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Matrimonio para gays y lesbianas en Argentina, un gran avance de la igualdad de derechos…
Discursos de la época del medievo en debate sobre uniones gays en Argentina
Stella Calloni, Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 15 de julio de 2010, p. 37
Buenos Aires, 14 de julio. El Senado de Argentina debatía esta noche el proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, en un enfrentamiento en el que algunos discursos parecían surgir del medievo, mientras en las calles se cruzaban las manifestaciones de uno y otro lado.
Algunas mujeres permanecían rezando ante el Congreso de la nación, convencidas de que se trata de una guerra de Dios
contra el demonio y en defensa de la familia
, y otros haciendo sonar vuvuzelas –un nuevo elemento que se introdujo en las manifestaciones locales después del Mundial de Futbol en Sudáfrica– manifestaban su apoyo en defensa de los derechos de las minorías
.
Al cierre de esta edición continuaba el intenso debate y se esperaba una reñida votación en las próximas horas.
Anoche en una de las manifestaciones en contra de la ley de matrimonios gays, se escucharon incluso voces que pedían el retorno del 76, es decir, de una dictadura militar, ante la amenaza a la integridad de la familia
y otros conceptos tan conocidos para los que vivieron los regímenes autoritarios que padeció el país.
Aunque este proyecto de ley fue introducido por legisladores no oficialistas, la oposición más dura es contra el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, alentada por la cúpula eclesiástica, lo que ha transformado esta situación en un nuevo esquema de enfrentamiento.
En esta cruzada hay una particularidad, y es que el tema dividió las aguas en todos los bloques del Congreso.
Una comisión senatorial intentó cambiar lo aprobado en la Cámara de Diputados por otra propuesta de unión civil
, lo que fue considerado anticonstitucional, porque ya no era un debate sobre lo consensuado en la cámara baja, y porque tenía graves contenidos que fueron calificados como discriminatorios
, lo que provocó una oleada de protestas de los promotores de esta legislación.
El bloque oficialista sostenía que se había violado la Constitución, en su artículo 81, al cambiar intencionalmente los giros a comisión y violentar el reglamento y la historia
.
El dictamen de minoría que avala el proyecto sancionado por los diputados cuenta con el apoyo del oficialismo y de parte de la opositora Unión Cívica Radical.
En las calles, con el frío inclemente, las discusiones tienen otro tono. Militantes de organizaciones sociales, estudiantes, legisladores, sindicalistas, siguen los debates y corean consignas. Y hay algunos encontronazos discursivos con los remanentes de los que ayer marcharon convocados por la cúpula de la Iglesia en la guerra de Dios
.
El ministro de Economía Amado Boudou, citado por la agencia oficial Télam, sostuvo por su parte que la ley es un avance de la sociedad que tiene que ver con el acceso a derechos civiles
y que las distintas marchas no tienen demasiada importancia: lo importante es ver a una sociedad que avanza en la igualdad de derechos
.
Por otra parte, César Cigliutti, de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), destacó que esta organización logró dar un debate esencial en la sociedad alrededor de la familia, porque nuestra campaña afirma que somos familias
, y agradeció la respuesta de la sociedad que acompaña esta demanda y a los medios de comunicación.
También mencionó con emoción los discursos hermosos
de senadores heterosexuales y padres de familia, en favor de nuestros derechos
, y sostuvo que respetaban las posiciones contrarias, pero a lo que nos oponemos es a la imposición de ese dogma a toda la nación, porque estamos hablando de leyes civiles en una sociedad diversa
.
Otro tema que salió a luz en estos días es el apoyo de autoridades de la Iglesia a la pasada dictadura militar y a la participación de sacerdotes junto con represores en crímenes de lesa humanidad, dejando solos a los religiosos que se enfrentaban a estos crímenes. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, cuestionó a la Iglesia, porque nunca se pronunció por los 500 niños que nos robó la dictadura y tampoco ha condenado este delito probado del padre Jullio Grassi
, que fue encontrado por la justicia responsable de abusos hacia menores.
"Argentina es referente"
El secretario de Movimientos Sociales del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Zerolo, felicitó "al pueblo y los legisladores" argentinos por la aprobación en el Senado de la Ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, que, aseguró, convierte a Argentina en un ejemplo para América Latina. El dirigente asistió al debate de la norma en Buenos Aires, de cuya elaboración participó como experto.
"Argentina se convierte hoy en un referente para América latina al reconocer la igualdad legal para lesbianas y gays", señaló Zerolo tras abandonar Buenos Aires hacia donde viajó para asistir al debate de la Ley que, según opinó, tiene como modelo la legislación española al respecto.
"Al cumplirse cinco años de la aprobación de nuestra ley, volvemos a vivir un día histórico para América latina que pone de manifiesto que el camino hacia la igualdad que iniciamos en España es imparable, a pesar de los de siempre", opinó.
Zerolo, que participó como experto en la elaboración de esta Ley en el Congreso argentino, reconoció la labor de las organizaciones argentinas que llevan "muchos años trabajando de forma incansable para concienciar a la sociedad y a los partidos políticos argentinos de la necesidad de reconocer la igualdad jurídica para las parejas de lesbianas y gays".
El responsable de Movimientos Sociales del PSOE calificó, asimismo, de "valiente" la actitud y el compromiso del Gobierno argentino y de su presidenta, Cristina Fernandez, con la aprobación de este texto legislativo.
CHA: "Se trata de igualdad y de igualdad ante la ley”
César Cigliutti, presidente de la Comunidad Homosexual Argentina manifestó sentir “mucha emoción” por la reciente aprobación de la ley que habilita el matrimonio homosexual y cuestionó nuevamente las declaraciones del Obispo Bergoglio: “Fue muy violento para nuestra comunidad y para sus propios feligreses", subrayó.
“Si de algo se trata es de igualdad y de igualdad ante la ley", manifestó Cigliutti en declaraciones radiales horas después de que el Senado haya convertido en ley la iniciativa que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados.
“Con respecto a este concepto en los discursos que hubo en contra del proyecto, hubo muchas apreciaciones tan denigratorias en cuanto a la diferencia, que nos parece lamentable que en un Senado se confundan los conceptos y se cambie por fundamentalismos y dogmas religiosos”, explicó el representante de la CHA.
“De los argumentos en contra, lo que para nosotros fue el peor discurso sostenido fue el de la senadora Liliana Negre de Alonso por lo que viene diciendo en todos los medios”, indicó.
En cuanto a las declaraciones del Cardenal Bergoglio, Cigliutti dijo que le parecieron “dolorosas”. “No puedo creer que un obispo esté hablando de guerra, del demonio, puede estar en la injusticia pero no referido a la modificación de una ley civil. Creo que fue muy violento para nuestra comunidad y para sus propios feligreses”, advirtió.
“A muchos no les gustó lo que dijo porque fue muy violento y, con respecto a este resultado, se ve que fue una mala estrategia”, agregó.
Al ser consultado sobre si hubo incidentes en la Plaza de los Dos Congresos, dijo que había mucha gente en apoyo a la ley y 20 personas que estaban rezando frente al Congreso con un cartel en una reja donde nadie puede colgar un cartel. “Hubo una discusión entre 20 personas y otras 15 del otro lado. Fue un incidente menor”, concluyó.
Página/12
Cuba, disidencia y presos políticos…
Por Santiago O’Donnell
El anuncio de que el gobierno cubano liberará a 52 presos políticos en los próximos cuatro meses, tan festejado por la derecha como silenciado por la izquierda, es sin dudas un hecho importante, quizás el más importante de las últimas décadas de vida de la revolución.
Por eso es también muy importante cómo se entiende, cómo se interpreta. Hasta ahora sólo se conocen el comunicado de la Iglesia cubana y las declaraciones del canciller cubano, o sea la voz de los mediadores. El gobierno cubano aún no se ha pronunciado a través de sus medios o sus voceros, y los intelectuales que apoyan a la revolución tampoco han dicho demasiado. Queda entonces el relato de los grandes medios, que como todo relato cuenta una parte de la verdad, o la verdad tal como se ve desde determinada perspectiva.
Cuentan que los 52 futuros liberados fueron arrestados en la llamada Primavera Negra del 2003 y condenados en juicios sumarísimos a penas de entre 6 y 28 años. Al principio eran 75, pero una veintena se fue liberando con el correr de los años por problemas de salud, casi siempre en el marco de un gesto hacia algún dignatario de visita. Muchos de ellos eran periodistas que trabajaban para medios internacionales y fueron condenados por delitos de traición a causa de los artículos críticos que mandaban por teléfono o fax.
Mientras el gobierno cubano sostenía que esos periodistas y esos artículos habían sido comprados por potencias extranjeras, los medios que habían publicado esos artículos empezaron a denunciar las detenciones, generando una ola mundial de protesta. El interés sobre la suerte de esos presos se reavivó en febrero, cuando el disidente Orlando Zapata murió en una cárcel cubana tras dos meses y medio en huelga de hambre. Aunque Zapata estaba en las listas de prisioneros políticos de las organizaciones internacionales de derechos humanos, el gobierno dijo que se trataba de un delincuente común y publicó su prontuario de delitos menores. Pero poco importó, porque al día siguiente de la muerte de Zapata entró en huelga de hambre Guillermo Fariñas (foto), un opositor preso más reconocido. Cuatro meses más tarde dieron la vuelta al mundo unas fotos en las que Fariñas parecía un faquir.
Mientras tanto Cuba vive una de sus peores crisis económicas. En los últimos meses se ha visto forzada a implementar una suerte de período especial y recortar el gasto estatal, incluyendo algunos rubros muy caros al régimen, como los subsidios para comedores escolares. Venezuela, el principal socio y benefactor de Cuba, no puede ayudar mucho porque está inmerso, en su propia crisis debido a la caída del precio del petróleo.
Así las cosas, el gobierno cubano parece haber decidido que necesita inversión extranjera para salir del pozo. Pero al bloqueo estadounidense se suma la llamada “posición común” de la Unión Europea, que desde 1996 condiciona contactos con la isla a la mejora en la situación de los derechos humanos.
Aprovechando que el gobierno socialista español asumió este año la presidencia de la UE, el gobierno cubano buscó un acercamiento a través de la Iglesia cubana. Con el canciller español Moratinos en La Habana, el arzobispo cubano anunció que los presos de la Primavera Negra serían liberados y enviados a España en un plazo de cuatro meses. Moratinos felicitó al gobierno cubano y declaró que la “posición común” ya no tenía razón de ser. Fariñas anunció que levantaba su huelga de hambre.
Esto es más o menos lo que aparece publicado en los diarios y se muestra en la televisión y se transmite por Internet desde los medios masivos. La conclusión que sacan los opinadores a partir de este relato se cae de madura: se trató de un acto tardío y desesperado de un régimen forzado a negociar por su incapacidad para generar riqueza.
Entonces piden más. Dicen que hay todavía hay más de cien presos políticos en Cuba y que no hay libertad de expresión. Lo cual suena muy bien, pero no es tan simple.
Cualquier crítico razonable del régimen cubano debe al menos reconocer que se trata de un gobierno legítimo, apoyado por la inmensa mayoría de los cubanos, por lo menos de los que viven en Cuba. Y que es legítima la decisión de los cubanos de apoyar a un régimen que prioriza el bien común por sobre la libertad individual. Los logros alcanzados en materia de salud y educación, especialmente cuando se los compara con sus vecinos del Caribe y Centroamérica, le da sentido a esta decisión.
Como es de rigor en un país gobernado por un régimen comunista, la Constitución cubana limita la libertad de expresión: “Ninguna de las libertades reconocidas para los ciudadanos puede ejercerse contra lo que se establece en la Constitución y la ley, o contra la existencia y objetivos del Estado socialista, o contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo”.
Hasta ahora Cuba nunca había aceptado la existencia de prisioneros políticos. Los presos estaban bien presos porque eran agentes desestabilizadores al servicio de las potencias extranjeras. Y las leyes cubanas, esas leyes que sirvieron para defender a la revolución del terrorismo made in Miami, le daban la razón. “Las leyes (vigentes en Cuba) son tan vagas que casi cualquier acto de oposición puede criminalizarse de alguna manera, por lo que es muy difícil que los activistas hablen contra el gobierno”, dijo Kerrie Howard, directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional.
“El Código Penal establece un rango de vagos cargos criminales que pueden utilizarse para acallar la disidencia, tales como ‘peligrosidad social’, ‘propaganda enemiga’, ‘desprecio a la autoridad’, ‘resistencia’, ‘difamación de las instituciones nacionales’ e ‘impresión clandestina’”, señala el último informe sobre Cuba de AI.
Por eso el anuncio de las liberaciones esta semana equivale ni más ni menos que al reconocimiento tácito por parte del gobierno cubano de la existencia de prisioneros políticos en su país. Porque habrán sido detenidos bajo cargos criminales, pero serán liberados como fruto de una negociación política.
No debe haber sido una decisión fácil, sobre todo porque era previsible que los grandes medios pondrían el acento en el supuesto oportunismo y la supuesta debilidad del régimen. Con un gigante como Estados Unidos al acecho, listo para transformar la experiencia cubana en un gigantesco shopping. Con el triste recuerdo de la revolución blanda derrotada en Nicaragua. Con Fidel enfermo y Raúl cerca de la jubilación.
En eso pensaba cuando por casualidad me topé con un pequeño recuadrito de una página perdida de la revista Time, a propósito de nada. El recuadrito citaba el informe anual 2010 de Amnesty. Decía que el treinta por ciento de los 153 países incluidos en su informe mantiene prisioneros de conciencia. O sea, prisioneros políticos. Más llamativo aún, decía que el cuarenta y dos por ciento de los países del G-20 (los más importantes) mantienen prisioneros de conciencia. Está bien: mal de muchos consuelo de tontos. Pero por alguna razón sólo los presos cubanos tienen buena prensa.
Leyendo el informe AI, en su sección dedicada a Cuba, aparece otro dato interesante que saltearon las crónicas: según Amnesty, en mayo del 2010 Cuba tenía “al menos 53 prisioneros de conciencia.” El número coincide exactamente con las liberaciones anunciadas desde entonces, si se toma en cuenta la liberación de un disidente el mes pasado por razones de salud.
A diferencia de otras organizaciones citadas en los grandes medios, que no dudan en poner la cifra de detenidos políticos en Cuba por encima de 170, Amnesty, explica el informe, se toma el trabajo de revisar cuidadosamente los expedientes judiciales de los presos antes de declararlos prisioneros de conciencia.
En otras palabras, si no se identifican nuevos casos, Cuba debería salir de la lista de Amnesty el año que viene, mientras un grupo importante de países, incluyendo algunos de los más poderosos, permanecerán en ella.
Mirada desde esta perspectiva, la decisión del gobierno cubano, más que una muestra de debilidad, parece una muestra de fortaleza. Una señal de que un gobierno que se ha encargado como ningún otro de los derechos sociales de su pueblo ahora se permite también elevar los derechos humanos de sus ciudadanos a la norma internacional, inaugurando una nueva etapa, más abierta, más confiada y más tolerante, de la revolución.
Entonces la reacción lógica sería celebrar la iniciativa cubana e instar a otros países violadores a seguir su camino. Pero cuesta imaginar el mismo revuelo que se armó con Cuba para que Indonesia, China o Israel liberen a sus prisioneros políticos. O lanzar un bloqueo internacional de Estados Unidos hasta que Obama cumpla con su promesa de cerrar la cárcel de Guantánamo y llevar a la Justicia a los asesinos, torturadores y secuestradores surgidos de la política de “guerra al terrorismo”. Pero no, el foco mediático no está puesto en los prisioneros políticos, está puesto en los pecados de Cuba.
Sería necio negar que en la revolución, entre todo lo bueno, algunas cosas, muchas, pocas, grandes, chicas, se hicieron mal. O salieron mal, o no salieron, o fracasaron. Pero los Castro no necesitan prodigarse demasiado en busca de argumentos para acusar de hipócrita al coro mediático que siempre repite la misma canción.
Lapidación en Irán y otros lugares: una lacra cultural criminal y medieval…
¿Quién tira la primera piedra?
El proceso de lapidación está descrito, con toda la frialdad de los textos legales, en los artículos del Código Penal iraní.- Las condenadas deben ser enterradas "hasta por encima de los senos"
ÁNGELES ESPINOSA | Teherán 09/07/2010
Debe de ser una de las muertes más horribles que se pueda imaginar. Una a una, las piedras van golpeando la parte superior del cuerpo, magullándolo, lacerándolo, hasta que la acumulación de heridas acaba con la vida del reo. Despacio. Sin piedad. El proceso está descrito, con toda la frialdad de los textos legales, en los artículos 98 al 107 del Código Penal iraní, que incluso establece quién debe tirar la primera piedra.
En primer lugar, se entierra en un agujero al condenado, "hasta la cintura" si es un hombre y "hasta por encima de los senos" en el caso de las mujeres, según estipula el artículo 102. Parece evidente que es más fácil escapar del agujero en el primer caso, extremo que garantiza el perdón si no hubiera testigos (artículo 103). También se determina (artículo 104) que "las piedras no pueden ser tan grandes como para que maten a la víctima al primer o segundo golpe, pero tampoco tan pequeñas que no puedan ser llamadas piedras".
En el caso de que la condena haya sido fruto de la confesión, como se pretende en el caso de Sakineh Ashtiani, el juez tiene la responsabilidad de arrojar la primera piedra. Si hubiera habido testigos, serían estos quienes tendrían el dudoso honor; a continuación, vendría el juez y el resto de los presentes en la ejecución que por ley no pueden ser menos de tres.
Dado que las lapidaciones son muy polémicas, suelen celebrarse a puerta cerrada y es por tanto difícil saber qué tipo de personas acceden a participar en un castigo tan cruel. Hay que tener mucho estómago para aguantar la lenta agonía que garantiza el goteo de piedras hasta qué las hemorragias o la fractura del cráneo causan la muerte. La película La Lapidación de Soraya M., basada en el libro del mismo título de Freidoune Sahebjam, permite acercarse a ese horror.
Lapidación en Irán
El destino de la mujer condenada a ser lapidada en Irán sigue en el aire
Fuentes de las autoridades iraníes aseguran que suspenden la lapidación por la presión internacional pero sigue la condena a muerte.- El abogado de Ahstiani dice no saber nada
ÁNGELES ESPINOSA / EL PAÍS | Teherán / Madrid 09/07/2010
La mujer condenada a muerte por adulterio en Irán no será lapidada, según han anunciado las autoridades iraníes. Sin embargo, el abogado de de la víctima asegura que no tiene constancia de ningún tipo de decisión por parte de las autoridades iraníes.
De cumplirse lo dicho por las fuentes iraníes, el régimen de Teherán cede en principio a la presión internacional, pero sólo en parte, ya que sigue condenada a muerte. Amnistía Internacional (AI), que lleva a cabo una campaña de firmas para salvarla, asegura que en el comunicado del Gobierno iraní sólo se dice que no va a ser lapidada pero no menciona que vaya a conmutarse su pena de muerte, por lo que puede ser ejecutada "en cualquier momento". El método de ejecución más usual en Irán es "el ahorcamiento", añade AI.
La sentencia a muerte por lapidación para Ahstiani, de 43 años y madre de dos hijos, implicaba ser enterrada hasta el pecho y golpeada hasta la muerte con piedras que no sean tan grandes como para matarla de forma instantánea ni tan pequeñas que no le causen daño, tal como establece el código penal de la República Islámica.
"No hay pruebas en su caso que justifiquen esta sentencia inhumana", denunció la Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán, la primera en dar la voz de alarma. La campaña respondía al llamamiento del abogado de Ashtiani, Mohammad Mostafaeí, quien, agotadas todas las instancias, difundió el caso en su blog. Desde entonces, Amnistía y Human Rights Watch, entre otras, se han sumado a la movilización internacional pidiendo su perdón.
El código penal vigente en Irán desde la revolución islámica de 1979 establece la lapidación para los adúlteros, pero de acuerdo con esa polémica interpretación de la sharía (ley islámica), el delito debe probarse por la confesión repetida del acusado o el testimonio de cuatro testigos varones (o de tres hombres y dos mujeres). El ayatolá Mohammad Ebrahim Yannati asegura que no hay base religiosa para ese castigo.
Ashtiani había sido condenada con anterioridad a 99 latigazos por "relación ilícita" con el presunto asesino de su marido. Sin embargo, otro tribunal reabrió el caso y decidió que dicha relación se había producido en vida del finado, por lo que constituía "adulterio", a pesar de carecer de testigos. En el juicio, la mujer se retractó de la confesión que hizo durante el interrogatorio porque dijo que había sido coaccionada. Desde entonces ha negado la acusación y pedido clemencia. Además, según su abogado, tiene dificultades para entender el persa, porque pertenece a la minoría azerí que habla un dialecto turco.
Según Amnistía, "las circunstancias que rodean el caso de Ashtiani no son la excepción, sino la regla en Irán", donde al menos otras ocho mujeres y tres hombres corren el riesgo de ser lapidados. Como resultado del diálogo con la UE, el poder judicial decretó una moratoria de esa pena en diciembre de 2002. Igual que otros avances conseguidos durante el mandato del reformista Mohamed Jatamí, no se convirtió en ley. Así que se han seguido pronunciando veredictos de lapidación y los jueces más conservadores las han ejecutado. El último caso conocido se produjo en enero del año pasado en la ciudad de Mashhad.
Cuba: apoyo internacional de intelectuales y artistas contra acoso mediático…
18 MARZO 2010
Foto: Kaloian Santos
Personalidades de la cultura y el pensamiento crítico, académicos y luchadores sociales de 31 países denunciaron el acoso mediático a Cuba como un atentado contra los derechos humanos y políticos de un pueblo decidido a hacer un camino diferente.
En un documento bajo el título En defensa de Cuba -difundido por la Red En defensa de la humanidad, a propósito de la resolución del 11 de marzo del Parlamento Europeo sobre la isla-, se subraya cómo ese ataque comenzó aún antes del deceso del preso común Orlando Zapata Tamayo.
Pretender justificar una intromisión en los asuntos políticos internos del pueblo cubano manipulando mediáticamente el caso de Orlando Zapata -delincuente común y de ninguna manera preso político-, puntualizan, coincide con las políticas contrainsurgentes que han estado aplicándose en América Latina para detener o distorsionar los procesos de transformación emancipadora en curso.
Ello se suma, precisan, al criminal bloqueo de que han sido objeto los cubanos, por no aceptar imposiciones y defender su derecho a decidir su destino con dignidad e independencia.
Los firmantes, entre quienes se encuentra un nutrido grupo de intelectuales de México, España, Francia, Italia, Holanda y Estados Unidos, para citar algunos países, exigen respeto a los procesos internos de los cubanos para definir y ejercer su democracia, así como consecuencia con los principios universales de no intervención acordados por las Naciones Unidas.
El texto generó de inmediato un número creciente de adhesiones que fluyen en oleada desde el Caribe, Centro, Sur, Norteamérica y Europa, avalado por firmas como las de los mexicanos Pablo González Casanova y Víctor Flores Olea, el franco-español Ignacio Ramonet, los españoles Alfonso Sastre, Juan Madrid y Ramón Chao, el canadiense James Cockroft y los estadounidenses Danny Glover, Saul Landau y Setsuko Ono.
A continuación el Manifiesto de los intelectuales
En Defensa de Cuba
A propósito de la resolución del 11 de marzo del Parlamento Europeo sobre Cuba, los intelectuales, académicos, luchadores sociales, pensadores críticos y artistas de la Red En Defensa de la Humanidad manifestamos:
1. Que compartimos la sensibilidad mostrada por los parlamentarios europeos acerca de los prisioneros políticos. Como ellos, nos pronunciamos por la inmediata e incondicional liberación de todos los presos políticos, en todos los países del mundo, incluidos los de la Unión Europea.
2. Que lamentamos profundamente, como ellos, el fallecimiento del preso común Orlando Zapata, pero no admitimos que su muerte, primera “…en casi cuarenta años” según el propio Parlamento, sea tergiversada con fines políticos muy distintos y contrarios a los de la defensa de los derechos humanos.
3. Que instar “…a las instituciones europeas a que den apoyo incondicional y alienten sin reservas el inicio de un proceso pacífico de transición política hacia una democracia pluripartidista en Cuba” no sólo es un acto injerencista, que reprobamos en virtud de nuestro compromiso con los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos -defendidos también por la ONU-, y en contra de la colonialidad, sino que supone un modelo único de democracia que, por cierto, cada vez se muestra más insuficiente y cuestionable. La búsqueda y profundización de la democracia supone, entre otras cosas, trascender sus niveles formales e inventar nuevas formas auténticamente representativas que no necesariamente están ceñidas al pluripartidismo que, como bien se sabe, encubre frecuentemente el hecho de que las decisiones sobre los grandes problemas mundiales son tomadas unilateralmente por pequeños grupos de interés con inmenso poder, por encima del régimen de partidos.
4. Que pretender justificar una intromisión en los asuntos políticos internos del pueblo cubano manipulando mediáticamente el caso de Orlando Zapata -delincuente común y de ninguna manera preso político-, coincide con las políticas contrainsurgentes que han estado aplicándose en América Latina para detener o distorsionar los procesos de transformación emancipadora que están en curso y se suma al criminal bloqueo al que ha sido sometido el pueblo cubano, por el simple hecho de no aceptar imposiciones y defender su derecho a decidir su destino con dignidad e independencia.
5. Que compartimos la preocupación mostrada por los parlamentarios sobre el respeto a los derechos humanos en Cuba pero la extendemos al mundo en su totalidad. Así como les preocupa el caso del delincuente fallecido (que en 40 años no tiene ningún antecedente similar), los invitamos a exigir el fin de la ocupación de Gaza y del hostigamiento al pueblo Palestino, que ha provocado no una sino miles de muertes; de la intervención en Irak y Afganistán sembrando muerte y terror en pueblos y ciudades; de los bombardeos en esos lugares con el argumento de defender la democracia; el fin de la doble ocupación de Haití; el cierre de la prisión de Guantánamo y la entrega de ese territorio a Cuba, a quien le pertenece; la devolución de las islas Malvinas a Argentina; y, por supuesto, el fin de un bloqueo que viola los derechos humanos del pueblo cubano y que puede poner en duda la calidad moral de quien exige trato humano para un delincuente cuando se lo niega a un pueblo entero.
El acoso económico y mediático al que está siendo sometida Cuba, aun antes del deceso del preso común Orlando Zapata, constituye un atentado contra los derechos humanos y políticos de un pueblo que decidió hacer un camino diferente.
Exigimos respeto a los procesos internos del pueblo cubano para definir y ejercer su democracia, y consecuencia con los principios universales de no intervención acordados por las Naciones Unidas.
Red En defensa de la Humanidad
Argentina: Atilio Boron, Stella Calloni, Vìctor Ego Ducrot, León Rozitchner, Claudio Katz, Jorge Beinstein, Emilio Taddei, José Seoane, Clara Algranati, Miguel Mirra, Movimiento de Documentalistas, Sara Rosmberg, Hugo Rangone, Víctor Heredia, Manuel Ruano, Raúl Isman, Sergio Caniche Bailone, Daniel C. Bilbao, Patricio País Garay, Irene Rosa Perpiñal, Eladio González, Vicente Battista, Raly Barrionuevo, Juan S.Pegoraro, Juan Chaves, Néstor Kohan,
Bélgica: François Houtart, Michel Collon
Bolivia: Jorge Sanjinés, Hugo Moldiz Mercado, Remigio Carlos, Oscar Vega, Oscar Silva, Alejandro Dausa, Remberto Cárdenas, María Bolivia Rothe, Rafael Puente, Carmen Guardia, Marcela Revollo, Marcos Domich, Ricardo Bajo, Farit Rojas
Brasil: Thiago de Mello, Frei Betto, Joao Pedro Stedile, Theotonio Dos Santos, Emir Sader, Virgínia Fontes, Gaudencio Frigotto, Ricardo Gebrim, Plinio de Arruda Sampaio Jr., Elder Andrade de Paula, Centro Brasileiro de Solidariedade aos povos e luta pela Paz (CEBRAPAZ), Socorro Gomes, Carlos Walter Porto-Gonçalves, Fernando Morais, Tania Jamardo Faillace, Dilmair Santos, Roseli Maria de Oliveira, Carlos Alberto Almeida, Paulo Nakatani,
Canadá: James Cockcroft, Pierre Mouterde, Carlos Angulo Rivas,
Chile: Manuel Cabieses Donoso, Marcos Roitman
Colombia: Irene Amador, Fernando Rendón, Gabriel Jaime Franco, Nicolás Suescún, Armando Orozco, Zabier Hernández, Rubén Darío Arroyo, Gloria Chvatal, Rafael Quiroz, Fernando Rivera, Haydé Marín, Beatriz Ortega
Cuba: Roberto Fernández Retamar, Fernando Martínez Heredia, Miguel Barnet, Alberto Faya, Vicente Feliú, Vivian Martínez, Armando Cristóbal Pérez, Manuel E. Yepe Menéndez, Barbara Isleyt Vega Coll, Gloria Escobar, Olga Lidia Pérez, Hedelberto Lopez Blanch, Mylai Burgos, Armando Fernández, Rafael Betancourt, José Pertierra, Raul Alzaga Manresa, Marilyn Bobes, Natalia E. Revuelta, Carlos Alzugarya
Ecuador: María Augusta Calle, Magdalena León, Alejandro Moreano, Irene León, Sally Burch, Osvaldo León, Eduardo Tamayo, Raúl Pérez Torres
El Salvador: Paul Fortis, Julio César Monge, José Mario Zavaleta Mendoza
España: Alfonso Sastre, Pascual Serrano, Eva Sastre Forest, Santiago Alba Rico, Manuel Talens, Montserrat Ponsa, Javier Couso, Juan Madrid, Iñaki Errazkin, Maria Dolores Estebaranz, Pilar Álvarez Villar, Asociación de amistad Euskadi-Cuba, Ramón Chao, Juan Luis Vallina Ariznavarreta, Alfredo Otegi Ibañez Bilbao, Antonio Maira, Ángeles Maestro, Antonio Villarejo, Angi Salazar Cuesta, Maria Paz Gonzalez, Carlos Fernández Liria, Carlos Rios, Paloma Valverde González, José Manzaneda, Cubainformación, Belén Gopegui, Constantino Bértolo, Vicente Romano, Roberto Montoya, José Luis Egea, Miguel Candel, Ignasi Muntanya i Ponsa, Andrés Sorel,Yolanda Castro Jiménez, Hugo Gómez Ángel, Higinio Polo, Alicia Hermida, Jaime Losada, Ana Ramos, Montse Heras
Estados Unidos: Danny Glover, James Early, Saul, Landau, Julio Vernon Ruiz, Jane Franklin, Gloria la Riva, Setsuko Ono,
Francia: Ignacio Ramonet, Hernando Calvo Ospina, Salim Lamrani, Jacqueline Roussie, Virgilio Ponce (portavoz de la Coordinadora de Cubanos Residentes en Francia), Rémy Herrera,
Guatemala: Simona Yagenova
Haití: Didier Héctor Brutus
Holanda: F. Gomez Olivares
Honduras: Juan Almendares
Hungría: Istvan Meszaros
Italia: Gianni Miná, Carlo Frabetti, Emilio Lambiase, Piero Gleijeses, Gennaro Carotenuto, Luciano Vasapollo, Rita Martufi
Jamaica: Keith Ellis
México: Pablo González Casanova, Víctor Flores Olea, Héctor Díaz-Polanco, Carlos Fazio, Ana Esther Ceceña, José Steinsleger, Gilberto López y Rivas, Oscar Ugarteche, José Francisco Gallardo, Claudia Gómez Haro, Horacio Cerutti, John Saxe-Fernández, Hugo Gutiérrez Vega, Jorge Fons, Alicia Castellanos Guerrero, Camilo Pérez Bustillo, Angel Guerra, Armando Bartra, Jaime Estay, Nayar López Castellanos, Oscar González, María Atilano, Fernando Buen Abad Domínguez, Xochitl Leyva Solano, Josefina Morales, Rebeca Peralta, Aldo Rabiela, Peter Rosset, Raúl Álvarez Garín, JorgeAlonso, Ramón Patiño Espino, Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, Félix Hernández Gamundi, Luciano Concheiro Bórquez, Manou Dornbierer, Servicio Internacional de Solidaridad Cristiano con América Latina Mons. Romero, Carlos Morera Camacho, Víctor Rodríguez-Padilla, Magdalena Gómez, Martín Hernández, Guillermo Almeyra, Alfonso Anaya, Francisco López Bárcenas, Dalia Ruiz, Leticia Rentería, Gabriela Hernández, Leticia Gutiérrez, Hildelisa Preciado, Norberto Pérez, Carmen Mendoza, Movimiento de Solidaridad Nuestramérica, Sergio López, Enrique Cortés, Walter Martínez, Maricarmen Montes, Claudia Sandoval, Mujeres para el Diálogo, Leonor Aída Concha, Catalina Eibenschutz, Lourdes del Villar, Margarita Favela, Angeles González, Elizabeth Alejandre, Rosa Barranco, Graciela Tapia, Guadalupe Abdo, Justicia Paz y Vida, Leticia Rentería, Graciela Tapia Chávez, Colectivo Radar, Yacotzin Bravo, Edmundo del Pozo, Liliana López, Rodrigo Gutiérrez, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Aleida Hernández, Arantxa Tirado, Adelita San Vicente Tello, Raúl A. Rubio Cano, Camilo Valqui Cachi, Jose Manuel Herrera García, Erwin Flores, Túpac Amaru Sánchez Luna, Teresa Nava Alfaro, Jose Albar Chavelas, Erick Álvarez, Cutberto Pastor Bazán, Sibalaune Sánchez Luna, Antonio Jiménez, Dalia Ruizavila, Luisa Paré, Arturo Huerta, Ma. Fernanda Figueroa, Ricardo Pérez Avilés, Carolina Oropeza, Raul Merino Escamilla, Hector M Barrera, Ramón Costa Ayube, Carlos Ramirez Muñoz,
Nicaragua: Aldo Díaz Lacayo, Luis Enrique Mejia Godoy, Salah Ahmine, Hilario Ramon Obando Salazar, Martha Mercado, Érika García, Donal Pérez, Henry López, Marbely García, Roberto Currie
Paraguay: Ricardo Flecha, Techi Cusmanich, Tomás Palau, Carlota Villagra, Hugo Ferreira, Miguel Ángel Fernández Argüello
Perú: Aníbal Quijano, Winston Orillo, Javier Diez Canseco, Diana Avila aulette, Humberto Ñaupas Paitán, Arturo Corcuera, Victor Oliva, Julia aría Ortiz Morales, Tania Temoche, Manuel Góngora Prado, Rosina Alcárcel, Gorki Tapia, Atilio Bonilla, César Krúger, Gustavo Rojas, Rolando Accari, José Luis Ayala, Tomás Gustavo Escajadillo, Juan Cristóbal, Julio armona, José Quevedo, Hildebrando Pérez, Reynaldo Naranjo, Juan Cristóbal,Tomás G. Escajadillo O’Connor, Marcela Pérez Silva,Chiara Varese, Federico García, Pilar Roca,Gustavo Espinoza,Eduardo Arroyo,Fanny Izquierdo,Bruno Portuguez,Teresa Alberti, Vicente Otta, Grazia Ojeda del Arco, Alaín Elías
Portugal: Miguel Urbano
Puerto Rico: Rafael Cancel Miranda, Elma Beatriz Rosado, Milagros Rivera, Vilma Soto Bermudez, Pablo Marcano García, Danny Rivera
República Dominicana: Chiqui Vicioso
Suecia: Dick Emanuelsson, Eva Björklund, Pepe Viñoles
Ucrania: Manuel Humberto López Rodríguez
Uruguay: Raúl Zibechi, Antonio Elías
Venezuela: Fernando Báez, Aram Aharonian, Vladimir Lazo García, Alberto Aranguibel
Nuevas adhesiones en: http://www.porcuba.org/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2010/03/18/en-defensa-de-cuba-carta-de-intelectuales/
Cuba: Pablo Milanés contra represión y encarcelamiento de disidentes…
DOCE MÁS UNA | Entrevista en diario EL MUNDO, España, a Pablo Milanés
“Las ideas se discuten y se combaten, no se encarcelan”.
Rafael J. Álvarez | Madrid
Actualizado sábado 13/03/2010 08:54
1- ¿Pero cómo se atreve a tararear nuestras canciones, doña Yolanda?
- (Se ríe) Muchas marcaron un hito en mi vida y creo que en la de mucha gente. Es increíble que el resultado del amor de una pareja en cualquier parte del mundo sea una canción mía. No entiendo ese poder insólito. Es algo maravilloso. Me han llegado a enseñar niñas que se llaman Yolanda por la canción. Para mí, no hay nada mejor que ver reflejada una pena en una pretensión de poesía y melodía. Es una forma de morir cortándose las venas en la bañera.
2- ¿Qué canta el canto del suelo?
- A la gente que ha dado su vida por la paz, la Justicia o el amor. Y canta a lo que da la tierra de cada uno. El pobre todavía anda desamparado por el mundo. Busca la justicia, vota a las izquierdas, a las derechas, y no sabe dónde ponerse. En definitiva, vota a los políticos y en los políticos ya no se puede creer. Y eso revuelve las tripas de los pobres.
3- ¿Por qué usted habla más que su pueblo?
- Un poquito más, sí. A los pueblos hay que darles oportunidad de que hablen. Yo tengo el privilegio de tener más información que mi pueblo.
4- ¿De qué callada manera hablan los cubanos?
- Los cubanos hablan a través del choteo. El choteo nos salva de la amargura.
5- ¿Qué huelga merece Castro si Fariñas muere de hambre?
- Hay que condenar desde el punto de vista humano. Esas cosas no se hacen. Las ideas se discuten y se combaten, no se encarcelan.
6- ¿Qué han hecho los revolucionarios con la Revolución?
- Quedarse en el tiempo. Y la Historia debe avanzar con ideas y hombres nuevos. Se han convertido en reaccionarios de sus propias ideas. Por eso he dicho que hace falta otra revolución, porque tenemos manchitas. El sol enorme que nació en el 59 se ha ido llenando de manchas en la medida en que se va poniendo viejo.
7- ¿En qué siglo le tocarán a Cuba las próximas elecciones?
- No soy pitoniso, no tengo alma de profeta, pero quisiera que fuera cuanto antes. Más que elecciones, que en Cuba hubiera cambio, porque tampoco creo en las elecciones. Ése es un juego democrático entre comillas que también es una farsa.
8- ¿Qué clase de libertad es Miami?
- Es una libertad que buscan con toda honestidad los cubanos. A veces, muchísimos no la encuentran, porque no hay nada como estar en la patria de uno reclamando, pidiendo y exigiendo lo de uno.
9- ¿Para qué canción le darían a usted esos países que con una mano invocan los derechos humanos para Cuba y con la otra mantienen en su suelo la pena de muerte?
- Y la tortura y las desapariciones… Es una canción que está por hacer. Pero el respeto a la soberanía de los países no me deja hacerla. Igual que quiero que respeten la soberanía de mi pueblo. Los cubanos tenemos derecho a reclamar nuestros derechos. Al final, seremos nosotros los que resolvamos nuestra situación.
10- A ver si es verdad. Bien, ahora que está de gira, dígame hacia dónde se mueve España…
- Bueno, le mostraré a los españoles un disco nuevo, Regalo, que es un regalo para mí y espero que lo sea para ellos (sonríe). Yo soy un visitante. De España puedo hablar de su población, que es maravillosa. Y no de España, sino del Estado español, que como usted sabe, contiene muchas naciones. Esa es mi forma de pensar sobre este gran país.
11- Como milanés, dígame de qué pasta está hecho Berlusconi.
- Je, je… Lamentablemente, el problema no es Berlusconi, es el pueblo italiano. Cada día tiene más adeptos. Es un gran error de las elecciones.
12- ¿Por qué no bastaba que ella muriera por usted?
- Porque, en realidad, el que estaba muriendo era yo.
(+1) ¿A qué isla llevaría usted a un hombre desierto?
- Si se lo digo se va a echar a reír. A Cuba. A una Cuba con los Castro, pero con arreglos.
Chile: la represión anti-mapuche continúa…
El doble estándar de carabineros
Poco parece importar además a la autoridad policial, y a la autoridad civil a cargo de la fiscalización de sus actuaciones, las recomendaciones de diversos órganos de tratado, como el Comité de Derechos del Niño, el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, las que han instado reiteradamente al Estado chileno a poner freno a este tipo de conducta policial violatoria de derechos humanos.
José Aylwin*
A comienzos de mes tres carabineros de la 20º Comisaría de Puente Alto fueron dados de baja por la institución tras conocerse un video que dejara en evidencia la brutal golpiza que propinaron a un joven a la salida de una discoteca.
La exoneración de efectivos de carabineros por parte de la institución frente a hechos delictivos en que éstos resultan involucrados, no es nueva. En lo que va corrido del año 24 carabineros han sido dados de baja por el alto mando institucional por su involucramiento en diversos delitos, incluyendo casos de robo, la participación en redes de corrupción, trata de blancas, y de violencia innecesaria en contra de población civil.
Por cierto es valorable que las autoridades de carabineros, haciendo uso de sus facultades legales y reglamentarias, pongan término a las funciones de los efectivos que se ven involucrados en este tipo de hechos criminales. Ello, particularmente, teniendo presente las limitaciones del sistema judicial chileno para juzgar los delitos que cometen los integrantes de las fuerzas armadas y de orden, los que, al amparo de la legislación vigente, son de competencia de la justicia militar.
Llama la atención, sin embargo, que las autoridades de carabineros, así como las autoridades civiles a las que compete fiscalizar su actuación, no adopten medidas similares frente a hechos delictivos de igual o mayor gravedad que cometen miembros de esta institución en contra de población indígena.
Como sabemos, tres personas mapuche han muerto en los últimos años como consecuencia del actuar abusivo de carabineros. Dos de ellos, Matías Catrileo el 2008 y Jaime Mendoza Collio el 2009, fallecieron como consecuencia de disparos efectuados por efectivos de carabineros por la espalda de las víctimas. En el último caso, informes periciales dan cuenta de que los impactos del chaleco antibalas del carabinero involucrado fueron realizados con posterioridad a los hechos que causaron la muerte de Mendoza Collio, dejando en evidencia que fueron auto provocados.
Ninguno de los efectivos involucrados en estos hechos ha sido dado de baja por la institución. Tampoco las autoridades de carabineros a cargo de estos operativos han sido investigadas o amonestadas por sus superiores. El general Llevenes, Jefe de Zona de la Araucanía a cargo del efectivo que causó la muerte de Mendoza Collio, cuya renuncia había sido solicitada por entidades de derechos humanos por su ocultamiento de la verdad en este caso, fue trasladado recientemente a la región de Magallanes para seguir desempeñando allí la misma función que en la Araucanía.
En días pasados nuevos hechos de violencia imputables a carabineros afectaron otra vez a la población mapuche, en esta ocasión a niños. El primer caso ocurrió en Temucuicui, en la comuna de Ercilla, donde F.M.M., de 10 años de edad, fue herido por balines cuando se encontraba cuidando animales de su familia, siendo derivado en un centro asistencial de Victoria. El segundo ocurrió en la comunidad de Rofue en la comuna de Padre Las Casas, y afectó a F.P.M. de solo 14 años de edad. El menor fue interceptado por carabineros que se desplazaban en helicóptero en su comunidad el día 5 de octubre pasado, en momentos en que recolectaba plantas medicinales junto a un machi. El niño, que por temor intento huir de la policía, fue reducido con perdigones que impactaron su pierna y espalda. Luego de botarlo al suelo y golpearlo, fue subido por los efectivos policiales al helicóptero, desde donde en vuelo, amenazaron con lanzarlo al vacío sino daba los nombres de las personas de la comunidad involucradas en una acción de recuperación de tierras que se desarrollaba en ese momento.
Poco parece importar además a la autoridad policial, y a la autoridad civil a cargo de la fiscalización de sus actuaciones, las recomendaciones de diversos órganos de tratado, como el Comité de Derechos del Niño, el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, las que han instado reiteradamente al Estado chileno a poner freno a este tipo de conducta policial violatoria de derechos humanos.
Nos preguntamos ¿qué sostiene este doble estándar de carabineros? ¿Es que la vida o la integridad física de un mapuche importa menos que la propiedad o dignidad de un ciudadano no indígena? A juzgar por los hechos, en el Chile del bicentenario al que con insistencia se nos convoca, lamentablemente es así.
*Abogado, Co-Director del Observatorio Ciudadano
El error de aplicar la Ley Antiterrorista contra los mapuches
El pueblo mapuche no será intimidado por la aplicación de leyes abusivas. Más vale destinar el grueso del esfuerzo a reparar las injusticias.
Por Raúl Sohr*
La Ley Antiterrorista, invocada una vez más por el gobierno para combatir la violencia en la Araucanía, fue concebida bajo un régimen dictatorial. Ésta es una ley deliberadamente vaga y confusa. El propósito de esta ambigüedad es permitir la mayor discrecionalidad a quienes la aplican. El calificativo de terrorista se aplica cuando “el delito se cometa con la finalidad de producir en la población o en parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos”. Resulta, entonces, difícil apreciar su diferencia de la delincuencia pura y simple.
En un plano más operativo se señala que constituye un acto terrorista “colocar, lanzar o disparar bombas o artefactos explosivos o incendiarios de cualquier tipo, que afecten o puedan afectar la integridad física de personas o causar daño”. Con dicha definición es posible enjuiciar por terrorismo a varios movimientos sociales que se han visto involucrados en enfrentamientos violentos, como por ejemplo los estudiantes encapuchados que lanzan molotov, los trabajadores tercerizados que incendian autobuses, los pescadores artesanales que levantan barricadas y queman bienes públicos.
En todo el mundo hay protestas violentas. Ellas ocurren en forma regular en las grandes cumbres de los mandatarios de los países ricos, en su variedad de encuentros G (G-7, G-8 e incluso G-20). Las imágenes muestran a jóvenes con rostros velados por bufandas, pasamontañas o kefias que lanzan artefactos incendiarios de “cualquier tipo”, que pueden afectar la integridad física de personas o causar daño.
Los hechores que transgreden la ley reciben las sanciones establecidas. Pero no se les aplica la draconiana legislación reservada para el terrorismo, considerado como una de las mayores amenazas contra la sociedad. Sería aberrante aplicar la misma legislación a jóvenes que protestan contra las falencias del sistema y a terroristas suicidas que detonan bombas sin miramientos por cientos de vidas inocentes. Un sistema democrático debe distinguir entre la protesta social, aun si emplea métodos violentos, y un movimiento empeñado en la aplicación del método terrorista.
La mayoría de los chilenos admite que las raíces de las reivindicaciones del pueblo mapuche son profundas. La deuda histórica del Estado con sus primeros pobladores no ha sido ni remotamente pagada. En Australia, Canadá y otros países, diversos gobiernos han pedido perdón por los abusos cometidos. Ese día también llegará y cuanto antes mejor. Dicho sea de pasada, las autoridades dicen que es una pequeña minoría de mapuches la que se moviliza detrás de los actos violentos. Ello puede ser así en un estricto sentido de militancia. Pero también es claro que muchos mapuches que no participan en acciones políticas consideran a los caídos como mártires de su causa.
En estricto rigor son mapuches los que han muerto acribillados, no carabineros o agricultores. Son los indios los que reciben las palizas, ellos son víctimas de secuestros e intimidaciones que incluso alcanzan a menores. Pero es a ellos a quienes se acusa como únicos responsables del conflicto de la Araucanía.
El Estado chileno tiene una infinita batería de leyes y recursos para mantener el orden. Aplicar la Ley Antiterrorista, que en forma automática triplica las penas, representa un acto discriminatorio que sólo agravará el conflicto. Ante las luchas sociales no es el monto de la represión, sino su eficacia la que marca la diferencia. Un conflicto que se arrastra por siglos no se resolverá en algunos meses o años. El pueblo mapuche no será intimidado por la aplicación de leyes abusivas. Más vale destinar el grueso del esfuerzo a reparar las injusticias. Frente a la violencia sólo cabe aplicar la ley vigente para todos los habitantes de este país.
* Columnista Diario La Nación
Hilda Molina, disidente cubana, critica a Fidel y ausencia de libertades en la isla…
Califica disidente cubana como "verdugo" a Fidel Castro
Logró salir de la isla gracias a una infinidad de cartas que envió a Raúl Castro, en las que explicó que su madre, de 90 años, estaba internada y grave en Buenos Aires.
Notimex, La Jornada.mx
Publicado: 14/06/2009 16:36
Buenos Aires. La disidente cubana Hilda Molina negó hoy aquí haber tenido una relación amorosa con el ex presidente Fidel Castro, a quien calificó como el "verdugo" de su familia por negarle el permiso para salir de la isla durante 15 años.
"No fui la mujer de Fidel Castro, todas esas versiones son falsas, no tuve privilegios en Cuba", afirmó la médica en rueda de prensa, 10 horas después de arribar a Buenos Aires, a donde acudió para reunirse con su madre, su hijo, su nuera y dos nietos.
Sostuvo que el líder de la Revolución Cubana "ha sido el verdugo de mi familia, le deseo que mejore lo que pueda en su biología, le deseo la mayor paz del mundo, eso sería bueno para el mundo".
La neurocirujana consideró que "el señor Castro quiere a su familia y eso es bueno, porque los dirigidos nos sentimos mejor cuando quien nos dirige se parece más a los seres humanos. No tengo nada que perdonarle, no tengo un ápice de rencor".
Molina reconoció, sin embargo, que carga con un "luto eterno" porque por haber seguido al régimen castrista, se perdió momentos importantes de su maternidad, y por haberlo criticado, no pudo disfrutar los primeros años de sus nietos argentinos.
Explicó que logró salir de la isla caribeña gracias a una infinidad de cartas que le envió al actual presidente cubano Raúl Castro, hermano y sucesor de Fidel, en las que le explicó que su madre, de 90 años, estaba internada gravemente enferma en Buenos Aires.
"El gobierno diferenció entre una situación política y humanitaria. Mi mamá tiene una insuficiencia cardiaca, tiene una salud muy precaria, estoy preocupada, la vi tan viejita, tan frágil. no creo que la vida de ella sea tan extensa", lamentó.
La médica aclaró que pese a sus críticas al gobierno cubano, de ninguna manera plantea actos de subversión, sino una lucha para exigir que se respeten derechos humanos elementales en la isla.
"Ojalá que pronto los cubanos no tengamos que pedirle permiso a nadie para salir y entrar del país, sólo así seríamos personas normales, como se hace en el mundo entero", enfatizó.
Molina dijo que nunca entendió por qué el gobierno de La Habana le negaba el permiso de salida, ya que, aseguró, no tenía ningún secreto que pusiera en peligro a Castro.
La fundadora del Centro Internacional de Restauración Neurológica de Cuba fue diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular y militante del Partido Comunista cubano, pero hace 15 años renunció a sus cargos en oposición al gobierno castrista.
Desde entonces, Molina solicitó permiso para viajar a Argentina con el fin de poder visitar a su hijo, quien es un reconocido neurocirujano y se radicó en el país sudamericano después de casarse con una ciudadana argentina.
El gobierno cubano siempre rechazó los trámites de Molina con el argumento de que su cerebro era patrimonio del país, pero ella y su familia realizaron una intensa campaña internacional para apelar a razones humanitarias que justificaran el viaje.
El caso fue aprovechado por los críticos de Castro para denunciar violaciones a los derechos humanos en Cuba y tensó la relación bilateral con Argentina.
El conflicto comenzó a resolverse el año pasado, ya que en mayo pudo viajar la madre de Molina, Hilda Morejón Serantes, quien a sus 89 años salió por primera vez de la isla para conocer a sus dos bisnietos.
Hilda Molina pide cambios en Cuba…
- POR EFE, BUENOS AIRES
La neuróloga cubana Hilda Molina deseó hoy "paz” al ex mandatario Fidel Castro, a quien calificó como "verdugo” de su familia, y pidió a su sucesor, Raúl Castro, cambios en el régimen cubano, del que se sintió "prisionera” durante años.
”Ojalá que se flexibilice el sistema”, dijo en una rueda de prensa Molina, quien abogó por que sus compatriotas no tengan que pedir permiso al Gobierno para salir y entrar de Cuba.
La neurocirujana, que llegó hoy a Buenos Aires tras conseguir el viernes una autorización de La Habana luego de quince años de reclamos, afirmó que simplemente el régimen de los Castro "no hace caso a los que no piensan como él”.
”Hay muchos cubanos cuyos derechos se están burlando y no hablan. No hablo de subversión pero sí de pedir respetuosamente que se respeten los derechos fundamentales”, dijo la neuróloga.
Molina, de 66 años, denunció que los disidentes son tratados como traidores a la patria y aseguró que ella no tiene secretos, no fue médico de ningún dirigente cubano, no fue "mujer de Fidel Castro” ni tuvo "poder ni privilegios”.
Explicó que rompió con el régimen en 1994, tras negarse a que el centro de neurocirugía que dirigía atendiera solo a extranjeros y porque dejó de "creer en el sistema”.
”Me arrepiento de haber sido cautivada a los quince años por las prédicas teóricas del sistema”, dijo Molina sobre un régimen al que dedicó su trabajo médico, resignando su rol como madre, y que, a la larga, trajo "mucho sufrimiento” a su familia.
Molina aseguró que se sintió "prisionera en Cuba por cincuenta años”. "Pero una prisionera enajenada, que creía en el sistema y pensaba para auto-engañarme que (las cosas malas) eran errores humanos”, agregó.
Relató que tras el desencanto que experimentó, se resignó a que no podría escapar de aquella vida, para luego ser una "prisionera más libre, que sabía cuál era la verdad”.
”Llevo un luto que no se va curar nunca”, dijo Molina, quien está convencida de que sus dos nietos, a los que conoció hoy, "van a ser el exorcismo de ese otoño” que le ‘‘ha entrado en la vida”.
Molina afirmó que no tiene nada que perdonar a Fidel Castro pues ella no tiene "un ápice de rencor”.
”A Fidel Castro, que ha sido el verdugo de mi familia, le deseo que se mejore en su biología y le deseo la mayor paz del mundo, una paz que sería muy buena para Cuba”, aseguró.
Para la neuróloga cubana, no está próximo el final del régimen comunista en Cuba, aunque existen diferencias entre Fidel Castro y su hermano Raúl, quien, a su juicio, está más pendiente de los problemas internos que de la coyuntura internacional.
Los cambios en Cuba, según Molina, no dependerán de la política de Estados Unidos ni de la Unión Europea, sino que deben ser reclamados por los propios cubanos, que, agregó, ahora resuelven sus problemas "individualmente”, buscando alternativas personales para salir del país.
Molina se reencontró hoy con su hijo, Roberto Quiñones, que se marchó de Cuba en 1994 y se nacionalizó argentino dos años después, y con su madre, Hilda Morejón, que logró viajar a Buenos Aires en mayo de 2008.
La médica visitó hoy a Morejón, de 90 años, en un hospital de Buenos Aires, donde permanece ingresada tras una descompensación cardíaca y con una salud en extremo frágil.
Noam Chomsky: el impacto de mayo de 1968…
Mil novecientos sesenta y ocho fue un momento emocionante dentro de un movimiento mucho más extenso. A su vez, el 68 engendró en sí mismo un amplio espectro de movimientos. Sin el 68 no habría existido, por ejemplo, un movimiento de solidaridad internacional globalizado. Fue enorme en términos de derechos humanos, derechos étnicos y además como precursor de la conciencia sobre el medio ambiente.
Los «papeles del Pentágono» (las 7.000 páginas del informe secreto del gobierno de Estados Unidos sobre la guerra de Vietnam) son una prueba de esto: justo antes de la ofensiva del Tet, el mundo de los negocios se revolvió contra la guerra porque pensaba que era demasiado costosa y que el gobierno tenía el propósito –eso lo sabemos ahora- de enviar más soldados a la guerra, a pesar de que Lyndon B. Johnson había declarado que no enviaría más tropas a Vietnam.
Los papeles del Pentágono nos dicen que por miedo al creciente malestar de los ciudadanos, el gobierno se vio obligado a poner fin a la guerra. Además no estaba seguro de que pudiera disponer de suficientes tropas para enviar a Vietnam y al mismo tiempo para reprimir los disturbios en el frente doméstico.
Una de las reacciones más interesantes de las que sobrevinieron en 1968 fue la primera comunicación de la Comisión Trilateral (organización creada por Rockefeller compuesta de empresarios, banqueros, altos cargos de las administraciones políticas, ideólogos y teóricos de la nueva derecha y dirigentes sindicales de marcado tinte anticomunista, N.deT), que pensaba en «una crisis de la democracia» debido a la excesiva participación de las masas. En las postrimerías de los años 60 se suponía que las masas debían ser pasivas, no se escuchaban sus voces y no podían entrar en la escena pública. Cuando lo hicieron, el hecho se calificó de «exceso de democracia» y la gente temió que esas manifestaciones ejercieran demasiada presión sobre el sistema. El único que no expresó demasiado sus opiniones fue el grupo corporativo empresarial porque estaba implicado en las políticas aceptables.
La Comisión hizo un llamamiento a la moderación en la democracia y al retorno a la pasividad, señaló que «las instituciones encargadas del adoctrinamiento», como las escuelas y las iglesias, no estaban haciendo bien su trabajo y debían hacerlo de forma más agresiva.
El ala más reaccionaria fue más violenta ante los acontecimientos del 68. En aquel momento trataron de reprimir la democracia y en parte lo lograron, aunque no realmente, ya que el movimiento social de activistas creció. En 1968, por ejemplo, era inimaginable que se llegaría a crear, en 1980, un grupo de solidaridad internacional.
Actualmente, la democracia es incluso más fuerte que en 1968. Hay que recordar que al principio de la guerra de Vietnam no hubo oposición. La oposición se desarrolló, pero sólo seis años después, cuando John F. Kennedy atacó Vietnam del Sur y creció el número de víctimas. En cambio, en la guerra de Iraq, la oposición ha estado presente desde el principio, incluso antes de que se iniciara el primer ataque. La guerra de Iraq es el primer conflicto de la historia occidental en el que ha habido manifestaciones masivas contra una guerra incluso antes de que comenzara. También hay otras diferencias. En 1968, sólo se discutía la salida de Vietnam de forma marginal. Actualmente todos los candidatos a la presidencia se refieren a la retirada de Iraq como una posibilidad política real.
Actualmente también hay un mayor rechazo a la opresión del que había entonces. EEUU solía promover o apoyar rutinariamente los golpes de estado en América Latina. Pero la última vez que los estadounidenses apoyaron un golpe de Estado, en 2002 en Venezuela, tuvieron que dar marcha atrás rápidamente por la fuerte oposición pública. Sencillamente no pueden hacer las cosas que hacían antes.
Por eso pienso que el impacto del 68 ha sido duradero y, definitivamente, ha dado resultados positivos.
Original en inglés: http://www.chomsky.info/articles/20080508.htm
REBELION.ORG
25 años de cárcel para Fujimori…
La Justicia peruana concluyó que “El Chino” era responsable del asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, así como de los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer.
Por Carlos Noriega, Página/12
Desde Lima
Cuando se escuchó la sentencia al ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) hubo festejos, pero también amenazas con protestas en las calles de parte de los seguidores del ex dictador peruano. La sala de tres magistrados que procesó a Fujimori durante un año y cuatro meses concluyó que éste era responsable de crímenes de Estado y crímenes de lesa humanidad, y le impuso una condena de 25 años de prisión. De esta forma, Fujimori se convirtió en el primer presidente en la historia de Perú en ser sentenciado por un tribunal de Justicia. La condena fue calificada por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos como “un precedente histórico en la lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos humanos”.
Descontando el tiempo que ya ha pasado en prisión, Fujimori, de 70 años, podrá salir en libertad el diez de febrero de 2032. Para entonces tendría 93 años. Al haber sido condenado por crímenes de lesa humanidad, la leyes internacionales impiden que Fujimori pueda beneficiarse de un indulto o una amnistía, pero sí podría acogerse, eventualmente, a beneficios penitenciarios para reducir su condena a la mitad. El presidente del tribunal, César San Martín, señaló, durante la lectura de la sentencia, que estaba probada “más allá de toda duda razonable” la culpabilidad de Fujimori por haber ordenado el asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer.
El tribunal estableció que Fujimori era responsable de los delitos de asesinato con alevosía, secuestro con agravantes y lesiones graves. La sentencia estableció que Fujimori había encabezado una organización criminal que desde el poder aplicó una política de guerra sucia contra la subversión armada, que fue ejecutada por el escuadrón de la muerte llamado Grupo Colina. Considerando los factores agravantes, señaló San Martín, se le impuso al acusado “la pena máxima”. El presidente del tribunal aclaró que se dictó una sentencia de 25 años y no de 30 como pedía la fiscalía, porque 25 años era la pena máxima permitida por las leyes peruanas cuando ocurrieron los crímenes por los que Fujimori fue condenado.
Durante las más de tres horas que duró la lectura de la condena, Fujimori permaneció sentado, tomando notas en un cuaderno, con la mirada clavada en sus apuntes, sin levantar en ningún momento la cabeza. Los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, dos de los cuatro hijos del ex dictador y congresistas fujimoristas, seguían la audiencia en un estrecho ambiente separado de la sala judicial por un vidrio antibalas. Un cordón policial separaba a ambos grupos. Luego de que se leyera la sentencia, Fujimori se paró para hablar un par de minutos con su abogado, César Nakasaki, regresó a su sitio y se limitó a decir “interpongo recurso de nulidad”. La nulidad planteada por la defensa de Fujimori será examinada en reserva por un tribunal de cinco magistrados, que en cuatro o cinco meses deberá confirmar o modificar la sentencia. Esa decisión será definitiva.
Hasta el momento del envío de esta nota, el presidente Alan García no se había pronunciado sobre la condena a Fujimori. García ha sido duramente cuestionado por su acercamiento con el fujimorismo. Quien sí se pronunció fue el primer ministro, Yehude Simon. “El gobierno se ha mantenido al margen de este juicio. Todos deben respetar la sentencia. El Poder Judicial ha actuado como tenía que actuar”, fue su escueto comentario.
Visiblemente alterada, la congresista Keiko Fujimori, hija del sentenciado ex dictador, calificó la condena contra su padre como “un fallo lleno de odio y venganza”. “Los fujimoristas no nos quedaremos con los brazos cruzados, vamos a salir a las calles”, amenazó, en una breve declaración a la prensa a la salida del tribunal. Minutos después dio un discurso ante sus partidarios, reunidos en las afueras de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía (Dinoes), donde Fujimori está detenido, como el único preso del lugar, desde septiembre de 2007 y donde se instaló el tribunal que lo juzgó. Ahí volvió a atacar la sentencia contra su padre y a los jueces del tribunal que lo condenó, y también volvió a amenazar: “Se equivocan si creen que con esta sentencia nos van a debilitar. El fujimorismo seguirá avanzando”, dijo Keiko Fujimori, quien aspira a llegar a la presidencia en las elecciones de 2011. A su lado estaba su hermano Kenyi, que permanecía en silencio, con el rostro desencajado.
En el otro lado, los familiares de las víctimas del gobierno fujimorista y los organismos de derechos humanos elogiaron la sentencia. “Por primera vez la Justicia peruana está a la altura de la historia en la lucha contra la impunidad. Se ha reivindicado a nuestros familiares asesinados porque la sentencia dice que no eran terroristas”, declaró una emocionada Gisela Ortiz, hermana de uno de los estudiantes de la Universidad La Cantuta, asesinados por el Grupo Colina. El fiscal José Antonio Peláez aseguró que la sentencia “es contundente y será muy difícil que pueda ser rebatida en la apelación”.
Mientras se leía la sentencia, en las afueras de la Dinoes hubo un enfrentamiento entre los partidarios de Fujimori y manifestantes que exigían justicia para las víctimas del gobierno fujimorista. Hubo un herido. Los fujimoristas, que llevaban remeras naranjas con las fotos de Alberto Fujimori y su hija Keiko, recibieron un duro golpe al escuchar la sentencia y comenzaron a gritar “Fujimori libertad” y “Keiko presidente”. No muy lejos, representantes de organizaciones sociales, juveniles, sindicatos y activistas de derechos humanos comenzaron a saltar y abrazarse cuando escucharon la sentencia, celebraron a los gritos de “culpable, culpable”.
BBC Mundo
En un fallo histórico, un tribunal peruano condenó al ex presidente Alberto Fujimori a 25 años de cárcel por violaciones de los derechos humanos. Fujimori, de 70 años, estaba acusado de ser el autor intelectual de las matanzas de Barrios Altos, en 1991, y La Cantuta, en 1992, cometidas por un escuadrón del ejército conocido como el grupo Colina, y del secuestro de un empresario y un periodista.
El incidente de Barrios Altos dejó 15 muertos y el de la Universidad La Cantuta, diez.
Según los analistas, este fallo tiene repercusiones no sólo en Perú sino también más allá de sus fronteras, ya que se trata de la primera vez que un ex mandatario constitucional latinoamericano es juzgado por crímenes de lesa humanidad en su propio país.
Durante la lectura de la sentencia, los jueces de la sala penal especial de la Corte Suprema de Justicia dijeron que el fallo respondía a la "gravedad" de los hechos juzgados, los cuales se inscribían en un plan de desapariciones forzadas y asesinatos a cargo del Estado, las fuerzas armadas y el servicio de inteligencia.
Los magistrados también atribuyeron al gobierno de Fujimori el intento de ocultar los abusos cometidos durante su gestión, que "están probados más allá de toda duda razonable".
Rechazo
Obviamente el fuijimorismo no va a quedarse de brazos cruzados, segun Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori.
Fujimori escuchó la sentencia sin inmutarse mientras escribía sin detenerse en una libreta sin mirar en ningún momento al tribunal.
El ex mandatario ha negado los cargos en su contra, y su defensa adelantó que apelaría una sentencia condenatoria.
Sus simpatizantes han acusado al tribunal que lo juzgaba de tener "motivaciones políticas".
Su hija, la congresista Keiko y favorita según algunas encuestas para ganar las elecciones en 2011, advirtió que "obviamente el fuijimorismo no va a quedarse de brazos cruzados".
"Muy grande es mi indignación de escuchar un fallo lleno de odio y de venganza", añadió. Previamente había prometido perdonar a su padre en caso de acceder a la presidencia.
Una reacción muy distinta a la de Amnistía Internacional que consideró la sentencia como un "hito" en la lucha contra la impunidad.
Tras el anuncio de la sentencia, se produjeron incidentes entre partidarios y detractores de Fujimori.
Por su parte, María McFarland, experta en América Latina de la ONG Human Rights Watch, afirmó que "el tribunal peruano ha demostrado al mundo que ni siquiera los ex jefes de estado pueden lograr que sus delitos queden en la impunidad".
El fallo fue recibido con algunos enfrentamientos entre partidarios y detractores de Fujimori en la entrada del tribunal.
Fujimori fue extraditado el 22 de septiembre de 2007 por las autoridades de Chile, país al que había llegado en noviembre de 2005 por su propia voluntad desde Japón.
El ex presidente renunció a su cargo en noviembre de 2000 desde Japón, la tierra de sus antepasados, y se refugió allí a raíz de un escándalo por la red de corrupción que había creado su asesor Vladimiro Montesinos, quien está en la cárcel.
El aborto en América Latina: penalización, ¿derecho a la vida o represión religiosa?
BBC Mundo
Con ocasión de la despenalización del aborto en el Distrito Federal de Ciudad de México, el aborto ha regresado a la agenda.
En varios países de América Latina se discuten reformas a códigos y leyes que hoy por hoy prohíben o criminalizan la interrupción del embarazo. En otros, como Chile, el asunto no se discute. En Nicaragua, por ejemplo, el nuevo gobierno aprobó normas que castigan a las mujeres que abortan cualesquiera sean los motivos.
BBC Mundo “mapeó” la legislación vigente en la región.
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal de México aprobó el martes 24 de abril de 2007 la reforma de las cláusulas del Código Penal capitalino que penalizaban hasta entonces el aborto.
Ahora, a las mujeres mexicanas les está permitido abortar hasta las 12 semanas de su embarazo, pero sólo en el D.F.
La ley anterior autorizaba la realización del aborto solamente en caso de violación, cuando hubiera malformaciones graves en el feto, o si la vida de la madre corría peligro.
Las modificaciones fueron propuestas por partidos de izquierda y centro-derecha, entre ellos el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD), que gobierna la Ciudad de México.
El conservador Partido Acción Nacional (PAN) se opuso.
Los grupos pro aborto sostienen que éste es un campo de grandes injusticias sociales.
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En Guatemala el aborto está prohibido y se castiga con entre seis meses y tres años de cárcel.
Según aclaró a BBC Mundo Nineth Varenca Montenegro, presidenta de la Comisión de la Mujer en el Congreso, “sólo se permite el aborto terapéutico, cuando el embarazo es producto de una violación o existe un riesgo inminente para la vida de la mujer”.
Desde el punto de vista de Mayra Dinora Gila Herrera, representante local del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), “hay mucha resistencia para despenalizarlo, sobre todo por la carga moral”.
El aborto está permitido por razones socio-económicas, cuando el feto presenta anomalías, y cuando hay riesgo para la vida o salud de la madre.
En otros casos, está prohibido y se castiga con penas de cárcel.
En El Salvador, según el Código Penal vigente desde 1998, se pena el aborto en todas las circunstancias, y se castiga a la mujer, a quien se lo practique, o lo facilite, con entre dos y ocho años de cárcel.
Antes de 1997, fecha en que se reformó el Código Penal, se podía recurrir al aborto cuando la mujer corría peligro, cuando el embarazo era consecuencia de una violación y cuando existían probabilidades de anomalías en el feto.
El Código Penal hondureño considera el aborto la “muerte intencional de un ser humano en cualquier momento del embarazo”, y lo castiga con entre tres y seis años de cárcel.
Sin embargo la Secretaría de Salud Pública distribuye al menos desde 2004 píldoras anticonceptivas de emergencia, o “del día después”, según denuncias de la Iglesia católica en ese país.
En Nicaragua el aborto está penalizado bajo cualquier supuesto desde octubre de 2006; incluso se castiga el aborto “terapéutico”, es decir, aquel que se practica cuando la vida de la madre o el feto corren peligro.
El aborto “terapéutico” se había permitido desde 1893 hasta noviembre de 2006.
También se penan los abortos cuando la madre es menor y ha sido violada.
Salvo en caso de que peligre la vida de la mujer, el aborto está penalizado por ley.
Se castiga con entre seis meses y tres años de cárcel.
Código Penal de 1982 tipifica el aborto como “delito contra la vida y la integridad personal”, pero exime de penas cuando la mujer fue violada y resuelve interrumpir su embarazo antes de los dos meses, y cuando corre peligro su vida o la del feto.
La madre puede interrumpir el embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación sin justificar sus motivos, desde que en 1965 se legalizó el aborto.
Se permite el aborto solamente cuando la vida de la mujer está en peligro.
En otros casos, se penaliza.
El aborto es ilegal, excepto cuando pretende salvar la vida de la mujer.
El Código Penal de 1948 no hace excepciones.
Tres clínicas donde presuntamente se practicaban abortos fueron clausuradas el pasado febrero en Santo Domingo.
Los grupos pro vida sostienen que los derechos de la madre no pueden vulnerar los del niño.
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En Puerto Rico el aborto está consagrado como legítimo, y puede realizarse en cualquier período del embarazo.
La mayoría se realiza durante el primer trimestre, pero también se practica después.
Desde que el Tribunal Supremo de EE.UU. reconoció la legalidad de la polémica intervención en el caso Roe v. Wade, la disposición del Código Penal puertorriqueño que prohíbe el aborto salvo para salvar la salud o vida de la mujer se interpreta desde la década de 1970 en sentido amplio.
Se considera si el embarazo vulnera la salud mental y emocional de la madre, por lo que el aborto “a petición” está convalidado.
En 2006 la Corte Constitucional de Colombia determinó que el aborto es legítimo cuando un embarazo es producto de una violación, cuando está en riesgo la vida de la madre y cuando se presentan malformaciones en el feto.
Hasta entonces, en Colombia estaba prohibido el aborto en todos los casos.
El aborto está considerado como delito en el Código Penal venezolano vigente y se castiga con entre seis meses y dos años de prisión.
Propuestas similares a la reforma de México D.F. se discuten en otros países de América Latina.
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Las penas pueden reducirse si se provoca para “proteger el honor”.
Un anteproyecto de Código Penal presentado en el Tribunal Supremo de Justicia propone despenalizar el aborto en todos los casos, excepto cuando no se cuenta con el consentimiento de la mujer.
Por otro lado, la aprobación de una nueva Ley de Salud forma parte de las atribuciones cedidas al presidente Hugo Chávez por la Ley Habilitante que le permite legislar por decreto y en forma unilateral desde enero, explicó a BBC Mundo Douglas Natera, de la Federación Médica de Venezuela.
La pastilla del día después es legal en Venezuela desde 2004, según las Normas sobre Salud aprobadas por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social.
El aborto se considera un delito en Ecuador y se pena con entre seis meses y cinco años de prisión.
No se castiga cuando se ha provocado para salvar a la mujer de un peligro de vida inminente que no pudo evitarse por otros medios, o cuando el embarazo es fruto de la violación a una deficiente mental.
Desde el año pasado un nuevo Código de Salud obliga a “los servicios de salud, públicos y privados” a interrumpir embarazos “en los casos previstos en el Código Penal”, y a suministrar “píldoras del día después” en casos de violencia intrafamiliar y sexual, y a las mujeres que conviven con el Sida.
Distintas organizaciones pro-vida han denunciado la probabilidad de que la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Rafael Correa y aprobada por la ciudadanía en referendo establezca la despenalización del aborto.
El aborto es un delito castigado con entre uno y cuatro años de prisión, pero se permite si la vida de la madre está en peligro o si el embarazo es producto de una violación.
Distintos proyectos de despenalización han sido rechazados durante los últimos 16 años.
El ministro de Salud, José Gomes Temporao, defendió la realización de un plebiscito sobre la despenalización a principios de abril.
Tras sus declaraciones, el tema volvió a la agenda de los medios.
Según Datafolha, un 65% de los brasileños se opone a modificar la legislación vigente.
El aborto es ilegal en Perú -se considera un delito contra la vida-, excepto cuando la vida de la madre peligra.
Así lo determina el Código Penal desde 1924.
Hasta 2004 no se había establecido un “protocolo” que indicara los casos en que este “aborto terapéutico” podía aplicarse.
La despenalización fue festejada por los grupos pro aborto en Ciudad de México.
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Pero ya en 2006, las autoridades sanitarias habían autorizado al Instituto Materno Perinatal y el Hospital de San Bartolomé de Lima, y el Hospital Belén de Trujillo, a practicarlo en 17 casos distintos de enfermedad de la madre o el feto, antes de las 22 semanas de embarazo.
Este protocolo está siendo revisado por las autoridades del Ministerio de Salud.
De acuerdo con el ex ministro de Salud peruano, Luis Solari, este protocolo resolución da pie a que se aborte con fines eugenésicos, a la agencia pro vida Aciprensa.com.
En 2001, los servicios de Salud Pública comenzaron a distribuir “píldoras del día después”. Esto se suspendió en 2002, hasta noviembre de 2006.
La interrupción del embarazo es legal, previa autorización del juez, si es resultado de “una violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto”, y si la vida de la madre está en peligro.
En otros casos se penaliza.
La ley contempla atenuantes cuando el aborto se practica para proteger el honor de una mujer soltera.
De acuerdo a Julieta Montaño, representante de Cladem en Bolivia, las organizaciones pro aborto promueven reformas a la legislación vigente desde hace una década, pero estas iniciativas han sido rechazadas.
La legislación de Paraguay sólo permite el aborto cuando está en peligro la vida de la mujer embarazada.
El Código Penal vigente desde 1998 penaliza otros motivos por los cuales se recurra a esta práctica con entre 15 y 30 meses de penitenciaría, pero contempla atenuantes para los casos en que la mujer haya actuado para “proteger su honor”.
El ministerio de Salud lleva adelante un programa de Planificación Familiar en el que se pone a disposición de la población la píldora de anticoncepción de emergencia, o “del día después”.
El aborto es ilegal en Chile, sin excepciones. Se lo penaliza con entre tres y cinco años de penitenciaría, de acuerdo a lo establecido en los artículos 342 A y 245 del Código Penal.
El aborto es un tema que suscita fuertes controversias y afecta susceptibilidades.
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En 1989 se derogó la reforma que permitía el aborto terapéutico.
En la década de 1960 la Corte Suprema definió el aborto como la “interrupción maliciosa del embarazo con el propósito de evitar el nacimiento del feto o detener el curso natural del embarazo”.
Sin embargo, la actual presidenta Michelle Bachelet firmó en enero de pasado un decreto aprobando el suministro de la píldora anticonceptiva “del día después” a las jóvenes, a partir de los 14 años de edad.
Para que la adolescente tenga acceso a la pastilla no es necesario que medie el consentimiento de sus padres.
Dos semanas antes de que el Ejecutivo tomara la resolución, la Corte Constitucional había declarado inconstitucional la distribución gratuita de la píldora.
Según los grupos denominados Pro Vida y la Iglesia católica, la “píldora del día después” es un método abortivo.
En Argentina, el aborto es un delito de acuerdo al Código Penal (artículos 85 a 88).
La legislación contempla de todos modos el aborto terapéutico, lícito siempre que el peligro a la vida de la mujer no pueda ser evitado de otra forma.
Además permite la interrupción del embarazo a la mujer demente o idiota que ha sido violada.
En 2002, la Corte Suprema de Justicia argentina prohibió la venta y consumo en el país de la “píldora del día después”.
Tanto unos como otros dicen defender la vida.
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El aborto se castiga con entre tres meses y dos años de penitenciaría, pero si se comete para proteger el honor, tras una violación, cuando la vida de la mujer corre peligro o en medio de angustias económicas, estas penas pueden ser reducidas. Incluso el juez puede llegar a eximir a los involucrados.
El parlamento discute desde 1984 un Proyecto de Ley de Salud Reproductiva que propone despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, pero que una y otra vez ha sido rechazado.
En noviembre de 2008, el actual presidente de izquierda, Tabaré Vázquez, vetó la legalización del aborto que había sido aprobada por ambas cámaras del Poder Legislativo.
Eduardo Aquevedo
