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“Comunismo chino” y capitalismo de Estado?
¿Comunistas chinos?
Es verdad que los dirigentes y militantes del PCCh –cerca de 76 millones de personas- dicen ser comunistas, lo cual es ciertamente llamativo en los tiempos que corren. ¿Por qué insisten tanto en ello cuando, a simple vista, la realidad parece mostrar un particular empeño, por ejemplo, en el impulso a la liberalización económica y una desatención hilarante a las cuestiones sociales?
¿Es realmente creíble que, como dicen, el injusto tiempo actual es sólo un inevitable periodo de transición cuya culminación en forma de refundación de un socialismo adaptado a las circunstancias nacionales depende en exclusiva de que sea el PCCh quien conduzca el proceso? ¿O esto es sólo una coartada para seguir usufructuando el poder y beneficiarse de ello conteniendo protestas sociales que de otro modo podrían dispararse? ¿Tienen los dirigentes chinos necesidad de seguir autodenominándose comunistas?
Aunque pocos les creen, tanto dentro como fuera del país, insisten en el ritual. Hu Jintao y otros lo recuerdan a cada paso, mientras se promueven iniciativas de estudio del marxismo y desde las escuelas del Partido, el leninismo, el pensamiento de Mao Zedong, de Deng Xiaoping y de Jiang Zemin es objeto de reiteradas campañas para que no queden en el olvido, al tiempo que se insiste en erradicar todo dogmatismo y enaltecer la “adaptación”: “la verdad está en los hechos”. Siendo así, los hechos son preocupantes… El 0,4% de la población acumula el 70% de la riqueza, aseguraba en octubre pasado Hu Xingdu, profesor de economía en el Instituto de Tecnología de Pekín. China es el país del mundo con más billonarios después de EEUU, según la revista Hurun. Su fortuna supera el PIB de Indonesia o de Bélgica ¿Cómo un auténtico PCCh en el gobierno puede expresar esa desafección tan llamativa frente a los más humildes y tanta complicidad con las grandes fortunas, muchos de ellos especuladores del sector inmobiliario o dueños de esas minas de carbón donde mueren obreros a cada paso en condiciones infrahumanas? ¿En verdad no hay otro camino que la asunción de un mercado de estas características y el agravamiento de las desigualdades para alcanzar el socialismo?
Por otra parte, el esmero represivo de toda disidencia política que reclame signos liberalizadores de signo occidental, en paralelo al control ejercido sobre quienes detentan cierto poder económico, se complementa con el dominio directo de los sectores estratégicos de mayor calado, con preeminencia absoluta de empresas estatales donde las estructuras del PCCh actúan de verdadera columna vertebral y cuyos dirigentes dependen del nombramiento (y cese) del PCCh. El sector privado, tan en boca de todos por su creciente contribución al PNB, está representado en más de un 90% por pequeñas y medianas empresas, en un escenario atomizado que, siguiendo la advertencia de Deng Xiaoping, nunca podrá configurarse como un todo integral que se conduzca como una nueva burguesía que dispute el poder al PCCh. Tras la decisión del gobierno, el pasado 13 de mayo, de abrir nuevos sectores a la inversión y presencia del sector privado, se espera una nueva oleada privatizadora, pero el PCCh defiende a ultranza su capacidad de gestión del desafío (en parte integrando a los nuevos ricos en sus filas). Por no citar al Ejército, más fiel al PCCh y su Comisión Militar Central que al propio Estado, ambos hoy totalmente confundidos.
¿Por qué comunistas? Podría ser, simplemente, porque es verdad y se lo creen. O no se lo creen pero les viene de perlas para estar en la cresta de la ola y prolongar la legitimidad derivada de un proyecto que hoy parece deambular por sus antípodas. Podría ocurrir también que el reconocer lo contrario equivaliera a “perder la cara”, circunstancia culturalmente poco admisible incluso en esta China abrumada por los signos de la modernidad pero donde la hipotética contradicción sigue resolviéndose por la mera coexistencia de los contrarios. Por último, si dejan de ser comunistas muchas cosas en la China actual perderían sentido, entre otras, el discurso que asegura su hegemonía política indiscutible, so pena de conceptuarse como un absolutismo más equiparable a cualquier dictadura sin matices.
¿Forma parte todo ello de una mera coartada para lograr la complicidad de Occidente en términos tecnológicos y financieros a fin de asegurar, primer objetivo, su desarrollo? No dejar de ser sintomático que en el orden exterior la animadversión de multinacionales y poderes constituidos frente al PCCh brille por su ausencia. Ello a pesar de que en casi todo el mundo la palabra comunista tiene una connotación negativa. Las disputas, cuando existen, son de naturaleza pragmática o estratégica, pero en ningún caso ideológica.
¿Criptocapitalistas o criptocomunistas? Stalin decía que los comunistas chinos eran como los rábanos: rojos por fuera y blancos por dentro. Su razón de ser principal siempre ha sido el nacionalismo, credo inevitable para lograr el resurgimiento de la China arrodillada por las cañoneras occidentales en el siglo XIX, y tan presente en la liquidación del poder imperial como en la China maoísta disfrazado de lucha ideológica contra el comunismo soviético. La fraternidad internacionalista no fue suficiente. Tanto el Gran Salto Adelante como la Revolución Cultural expresaban, entre otras cosas, esa sensibilidad que hoy reviste la denominación de reforma y apertura.
Ese proyecto, la revitalización de la gran nación china, exige un alto grado de cohesión que sólo puede garantizar una fuerza política esencialmente monolítica (con sensibilidades y divisiones que apenas trasciendan) que ejerce el poder en exclusiva y con capacidad para emitir mensajes que refuercen su condición de garante de la estabilidad. No obstante, ese proyecto escora cada día más hacia la transmutación del PCCh en un nuevo poder de signo confuciano, articulado en torno a las bondades tradicionales del mandarinato, administradores honestos y virtuosos (lo que también explicaría parcialmente la importancia de la lucha contra la corrupción) cuyo objetivo es enriquecer la nación y garantizar la armonía social, pero en ningún caso alumbrar un nuevo orden emancipador. A la postre, en esa base radica la fluidez del entendimiento que hoy acerca posiciones como las defendidas en su día por fuerzas antaño tan antagónicas como el PCCh y el Kuomintang (KMT), desideologizados pese a tanta liturgia de signo aparentemente contrario y ambos contagiados por el pragmatismo que invita a la “reconstrucción de la nación”. Las negativas a una liberalización, del signo que sea, no se sustentan en un proyecto ideológico de clase sino nacional.
Más ficción que realidad, la subsistencia del ideario comunista es el argumento ideal para mantener el poder del partido único y reafirmar su legitimidad histórica, valiéndose de una hipotética continuidad respecto al proyecto de un Mao Zedong cuyas proclamas están totalmente ausentes del discurso y acciones del actual PCCh, en su mayoría y en su práctica, confucianas entre líneas.
El PCCh es hoy un aparato de poder que todo lo ocupa, pero vacío de otro sentido ideológico que no sea el nacionalismo. Las loas al socialismo y la reivindicación del marxismo que proclama Hu Jintao desde las tribunas conmemorativas se quedan en un brindis al sol con fecha de caducidad. Valga de ejemplo que ya en las útimas celebraciones del 60 aniversario de la RPCh, el retrato que presidía la ceremonia no era el de Mao (incorporado al desfile con el Deng, Jiang Zemin o Hu Jintao) sino el de Sun Yat-sen, el fundador de esa primera China republicana que el año próximo cumplirá su primer centenario.
Xulio Ríos es director del Observatorio de la Política China y autor, entre otros, de “Mercado y control político en China”.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
La pobreza y sus explicaciones…
"DEPENDE: POBREZA"
por Bernardo Kliksberg.
Publicado por FP. Febrero-marzo 2010.
El crecimiento económico reduce la miseria
Ojalá. La realidad ha demostrado ser mucho más compleja. El crecimiento económico es condición imprescindible, pero no suficiente. Hay muchos obstáculos en el camino a la hora de transformarlo en mejoras importantes en la existencia humana. El crecimiento viaja de forma macro y la vida de la gente transcurre en lo micro.
En primer lugar, hay distintos tipos de crecimiento. Puede ser polarizado, focalizado en algunos sectores económicos, circunscrito geográficamente, producir “islas de crecimiento” o no llegar a la gran mayoría. A ello se suma que, si la sociedad es muy desigual, se reduce la posibilidad de que penetre en los estratos más bajos. Eso es lo que ocurre en el mundo actual, cuyos grados de desigualdad han sido calificados de “groseros” en los informes de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y tildados de “disparidades hirientes” en la última encíclica de la Iglesia católica. El 20% más rico de la población mundial tiene más del 80% del producto bruto, el comercio, las exportaciones, las inversiones, y más del 90% del crédito. El 20% más pobre, menos del 1%. La desigualdad en la distribución de los ingresos pasó de 30 a 1 en 1960 a 74 a 1 en 1997, y ha seguido aumentando. La del capital acumulado que midió la Universidad de la ONU en 2006 es aún mayor. El 10% más rico tiene el 85% del capital mundial, el 50% inferior sólo el 1%.
Las grandes desigualdades bloquean el desarrollo económico, pero además impiden que se propague entre los más desfavorecidos. Hay sociedades con el mismo grado de riqueza, pero en unas a la gente le va mucho mejor que en otras, porque hay mayor igualdad entre las clases.
La cuestión central es cómo alcanzar un crecimiento inclusivo, en el que quepan todos. Porque ése es, además, el único camino para obtener un desarrollo sostenible. La movilidad social no es una consecuencia del crecimiento, sino el motor fundamental del mismo. Las economías más exitosas de años recientes como las nórdicas, y algunas del sureste asiático, han apostado muy fuerte por sus ciudadanos. Han invertido en educación y en salud. Encabezan las mediciones de rendimiento educativo del informe PISA y las tablas de esperanza de vida.
Los pobres son responsables de su situación
Un mito. Yo lo llamo “la gran coartada”. Para justificar la pobreza, nada mejor que echarle la culpa a las víctimas. El argumento es que los pobres carecen de ambiciones, no se esfuerzan, no estudian, actúan de forma irracional. La pobreza sería un tema de responsabilidad individual. Sería entonces una decisión personal integrarse en el bando de los exitosos o quedarse estancando. La tesis viene acompañada de una formulación semántica: hay “perdedores” y “ganadores”. Los últimos presentan cualidades opuestas. Si la responsabilidad es individual, deja de ser colectiva.
La realidad derrumba a diario ese mito. Hay 1.400 millones de personas en el mundo que viven en la pobreza extrema (menos de 1,25 dólar diario). Casi la mitad del género humano (3.000 millones) son pobres (menos de dos dólares diarios). Resulta inconcebible no ver que no son malas decisiones individuales, sino graves insuficiencias estructurales las que llevan a esos resultados.
En un mundo con una ola de revoluciones tecnológicas que han multiplicado la capacidad de producción de bienes y servicios, 1.200 millones de personas no tienen agua potable y 2.000 millones carecen de electricidad. ¿Acaso es su responsabilidad personal?
La FAO informó de que en 2008 se produjo la segunda mayor cosecha de la historia. Ese mismo año y según Acción Internacional, cinco millones de niños murieron de hambre. Está demostrado que el planeta puede producir alimentos para una población mayor que la actual. Sin embargo, 1.020 millones sufren hambruna (1 de cada 6,5) y el año pasado se incorporaron cien millones más.
Los pobres no son los responsables de vidas con hambre, sin agua y sin electricidad. Hay desigualdades abismales y deficiencias fundamentales de organización social. El problema del hambre no es sólo una cuestión de producción de alimentos (cuanto mayor, mejor), también de acceso a los mismos y de equidad. En realidad, no hay ganadores y perdedores. Con estos grados de exclusión somos todos perdedores. Se debilita la cohesión social y se crean situaciones conflictivas, que generan violencia, y sociedades enfermas.
La ayuda humanitaria no soluciona nada
Otro mito. Se opone “asistencialismo” a “ayudar” y a “dar trabajo”. Se descalifican y se debilitan las políticas sociales. En realidad, se trata de un falso dilema. La extensión y la profundidad de la pobreza requiere respuestas inmediatas.
La miseria mata a diario a mujeres y a niños. Unas 500.000 madres mueren durante el embarazo o el parto, el 99% de ellas en países en desarrollo. La cifra es escalofriante: una por minuto. A pesar de los avances médicos, la tasa de mortalidad materna no ha mejorado desde 1990. Entre las causas, las hemorragias y las anemias, dos problemas que pueden evitarse consumiendo a diario cápsulas de hierro que apenas cuestan unos centavos que las madres pobres no tienen. Las cesáreas, que son necesarias en uno de cada 10 partos y que cuestan menos de 100 euros, tampoco están a su alcance.
Más de nueve millones de niños mueren al año antes de cumplir los cinco. Entre un 33% y un 50% por culpa de la desnutrición. La causa de la muerte suele ser la diarrea, pero tras ella se esconden déficits agudos de micronutrientes básicos. Unos 2 millones de niños fallecen por neumonía. Los antibióticos para tratarla cuestan 27 centavos de dólar. Sus familias carecen de ellos. En total, 18 millones de personas mueren al año por causas vinculadas a la pobreza. Son muertes evitables que la crisis está agravando. Jugar al casino financiero no sale gratis. El Banco Mundial estimó que 22 niños más morirían por hora en 2009 (uno cada tres segundos) por motivos prevenibles.
Se necesitan respuestas inmediatas. La mayor característica de la pobreza es que genera con frecuencia daños irreversibles. Según Unicef, si un niño no se alimenta bien en los primeros años tendrá las conexiones interneuronales de su cerebro incompletas y un retraso severo para toda la vida. La pobreza no puede esperar. Es urgente incrementar las inversiones en salud y educación, y montar mayores redes de protección. No hay contradicción en proteger a los vulnerables y hacerlo a través de programas que, al mismo tiempo, favorezcan la articulación y la organización de la comunidad, inviertan en el desarrollo de sus líderes y potencien su capital social. Los programas más efectivos de reducción de mortalidad materna en poblaciones indígenas han sido los que se han apoyaron en el fortalecimiento de la misma comunidad y la conminaron a cogestionar el proyecto.
La pobreza no es sólo cuestión de dinero
Es mucho más. Cuando a los pobres se les pregunta en las encuestas qué es lo que más les duele de su situación, la respuesta suele sorprender a los investigadores. Se quejan de las carencias, de la falta de ingresos y de que sus hijos no pueden terminar la escuela primaria, pero lo que en verdad les genera más dolor es “la mirada de desprecio”. Sienten que amplios sectores de la población les observan como a una especie inferior, seres de baja categoría, subhombres y submujeres o que, en el mejor de los casos, les tratan con compasión.
La devaluación del pobre como persona prepara el terreno para su discriminación y, en última instancia, para su demonización. Es un sospechoso en potencia. Uno de los grupos más discriminados es el de los jóvenes en situación precaria. Un estudio de la prestigiosa ONG Periodismo Social, en el que se analizan 120.000 noticias sobre niños y adolescentes en 22 diarios argentinos, extrae conclusiones que pueden aplicarse a otras latitudes: “Pocas fuentes, pocas estadísticas, muchos términos peyorativos… las palabras para referirse a los chicos y chicas que supuestamente cometen delitos son estigmatizantes y discriminatorias… son títulos que condenan antes que lo haga la justicia”. Los pobres son seres humanos iguales a todos. Perciben la mirada degradante. Por algo, cuando se les interroga sobre las organizaciones que más valoran, sitúan en primer lugar a las que crean ellos mismos como las organizaciones indígenas, de campesinos pobres o de habitantes de zonas marginales urbanas. En esas agrupaciones el trato es horizontal y ellos son los actores, recuperan su imagen humana. Es lo que sucedió por ejemplo con Villa El Salvador en Perú, municipio autogestionado de pobres que obtuvo por sus logros algunos de los mayores reconocimientos internacionales, entre ellos el Príncipe de Asturias.
La pobreza es un complejo de ataques a la dignidad humana. Los economistas convencionales se equivocan por completo cuando abordan temas como el paro o el desempleo como una mera pérdida o merma de ingresos. La falta de trabajo vulnera las aspiraciones más básicas del ser humano. Un reciente estudio de la Universidad de Rutgers, en Estados Unidos, centrado en ciudadanos desempleados, mostró que el 68% estaban deprimidos, el 61% se sentían inútiles y el 55% estaban muy enojados. En el 58% de ellos, el paro estaba afectando a sus relaciones familiares y un 52% evitaban encontrarse con amigos o conocidos. La causa principal: sentían vergüenza por su situación.
América Latina nunca saldrá de la miseria
Es un caso paradigmático. Como experto en el tema y a pesar de que la primera palabra que viene a la mente cuando uno piensa en pobreza es África, puedo argumentar esta afirmación: el continente latinoamericano tiene un tercio de las aguas limpias del planeta, algunas de las mayores reservas de materias primas estratégicas en su subsuelo, fuentes de energía barata, excepcionales posibilidades de producción agropecuaria y una inserción agroeconómica privilegiada. Sin embargo, más de un tercio de su población está por debajo de la línea de la pobreza (189 millones), mueren 30 niños de cada 1.000 antes de los 5 años frente a 3 en Suecia o en Noruega, perecen 90 madres por cada 100.000 nacimientos frente a 6 en Canadá. La pregunta es: ¿por qué tanta pobreza en un lugar potencialmente tan rico?
La razón principal es que es la más desigual de todas las regiones. El 10% más rico tiene más de 40 veces lo que el 10% más pobre, frente a 10 en España, y 6 en Noruega. Hay fuertes desigualdades en ingresos, acceso a la tierra, a la salud, a la educación y al crédito, y ahora, a las nuevas tecnologías. La región produce alimentos para tres veces su población. Sin embargo, el 16% de los niños padecen desnutrición crónica. En el 20% más pobre sólo uno de cada 3 jóvenes termina la secundaria y sólo uno de cada 100 accede a la Universidad.
La desigualdad genera “las trampas de pobreza”. Si un joven nace en una villa miseria, un caserío indígena, una zona rural pobre, tendrá problemas nutricionales, trabajará desde pequeño (el 11% de los niños menores de 14 años lo hacen), no podrá finalizar la escuela primaria o la secundaria, y, sin ella, no conseguirá trabajo en la economía formal. Un 25% de los jóvenes están fuera del mercado de trabajo y del sistema educativo.
De las “trampas de pobreza” se sale con políticas públicas activas que intenten universalizar los derechos reales a la alimentación, a la salud y a la educación, que democraticen el crédito, fortalezcan las posibilidades de generar microemprendimientos y pymes y que abran oportunidades para todos. En los últimos años, la participación creciente de la sociedad civil, y su presión para que se adoptaran políticas incluyentes, generaron cambios importantes que muestran que sí es posible combatir la pobreza y que lograrlo pasa por mejorar la equidad.
Entre ellas, el gigantesco programa social Bolsa Familia, montado por Lula da Silva en Brasil y que cubrió las necesidades básicas de 45 millones de pobres entre los pobres; los programas del Gobierno uruguayo que reformaron la salud y permitieron que todos los niños de las escuelas públicas tengan un ordenador; los programas de protección a toda la población adulta en Chile y Argentina; el subsidio universal a los niños pobres en este último país; la reducción a tasas mínimas de la mortalidad materna y la infantil aumentando la inversión en salud en medio de la crisis en Costa Rica, y otras similares en otros países.
La acción de políticas públicas enfocadas hacia las prioridades reales de la población, y el apoyo a las mismas por parte de empresas socialmente responsables y una sociedad civil movilizada por la solidaridad, pueden mejorar la difícil vida de gran parte de la población de América Latina. Pero todavía queda un largo camino por recorrer.
Siempre ha habido y habrá pobres
Coartadas. Muchas élites adjudican a la pobreza una suerte de maldición ancestral. Por ejemplo, cuando los periodistas acosaban al ex presidente argentino Carlos Menem por el aumento de la pobreza en la Argentina de los 90, consecuencia directa del modelo ortodoxo liberal que él aplicó, solía argumentar: “Pobres hubo siempre”.
Las cifras difieren y son tozudas. En ese país, la pobreza era inferior al 10% a principios de los 60 y después de Menem alcanzó el 58% a finales de 2002. En Noruega, líder mundial en Desarrollo Humano, hay cero pobreza. En España, los indicadores actuales no tienen nada que ver con los de la época de Franco.
Los profetas, creadores de la idea de justicia social, dicen en la Biblia: “No habrá pobres entre vosotros”. Se refieren a que los recursos potenciales están en todas las sociedades, y dependiendo del modelo de organización, la pobreza puede erradicarse.
Con la manida visión de la “maldición ancestral” se borra la relación entre pobreza y desigualdad y se evita hacer los cambios imprescindibles. Asimismo, se aprovecha al máximo la falta de capacidad de lobby de los pobres, los pobres no cuentan. Como señaló el premio Pulizter, Nicholas Kristoff, en The New York Times, refiriéndose a las elevadas tasas de mortalidad femenina en el Tercer Mundo en una era de avances médicos espectaculares, estas cifras no despiertan interés porque “sus víctimas son pobres, rurales, no educadas, y mujeres”. La lucha contra la pobreza pasa, en primer lugar, por romper la falta de sensibilidad actual. Ante tantas víctimas de las políticas neoliberales de las ultimas décadas, la opinión pública comenzó a percibir a los niños de la calle, a los ancianos mendigos, a las madres que piden con sus bebes, a los sin techo como si fueran parte de la naturaleza de las ciudades, como “si lloviera”.
No se conmueven ante el sufrimiento. Es necesario recuperar la capacidad del ser humano para rebelarse contra las injusticias. Y eso es la pobreza: una injusticia éticamente inadmisible.
Los pobres son culpables del cambio climático
Al contrario. El cambio climático avanza con mucha más rapidez de lo que se creía. El dióxido de carbono retenido en la atmósfera es de 385 partes por millón frente a 339 en 1980. El aumento de las temperaturas está fundiendo los glaciares y produciendo un aumento de 3 milímetros por año en el nivel del mar, el doble que en el siglo XX.
El aumento de las temperaturas y de las lluvias genera un ambiente propicio para la transmisión de enfermedades infecciosas. Aumentan las inundaciones y se expanden enfermedades como el dengue, la malaria, el cólera y la fiebre amarilla. Los más afectados son los más vulnerables: los que viven al borde de zonas inundables, en viviendas precarias; los pequeños agricultores afectados por las sequías; los relegados del planeta a sus sitios más hostiles.
Se estima que el cambio climático está produciendo 300.000 muertes por año. Crecen los refugiados climáticos, que se acercan a los 50 millones. Han debido irse de sus lugares de origen y ni siquiera el Derecho Internacional tiene ninguna figura para amparar a este tipo de exiliados.
Los informes estiman que los habitantes de los países pobres tienen 78 veces más posibilidades de resultar afectados por el cambio climático que los de las naciones ricas. Se trata de una de las mayores desigualdades, la vulnerabilidad totalmente disímil.
Además, está claro que ellos no son los generadores del envenenamiento del ambiente, en el que tienen una participación marginal. Los datos no mienten, pero también en este apartado la élites del planeta culpan a los más desfavorecidos, mostrando la capacidad infinita del género humano para fabricar pretextos y no enfrentarse los desafíos morales que tienen por delante. Resulta imprescindible superar ésta y todas las otras coartadas, pretextos e insensibilidades frente a la pobreza, la gran violación de los derechos humanos del siglo XXI, para avanzar en la construcción del mundo mejor que reclaman los ciudadanos. Gandhi, como buen visionario, lanzó una advertencia que sigue en plena vigencia: “La diferencia entre lo que hacemos y lo que somos capaces de hacer bastaría para solucionar la mayoría de los problemas del mundo”.
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El autor de este artículo, Bernardo Kliksberg, ha escrito en colaboración con el indio Amartya Sen, premio Nobel de Economía, el libro Primero la gente. Una mirada desde la ética del desarrollo a los principales problemas del mundo globalizado (6ª edición actualizada, Editorial Temas, Buenos Aires, 2009). También destacan sus obras Más ética, más desarrollo, Bernardo Kliksberg (Editorial Temas, Buenos Aires, 2009) y Es difícil ser joven en América Latina. Los desafíos abiertos, del que es compilador, junto a Joseph Stiglitz, Rebeca Grynspan y otros (Editorial Sudamericana, Random House Mondadori, 2010).
Otras obras imprescindibles para analizar las causas y el impacto de la pobreza son: The Life you Can Save: Acting Now to End the World Poverty, Peter Singer (Editorial Random House, Nueva York, 2009); ‘Impact in Latin America: Economies are Better Prepared to Face the Global Crisis, People are Not’, Rebeca Grynspan, Foreign Policy (Latin America Social Forum, 2009), www.foreignpolicy.com/LASF_2009.pdf; ‘Corporate Social Responsibility in Latin America: not a Waste of Time or Money’, Rebeca Grynspan y Bernardo Kliksberg, Foreign Policy (Latin America Social Forum, 2008), www.foreignpolicy.com/promotions/lasf2008.pdf.
Aprender del éxito económico y social de Europa…
Aprender de Europa
PAUL KRUGMAN 24/01/2010
La reforma sanitaria ha provocado muchos lloriqueos y rasgado de vestiduras entre los conservadores. Y no me refiero solamente a los más radicales. Hasta los conservadores más serenos han estado lanzando advertencias atroces sobre que la sanidad de Obama convertirá a EE UU en una democracia social de tipo europeo. Y todo el mundo sabe que Europa ha perdido todo su dinamismo económico.
Sin embargo, por extraño que parezca, lo que todo el mundo sabe no es verdad. Europa tiene sus problemas económicos; ¿quién no? Pero la historia que oímos constantemente (de una economía estancada en la que los impuestos elevados y los beneficios sociales generosos han eliminado los incentivos, y detenido el crecimiento y la innovación) se parece poco a los hechos, sorprendentemente positivos. La lección de Europa es en realidad la opuesta a la que cuentan los conservadores: Europa es un éxito económico, y ese éxito demuestra que la democracia social funciona.
De hecho, el éxito económico de Europa debería resultar evidente incluso sin estadísticas. Para aquellos estadounidenses que han visitado París: ¿les parecía pobre y atrasada? ¿Qué me dicen de Frankfurt o Londres? Siempre deberían tener en cuenta que cuando se trata de qué creer -las estadísticas económicas oficiales o lo que uno ve con sus mentirosos ojos- son los ojos los que dicen la verdad.
En cualquier caso, las estadísticas confirman lo que ven los ojos. Es cierto que la economía de EE UU ha crecido más deprisa que la europea en la última generación. Desde 1980 -cuando nuestra política giró bruscamente hacia la derecha, mientras que la de Europa no lo hizo- el PIB real de EE UU ha crecido, de media, un 3% al año. Mientras tanto, la UE de los 15 -el bloque de los 15 países que eran miembros de la Unión Europea antes de que ésta se ampliase para incluir a una serie de antiguos países comunistas- sólo ha crecido un 2,2% al año. ¡EE UU se impone!
O puede que no. Todo lo que nos dice esto es que hemos tenido un crecimiento demográfico más rápido. Desde 1980, el PIB real per cápita -que es el que importa para determinar la calidad de vida- ha aumentado casi al mismo ritmo en EE UU y en la UE de los 15: 1,95% al año en EE UU; 1,83% en Europa.
¿Y qué pasa con la tecnología? A finales de los años noventa, era posible sostener que la revolución de la tecnología de la información estaba pasando de largo a Europa. Pero, desde entonces, Europa ha acelerado en muchos sentidos. La banda ancha, en concreto, está casi igual de extendida en Europa que en Estados Unidos, y es mucho más rápida y barata.
¿Y qué hay del empleo? En esto se puede afirmar que a EE UU le va mejor: las tasas de paro europeas suelen ser significativamente mayores que la estadounidense, y la fracción de la población con trabajo, menor. Pero si la visión que tienen es la de millones de adultos con la edad perfecta para trabajar sentados sin nada que hacer, viviendo del paro, piensen otra vez. En 2008, el 80% de los adultos de entre 25 y 54 años de la UE de los 15 tenían trabajo (y el 83% en Francia). Eso es aproximadamente lo mismo que en EE UU. Los europeos tienen menos tendencia que nosotros a trabajar cuando son jóvenes o mayores, pero ¿es eso algo negativo?
Y además, los europeos son bastantes productivos: trabajan menos horas, pero la producción por hora en Francia y Alemania está cerca de la de EE UU.
La cuestión no es que Europa sea una utopía. Como EE UU, está teniendo problemas para lidiar con la actual crisis financiera. Como Estados Unidos, los grandes países de Europa se enfrentan a graves problemas fiscales a largo plazo y, como algunos estados concretos de Estados Unidos, algunos países europeos se tambalean al borde de la crisis fiscal. (Sacramento es ahora la Atenas de Estados Unidos, en el mal sentido). Pero desde una perspectiva general, la economía europea funciona; crece; es tan dinámica, teniéndolo todo en cuenta, como la nuestra.
Entonces, ¿por qué muchos expertos nos pintan un cuadro tan diferente? Porque, según el dogma económico dominante en EE UU -y al decir esto me refiero a muchos demócratas, así como a prácticamente todos los republicanos- la democracia social de tipo europeo debería ser un completo desastre. Y la gente tiende a ver lo que quiere ver.
Al fin y al cabo, mientras que la información sobre la defunción económica de Europa se exagera, no se hace lo mismo con la referida a sus impuestos elevados y beneficios generosos. Los impuestos en los principales países europeos están entre el 36 y el 44% del PIB, en comparación con el 28% en EE UU. La asistencia sanitaria universal es, bueno, universal. El gasto social es inmensamente superior al de EE UU. Así que, si hubiese algo de verdad en las suposiciones económicas que predominan en los debates públicos estadounidenses -sobre todo, la creencia de que la subida, incluso moderada, de impuestos a los ricos y las prestaciones para los pobres eliminarían radicalmente los incentivos para trabajar, invertir e innovar- Europa sería la economía estancada y decadente de la leyenda. Pero no lo es.
Europa se presenta a menudo como una historia con moraleja, una demostración de que si uno trata de hacer la economía menos brutal, de ocuparse mejor de sus conciudadanos cuando pasan por malos momentos, uno terminará destruyendo el progreso económico. Pero lo que la experiencia europea realmente demuestra es lo contrario: la justicia social y el progreso pueden ir de la mano.
Paul Krugman es profesor de Economía en la Universidad de Princeton y premio Nobel de Economía 2008. (c) 2010 New York Times News Service. Traducción de News Clips.
Vietnam: segunda economía más dinámica de Asia…
Vietnam, a su aire
El país del sureste asiático devalúa la moneda para mejorar su competitividad en el mercado internacional
FERNANDO CANO
Vietnam ha revolucionado el panorama económico asiático. La autoridad económica del país ha devaluado un 5,16% su moneda, el dong, con relación al dólar casi al mismo tiempo que ha elevado sus tasas de interés en un punto, hasta el 8%. Esta doble jugada, que busca potenciar el alicaído sector exportador y controlar una creciente inflación, no ha sido bien vista en el vecindario, ya que es considerada como una competencia no del todo justa con el resto de economías de la zona, que todavía no logran dejar atrás la crisis económica.
Si hablamos en términos macroeconómicos, Vietnam ha sorteado impecablemente el temporal financiero con un crecimiento del PIB del 6,2% en 2008 y probablemente del 5,5% para este año, según el pronóstico del Banco Mundial. Durante estos dos cursos, el Gobierno ha logrado mantener el nivel del consumo y de la producción interna, en parte gracias a una inyección de 16.000 millones de dólares a la economía, pero también por la ordenada disciplina fiscal y por las reformas liberalizadoras emprendidas en esta década.
En este periodo, Vietnam se ha convertido en la segunda economía de más rápido crecimiento de Asia después de China, con una media del 6,9% de alza en el último quinquenio. Gracias a la masiva llegada de inversión extranjera -atraída por unas favorables condiciones fiscales y una flexible legislación laboral-, Vietnam se ha convertido en líder en exportación de materias primas como el arroz y el café, pero también ha construido un capital humano con una de las tasas más altas de alfabetización en Asia. El próximo año, el PIB per cápita puede llegar a los 1.200 dólares anuales.
No obstante, este positivo panorama comienza a dar síntomas de agotamiento, especialmente en los dos puntales de la economía: la inversión extranjera y las exportaciones. En los primeros 11 meses del año, Vietnam sólo atrajo 19.700 millones de dólares en capital extranjero, una cuarta parte de lo registrado el mismo periodo del año pasado. Paralelamente, las exportaciones llegaron a los 51.300 millones de dólares en este mismo periodo, un 18% menos con relación al año pasado. Con estos números, el déficit comercial se disparó a 10.200 millones de dólares hasta noviembre.
Para intentar detener esta sangría, la autoridad económica ha decidido devaluar el dong, hacer más fuertes sus exportaciones y sacar mayor rendimiento comercial con menor producción. No obstante, los analistas creen que esta medida no será suficiente si las condiciones del comercio mundial no mejoran y los pedidos de sus principales socios comerciales -entre los que destaca China- no aumentan. Lo que sí puede generar es un aumento de su cuota de mercado con relación a sus vecinos.
Esta medida ha venido acompañada por un alza en las tasas de interés que, en teoría, frenaría nuevas devaluaciones, pero además ayuda a contener la inflación crónica que ha afectado al país durante esta década. La masiva llegada de inversores extranjeros sobrecalentó la economía y disparó los precios que llegaron a un pico del 20% de crecimiento mensual el año pasado. Un crecimiento que posteriormente fue frenado por la actual crisis económica, pero que podría volver con la mejora en los números macroeconómicos. El último dato señala que este año la inflación vietnamita podría cerrar en el 6%.
EL PAIS.COM
La nueva gran batalla de Vo Nguyen Giap
Iván Restrepo, La Jornada
Ahora no es en el campo militar donde libra batallas el general Vo Nguyen Giap, el héroe vivo más respetado de Vietnam. Tras luchar durante 70 años contra las potencias que quisieron hacer de su país una colonia; después de propinar a las tropas francesas la derrota definitiva que las obligó a capitular en mayo de 1954, luego de la batalla de Dien Bien Phu, y de pelear contra la mayor potencia militar de los tiempos modernos (Estados Unidos), el estratega de la guerra de guerrillas encabeza ahora otra gran campaña. Esta vez contra un país que él bien conoce y que expande sus intereses por todo el mundo: China.
Y es que la nueva potencia busca afanosamente materias primas de todo tipo para sostener su acelerado crecimiento industrial. Con ese propósito concede ayudas e invierte en África, Asia y América Latina. Quiere hacerlo en Vietnam, que tiene yacimientos de bauxita, mineral utilizado para producir aluminio. El gobierno vietnamita tiene la intención de entregar la explotación de esos yacimientos a compañías externas, una de ellas china.
El general Giap se ha unido a los especialistas en los temas del medio ambiente, economía, trabajo y salud, intelectuales, monjes budistas, veteranos de guerra y grupos sociales diversos para rechazar esa entrega y advertir al gobierno de los peligros que conlleva. No se trata solamente de garantizar la soberanía y la seguridad nacionales, alegan los inconformes, sino también de evitar la contaminación y los daños a la salud de los trabajadores de las minas y sitios cercanos. Y es que el saldo que tiene China en minería es muy negativo: es uno de los países con más víctimas entre los trabajadores; además de los daños que ocasiona a la salud de la gente, provoca alteraciones graves al medio ambiente.
Pero en Vietnam igualmente hay grupos sociales y de especialistas que exigen que se impida que, en aras de un falso desarrollo, el país destruya sus recursos naturales, contamine sus corrientes de agua y desaparezca su rica flora y fauna. Luego de los enormes daños que dejó la intervención estadunidense, Vietnam comenzó a resarcir y a diversificar su economía. Entre otras medidas, abrió su territorio a empresas maquiladoras, poco cuidadosas del medio. Ahora se conocen datos que muestran cómo esta industria no controla sus desechos, muchos de los cuales van a dar a la cuenca del río Mekong, compartida con Camboya y Laos.
Organizaciones internacionales advierten que, por la alta contaminación con mercurio y otras sustancias tóxicas que registra la cuenca, los delfines están en peligro de desaparecer. Ayer los vietnamitas derrotaron las fuerzas de guerra imperialistas; hoy deben poner en su lugar a las trasnacionales, no menos peligrosas.
Mientras tanto, en África se gana una batalla significativa contra una de las trasnacionales más poderosas: Shell. Hace 14 años Nigeria fue escenario de concurridas protestas para denunciar los daños que la actividad petrolera ocasionaba a la gente y al delta del río Níger. Las petroleras, todas extranjeras, tuvieron que abandonar dicha región. En represalia, el gobierno militar arrestó a los líderes del movimiento, entre ellos al poeta Ken-Saro-Wiwa. A finales de 1995 ejecutó a nueve de ellos, acusados de asesinato. Otros fueron torturados y encarcelados. No se hizo esperar la protesta internacional, que desde entonces exige justicia. Se culpa a la Shell del asesinato de los activistas y de alentar la represión militar. La trasnacional niega todo y busca limpiar su imagen. Anuncia que desea trabajar en armonía con el pueblo nigeriano y aprovechar los yacimientos de hidrocarburos.
Pero un tribunal de Nueva York puede condenarla por la muerte de Ken-Saro-Wiwa y sus compañeros, así como obligarla a pagar a sus familias y a los encarcelados injustamente. Es frecuente que las trasnacionales ganen los juicios entablados en su contra, pero son exhibidas por sus perversas políticas de corrupción e intervención. Ojalá no ocurra así ahora que un movimiento rebelde exige la autonomía del delta del Níger y se opone a la presencia de las trasnacionales petroleras. Ayer miles manifestaron pacíficamente su oposición y fueron reprimidos.
La última batalla del general Giap
El héroe de Vietnam lidera la protesta contra la inversión minera de China
JOSE REINOSO – Pekín – 23/05/2009
Si hay un veterano de guerra y héroe nacional respetado en Vietnam es Vo Nguyen Giap. Este antiguo general fue el cerebro de la victoria en la dramática batalla de Dien Bien Phu, el 7 de mayo de 1954, que puso fin a la presencia colonial francesa en Indochina.
Hoy, a sus 97 años, Giap está embarcado en otro combate, no tan cruento pero quizás más difícil, ya que se enfrenta a su propio Gobierno. El antiguo militar se ha unido a intelectuales, activistas, compañeros de guerra y religiosos budistas y católicos contra el proyecto estatal de extraer bauxita y obtener alúmina en las tierras altas del centro del país. Según denuncian, tendrá un gran impacto ecológico y social, y plantea riesgos para la seguridad y la soberanía nacionales porque una de las compañías adjudicatarias de la obra es de China, uno de los mercados previstos para la exportación del mineral obtenido.
El famoso militar ha pedido en persona al primer ministro, Nguyen Tan Dung, que acudió a visitarle hace unos días con ocasión del 55º aniversario de la victoria sobre el Ejército francés, que cancele el proyecto. "Ésta es una zona estratégica de nuestro país, muy importante para la defensa y la seguridad no sólo de Vietnam sino de Indochina", le dijo. Giap ha advertido del peligro que suponen las minas para el medio ambiente y las minorías étnicas. Los científicos temen la potencial destrucción de suelo fértil, en el que ahora existen bosques y plantaciones de café y cacao; la contaminación del agua, y la pérdida de tierra de personas que no tienen cualificación para trabajar en las fábricas.
Los críticos dicen, además, que los dos complejos mineros -situados en las provincias de Lam Dong y Dak Nong- traerán miles de obreros chinos a la región -algo que Hanoi ha negado-, y que ya hay cientos de ellos en Lam Dong, donde han comenzado las obras para despejar el suelo.
"China ha sido notoria en la historia reciente como país que ha causado las mayores contaminaciones y otros problemas", han escrito 135 intelectuales en una petición conjunta a la Asamblea Nacional. El Gobierno asegura que el proyecto impulsará la economía de la zona. La extracción de bauxita se efectúa en minas a cielo abierto, lo que tiene un gran impacto sobre el terreno; mientras que el procesado de la alúmina -materia prima para la obtención de aluminio- produce una gran cantidad de residuos tóxicos, conocidos como barro rojo.
El Gobierno aprobó en 2007 el plan para desarrollar los dos complejos de extracción y tratamiento de bauxita, gestionados por el grupo público vietnamita Vinacomin. La empresa china Chalieco ha logrado el contrato por valor de 427 millones de dólares para construir una fábrica capaz de procesar 650.000 toneladas de alúmina al año. Pero en un país que recuerda con amargura los 1.000 años de ocupación china, y más recientemente la guerra fronteriza de 1979, cualquier presencia del vecino del norte es vista como una amenaza.
Vietnam cuenta con unas reservas estimadas de bauxita de 5.500 millones de toneladas, las terceras mayores del mundo. Hanoi calcula que necesitará invertir unos 15.600 millones de dólares hasta 2025 para aprovecharlas.
El País.com
Murió el Nobel P. Samuelson: una mente brillante…
PAUL SAMUELSON MURIO AYER A LOS 94 AñOS
Una mente brillante
El economista estadounidense Paul Samuelson murió ayer a los 94 años en su casa de Belmont, Massachusetts. Era considerado uno de los principales referentes de la economía moderna por la calidad científica de sus trabajos y la enorme influencia que tuvo a través de sus libros en varias generaciones de estudiantes y graduados. En 1970 ganó el Premio Nobel de Economía y en 1996 obtuvo la Medalla Nacional de las Ciencias, la mayor distinción científica de Estados Unidos. Fue un profesional que a lo largo de su vida escapó a los encasillamientos, a punto tal que combinó elementos de las teorías neoclásica y keynesiana. Reivindicaba el libre mercado, pero sin renegar de la intervención estatal.
Samuelson nació en Gari, Indiana, el 15 de mayo de 1915. A los 20 años se graduó en la Universidad de Chicago y a los 23 se casó con una ex alumna de esa casa de estudios con la cual tuvo seis hijos (incluidos unos trillizos) que luego llegarían a darle 15 nietos. Se doctoró en Harvard con las máximas distinciones ante un tribunal presidido por el prestigioso economista austríaco Joseph Schumpeter. En 1940 comenzó su carrera docente en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), casa de estudios que ayer se encargó de comunicar su fallecimiento.
Fue asesor del ex presidente John F. Kennedy (1961-1963) y de Lyndon Johnson (1963-1969), pero seguramente por lo que más va a ser recordado es por su libro Curso de Economía Moderna, publicado en 1948. Ese texto fue traducido a más de 40 idiomas, registra 19 ediciones sólo en inglés y llegó a vender más de 4 millones de copias durante los últimos sesenta años.
En un informe enviado a Kennedy en 1961, Samuelson afirmó que la reducción temporal de impuestos sobre la renta individual podía ser un “arma poderosa para luchar contra la recesión”. El entonces presidente aceptó el consejo, pero fue asesinado antes de poder aprobar la medida. Johnson ejecutó luego el plan de Samuelson y la idea del economista contribuyó en gran medida a impulsar el “boom” económico de los años ‘60.
Fue un pionero en la matematización de la teoría económica y un defensor de la economía mixta, ya que cuestionó con dureza a los regímenes comunistas y a quienes propugnaban el libre mercado en estado puro. De hecho, fue un crítico feroz de Milton Friedman y Friedrich Hayek. En un artículo titulado “Adiós al capitalismo de Friedman y Hayek”, publicado a fines del año pasado, luego del estallido de la crisis económica mundial, escribió que “en el fondo de este caos financiero, el peor en el siglo, encontramos lo siguiente: el capitalismo libertario del laissez faire que predicaban Friedman y Hayek, al que se permitió desbocarse sin reglamentación. Esta es la fuente primaria de nuestros problemas actuales. Hoy estos dos hombres están muertos, pero sus envenenados legados continúan”.
En 1970, cuando obtuvo el Premio Nobel de Economía, el segundo en Ciencias Económicas que otorgaba la Real Academia de Ciencias de Suecia y el primero que concedía a un estadounidense, la institución dijo que Samuelson había hecho más que cualquier otro economista contemporáneo para aumentar el nivel del análisis científico en la teoría económica, recordó ayer el MIT. “Paul Samuelson transformó todo lo que tocó: las bases teóricas de su campo, la manera en que se enseñaba la economía en todo el mundo, el espíritu y el estatus de su Departamento, las prácticas de inversión del MIT y las vidas de sus colegas y estudiantes”, señaló la presidenta del Instituto. Otra de sus virtudes fue el entusiasmo que dedicó a la divulgación de sus ideas a través de medios masivos de comunicación. De hecho, la revista Newsweek publicó durante varios años sus influyentes columnas.
Página/12
La teoría económica neoliberal y el desprecio de los hechos más elementales
Paul Krugman · · · · ·
08/11/09
Matthew Yglesias pilla a Eugene Fama (1) en una extraña afirmación:
“A partir de comienzos de la década de los 80, el mundo desarrollado y algunos de los grandes jugadores del mundo desarrollado experimentaron un período de extraordinario crecimiento. Se puede argüir razonablemente que, al facilitar el flujo de los ahorros mundiales hacia usos productivos en todo el mundo, los mercados financieros y las instituciones financieras desempeñaron un gran papel en ese crecimiento.”
La afirmación sobre los países desarrollados es, huelga decirlo, de todo punto falsa. Véase esta figura, extraída de la colección de datos de Angus Maddison, sobre la evolución del crecimiento en los países desarrollados:
Y, como bien apunta Matt, la gran historia de éxitos del mundo en vías de desarrollo ha sido China, en donde el acicate ha sido el fin del comunismo, no las finanzas modernas. En realidad, otorgar a las finanzas tal papel es todavía más absurdo de lo que cree Matt: China no ha registrado flujos netos de ingreso de capital, en parte porque ha mantenido controles de capitales que le han permitido aislarse de todo el tinglado financiero.
Así pues, ¿por qué cree Fama que ocurrió algo maravillosos a comienzos de los 80? En parte, sospecho yo, porque en su medio lo políticamente correcto es pretender que nada bueno ocurrió hasta que llegó Reagan. Y eso tiene un efecto verdaderamente extraño en el contexto norteamericano, a saber: el mejor cuarto de siglo de crecimiento jamás experimentado por los EEUU, la generación de postguerra –la era, pues, en la que el grueso de los fundadores del neoconservadurismo adquirió uso de razón—, ha sido tragada por el sumidero de la memoria. Después de todo, es imposible que los niveles de vida llegaran a doblarse bajo un régimen con elevados tipos fiscales marginales, generosos salarios mínimos y robustos sindicatos. Así pues, esa época no existió.
NOTA T.: (1) Eugene Fama es un conocido y veterano “Chicago boy”, profesor de finanzas en la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago.
Paul Krugman es profesor de Economía de Princeton y premio Nobel de Economía en 2008.
Traducción para www.sinpermiso.info: Ricardo Timón
Patada a la escalera: La verdadera historia del libre comercio, por HJ. Chang
por Ha-Joon Chang.
Facultad de Ciencias Económicas y Ciencias Políticas Universidad de Cambridge
1. Introducción
Un aspecto central del discurso neoliberal sobre la mundialización o «globalización» es la afirmación de que el libre comercio, más que la libre circulación del capital y el trabajo, es la clave de la prosperidad general. Incluso muchos autores que no son entusiastas respecto de todos los aspectos de la mundialización —desde el economista teórico del libre comercio Jagdish Bhagwati que aboga por controles de capital, hasta algunas organizaciones no gubernamentales que acusan a los países desarrollados de no abrir sus mercados agrícolas— parecen estar de acuerdo en que el libre comercio es el elemento más benigno —o, al menos, el menos problemático— del progreso hacia una economía mundializada.
Parte de la convicción de la conveniencia del libre comercio de los partidarios de la mundialización proviene de la creencia de que la teoría económica ha establecido irrefutablemente la superioridad del libre comercio. O, bueno… casi, ya que hay algunos modelos formales que muestran que el libre comercio puede no ser lo mejor (pero incluso los que han ideado esos modelos, como Paul Krugman, argüirán que la liberalización del comercio es la mejor política porque es casi seguro que las políticas comerciales intervencionistas sufrirán abusos por parte de los políticos). Sin embargo, incluso más poderosa es su creencia de que la historia está de su parte, por decirlo de alguna manera. Al fin y al cabo, preguntan los partidarios del libre comercio, ¿no fue mediante el libre comercio como todos los países desarrollados se hicieron ricos? ¿Qué estarán pensando los países en desarrollo —se preguntan— que rechazan adoptar esa receta probada y demostrada para el desarrollo económico?
Un examen más atento de la historia del capitalismo revela sin embargo una historia muy distinta (Chang, 2002). Como mostrará este trabajo, cuando eran países en desarrollo, prácticamente ninguno de los países hoy desarrollados practicaba el libre comercio (ni una política industrial de liberalización como contrapartida doméstica) sino que promovía sus industrias nacionales mediante aranceles, tasas aduaneras, subsidios y otras medidas. La mayor brecha entre la historia «real» y la historia «imaginaria» de la política comercial es la que se refiere a Gran Bretaña y EE. UU., que son considerados países que alcanzaron la cima de la jerarquía económica mundial adoptando políticas de libre comercio cuando otros países bregaban aún con políticas mercantilistas obsoletas. Como veremos con cierto detalle en este trabajo, en sus estadios iniciales de desarrollo esos dos países fueron de hecho los pioneros y, a menudo, los más ardientes practicantes de medidas comerciales intervencionistas y políticas industriales.
En este trabajo se desmitifica el libre comercio desde una perspectiva histórica y se muestra la urgente necesidad de un replanteamiento global de ciertas ideas clave de la «sabiduría convencional» en el debate sobre las políticas comerciales y, más en general, sobre la mundialización.
2. Lo que falta en la «historia oficial del capitalismo»
La «historia oficial del capitalismo», de la que parte el debate actual sobre la política comercial, el desarrollo económico y la mundialización, es algo así como lo siguiente.
Desde el siglo XVIII Gran Bretaña demostró la superioridad de la política de libre comercio derrotando a la Francia intervencionista, su principal competidor en aquel momento, y estableciéndose como máxima potencia económica mundial.
Especialmente una vez que hubo abandonado el deplorable proteccionismo agrícola (las leyes cerealeras) y otros restos de las viejas medidas mercantilistas de proteccionismo en 1864, fue capaz de asumir la función de arquitecto y figura hegemónica de un nuevo orden económico mundial «liberal». Este orden mundial liberal o liberalizado, que hacia 1870 alcanzó un notable grado de perfección, estaba basado en las políticas industriales de laissez faire en el interior, en la supresión de barreras al flujo internacional de bienes, capital y trabajo, y en la estabilidad macroeconómica, tanto nacional como internacional, garantizada por el patrón oro y el principio del equilibrio presupuestario. A todo ello siguió una época de prosperidad sin precedentes.
Lamentablemente, según esta versión de la historia, las cosas comenzaron a torcerse con la primera guerra mundial. En respuesta a la inestabilidad subsiguiente del sistema económico y político mundial los países comenzaron otra vez a levantar barreras al comercio. En 1930 también los EE. UU. abandonaron el libre comercio y establecieron barreras comerciales como el infame Arancel Smoot-Hawley, que el famoso teórico del libre comercio Jagdish Bhagwati llamó «el acto más visible y llamativo de locura anticomercial» (Bhagwati, 1985, p. 22, nota 10). El sistema mundial de libre comercio acabó finalmente en 1932, cuando Gran Bretaña, hasta entonces campeona del libre cambio, sucumbió a la tentación y reintrodujo los aranceles. La contracción y la inestabilidad de la economía mundial resultantes y luego la segunda guerra mundial destruyeron los últimos restos del primer orden liberal mundial.
Después de la segunda guerra mundial, sigue la historia, hubo algunos progresos significativos en la liberalización del comercio mediante las primeras conversaciones del GATT (General Agreement on Trade and Tariffs, Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio). Desgraciadamente, sin embargo, los enfoques dirigistas de la gestión económica dominaron en las esferas de decisión política hasta la década de los años setenta en el mundo desarrollado y hasta comienzos de los ochenta en el mundo en desarrollo (y en el mundo comunista hasta su colapso en 1989).
Afortunadamente, se nos dice, las políticas intervencionistas han sido en gran medida abandonadas a lo ancho y largo del mundo desde los años ochenta con el ascenso del neoliberalismo, que hace hincapié en las virtudes de un gobierno reducido, las políticas de no intervención y la apertura internacional. Especialmente en el mundo en desarrollo a finales de los años setenta el crecimiento económico había empezado a flaquear en la mayor parte de los países excepto Asia oriental y el Sudeste asiático, que ya estaban siguiendo políticas «buenas» (de libre mercado y libre comercio). Este fallo de crecimiento que a menudo se manifestó en las crisis económicas de comienzos de los años ochenta expuso las limitaciones del intervencionismo y el proteccionismo de viejo cuño. La consecuencia ha sido que la mayor parte de los países en desarrollo se embarquen en reformas de sus políticas en sentido neoliberal.
Combinadas con el establecimiento de nuevas instituciones de gobernación y regulación representadas por la Organización Mundial del Comercio (OMC), estos cambios de políticas a nivel nacional han creado un nuevo orden económico mundial solo comparable en su prosperidad (al menos potencial) a la previa «edad de oro» del liberalismo (1870-1914). Renato Ruggiero, el primer Director General de la OMC, arguye así que gracias a este nuevo orden económico mundial existe ahora «el potencial para erradicar la pobreza mundial en las fases iniciales del próximo siglo [XXI], una noción utópica incluso hace pocas décadas, pero una posibilidad que hoy es real» (Ruggiero 1998, p. 131).
Como veremos más adelante, esta historia describe un cuadro que en lo fundamental desorienta, aunque no por ello sea menos poderoso. Y hay que aceptar que tiene cierto sentido decir que el final del siglo XIX puede describirse como una era de laissez faire.
Ciertamente hubo un periodo a finales del siglo XIX que, aunque corto, se caracterizo por el predominio de regímenes comerciales liberalizados en grandes sectores de la economía mundial. Entre 1860 y 1880 muchos países europeos redujeron sus aranceles sustancialmente. Al mismo tiempo, la mayor parte del resto del mundo tuvo que practicar el libre comercio a la fuerza por el colonialismo y los tratados en condiciones de desigualdad en el caso de unos pocos países formalmente independientes, como los países latinoamericanos, China, Tailandia (la antigua Siam), Irán (Persia), Turquía (el Imperio Otomano de entonces) e, incluso, el Japón hasta 1911. Por supuesto, la excepción era EE. UU., país que mantenía tarifas muy altas incluso durante esta época. Sin embargo, dado que EE. UU. era entonces solo una pequeña parte de la economía mundial, tiene cierto fundamento decir que esa fue la época más cercana al libre comercio que se ha alcanzado en toda la historia.
Más importante es, sin embargo, que antes de la primera guerra mundial el alcance de la intervención de los estados era bastante limitado si se compara con estándares modernos. Los estados tenían capacidades presupuestarias limitadas por la inexistencia de impuestos sobre la renta en la mayor parte de los países y el dominio de la doctrina del equilibrio presupuestario.3 También tenían una capacidad limitada para aplicar políticas monetarias, por carecer muchos de ellos de banco central y por la vigencia del patrón oro que limitaba en gran medida el margen de los gobiernos para aplicar políticas.4 También era limitado su control de recursos de inversión, ya que los Estados era propietarios o reguladores de escasas instituciones financieras o empresas industriales. Una consecuencia quizás paradójica de todas esas limitaciones es que la protección arancelaria era en el siglo XIX mucho más importante como instrumento de política que en nuestra era.
A pesar de estas limitaciones, como veremos, prácticamente todos los países que hoy son países desarrollados —o países hoy desarrollados (a partir de aquí PHD)— aplicaron activamente políticas comerciales intervencionistas e industriales dirigidas a promover —y no solo «proteger», hay que dejarlo claro— las industrias nacientes durante el periodo de despegue.5
3. Historia de las políticas comerciales e industriales de los países hoy desarrollados
3.1. Gran Bretaña
Siendo Gran Bretaña la cuna de las modernas doctrinas de laissez faire y el único país que puede proclamar haber practicado el libre comercio absoluto al menos en un momento de la historia, muy a menudo se considera que su desarrollo tuvo lugar sin intervención estatal significativa. En realidad, la verdad es muy distinta.
Cuando Gran Bretaña entró en su etapa posfeudal (siglos XIII y XIV), su economía estaba relativamente atrasada, basada en exportaciones de lana en bruto y, en menor medida, tejidos de lana de poco valor añadido, a los Países Bajos, entonces más avanzados (Ramsay, 1982, p. 59; Davies, 1999, p. 348). Se considera que Eduardo III (1312-1377) fue el primer rey que tomó medidas deliberadas para desarrollar las manufacturas locales de tejidos de lana. Solo vestía ropas hechas en Inglaterra para dar ejemplo, trajo tejedores de Flandes, centralizó el comercio de la lana y prohibió las importaciones de tejidos de lana (Davies, 1999, p. 349; Davis, 1966, p. 281).6
La dinastía de los Tudor dió mayor ímpetu a esas políticas. El famoso comerciante y político Daniel Defoe, autor de la novela Robinson Crusoe, describe estas políticas en su obra ahora casi olvidada, A Plan of the English Commerce («Un comercial de Inglaterra», 1728). Defoe describe con cierto detalle cómo los monarcas de la dinastía Tudor, sobre todo Enrique VII (1485-1509), transformaron Inglaterra de un país exportador de lana bruta a un formidable fabricante mundial de productos laneros (Defoe 1728, pp. 81-101). Según Defoe, en 1489 Enrique VII puso en marcha medidas para promover las manufacturas laneras, enviando misiones reales para determinar localizaciones apropiadas para las manufacturas de lana, trayendo trabajadores calificados de los Países Bajos, aumentando los aranceles a las exportaciones de lana bruta y prohibiendo incluso temporalmente la exportación de lana bruta (más detalles en Ramsay, 1982).
Por razones obvias es difícil establecer la importancia exacta de estas medidas de promoción de las industrias incipientes. Sin embargo, sin estas medidas hubiera sido difícil para Gran Bretaña tener su éxito inicial en la industrialización, sin el cual su revolución industrial hubiera sido prácticamente imposible.
Sin embargo, el hecho más importante en el desarrollo industrial de Inglaterra fue la reforma introducida en 1721 por Robert Walpole, Primer Ministro durante el reinado de Jorge I (1660-1727). Antes de esta fecha las políticas del gobierno británico estaban en general dirigidas a lograr posibilidades de comercio y generar recursos fiscales para el gobierno. Incluso la promoción de las manufacturas laneras estaba en parte motivada por consideraciones de recaudación fiscal. Por el contrario, las políticas introducidas a partir de 1721 estaban deliberadamente dirigidas a promover las industrias manufactureras. Al presentar la nueva ley mediante el discurso real ante el Parlamento, Walpole declaró que «es evidente que nada contribuye tanto a la promoción del bienestar público como la exportación de productos manufacturados y la importación de materias primas extranjeras» (citado en List, 1885, p. 40).
La legislación de 1721 y los cambios de políticas que se implementaron más tarde incluyeron las siguientes medidas (detalles en Brisco, 1907, pp. 131-3, p. 148-55, pp. 169-71; McCusker, 1996, p. 358; Davis, 1966, pp. 313-4). En primer lugar, se redujeron los aranceles sobre las materias primas usadas en las manufacturas e incluso fueron eliminados del todo. En segundo lugar, se aumentaron las devoluciones de impuestos aduaneros a las materias primas importadas para fabricar manufacturas exportadas. En tercer lugar, se abolieron los impuestos a la exportación de la mayor parte de las manufacturas. En cuarto lugar, se elevaron los aranceles a las importaciones de productos extranjeros manufacturados. En quinto lugar, se ampliaron los subsidios a la exportación (llamados entonces bounties, o sea «primas» u «obsequios») a más productos, como los tejidos de seda y la pólvora, y se aumentaron los subsidios a la exportación de velas de navegación y azúcar refinado.
En sexto lugar, se introdujeron regulaciones para controlar la calidad de los productos manufacturados, especialmente los textiles, para que los fabricantes faltos de escrúpulos no dañaran la reputación de los productos británicos en los mercados extranjeros. Lo que es muy interesante es que estas políticas y los principios que las inspiraban eran misteriosamente similares a las aplicadas por países como Japón, Corea y Taiwán en la posguerra (véase más adelante).
A pesar de que su ventaja tecnológica sobre otros países continuaba aumentando, Gran Bretaña siguió sus políticas de promoción industrial hasta mediados del siglo XIX. Las tarifas británicas sobre los productos manufacturados seguían siendo muy altas incluso en la década 1820-1830, dos generaciones después del comienzo de la Revolución Industrial inglesa.
Sin embargo, hacia el final de las guerras napoleónicas, en 1815, los fabricantes cada vez tenían más confianza en el mercado y la presión para liberalizar el comercio aumentó. Hubo un recorte sustancial de tarifas en 1833, pero el cambio sustancial tuvo lugar en 1846, cuando se derogaron las leyes cerealeras y se abolieron los aranceles sobre muchos productos manufacturados (Bairoch, 1993, pp. 20-1).
La derogación de las leyes cerealeras suele verse hoy como la victoria final de la doctrina económica liberal clásica sobre el necio mercantilismo. No hay que subestimar el papel de la teoría económica en este cambio de política, pero probablemente es mejor entenderlo como un acto de «imperialismo librecambista» (free trade imperialism, el término es de Gallagher y Robinson, 1953), dirigido a «bloquear el proceso de industrialización en el continente aumentando el mercado para los productos agrícolas y las materias primas» (Kindleberger, 1978, p. 196). De hecho, así era como lo veían muchos líderes de la campaña para derogar las leyes cerealeras, por el ejemplo el político Robert Cobden, y John Bowring, de la Cámara de Comercio (Kindleberger, 1975, Reinert 1998).7 La visión de Cobden queda claramente expuesta en este pasaje: Seguro que el sistema fabril no se hubiera desarrollado en América y Alemania. Seguro que no habría florecido tampoco, como lo ha hecho, en esos estados y en Francia, Bélgica y Suiza, sin el acicate del botín que la comida cara del artesano británico ha ofrecido al trabajador alimentado barato de las manufacturas de esos países (The Political Writings of Richard Cobden, 1868, William Ridgeway, Londres, vol. 1, p. 150; citado en Reinert, 1998, p. 292).
Aunque la derogación de las leyes cerealeras pudo tener un valor simbólico, la abolición de la mayor parte de los aranceles tuvo lugar a partir de 1860. Sin embargo, la era del libre comercio no duró mucho. Terminó cuando Gran Bretaña reconoció finalmente que había perdido su predominio manufacturero y reintrodujo los aranceles a gran escala en 1932 (Bairoch, 1993, pp. 27-28).
Así, contrariamente a lo que suele creerse, el predominio tecnológico británico que permitió pasar al libre comercio fue conseguido «bajo la protección de aranceles duraderos y sustanciales» (Bairoch, 1993, p. 46). Y, por esa razón, Friedrich List, el economista alemán del siglo XXI al que a menudo se presenta como padre de la moderna teoría de la «industria incipiente» (erróneamente, véase la sección 3.2 más adelante), escribió lo siguiente.
Una vez que se ha alcanzado la cima de la gloria, es una argucia muy común darle una patada a la escalera por la que se ha subido, privando así a otros de la posibilidad de subir detrás. Aquí está el secreto de la doctrina cosmopolítica de Adam Smith y de las tendencias cosmopolíticas de su gran contemporáneo William Pitt, así como de todos sus sucesores en las administraciones del gobierno británico.
Para cualquier nación que, por medio de aranceles proteccionistas y restricciones a la navegación, haya elevado su poder industrial y su capacidad de transporte marítimo hasta tal grado de desarrollo que ninguna otra nación pueda sostener una libre competencia con ella, nada será más sabio que eliminar esa escalera por la que subió a las alturas y predicar a otras naciones los beneficios del libre comercio, declarando en tono penitente que siempre estuvo equivocada vagando en la senda de la perdición, mientras que ahora, por primera vez, ha descubierto la senda de la verdad (List, 1885, pp. 295-6, cursivas añadidas, HJC).
3.2. Estados Unidos
Hemos visto que Gran Bretaña fue el primer país que usó con éxito una estrategia proteccionista de la industria naciente. Sin embargo, el más ardiente practicante de esta política fue Estados Unidos, país al que el eminente historiador económico Paul Bairoch llamó «el país madre y el bastión del proteccionismo moderno» (Bairoch, 1993, p. 30). Es interesante que esto sea raramente reconocido en las publicaciones modernas, sobre todo las que proceden de EE. UU.8 Sin embargo, la importancia de la protección de la industria incipiente en EE. UU. es indudable.
Desde los primeros días de la colonización la protección de la industria fue un tema controvertido en el territorio de lo que luego serían los EE. UU. De entrada, Gran Bretaña no quería industrializar las colonias y puso en marcha políticas a tal efecto (como prohibir las manufacturas de alto valor añadido). En el momento de la independencia los intereses agrarios del sur se oponían a cualquier proteccionismo, mientras que los intereses de las manufacturas del norte, representados entre otros por Alexander Hamilton, primer Secretario del Tesoro de los EE. UU. (1789-95), estaban a favor del proteccionismo.
Fue de hecho Alexander Hamilton en su Reports of the Secretary of the Treasury on the Subject of Manufactures («Informes del Secretario del Tesoro sobre el Asunto de las Manufacturas», 1791), y no el economista alemán Friedrich List, como a menudo se piensa, quien presentó sistemáticamente por primera vez la defensa de la industria naciente (Corden, 1974, cap. 8; Reinert, 1996). De hecho, List comenzó siendo un librecambista partidario de la libre comercio y solo se convirtió a la defensa de la industria incipiente tras su exilio en EE. UU. (1825-1830) (Henderson, 1983, Reinert, 1998). Muchos intelectuales y políticos estadounidenses de la época de crecimiento económico acelerado de los EE. UU. entendieron claramente que la teoría del libre comercio promovida por los economistas clásicos británicos no era apropiada para su país. De hecho, los estadounidenses estaban protegiendo su industria contra los consejos de grandes economistas como Adam Smith y Jean Baptiste Say.9
En sus Reports , Hamilton afirmó que la competencia foránea y «la fuerza de la costumbre» harían que en los EE. UU no se iniciarían nuevas industrias que pronto podrían ser internacionalmente competitivas («industrias nacientes»),10 a menos el gobierno garantizara las potenciales pérdidas iniciales (Dorfman y Tugwell, 1960, pp. 31-2; Conkin, 1980, pp. 176-7). Esa ayuda, decía Hamilton, podría ser en forma de tasas a la importación o, en raros casos, prohibición de las importaciones (Dorfman y Tugwell, 1960, p. 32). Hamilton también pensaba que los aranceles sobre materias primas debían ser generalmente bajos (p. 32). El argumento es muy semejante al de Walpole (que se presentó en la sección 3.1), lo que no pasó desapercibido para los contemporáneos, especialmente los enemigos políticos de Hamilton en América (Elkins y McKitrick, 1993, p. 19).11
Inicialmente EE. UU. no tenía un sistema arancelario federal, pero cuando el congreso adquirió el poder para imponer impuestos, pasó una ley liberal de derecho de aduana (1789) que impuso un arancel del 5% sobre todas las importaciones, con ciertas excepciones (Garraty y Carnes, 2000, pp. 139-40, p. 153; Bairoch, 1993, p. 33).
Y a pesar de los Reports de Hamilton, entre 1792 y la guerra con Gran Bretaña en 1812, el nivel arancelario promedio siguió alrededor del 12,5%, aunque durante la guerra todos los aranceles se doblaron para suplir fondos para los gastos gubernamentales aumentados por la guerra (p. 210).
Hubo un cambio significativo de política en 1816, cuando se introdujo una nueva ley para mantener el nivel de los aranceles en cifras similares a las de tiempos bélicos, con especial protección para los productos de las manufacturas algodoneras, laneras y metalúrgicas (Garraty y Carnes, 2000, p. 210; Cochran y Miller, 1942, pp. 15-6). Entre 1816 y el final de la segunda guerra mundial, el nivel de los aranceles estadounidenses para importaciones de productos manufacturados era uno de los más altos del mundo. Dado que el país disfrutaba de un grado excepcionalmente elevado de protección «natural» por los altos costes de transporte, al menos hasta la década 1870-1880, puede decirse que las industrias estadounidenses fueron las más protegidas del mundo hasta 1945.
Incluso el Arancel Smoot-Hawley de 1930, que Bhagwati pinta en el pasaje citado como una ruptura radical con una posición histórica de libre comercio, solo aumentó marginalmente (si acaso) el grado de proteccionismo de la economía estadounidense. Como muestran los datos, el arancel promedio resultante de esa ley fue 48%, cifra que está en el intervalo de aranceles promedios aplicados por EE. UU. desde la Guerra Civil, aunque sea en la región superior de dicho intervalo.
Solo en relación con el breve interludio «liberal» de 1913-1929 puede interpretarse la tarifa de 1930 como un fortalecimiento del proteccionismo que, de todas formas, tampoco fue exagerado (de un 37% en 1925 a un 48% en 1931).
En este contexto es importante hacer notar que en la Guerra Civil Americana los aranceles fueron tan importantes, si no más, que la esclavitud. De los dos problemas clave que dividían al Norte y al Sur, el Sur tenía mucho más que perder en el frente arancelario que en el frente esclavista. Abraham Lincoln era un proteccionista famoso curtido en política bajo el carismático político Henry Clay, del Whig Party, que favorecía un sistema basado en el desarrollo de las infraestructuras y el proteccionismo, el llamado «sistema americano» (así denominado para indicar que el libre comercio era «británico», por ser favorable a Gran Bretaña) (Luthin, 1944, pp. 610-1; Frayssé, 1986, pp. 99-100). Además, Lincoln pensaba que los negros eran racialmente inferiores y consideraba que la emancipación de los esclavos era una propuesta idealista que no tenía ninguna posibilidad de ser puesta en práctica de inmediato (Garraty y Carnes, 2000, pp. 391-2; Foner, 1998, p. 92). Se dice que la emancipación de los esclavos de 1862 fue simplemente una jugada estratégica de Lincoln para ganar la guerra, sin que partiera de ninguna convicción moral (Garraty y Carnes, 2000, p. 405).12 EE. UU. liberalizó su comercio y comenzó a ser campeón de la causa del libre comercio tras la segunda guerra mundial (aunque no tan inequívocamente como lo había hecho Gran Bretaña a mediados del siglo XIX), cuando su supremacía industrial era indisputable, probando una vez más que List tenía razón en su metáfora de la «patada a la escalera».13 La cita siguiente, de Ulysses Grant, héroe de la Guerra Civil y presidente de EE. UU. de 1868 a 1876, muestra claramente que los estadounidenses no se hacían ilusiones sobre la patada a la escalera del lado británico y del suyo propio: Durante siglos Inglaterra confió en medidas de protección, las llevó al extremo y obtuvo resultados satisfactorios. No cabe duda de que a ese sistema debe su fortaleza actual. Tras dos siglos, Inglaterra ha encontrado conveniente adoptar el libre comercio porque la protección ya no tiene nada que ofrecer.
Muy bien, caballeros, mi conocimiento de nuestro país me lleva a pensar que en un par de siglos, cuando América haya obtenido todo lo posible de la protección, adoptará el libre comercio.14
Aunque pueda haber sido importante, la protección arancelaria no fue la única política aplicada por el gobierno estadounidense para promover el desarrollo económico del país durante su fase de despegue. Desde la década de 1830, si no antes, se promovió una extensa red de investigación agrícola cediendo tierra propiedad del gobierno a escuelas de agronomía y estableciendo institutos de investigación gubernamentales (Kozul-Wright, 1995, p. 100). En la segunda mitad del siglo XIX aumentaron las inversiones públicas en educación –en 1840 menos de la mitad del total de la inversión en educación era inversión pública, pero este porcentaje había aumentado casi a 80%— y se elevó el porcentaje de alfabetización a 94% en 1900 (p. 101, nota 37). También se impulsó el desarrollo de la infraestructura de transporte, especialmente mediante la cesión de tierra y la concesión de subsidios a las compañías de ferrocarriles (pp. 101-2).
Es también importante señalar que el papel del gobierno federal estadounidense en el desarrollo industrial ha sido significativo incluso en la posguerra, gracias al gran volumen de las adquisiciones en defensa y del gasto en investigación y desarrollo (I + D), que tiene enormes efectos de difusión (Shapiro y Taylor, 1990, p. 866; Owen, 1966, cap. 9; Mowery y Rosenberg, 1993).15 La participación del gobierno federal en el gasto total de I + D que era solo 16% en 1930 (Owen, 1966, pp. 149-50), se mantuvo en una proporción de entre la mitad y dos tercios en los años de la posguerra (Mowery y Rosenberg, 1993,). También hay que señalar el papel crítico de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, National Institutes of Health, una institución del gobierno estadounidense) en el apoyo a la I +D de la industria farmacéutica y biotecnológica. Según fuentes de la misma asociación de la industria farmacéutica estadounidense (http://www.phrma.org/publications), solo 43% de la I +D farmacéutica es financiada por la misma industria, mientras que un 29% es financiado por los NIH.
3.3. Alemania
Hoy suele considerarse a Alemania como cuna de las medidas proteccionistas de la industria naciente, tanto en lo que hace a las teorías proteccionistas como en lo referente a las políticas mismas de protección. Sin embargo, desde el punto de vista histórico, la protección arancelaria tuvo realmente un papel mucho menor en el desarrollo económico de Alemania que en el del Reino Unido o los EE. UU.
La protección arancelaria para la industria en Prusia antes de la unión aduanera alemana de 1834, bajo liderazgo prusiano (Zollverein), y las medidas proteccionistas otorgadas posteriormente a la industria alemana en general fueron en general moderadas (Blackbourn, 1997, p. 117). En 1879, el Canciller de Alemania, Otto von Bismarck, introdujo un gran aumento de aranceles para fundamentar la alianza política entre los junkers (terratenientes) y los empresarios de la industria pesada, lo que se conoció entonces como «el matrimonio del hierro y el centeno». Sin embargo, incluso tras estas medidas la protección sustancial se otorgó tan solo a las industrias pesadas clave, especialmente la industria siderúrgica, y las medidas de protección a la industria permanecieron en general en niveles bajos (Blackbourn, 1997, p. 320). El nivel de protección de las manufacturas alemanas era uno de los menores entre países comparables a lo largo del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX.
La protección arancelaria relativamente escasa no significa sin embargo que el Estado alemán adoptara una actitud de laissez faire en lo que hace al desarrollo económico. Especialmente bajo Federico Guillermo I (1713-1740) y Federico el Grande (1740-1786), el Estado prusiano puso en marcha diversas medidas para promover nuevas industrias —especialmente textiles (lino sobre todo), metales, armamentos, porcelana, seda y azúcar refinado —mediante la concesión de derechos de monopolio, protección comercial, subsidios a la exportación, inversiones de capital y captación de trabajadores calificados en el exterior (Trebilcock, 1981, pp. 136-52).
Desde comienzos del siglo XIX, el estado prusiano también invirtió grandes cantidades en infraestructura, siendo el ejemplo más famoso la financiación gubernamental de la construcción de carreteras en el Ruhr (Milward y Saul, 1979, p. 417). También puso en marcha una reforma educativa que no solo creó nuevas escuelas y universidades, sino que reorientó la enseñanza desde la teología hacia la ciencia y la tecnología —en una época en la que estas ni siquiera se enseñaban en Oxford y Cambridge (Kindleberger, 1978, p. 191).16 La intervención del gobierno prusiano tuvo algunos efectos que frenaron el crecimiento, por ejemplo la oposición al desarrollo de la banca (Kindleberger, 1978, pp. 199-200). Sin embargo, globalmente, hay que estar de acuerdo con Milward y Saul (1979), que afirman que «para los países exitosos en el proceso de industrialización la actitud tomada por los gobiernos alemanes de comienzos del siglo XIX parecía mucho más cercana a la realidad económica que el modelo idealizado y a menudo simplificado de lo que había pasado en Gran Bretaña o Francia que les presentaban los economistas» (p. 418).
Tras la década 1840-1850, el desarrollo del sector privado conllevó una menor intrusión del Estado alemán en el desarrollo industrial (Trebilcock, 1981, p. 77). Sin embargo, esto no supuso una retirada del Estado, sino una transición de un papel directivo a un papel de orientación. Durante el Segundo Reich (1870 – 1914), hubo una erosión ulterior de la capacidad estatal y de su participación en el desarrollo industrial, aunque el Estado todavía jugaba un papel importante mediante su política de aranceles y de asociaciones de fabricantes (Tilly, 1996).
3.4. Francia
Igual que en caso alemán, también hay un mito duradero en lo que se refiere a la política económica francesa. Es la idea, propagada sobre todo por la opinión liberal británica, de que Francia ha sido siempre una economía con dirección estatalizada, una especia de antítesis del laissez faire británico. Esta caracterización puede ser válida para el periodo prerrevolucionario y la posguerra tras 1945, pero no para el resto de la historia del país.
La política económica francesa en el periodo prerrevolucionario, a menudo conocida como colbertismo —por Juan-Bautista Colbert (1619-1683), famoso ministro de finanzas bajo Luis XIV—, fue ciertamente intervencionista en grado sumo.
Así, por ejemplo, en el siglo XVIII el Estado francés intentó reclutar trabajadores calificados en Gran Bretaña y promovió el espionaje industrial.17
Sin embargo, la Revolución cambió drásticamente ese curso. Milward y Saul (1979) explican que la Revolución trajo consigo un cambio muy marcado en la política económica del gobierno francés, porque «la destrucción del absolutismo parecía conectada en las mentes de los revolucionarios con la introducción de un sistema más liberal» (p. 284). Especialmente tras la caída de Napoleón, el régimen de políticas de laissez faire quedó firmemente establecido y se mantuvo hasta la segunda guerra mundial.
Por ejemplo, contra la idea convencional que enfrenta la Gran Bretaña librecambista contra la Francia proteccionista durante el siglo XIX, Nye (1991) examina detalladamente los datos y concluye que «el régimen comercial de Francia era más liberal que el de Gran Bretaña a lo largo de la mayor parte del siglo XIX, incluso en el periodo 1840- 1860» (p. 25) [que son los años en los que suele situarse el inicio del libre comercio completo en Gran Bretaña]. Si se cuantifican el proteccionismo mediante la recaudación de aduanas expresada como porcentaje del valor neto de las importaciones (una medida estándar de proteccionismo usada sobre todo por historiadores), Francia fue siempre menos proteccionista que Gran Bretaña entre 1821 y 1875, especialmente hasta comienzo de la década de 1860.
Es interesante observar que la excepción parcial en este siglo y medio de «liberalismo» fue la Francia de Napoleón III (1848-1870), única época de dinamismo económico francés durante este periodo (Trebilcock, 1981, p. 184). Bajo Napoleón III, el Estado francés apoyó activamente el desarrollo de las infraestructuras y estableció diversas instituciones de investigación y desarrollo (Bury, 1964, cap. 4). También modernizó el sector financiero del país permitiendo la responsabilidad limitada para las inversiones en este sector y actuando como supervisor de las grandes instituciones financieras modernas (Cameron, 1953).
En el frente de la política comercial, Napoleón III firmó en 1860 el famoso tratado comercial anglofrancés Cobden-Chevalier, que fue el clarín del periodo de liberalismo comercial en el continente (1860-79) (más detalles en Kindleberger, 1975).
Sin embargo, el grado de proteccionismo en Francia era ya bastante bajo cuando se firmó el tratado (era realmente menor que en la Gran Bretaña de esos años) y, por lo tanto, el nivel de protección resultante era relativamente pequeño.
El tratado se dejó caducar en 1892 y muchos aranceles, especialmente los de los productos manufacturados, se incrementaron. Sin embargo, esto tuvo muy escasos efectos positivos de la clase que veremos en políticas de tipo similar en países como la Suecia de ese entonces (véase la sección 3.5 más adelante), porque tras ese aumento de aranceles no había una estrategia coherente de fortalecimiento industrial.18
Especialmente durante la III República, la actitud del gobierno francés hacia la política económica era casi tan laissez faire como la del gobierno británico, entonces campeón de libre comercio (Kuisel, 1981, pp. 12-3). Solamente después de la segunda guerra mundial la elite francesa se entusiasmó en la reorganización de su maquinaria estatal para tratar el problema del atraso industrial (relativo) del país. Durante ese periodo, especialmente hasta finales de los años sesenta, el Estado francés utilizó la planificación orientativa, las empresas publicas y lo que hoy se denomina no muy apropiadamente política industrial «estilo Este de Asia» para alcanzar a los demás países avanzados. El resultado fue que Francia asistió a una transformación estructural muy exitosa de su economía y finalmente sobrepasó a Gran Bretaña (véase Shonfield, 1965, y Hall, 1986).
3.5. Suecia
Suecia no entró a su modernidad con un régimen de libre comercio. Tras las guerras napoleónicas el gobierno sueco puso en vigor una ley arancelaria intensamente proteccionista (1816) y prohibió las importaciones y las exportaciones de algunos artículos (Gustavson, 1986, p. 15). Sin embargo, hacia 1830 los aranceles fueron reducidos progresivamente (p. 65) y en 1857 se implantó un régimen arancelario muy reducido (Bohlin, 1999, p. 155).
Sin embargo, esta fase de libre comercio no duró mucho. Hacia 1880 Suecia comenzó a usar tarifas para proteger su sector agrícola contra la competencia americana. Después de 1892 también proporcionó protección arancelaria y subsidios al sector industrial, especialmente al sector emergente de la ingeniería (Chang y Kozul-Wright, 1994, p. 869; Bohlin, 1999, p. 156). A pesar de este desplazamiento al proteccionismo, o quizás debido a él, la economía sueca funcionó muy bien en las décadas siguientes. Según cálculos de Baumol et al. (1990), Suecia fue, después de Finlandia, la segunda economía en cuanto a rapidez del crecimiento (en términos de PIB por hora de trabajo) entre las 16 naciones industriales principales entre 1890 y 1900 y la de crecimiento más rápido entre 1900 y 1913 (p. 88, cuadro 5.1).19
La protección arancelaria y los subsidios no fueron todo lo que Suecia utilizó para promover el desarrollo industrial. Más interesante es que a finales del siglo XIX, Suecia desarrolló una tradición de cooperación estrecha entre las iniciativas públicas y privadas que apenas encuentra paralelo en otros países de esa época, incluida Alemania con su larga tradición de empresas y actividades conjuntas entre los sectores público y privado. Esta tradición surgió a partir de la participación del Estado en planes agrícolas de irrigación y drenaje (Samuelsson, 1968, pp. 71-6) y se aplicó luego al desarrollo de los ferrocarriles en los años 1850-1959, el telégrafo y teléfono en 1880-1889, y la energía hidroeléctrica en la última década del siglo XIX (Chang y Kozul-Wright, 1994, pp. 869-70; Bohlin, 1999, pp. 153-5). La colaboración entre los sectores público y privado también se dio en industrias clave como la siderurgia (Gustavson, 1986, pp. 71-2; Chang y Kozul-Wright, 1994, p. 870). Es interesante que todo esto asemeja los esquemas de colaboración entre el sector público y el sector privado por los que las economías del Este de Asia llegaron a ser famosas (Evans, 1995, es un trabajo clásico sobre este tema).
El Estado sueco hizo grandes esfuerzos para facilitar la adquisición de tecnología extranjera avanzada, incluso espionaje industrial patrocinado por el Estado.
Sin embargo, más notable era su énfasis en acumular lo que la literatura moderna llama «capacidades tecnológicas» (Fransman y King, 1984, y Lall, 1992, son trabajos pioneros sobre este tema). El Gobierno sueco proporcionó becas y ayudas de estadía en el extranjero para estudios e investigación, invirtió en educación, ayudó al establecimiento de institutos de investigación tecnológica y dio financiación directa a la investigación industrial (Chang y Kozul-Wright, 1994, p. 870). La política económica sueca experimentó un cambio significativo desde la victoria electoral del Partido Socialista (que ha estado fuera del gobierno menos de 10 años desde entonces) en 1932 y la firma del «pacto histórico» entre la central sindical y la asociación patronal en 1936 (el acuerdo de Saltsjöbaden) (Korpi, 1983). Desde el principio, las políticas que emergieron tras el pacto de 1936 se centraron en la construcción de un sistema en el que las empresas financiarían un estado del bienestar generoso e invertirían intensamente a cambio de moderación salarial por parte de los sindicatos.
Después de la segunda guerra mundial se usó el potencial de este régimen para promover la renovación industrial. En los años cincuenta y sesenta la central sindical Landsorganisationen i Sverige (LO) adoptó el denominado plan Rehn-Meidner (LO, 1963, describe esa estrategia detalladamente), que introdujo la política llamada de salario solidario, dirigida explícitamente a igualar los salarios en las distintas industrias para el mismo tipo de trabajadores. Se esperaba que esta política generaría presión sobre los capitalistas de los sectores de bajo salario para que aumentaran su capital total o redujeran puestos de trabajo, permitiendo que los capitalistas en el sector de salarios elevados mantuvieran los beneficios adicionales y se expandieran más rápidamente. Esto se complementó con las llamadas políticas activas de mercado laboral, que proporcionaron formación y ayudas para la relocalización de los trabajadores desplazados en este proceso de renovación industrial. Hoy pocos discuten que esta estrategia contribuyó a una exitosa renovación de la industria sueca en las primeras décadas de la posguerra (Edquist y Lundvall, 1993, p. 274).
3.6. Países Bajos
Como es sabido, gracias a sus regulaciones «mercantilistas» agresivas de la navegación, la pesca, y el comercio internacional establecidas desde el siglo XVI, los Países Bajos eran la potencia marítima y comercial dominante en el mundo del siglo XVII, el llamado «siglo de oro» holandés. Sin embargo, el país sufrió un declive marcado en el siglo XVIII, el llamado «periodo Periwig», con la derrota de 1780 en la cuarta guerra angloholandesa que marcó simbólicamente el fin de la supremacía internacional neerlandesa (Boxer, 1965, cap. 10).
El país parece haberse sumido en una parálisis política entre finales del siglo XVII y comienzos del siglo XX. La única excepción fue el esfuerzo del rey Guillermo I (1815-1840), que estableció muchas agencias que proporcionaron financiamiento industrial subvencionado (Kossmann, 1978, pp. 136-8; van Zanden, 1996, pp. 84-5).
Este rey también apoyó mucho el desarrollo de la moderna industria textil algodonera, especialmente en la región de Twente (Henderson, 1972, pp. 198-200).
Sin embargo, a partir de mediados del siglo XIX el país se convirtió a un régimen de liberalismo comercial que duró hasta la segunda guerra mundial. A excepción de Gran Bretaña a finales del siglo XIX y Japón antes de la restauración de la autonomía arancelaria, los Países Bajos seguían siendo la economía menos protegida entre los PHD. En 1869 Holanda también derogó la ley de patentes (primero introducida en 1817), inspirada por el movimiento antipatentes que se extendió por toda Europa en ese entonces y que condenó las patentes como simplemente una forma de monopolio (Schiff, 1971, Machlup y Penrose, 1950). A pesar de las presiones internacionales, el país rechazó reintroducir la ley de patentes hasta 1912.
En general, durante este período del liberalismo comercial extremo, la economía holandesa tuvo un dinamismo escaso y un nivel de industrialización no muy destacado. Según estimaciones de una autoridad en la materia como Maddison (1995), incluso tras un siglo de decadencia relativa Holanda era por su renta en 1820 el segundo país más rico del mundo, a continuación del Reino Unido (en dólares de 1990, $1756 contra $1561). Sin embargo, un siglo después (1913) ya había sido alcanzado al menos por Australia, Nueva Zelanda, EE.UU., Canadá, Suiza y Bélgica y, casi, también por Alemania.
En gran parte por esta razón al final de la segunda guerra mundial se consideró la introducción de políticas más intervencionistas (van Zanden, 1999, pp. 182-4) y especialmente hasta 1963 se pusieron en marcha políticas comerciales e industriales más activas. Se dieron ayudas financieras para dos grandes empresas (una siderúrgica, otra dedicada a la producción de soda) y se aprobaron subsidios para industrializar sectores atrasados, se estímulo la educación técnica, se promovió el desarrollo de la industria del aluminio a través del subvenciones y se desarrollaron las infraestructuras clave.
3.7. Suiza
Suiza fue uno de los países europeos en los que primero comenzó la industrialización, casi dos decenios antes que en Gran Bretaña (Biucchi, 1973, p. 628). Suiza era un líder tecnológico mundial por el número de industrias importantes (Milward y Saul, 1979, pp. 454-55), especialmente en el sector textil algodonero que se consideraba mucho más avanzado tecnológicamente que el de Gran Bretaña (Biucchi, 1973, p. 629).
Dada esta desventaja tecnológica muy pequeña (o nula) con el país líder, la protección de la industria naciente no era muy necesaria para Suiza. También, dado el reducido tamaño del país, la protección habría sido más costosa que para los países más grandes. Por otra parte, la estructura política altamente descentralizada y la pequeñez del país dejaban poco espacio para la protección centralizada de la industria naciente (Biucchi, 1973, p. 455).
Sin embargo, la política de laissez faire comercial de Suiza no significó necesariamente que su gobierno no aplicara ninguna estrategia en sus políticas. Su negativa a implantar una ley de patentes hasta 1907, a pesar de la intensa presión internacional, es un ejemplo en ese sentido. Se arguye que esta política contraria a las patentes contribuyó al desarrollo del país, permitiendo especialmente el «hurto» de ideas alemanas en las industrias química y farmacéutica y estimulando las inversiones directas extranjeras en el sector alimentario (Schiff, 1971; Chang, 2001).
3.8. El Japón y los nuevos países industrializados del Este de Asia
Poco después de la apertura forzosa a los americanos en 1853, el orden político feudal de Japón se derrumbó y un régimen modernizador fue establecido después de la llamada restauración Meiji, en 1868. El papel del Estado ha sido desde entonces crucial en el desarrollo del país. Hasta 1911 Japón no podía usar protecciones arancelarias debido a los «tratados desiguales» que prohibían establecer aranceles aduaneros por encima del 5%. El Estado japonés tuvo así que utilizar otros medios para estimular la industrialización. Para empezar estableció «fábricas modelo» (o «plantas piloto») propiedad del gobierno en cierto número de industrias, particularmente en la construcción naval, la explotación minera, el sector textil y la industria militar (Smith, 1955; Allen, 1981). La mayor parte de estas empresas fueron privatizadas hacia la década de 1870, pero el Estado continuó subvencionando las empresas privatizadas, notablemente las del sector naval (McPherson, 1987, p. 31, pp. 34-5). Posteriormente estableció la primera fundición siderúrgica moderna y desarrolló los ferrocarriles y el telégrafo (McPherson, 1987, p. 31; Smith, 1955, pp. 44-5).
Cuando los tratados desiguales dejaron de estar en vigor en 1911, el Estado japonés comenzó a introducir toda una gama de las reformas arancelarias destinadas a proteger las industrias nacientes, abaratando las materias primas importadas y controlando las importaciones de productos de consumo de lujo (McPherson, 1987, p. 32). Durante los años veinte, bajo intensa influencia alemana (Johnson, 1982, pp. 105- 6), el Japón comenzó a estimular la «racionalización» de las industrias clave, dando el visto bueno a los consorcios industriales y animando las fusiones, destinadas a limitar «el derroche de la competencia», mediante las economías de escala, la estandarización y la introducción de la gestión empresarial científica (McPherson, 1987, pp. 32-3).
Estos políticas se intensificaron en los años treinta (Johnson, 1982, pp. 105-115).
A pesar de todos estos esfuerzos de desarrollo, durante la primera mitad del siglo XX, considerando todos los aspectos pertinentes Japón no era de ninguna manera la estrella económica en la que se convirtió tras la segunda guerra mundial.
Según Maddison (1989), entre 1900 y 1950 la tasa de crecimiento de la renta per cápita del Japón fue solamente un 1% anual. Esto es algo menos del promedio de 1,3% anual en los 16 PHD más grandes estudiados por este autor, aunque hay que hacer constar que en parte este desempeño mediocre se debe al derrumbamiento desastroso de la producción en los aos inmediatos a la derrota en la segunda guerra mundial.20
Tras esa época y el comienzo de los años setenta, el ritmo de crecimiento del Japón no tiene parangón. Según datos de Maddison (1989, p. 35, tabla 3.2), entre 1950 y 1973, el PIB per cápita de Japón creció a un vertiginoso 8%, más del doble del 3,8% promedio de los 16 PHD antes mencionados (el promedio también incluye al Japón). Los países que siguieron a Japón en cuanto a tasas de crecimiento son Alemania, Austria (ambas con un 4.9%) e Italia (4.8%). Ni siquiera se acercaron a los ritmos de crecimiento japoneses los países en desarrollo del «milagro» del Este de Asia como Taiwán (6,2%) o Corea (5,2%), a pesar del efecto más grande de «convergencia» que podría esperarse, dado su mayor atraso.
En los éxitos económicos del Japón y de otros países del Este de Asia (excepto Hong-Kong), las políticas comerciales e industriales intervencionistas desempeñaron un papel crucial.21 Son notables las semejanzas entre las políticas de estos países y las usadas por los otros PHD antes de ellos, en concreto, sobre todo, la Gran Bretaña del siglo XVIII y los EE.UU. del siglo XIX. Sin embargo, es también importante observar que las políticas aplicadas durante la posguerra en los países del Este de Asia (y también en algunos otros PHD, por ejemplo Francia) eran mucho más complejas y calibradas que sus equivalentes históricos.
Estos países utilizaron subsidios a la exportación más sustanciales y mejor diseñados (tanto directos como indirectos) y gravámenes a la exportación mucho más ligeros que en las experiencias históricas anteriores (Luedde-Neurath, 1986; Amsden, 1989). Las reducciones de aranceles para las importaciones de materias primas y maquinaria para las industrias de exportación fueron utilizadas mucho más sistemáticamente que, por ejemplo, en la Gran Bretaña del siglo XVIII (Lueede- Neurath, 1986).
La coordinación de las inversiones complementarias, que en el pasado se había hecho casi siempre de forma fundamentalmente casual, fue sistematizada mediante la planeación orientativa y los programas estatales de inversión (Chang, 1993 y 1994).
Las regulaciones de la entrada y de la salida de empresas, de las inversiones y de la política de precios para «gestionar la competencia» eran mucho más conscientes de los peligros de abuso monopolístico y más sensibles a su impacto en el funcionamiento de los mercados de exportación que sus contrapartidas históricas, es decir, las políticas de asociaciones de fabricantes de fines del siglo XIX y principios del XX (Amsden y Singh, 1994; Chang, en prensa).
Los estados del Este de Asia también integraron las políticas de capital humano y de aprendizaje en su política industrial mucho más firmemente que sus precursores, mediante la planificación de la fuerza de trabajo (You y Chang, 1993).
Las regulaciones de las licencias de tecnología y de la inversión extranjera directa eran mucho más sofisticadas y generales que en las experiencias históricas anteriores (Chang, 1998). Los subsidios a la educación, a la formación profesional y a la I +D (y la provisión pública de estas actividades) fueron también mucho más sistemáticos y extensos que en sus contrapartidas históricas (Lall y Teubal, 1998).22
3.9. Resumen
Del examen de la historia de los países hoy desarrollados surge el cuadro siguiente.
En primer lugar, casi todos los PHD utilizaron alguna forma de promoción de la industria naciente cuando estaban en fases iniciales de desarrollo. El Reino Unido y EE.UU., los países supuestamente cuna de la política de libre comercio —no Alemania o el Japón que suelen considerarse como ejemplos de activismo estatal— fueron los que usaron protecciones arancelarias de la forma más agresiva.
Por supuesto que los datos de niveles de aranceles y tasas de aduana no proporcionan el cuadro completo de las políticas de promoción industrial. Durante las últimas décadas del siglo XIX y comienzos del XX, mientras que mantenía aranceles medios relativamente bajos, Alemania protegió con tarifas fuertes las industrias estratégicas del hierro y el acero. De forma semejante, Suecia proporcionó protección específica para la siderurgia y las industrias de la ingeniería, mientras que mantenía tarifas generalmente bajas. Alemania, Suecia y Japón utilizaron activamente para promover sus industrias medidas no arancelarias tales como «fábricas modelo» propiedad del gobierno, financiamiento estatal de empresas de alto riesgo, ayudas para I+D y desarrollo de instituciones para promover la cooperación entre los sectores público y privado.
Las excepciones a este patrón histórico son Suiza y los Países Bajos. Sin embargo, éstos eran los países que estaban ya en la frontera del desarrollo tecnológico en el siglo XVIII y no necesitaban mucha protección. También hay que señalar que Holanda había desplegado una gama impresionante de medidas intervencionistas hasta el siglo XVII para asentar su supremacía marítima y comercial. Además, Suiza no tuvo una ley de patentes hasta 1907, lo que contradice el énfasis que la ortodoxia actual pone en la protección de los derechos de propiedad intelectual. Más interesante es que Holanda suprimió en 1869 su ley de patentes de 1817, basándose en que las patentes eran monopolios políticos contrarios a los principios del mercado libre —idea que hoy parecen eludir la mayoría de los economistas predicadores del libre comercio— y no estableció de nuevo una ley de patentes hasta 1912.
Aunque las protecciones arancelarias eran en muchos países un componente dominante de esta estrategia, no siempre eran la única medida proteccionista ya que a menudo iban acompañadas de otras medidas como subsidios a la exportación, reducciones arancelarias para los insumos usados en los productos para la exportación, asignación de derechos de monopolio, asociaciones de fabricantes, créditos dirigidos, planeamiento de la inversión y de la fuerza de trabajo, ayudas de I+D y creación de instituciones para facilitar la cooperación entre los sectores público y privado. Suele pensarse que estas políticas fueron inventadas por el Japón y otros países del Este de Asia después de la segunda guerra mundial, o al menos por Alemania a finales del siglo XIX, pero muchas de ellas tienen un largo pedigrí.
Finalmente, a pesar de compartir los mismos principios básicos, el grado de diversidad entre el peso relativo de los componentes de las políticas de los PHD es muy considerable, lo que sugiere que no hay un modelo de «talla única» para el desarrollo industrial.
4. Comparación con los países en desarrollo de hoy
Los pocos economistas neoliberales que saben de los antecedentes de proteccionismo en los PHD intentan evitar la conclusión obvia —que el proteccionismo puede ser muy útil para el desarrollo económico— arguyendo que cierta protección arancelaria (mínima) puede ser necesaria, pero que la mayor parte de los países en desarrollo tiene hoy barreras arancelarias mucho más altas que la mayoría de los PHD en el pasado.
Por ejemplo, Little et al. (1970) dicen que «aparte de Rusia, EE. UU., España y Portugal, no parece que los aranceles en los primeros 25 años del siglo XX, cuando eran ciertamente más altos en casi todos los países que en el siglo XIX, brindaran por lo general un grado de protección mucho mayor que la promoción para la industria
que (…) hoy sería quizás justificable para los países en desarrollo» (pp.163-4) [y que, según estos autores, sería como mucho 20% incluso para los países más pobres y prácticamente cero para los países en desarrollo más avanzados]. De forma similar, el Banco Mundial (1991) afirma que «aunque los países industrializados se beneficiaron de una protección natural mayor antes de que los costes de transporte declinaran, los aranceles promedio para doce países industrializados23 fueron del 11% al 32% entre 1820 y 1980 (…) Esto contrasta con el nivel medio de aranceles sobre los productos manufacturados en los países en desarrollo que es actualmente 34%» (p. 97, recuadro 5.2).
Esto suena bastante razonable, pero realmente es muy engañoso en un aspecto importante. El problema es que la brecha de productividad actual entre los países desarrollados y los países en desarrollo es mucho mayor que la que existió entre los PHD más desarrollados y los PHD menos desarrollados en épocas anteriores. A lo largo del siglo XIX la renta per cápita en paridades de poder adquisitivo (PPA) de los PHD más ricos (digamos los Países Bajos y el Reino Unido) era entre dos y cuatro veces mayor que la de los PHD más pobres (por ejemplo, Japón y Finlandia). Hoy, la renta per cápita en PPA de los países mas desarrollados (por ejemplo, Suiza, Japón, EE.UU.) es 50 o 60 veces mayor que la de los países menos desarrollados (Etiopía, Malawi, Tanzania). Los países en desarrollo de nivel medio como Nicaragua (2060 dólares), la India (2230) y Zimbabwe (2690) tienen que afrontar enormes diferencias con los PHD cuya productividad es entre 10 y 15 veces mayor. Incluso países en desarrollo bastante avanzados, como el Brasil (6840) o Colombia (5580), tienen una productividad casi cinco veces menor que los países industrializados hegemónicos. Esto significa que los países en desarrollo de hoy necesitan aranceles mucho más altos que los usados por los PHD en épocas anteriores, si quieren proporcionar un grado de protección real a sus industrias similar al que tuvieron las industrias de los PHD en el pasado.Por ejemplo, cuando los EE. UU. acordaron una protección media arancelaria del 40% a sus industrias a fines del siglo XIX, su renta per capita en PPA era ya cerca de 3/4 la de Gran Bretaña. Y esto ocurría cuando la «protección natural» brindada por la lejanía, especialmente importante en el caso de EE.UU, era considerablemente más alta que hoy. Comparado con esto, el nivel arancelario ponderado según volumen de comercio que solía aplicar la India poco antes del acuerdo de la OMC, 71%, a pesar de tener una renta per capita en términos de PPA de una quinceava parte de la renta de EE.UU, hace de la India un campeón del libre comercio. Tras el acuerdo de la OMC la India redujo sus aranceles ponderados según volumen de comercio al 32%, nivel por debajo del cual nunca bajaron los aranceles medios estadounidenses entre el final de la guerra civil en 1865 y la segunda guerra mundial.
Un ejemplo menos extremo es el de Dinamarca que en 1875 tenía unos aranceles medios de 15% a 20%, con una renta equivalente a poco menos de un 60% la de Gran Bretaña. Después del acuerdo de la OMC, el Brasil redujo sus aranceles medios ponderados según volumen de comercio del 41% al 27%, nivel que no está lejos del danés, aunque la renta per cápita brasileña en PPA es apenas 20% la de EE.UU.
En esta perspectiva, dada la brecha de productividad, incluso los niveles relativamente altos de protección que habían existido en los países en desarrollo hasta los años ochenta parecen moderados comparados con los estándares históricos de los PHD. Con los niveles sustancialmente más bajos que existen hoy tras dos décadas de liberalización comercial extensa en estos países podrían incluso afirmarse que los países en desarrollo de hoy son realmente mucho menos proteccionistas que los PHD en épocas anteriores.
5. Lecciones para el presente
El cuadro histórico es bastante claro. Cuando los PHD estaban en la fase de crecimiento acelerado usaron políticas comerciales e industriales intervencionistas para promover sus industrias nacientes y alcanzar las economías de primera línea. Las formas concretas que adoptaron estas políticas y el énfasis que cada una ponía en unos u otros aspectos fueron diferentes de unos países a otros, pero no se puede negar que los PHD utilizaron activamente ese tipo de políticas. Y, en términos relativos (es decir, considerando la brecha de productividad con los países más avanzados), muchos de ellos realmente protegieron sus industrias mucho más que los países en desarrollo actualmente.
Si es así, la ortodoxia actual que aboga por el libre comercio y las políticas industriales de laissez faire estaría en desacuerdo con la experiencia histórica y los países desarrollados que propagan tal visión parecen estar de hecho dando «la patada a la escalera» que ellos utilizaron para llegar a la posición privilegiada que ahora ocupan.
La única posibilidad de que los países desarrollados contradigan la acusación de la «patada a la escalera» sería argüir que las políticas comerciales e industriales activistas que utilizaron en el pasado fueron beneficiosas para su desarrollo económico pero ya no lo son porque «los tiempos han cambiado». No parece que haya muchas razones para pensar que este sea el caso pero, por otra parte, la debilidad del crecimiento de los países en desarrollo en los últimos veinte años hace que esta línea de razonamiento sea indefendible. Los números concretos dependen de los datos que se utilicen pero, en líneas generales, la renta per cápita de los países en desarrollo creció aproximadamente un 3% anual entre 1960 y 1980, y solo 1,5% entre 1980 y el año 2000. Además, este 1,5% quedaría reducido al 1% si excluimos del promedio a India y China, que no han seguido las políticas de libre comercio y las políticas industriales recomendadas por los países desarrollados
Si el lector es un economista neoliberal, ha de hacer frente a una paradoja.
Cuando los países en desarrollo utilizaron políticas comerciales e industriales «malas» durante los años 1960-1980, crecieron mucho más rápido que cuando utilizaron políticas «buenas» (o al menos «mejores») durante las dos décadas siguientes. La solución obvia a esta paradoja es aceptar que las políticas supuestamente «buenas» no son realmente buenas para los países en desarrollo, mientras que las políticas «malas» son realmente buenas para ellos. Esto resulta confirmado además por el hecho de que esas políticas «malas» sean también las que los PHD aplicaron cuando eran países en desarrollo.
En vista de todo lo anterior, lo único que se puede concluir es que en su recomendación de políticas supuestamente «buenas», los PHD están dándole en efecto una patada a la escalera por la que subieron hasta arriba, poniendo así la escalera fuera del alcance de los países en desarrollo. Puede aceptarse que esta «patada a la escalera» se haga con buenas intenciones (aunque con mala información).
Quizás hay políticos e intelectuales de los PHD que recomiendan el liberalismo comercial creyendo sinceramente que sus propios países se desarrollaron mediante políticas de libre comercio y laissez-faire, y que desean que los países en desarrollo se benefician de las mismas políticas. Sin embargo, eso no es menos dañino para los países en desarrollo. De hecho, puede ser más peligroso que la «patada a la escalera» basada en el puro interés nacional, pues quien defiende una idea por jactancia puede ser más obstinado incluso que quien la defiende por propio interés.
Sean cuales sean las intenciones que haya tras la «patada a la escalera», el hecho es que estas políticas supuestamente adecuadas no han podido generar durante las dos décadas pasadas el prometido dinamismo de crecimiento en los países en desarrollo. De hecho, en muchos países en desarrollo el crecimiento simplemente se ha derrumbado.
Entonces, ¿qué hacer? Dar un plan detallado de acción está fuera del alcance de este artículo, pero sí se puede apuntar lo siguiente.
Para empezar, la experiencia histórica del desarrollo de los países desarrollados debe difundirse más extensamente. No se trata solo de escribir «la historia verdadera», sino de permitir que los países en desarrollo opten con conocimiento de causa. No es mi intención dar la idea de que cada país en desarrollo debe adoptar una estrategia activa de la promoción de la industria naciente como Gran Bretaña en el siglo XVIII, EE.UU en el XIX o Corea en el XX. Algunos países pueden beneficiarse siguiendo el modelo suizo o el modelo de Hong-Kong. Sin embargo, esa opción estratégica debe hacerse sabiendo que casi todos los países exitosos utilizaron históricamente la estrategia opuesta para hacerse ricos.
Además, las condiciones de política comercial y económica que exigen el FMI y el Banco Mundial para brindar asistencia financiera deben cambiar radicalmente.
Esas condiciones deben basarse en el reconocimiento de que muchas de las políticas que se consideran malas de hecho no lo son y que no puede haber una política «idónea» que todos deben utilizar. Por otra parte, las reglas de la OMC y otros acuerdos comerciales multilaterales deben reescribirse de manera tal que permitan un uso más activo de medidas de promoción de la industria naciente (por ejemplo, aranceles y subsidios)
Si los países en desarrollo pueden adoptar políticas (e instituciones) más apropiadas a su etapa de desarrollo y a las condiciones a las que han de hacer frente podrán crecer más rápidamente, como hicieron de hecho durante los años sesenta y setenta. A largo plazo, eso no solo beneficiaría a los países en desarrollo, sino también a los países desarrollados, pues aumentarían las oportunidades de comercio y de inversión disponibles para los países desarrollados en los países en desarrollo. La tragedia de nuestro tiempo es que los países desarrollados no son capaces de darse cuenta de esto.
NOTAS
Trabajo presentado en la conferencia sobre “Globalisation and the Myth of Free Trade” («La mundialización y el mito del libre comercio») celebrada en la New School University de Nueva York, el 18 de abril del 2003. Traducción al castellano de José A. Tapia.
2 Este artículo está en gran medida basado en el libro Kicking Away the Ladder – Development Strategy in Historical Perspective («Patada a la escalera: La estrategia de desarrollo en perspectiva histórica», Anthem Press, 2002). Agradezco el apoyo recibido para la investigación de la Fundación Coreana para la Investigación, a través de su programa BK21 del Departamento de Economía de la Universidad de Corea, donde fui profesor visitante durante la preparación del primer borrador de este trabajo.
3 Gran Bretaña fue el primer país que introdujo un impuesto permanente sobre la renta, en 1842. Dinamarca lo implantó en 1903. En EE. UU. la ley del impuesto sobre la renta de 1894 fue derogada por inconstitucional por el Tribunal Supremo y hasta 1919 no se llevó a cabo la 16a Enmienda Constitucional que permitió la introducción de impuesto sobre la renta. En Bélgica el impuesto sobre la renta fue introducido en 1919. En Portugal se implantó el impuesto sobre la renta en 1922, fue abolido en 1928 y luego reimplantado en 1933. Suecia, pese a su fama de altas tasas impositivas, solo introdujo el impuesto sobre la renta en 1932 ( cf. Chang, 2002, p. 101, para más detalles).
4 El Riksbank de Suecia fue nominalmente el primer banco central del mundo (establecido en 1688), pero hasta mediados del siglo XIX no pudo funcionar propiamente como banco emisor por carecer entre otras cosas de monopolio sobre la emisión de papel-moneda, capacidad que adquirió solamente en 1904. El primer banco central «real» fue el Banco de Inglaterra, establecido en 1694. Hacia finales del siglo XIX los bancos centrales de Francia (1848), Bélgica (1851), España (1874) y Portugal (1891) se hicieron con el monopolio de emisión de papel-moneda, que solo alcanzaron en el siglo XX los bancos centrales de Alemania (1905), Suiza (1907) e Italia (1926). El Banco Nacional de Suiza solo se formó en 1907 por fusión de cuatro bancos emisores. El Sistema de la Reserva Federal de EE. UU. se formó en 1913 y en 1915 solo 30% de los bancos (con 50% de todos los activos bancarios) estaban integrados en el sistema. En 1929 todavía 65% de todos los bancos estadounidenses estaban fuera del sistema de la Reserva Federal, aunque solo les correspondía 20% del total de activos bancarios (cf. Chang, 2002, pp. 94-97 para más detalles).
5 Además, una vez alcanzada la frontera de desarrollo, los PHD usaron toda una gama de medidas y estrategias para distanciarse de los competidores existentes y potenciales. Entre otras medidas se reguló la transferencia de tecnología a los potenciales competidores (controlando la emigración de trabajadores calificados y las exportaciones de maquinaria) y se obligó a los países menos desarrollados a abrir sus mercados mediante tratados desiguales y mediante la colonización. Sin embargo, las economías en fase de despegue que no eran colonias (formales o informales) no aceptaron estas restricciones cruzadas de brazos, sino que para contrarrestarlas pusieron en marcha todo tipo de medidas «legales» e «ilegales», como espionaje industrial, captación «ilegal» de trabajadores y contrabando de maquinaria (Chang, 2002, pp. 51-9, para más detalles).
6 También se dice que George Washington insistió en vestir ropas americanas de peor calidad que las británicas en su ceremonia de toma de posesión. Ambos episodios recuerdan las políticas usadas por el Japón y Corea durante la posguerra para controlar el «consumo de lujo», especialmente de bienes importados (cf. Chang, 1997).
7 En 1840, Bowring aconsejó a los estados miembros del Zollverein alemán que cultivaran trigo y lo vendieran para comprar manufacturas británicas (Landes, 1998, p. 521).
8 A menudo se reconoce la existencia de aranceles elevados, que se presentan como si fueran de poca importancia. Por ejemplo, en lo que solía ser hasta recientemente la obra general de revisión de la historia económica estadounidense, North (1965) menciona los aranceles solamente una vez, y solo para desecharlos como factor sin interés alguno para explicar el desarrollo industrial estadounidense. North, sin preocuparse de presentar el caso y citando tan solo una fuente secundaria totalmente sesgada (el estudio clásico de F. Taussig, 1892), sostiene que «aunque los aranceles se hicieron cada vez más proteccionistas en los años que siguieron a la Guerra Civil , es dudoso que tuvieran mucha influencia en el desarrollo de las manufacturas» (p. 694).
9 En La riqueza de las naciones, Adam Smith escribió: «Si los americanos bloquearan la importación de productos manufacturados europeos, bien por combinación o por alguna otra clase de violencia, y así dieran un monopolio para que sus propias gentes pudieran manufacturar esos bienes, habrían de invertir una considerable parte de su capital en este uso y en vez de acelerar retardarían así el incremento ulterior del valor de su producto anual,obstruyendo el progreso de su país hacia la riqueza y grandeza verdaderas» (Smith, 1973 [1776], pp. 347-8).
10 Según Bairoch (1993, p. 17) fue Hamilton quien inventó el término infant industry [que traducimos aquí como «industria naciente» o «incipiente». N. del t. ].
11 Según Elkins y McKitrick (1993), «una vez que el progreso hamiltoniano se materializó [...] en una deuda considerable financiada, un banco nacional poderoso, manufacturas nacionales subsidiadas y, finalmente, incluso un ejército bien dispuesto, el paralelismo con Walpole se hizo demasiado evidente para que fuera posible ignorarlo. Frente a estas medidas y frente a todo lo que estas medidas parecían implicar se alzó “la persuasión jeffersoniana”» (p. 19).
12 Respondiendo a un editorial de un periódico que urgía la emancipación inmediata de los esclavos, Lincoln escribió: «Si pudiera salvar la Unión sin liberar ni un solo esclavo, lo haría, y si pudiera salvarla liberando a todos los esclavos, también lo haría, y si pudiera hacerlo liberando a algunos esclavos y dejando a otros en la esclavitud, lo haría también» (Garraty y Carnes, 2000, p. 405).
13 Sin embargo, EE. UU. nunca practicó el libre comercio en la misma medida que Gran Bretaña lo hizo en su periodo librecambista (1860 a 1932). Nunca hubo un régimen de aranceles cero como el del Reino Unido y las medidas proteccionistas «ocultas» de EE. UU. eran mucho más agresivas. Estas incluían, entre otras, restricciones voluntarias a la exportación, cuotas para textiles y ropa (en el Acuerdo Multifibras), protección y subsidios para la agricultura (compárese con la derogación de las leyes cerealeras en Gran Bretaña) y sanciones comerciales unilaterales (especialmente mediante el uso de impuestos antidumping).
14 Agradezco a Duncan Green haberme mostrado esta cita.
15 Shapiro y Taylor (1990) resumen todo esto muy bién: «En lo militar y en lo comercial, ni Boeing sería Boeing, ni IBM sería IBM sin los contratos y el apoyo a la investigación civil del Pentágono» (p. 866).
16 Es interesante que esa reorientacion de la enseñanza fue similar a la que tuvo lugar en Corea durante los años sesenta (más detalles en You y Chang, 1993).
17 Sin embargo, este tiro salió por la culata e hizo que los británicos prohibieran la emigración de trabajdores calificados, especialmente cuando se intentaron reclutar trabajadores calificados para trabajos en el extranjero en 1719 (véanse más detalles en Chang, 2001).
18 El nuevo régimen arancelario iba más bien en contra de ese fortalecimiento. Su impulsor, el político Jules Méline, era contrario a la industrialización a gran escala, ya que pensaba que Francia debía seguir siendo un país de campesinos independientes y pequeños talleres (Kuisel, 1981, p. 18).
19 Los 16 países —en orden alfabético— son Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, EE. UU., Finlandia, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Noruega, Reino Unido, Suecia y Suiza,
20 Los 16 países son Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, EE. UU., Finlandia, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Noruega, Reino Unido, Suecia y Suiza.
21 Hay muchas publicaciones sobre este tema. Véanse Johnson (1984) y Chang (1993) para la primera fase del debate. Akyuz et al. (1998) y Chang (en prensa, 2003) recogen el debate más actual.
22 Con la reciente crisis en Corea y la recesión prolongada en el Japón ha comenzado a oírse mucho que las políticas comerciales e industriales activistas se han probado equivocadas. Este artículo no es el lugar apropiado para esa discusión, pero sí pueden hacerse algunas precisiones (para una crítica de esta visión, véase Chang, 2000, y Chang, en prensa). En primer lugar, pensemos o no que los apuros recientes del Japón y Corea son debidos a las políticas activistas en materia industrial, tecnológica y comercial, no podemos negar que estas políticas estuvieron tras el «milagro económico» de estos países. En segundo lugar, Taiwán, a pesar de utilizar también políticas activistas industriales, tecnológicas y comerciales, no experimentó ninguna crisis financiera o macroeconómica. En tercer lugar, todos los observadores informados de la economía japonesa, sea cual sea su visión general, están de acuerdo en que la recesión actual del país no se puede atribuir a la política industrial del gobierno y tiene más que ver con factores como un exceso estructural de ahorro, la liberalización financiera inoportuna (que llevó la economía a una burbuja) y la mala gestión macroeconómica. En cuarto lugar, en el caso de Corea, la política industrial fue en gran medida eliminada a mediados de los años noventa, cuando comenzó la acumulación de deuda que condujo a la crisis reciente, así que no se le puede echar la culpa de la crisis. De hecho, puede argüirse que quizás el declive de la política industrial contribuyó a la gestación de la crisis haciendo más fáciles las «inversiones duplicadas» (Chang et al., 1998).
23 Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, EE. UU., Francia, Holanda, Italia, el Reino Unido, Suecia y Suiza,
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J. Stiglitz: Fetichismo del PIB…
El Espectador
Esforzarse por reavivar la economía mundial, al mismo tiempo que se responde a la crisis climática global, ha planteado un interrogante complejo: ¿las estadísticas nos están dando las "señales" correctas sobre qué hacer? En nuestro mundo orientado hacia el desempeño, las cuestiones de medición han cobrado mayor relevancia: lo que medimos afecta lo que hacemos.
Si tomamos malas decisiones, lo que intentamos hacer (digamos, aumentar el PIB) en realidad puede contribuir a empeorar los niveles de vida. También podemos enfrentarnos a falsas opciones y ver compensaciones entre producción y protección ambiental que no existen. Por el contrario, una mejor medición del desempeño económico podría demostrar que las medidas tomadas para mejorar el medio ambiente son buenas para la economía.
Hace dieciocho meses, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, creó una Comisión Internacional para la Medición del Desempeño Económico y el Progreso Social, debido a su insatisfacción -y la de muchos otros- con el estado actual de la información estadística sobre la economía y la sociedad. El 14 de septiembre, la Comisión dará a conocer su tan esperado informe.
El gran interrogante es si el PIB ofrece una buena medición de los niveles de vida. En muchos casos, las estadísticas del PIB parecen sugerir que a la economía le está yendo mucho mejor que las propias percepciones de la mayoría de los ciudadanos. Es más, el foco en el PIB crea conflictos: a los líderes políticos se les dice que lo maximicen, pero los ciudadanos también exigen que se preste atención a mejorar la seguridad, a reducir la contaminación del aire, del agua y el ruido, y demás -lo cual podría reducir el crecimiento del PIB.
El hecho de que el PIB pueda ser una medición deficiente del bienestar, o incluso de la actividad del mercado, obviamente es algo que se reconoce desde hace tiempo. Pero los cambios en la sociedad y la economía pueden haber agudizado los problemas, al mismo tiempo que los avances en la economía y las técnicas estadísticas pueden haber ofrecido oportunidades para mejorar nuestras mediciones.
Por ejemplo, si bien se supone que el PIB mide el valor de la producción de bienes y servicios, en un sector clave -el gobierno- normalmente no tenemos manera de hacerlo, de modo que solemos medir la producción simplemente por las inversiones. Si el gobierno gasta más -incluso de manera ineficiente- la producción aumenta. En los últimos 60 años, el porcentaje de la producción del gobierno en el PIB aumentó del 21,4% al 38,6% en Estados Unidos; del 27,6% al 52,7% en Francia; del 34,2% al 47,6% en el Reino Unido; y del 30,4% al 44% en Alemania. De manera que lo que era un problema relativamente menor se ha convertido en un problema importante.
De la misma manera, las mejoras de calidad -digamos, mejores autos en lugar de más autos- representan gran parte del aumento del PIB hoy en día. Pero evaluar las mejoras de calidad resulta difícil. La atención médica ejemplifica este problema: gran parte de la medicina se ofrece públicamente, y muchos de los avances son en calidad.
Los mismos problemas de hacer comparaciones en el tiempo se aplican a las comparaciones entre países. Estados Unidos gasta más en atención sanitaria que cualquier otro país (tanto per cápita como en porcentaje de los ingresos), pero obtiene peores resultados. Parte de la diferencia entre el PIB per cápita en Estados Unidos y algunos países europeos puede ser, en consecuencia, el resultado de la manera en que medimos las cosas.
Otro cambio pronunciado en la mayoría de las sociedades es un incremento de la desigualdad. Esto significa que existe una creciente disparidad entre el ingreso promedio (medio) y el ingreso mediano (el de la persona "típica", cuyo ingreso se ubica en el medio de la distribución de todos los ingresos). Si unos pocos banqueros se vuelven mucho más ricos, el ingreso promedio puede subir, a pesar de que los ingresos de la mayoría de la gente estén decayendo. De manera que las estadísticas sobre el PIB per cápita tal vez no reflejen lo que les sucede a la mayoría de los ciudadanos.
Utilizamos precios de mercado para valuar los bienes y servicios. Pero ahora, incluso los que tienen mucha fe en los mercados, cuestionan la dependencia de los precios de mercado, ya que están en contra de las valuaciones por ajuste al mercado. Las ganancias previas a la crisis de los bancos -una tercera parte de todas las ganancias corporativas- parecen haber sido un espejismo.
Entender esto arroja una nueva luz no sólo sobre nuestras mediciones del desempeño, sino también sobre las inferencias que hacemos. Antes de la crisis, cuando el crecimiento de Estados Unidos (utilizando mediciones estándar del PIB) parecía mucho más sólido que el de Europa, muchos europeos sostenían que Europa debía adoptar el capitalismo al estilo estadounidense. Por supuesto, todo aquel que hubiera querido podría haber visto un creciente endeudamiento de los hogares estadounidenses, lo que habría permitido corregir la falsa impresión de éxito ofrecida por la estadística del PIB.
Los recientes avances metodológicos nos han permitido evaluar mejor qué contribuye a la sensación de bienestar de los ciudadanos y reunir los datos necesarios para hacer ese tipo de evaluaciones de manera regular. Estos estudios, por caso, verifican y cuantifican lo que debería ser obvio: la pérdida de un empleo tiene un mayor impacto de lo que representa la pérdida del ingreso. También demuestran la importancia de la conectividad social.
Toda buena medición de lo bien que nos está yendo también debe tener en cuenta la sustentabilidad. De la misma manera que una empresa necesita medir la depreciación de su capital, también nuestras cuentas nacionales deben reflejar la sobreexplotación de los recursos naturales y la degradación de nuestro medio ambiente.
Los marcos estadísticos están destinados a resumir lo que está sucediendo en nuestra sociedad compleja en unos pocos números fácilmente interpretables. Debería haber sido obvio que no se podía reducir todo a un único número, el PIB. El informe de la Comisión para la Medición del Desempeño Económico y el Progreso Social, esperamos, conducirá a un mejor entendimiento de los usos, y abusos, de esa estadística.
El informe también debería servir de guía para crear un conjunto más amplio de indicadores que capturen de manera más precisa tanto el bienestar como la sustentabilidad, a la vez que debería dar impulso para mejorar la capacidad del PIB y las estadísticas relacionadas a la hora de evaluar el desempeño de la economía y la sociedad. Estas reformas nos ayudarán a dirigir nuestros esfuerzos (y recursos) de maneras que conduzcan al mejoramiento de ambos.
Fuente: http://www.elespectador.com/columna161000-fetichismo-del-pib
El autor es profesor universitario en la Universidad de Columbia y ganador del Premio Nobel de Economía en 2001, se desempeñó como presidente de la Comisión para la Medición del Desarrollo Económico y el Progreso Social.
Eduardo Aquevedo
