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Chile: CASEN, errores y aciertos para no seguir contando pobres…

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Por Francisca Skoknic, CIPER. | 12 de Agosto de 2010

La última encuesta CASEN confirmó que la desigualdad sigue siendo un problema agudo en Chile. Una realidad mucho más cruda que la imagen país instalada. Mientras unos discuten cuántos son los pobres y el impacto de los programas sociales de los gobiernos de la Concertación, las cifras siguen mostrando el mapa de los logros y también el fracaso de la promesa de terminar con la miseria.

El debate no es sólo para economistas. Entre expertos y autoridades CIPER buscó las dos caras del diseño y control de la red de protección social. Y entrega una reseña de los errores de diagnóstico e implementación que atentaron contra la eficiencia del Chile Solidario, el programa estrella para combatir la pobreza que sigue siendo una pieza clave de las políticas sociales para enfrentar el urgente desafío de los que no pueden esperar.

Erradicar la indigencia es una de las promesas de campaña que Sebastián Piñera renovó a la luz de los resultados de última encuesta CASEN. Terminar con la miseria fue también uno de los compromisos de Ricardo Lagos casi una década antes. Aunque hubo importantes avances, algo falló en el camino y el debate sobre el combate a la pobreza extrema ha vuelto a posicionarse como un tema central de la agenda política.

El desafío de Lagos se inició en un ciclo de sesiones bautizadas como “Seminarios Académicos Presidenciales”. Fuera del horario de oficina y sin figurar en la agenda pública del Primer Mandatario, éste invitaba a expertos a debatir distintos temas. Eran su joyita y exigía total confidencialidad a cada uno de los asistentes. Nunca se filtró ni su existencia ni lo que se habló en los nueve seminarios que organizó durante su sexenio.

Lo que sí trascendió fue uno de sus resultados: el programa Chile Solidario. Corría abril de 2002 y en la Dirección de Presupuestos le daban vuelta al perfeccionamiento del sistema de protección social. Bajo la coordinación del asesor presidencial Víctor Tokman, ministros y una decena de funcionarios de gobierno, además de expertos de distintos centros de estudios y ONGs ligadas al tema de la pobreza participaron en el debate.

-Lo primero era decidir en qué concentrarnos, ¿pobreza, indigencia o equidad? Hubo partidarios de todo, pero naturalmente surgió que empezáramos con la indigencia. Había claridad en que era una tarea posible de atacar. El presidente le dio vueltas, insistió mucho en ese punto y estaba en la disyuntiva de cómo hacerlo -recuerda Tokman.

Harald Beyer, coordinador académico del Centro de Estudios Públicos (CEP), a quien se le ubica en el sector más a la derecha del grupo, saltó entonces con una respuesta liberal: “Les mandamos un cheque, la gente sabe qué hacer con su plata, no se trata de imponerlo”.

La idea no era del gusto de algunos expertos que llevaban tiempo trabajando en el tema de la pobreza desde un mundo más de izquierda, orientando los esfuerzos hacía proyectos colectivos. Algunos sentían que el bono transformaría la relación con el Estado en un vínculo más clientelista: condicionaría el acceso a los beneficios sociales a un canje monetario individual. Pero Lagos enganchó con la idea de Beyer, consciente de que aunque modesto, un bono de $10.500 podía ser suficiente para sacar a un buen número de familias de la línea de la indigencia.

–Siento que no gané esa pelea– se lamenta hoy Beyer–. Soy partidario de una transferencia más generosa. Yo le dije al Presidente que se podía calcular cuánto faltaba para poner a las personas sobre la línea de la pobreza extrema, pero los otros insistieron en que eso iba a generar dependencia. Creo que si uno lo diseña bien, puede superar esa crítica.

Lagos también acogió la propuesta que traían Mideplan y el Fosis, donde ya se estaba ejecutando un plan piloto del programa Puente. Su símbolo era un tablero de juegos en que los participantes debían cumplir ciertos requisitos que los ayudarían a cruzar el puente para salir de la extrema pobreza.

La conclusión final fue que no bastaba con repartir dinero, sino que la política debía ir acompañada de un fuerte apoyo psicosocial que tomaría como base lo avanzado por el Fosis. Un profesional (“apoyo familiar”), visitaría periódicamente los hogares para fomentar la convivencia armónica y las competencias para obtener ingresos, junto con vincularos con las redes del Estado, donde recibirían asistencia prioritaria en salud, educación y acceso a mejor alimentación infantil, becas, subsidios y pensiones. A sugerencia de Beyer, El Puente iría acompañado de un bono, condicionado a aquellas familias que cumplieran con los pasos exigidos, como enviar a los niños al colegio o cumplir con los controles médicos.

Se formaron grupos de trabajo para diseñar el programa mixto y las decisiones se tomaron contra el tiempo. Faltaba cerca de un mes para el 21 de mayo, ocasión en que Lagos anunciaría la creación del Chile Solidario como eje de la política de protección social: “Es decisión de mi gobierno, que al término de mi mandato, en Chile ya no exista más el drama social de la indigencia y la miseria”.

A fines de ese año ya se estaba ejecutando y se transformaba en uno de los programas estrella de Lagos. No sólo prometía erradicar la indigencia, sino que era elogiado en distintos países por la innovadora forma con que combinaba apoyos familiares, acceso a los beneficios estatales y subsidios condicionados.

CASEN: Dos lecturas para el impacto del gasto social

La encuesta CASEN realizada en 2006 fue la primera que midió la pobreza después de un tiempo prolongado de funcionamiento del Chile Solidario. Si bien quedó claro que tras el fin del gobierno de Lagos no se había cumplido la meta de eliminar la indigencia, ésta seguía su trayectoria descendente: en un trienio bajó de 4,7% a 3,2%. En cuanto a la pobreza no indigente, entre 2003 y 2006 ésta había caído de 14% a 10,5%. En total, 13,7% de los chilenos todavía era considerado pobre y vivía bajo la línea artificial trazada por la CASEN. Aunque la forma de medición es criticada por los expertos, aún constituye la única medición oficial.

Pese a que durante la administración de Michelle Bachelet el foco estuvo precisamente en profundizar la red de protección social, la tendencia a la baja se interrumpió en la segunda medición realizada durante su mandato. El 13 de julio pasado, el Presidente Piñera dio a conocer las cifras de la CASEN 2009: 15,1% de la población es considerada pobre. El porcentaje se descompone en 3,7% de personas que viven en la indigencia y 11,4% de pobres no indigentes. El Primer Mandatario culpó a la burocracia, el despilfarro y la corrupción. Su ministro de Mideplan, Felipe Kast, apuntó a los altos costos administrativos y cuestionó la falta de evaluación de los programas existentes.

La interpretación del gobierno desató el vendaval. Implicaba una dura crítica a la política social de los gobiernos de la Concertación. Se cuestionó la lectura de los datos al obviar el efecto de la crisis económica internacional en los resultados.

-La encuesta se hizo exactamente en el nudo de la crisis, cuando el desempleo era 2,6% más alto que cuando se encuestó en 2006. La inflación del precio de los alimentos hizo que la canasta con que se mide la pobreza subiera 36%, mientras el IPC lo hizo en un 14%. Ése es el tema de fondo -explica el economista de la Universidad de Chile Alejandro Micco, ex jefe de asesores del Ministerio de Hacienda en el gobierno de Bachelet.

A su juicio, las políticas sociales atenuaron el impacto de la crisis: “No aumentó la deserción escolar, punto muy importante para el desarrollo futuro. Durante la crisis de 1982 veías las calles llenas de niños pidiendo plata. Un cambio sustantivo porque no estás hipotecando a las futuras generaciones por una crisis. Eso es protección social. Chile Solidario condiciona la entrega de dinero a la escolaridad”.

Este diseño permitió que, pese a la crisis y la pérdida de empleo, los más pobres contaran con un “paraguas” básico de programas sociales que les permitió enfrentar de mejor forma la tormenta.

A fines de julio, cuando aún no amainaba la discusión sobre el aumento de la pobreza, la segunda entrega de la encuesta CASEN, esta vez referida a la distribución del ingreso, reavivó la polémica. Kast puso el acento en el aumento de la desigualdad. Las cifras exhibidas eran dramáticas: si en 2006 los ingresos del 10% más rico representaba 31,3 veces el ingreso del 10% más pobre, en 2009 la brecha había subido a 42,3 veces. La brecha más alta desde 1990. Lo que no se destacó es que si a los ingresos propios de las familias (autónomos) se sumaban todas las transferencias hechas por el Estado a través de distintos subsidios, el aumento era más leve: de 23,9 a 25,9 veces.

Esta vez Micco salió públicamente a rebatir la información. En una columna en La Tercera escrita junto al ex ministro de Hacienda Andrés Velasco, argumentaron que la cifra entregada por Kast se refería sólo al ingreso familiar, y lo que correspondía era mirar el ingreso per cápita (cuánto recibe cada miembro de la familia) e incluir los subsidios y otros beneficios entregados por el Estado (ingreso monetario). Así, la interpretación cambiaba: si en 2006 el 10% más rico recibía 34,4 veces más que el 10% más pobre, en 2009 la brecha había caído a 32,5 veces.

Si bien esta lectura pudo ser vista como un intento de defender las políticas de Bachelet, pues muestran el impacto positivo de los programas sociales, Micco y Velasco contaron con el sorpresivo respaldo de Harald Beyer desde el CEP. En carta enviada a El Mercurio, el economista argumentó que desde el punto de vista del bienestar de los hogares, lo importante es analizar el ingreso monetario per cápita, y visto así la brecha se había reducido. “Es oportuno recordar que a pesar de la crisis económica que afectó al país, la desigualdad no parece haber aumentado”, sentenció Beyer.

En entrevista con CIPER, el ministro Kast atribuyó dichos análisis a un error de interpretación de los datos. Y explicó que se debe a que el cuadro publicado por Mideplan no pondera la cantidad de integrantes de cada familia, sino que toma el ingreso promedio de uno solo de sus miembros, sin importar si la familia está compuesta por dos o diez personas. La tabla –señaló- fue incluida en la presentación sólo para mantener la misma forma de exhibir los resultados que usaron los gobiernos anteriores y así evitar suspicacias.

“Hablé con Harald para explicarle que él no había entendido la lámina”, dice Kast. Aunque Beyer le concede al ministro que habría sido mejor un indicador que ponderara a los integrantes de cada familia, no le convence su explicación. Insiste en que el cálculo per cápita exhibido en los resultados de la CASEN es correcto para evaluar la distribución del ingreso. Afirma que si bien disminuyó el número de integrantes por familia en los deciles más bajos, la caída no fue dramática, y debiera ser más o menos proporcional en los distintos grupos familiares. Por lo tanto, tampoco debería cambiar radicalmente la conclusión.

Si lo que se quiere es evaluar los programas sociales, lo anterior no es una mera discusión técnica entre economistas. De acuerdo a los datos de la discordia, el ingreso autónomo (sin subsidios) per cápita del 10% más pobre, cayó de $19.255 a $14.595 entre 2006 y 2009. Sin embargo, cuando se le suman los beneficios entregados por el Estado (ingreso monetario), el monto sube de $29.439 en 2006 a $35.373 en 2009. Esa diferencia avalaría el impacto de las políticas sociales al revertir la caída de los ingresos autónomos.

Otro dato que respalda el efecto de los programas estatales es el coeficiente de Gini, un indicador utilizado internacionalmente para medir y comparar la distribución del ingreso. Oscila entre 1 y 0: de una distribución completamente desigual (1) a una igualitaria (0). De acuerdo a los datos de la CASEN, si se toman los ingresos autónomos de las personas, dicho coeficiente aumenta de 0,54 a 0,55, reflejando una mayor desigualdad. En cambio, si se contabilizan los ingresos monetarios, los aportes estatales mantuvieron el indicador estable en 0,53 en ambas mediciones, contrarrestando el aumento de la mayor desigualdad pese a la crisis económica. Aún así, el índice sigue siendo alto, lo que refleja la pésima distribución del ingreso en Chile.

Si el debate gira en torno al real impacto del gasto social, éste podría ser aún más importante si se contabilizaran las transferencias no monetarias en salud y en educación. Estos datos no han sido calculados para la CASEN 2009, pero en la encuesta de 2006 arrojaron que la brecha entre los más ricos y los más pobres disminuía a un tercio (de 31 veces a 11,6 veces) cuando se sumaban estos ítems, pues con ellos el decil menos favorecido triplicaba sus ingresos.

SUPUESTOS ERRADOS

Aún considerando que la última CASEN fue hecha en un contexto de crisis económica y que los programas sociales atenuaron su efecto, incluso aquellos que defienden la red de protección social creen que podrían funcionar mejor. El actual gobierno afirma que no existen evaluaciones de calidad y por lo tanto no se puede medir bien su efectividad. Si se toma Chile Solidario, el proyecto estrella de la Concertación y que integra a distintos programas sociales, esto es cierto a medias. La mayor parte de los expertos consultados coincide en que lo ideal habría sido que junto con la política se hubiera diseñado un sistema de evaluación que incluyera grupos de control. Esto suponía, por ejemplo, ejecutar el programa de manera escalonada de modo de poder comparar la evolución de distintos grupos. Pero la idea de Lagos era erradicar la miseria en los cuatro años que le restaban de gobierno por lo que intentó incluir de una vez a todos los indigentes.

Sin embargo, sí existen evaluaciones del Chile Solidario realizadas por el Banco Mundial (2006 y 2008), Mideplan (2007) y el PNUD (2009). Esta última utilizó como grupos de control a familias que por una u otra razón habían quedado fuera del programa.

El economista Dante Contreras realizó, junto a Osvaldo Larrañaga, la evaluación del PNUD. Afirma que se trata de un programa bien diseñado, pero que puede mejorar su implementación. Sobre la focalización de los programas sociales, su opinión es clara: “En Chile se focaliza bien. No excelente ni mal, sino bien. Los cuadros de distribución de ingresos demuestran que la plata llega a los más pobres. La gente que dice que la focalización es mala está dando una opinión política, no técnica, pues no hay papers que lo avalen”.

La evaluación hecha para el PNUD dejó en evidencia uno de los problemas iniciales del Chile Solidario: partió de un supuesto errado. Cuando en 2002 Lagos reunió a su comisión de académicos existía el convencimiento de que había un núcleo duro de pobreza extrema en torno al 5% de la población. Un grupo que no se beneficiaba del crecimiento económico y estaba al margen de los programas sociales a los que tenía derecho. Según le dijeron los expertos, cada una de esas personas estaba plenamente identificada. Sin embargo, esto no era así. Las familias entraban y salían de la pobreza constantemente y no existía tal núcleo duro.

Las encuestas panel CASEN, que hacen un seguimiento a las familias en el tiempo, ya habían dado luces al respecto. El ministro Kast fue uno de los que reparó, en 2004, en ello al concluir que el 47% de los indigentes en 2001 ni siquiera calificaba como pobre en 1996. Análisis posteriores de los panel hasta 2006 hablan de una cifra menor, pero refuerzan la tesis de la alta movilidad de la pobreza y de cómo los grupos vulnerables cruzan una y otra vez la línea: 34,1% de los chilenos calificó alguna vez como pobre entre 1996 y 2006.

Las evaluaciones arrojan otros datos preocupantes: si bien se ve un impacto positivo en vivienda y empleo de los participantes, así como de otras importantes variables ligadas al bienestar, no se percibe una mejoría en los ingresos autónomos de quienes han sido beneficiarios del Chile Solidario con respecto a quienes no han participado.

-Uno de los temas débiles que nunca se terminó de analizar en serio es cuál era la posibilidad que tenía la gente para conseguir trabajo una vez que salía del programa. Y el Banco Mundial hace el hallazgo de que la gente que estaba fuera del Chile Solidario tenía una mayor disponibilidad a buscar ingresos autónomos. Es la eterna discusión entre protección social y oportunidades, en la que hoy estamos de nuevo -dice el director ejecutivo de la Fundación Superación de la Pobreza, Leonardo Moreno.

Por las mismas razones, Francisca Márquez, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado y cabeza del equipo que aplicó la última CASEN, cree que hay que cambiar el eje del debate: “La discusión sobre la desfocalización no lleva a ninguna parte. El Estado focalizó, pero el problema es que ello permitió que egresaran del programa y se pensó que iban a poder mantenerse en el mercado del trabajo. Un gran error”.

Francisca Márquez se pregunta si ese error pudo haber contribuido al aumento de la pobreza en la última CASEN, la primera medición que se hace con familias egresadas del Chile Solidario. Familias que en la encuesta anterior tenían un subsidio monetario y apoyo especializado y que ahora perdieron.

Como apunta Dagmar Raszcinsky, de Asesorías para el Desarrollo, cuando se mide la pobreza por ingresos y se tiene un programa diseñado para eliminar la indigencia, el factor empleo y capacitación es clave. A su juicio, no basta con entregar aportes monetarios, pues los graves problemas psicosociales de muchas familias hacen que sin apoyo se transformen en dependientes del Estado.

Harald Beyer discrepa. E insiste en que los efectos no previstos apoyan su propuesta de 2002 de aumentar las transferencias directas y sacar a la gente de la pobreza a punta de subsidios monetarios. “Si te convences de que es un buen instrumento, reasignas o puedes mantener el impuesto a las empresas en 18,5%”, propone, a pesar de los costos que ello implica y que podrían oscilar entre el 1% y el 3% del PIB. Hasta ahora el gobierno ha anunciado un plan más modesto: costaría menos del 1% del PIB y busca asegurar un ingreso ético familiar de $250 mil.

Con un sueldo mínimo que condena a miles de familias a vivir en la pobreza, el ex ministro del Trabajo Osvaldo Andrade puso el foco en los datos sobre la calidad del empleo que arroja la última CASEN: “Más de dos tercios de los pobres sí tienen empleo, pero con una remuneración tan precaria que los mantiene en la pobreza a pesar del trabajo”. Con bajos salarios, es el Estado el que termina subsidiando a familias que tienen ingresos insuficientes para vivir.

El ministro Kast rechaza ese diagnóstico. Afirma que está errado ya que la CASEN arroja también que entre las familias del decil más pobre el promedio de personas que trabaja es de sólo 0,51; cifra que prácticamente se dobla en el segundo decil y llega hasta 1,72 personas por hogar en el decil ocho. Lo relevante –dice- es la cantidad de empleo. Es por eso que se estudian fórmulas para facilitar la inserción laboral de quienes participan en los programas sociales (ver entrevista).

Chile: los pobres que la encuesta Casen se niega a contar…

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Pedro Ramírez y Matías Fouillioux, CIPER. | 9 de Agosto de 2010

La Casen 2009 dice que la pobreza alcanzó al 15,1% de los chilenos. La cifra provocó críticas oficialistas contra el sistema de protección social impulsado por Lagos y Bachelet. Más allá de la guerrilla política, los expertos -incluido el ministro de Hacienda y los mismos encargados de aplicar la encuesta- saben que la Casen enmascara una realidad mucho más cruda: a un tercio de los chilenos no les alcanza para vivir bien, aunque las estadísticas oficiales no quieran reconocerlo. CIPER recorrió seis municipios capitalinos para trazar el perfil de los “vulnerables”, verdaderos equilibristas que viven bajo la amenaza permanente de caer al foso con sus finanzas tumbadas por una enfermedad, un familiar allegado, un nacimiento, el ingreso de un hijo a la universidad o una hija separada que vuelve a la casa paterna con los nietos.

Maribel tiene 22 años y dos niños: Krishna (2) y Tomás (1). Si le hubiesen aplicado la encuesta Casen hace un año, no habría sido considerada pobre. Si la hubiese contestado hace sólo seis meses, habría calificado como tal. Y si le tocara responderla ahora, ya habría salido de la pobreza. Se podría pensar que en el último año Maribel ha sido protagonista de cambios dramáticos en su calidad vida, montada en una suerte de carrusel económico. Pero en todo este tiempo las condiciones de vida de esta dueña de casa (o más bien “dueña de pieza”, porque vive con sus enseres amontonados en un cuarto y compartiendo baño con otras 17 personas), no han variado mayormente.

Una cazuela en la mesa de Maribel es una fiesta. Siempre ha vivido de trabajos precarios. Pero aún así se las ha arreglado para destinar, sagradamente, cinco mil pesos para la compra de verduras en la feria: “Antes, con las cinco lucas traía de todo”. Pero en el último año cada vez vuelve con las bolsas más escuálidas. El 80% de sus ingresos se va en comida, pañales y leche para sus hijos. ¿Gastos extras? Una tarjeta con lo mínimo en el celular, “para algún llamado de emergencia”.

El relato de Maribel resulta emblemático para demostrar que la medición de la pobreza en Chile es un ejercicio retórico. La última encuesta Casen indicó que la pobreza había subido de 13,7% a 15,1% desde la anterior aplicación del sondeo, en 2006. El pasado martes 13 de julio, el Presidente Sebastián Piñera reunió a la prensa en La Moneda para entregar los resultados de la encuesta. Con tono sombrío anunció que en el último trienio se sumaron más de 355 mil nuevos pobres. En total, de acuerdo a las estadísticas de Casen, en el país habría más de 2.600.000 pobres. El Presidente aprovechó la tribuna para fustigar al gobierno anterior:

-Desgraciadamente, muchas veces (los recursos) no llegan a quienes realmente los necesitan, porque quedan entrampados en la burocracia o porque se despilfarran en gastos innecesarios o sencillamente porque se quedan en las garras de la corrupción.

Más allá de la guerrilla entre oficialismo y oposición que desató la Casen, lo cierto es que la cifra que provocó el lamento presidencial no apunta, ni de cerca, al verdadero número de chilenos que no logra satisfacer sus necesidades. En Chile hay cientos de miles de personas que, como Maribel, no califican como pobres a ojos de la Casen, pero que viven con menos de lo justo. Los expertos en pobreza -incluyendo a los que aplicaron la encuesta- saben y reconocen que la cifra que arroja el sondeo oficial enmascara una realidad mucho más dura.

Canasta desfondada

La Casen determina la línea bajo la cual una persona es considerada pobre a partir del costo de una canasta de alimentos que fue fijada en 1987. Y los especialistas indican que, 23 años después, ya no refleja el consumo de la población. Para la Casen 2009, la cifra que determinó la línea de pobreza fue $64 mil para las zonas urbanas y $47 mil para las rurales. Si usted cuenta con menos de eso al mes, es oficialmente pobre.

Pese al revuelo que causó en el gobierno la entrega de los últimos resultados, hace sólo dos años el actual ministro de Hacienda, Felipe Larraín, escribió un artículo en El Mercurio que virtualmente arrojó la Casen del 2006 al basurero, cuestionando su canasta, y sostuvo que a esa fecha los pobres correspondían en verdad al 29% de los chilenos -unos cuatro millones- y no al 13,7% del sondeo oficial.

En sintonía con las cuentas que sacó Larraín, las encuestas Panel, que analizaron los resultados de las Casen desde 1996 a 2006, determinaron que en esos diez años el 34,1% de los chilenos, más de un tercio de la población, calificó como pobre por lo menos una vez.

Los cálculos de Larraín -apoyados en trabajos del Departamento de Nutrición de la U. de Chile, el INE y la Fundación Superación de la Pobreza- y las encuestas Panel demostraron que el combate a la pobreza no puede remitirse al 15,1% “oficialmente” pobre, sino a la población “vulnerable”. Es decir, ese tercio de compatriotas que viven como “equilibristas” a punto de caer al foso. Se trata de grupos familiares que naufragan ante cualquier evento catastrófico (pérdida de empleo, alzas de alimentos o de servicios básicos, enfermedad o accidente) e, incluso, ante un nacimiento o el ingreso de un hijo a la educación superior.

Puente: Diez “lucas” salvadoras

CIPER salió en busca de esta población de “equilibristas” y durante 15 días desplegó un trabajo de campo en seis comunas (Conchalí, Independencia, Huechuraba, San Ramón, San Bernardo y Puente Alto). Profesionales que operan en terreno, asistentes sociales de los municipios, funcionarios de las direcciones de Desarrollo Comunitario, familias que postulan a programas sociales y otras que ya egresaron, ayudaron a trazar el perfil de los chilenos que cayeron “oficialmente” en la pobreza en el último trienio y de aquellos que viven en ella aunque las estadísticas no lo reconozcan.

Aunque el ministro de Mideplan, Felipe Kast, apuntó a fallas en los programas sociales por el aumento de la pobreza -por desfocalización, excesivos gastos administrativos y falta de evaluación-, en los municipios discrepan. De hecho, fue un influyente alcalde oficialista el primero en criticar la postura de Kast. Manuel José Ossandón (RN), edil de Puente Alto, golpeó la mesa el 20 de julio a través de La Tercera:

-Me preocupa la visión economicista de Kast sobre la pobreza. Mucho tecnicismo, mucho número (…). La definición de pobreza es mucho más integral. No implica ganar 60 y tantos mil pesos ni tampoco se supera con el ingreso ético. Hay que conocer la realidad de la gente. La superación de este problema no viene desde el Olimpo.

Las críticas a los programas sociales que han hecho las autoridades de gobierno generan incertidumbre entre los beneficiarios, que temen que se vengan cambios que los perjudiquen.

“La gente nos pregunta y está preocupada, porque durante la campaña electoral los dirigentes de la Concertación les decían que si llegaba Piñera iba a terminar con los subsidios y las pensiones que entregó Bachelet”, indica un profesional de un municipio manejado por la UDI.

En las municipalidades aseguran que el origen del masivo empobrecimiento no está en la desfocalización y los gastos administrativos de los programas de protección social, sino en las consecuencias de la crisis económica que vivió el país. Y zanjan el debate con su mejor barómetro: las razones que esgrimen las personas que en el último año llegaron hasta los escritorios de sus asistentes sociales a pedir ayuda.

Magdalena Veloso, a cargo del Departamento Social de San Bernardo, no lo piensa dos veces cuando responde qué factores han empujado a la pobreza a familias de su comuna: “El desempleo y los alimentos más caros. En segundo lugar el empleo inestable, que al mezclarse con situaciones como nacimientos, accidentes o enfermedades, hacen que la gente llegue a la municipalidad a pedir ayuda”.

Mary Díaz, asistente social de San Ramón, complementa:

-Recibimos diariamente 20 a 30 personas. La mayoría de hogares donde alguien quedó cesante. Pero también hay un número importante que, teniendo empleo, ya no les alcanza, porque los alimentos han subido, porque un hijo entró a la universidad, porque les llega un allegado o una hija se separa y vuelve con los nietos. Poner una línea y decir “de aquí para abajo son pobres” es una ilusión, porque en estas comunas la gente está permanentemente cruzándola por las razones más diversas.

Es el caso de Maribel. Ella ocupaba la pieza que da a la calle en la casona familiar heredada de sus abuelos, en Independencia. Allí, por la ventana, se amanecía vendiendo cigarrillos, completos y sopaipillas. Juntaba lo suficiente como para, a ojos de las estadísticas, no calificar como pobre. Pero un tío -otro chileno empobrecido en el último trienio- pidió vivir en la propiedad. Le dieron la pieza de adelante y el negocio de Maribel capotó. Decidió hacer chocolates. Los vendía a la salida de los colegios, mientras cargaba a Tomás en un morral. Si hubiese respondido la Casen en ese momento, fijo que quedaba como pobre. Fue entonces cuando se acercó a la municipalidad. Le aplicaron la Ficha de Protección Social (FPS), que otorga puntaje para optar a los planes asistenciales, y fue enrolada en el Programa Puente.

Ahora volvió a juntarse con su marido, quien recién encontró trabajo como guardia. Con su sueldo de $260 mil la familia pasará raspando la medida de la Casen -le sobran unos tres mil pesos- y ya no calificaría como pobre en esa encuesta. A pesar de eso, Maribel sigue en el Programa Puente.

El Puente es la estrella del sistema de protección social. Creado en 2002 por el gobierno de Ricardo Lagos, se trata de un plan de acompañamiento a la familia. Un profesional visita el hogar durante dos años. En ese lapso fortalece dos aspectos: el psicosocial (autoestima, convivencia armónica y competencias para obtener ingresos) y vincula a la familia con redes de asistencia (para que sean atendidas de manera prioritaria en los consultorios y obtengan beneficios tales como cupos en jardines infantiles, una tercera ración alimenticia en las escuelas, becas, subsidios y pensiones, entre otros).

Pero a Maribel lo que la entusiasma no son los aspectos psicosociales ni que la atiendan prioritariamente. A ella la seduce el bono mensual de $10 mil que se otorga a las familias Puente: “Nos cayeron del cielo”.

La directora de Desarrollo Comunal de San Ramón, Ximena Bustos, cuenta que su comuna fue parte del piloto del programa Puente en 2002, cuando se aplicó sin el bono: “Fue cuando tuvimos el más alto nivel de cumplimiento de metas. Cuando se activó el bono, el éxito bajó, porque mucha gente viene por los $10 mil pesos y nada más”.

Jeanette Leguas, encargada de la Unidad de Protección Social de Huechuraba, postula que las familias Puente no reciban el bono sólo por incorporarse al sistema. “Por ejemplo, ahora se les pide que los hijos estén estudiando. Pero hay casos en que los matriculan y se da por cumplida la condición, pero el niño no fue más al colegio. Hay que hacer un seguimiento y después entregar el bono”.

Equilibrista de verdad

Ana Quiroz (51) es una “equilibrista” de verdad: trabajaba como trapecista en el circo de su papá. Pero cuando nació su hija debió abandonar la vida nómade de las carpas. De eso ya han pasado 22 años, lapso en el que trabajó para un abogado, como garzona en una fuente de soda y camarera en un hotel de turismo. El hotel quebró hace seis años y decidió instalar un carrito para vender empanadas en la feria. Las ventas le generaban unos $300 mil mensuales, con lo que costeaba el arriendo de un departamento al interior de una casa en San Ramón y pagaba una mensualidad de $70 mil en el Instituto Los Leones, donde su hija estudia contabilidad. Pero la crisis económica de los dos últimos años la tumbó:

-Las ventas se fueron para abajo. Empecé a sacar como $150 mil y a veces $100 mil. Pero mi hija empezó a trabajar en un local de artículos ortopédicos. Llevaba la contabilidad y era vendedora. Le pagaban $200 mil. Pero quedó cesante y tuvo que congelar el instituto. Ahora me vence el arriendo y me falta la mitad. Tenemos que irnos. Por eso fui a la municipalidad, a pedir una mediagua, porque una amiga de la otra cuadra me ofreció que la instalara en su patio y que le pagara $30 mil mensuales.

Ana Quiroz no se considera pobre, sino parte de una clase media baja, trabajadora, de barrio popular, pero digno. Le duele ir a la municipalidad a pedir ayuda: “Toda mi vida he luchado”. La asistente social de su comuna, Mary Díaz, relata que en los dos últimos años, con la crisis económica, aumentaron las personas con este perfil que solicitan asistencia. Esos son los chilenos que han caído en la pobreza.

Como Ximena (58), que la semana pasada se armó de valor y partió a la municipalidad. Tres de sus cuatro hijos tienen estudios superiores, educados con los ingresos del negocio de abarrotes que su marido levantó hace 40 años. Pero la crisis económica llevó las ventas del almacén cuesta abajo.

-Ahora nos deja como $150 mil mensuales y casi no nos queda mercadería. Nos salvamos con unas máquinas tragamonedas que dejan unos $75 mil -cuenta.

Los ingresos son insuficientes, pues el matrimonio vive con tres hijos y tres nietos. La hija mayor -que se separó y volvió a la casa con dos niños- recién quedó cesante. El jefe de hogar este año sufrió una trombosis ocular y perdió un ojo. Dos de los hijos sufren de ulceraciones en el colon y el medicamento les significa $100 mil mensuales: “Fui a la municipalidad a pedir ayuda por lo menos para los remedios, porque no nos alcanza”, dice la madre. Su esperanza es que el menor, recién titulado de ingeniero comercial, encuentre trabajo pronto.

Francisca Márquez, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado y cabeza del equipo que aplicó la encuesta Casen, asegura que los programas deben comenzar a centrarse en estas familias con hábitos laborales:

-La encuesta Panel dice que entre 1996 y 2006 hubo un 4,4% que siempre fue pobre y no pudo salir de ahí. Serán los “clientes” del Estado, a los que habrá que asistir de manera permanente y centrarse en que sus hijos rompan el círculo. Pero el Estado debe focalizar más sus programas en el resto del 34% de población vulnerable que vive dolorosamente la entrada al municipio a pedir ayuda. Los programas actuales son profundamente infantilizadores, casi para semianalfabetos, porque el Estado no sabe vincularse con esta clase media baja, o que al menos se desea clase media, que educa con esfuerzo a sus hijos y tiene experiencia de trabajo.

Municipios piden más autonomía

Los profesionales del Programa Puente en San Bernardo, indican que mucha gente miente sobre sus condiciones socioeconómicas al responder la Ficha de Protección Social (FPS). La manipulación de los datos tomó fuerza desde 2007 no sólo por el cambio de la ficha CAS a la FPS, sino porque ese año comenzó a verse más nítidamente el sistema de protección de Bachelet, con pensiones para dueñas de casa, pensiones complementarias, capacitación laboral para jefas de hogar y subsidios preferentes, entre otros beneficios. La gente veía que algunos de sus vecinos los obtenían y se pasaban el dato para responder la FPS.

Con la antigua ficha CAS, lo que pesaba en el puntaje familiar era el equipamiento del hogar. Hoy, con la FPS, aspectos como jefatura de hogar femenina o enfermedades crónicas, son más importantes.

-Antes, cuando uno iba a visitar las casas, las señoras escondían el refrigerador. Ahora esconden al marido -dice Isabel Gálvez, encargada del programa Puente en San Bernardo.

Virginia Garrigó, directora de Desarrollo Comunal de Puente Alto, cree que se podría focalizar mejor si Mideplan y Fosis dieran más autonomía a los municipios para crear planes sociales y hacer un seguimiento a las familias antes de seleccionarlas: “Conocemos mejor que nadie la realidad territorial”.

El gobierno estudia implementar cambios en la FPS, aunque el principal problema que ven los profesionales de los municipios no es la desfocalización, porque es tan amplia la franja de hogares vulnerables que son marginales los casos en que se beneficia gente que no los necesita:

- En Puente Alto tenemos dividida la comuna en seis sectores. En el sector donde están las poblaciones El Volcán, tenemos 4.600 familias que cumplen con puntaje para ingresar al Puente, pero en toda la comuna contamos con 800 cupos -explica Virginia Garrigó.

Empleo: la falla del sistema

El director ejecutivo de la Fundación Superación de la Pobreza, Leonardo Moreno, más allá de que considera anacrónica la canasta de la Casen, señala que es injusto adjudicar el aumento de la pobreza que arrojó ese sondeo a fallas en los programas sociales, al menos mientras no se analice la base de la encuesta, que recién se liberó la semana pasada:

- Si mides pobreza por ingresos, que es lo que hace la Casen, el que tengas una gran cantidad de gente desempleada por una crisis internacional claramente es un factor. En ese caso uno podría preguntarse si las medidas económicas (para evitar el desempleo) se tomaron bien, más que preguntarse por las medidas de política social.

Aunque hay políticas sociales que buscan incorporar a la gente al mundo del trabajo, los profesionales de los municipios reconocen que en general no tienen éxito porque apuntan a capacitación, pero no aseguran el acceso de la persona al empleo, y a entregar capital semilla para desarrollar microempresas, aunque la mayoría de las personas no tiene pasta para los negocios. Los programas más directos en este ámbito son los de bonificación a la contratación, pero las primeras experiencias fueron mal evaluadas por la Dirección de Presupuesto.

Jenny Miranda, asistente social del Puente en Independencia, indica que mientras el sistema apunta a que el beneficiario desarrolle un emprendimiento al egresar, la mayoría sólo quiere un empleo estable.

La señora Mireya (50) es una veterana de estos programas. Hace 11 años se separó y, con cuatro hijos, fue a la municipalidad de San Ramón a pedir ayuda. La becaron, con otras 14 mujeres, para hacer un curso de pastelería. Cuando egresaron a todas les dieron un pequeño horno a gas, equivalente a $50 mil pesos.

-La única que siguió trabajando fui yo. Las otras vendieron los hornos. Algunas los vendieron en la feria. Una me lo vino a ofrecer a mí, pero le dije que esa no era la idea. No se creyeron el cuento. Yo postulé otras tres veces a proyectos Fosis y pude comprar un horno semi-industrial, una revolvedora y una sobadora.

Hoy vende pasteles y empanadas, hace tortas por encargo y dicta clases de pastelería en juntas de vecinos y “casas particulares”. Tres de sus hijos estudian, becados, en la UC: Medicina, Ingeniería Civil y Odontología. Pero cree que el Estado debe comprender que “no toda la gente sirve para los emprendimientos, hay personas que prefieren un contrato y un trabajo, no más”.

- La gente que no ha estado contactada con el mundo laboral, es difícil que salga de la pobreza -dice la asistente social de Independencia, Jenny Miranda, quien cree que hay que privilegiar la capacitación e inserción laboral de los que ya tienen experiencia de trabajo.

En ese grupo que espera otra oportunidad laboral se encuentra Ana Quiroz, quien ya teje planes si el municipio le da su mediagua:

- Lo que ahorremos en arriendo es para partir, porque yo en septiembre, cuando empiece la temporada, vuelvo al circo. Voy a vender empanadas en la feria durante el día y en la tarde me voy al circo. Ahí me pagarían $50 mil semanales más las ventas de los cintillos luminosos.

Claro que, a su edad, ya no podrá subir al trapecio: “Tengo un número cómico que lo probé en el verano en el circo, en Pichilemu. Incluso me lo grabaron en video para mandarlo a la tele, al Kike Morandé. ¿Quiere verlo?”.

Written by Eduardo Aquevedo

11 agosto, 2010 at 18:57

Chile: ¿engaño en las cifras de pobreza?, por F. Larraín

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Felipe Larraín, El Mercurio

La polémica sobre la pobreza en Chile toma fuerza. Connotadas personalidades, entre ellas los ex Presidentes Ricardo Lagos y Patricio Aylwin, se han congratulado recientemente por la gran disminución de la pobreza en nuestro país. El vocero Francisco Vidal y la ministra del Mideplan, Paula Quintana, hacen otro tanto. Todos ellos usan las cifras oficiales, que están fuertemente cuestionadas. Es cierto que la pobreza ha disminuido en Chile, pero no lo que dice la información oficial. Y existe un creciente consenso entre los especialistas sobre la necesidad de actualizar las cifras oficiales, pero éste es resistido, y en algún caso descalificado, por las autoridades. El tema va mucho más allá de contar los pobres y tiene profundas implicancias sobre las políticas públicas, especialmente en momentos en que Chile enfrenta los coletazos de la crisis externa y un aumento significativo del desempleo. Revisemos este debate.

La ministra Quintana se refirió al tema en carta al director de “El Mercurio” del sábado 15 pasado, en respuesta a planteamientos realizados por el diputado Julio Dittborn, quien, a su vez, reaccionó a otra misiva del ministro Vidal. El centro de la discusión está en si la cifra oficial de 2,2 millones de pobres (13,7% de la población) para 2006 es o no correcta. Ella ha sido cuestionada por un estudio del suscrito, “Cuatro Millones de Pobres: Actualizando la Línea de Pobreza”, publicado en la revista Estudios Públicos y disponible para todos en http://www.cepchile.cl. Basándose en trabajos realizados por la Fundación para la Superación de la Pobreza, el estudio determina que había más de 4 millones de pobres (29% de la población) en 2006. En una reacción anterior a este estudio, la ministra Quintana me calificó de intencionalidad política, irresponsabilidad y errores metodológicos. Hoy se refiere al estudio como “académico y muy respetable”, lo que es, desde mi modesta perspectiva, un innegable progreso.

Los errores de la ministra

Sin embargo, la secretaria de Estado incurre en tres errores significativos, que creo importante aclarar. Primero, ella insiste en que el estudio aludido ocupa una metodología distinta a la oficial, y por tanto, sus resultados no resultan comparables. Esto es incorrecto. El estudio aplica básicamente la misma metodología de Mideplan para calcular la línea de pobreza oficial, y se basa en la misma Encuesta Casen 2006, la que no cuestiona. Tanto el estudio como la línea oficial siguen la metodología de la Cepal, cuya base es estimar el costo de una canasta mínima de alimentación, que contrasta con el ingreso de las personas (incluyendo ingreso autónomo, subsidios monetarios y alquiler imputado a la vivienda propia).

La gran diferencia es que, inexplicablemente, Mideplan sigue calculando la línea de pobreza con información de la IV Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) elaborada por el INE y que data de 1988. Sin embargo, hace casi una década está disponible la V EPF de 1996-97, que es la que utiliza el estudio. (Y hace pocos días incluso está disponible la VI EPF de 2007.) En una década hay numerosos cambios en los patrones de consumo; las necesidades no cambian, pero sí la forma de satisfacerlas. Para pasar de la V EPF al valor de la canasta mínima, el estudio utiliza el detallado trabajo liderado por la Fundación para la Superación de la Pobreza, ya publicado en Umbrales Sociales 2006. En base a este análisis se llega a determinar que los pobres eran el 29% de la población en 2006, y no 13,7% como indican las cifras oficiales; y que los indigentes son el 6,2% en vez del 3,2% oficial. Es decir, en nuestro país hay unos cuatro millones quinientos mil pobres, y no poco más de dos millones.

En segundo lugar, la ministra dice que si se aplicara la línea propuesta en el estudio al período 1990-2006 se concluiría que en 1990 la pobreza abarcaba al 56% de la población. Esto es confuso, o simplemente imposible. No resulta factible aplicar una línea que se basa en la Encuesta de Presupuestos Familiares de 1996-97 a la situación de 1990. Es por ello que el estudio aludido sólo puede calcular las cifras de pobreza para los años 2000, 2003 y 2006.

Finalmente, la ministra dice que “quienes tienen la esperanza de convencer a la ciudadanía (de que la pobreza no se ha reducido drásticamente) a partir de obtener cifras mayores con líneas más exigentes, están simplemente engañando al país”. Esta información incurre en un error y en una descalificación gratuita. Nadie discute que la pobreza ha disminuído en el tiempo, lo que es un importante logro del país; simplemente, los niveles de pobreza son más del doble de los que aparecen en las estadísticas públicas. Y el punto no es usar una línea más o menos exigente, sino reflejar la verdadera realidad de la pobreza con cifras actualizadas. Esto no es engañar, sino todo lo contrario.

El tema de fondo

Hacer aparecer la pobreza artificialmente menor a la realidad tiene dos serios problemas. Primero, si se cree en el número del 13,7%, parece que estuviéramos ganando la lucha contra la pobreza y el tema pierde prioridad en la discusión pública, cuando aún quedan más de cuatro millones de chilenos en esta condición. Segundo, si el diseño de las políticas públicas se focaliza en ese 13,7%, vamos a dejar muchos pobres sin atender adecuadamente.

Por último, es interesante constatar que en junio de 1999 el entonces subsecretario de Mideplan, Antonio Lara, se comprometió a actualizar la línea de pobreza en base a la V EPF, lo que aún no se ha cumplido; que el Consejo Asesor Presidencial Trabajo y Equidad (la Comisión Meller) también incluyó entre sus propuestas actualizar la línea de pobreza; y que una encuesta reciente realizada por Ipsos y la Alianza Comunicación y Pobreza (integrada por el Hogar de Cristo, la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales y la Fundación para la Superación de la Pobreza) revela que el 80% de los chilenos cree que los pobres son más del 25% de la población. ¿Querrán todos ellos engañar al país?

Perú: la pobreza, eje de las protestas actuales

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Marcelo Justo
Marcelo Justo
BBC Mundo

En Perú la pobreza está otra vez en el centro del debate político.

Alan Garcia

Alan García: quiere reducir la pobreza a un 30%.

Las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas e Información (INEI), que muestran una caída de la pobreza del 5% en 2007, despertaron gran polémica. En medio de esta controversia, la poderosa Asamblea Nacional de Gobiernos regionales acordó un plan integral de lucha contra la pobreza que le presentará al presidente Alan García.

La economía está creciendo a un 9%, pero sus índices de desigualdad figuran entre los más altos del planeta. Por eso las cifras del INEI presentados a fin de mayo despertaron esperanza.

Cuestionamientos

Según el Instituto la pobreza había caído un 5% en 2007 y un 10% desde 2006. Pero tanto la oposición como sectores independientes cuestionaron la fiabilidad de las mediciones. El ex director del Instituto, Farid Matuk, dijo que el descenso estadístico se había conseguido con un cambio de metodología. Otros críticos señalaron que el Instituto no había tomado en cuenta el aumento de la inflación y el precio de los alimentos, de mayor incidencia en zonas rurales que urbanas.

El ex candidato a presidente y dirigente opositor Ollanta Humala indicó que las estadísticas habían cambiado, pero nadie se había enterado en las calles.

Los fantasmas de la estadística

En medio de la polémica, el instituto admitió que había insertado los datos de más de 700 familias que no habían contestado el cuestionario, pero reiteró que los resultados eran genuinos.

Familia peruana

Según el informe del INEI, en la sierra y la selva peruanas siete de cada diez pobladores son pobres.

Lo mismo dijo el Banco Mundial que participó en la medición.

En ese contexto, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) presentará al gobierno de Alan García un plan a nivel local, regional y central para que la lucha contra la pobreza prioridad a las zonas rurales. “Sólo así podrá lograrse bajar la pobreza extrema en las zonas más alejadas del país”, señaló al diario peruano “La República” el presidente regional de Ayacucho Ernesto Molina.

Según el informe del INEI, en la sierra y la selva peruanas siete de cada diez pobladores son pobres. En la zona urbana de Ayacucho, por ejemplo, la pobreza cayó en 10 puntos entre 2006 y 2007, pero en la sierra rural sólo disminuyó 3,2 puntos en el mismo período.

A fines de los ’90, más del 50% de los peruanos vivían debajo de la línea de la pobreza. Alan García indicó que quiere reducir este porcentaje a un 30% al final de su mandato en 2011. Si las estadísticas siguen siendo tan favorables, muy probablemente lo logre. Habrá que ver si la realidad reflejará el optimismo de las mediciones.

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