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La batalla de Francia… y la precariedad social
SAMI NAÏR 23/10/2010
Lo que está pasando ahora en Francia era previsible. La sublevación de las clases populares vinculadas a los servicios públicos, de las clases medias seguidas por una parte importante de la juventud, de los estudiantes, no se puede entender si no se tiene en cuenta la situación de conflicto permanente creada por el propio modo de actuar del Gobierno y del presidente Nicolas Sarkozy. Sobre la cuestión de fondo, o sea la reforma de las pensiones y de la edad de jubilación, la posición del Gobierno fue dictada a los sindicatos sin posibilidad de negociación.
Retomando las propuestas de la patronal, que pedía, desde 2007, el retraso de la edad legal de las jubilaciones, la prolongación del plazo de cotizaciones y la evaluación restrictiva del trabajo penoso, el Gobierno propuso un proyecto de ley que impone el retraso de la edad legal mínima de jubilación de los 60 a los 62 años, la prolongación de las cotizaciones durante 41,5 años y el retraso de la edad para cobrar el total de la pensión de jubilación de 65 a 67 años para los que no hayan cotizado el tiempo necesario. Estas propuestas vienen acompañadas de muchas otras sobre la convergencia público-privada, el empleo de personal de mayor edad, de los jóvenes, de los derechos de los parados, de las prestaciones por maternidad, y otros puntos importantes. De hecho, el Gobierno, aprovechando el traumatismo provocado por la crisis económica, pensaba vender todo el paquete a la vez, yendo mucho más allá de lo que se estaba hablando en Francia estos últimos años.
En el fondo, todo el mundo, incluso los sindicatos, sabe que habrá que hacer reformas, tanto por causa de la prolongación de la esperanza de vida como por la adaptación del sistema de jubilaciones a las nuevas condiciones de la economía francesa dentro del marco de la globalización. Las posiciones del conjunto de los sindicatos (los seis más importantes del país) apuntan que se trata de una reforma global, calificada de injusta (va a profundizar en las desigualdades), esencialmente pagada por los asalariados y, sobre todo, sin un proyecto de plan de empleo y de lucha en contra de la precariedad. Lo que significa que varias categorías sociales tendrán que trabajar hasta los 72 años para poder conseguir jubilaciones completas. Piden, desde luego, una reunión comparable a la que tuvo lugar después de Mayo del 68, llamada de "Grenelle", en la que se adoptó una reforma global consensuada entre el Gobierno y los sindicatos sobre el sistema social y el mercado de trabajo. El Gobierno rechazó la propuesta y, desde la primera manifestación del 24 de junio, no quiso negociar. Dicho de otra manera, ha elegido desde el principio la confrontación directa. Frente a esta ofensiva, los sindicatos -sus reivindicaciones son serias y abiertas (sin embargo, no hay un acuerdo global entre ellos mismos, y que hubiera podido ser un margen de maniobra importante para el Gobierno)-, consideraron que el Ejecutivo quería sobre todo debilitarlos. De ahí, el inevitable enfrentamiento.
Otro elemento importante para entender la violencia del enfrentamiento: desde su elección, Sarkozy nunca pudo conseguir el apoyo mayoritario para su política de "reformas". La idea que todos los sondeos de estos dos últimos años ponen de relieve es que su política es profundamente conservadora y beneficia sobre todo a los grupos económicos privilegiados. Un sentimiento amargo de injusticia flota en el aire, y los métodos autoritarios y a veces teñidos de desprecio de los más altos responsables políticos hacia la ciudadanía acaban de transformar este sentimiento en rebeldía "lógica", para hablar como el poeta Arthur Rimbaud. Dicho de otra manera, la situación de crisis actual tiene tanto que ver con el rechazo de unas reformas consideradas injustas en un contexto de profundas desigualdades como el enfrentamiento con un presidente y un Gobierno que han perdido todas las elecciones desde las presidenciales de 2007. El tema sindical se mezcla con el rechazo político global.
¿Qué va ocurrir? Si el Gobierno mantiene su proyecto, probablemente asistiremos a una contestación social "rastrera" durante los próximos años, sabiendo que va a ser un tema clave en las elecciones presidenciales de 2012. Sin olvidar que los huelguistas franceses tienen la convicción de que se trata de una contienda que supera a su país, y que tendrá muchas consecuencias sobre el resto de los movimientos sociales en Europa. La batalla de Francia está lejos de acabarse.
EL PAIS.COM
Escrito por Eduardo Aquevedo
23 octubre, 2010 a 2:32
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EE.UU: Capital financiero y declinación industrial…
Alejandro Nadal, La Jornada.com
Las relaciones entre el sector financiero y la economía real son cruciales para entender la naturaleza de la crisis. Pero la teoría económica ortodoxa carece de herramientas que analicen estas relaciones. De hecho, para ese discurso teórico lo que sucede en la esfera financiera debiera servir a la esfera real, proveyendo los servicios financieros que necesita la producción de bienes y servicios. Mas la historia económica de Estados Unidos nos muestra cómo el sector financiero pudo someter a la economía real.
El poderío industrial estadunidense constituyó la plataforma de su hegemonía desde finales del siglo XIX hasta 1970. La ola de innovaciones técnicas que moldearon su sistema industrial le aseguró el predominio en el mercado mundial y en los conflictos armados del siglo XX. Durante décadas la supremacía industrial de Estados Unidos pareció incuestionable.
Pero un enemigo de cuidado surgió y se desarrolló en el seno mismo del capitalismo estadunidense. El capital financiero terminó por transformar la relación entre inversiones y rentabilidad en la economía real de la potencia. El desarrollo y expansión del sistema financiero condujo incluso a la aparición de la casta de los “administradores de dinero”, como en alguna ocasión los llamó el gran economista Hyman Minsky.
Entre 1950 y 1990 los administradores de dinero vieron aumentar la fracción de acciones del sector corporativo (no bancario) que controlaban de 8 a 60 por ciento. Es decir, las empresas que antes manejaban directamente su intervención en el mercado accionario, cedieron la administración de este tipo de operaciones a administradores “profesionales”. En ese mismo periodo, los fondos de pensión aumentaron su parcela del mercado de valores de un tímido uno por ciento a un portentoso 40 por ciento. Su participación en el segmento de manejo de deuda corporativa pasó de 13 por ciento a 50 por ciento en esas cuatro décadas.
En la década de los 90, los recursos manejados por los administradores de dinero se incrementaron de manera prodigiosa. Los activos de los “inversionistas institucionales” se triplicaron en esa década. Quizás la expansión más espectacular se dio en los llamados fondos mutuos de inversión. Estos fondos son compañías inversionistas que combinan el dinero de los accionistas y lo invierten en una cartera de valores diversificada (acciones, bonos y mercado de dinero). En Estados Unidos hay 90 millones de personas que poseen acciones de algún fondo mutuo. En 2001, 52 por ciento de los hogares tenía acciones de algún fondo mutuo. Entre 1998 y 2001 los activos totales de los fondos mutuos pasaron de 4.8 a 7 billones (castellanos) de dólares.
Entre 1900 y 1960, los ejecutivos de las corporaciones industriales (y, en general, de todo tipo de empresas en Estados Unidos) gozaron de bastante autonomía frente a los accionistas y banqueros. Pero eso cambió en las décadas siguientes, sobre todo a partir de 1980. El auge de los inversionistas institucionales les permitió imponer su racionalidad (ligada al mundo de las finanzas) a la industria a través de varios procesos íntimamente relacionados.
La primera manifestación de la presión financiera sobre una corporación es precisamente en el mercado de valores. En la lógica de los administradores profesionales, el valor de las acciones debe incrementarse en el corto plazo, lo que ha impuesto una camisa de fuerza a las corporaciones: las inversiones que rinden frutos a largo plazo son relegadas a un segundo plano. Mejor invertir en cambios de cosmético que en modificaciones estructurales que aseguran rentabilidad en el largo plazo.
Los administradores de dinero también favorecieron la ola de fusiones y adquisiciones que caracteriza el mercado de valores estadunidense. Las fusiones de empresas y cualquier tipo de reorganización son bien vistas por los administradores de dinero porque presionan al alza el valor de los activos financieros. Esta es una de las razones por las que han proliferado en Estados Unidos la cesión de acciones, los acuerdos de licencias cruzadas y el fuerte apalancamiento en las operaciones de fusión de empresas.
Finalmente, la administración profesional de operaciones financieras ejerció una extraordinaria presión para que las corporaciones redujeran los costos laborales, entrando en un intenso proceso de “adelgazamiento y racionalización” cuya principal manifestación es la subcontratación. La lógica de la subcontratación presionó los salarios a la baja. Así, las necesidades del capital financiero terminan por convertir las relaciones laborales en una especie de mercado spot en el que la fuerza de trabajo pierde estabilidad y se ve obligada a aceptar salarios bajos.
El estancamiento en la evolución del salario real y el creciente endeudamiento de las familias durante los últimos 30 años era una bomba de tiempo que algún día tenía que estallar. El predominio del capital financiero armó el detonador hace varias décadas y el proceso de acumulación con apalancamiento no podía durar indefinidamente. Hoy la crisis debe pasar por un periodo de devaluación de activos financieros de todo tipo. Antes de mejorar, las cosas tendrán que empeorar.
La Jornada.com, 27/11
Escrito por Eduardo Aquevedo
27 noviembre, 2008 a 16:17
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Argentina: mayoría de la población apoya estatización de sistema de pensiones…
Seis de cada diez argentinos consideran que la jubilación privada implementada en los años ’90 fue pensada como un negocio. También seis de cada diez argentinos aseguran que, puestos a elegir entre el proyecto de reestatización del sistema jubilatorio y la subsistencia de las AFJP, prefieren el traspaso al Estado. Estas son algunas de las conclusiones que arrojó una encuesta realizada por la consultora CEOP en la primera semana de noviembre. El sondeo también refleja el grado de confianza que genera el proyecto oficial de pase al Estado de los fondos administrados por las AFJP. El mayor nivel de dudas lo despierta el cálculo del valor de la jubilación, mientras que la confianza está motivada por la creación de una comisión plural que controle los fondos aportados.
El estudio de CEOP fue realizado a través de la consultas telefónicas, con un cuestionario estructurado y a partir de una muestra de mil personas, lo que da un margen de error de +/- 3,16 por ciento. Las personas consultadas habitan en la región metropolitana, las principales ciudades del país, el NOA, el NEA y dos ciudades de la Patagonia. La primera pregunta de la encuesta apunta a la decisión de reestatizar los fondos de las AFJP. Según las respuestas, el 62,1 por ciento de la población manifestó estar de acuerdo con el proyecto del Gobierno mientras que el 29,4 dijo estar de acuerdo con el proyecto de la oposición. Porcentajes casi iguales arrojó la pregunta sobre la jubilación privada: un 63,3 por ciento dijo que se trató de un negocio, mientras que el 31,3 la consideró un beneficio para los jubilados (ver gráficos).
Una de las preguntas mostró un importante reconocimiento a la política jubilatoria de la Presidenta y su esposo. El 61,1 por ciento de los consultados reconoció que los gobiernos de CFK y Néstor Kirchner se ocuparon especialmente de los jubilados, mientras que el 36,8 rechazó esa afirmación. El sondeo aporta más matices cuando se propone reflejar las confianzas, dudas y desconfianzas que generan algunas disposiciones del proyecto de reestatización. Allí se manifestaron altos porcentajes de dudas y desconfianza. Cuando se preguntó por la forma en que se calcularán los valores de la jubilación, el 51,2 por ciento de los consultados manifestó tener “duda” mientras que el 24,4 directamente reconoció tener “desconfianza”. Sólo expresó su “confianza” el 20,5 por ciento.En relación a cuál será el destino de los fondos de las AFJP, el 48,8 por ciento afirmó tener “desconfianza” mientras que el 30,6 reconoció que tenía “dudas”. La “confianza” fue del 19,3 por ciento.
El único ítem que despertó porcentajes más o menos equivalentes fue la creación de una comisión, integrada por oficialismo, oposición y otros actores sociales, para controlar el manejo de los fondos. Las respuestas fueron más parejas: el 36,2 dijo que la medida le generaba “confianza”, el 35,5 por ciento afirmó tener “duda” y un 26 por ciento aseguró directamente tener “desconfianza”.

EL OFICIALISMO VATICINA UN TRIUNFO EN EL SENADO, DESPUES DE APROBACION POR DIPUTADOS.
“Ya tenemos los votos”
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el titular de Anses, Amado Boudou, irán mañana al Senado para responder las consultas de los legisladores en el inicio del debate del proyecto de ley de eliminación de la jubilación privada. Ambos funcionarios estuvieron reunidos ayer para definir los ejes de sus exposiciones. El Gobierno asegura contar con los votos necesarios para que la iniciativa sea convalidada, e incluso señala que la aprobación sería con una mayoría contundente.
El presidente provisional del Senado, José Pampuro, afirmó que en la Cámara alta no se introducirán nuevos cambios al proyecto, que se convertiría en ley en la sesión especial del próximo día 20 tal como salió de Diputados.
“La mayoría de las modificaciones ya fueron tratadas en la Cámara de Diputados. En líneas generales la ley está bastante pulida y no creo que en el Senado se puedan incorporar demasiadas modificaciones”, adelantó Pampuro, e insistió en que “la cantidad de votos para aprobar el proyecto está”. La tranquilidad del oficialismo sobre el resultado de la votación también se basa en que el socialismo confirmó que apoyará la eliminación de las AFJP.
El senador y titular del PS, Rubén Giustiniani, ratificó ayer su postura en esa dirección. “Debemos ser coherentes con lo que sostuvimos en el ’93, ’94, en el sentido de que las AFJP iban a ser una estafa para el país y esto quedó demostrado catorce años después”, justificó. En tanto, el radicalismo, a través del titular del bloque de senadores de ese partido, Ernesto Sanz, ratificó su voto en contra de la propuesta oficial. Para Sanz, el trabajo en comisión de esta semana será sólo “un maquillaje institucional para que el oficialismo intente demostrar que se debaten las leyes en la Argentina”. No explicó cuál debería ser el mecanismo institucional adecuado, más allá del tratamiento legislativo.
Escrito por Eduardo Aquevedo
9 noviembre, 2008 a 4:02
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Argentina: del fracaso (o fraude) del sistema privado de pensiones, a su nacionalización
Por Alfredo Zaiat, Página/12
El jefe de la mafia con el arma en la mano y el asesinado en el piso es una prueba contundente de culpabilidad. El traficante de drogas capturado con su cargamento en la mochila es un indicio bastante fuerte de una violación a la ley. La venta acelerada de títulos y acciones que derrumbaron sus cotizaciones es la demostración más transparente de la existencia de una asociación de financistas & afines para lucrar con el dinero previsional de los trabajadores. Si se trata de un delito, la utilización de esos fondos que no les pertenecen para expresar el rechazo al proyecto del Gobierno será tarea de la Justicia. Pero han dejado con total impunidad, que es la forma en que se mueve el poder financiero, las huellas bien visibles para avanzar en esa investigación.
El argumento más común y superficial de banqueros, economistas de la city y el coro afinado de voceros interesados es que las críticas a las AFJP son por “ideología”. Se trata de un debate absurdo, porque toda opinión a favor o en contra de un modelo económico, de una orientación que defina la autoridad monetaria con el tipo de cambio o de una organización del sistema previsional está basada en una determinada cosmovisión del mundo. O sea, de una ideología, palabra que en general es utilizada por el pensamiento conservador para descalificar convicciones que se enfrentan al discurso dominante. Resulta esclarecedora la discusión ideológica que permite conocer si es más importante el haber jubilatorio o las cuentas de banqueros y gerentes privilegiados abultadas con el dinero de los trabajadores. Las AFJP han demostrado en la práctica que han sido una enorme estafa previsional. Con datos “objetivos”, como gustan hablar los abanderados de la restauración conservadora.
Casi ninguna de las promesas vendidas con excelentes campañas de marketing fue realidad para los trabajadores jubilados o próximos a jubilarse. Ni lo serían nunca en el futuro, como lo demuestra la experiencia de casi 30 años del sistema chileno, que ya alcanzó su etapa de maduración y permite observar en forma rotunda su fracaso. Además de no brindar una prestación digna a los jubilados y de jugar con el aporte previsional de los trabajadores, el régimen privado desfinanció al Estado hasta arrinconarlo en una posición que lo obligó, entre otros factores, a declarar el default en 2001. Este tuvo como uno de sus impulsores la propia estructura del sistema previsional privado, que poseía el germen del default. Es una situación similar a la quiebra del Lehman Brothers: su debacle y la de los otros bancos de inversión no fue sólo por la codicia de los financistas, sino que el sistema de autorregulación del fundamentalismo de mercado es el que permitió el crecimiento de esas entidades y de ese tipo de banqueros. Resulta difícil encontrar hoy en Estados Unidos analistas que defiendan a Lehman Brothers. En cambio, no debería extrañar que los haya aquí para las AFJP.
No será una tarea sencilla desmontar el engendro del régimen de capitalización privada. Requerirá de habilidad y capacidad técnica para empezar a ordenar un sistema que fue desquiciado por los banqueros. Junto a la reestructuración de la deuda en default, la eliminación de las AFJP constituye una de las principales medidas de la administración kirchnerista que afecta al poder financiero. Se entiende así la reacción furiosa de banqueros, asesores, economistas, corredores bursátiles, gerentes financieros & otros aliados que integran una asociación dedicada a lucrar con el dinero de los trabajadores. Pocas labores han sido más perversas y miserables que enriquecerse con esos fondos.
La cuestión no es que el Estado se queda con los fondos para pagar deudas, sino que ese dinero vuelve al lugar original de un Sistema de Seguridad Social. El stock de capital acumulado durante catorce años en esas cuentas, deducido el obsceno monto de 9000 millones de dólares en comisiones, regresa al canal legítimo de un régimen previsional. Lo otro era un negocio financiero para un sistema de imprevisión social. Para adelante, será tarea de definir el mecanismo transparente de administración y control de esos recursos, que requerirá de destreza para desarmar con paciencia la temeraria estrategia de invertir fondos previsionales en acciones, fideicomisos financieros o bonos de deuda privada.
La reforma de 1994 impulsada por la dupla Carlos Menem-Domingo Cavallo, con el aval y financiamiento del FMI y Banco Mundial, desfinanció al Estado al desviar los aportes jubilatorios de los trabajadores hacia las AFJP. Se diseñó así una calesita financiera abusiva:
- El Estado contabilizaba un bache en la cuenta de Seguridad Social del Tesoro Nacional por el dinero girado a las AFJP.
- Para cubrirlo emitía títulos públicos.
- Esos papeles los compraban las AFJP.
- Los adquirían con el dinero que recibían de los trabajadores.
- Esos aportes antes iban al Tesoro Nacional.
El Estado quedaba en una posición financiera exigente por una deuda creciente precisamente por ese desfinanciamiento de la Seguridad Social. Las dificultades para cerrar ese déficit se agudizaban debido a que siguió pagando los haberes. Ese desequilibrio de las cuentas públicas provocó el incremento de la tasa de interés del endeudamiento necesario para cubrir ese bache. El costo de esa calesita fue una de las más pesadas mochilas que dejó la década del noventa. Teniendo en cuenta que la deuda del sector público nacional se incrementó en 66.500 millones de dólares entre diciembre de 1994 y de 2001, el sistema de AFJP explica por sí sólo 41.300 millones de dólares de ese aumento (el 62 por ciento). Ese monto surge de 31.800 millones de dólares de emisión de títulos públicos para compensar los fondos no ingresados, a los que se sumaron 9500 millones de dólares por el costo del endeudamiento por este concepto, con una tasa de interés promedio de 9,6 por ciento anual.
Varios son los hechos que se fueron revelando acerca de la inutilidad de la vigencia de AFJP. La más grosera es que el Estado tuvo que salir a completar el haber paupérrimo que entregan las AFJP a los ya jubilados privados. Como el dinero acumulado en los fondos privados, a lo que se le suma el aporte público que marca la ley (la prestación básica universal y la de permanencia), resulta una jubilación por debajo de la mínima, la Anses salió a completarla para alcanzar ese piso. Parece un absurdo si se tiene en cuenta que en su momento se presentó la reforma como más conveniente frente un régimen público de reparto, y ahora es el fisco el que tiene que venir a rescatar a los jubilados privados de haberes miserables.
La capitalización privada no redujo –como se argumentaba– la evasión o morosidad previsional. Además hay una baja proporción de aportes efectivos. Sólo el 40 por ciento de los afiliados contribuye al sistema. Los aportes voluntarios son insignificantes en relación a la recaudación total (0,3 por ciento), siendo que uno de los eslóganes de propaganda era que los afiliados iban a optar por engrosar sus cuentas porque verían que el sistema era muy bueno. El nuevo régimen no incentivó la afiliación y la relación entre aportantes y la población ocupada se redujo del 42,3 al 38,6 por ciento. En cuanto a la supuesta competencia que se iba a producir entre las AFJP, de las 26 compañías que comenzaron a operar en 1994, hoy sólo quedan 10. Estos datos indican una tendencia a la oligopolización del mercado, que se opone a los presuntos incentivos para reducir costos y mejorar los servicios.
Las AFJP se apropiaron vía comisiones, en promedio, de un tercio de los montos recaudados. Según información de la Anses, los gastos operativos del régimen público representaron entre 1999 y 2005 sólo el 1,6 por ciento de las contribuciones y los recursos tributarios percibidos con fines previsionales, lo que resulta veinte veces más barato que el costo de administración del sistema de capitalización. El sistema fue concebido para maximizar el beneficio de las AFJP. Los fondos gestionados por las AFJP se fueron incrementando gradualmente a lo largo del tiempo, pero esa creciente masa de recursos estuvo lejos de fomentar el desarrollo del mercado local de capitales. Los fondos de las AFJP no fueron canalizados hacia proyectos de inversión que apuntalaran el crecimiento económico.
La supuesta solvencia intertemporal del sistema previsional con fondos invertidos en volátiles mercados bursátiles quedó hecha añicos. Terminar con el régimen de capitalización es adelantarse y evitar que los actuales trabajadores puedan tener un panorama desolador en su etapa de retiro del mercado laboral. En países con el nivel de desarrollo de la Argentina, con su actual estructura de empleo, es imprescindible universalizar la cobertura, objetivo sobre el que se avanzó en estos años, y adoptar una visión de la jubilación basada fundamentalmente en la solidaridad intergeneracional del reparto. Poner fin, por fin, a las AFJP es en ese sentido una medida reparadora y de justicia redistributiva.
Tres voces para la despedida
Alberto Muller, Plan Fénix
El sistema fue un fiasco
“El sistema de capitalización previsional fue un fiasco no sólo en la Argentina, sino también en otras naciones donde se la aplicó, como en Chile. La eliminación del sistema de jubilación privada era una medida que había que tomar en algún momento. Después del fracaso de este sistema de las AFJP, ahora lo importante es resguardar los intereses de los futuros jubilados. La estatización del sistema debe apuntar a incorporar la presencia de actores sociales como sindicatos, trabajadores y entidades civiles, para que no haya pérdida de control de los fondos de los aportantes. El sistema de jubilaciones tendría que funcionar como un sistema público no estatal, como una suerte de PAMI. La crisis financiera internacional puso en evidencia que los fondos de pensión en manos de las administradoras corren serios riesgos, por la fluctuación financiera. En los países desarrollados los sistemas jubilatorios son públicos y existen paralelamente los fondos privados que garantizan una renta mínima.”
Alejandro Vanoli, Vicepte. CNV
Control ciudadano
“Es una medida muy importante desde lo simbólico y desde lo conceptual. Implica recuperar la presencia del Estado en un área fundamental. Por malas políticas desde lo público y porque las AFJP no cumplieron adecuadamente la función. El sistema de capitalización no cumplió con principios básicos para los que se creó: otorgar una jubilación decente a la gente. En cambio, implicó la creación de un sistema muy costoso que no servía ni para financiar adecuadamente al Estado, que se endeudó a altas tasas, y tampoco se prestó de manera adecuada como servicio para financiar la economía real. Es necesario implementar un nuevo régimen público que permita, en un contexto donde el Estado tiene solvencia fiscal, brindar una adecuada y decente cobertura previsional, financiar al Estado y otorgar crédito a las actividades productivas. Esto sólo es posible en un país que crece y protege el empleo y que paga salarios en blanco, donde hay un modelo de desarrollo con equidad, sólo en este esquema es posible pagar buenas jubilaciones. Para que sea diferente a las experiencias previas el desafío es que el Estado gestione los bienes y recursos con participación y control ciudadano. Es fundamental un buen control de fondos para poder pagar jubilaciones dignas.”
Eduardo Curia, Economista
Una muerte asistida
“Es la muerte anunciada de un régimen que estaba muy desgastado. En las circunstancias vigentes, el paso a manos del Estado era la única resultante posible. Como venía la mano, no es una gran sorpresa lo que sucedió. El sistema jubilatorio de capitalización estaba desgastado y no había logrado su objetivo. El default, la convertibilidad, la desvalorización de los títulos de deuda argentinos y, ahora, la crisis internacional profundizaron el desgaste del sistema de capitalización. La mesura de las AFJP al momento se explica en parte porque los valores de la cuotaparte de los beneficiarios se venían resintiendo. Es una especie de eutanasia asistida. Ahora habrá que esperar para ver cómo queda todo. Qué se hace con la gente que aporta al sistema. Va a haber que aclarar mucho y el Gobierno deberá manejarse de manera muy responsable. El sistema de capitalización se había creado porque lo que había era un desastre. Ahora el Estado deberá tener una perspectiva muy aguda del riesgo de las operaciones. Tenemos que evitar terminar a los bandazos. Por otro lado, esta medida facilita al Gobierno el acceso a recursos poder afrontar el endeudamiento y los vencimientos para el año próximo.”
Escrito por Eduardo Aquevedo
22 octubre, 2008 a 22:26
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Gobierno argentino nacionaliza sector de pensiones privadas. ¿Por que no en Chile, que es peor?
El Gobierno argentino nacionalizará las administradoras de jubilaciones y pensiones del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y de otras entidades financieras internacionales con presencia en el sistema de la seguridad social del país suramericano desde 1994, informaron este lunes fuentes oficiales.
La presidenta peronista Cristina Fernández de Kirchner anunciará el martes, a todo el país por cadena nacional, el final de “Consolidar” -la compañía de retiros del BBVA- así como de todas las otras Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), que constituyen el sector previsional privado.
Las AFJP arrancaron su actuación en Argentina de las manos de grandes bancos internacionales -entre ellos, los españoles Santander y BBVA- en 1994 cuando el entonces presidente peronista Carlos Menem, y su ‘superministro’ de Economía, el ultraliberal Domingo Cavallo (hoy ‘desterrado’ en los Estados Unidos), privatizaron parcialmente el sistema estatal de jubilaciones y pensiones.
El sistema privado de jubilaciones y pensiones en manos de los bancos administra fondos por 22.054 millones de euros y cada mes recauda alrededor de 229 millones de euros, según datos de la Superintendencia de AFJP.
Los aportes de cada trabajador a su AFJP teóricamente se capitalizan mediante las inversiones financieras que realiza la administradora. Y a la hora del retiro de la vida laboral activa, cada asociado debería cobrar en mensualidades lo que ha conseguido ahorrar, más los intereses obtenidos.
Entre los argumentos para la nacionalización, que requerirá de una ley del Congreso, el Gobierno esgrimirá que las AFJP vienen descapitalizándose por la crisis financiera global, ya que sus fondos están invertidos en acciones y bonos, por lo que en última instancia el Estado igualmente debería rescatarlas, junto a sus clientes.
El secretario general del gremio Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS), Leonardo Fabre, celebró el final de las jubilaciones privadas y anunció que “el sistema de capitalización se transformará en una posibilidad optativa y meramente complementaria de un nuevo sistema previsional público único e indelegable”.
El secretario de la central obrera peronista CGT, Hugo Moyano, diagnosticó que a raíz del terremoto financiero mundial “la situación de las AFJP es lamentable” y que ello “deja al descubierto la gran estafa que fueron la creación de las administradoras” de fondos de pensión y jubilación privadas.
“Con esta crisis las AFJP han perdido una cantidad impresionante de dinero y esto perjudica a los futuros jubilados, y por eso creemos que el gobierno debe tomar medidas que garanticen que los hombres y mujeres cobren este dinero”, redondeó.
Escrito por Eduardo Aquevedo
21 octubre, 2008 a 22:00
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