, con buen criterio para los negocios y que conozca a su clientela, es bueno para cualquier economía. El hecho de que usted tenga que pagar los intereses que genera una deuda también puede constituir un elemento de motivación para seguir invirtiendo.

El problema es que actualmente no existe ese tipo de banco. Lo que hay es un cártel dirigido por una plutocracia incompetente cuyos tentáculos llegan hasta las faltriqueras de los Estados. Para que un crédito tenga retorn hay que descontar las deudas impagables, que ahora se han convertido en exorbitantes; restaurar la renta privada (creando empleo) y el sistema de garantía (o sea, el valor de los bienes inmuebles) pero, sobre todo, hay que reestructurar el sistema financiero. Hay que intervenir los bancos, combatir el fraude, generar incentivos para préstamos orientados al ahorro energético, a la construcción de infraestructuras y a otros sectores [productivos estratégicos]. Una posibilidad alternativa es promover la creación de un sistema bancario nuevo y paralelo, que es lo que se hizo durante el New Deal [NDT: en Estados Unidos] con la banca pública e incluso, con las promociones sociales de vivienda protegida (Fannie Mae y Freddie Mac [NDT: los dos bancos de inversión en los que se originó la crisis financiera actual] salieron de ahí)…

De todos modos, hasta que no se emprenda una reforma financiera seria, el déficit presupuestario es la única manera de recuperar la senda del crecimiento económico. No es necesario que éste sea de su agrado; simplemente usted tiene que ser consciente de que hace falta para recuperar el crecimiento y el empleo y de que, además, va a hacer falta durante mucho tiempo: por lo menos, hasta que se diseñe un plan estratégico de inversiones en energía y en medio ambiente parcialmente financiado por un sector financiero reformado, restaurado y disciplinado.

Pero más allá de mis impresiones y deseos personales es muy posible que la actual histeria imperante -en relación con el déficit público- no sea más que una cortina de humo orientada a desviar la atención de las disfunciones estructurales que caracterizan al actual sistema bancario: sería la única forma de detener una reforma financiera. Si ese fuera el caso, lo que yo me preguntaría es si eso es intrínsecamente bueno. Porque puede serlo pero también puede no serlo…

James K. Galbraith (autor de The Predator State: How Conservatives Abandoned the Free Market e Why Liberals Should Too, Free Press, 2008) es profesor en la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Texas y Consejero Académico del Instituto de Economía Levy.

Fuente:
http://www.thenation.com/article/defense-deficits

Los halcones del déficit han tomado el control del G20

Paul Krugman

krugman.blogs.nytimes.com

“Los países enfrentados a serios desafíos fiscales necesitan acelerar el ritmo de consolidación”; y se añade: “Saludamos los recientes anuncios de algunos países en el sentido de reducir sus déficits en 2010 y robustecer su marco y sus instituciones fiscales”

Esas palabras contrastan vivamente con el anterior comunicado del G20 de fines de abril, que llamaba a mantener el apoyo fiscal “hasta que la recuperación esté firmemente impulsada por el sector privado y se haya llegado a echar más raíces”.

Es de todo punto increíble que eso ocurra con un desempleo todavía al alza en la eurozona, y con sólo unos débiles indicios de progresos en el mercado de trabajo estadounidense.

¿No necesitamos preocuparnos por la deuda pública? Sí; pero abandonar el gasto público cuando la economía está todavía profundamente deprimida es, además de extremadamente costoso, una forma bastante ineficaz de reducir la deuda futura. Costoso, porque deprime más a la economía; ineficaz, porque, deprimiendo a la economía, la contracción fiscal resultante reducirá la recaudación impositiva. Una estimación aproximada ahora mismo es que recortar el gasto en un 1% del PIB incrementa la tasa de desempleo en un 0,75% (en comparación con lo que ocurriría de otro modo) y, sin embargo, reduce la deuda futura en menos de un 0,5% del PIB.

Lo manifiestamente correcto es hacer cosas que reduzcan el gasto y/o incrementen el ingreso luego de que la economía se haya recuperado, y en particular, esperar a que la economía sea lo bastante fuerte como para que la política monetaria pueda compensar los efectos contractivos de la austeridad fiscal. Pero no: los halcones del déficit quieren sus recortes mientras las tasas de desempleo se hallan todavía a niveles récord y la política monetaria aún se halla en apuros frente a aumentos de precios rayanos en el cero.

Pero ¿qué hay de Grecia y todo eso? Fíjense, los problemas de deuda soberana los padecen países que se enfrentan a un problema muy específico: forman parte de la zona euro, Y están sobrevalorados gracias a los enormes flujos de entrada de capitales que experimentaron en los buenos tiempos; resultado de lo cual es que ahora experimentan años de terrible deflación. Los países que no se hallan en esa situación no se enfrentan a ninguna presión de los mercados para proceder a recortes inmediatos; esta misma mañana, los bonos a 10 años rendían un 3,51 en Gran Bretaña, un 3,21 en los EEUU y un 1,27 en Japón.

Sin embargo, la sabiduría ahora convencional dice que esos países deben, a pesar de todo, proceder a recortes: no porque los mercados lo estén exigiendo, no porque eso vaya a tener algún impacto apreciable en las perspectivas fiscales a largo plazo, sino porque piensan que, aun si no deberían hacerlo, los mercados podrían llegar a exigirlo en el futuro.

Una locura manifiesta que adopta la pose de la sabiduría. Increíble.

Paul Krugman es profesor de economía en Princeton. Fue Premio Nobel de en 2008.

http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=3384

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P. Krugman: desastre y negación…

PAUL KRUGMAN 20/12/2009

Cuando empecé a escribir para The Times, era ingenuo respecto a muchas cosas. Pero mi mayor error era éste: yo creía realmente que la gente influyente podía reaccionar ante las pruebas, que cambiarían de opinión si los acontecimientos refutaban por completo sus creencias.

En 2003 los reguladores posaron con tijeras de podar junto a pilas de papel que aludían a las regulaciones

Y, a decir verdad, sucede alguna que otra vez. He sido enormemente crítico con Alan Greenspan a lo largo de los años (desde mucho antes de que se pusiese de moda serlo), pero hay que reconocer el mérito del ex presidente de la Reserva Federal: ha admitido que estaba equivocado en cuanto a la capacidad de los mercados financieros de vigilarse a sí mismos.

Pero es un caso raro. Hasta qué punto es raro queda demostrado por lo que sucedió el viernes pasado en la Cámara de Representantes, cuando -con la catástrofe que ha desatado un sistema financiero desbocado aún fresca en nuestras mentes y el paro masivo que esa catástrofe ha provocado todavía claramente perceptible- todos y cada uno de los republicanos y 27 demócratas votaron en contra de un intento bastante tímido de refrenar los excesos de Wall Street.

Recordemos cómo nos metimos en el lío en que estamos. Estados Unidos salió de la Gran Depresión con un sistema bancario estrictamente regulado. La regulación funcionaba: el país se ha librado de crisis financieras importantes durante casi cuatro décadas tras la Segunda Guerra Mundial. Pero, a medida que desaparecía el recuerdo de la Depresión, los banqueros empezaron a impacientarse por las restricciones a que se enfrentaban. Y los políticos, cada vez más influidos por la ideología del libre mercado, se mostraban cada vez más dispuestos a darles a los banqueros lo que querían.

La primera gran oleada de liberalización se produjo durante la presidencia de Ronald Reagan y rápidamente desembocó en desastre, en la forma de la crisis de las cajas de ahorro de los años ochenta. Los contribuyentes terminaron pagando más del 2% del PIB, el equivalente a unos 300.000 millones de dólares actuales, para arreglar el desastre.

Pero los defensores de la liberalización no se inmutaron, y en la década que precedió a la crisis actual, los políticos de ambos partidos se tragaron la idea de que las restricciones de la era del New Deal que afectaban a los banqueros no eran más que burocracia sin sentido. En un memorable incidente en el año 2003, los principales reguladores bancarios posaron para la prensa utilizando tijeras de podar y una motosierra para cortar pilas de papel que representaban las regulaciones.

Y los banqueros -liberados tanto por la legislación que eliminaba las antiguas restricciones como por la actitud no intervencionista de los reguladores que no creían en la regulación- respondieron flexibilizando enormemente las normas de otorgamiento de préstamos. Las consecuencias fueron un estallido del crédito y una burbuja inmobiliaria monstruosa, seguidos por la peor recesión económica desde la Gran Depresión. Lo irónico es que las iniciativas para frenar la crisis requirieron la intervención gubernamental a una escala mucho mayor de la que habría sido necesaria para evitarla desde el principio: rescates gubernamentales de instituciones con problemas, préstamos a gran escala de la Reserva Federal para el sector privado, y así sucesivamente.

Teniendo en cuenta esta historia, a lo mejor esperaban que surgiese un consenso nacional a favor de restaurar una regulación financiera más efectiva, a fin de evitar una repetición de la jugada. Pues se habrían equivocado.

Háblenles a los conservadores de la crisis financiera y entrarán en un extraño universo alternativo en el que los burócratas del Gobierno, no los banqueros avariciosos, son los que provocaron la catástrofe. Es un universo en el que los organismos de préstamo respaldados por el Gobierno desencadenaron la crisis, aun cuando las entidades crediticias privadas son los que realmente concedieron la inmensa mayoría de los préstamos subpreferenciales. Es un universo en el que los reguladores coaccionaron a los banqueros para conceder préstamos a prestatarios insolventes, aunque sólo una de las 25 entidades crediticias más importantes que concedieron préstamos subpreferenciales estaba sujeta a las regulaciones en cuestión.

Ah, y los conservadores omiten sin más la catástrofe del sector inmobiliario comercial: en su universo, los únicos préstamos malos fueron aquellos concedidos a la gente pobre y a los miembros de los grupos minoritarios, porque los malos préstamos para promotores de centros comerciales y torres de oficinas no encajan en la historia.

En cierto sentido, el predominio de este relato es un reflejo del principio enunciado por Upton Sinclair: "Es difícil conseguir que un hombre comprenda algo cuando su salario depende de que no lo comprenda". Como han señalado los demócratas, tres días antes de que la Cámara votase sobre la reforma bancaria los dirigentes republicanos se reunían con más de cien cabilderos del sector financiero para coordinar estrategias. Pero también es un reflejo de hasta qué punto el Partido Republicano moderno está comprometido con una ideología insolvente, una que no le permite afrontar la realidad de lo que le ha sucedido a la economía estadounidense.

Así que está en manos de los demócratas y, más concretamente, puesto que la Cámara ha aprobado el proyecto de ley, en manos de los demócratas "centristas" del Senado. ¿Están dispuestos a aprender algo del desastre que se ha adueñado de la economía estadounidense, y a respaldar la reforma financiera?

Esperemos que sí. Porque una cosa está clara: si los políticos se niegan a aprender de la historia de la reciente crisis financiera, nos condenarán a todos a repetirla. -

© 2009 New York Times News Service. Traducción de News Clips.

Paul Krugman es profesor de Economía en la Universidad de Princeton y premio Nobel de Economía 2008.

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El giro socialdemócrata del modelo chileno…

Por Ernesto Águila Z. *

Lo avanzado hasta ahora con este programa conceptualmente socialdemócrata es aún germinal y precario, y marca una ruptura no sólo con la idea neoliberal del mercado como factótum del desarrollo económico y social, sino también con la fórmula concertacionista de los noventa de “crecer con equidad”.

El reciente discurso del 21 de mayo de la Presidenta Michelle Bachelet no sólo ha constituido una cuenta de lo realizado y un conjunto de anuncios políticos y sociales relevantes sobre el futuro, sino que ha reiterado la idea de que existe un nuevo enfoque o paradigma en la base de la formulación e implementación de las políticas públicas.

¿Existe este nuevo modelo o es sólo retórica? Y si este nuevo paradigma existe, ¿cuáles son sus rasgos fundamentales y de qué manera se diferencia no sólo del esquema neoliberal, sino de las propias concepciones económico-sociales anteriores de la Concertación?

Sostendremos que en los últimos años, y particularmente bajo la administración Bachelet, lo que ha venido madurando es un giro socialdemócrata del modelo de desarrollo chileno. Ello expresado, básicamente, en la construcción de un "sistema de protección social", en un rol más proactivo del Estado en la economía y en un ideario igualitarista que ha venido instalándose con cierta consistencia en la formulación de las políticas públicas.

El Plan AUGE y su lógica de derechos sociales garantizados, la construcción del pilar solidario del sistema previsional, el programa integral de protección de la infancia conocido como Chile Crece Contigo, el aseguramiento constitucional de 12 años de escolaridad obligatoria, el seguro de desempleo, el subsidio estatal a la vivienda, la reciente ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres, etcétera, son algunas de esas políticas progresistas de nuevo cuño que conforman esta naciente institucionalidad de protección social o, si se quiere, los incipientes cimientos de un modelo de Estado de bienestar.

Lo avanzado hasta ahora con este programa conceptualmente socialdemócrata es aún germinal y precario, y marca una ruptura no sólo con la idea neoliberal del mercado como factótum del desarrollo económico y social, sino también con la fórmula concertacionista de los noventa de "crecer con equidad", que seguía asimilando y reduciendo el concepto de desarrollo al de crecimiento económico, y concebía la acción social más bien a través de "programas focalizados" y no como la construcción estructural de una red de instituciones y mecanismos permanentes de protección y distribución de oportunidades y de bienestar.

También esta nueva sensibilidad progresista se ha verificado en la agresiva acción económica contracíclica para enfrentar las crisis, en los esfuerzos de reactivación vía inversión pública y en la intervención directa del Estado sobre actividades económicas amagadas y protección del empleo, en un "revival" keynesiano impensado hasta hace unos pocos meses en nuestra ortodoxia económica.

Mucho más tímida ha sido la instalación de la lógica socialdemócrata en el campo laboral, donde resulta una asignatura pendiente el fortalecimiento de los sindicatos, de la negociación colectiva y del diálogo social al interior de la empresa y entre los grandes actores sindicales y empresariales (lo que mostró su viabilidad en el reciente acuerdo entre la CUT y la CPC para una moratoria de una parte del potencial desempleo vía capacitación).

En este sentido, lo que en gran medida estará en juego en diciembre de 2009 no es solo una genérica idea de cambio o alternancia sería absurdo que así fuera con los actuales niveles de respaldo del actual gobierno concertacionista sino también continuidad y profundización de este nuevo modelo social que se ha venido construyendo. Es decir, si se prosigue con este giro socialdemócrata o bien se entra en una involución neoliberal, a través de políticas de expansión del rol del mercado, desregulación, privatización de empresas públicas y, en general, la permanente propuesta de soluciones privadas para problemas públicos.

Se debe tomar nota que en las últimas semanas el candidato de la derecha ha comenzado a hablar de "protección social". Sin embargo, resulta una conversión un poco tardía y poco creíble dentro de un sector político que hasta ahora no ha hecho ninguna revisión ni autocrítica intelectual seria de la crisis financiera internacional y de sus causas, ni ha aceptado conceptualmente el nuevo rol que el Estado ha venido jugando en lo económico y en lo social en el mundo y en Chile (la única reflexión de la crisis fue la pueril explicación de que era una nueva "falla del Estado" por no haber sabido éste regular, luego de haber predicado por décadas el laissez faire de los mercados).

Continuidad y profundización socialdemócrata o regresión neoliberal pareciera ser la contradicción del período, por usar una categoría un poco en desuso y de otros tiempos. El arte de la política progresista en los próximos meses será concentrar las fuerzas y energías en esta contradicción principal y evitar enredarse en debates y escaramuzas secundarias y subalternas. //LND

* Director ejecutivo del Instituto Igualdad y editor político de www.asuntospublicos.cl.

LA NACION.CL

Para enfrentar la crisis, marcha atrás en la ortodoxia

Los Gobiernos y los bancos centrales sacan toda su artillería contra la crisis

ALICIA GONZÁLEZ 30/11/2008, El País.com

El gurú de la crisis, Nouriel Roubini, sostiene que “tiempos desesperados exigen medidas desesperadas y extremas”. Y nada más desesperado, en su opinión, que la amenaza de deflación, suspensiones de pagos y trampas de liquidez que atenazan a la economía mundial.

En eso están todos los gobiernos del mundo en este momento. Rebajas de impuestos a empresas y consumidores, compras de créditos dudosos, inversiones en obra pública… Todo es poco para evitar la fatídica combinación que supone el desplome de la actividad, frenazo del consumo, restricción del crédito y caídas de precios a la que parece abocada sin remedio la economía mundial.

A eso se comprometían, precisamente, los líderes del G-20 el pasado 15 de noviembre en Washington. “Usaremos medidas fiscales para estimular la demanda doméstica con efecto inmediato, según sea necesario, mientras se mantiene un marco político enfocado a la sostenibilidad presupuestaria”, decía el punto número siete del comunicado. La ortodoxia parece haber quedado relegada ante el riesgo de que la recesión global deje paso a una depresión. Las autoridades están llevando a cabo una movilización sin precedentes de todos los recursos disponibles, aunque eso se traduzca en la vuelta a los déficit públicos, un incremento en las emisiones de deuda de los Estados desconocido en los últimos años y la puesta en marcha de políticas hasta ahora consideradas heterodoxas, como las aprobadas esta última semana en Estados Unidos.

La Reserva Federal ha llevado a cabo una fuerte inyección de liquidez en la economía para animar el crédito a las familias y a las pequeñas y medianas empresas. Se trata de una medida excepcional, no sólo por el elevado volumen de la medida (800.000 millones de dólares, frente a los 700.000 millones del plan de rescate del Gobierno) sino por el cambio de estrategia que implica.

“Aunque aún es demasiado pronto para saber si las últimas medidas son suficientes para marcar un punto de inflexión en la crisis crediticia, cada una de ellas supone un cambio radical en la forma en la que los responsables políticos y económicos de Washington están respondiendo a la crisis”, aseguraba Barclays Capital en un informe.

Mientras los planes del Gobierno se financian con dinero de los contribuyentes a través de la emisión de deuda pública, los del banco central implican, de hecho, darle a la máquina de hacer dinero. Así, el balance del banco ha pasado en los últimos meses de 800.000 millones a 2 billones de dólares. Todo con un doble objetivo: aumentar la liquidez del mercado y evitar el riesgo de deflación.

La Reserva ha tenido que adoptar estas medidas ante la amenaza de “quedarse sin munición”, como lo definió su ahora presidente Ben Bernanke en 2002. Entonces, como miembro del Consejo de Gobierno de la entidad, apostaba porque la Reserva comprara deuda pública e incluso privada si los tipos de interés se aproximaban peligrosamente a cero.

Seis años después, ése es el escenario que baraja la entidad. Con el precio del dinero en el 1%, los analistas apuestan por una nueva rebaja en diciembre hasta el 0,5%. A partir de ese nivel, la rebaja de los tipos de interés deja de ser un instrumento efectivo de política monetaria y son necesarias otro tipo de medidas.

Ahí es donde se enmarca el cambio de estrategia de la entidad dentro de las denominadas políticas de expansión cuantitativa. Es lo que hizo Japón entre el año 2001 y 2006, un tiempo durante el que mantuvo los tipos de interés en el 0,15%, pero proporcionando al mismo tiempo provisiones suficientes de reservas al sistema bancario para fomentar la ampliación de los créditos. Y fue eso lo que permitió a Japón salir de una década de crisis, según asegura Mark Spiegel, analista de la Reserva Federal de San Francisco.

Europa en esta ocasión ha ido por delante de Estados Unidos. Aunque la política monetaria europea aún cuenta con mucho margen de actuación, con el precio del dinero en el 3,25%, el BCE lleva desde hace aproximadamente un mes ofreciendo cantidades de dinero ilimitadas en las subastas semanales de liquidez a un tipo fijo, un claro giro hacia políticas cuantitativas.

“Lo cierto es que el BCE tardó en actuar y ahora permite barra libre de liquidez” a los bancos, asegura José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney. Eso ha incrementado en un 50% el neto que presta al conjunto del sistema financiero respecto a los niveles de agosto de 2007.

UBS señalaba en un reciente informe que tanto el euro como el sistema financiero articulado en torno a la moneda única nacieron con defectos de origen que esta crisis ha sacado a la luz. Entre ellos, que la responsabilidad de la política monetaria reside en el BCE mientras la responsabilidad sobre el sistema bancario reside en los bancos centrales. “Eso significa, in extremis, que Europa carece de un prestamista creíble de último recurso”, dicen los analistas de UBS. Como dijo en su puesta en marcha el entonces presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, “estoy seguro de que el euro nos obligará a introducir un conjunto de nuevos instrumentos de política económica. Es políticamente imposible proponerlos ahora. Pero algún día habrá una crisis y esos instrumentos serán creados”. A estas alturas, el debate ni siquiera se ha planteado entre los miembros del consejo de la entidad.

Las autoridades europeas también parecen haber hecho caso omiso de los buenos propósitos expresados en la cumbre de Washington y cada día parece más difícil articular un plan de estímulo económico coordinado a nivel comunitario.

La propuesta de la Comisión de poner en marcha rebajas fiscales y ayudas presupuestarias equivalentes al 1,5% del PIB se ha encontrado con el rechazo tajante de Francia y Alemania, especialmente lo que respecta a la rebaja del IVA. Se trata de un plan de 200.000 millones de dólares -”aunque puede ser necesario más para atajar la crisis”, advertía el presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso- al que Bruselas apenas aporta 30.000 millones. Algunos Estados miembros cuentan con escaso margen presupuestario, dado que su nivel de déficit ya roza el 3% del PIB, pero Bruselas está dispuesta a hacer la vista gorda. “En circunstancias excepcionales uno puede utilizar la máxima flexibilidad”, admitió Barroso.

Sin esperar a un acuerdo, Londres ya ha puesto en marcha su propio plan, con el objetivo principal de impulsar el consumo a través de una rebaja del IVA. En total, 20.000 millones de libras (24.000 millones de euros), el mayor plan de estímulo aprobado en el Reino Unido desde 1988, equivalente al 1,1% del PIB.

Para paliar, aunque sea parcialmente los costes del plan, el Gobierno laborista ha anunciado que, a partir de 2011, subirá el impuesto sobre la renta del 40% al 45% a quienes ganen más de 150.000 libras anuales (180.000 euros). Y ahí radica un cambio fundamental en la política aplicada por Reino Unido y la mayor parte del mundo occidental en la última década. Desde la llegada de la conservadora Margaret Thatcher al poder en 1979 (a la que se sumaría con la misma filosofía liberal Ronald Reagan en Estados Unidos en 1981) el tipo máximo del IRPF sólo ha hecho que bajar, una tendencia a la baja que Tony Blair como primer ministro acentuó.

“Es la vuelta a los años setenta”, aseguraba Bill Jones, profesor de políticas de la Universidad de Manchester. “Es un retorno a las diferencias entre los dos partidos políticos y el fin temporal de las políticas de consenso. Es como si los laboristas, de pronto, hubieran roto su camisa de fuerza”.

Es la línea que también anticipa el nuevo Gobierno demócrata en Estados Unidos. Como candidato presidencial, Barack Obama criticó con dureza las rebajas fiscales para las rentas más altas llevadas a cabo por el Gobierno de George Bush. Los nuevos asesores presidenciales descartan que el plan de estímulo que Obama aprobará nada más ser investido presidente vaya a incluir subidas de impuestos para estos colectivos. Pero el propio Obama reiteraba esta semana su intención de que “los más ricos paguen un poco más para que podamos invertir en el crecimiento y recuperar la economía”. Toda una declaración de intenciones.

Y un planteamiento muy diferente a algunas de las medidas -que no las declaraciones- del Gobierno español. El plan de estímulo aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de abril incluía la eliminación del impuesto sobre el patrimonio, ahora en tramitación en el Senado y por el que el Estado dejará de ingresar unos 1.800 millones de euros anuales. La medida ha sido muy bien acogida por aquellos obligados a pagar este impuesto, entre otros, los que acumulan bienes por valor superior a los 600.000 euros. “No sabía que yo fuera socialdemócrata y que lo fuera tanto”, se ha comentado con sorna en algunos reservados de los restaurantes más caros de Madrid a la vista del ahorro que esa medida supondrá para sus comensales.

Vuelta a los déficit

Los planes de rescate financiero y de estímulo económico conllevan la vuelta a los déficit públicos y las emisiones de deuda masivas. Los últimos cálculos apuntan que el deterioro de las cuentas públicas de los países desarrollados se situará de media en el 4,1% del PIB en 2010, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Mayor será el impacto de los planes de estímulo para Estados Unidos, que verá cómo sus cuentas públicas registran un déficit del 6,8% en dos años, el mayor déficit entre los de la OCDE. Sin embargo, algunos analistas privados apuntan que el déficit alcanzará niveles próximos al 8% del PIB en economías como la del Reino Unido e incluso España.

A la hora de gastar ese dinero, la OCDE reconoce que la inversión en infraestructuras puede ser un buen instrumento, aunque tarda en instrumentarse y ponerse en marcha y, por tanto, en trasladarse al resto de la economía. De ahí que apunte alternativas como las rebajas de impuestos o las transferencias de renta a las familias más endeudadas y con menos recursos. Sí subraya que “una vez que haya signos claros de recuperación será necesario deshacer con rapidez los estímulos macroeconómicos para evitar que se asienten las presiones inflacionistas en la economía”.

Pero eso no resultará nada fácil. La economista jefe de Schroders, Keith Wade, sostiene que “resulta difícil para los gobiernos dar marcha atrás en los planes de estímulo, especialmente cuando están asociados a objetivos políticos prioritarios”, como los trabajadores menos cualificados o los hogares de menor renta. Eso supone que una vez que comienza la recuperación de la actividad en el sector privado “el mantenimiento de la expansión presupuestaria deriva en un sobrecalentamiento y en más inflación”. Un pronóstico que resultaría amenazante en cualquier otro momento pero no tanto ahora, cuando el riesgo de una espiral deflacionista se ha hecho evidente.

En ese sentido, el elevado endeudamiento público tampoco sería ahora una amenaza para los precios “dada la debilidad de la demanda del sector privado”, insiste Schroders en su análisis. Todo ello dibuja un escenario similar al de los años sesenta, con el IPC por debajo del 2% pero sin entrar en deflación. -

El equipo de Obama: ¿progresista?

 

Todos los hombres del presidente

 

Empresarios y ex colaboradores de Clinton dirigen la transición económica

ALICIA GONZÁLEZ, El País.com

El viernes 7 de noviembre el presidente electo, Barack Obama, hizo la presentación oficial del que es su grupo de asesores económicos para la transición. Obama dejó patente la importancia del momento al elegir ese día, tras la reunión del equipo para analizar la crisis, y no otro, para ofrecer su primera rueda de prensa. El día anterior había tenido una reunión con los responsables de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para empezar a tomar contacto con los asuntos de Estado, pero Obama quería trasladar a toda la sociedad la importancia que otorga al difícil momento económico.

Buena prueba de esa inquietud es el perfil de los integrantes de ese equipo, con el objetivo de que los graves problemas que atraviesa la economía no queden desatendidos en los meses que restan hasta que Obama jure su cargo, el próximo 20 de enero, y también lo hagan sus colaboradores.

Para empezar, Obama ha reclutado a buena parte de su equipo económico entre los antiguos colaboradores de Bill Clinton en sus ocho años de presidencia. Robert Rubin y Lawrence Summers (ex secretarios del Tesoro), Robert Reich (secretario de Trabajo), William Daley (secretario de Comercio) y Laura Tyson (presidenta del Consejo de Asesores Económicos y directora del Consejo Económico Nacional) son los que más directamente trabajaron con el último presidente demócrata. Uno de los que no forman parte del equipo económico pero sí asistió a la reunión del pasado 7 de noviembre es John Podesta, jefe de Gabinete del presidente Clinton y uno de los encargados de dirigir los equipos de transición.

Estas designaciones garantizan a Obama el asesoramiento de gente que ha trabajado directamente en la Administración aunque también cuenta con el apoyo de actuales responsables de gobierno, como la gobernadora de Michigan, Jennifer Granholm.

Hay otros cuya colaboración con las Administraciones demócratas son algo más indirectas, como Paul Volcker (presidente de la Reserva Federal entre 1979 y 1987), o Roger Ferguson (vicepresidente de la entidad entre y 1997 y 2006), y tampoco falta gente con destacada experiencia en la negociación parlamentaria, como su propio jefe de Gabinete, Rahm Emanuel, o el congresista David Bonior.

En todo caso, la formación de este equipo no se ha dejado al azar. Detrás de estos nombramientos se esconden las batutas de los que han sido los dos principales asesores económicos de Obama durante la campaña: Jason Furman y Austan Goolsbee.

Furman, economista formado en Harvard, de 37 años, se perfila como director del Consejo Económico Nacional. Llegó a Washington en la década de los años noventa como asesor del después premio Nobel de Economía y también asesor de Obama Joseph Stiglitz. Hasta su designación como jefe del gabinete de política económica del candidato Barack Obama, en junio pasado, Furman dirigía el proyecto Hamilton, destinado a investigar y analizar las cuestiones económicas dentro de la Brookings Institution, organización sin ánimo de lucro sobre políticas públicas.

Furman y Goolsbee tienen en común sus posiciones centristas en materia económica, lo que ya les ha supuesto críticos y detractores casi a partes iguales. Goolsbee ha sido uno de los asesores más próximos a Obama. Profesor de Economía de la Universidad de Chicago, de 39 años, no defiende sin embargo los postulados liberales que estableció Milton Friedman y que se conocen como Escuela de Chicago. Sus escritos se enmarcan dentro de la Nueva Economía Social, más centrada en los problemas diarios de los ciudadanos y defensor del establecimiento de un sistema de pensiones en Estados Unidos siguiendo el modelo europeo de Seguridad Social. Goolsbee aparece en las quinielas como presidente del Consejo de Asesores Económicos, lo que le mantendría dentro del círculo presidencial en la Casa Blanca. Pese a sus vínculos evidentes con Obama, ninguno de ellos está incluido en el equipo de transición.

De lo que no cabe ninguna duda es de que la selección del equipo económico de esta primera etapa trata de dar satisfacción a las diferentes sensibilidades del partido y del electorado demócrata: hay abogados, economistas, gente de perfil más centrista, otros de marcado acento progresista, latinos, judíos, algún republicano (Richard Parsons), defensores del libre mercado, críticos del acuerdo de libre comercio con México y Canadá, empresarios de las nuevas tecnologías pero también del sector inmobiliario, y una gobernadora en ejercicio conocida por sus recortes presupuestarios.

Como reconocía uno de sus integrantes, Robert Reich, “espero que Jason [Furnam] demuestre que es un buen negociador y que los puntos de vista de Bob Rubin y compañía estén compensados por otras miradas y otras voces dentro del partido”. Ése es desde el primer momento el reto del nuevo equipo.

Obama ya ha empezado a hacer gestos para marcar diferencias con la actual Administración. John Podesta, uno de los directores de la transición, ha hecho públicas esta semana las reglas que van a marcar este periodo. Sin duda, la más significativa ha sido la decisión de excluir a los lobbies de esta etapa de gobierno en lo que Podesta ha calificado como “las reglas éticas más estrictas y de mayor alcance de ningún equipo de transición en la historia de Estados Unidos”.

Pese a lo pomposo de sus palabras, esas reglas no excluirán que algunos de los asesores que más dinero han recaudado de los lobbies tengan un papel destacado en esta etapa.

Sin ir más lejos ahí está Rahm Emanuel, su ya designado jefe de gabinete para la Casa Blanca. El congresista por Illinois ha sido el miembro de la Cámara de Representantes que más contribuciones ha recibido de los hedge funds, firmas de Bolsa y empresas de inversión, según Open Secrets, una organización dedicada a investigar la financiación de las campañas electorales y de los dirigentes políticos.

Claro que Emanuel es conocido por su estilo combativo (envió por correo un pescado podrido a un colaborador con el que había discutido) y sus habilidades para captar financiación. Ése fue uno de sus principales cometidos durante la campaña de elección de Bill Clinton como candidato demócrata en 1991 y después como presidente de Estados Unidos. Trabajó en la Casa Blanca como uno de sus más estrechos asesores hasta su renuncia en 1998 por diferencias con Hillary, pese a lo cual formó inicialmente de su equipo en las primarias.

Después de abandonar la Casa Blanca, Emanuel se convirtió en un banquero de inversión y, en apenas dos años y medio, hizo un patrimonio de más de 16 millones de dólares, según las cuentas que él mismo presentó al Congreso. Un empleo que compatibilizó con el de consejero de la entidad hipotecaria recientemente intervenida Freddie Mac y que no estuvo exento de escándalos relacionados con irregularidades contables. Por ese trabajo Emanuel recibió apenas 31.060 dólares en el año 2000, cifra que ascendió a unos nada desdeñables 231.655 dólares en 2001.

Fue al año siguiente, en 2002, cuando decidió presentarse al Congreso por Illinois, y una vez instalado en Washington pasó a ser miembro del poderoso Comité de Procedimientos y Recursos de la Cámara de Representantes, lo que convirtió a Emanuel en un claro objetivo de la industria financiera. Los datos de la Comisión Electoral Federal no dejan lugar a dudas. Desde su elección, hace seis años, Emanuel ha recaudado un millón y medio de dólares de empresas relacionadas con la inversión, casi 700.000 dólares procedentes de firmas de abogacía y unos 375.000 de la industria del entretenimiento.

Unas conexiones que, evidentemente, ya han levantado todo tipo de suspicacias pero que no son las únicas dentro del equipo. Es el caso de Robert Rubin, calificado por el propio Clinton como “el mejor secretario del Tesoro de la historia desde Alexander Hamilton”. Aunque los demócratas exhiben los logros alcanzados en materia macroeconómica durante el tiempo en que Rubin ocupó la Secretaría del Tesoro (entre 1995 y 1999), hay muchos sectores dentro del partido que le acusan de su excesiva complacencia con la industria financiera. De hecho, desde el principio de su carrera, Rubin ha estado muy vinculado a Wall Street, e incluso ahora, que es director y asesor de Citigroup.

Sus críticos le acusan de haber sentado las bases -junto al anterior presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, y su sucesor en el cargo, Lawrence Summers- de las condiciones que provocaron el estallido de la crisis financiera en agosto de 2007. Rubin y Greenspan se opusieron firmemente a cualquier tipo de regulación del mercado de derivados, el más importante el relacionado con los seguros contra el riesgo de impago, los credit default swaps. Unos productos que el magnate Warren Buffet, otra de las voces que escucha Obama, califica como “armas financieras de destrucción masiva” por el papel que han jugado en la actual crisis.

Rubin y Greenspan defendían que la regulación frenaba la innovación financiera y que eso llevaría a que la potente industria bancaria estadounidense perdiera su supremacía mundial.

Un argumento muy parecido al que esgrimió -con éxito- la banca de inversión ante Summers para revocar las restricciones regulatorias que estaban en vigor, precisamente, desde la gran depresión.

En 1933 el senador republicano Carter Glass impulsó una ley bancaria que prohibía que los bancos comerciales desarrollaran actividades propias de la banca de inversión. Quería imponer un cortafuegos entre los dos modelos de negocio con el fin de evitar que se repitiera lo sucedido durante esa crisis. Entre 1929 y 1933 el 40% de los bancos estadounidenses declararon la bancarrota.

La ley Glass-Steagall fue revocada en 1999 bajo mandato de Summers y permitía que los bancos comerciales, las firmas de inversión, los fondos de alto riesgo, los inversores institucionales, los fondos de pensiones y las compañías de seguros pudieran invertir sin restricciones en los negocios de los demás, así como la integración total de sus operaciones financieras.

Un cambio tan profundo, en palabras de Summers, que suponía “la fundación legislativa del sistema financiero del siglo XXI”, dijo entonces. Unas de las firmas que presionaron para lograr este cambio de legislación fueron Goldman Sachs (entonces presidida por el actual secretario del Tesoro, Henry Paulson) y Citigroup, firma a la que para entonces ya se había unido Rubin.

Por si el sector financiero no tuviera suficientes defensores dentro del nuevo equipo económico, también cuenta con Roel Campos y William Donaldson. El primero es comisario del mercado de valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés) desde el año 2002 y en su mano estaban los asuntos relacionados con la regulación internacional del sector.

Donaldson ha jugado un papel más directo en la crisis. Fue presidente de la SEC entre febrero de 2003 y junio de 2005. Desde ese cargo, presidió una reunión en 2004 a petición de las principales firmas de inversión de Wall Street en la que los bancos pedían a la SEC que excluyera a sus firmas de corretaje de la obligación de tener un nivel de capital proporcional a los riesgos que asumían. De nuevo, en esa reunión estaba Henry Paulson al frente de Goldman Sachs.

La petición dio sus frutos y el consejo de la SEC (Donaldson y Campos incluidos) votó por unanimidad la propuesta de los banqueros. La desregulación no se quedó ahí. La SEC presionó a las autoridades europeas para evitar ese mismo escrutinio sobre las filiales extranjeras de la banca de inversión. Bruselas cedió a las presiones bajo la promesa de que serían supervisadas en su lugar por la propia comisión del mercado de valores estadounidense. Los bancos sólo accedieron a proporcionar esos datos con carácter voluntario.

Para compensar esta excesiva cercanía a Wall Street, entre los integrantes del equipo de transición también hay miembros -pocos- del ala más a la izquierda del partido. Es el caso del congresista David Bonior, que fue la cara de la oposición demócrata al Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, con Canadá y México. Bonior se hacía eco así de las preocupaciones de los sindicatos, que tienen en Robert Reich a otro de sus grandes defensores. Reich fue secretario de Trabajo con Clinton entre 1993 y 1997 y fue el que promovió en ese periodo la subida del salario mínimo, la ley de protección de las pensiones e impulsó programas para mejorar la formación tecnológica de los trabajadores.

Con la selección de este equipo económico, el ahora presidente electo se ha asegurado el asesoramiento de gente con experiencia y formación. Pero muchos cambios tendrá que hacer Barack Obama para que el aire del cambio que ha impulsado su campaña y clave en su elección se haga realidad en su equipo económico cuando forme gobierno.

El G-20 acuerda una acción pública masiva, dando la espalda a liberalismo duro…

La cumbre fija que los Gobiernos usen estímulos fiscales a la economía. Se crean grupos de trabajo para la reforma financiera. Impulso a la liberalización comercial

A. BOLAÑOS (ENVIADO ESPECIAL) - Washington – 16/11/2008

La amenaza de una depresión mundial, proclamada por una avalancha de tenebrosas estadísticas, surtió efecto. Los líderes de las principales economías del mundo, ricas y emergentes, aparcaron sus múltiples diferencias para afrontar de forma conjunta, al menos, la cuestión más apremiante: cómo parar la recesión que irradia desde Estados Unidos y Europa.

El G-20 acordó ayer en Washington dar vía libre a una nueva ola de incentivos públicos, mucho más ambiciosos que los desarrollados hasta ahora, para reanimar la economía. Además, dio un primer paso para la reforma del sistema financiero mundial, abrió el debate sobre el papel futuro del FMI y del Banco Mundial y lanzó un mensaje contra el proteccionismo y en favor de la liberalización comercial.

El comunicado final que sintetizó cuatro horas de debates, sin luz ni taquígrafos, urge a los Gobiernos “al uso de medidas fiscales para estimular la demanda interna de forma rápida”. Y acalla las sonoras divergencias entre Europa y Estados Unidos sobre la reforma del sistema financiero, origen de la crisis, desplazando la discusión a grupos de trabajo. Los líderes mundiales, además, resucitaron la moribunda ronda de Doha para alejar cualquier fantasma de proteccionismo y buscar nuevos acuerdos de rebajas de aranceles en algunos mercados clave antes de fin de año.

Las notables diferencias de criterio con las que los líderes mundiales acudían a Washington pusieron en duda incluso el acuerdo de mínimos sobre la necesidad de una mayor intervención pública. “La solución nunca ha sido más Gobierno”, clamó el presidente de Estados Unido, George Bush, en la víspera de la reunión. “Puedo decir ahora que hemos contestado con éxito a la pregunta de si países con intereses tan diferentes podíamos ponernos de acuerdo”, dijo ayer tras clausurar la cita del G-20. La propuesta de generalizar los incentivos estatales fue ganando adeptos conforme se desarrollaba la cumbre. “La crisis financiera puede llegar a convertirse en una crisis humanitaria si no actuamos”, sintetizó el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon”.

El espaldarazo definitivo a la propuesta vino del líder ausente en la cumbre, pero determinante para lo que venga en el futuro. Barack Obama hizo acto de presencia en una intervención radiofónica que coincidió con el arranque de la reunión. Y su mensaje fue nítido. “Al tiempo que actuamos de forma concertada con otros países, debemos intervenir aquí con urgencia”, dijo el presidente electo de EE UU. “Si el Congreso no aprueba ya un plan que dé a la economía el empujón que necesita, ésa será mi primera orden ejecutiva como presidente”, añadió.

La propuesta de Obama no se queda ahí. En los primeros meses de su mandato desarrollará un ambicioso plan de inversiones públicas en infraestructuras. Y fuentes demócratas agregaron que se estudia también un recorte en el impuesto que grava los resultados de las empresas del 35% al 28%.

La clara apuesta del nuevo líder norteamericano por utilizar los incentivos fiscales a conciencia para frenar la crisis da credibilidad a la conclusión del G-20 de que “es necesaria una respuesta política mucho más amplia para reestablecer el crecimiento económico”. “Veremos a muchos países seguir esta recomendación en los próximas semanas”, vaticinó el primer ministro británico, Gordon Brown. “Reactivaremos la economía, ésa es la señal que mandamos a los mercados”, añadió el presidente francés, Nicolas Sarkozy al término de la cumbre.

Casi agotada ya la vía monetaria -sólo en Europa hay margen para recortes de tipos de interés significativos-, la alternativa que queda a los Gobiernos es usar sus presupuestos, aun a expensas de más endeudamiento y déficit público. Son medidas que ya han sido ensayadas en los últimos meses, pero que ahora deberán tener una dimensión mucho mayor.

China acaba de aprobar un plan de inversiones públicas valorado en medio billón de euros. España y EE UU, por ejemplo, ya han devuelto dinero a los contribuyentes. Pero la deriva de la crisis ha dejado claro que esos recortes (en el caso español, la deducción de 400 euros en el IRPF) apenas sirvieron para reactivar el consumo. Brown, uno de los más fervientes partidarios de nuevos incentivos fiscales, confirmó ayer que su paquete de medidas estará listo en dos semanas. El presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, defendió también la necesidad de nuevas medidas fiscales, según fuentes de la delegación española. Europa trtará de coordinar esas medidas el próximo 26 de noviembre y Zapatero expondrá en el Congreso su plan al día siguiente.

A la espera de comprobar si el mandato del G-20 sobre incentivos a la economía real tiene la misma eficacia que tuvo hace un mes la recomendación del G-7 sobre la necesidad de inyectar dinero público en la banca, queda por resolver un debate peliagudo: hasta dónde debe llegar la reforma del sistema financiero, ojo del huracán que abate la economía mundial.

Las posiciones encontradas sobre cómo regular mercados y agentes financieros que hasta ahora campaban por el préstamo fácil, la rentabilidad alta y el riesgo excesivo se deberán lidiar ahora en grupos de trabajo, que tendrán que presentar sus conclusones “antes del 31 de marzo”. Unas diferencias que centraron buena parte de las intervenciones de los líderes mundiales en el Museo Nacional de Arquitectura, sede del encuentro.

Según fuentes de la delegación española, Bush abrió fuego con una nueva defensa del libre mercado. El siguiente turno fue para Abdullah Bin Abdulaziz, rey de Arabia Saudí, que dejó la reunión nada más acabar su intervención. Todo lo que llegó de la cumbre -a la prensa se la concentró en el Departamento de Estado, a dos kilómetros de la sede- hasta el comunicado final fue un goteo de información filtrada por las delegaciones.

Sin esclarecer qué rumbo tomará la nueva regulación, el comunicado sí asume que el origen de la crisis se debió a la actuación irresponsable de varios agentes financieros y que hubo claros fallos del lado del sector público: “Políticos, reguladores y supervisores en algunos países avanzados (una alusión velada a Estados Unidos), no apreciaron de forma adecuada los riesgos de algunos mercados ni siguieron el ritmo de la innovación financiera”.

El resto del comunicado es un amplio listado de los deberes que quedan por hacer. Los ministros de Economía, con el apoyo de expertos y bajo la coordinación de la troika del G-20 (Brasil, Reino Unido y Corea del Sur) tendrán que hacer recomendaciones sobre cómo regular los complejos productos derivados financieros (que sirvieron para trocear el riesgo de las hipotecas basura de EE UU) o cómo coordinar las diversas normas nacionales.

El comunicado del G-20 da pistas de cómo se resolverán algunas de las incógnitas planteadas. Hay un llamamiento a reflejar el poder de las economías emergentes en el Fondo Monetario Internacional y a ampliar su capacidad para prestar dinero a países en desarrollo. Pero no hay ninguna mención a su papel como supervisor de las finanzas mundiales, una iniciativa europea que EE UU rechaza. Este cometido que parece reservado al Foro de Estabilidad Financiera, un organismo creado por el G-7, que reúne a los supervisores de las principales plazas financieras. Los líderes mundiales dan prioridad a la ampliación de este organismo para hacer sitio a países como China o India, una oportunidad que España quiere aprovechar para lograr representación.

También se considera una prioridad la creación de colegios de supervisores para seguir la pista a grandes entidades que operan en varios países (también iniciativa europea). Las recomendaciones sobre cómo supervisar las agencias de calificación de riesgos(ahora un monopolio de tres firmas estadounidenses), los sueldos de los ejecutivos, nuevos criterios contables que hagan más transparente el valor de los activos financieros o las medidas para garantizar que la banca tenga capital suficiente para afrontar los riegos formarán parte de esa primera ronda de propuestas. Se hace mención expresa a la necesidad de poner en marcha regulaciones “anticíclicas”, una alusión que da protagonismo a la propuesta española de extender su modelo de supervisión, en el que el Banco de España obliga a las entidades a dotar provisiones en tiempos de bonanza para utilizar en época de crisis.

“Ésta es sólo la primera de varias cumbres, ya hemos tomado medida importantes, pero es necesario tomar más”, afirmó Bush. La próxima cita de los líderes mundiales será en abril de 2009, con Obama ya al frente de EE UU y, previsiblemente, en Londres. Un tiempo que servirá para medir la eficacia del llamamiento a “una respuesta política más amplia contra la crisis”. Y para comprobar si, como sostuvo Brown, éste es el inicio de un camino que llevará “a un nuevo Bretton Woods, a las instituciones internacionales del futuro”.

El País.es