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La UNAM: autonomía universitaria y beligerancia…

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Hugo Casanova Cardiel*

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El cumplimiento de 85 años de autonomía universitaria constituye una inexcusable oportunidad para reflexionar sobre su importancia en la institución de nuestros días. ¿Está vigente la autonomía lograda en 1929? ¿En qué medida la autonomía se ve afectada por el fortalecimiento del Estado y el ascenso del mercado? ¿Qué significado tiene la autonomía en un contexto de beligerancia como el vivido en la UNAM durante la ocupación de sus instalaciones?

Sin el ánimo de contestar de manera puntual a tales interrogantes, es posible señalar que la autonomía constituye uno de los atributos de la universidad de todos los tiempos y en tal sentido constituye parte de su ethos desde el Medievo hasta nuestros días. No obstante, como la institución a la cual define, la autonomía está en función de su tiempo y de su espacio, y por tanto no es una sola, ni puede ser considerada de manera intemporal.

La autonomía alude a la capacidad de las universidades para determinar sus fines, medios y mecanismos de vinculación. Esto significa que, si bien la universidad es un asunto de los propios universitarios, también concierne al Estado y a la sociedad toda. En tal sentido, la autonomía se constituye como el marco que estructura la compleja red de relaciones entre la institución y su entorno y que define las competencias y atribuciones de los entes internos y externos en las decisiones fundamentales de la universidad.

En términos operativos, la autonomía se refiere al grado en el cual las instituciones deciden sobre tres grandes ámbitos: a) laboral: ingreso de profesores, directivos y trabajadores; b) académico: acceso de estudiantes, selección de carreras, determinación de planes de estudio y requisitos de titulación o graduación; c) financiero: criterios para uso de los fondos, distribución del presupuesto, rendición de cuentas. La autonomía institucional es, pues, histórica, compleja y está sujeta a una constante transformación por las cambiantes condiciones de su entorno. Un ejemplo de ello en las décadas recientes es la irrupción del mercado en la vida universitaria con modalidades tales como la privatización, la limitada orientación de la educación hacia el mundo laboral o los esquemas de formación dual y de educación-empresa.

Un concepto cercano, pero no idéntico, al de autonomía institucional es el de libertad académica, y se refiere a la capacidad de los académicos para desarrollar sus actividades sin más fronteras que el rigor y la exigencia del saber. La libertad académica alude a la búsqueda de la verdad sin límites (como señalaban los idealistas alemanes decimonónicos) y exime de penalización alguna a quienes llegasen a transgredir la ortodoxia política, metodológica, religiosa o social. Bajo el criterio de libertad académica se reconoce la potestad de profesores e investigadores para generar y difundir el saber sin censuras ni obstáculos.

¿Y qué pasa cuando la institución y el trabajo académico son afectados por otros grupos de presión? La ocupación de instalaciones universitarias, como la del auditorio Justo Sierra – Che Guevara, para muchos de nosotros–, que suma casi una década y media, lesiona en diversos sentidos la autonomía institucional y la libertad académica pues, además de impedir el funcionamiento de un importante e histórico espacio universitario, mantiene un tono de abierta confrontación hacia la institución, imposibilitando la realización de tareas de docencia y extensión. La ocupación del auditorio, otrora símbolo del pensamiento crítico, lejos de sustentarse en un proyecto universitario alternativo, esconde una incomprensible oscuridad en sus motivaciones, y la pregunta sigue siendo: ¿quién se beneficia realmente con la ocupación?

Hoy la UNAM enfrenta problemas específicos como el descrito y, al igual que el resto de universidades públicas, y la educación toda, vive importantes tensiones de cara a un escenario político y económico cambiante. Un escenario en el cual el Estado ratifica su presencia en temas como la evaluación y la fiscalización, la orientación del financiamiento y la certificación laboral y profesional, entre otros. Asimismo, como otras instituciones educativas, la Universidad Nacional se ve desafiada por una visión mercantil que pretende someter el conocimiento ante el ámbito productivo y la cultura empresarial.

Además de atender problemas concretos como el del auditorio, hoy la UNAM ha de responder a los retos que le plantean el Estado y el mercado. En el primer tema se juega la desactivación de la beligerancia, y en el segundo, la ratificación de su autonomía. Ambos son cruciales para el futuro de la institución.

* Investigador de la UNAM. Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación

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Noam Chomsky: el asalto neoliberal a las universidades …

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Noam Chomsky, Counterpunch

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Lo que sigue es la traducción castellana de una transcripción editada en inglés de un conjunto de observaciones realizadas por Noam Chomsky vía Skype el pasado 4 de febrero para una reunión de afiliados y simpatizantes del sindicato universitario asociado a la Unión de Trabajadores del Acero (Adjunct Faculty Association of the United Steelworkers) en Pittsburgh, PA. Las manifestaciones del profesor Chomsky se produjeron en respuesta a preguntas de Robin Clarke, Adam Davis, David Hoinski, Maria Somma, Robin J. Sowards, Matthew Ussia y Joshua Zelesnick. La transcripción escrita de las respuestas orales la realizó Robin J. Sowards y la edición y redacción corrió a cargo del propio Noam Chomsky.

Sobre la contratación temporal de profesores y la desaparición de la carrera académica

Eso es parte del modelo de negocio. Es lo mismo que la contratación de temporales en la industria o lo que los de Wall Mart llaman “asociados”, empleados sin derechos sociales ni cobertura sanitaria o de desempleo, a fin de reducir costes laborales e incrementar el servilismo laboral. Cuando las universidades se convierten en empresas, como ha venido ocurriendo harto sistemáticamente durante la última generación como parte de un asalto neoliberal general a la población, su modelo de negocio entraña que lo que importa es la línea de base. Los propietarios efectivos son los fiduciarios (o la legislatura, en el caso de las universidades públicas de los estados federados), y lo que quieren mantener los costos bajos y asegurarse de que el personal laboral es dócil y obediente. Y en substancia, la formas de hacer eso son los temporales. Así como la contratación de trabajadores temporales se ha disparado en el período neoliberal, en la universidad estamos asistiendo al mismo fenómeno. La idea es dividir a la sociedad en dos grupos. A uno de los grupos se le llama a veces “plutonomía” (un palabro usado por Citibank cuando hacía publicidad entre sus inversores sobre la mejor forma de invertir fondos), el sector en la cúspide de una riqueza global pero concentrada sobre todo en sitios como los EEUU. El otro grupo, el resto de la población, es un “precariado”, gentes que viven una existencia precaria.

Esa idea asoma de vez en cuando de forma abierta. Así, por ejemplo, cuando Alan Greenspan testificó ante el Congreso en 1997 sobre las maravillas de la economía que estaba dirigiendo, dijo redondamente que una de las bases de su éxito económico era que estaba imponiendo lo que él mismo llamó “una mayor inseguridad en los trabajadores”. Si los trabajadores están más inseguros, eso es muy “sano” para la sociedad, porque si los trabajadores están inseguros, no exigirán aumentos salariales, no irán a la huelga, no reclamarán derechos sociales: servirán a sus amos tan donosa como pasivamente. Y eso es óptimo para la salud económica de las grandes empresas. En su día, a todo el mundo le pareció muy razonable el comentario de Greenspan, a juzgar por la falta de reacciones y los aplausos registrados. Bueno, pues transfieran eso a las universidades: ¿cómo conseguir una mayor “inseguridad” de los trabajadores? Esencialmente, no garantizándoles el empleo, manteniendo a la gente pendiente de un hilo que puede cortarse en cualquier momento, de manera que mejor que estén con la boca cerrada, acepten salarios ínfimos y hagan su trabajo; y si por ventura se les permite servir bajo tan miserables condiciones durante un año más, que se den con un canto en los dientes y no pidan más. Esa es la manera como se consiguen sociedades eficientes y sanas desde el punto de vista de las empresas. Y en la medida en que las universidades avanzan por la vía de un modelo de negocio empresarial, la precariedad es exactamente lo que se impone. Y más que veremos en lo venidero.

Ese es un aspecto, pero otros aspectos que resultan también harto familiares en la industria privada: señaladamente, el aumento de estratos administrativos y burocráticos. Si tienes que controlar la gente, tienes que disponer de una fuerza administrativa que lo haga. Así, en la industria norteamericana más que en cualquier otra parte, se acumula estrato ad administrativo tras estrato administrativo: una suerte de despilfarro económico, pero útil para el control y la dominación. Y lo mismo vale para las universidades. En los pasados 30 0 40 años se ha registrado un aumento drástico en la proporción del personal administrativo en relación el profesorado y los estudiantes de las facultades: profesorado y estudiantes han mantenido la proporción entre ellos, pero la proporción de administrativos se ha disparado. Un conocido sociólogo, Benjamin Ginsberg, ha escrito un muy buen libro titulado The Fall of the Faculty: The Rise of the All-Administrative University and Why It Matters (Oxford University Press, 2011), en el que se describe con detalle el estilo empresarial de administración y niveles burocráticos multiplicados. Ni que decir tiene, con administradores profesionales más que bien pagados: los decanos, por ejemplo, que antes solían miembros de la facultad que dejaban la labor docente para servir como gestores con la idea de reintegrarse a la facultad al cabo de unos años. Ahora son todos profesionales, que tienen que contratar a vicedecanos, secretarios, etc., etc., toda la proliferación de estructura que va con los administradores. Todo eso es otro aspecto del modelo empresarial.

Pero servirse de trabajo barato –y vulnerable— es una práctica de negocio que se remonta a los inicios mismos de la empresa privada, y los sindicatos nacieron respondiendo a eso. En las universidades, trabajo barato, vulnerable, significa ayudantes y estudiantes graduados. Los estudiantes graduados son todavía más vulnerables, huelga decirlo, La idea es transferir la instrucción a trabajadores precarios, lo que mejora la disciplina y el control, pero también permite la transferencia de fondos a otros fines muy distintos de la educación. Los costos, claro está, los pagan los estudiantes y las gentes que se ven arrastradas a esos puestos de trabajo vulnerables. Pero es un rasgo típico de una sociedad dirigida por la mentalidad empresarial transferir los costos a la gente. Los economistas cooperan tácitamente en eso. Así, por ejemplo, imaginen que descubren un error en su cuenta corriente y llaman al banco para tratar de enmendarlo. Bueno, ya saben ustedes lo que pasa. Usted les llama por teléfono, y le sale un contestador automático con un mensaje grabado que le dice: “Le queremos mucho, y ahí tiene un menú”. Tal vez le menú ofrecido contiene lo que usted busca, tal vez no. Si acierta a elegir la opción ofrecida correcta, lo que escucha a continuación es una musiquita, y de rato en rato una voz que le dice: “Por favor, no se retire, estamos encantados de servirle”, y así por el estilo. Al final, transcurrido un buen tiempo, una voz humana a la que poder plantearle una breve cuestión. A eso los economistas le llaman “eficiencia”. Con medidas económicas, ese sistema reduce los costos laborales del banco; huelga decir que le carga los costos a usted, y esos costos han de multiplicarse por el número de usuarios, que puede ser enorme: pero eso no cuenta como coste en el cálculo económico. Y si miran ustedes cómo funciona la sociedad, encuentran eso por doquiera. Del mismo modo, la universidad impone costos a los estudiantes y a un personal docente que, además e tenerlo apartado de la carrera académica, se le mantiene en una condición que garantiza un porvenir sin seguridad. Todo eso resulta perfectamente natural en los modelos de negocio empresariales. Es nefasto para la educación, pero su objetivo no es la educación.

En efecto, si echamos una mirada más retrospectiva, la cosa se revela más profunda todavía. Cuando todo esto empezó, a comienzos de los 70, suscitaba mucha preocupación en todo el espectro político establecido el activismo de los 60, comúnmente conocidos como “la época de los líos”. Fue una “época de líos” porque el país se estaba civilizando [con las luchas por los derechos civiles], y eso siempre es peligroso. La gente se estaba politizando y se comprometía con la conquista de derechos para los grupos llamados “de intereses especiales”: las mujeres, los trabajadores, los campesinos, los jóvenes, los viejos, etc. Eso llevó a una grave reacción, conducida de forma prácticamente abierta. En el lado de la izquierda liberal del establishment, tenemos un libro llamado The Crisis of Democracy: Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission, compilado por Michel Crozier, Samuel P. Huntington y Joji Watanuki (New York University Press, 1975) y patrocinado por la Comisión Trilateral una organización de liberales internacionalistas. Casi toda la administración Carter se reclutó entre sus filas. Estaban preocupados por lo que ellos llamaban la “crisis de la democracia” y que no dimanaba de otra cosa del exceso de democracia. En los 60 la población –los “intereses especiales” mencionados— presionaba para conquistar derechos dentro de la arena política, lo que se traducía en demasiada presión sobre el Estado: no podía ser. Había un interés especial que dejaban de lado, y es a saber: el del sector granempresarial; porque sus intereses coinciden con el “interés nacional”. Se supone que el sector graempresarial controla al Estado, de modo que no hay ni que hablar de sus intereses. Pero los “intereses especiales” causaban problemas, y estos caballeros llegaron a la conclusión de que “tenemos que tener más moderación en la democracia”: el público tenía que volver a ser pasivo y regresar a la apatía. De particular preocupación les resultaban las escuelas y las universidades, que, decían, no cumplían bien su tarea de “adoctrinar a los jóvenes” convenientemente: el activismo estudiantil –el movimiento de derechos civiles, el movimiento antibelicista, el movimiento feminista, los movimientos ambientalistas— probaba que los jóvenes no estaban correctamente adoctrinados.

Bien, ¿cómo adoctrinar a los jóvenes? Hay más de una forma. Una forma es cargarlos con deudas desesperadamente pesadas para sufragar sus estudios. La deuda es una trampa, especialmente la deuda estudiantil, que es enorme, mucho más grande que el volumen de deuda acumulada en las tarjetas de crédito. Es una trampa para el resto de su vida porque las leyes están diseñadas para que no puedan salir de ella. Si, digamos, una empresa incurre en demasiada deuda, puede declararse en quiebra. Pero si los estudiantes suspenden pagos, nunca podrán conseguir una tarjeta de la seguridad social. Es una técnica de disciplinamiento. No digo yo que eso se hiciera así con tal propósito, pero desde luego tiene ese efecto. Y resulta harto difícil de defender en términos económicos. Miren ustedes un poco lo que pasa por el mundo: la educación superior es en casi todas partes gratuita. En los países con los mejores niveles educativos, Finlandia (que anda en cabeza), pongamos por caso, la educación superior es pública y gratuita. Y en un país rico y exitoso como Alemania es pública y gratuita. En México, un país pobre que, sin embargo, tiene niveles de educación muy decentes si atendemos a las dificultades económicas a las que se enfrenta, es pública y gratuita. Pero miren lo que pasa en los EEUU: si nos remontamos a los 40 y los 50, la educación superior se acercaba mucho a la gratuidad. La Ley GI ofreció educación superior gratuita a una gran cantidad de gente que jamás habría podido acceder a la universidad. Fue muy bueno para ellos y fue muy bueno para la economía y para la sociedad; fue parte de las causas que explican la elevada tasa de crecimiento económico. Incluso en las entidades privadas, la educación llegó a ser prácticamente gratuita. Yo, por ejemplo: entré en la facultad en 1945, en una universidad de la Ivy League, la Universidad de Pensilvania, y la matrícula costaba 100 dólares. Eso serían unos 800 dólares de hoy. Y era muy fácil acceder a una beca, de modo que podías vivir en casa, trabajar e ir a la facultad, sin que te costara nada. Lo que ahora ocurre es ultrajante. Tengo nietos en la universidad que tienen que pagar la matrícula y trabajar, y es casi imposible. Para los estudiantes, eso es una técnica disciplinaria.

Y otra técnica de adoctrinamiento es cortar el contacto de los estudiantes con el personal docente: clases grandes, profesores temporales que, sobrecargados de tareas, apenas pueden vivir con un salario de ayudantes. Y puesto que no tienes seguridad en el puesto de trabajo, no puedes construir una carrera, no puedes irte a otro sitio y conseguir más. Todas esas son técnicas de disciplinamiento, de adoctrinamiento y de control. Y es muy similar a lo que uno espera que ocurra en una fábrica, en la que los trabajadores fabriles han de ser disciplinados, han de ser obedientes; y se supone que no deben desempeñar ningún papel en, digamos, la organización de la producción o en la determinación del funcionamiento de la planta de trabajo: eso es cosa de los ejecutivos. Esto se transfiere ahora a las universidades. Y yo creo que nadie que tenga algo de experiencia en la empresa privada y en la industria debería sorprenderse; así trabajan.

Sobre cómo debería ser la educación superior

Para empezar, deberíamos desechar toda idea de que alguna vez hubo una “edad de oro”. Las cosas eran distintas, y en ciertos sentidos, mejores en el pasado, pero distaban mucho de ser perfectas. Las universidades tradicionales eran, por ejemplo, extremadamente jerárquicas, con muy poca participación democrática en la toma de decisiones. Una parte del activismo de los 60 consistió en el intento de democratizar las universidades, de incorporar, digamos, a representantes estudiantiles a las juntas de facultad, de animar al personal no docente a participar. Esos esfuerzos se hicieron por iniciativa de los estudiantes, y no dejaron de tener cierto éxito. La mayoría de universidades disfrutan ahora de algún grado de participación estudiantil en las decisiones de las facultades. Y yo creo que ese es el tipo de cosas que deberíamos ahora seguir promoviendo: una institución democrática en la que la gente que está en la institución, cualquiera que sea (profesores ordinarios, estudiantes, personal no docente) participan en la determinación de la naturaleza de la institución y de su funcionamiento; y lo mismo vale para las fábricas.

No son estas ideas de izquierda radical, por cierto. Proceden directamente del liberalismo clásico. Si leéis, por ejemplo, a John Stuart Mill, una figura capital de la tradición liberal clásica, verán que daba por descontado que los puestos de trabajo tenían que ser gestionados y controlados por la gente que trabajaba en ellos: eso es libertad y democracia (véase, por ejemplo, John Stuart Mill, Principles of Political Economy, book 4, ch. 7). Vemos las mismas ideas en los EEUU. En los Caballeros del Trabajo, pongamos por caso: uno de los objetivos declaradis de esta organización era “instituir organizaciones cooperativas que tiendan a superar el sistema salarial introduciendo un sistema industrial cooperativo” (véase la “Founding Ceremony” para las nuevas asociaciones locales). O piénsese en alguien como John Dewey, un filósofo social de la corriente principal del siglo XX, quien no sólo abogó por una educación encaminada a la independencia creativa, sino también por el control obrero en la industria, lo que él llamaba “democracia industrial”. Decía que hasta tanto las instituciones cruciales de la sociedad –producción, comercio, transporte, medios de comunicación— no estén bajo control democrático, la “política [será] la sombra proyectada en el conjunto de la sociedad por la gran empresa” (John Dewey, “The Need for a New Party” [1931]). Esta idea es casi elemental, y echa raíces profundas en la historia norteamericana y en el liberalismo clásico; debería constituir una suerte de segunda naturaleza de la gente, y debería valer igualmente para las universidades. Hay ciertas decisiones en una universidad donde no puedes querer transparencia democrática porque tienes que preservar la privacidad estudiantil, pongamos por caso, y hay varios tipos de asuntos sensibles, pero en el grueso de la actividad universitaria normal no hay razón para no considerar la participación directa como algo, no ya legítimo, sino útil. En mi departamento, por ejemplo, hemos tenido durante 40 años representantes estudiantiles que proporcionaban una valiosa ayuda con su participación en las reuniones de departamento.

Sobre la “gobernanza compartida” y el control obrero

La universidad es probablemente la institución social que más se acerca en nuestra sociedad al control obrero democrático. Dentro de un departamento, por ejemplo, es bastante normal que al menos para los profesores ordinarios tenga capacidad para determinar una parte substancial de las tareas que conforman su trabajo: qué van a enseñar, cuando van a dar las clases, cuál será el programa. Y el grueso de las decisiones sobre el trabajo efectuado en la facultad caen en buena medida bajo el control del profesorado ordinario. Ahora, ni que decir tiene, hay un nivel administrativo superior al que no puedes ni eludir ni controlar. La facultad puede recomendar a alguien para ser profesor titular, pongamos por caso, y estrellarse contra el criterio de los decanos o del rector, o incluso de los patronos o de los legisladores. No es que ocurra muy a menudo, pero puede ocurrir y ocurre. Y eso es parte de la estructura de fondo que, aun cuando siempre ha existido, era un problema menor en los tiempos en que la administración salía elegida por la facultad y era en principio revocable por la facultad. En un sistema representativo, necesitas tener a alguien haciendo labores administrativas, pero tiene que poder ser revocable, sometido como está a la autoridad de las gentes a las que administra. Eso es cada vez menos verdad. Hay más y más administradores profesionales, estrato sobre estrato, con más y más posiciones cada vez más remotas del control de las facultades. Me referí antes a The Fall of the Faculty de Benjamin Ginsberg, un libro que entra en un montón de detalles sobre el funcionamiento de varias universidades a las que sometió a puntilloso escrutinio: Johns Hopkins, Cornell y muchas otras.

El profesorado universitario ha venido siendo más y más reducido a la categoría de trabajadores temporales a los que se asegura una precaria existencia sin acceso a la carrera académica. Tengo conocidos que son, en efecto, lectores permanente; no han logrado el estatus de profesores ordinarios; tienen que concursar cada año para poder ser contratados otra vez. No deberían ocurrir estas cosas, no deberíamos permitirlo. Y en el caso de los ayudantes, la cosa se ha institucionalizado: no se les permite ser miembros del aparato de toma de decisiones y se les excluye de la seguridad en el puesto de trabajo, lo que no sirve sino para amplificar el problema. Yo creo que el personal no docente debería ser integrado también en la toma de decisiones, porque también forman parte de la universidad. Así que hay un montón que hacer, pero creo que se puede entender fácilmente por qué se desarrollan esas tendencias. Son parte de la imposición del modelo de negocios en todos y cada uno de los aspectos de la vida. Esa es la ideología neoliberal bajo la que el grueso del mundo ha estado viviendo en los últimos 40 años. Es muy dañina para la gente, y ha habido resistencias a ella. Y es digno de mención el que al menos dos partes del mundo han logrado en cierta medida escapar de ella: el Este asiático, que nunca la aceptó realmente, y la América del Sur de los últimos 15 años.

Sobre la pretendida necesidad de “flexibilidad”

“Flexibilidad” es una palabra muy familiar para los trabajadores industriales. Parte de la llamada “reforma laboral” consiste en hacer más “flexible” el trabajo, en facilitar la contratación y el despido de la gente. También esto es un modo de asegurar la maximización del beneficio y el control. Se supone que la “flexibilidad” es una buena cosa, igual que la “mayor inseguridad de los trabajadores”. Dejando ahora de lado la industria, para la que vale lo mismo, en las universidades eso carece de toda justificación. Pongamos un caso en el que se registra submatriculación en algún sitio. No es un gran problema. Una de mis hijas enseña en una universidad; la otra noche me llamó y me contó que su carga lectiva cambiaba porque uno de los cursos ofrecidos había registrado menos matrículas de las previstas. De acuerdo, el mundo no se acabará, se limitaron a reestructurar el plan docente: enseñas otro curso, o una sección extra, o algo por el estilo. No hay que echar a la gente o hacer inseguro su puesto de trabajo a causa de la variación del número de matriculados en los cursos. Hay mil formas de ajustarse a esa variación. La idea de que el trabajo debe someterse a las condiciones de la “flexibilidad” no es sino otra técnica corriente de control y dominación. ¿Por qué no hablan de despedir a los administradores si no hay nada para ellos este semestre? O a los patronos: ¿para qué sirven? La situación es la misma para los altos ejecutivos de la industria; si el trabajo tiene que ser flexible, ¿por qué no la gestión ejecutiva? El grueso de los altos ejecutivos son harto inútiles y aun dañinos, así que ¡librémonos de ellos! Y así indefinidamente. Sólo para comentar noticias de estos últimos días, pongamos el caso de Jamie Dimon, el presidente del consejo de administración del banco JP Morgan Chase: acaba de recibir un substancial incremento en sus emolumentos, casi el doble de su paga habitual, en agradecimiento por haber salvado al banco de las acusaciones penales que habrían mandado a la cárcel a sus altos ejecutivos: todo quedó en multas por un monto de 20 mil millones de dólares por actividades delictivas probadas. Bien, podemos imaginar que librar de alguien así podría ser útil para la economía. Pero no se habla de eso cuando se habla de ”reforma laboral”. Se habla de gente trabajadora que tiene que sufrir, y tiene que sufrir por inseguridad, por no saber de donde sacarán el pan mañana: así se les disciplina y se les hace obedientes para que no cuestionen nada ni exijan sus derechos. Esa es la forma de operar de los sistemas tiránicos. Y el mundo de los negocios es un sistema tiránico. Cuando se impone a las universidades, te das cuenta de que refleja las mismas ideas. No debería ser un secreto.

Sobre el propósito de la educación

Se trata de debates que se retrotraen a la Ilustración, cuando se plantearon realmente las cuestiones de la educación superior y de la educación de masas, no sólo la educación para el clero y la aristocracia. Y hubo básicamente dos modelos en discusión en los siglos XVIII y XIX. Se discutieron con energía harto evocativa. Una imagen de la educación era la de un vaso que se llena, digamos, de agua. Es lo que ahora llamamos “enseñar para el examen”: viertes agua en el vaso y luego el vaso devuelve el agua. Pero es un vaso bastante agujereado, como todos hemos tenido ocasión de experimentar en la escuela: memorizas algo en lo que no tienes mucho interés para poder pasar un examen, y al cabo de una semana has olvidado de qué iba el curso. El modelo de vaso ahora se llama “ningún niño a la zaga”, “enseñar para el examen”, “carrera a la cumbre”, y cosas por el estilo en las distintas universidades. Los pensadores de la Ilustración se opusieron a ese modelo.

El otro modelo se describía como lanzar una cuerda por la que el estudiante pueda ir progresando a su manera y por propia iniciativa, tal vez sacudiendo la cuerda, tal vez decidiendo ir a otro sitio, tal vez planteando cuestiones. Lanzar la cuerda significa imponer cierto tipo de estructura. Así, un programa educativo, cualquiera que sea, un curso de física o de algo, no funciona como funciona cualquier otra cosa; tiene cierta estructura. Pero su objetivo consiste en que el estudiante adquiera la capacidad para inquirir, para crear, para innovar, para desafiar: eso es la educación. Un físico mundialmente célebre cuando, en sus cursos para primero de carrera, se le preguntaba “¿qué parte del programa cubriremos este semestre?”, contestaba: “no importa lo que cubramos, lo que importa es lo que descubráis vosotros”. Tenéis que ganar la capacidad y la autoconfianza en esta asignatura para desafiar y crear e innovar, y así aprenderéis; así haréis vuestro el material y seguir adelante. No es cosa de acumular una serie fijada de hechos que luego podáis soltar por escrito en un examen para olvidarlos al día siguiente.

Son dos modelos radicalmente distintos de educación. El ideal de la Ilustración era el segundo, y yo creo que el ideal al que deberíamos aspirar. En eso consiste la educación de verdad, desde el jardín de infancia hasta la universidad. Lo cierto es que hay programas de ese tipo para los jardines de infancia, y bastante buenos.

Sobre el amor a la docencia

Queremos, desde luego, gente, profesores y estudiantes, comprometidos en actividades que resulten satisfactorias, disfrutables, actividades que sean desafíos, que resulten apasionantes. Yo no creo que eso sea tan difícil. Hasta los niños pequeños son creativos, inquisitivos, quieren saber cosas, quieren entenderlas, y a no ser que te saquen eso a la fuerza de la cabeza, el anhelo perdura de por vida. Si tienes oportunidades para desarrollar esos compromisos y preocuparte por esas cosas, son las más satisfactorias de la vida. Y eso vale lo mismo para el investigador en física que para el carpintero; toenes que intentar crear algo valioso, lidiar con problemas difíciles y resolverlos. Yo creo que que eso es lo que hace del trabajo el tipo de actividad que quieres hacer; y la haces aun cuando no estés obligado a hacerla. En una universidad que funcione razonablemente, encontrarás gente que trabaja todo el tiempo porque les gusta lo que hacen; es lo que quieren hacer; se les ha dado la oportunidad, tienen los recursos, se les ha animado a ser libres e independientes y creativos: ¿qué mejor que eso? Y eso también puede hacerse en cualquier nivel.

Vale la pena reflexionar un poco sobre algunos de los programas educativos imaginativos y creativos que se desarrollan en los distintos niveles. Así, por ejemplo, el otro día alguien me contaba de un programa que usa en las facultades, un programa de ciencia en el que se plantea a los estudiantes una interesante cuestión: “¿Cómo puede ser que un mosquito vuela bajo la lluvia?” Difícil cuestión, cuando se piensa un poco en ella. Si algo impactara en un ser humano con la fuerza de una gota de agua que alcanza a un mosquito, lo abatiría inmediatamente. ¿Cómo puede, pues, el mosquito evitar el aplastamiento inmediato? ¿Cómo puede seguir volando? Si quieres seguir dándole vueltas a este asunto –dificilísimo asunto—, tienes que hacer incursiones en las matemáticas, en la física y en la biología y plantearte cuestiones lo suficientemente difíciles como para verlas como un desafío que despierta la necesidad de responderlas.

Eso es lo que debería ser la educación en todos los niveles, desde el jardín de infancia. Hay programas para jardines de infancia en los que se da a cada niño, por ejemplo, una colección de pequeñas piezas: guijarros, conchas, semillas y cosas por el estilo. Se propone entonces a la clase la tarea de descubrir cuáles son las semillas. Empieza con lo que llaman una “conferencia científica”: los nenes hablan entre sí y tratan de imaginarse cuáles son semillas. Y, claro, hay algún maestro que orienta, pero la idea es dejar que los niños vayan pensando. Luego de un rato, intentan varios experimentos tendentes a averiguar cuáles son las semillas. Se le da a cada niño una lupa y, con ayuda del maestro, rompe una semilla y mira dentro y encuentra el embrión que hace crecer a la semilla. Esos niños aprenden realmente algo: no sólo algo sobre las semillas y sobre lo que las hace crecer; también aprenden algo sobre los procesos de descubrimiento. Aprenden a gozar con el descubrimiento y la creación, y eso es lo que te permitirá comportarte de manera independiente fuera del aula, fuera del curso.

Lo mismo vale para toda la educación, hasta la universidad. En un seminario universitario razonable, no esperas que los estudiantes tomen apuntes literales y repitan todo lo que tu digas; lo que esperas es que te digan si te equivocas, o que vengan con nuevas ideas desafiantes, que abran caminos que no habían sido pensados antes. Eso es lo que es la educación en todos los niveles. No consiste en instilar información en la cabeza de alguien que luego la recitará, sino que consiste en capacitar a la gente para que lleguen a ser personas creativas e independientes y puedan encontrar gusto en el descubrimiento y la creación y la creatividad a cualquier nivel o en cualesquiera dominios a los que les lleven sus intereses.

Sobre el uso de la retórica empresarial contra el asalto empresarial a la universidad

Eso es como plantearse la tarea de justificar ante el propietario de esclavos que nadie debería ser esclavo. Estáis aquí en un nivel de la indagación moral en el que resulta harto difícil encontrar respuestas. Somos seres humanos con derechos humanos. Es bueno para el individuo, es bueno para la sociedad y hasta es bueno para la economía en sentido estrecho el que la gente sea creativa e independiente y libre. Todo el mundo sale ganando de que la gente sea capaz de participar, de controlar sus destinos, de trabajar con otros: puede que eso no maximice los beneficios ni la dominación, pero ¿por qué tendríamos que preocuparnos de esos valores?

Un consejo a las organizaciones sindicales de los profesores precarios

Ya sabéis mejor que yo lo que hay que hacer, el tipo de problemas a los que os enfrentáis. Seguid adelante y haced lo que tengáis que hacer. No os dejéis intimidar, no os amedrentéis, y reconoced que el futuro puede estar en nuestras manos si queremos que lo esté.

Traducción para http://www.sinpermiso.info: Miguel de Puñoenrostro

Fuente: http://www.counterpunch.org/2014/02/28/on-academic-labor/27

 

La Universidad Pública, por Fernando Atria y Javier Wilenmann

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1 de abril de 2014

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Universidad de Harvard

¿Qué es una universidad pública? En la discusión actual, hay dos posiciones que parecen totalmente enfrentadas: conforme a la primera, es pública una universidad cuando en los hechos desarrolla una “función pública”. Conforme a la segunda, es pública cuando es estatal.

Guiado por una intuición correcta, el ministro de Educación ha sostenido que el criterio de la “función pública” es insuficiente, es demasiado laxo. Pero, para justificar esta intuición, el ministro ha recurrido a una explicación que, desde el propio punto de vista de las universidades estatales, es problemática. El ministro ha dicho que hay un interés público en la producción de conocimiento nuevo (en la forma de “investigación”), un interés que justifica que el Estado financie instituciones en las que ese conocimiento sea producido. Pero ese conocimiento ha de ser producido en condiciones en que no pueda surgir conflicto entre el interés público y un interés privado. En las universidades estatales ese conflicto no podría darse, ya que el “mandante” sería precisamente el titular del interés público, el Estado. En las universidades privadas, en cambio, es posible el conflicto entre los intereses privados de sus controladores y el interés público. Entonces, el Estado debe preferir las instituciones que están libres de la posibilidad de este conflicto: las estatales.

Es importante comenzar destacando que el punto de partida del ministro es correcto: hay un interés público en la investigación y en que ella produzca efectos en el bienestar general y en la riqueza de la cultura nacional. También es correcto sostener que es injustificable que la investigación se financie con fondos públicos pero sea encargada, controlada o puesta al servicio de una agenda particular por sea quien fuere el dueño de o que controla a una determinada universidad. Según el ministro, esto no ocurre cuando el Estado es “mandante” y la universidad “mandada”.

Entender que esta es la relación que vincula al Estado con sus universidades, sin embargo, niega la autonomía universitaria. La exigencia de autonomía ha sido siempre una exigencia de la universidad, porque sólo un régimen autónomo la protege de intervenciones guiadas por fines ajenos a criterios propiamente universitarios. En lo que importa al ministro, la autonomía es necesaria para asegurar que la investigación tenga por objetivo exclusivamente aquello que como idea regulativa puede denominarse “la verdad”. Se trata de asegurar que no haya intereses ajenos a la búsqueda de la verdad que puedan interferir con la investigación académica, la que debe estar organizada de modo tal que el investigador sea libre de llegar hasta donde sea que lo lleve el resultado de su investigación.

Pero si esto es así, entonces entender que lo especial de la universidad pública es que tiene como “mandante” al Estado niega su naturaleza, porque niega su autonomía. La universidad estatal no puede entenderse como un servicio público, sujeta, como ellos siempre están, a la superintendencia y dirección del Estado a través del Ministerio respectivo. Si las universidades públicas estuvieran sujetas así al Ministerio de Educación, lo que guiaría su actividad no serían criterios puramente académicos, sino los criterios de oportunidad del ministro (y nada asegura que el ministro de Educación estará siempre guiado por consideraciones puramente universitarias). Por esto, buena parte de la lucha de las universidades estatales en Chile durante el siglo XX se refirió a asegurar institucionalmente su autonomía. El argumento del ministro no deja espacio para esta necesidad de las universidades estatales, y por consiguiente lleva o a (1) poner en cuestión o negar la autonomía universitaria (para que el Estado pueda desempeñarse como mandante y entonces pueda guiar la investigación) o a (2) una comprensión del contenido de ese mandato (sin capacidad de guiar la investigación) que respeta la autonomía, pero deja abierta de nuevo la pregunta inicial. Porque si el respeto a la autonomía obliga al Estado a no actuar como mandante de sus universidades, ¿qué diferencia hace que el mandante sea el Estado?

Es necesario entender correctamente la idea de autonomía universitaria y su sentido. Que una universidad estatal sea autónoma quiere decir que el Estado no puede interferir con su actividad universitaria, la que entonces sólo puede ser guiada por sus propios criterios internos. Por supuesto, esto no implica que uno deba ser ingenuo, y negar la posibilidad de que una universidad estatal sea capturada por intereses privados. Pero sí implica que en ese caso la captura es captura. Es decir, una patología que la regulación y la organización institucional deben intentar neutralizar todo lo que se pueda. La mejor garantía contra la captura es un contexto institucional en el que una universidad pueda actuar orientada por criterios exclusivamente universitarios. Eso exige fundamentalmente dos cosas: un estatuto que asegure la posición del académico, permitiéndole así seguir su investigación donde sea que ésta lo lleve, y una forma de gobierno que haga difícil la captura por intereses particulares. Esta es la posición a la que habían llegado las universidades estatales antes de la intervención militar posterior al 11 de septiembre (no en el sentido de que la regulación de entonces era perfecta, sino en el sentido de que estas dos condiciones eran las que debían ser garantizadas). Al satisfacerse estas dos condiciones, la universidad quedaba protegida de la operación de poderes “extrauniversitarios”, es decir, fácticos. Y esta protección creaba un espacio para una investigación que no estaba al servicio de agendas particulares, sino de la búsqueda de la verdad. La misma finalidad es la que hoy exige la entrega de aportes basales de libre disposición, porque si la universidad necesita vender sus servicios en el mercado para financiarse, entonces no podrá operar con un criterio puramente universitario, sino de mercado, sirviendo a los intereses particulares de quienes en el mercado compren investigación.

Estas consideraciones muestran el error de quienes, contra la intuición del ministro, alegan que para que una universidad deba ser tratada como pública basta con que desempeñe en los hechos una “función pública”. Porque si las universidades estatales para poder ser verdaderamente universidades (aunque estatales) necesitan de autonomía del Estado, las universidades privadas no pueden ser verdaderamente universidades (aunque privadas) en la medida en que están sujetas al control de intereses privados. La exigencia de autonomía universitaria, en el caso de las universidades estatales, no era sólo una exigencia de buena crianza dirigida al Estado: era la exigencia por un régimen legal que asegurara institucionalmente las dos condiciones que hemos identificado. Por exactamente las mismas razones, no es suficiente que el rector o el “dueño” o el controlador de una universidad en los hechos respete la autonomía de la universidad. Es verdad que hoy existen ejemplos de universidades privadas que en los hechos actúan guiados por criterios puramente académicos, y que respetan la libertad de sus académicos. Pero ello no puede depender de la deferencia o la ilustración de sus controladores, algo que siempre puede cambiar, o de lo afortunada que resulte la designación de un rector o decano. El Estado tiene un interés en asegurar institucionalmente la orientación académica de la investigación. Y esta garantía institucional no puede darse en términos del derecho privado, porque el derecho privado siempre permite que, concurriendo todas las voluntades privadas que deban concurrir, los términos de una relación (el contrato, los estatutos de una corporación) sean modificados. Por eso, no es suficiente que una universidad privada desempeñe en los hechos alguna función pública. Debe hacerlo sujeta a un régimen que hace imposible para su controlador cambiar la orientación pública de la universidad, intervenir en su gobierno, afectar la posición de sus académicos. Sólo en esas condiciones podría decirse que es una institución que se define por su compromiso universitario con la búsqueda de la verdad, es decir, que es una universidad “pública” (esta es la razón por la que antes de 1980 había universidades privadas que eran tratadas como públicas, pero eran creadas por ley. Es decir, estaban sujetas a un régimen de gobierno y tenían un estatuto académico que, como estaba en la ley, no podía ser cambiado por el controlador, quien entonces no podía poner a la universidad al servicio de una agenda particular).

El conjunto de estas condiciones, bajo las cuales universidades privadas podrían desempeñar funciones públicas y recibir, entonces, un trato análogo al recibido por las estatales, puede ser denominado el “régimen de lo público”. Para las universidades, el régimen de lo público requiere definir estándares de funcionamiento bajo los cuales el Estado pueda confiar en que la investigación producida tenga una orientación verdaderamente académica. Ha de constituir una regulación que cumpla la función que la idea de autonomía desempeñó en el caso de la universidades estatales: elevar un muro infranqueable entre los intereses particulares de los dueños o controladores de la universidad y la marcha de la universidad, para hacer probable que esta última no se guíe sino por criterios puramente universitarios en su actividad.

Lo anterior implica que el interés que correctamente quiere satisfacer el ministro –ampliar la investigación en Chile y asegurarse que tenga una orientación realmente académica– no se satisface con la concentración del financiamiento en universidades estatales, sino que necesita antes vincular el acceso a fondos basales de investigación a un régimen institucional adecuado.

Es verdad que, como dice el ministro, las universidades europeas muestran que es posible un sistema casi exclusivamente estatal de investigación. Pero el hecho de que en tradiciones distintas a la nuestra eso sea el caso no muestra todavía nada. El sistema universitario europeo tiene una historia propia que explica su configuración. Resumiendo: las universidades europeas más antiguas datan de tiempos premodernos, y fueron asumidas y controladas por el Estado en la formación de la modernidad. Durante el siglo XX, en la época del Estado de bienestar (esencialmente en los años 60 y 70), el Estado creó nuevas universidades para expandir la cobertura a estudiantes que no tenían cabida en un sistema diseñado originalmente para educar a la elite. El contexto de organización de la investigación en Europa se construyó sobre esa realidad: como la capacidad investigativa instalada se concentraba en universidades estatales, los recursos van en buena medida a esas instituciones. La situación es ciertamente distinta en Estados Unidos, en donde, precisamente por esa historia divergente, el aseguramiento de la investigación tuvo que tomar en cuenta la existencia de una buena masa de universidades privadas, pero al mismo tiempo pudo aprovecharse de una cultura, un ethos universitario que fue suficientemente fuerte como para impedir que las universidades privadas fueran instrumentalizadas por sus dueños o controladores.

Del mismo modo, una reforma en Chile debiera asumir su propio contexto. Buena parte de la capacidad investigativa nacional se concentró, durante casi todo el siglo XX, en las dos universidades ahora conocidas como “tradicionales”, la Universidad de Chile y la Universidad Católica. La masificación de universidades y la ampliación de la capacidad investigativa tuvo lugar con la aparición de las universidades privadas. El tipo de necesidades a las que respondió la formación de las universidades privadas, con enormes diferencias de grado entre ellas, es equivalente a las que en Europa se satisficieron a través de las universidades públicas surgidas durante el Estado de bienestar. Chile podría haber seguido ese camino (la explosiva expansión de la matrícula entre 1967 y 1973 es indicación de eso). Pero aquello, que pudo haber sido, no fue. Y la dictadura nos legó un sistema en que la ampliación de la universidad tuvo lugar por privados. Ese legado de la dictadura puede o no ser mirado con pesar; pero no puede ser simplemente negado. Hoy no puede decirse lo que en Europa, que buena parte de la capacidad de investigación está en las universidades del Estado. Una reforma racional no puede desconocer este hecho, sino que tiene que tomarlo en cuenta y aprovecharlo.

Tienen razón los críticos del ministro cuando dicen que el hecho de ser privada no impide a la Universidad de Harvard producir investigación pública. Pero esta comparación con Harvard y otras universidades similares supone un contexto institucional que en Chile no existe. El ministro tiene razón en sospechar; pero se equivoca en la razón que justifica su sospecha (y quizás por eso se vio forzado a dar pie atrás al día siguiente). Una institución como la Universidad Católica, por ejemplo, tiene una relevancia en la historia nacional y en su contribución actual a la investigación que no puede ser desconocida. Pero despejar las dudas sobre la ausencia de agendas privadas o intereses particulares requiere de regulación institucional. ¿Reclama la Universidad Católica derecho a tomar (negativamente) en cuenta, en un concurso para profesor de derecho, que el candidato cree que el aborto o el matrimonio igualitario se justifican? ¿O para expulsar a un profesor de medicina reproductiva que defiende el uso de la píldora del día después? Si reclama estos derechos, entonces no puede pretender que la investigación que se realiza en ella sea reconocida y tratada como pública, porque al hacerlo está declarando que le importa más la defensa de su agenda particular que la libre investigación; si no los reclama, y está dispuesta a someterse a un régimen legal que asegure a esos profesores que podrán comenzar o continuar sus carreras sin desmedro, entonces puede empezar a reclamar que es una universidad que, aunque no estatal, ha de ser tratada y financiada como una institución pública.

http://www.elmostrador.cl/opinion/2014/04/01/la-universidad-publica/

Rector de la Universidad de Chile: La desigualdad es el problema

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A continuación el discurso enunciado por el Rector de la Universidad de Chile, Prof. Víctor Pérez Vera, en la Conmemoración del Aniversario 170 de esta Casa de Estudios, realizada el viernes 16 de noviembre de 2012 en la Casa Central.

1.- ANIVERSARIO 170 DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

Los aniversarios constituyen siempre ocasiones en que nos detenemos a escuchar el rumor de lo acontecido y sus posibles resonancias en el presente. Hoy, cuando celebramos nuestros 170 años de vida, reconocemos aún la sonoridad de cuatro grandes relatos de nuestra historia universitaria, expresados con ocasión de su nacimiento, su cincuentenario, su centenario y del sesquicentenario, los que a mi entender mantienen un vigente correlato con la situación actual de nuestra Universidad y su entorno.

En el momento fundacional, las palabras de Andrés Bello -convertidas en cimiento profundo de nuestra cultura institucional- anunciaban ya lo que serían las tres encrucijadas existenciales de la Universidad de Chile como cuerpo vivo, cambiante, acuciado por las improntas de cada época y de cada generación. La primera, la relación ineludible de la Universidad con la nación y su Estado; la segunda, la libertad en su más pleno sentido de la condición de quien no es esclavo y de quien es responsable de sus obras, de su hacer y decir, respetando siempre el hacer y decir del prójimo; y la tercera, la imbricación de la Universidad con el entorno social.

Respecto a la primera encrucijada, Bello sostuvo, en su emblemático discurso de 1843: “Con la asistencia del Consejo, con la actividad ilustrada y patriótica de las diferentes facultades; bajo los auspicios del Gobierno, bajo la influencia de la libertad, espíritu vital de las instituciones chilenas, me es lícito esperar que el caudal precioso de ciencia y talento, de que ya está en posesión la universidad se aumentará…”. Respecto a la segunda, revela las tensiones que signarán, desde sus inicios, el decurso de la institución: “La universidad, señores, no sería digna de ocupar un lugar en nuestras instituciones sociales sí (como murmuran algunos ecos oscuros de declamaciones antiguas) el cultivo de la ciencias y de las letras pudiese mirarse como peligroso bajo un punto de vista moral o bajo un punto de vista político”.

Los “auspicios del Gobierno”, de este modo, serán la bisagra en cuya materialidad, la universidad, se constituirá en el rostro más prístino de la ilustración republicana. Un rostro que se tornó, por cierto, peligroso, en tanto la ciencia y las letras operaron en su función crítica sobre esas “oscuras declamaciones antiguas”, sobre esos sonidos provenientes del conservadurismo colonial y religioso, al que Bello contestará diciendo “Lo sabéis, señores, todas las verdades se tocan”.

Y respecto a la tercera impronta, lo escuchamos plantear: “Yo ciertamente soy de los que miran …la educación del pueblo, como uno de los objetos más importantes y privilegiados a que pueda dirigir su atención el Gobierno…como la base de todo sólido progreso; como el cimiento indispensable de las instituciones republicanas”.

El cincuentenario de la Universidad de Chile, por su parte, estuvo marcado por otra constante: la mirada crítica hacia el interior en pos de su perfeccionamiento y con la finalidad de ser una institución que dialoga permanentemente con la sociedad y sus poderes. Diego Barros Arana, en el discurso conmemorativo, sostuvo: “Hoy, cuando la Universidad de Chile cumple medio siglo de vida es tiempo de preguntarse si ha correspondido al objeto que se tuvo en vista al crearla”, y agrega: “La Universidad acometió la reforma de aquel estado de cosas con firmeza y con perseverancia. Apoyada más o menos eficazmente por todos los gobiernos que desde entonces se han sucedido ha podido realizar la transformación que hoy presenciamos…”. Se refería con esto, a los cambios en los planes de estudio, la traída de profesores extranjeros y a las nuevas disciplinas incorporadas.

Así, la preocupación por lo público, ya estaba escrita en el cincuentenario y permanece en las escenas del Chile actual, entendiendo lo público como lo “perteneciente a todos y todas”. Durante las últimas décadas nos hemos visto inmersos en una lucha por el resguardo de nuestra pertenencia al Estado y por ello, a Chile en su conjunto, ante los cálculos de las ideologías de mercado, lo que nos obliga a interpelar a nuestro propietario, el Estado.

Hemos reclamado por una justa consideración como Universidad pública estatal, a través de un Nuevo Trato, precisamente porque sabemos que la Universidad de Chile ha sido el “faro” del país durante los siglos XIX y XX, sentando las bases del desarrollo en los más diversos ámbitos. El siglo XXI nos encuentra redefiniendo ese vínculo y el sentido de lo público, sabiendo que toda relación social tiene luces y sombras en su devenir.

Al rector Juvenal Hernández le correspondió celebrar el centenario de nuestra Universidad y en su discurso del 19 de noviembre de 1942, se le escuchaba decir: “Desde los días de su creación, la historia del desenvolvimiento de la Universidad se confunde con la del desarrollo de las instituciones de la República: dura brega contra la obstinación de las fuerzas negativas que coartan los mejores vuelos de la inteligencia”. Los sentimientos de lucha seguían registrándose en quien nos lideró por más de 20 años, dejando memoria de que la Universidad de Chile ha ganado su sitio en la perseverante vigilancia de su desarrollo.

El de Juvenal Hernández fue un tiempo de expansión y consolidación, pero sobre todo de la primacía del relato asociado a nuestro compromiso y porosidad con la sociedad y con la internacionalización latinoamericana. “Si la Universidad no se preocupa del medio social, no es más que un claustro cerrado y exclusivo que no cumple su misión civilizadora y sus fuerzas se perderán en el vacío”, sostuvo Hernández.

En la conmemoración de los 150 años de la Universidad de Chile, marcados por el retorno de la democracia luego del infausto período de la dictadura, el rector Jaime Lavados puso el acento en la proyección de nuestra Casa de Estudios en medio de los acelerados cambios de la sociedad globalizada, recuperando y fortaleciendo la idea de la “cultura” de la Universidad de Chile.

Las sombras del desvarío se ceñían sobre el aniversario de los 150 años y cada uno y cada una de los que vivimos la intervención de la Universidad de Chile sabemos que, quizás, este haya sido el período más doloroso y complejo de nuestra historia institucional. Esta historia recién comienza a ser abordada, hablada y problematizada, más allá de las miradas ideológicas, de los miedos y los rencores, propios del trauma.
Pero nos asiste la convicción de que es preciso que los sucesos recientes tengan mayor cabida en la reflexión y en la memoria. Sólo de ese modo, nuestra cultura propia, nuestra identidad, podrán encontrar ese espacio que explique o desmitifique el peso de la intervención, situándola en su perspectiva temporal y ayudándonos a entender los cambios impuestos, las resistencias, la capacidad de agencia para impedir la destrucción de los relatos fundacionales y su posterior relectura.

Es un episodio que tenemos que re-construir, recuperar en sus documentos, en la historia oral, los recuerdos, no para reproducir las distancias y los resquemores, sino para reforzar el sentimiento plural y de libertad que nos define. Pondré todos mis esfuerzos porque antes de que finalice mi rectorado podamos contar, además del pionero trabajo de la Revista Anales en sus números especiales dedicados a los 170 años, con una profunda historia de la intervención militar en la Universidad de Chile.

Si he traído hasta este Salón de Honor, símbolo de nuestro ser republicano, las palabras de los rectores en Aniversarios anteriores, es para dar cuenta, precisamente, del espesor de nuestra historia. Y más aún, de las responsabilidades políticas y culturales que nos competen por misión y devenir.

2.- LA UNIVERSIDAD DE CHILE EN EL AÑO 2012

A la luz de estos relatos que nos interpelan en nuestra responsabilidad como institución, en su aniversario 170, la Universidad de Chile puede decir con orgullo a todos los chilenos y chilenas que su universidad, sigue siendo la número 1 en el país en investigación, publicaciones, pregrado y postgrado, y una de las 10 mejores de Latinoamérica.

Todos estos logros no serían posibles sin la calidad y cantidad del trabajo comprometido y generoso de nuestra comunidad universitaria, para quienes expreso nuestro mayor reconocimiento y agradecimiento.
El libro “Memoria 2010 – 2011″, preparado por la Vicerrectoría de Extensión y que ustedes han recibido en el día de hoy, da cuenta del quehacer de nuestras académicas y académicos. Agradezco el espléndido trabajo realizado por la Vicerrectora de Extensión, prof. Sonia Montecino y su equipo. Aprovecho de agradecer también la gestión de la VEX que ha permitido que la Empresa de Correos de Chile haya confeccionado sellos conmemorativos de estos 170 años con las imágenes de Valentín Letelier y Amanda Labarca y el lema de Pioneros en la Educación Pública como un modo de dejar impresos los sentimientos que nos asisten de recuperar ese sitial que ellos nos legaron.

3.- LA DESIGUALDAD ES EL PROBLEMA

En la larga historia de la Universidad de Chile, este patrimonial Salón de Honor ha recibido los relatos y vivencias, los sueños y esperanzas de la nación, así como también ha sido testigo de la justa protesta ante sus carencias y malestares.

Hoy no es una excepción. Y no podría serlo cuando una honda inquietud agita el alma del país, muchas veces expresada en el cantar y caminar de multitudes por las calles, con ecos y protagonismos en nuestra comunidad universitaria, especialmente la estudiantil, como ha sido su tradición de décadas.
Desde distintos sectores se busca explicar las causas del desasosiego, las más de las veces, en nuestra opinión, sordas y ciegas ante lo que se vive en los hogares, en los jardines infantiles, en las escuelas y liceos, en los consultorios y hospitales, en los barrios, en los buses, en las precarias plazas, ¡para que seguir!, de los sectores más vulnerables y de la clase media de nuestro país.

Desde hace años he criticado la inequidad y desigualdad que sufren millones de chilenas y chilenos. Es un juicio que se basa en mi experiencia de vida, en mi niñez y adolescencia en regiones, en ser hijo y nieto de profesores primarios de provincia que, como tantos otros, dieron todo por el país y por su futuro. Es una crítica que nace del convencimiento de que Chile, al igual que una familia, necesita tener cohesión social, solidez, estabilidad y dignidad. Durante este tiempo he escuchado repetidamente a líderes políticos y económicos sobre vías y propuestas de soluciones. Pero la inequidad y desigualdad siguen dominando el paisaje de Chile, resquebrajando la realidad del país, de sus barrios, pueblos y ciudades.

A doscientos años de su Independencia, Chile no es justo y aún no hemos alcanzado ese ideal que afirma que en nuestra patria no existen clases ni grupos privilegiados. Es triste y desesperanzador constatar que diariamente, millones de chilenos y chilenas tienen graves carencias materiales, culturales y espirituales, donde ni la capacidad de soñar les permite tener esperanzas como aliciente para seguir existiendo y luchando.

Al respecto, resulta sintomático un estudio reciente del PNUD (Bienestar Subjetivo: El desafío de pensar el desarrollo, Santiago, agosto 2012) sobre el bienestar subjetivo publicado en agosto de 2012. Sin entrar en una discusión sobre el concepto de felicidad que está en juego, el estudio constató, ¡miren que novedad!, que existe desigualdad para poder sentir y soñar, y que la infelicidad también se reparte desigualmente en nuestra sociedad, pues afecta en mayor grado a los grupos más vulnerables.

¿Qué hemos hecho o hemos dejado hacer para arribar a este panorama? Se ha afirmado que la tarea gubernamental no es competente para adentrarse en los terrenos de nuestra subjetividad. En otras palabras que la felicidad, las alegrías, como las penurias y los dolores, son asunto privado, en ningún caso conciernen a los ámbitos de lo público, como el gobierno, el Estado o las políticas públicas. Si ello es así, ¿debemos quedarnos a brazos cruzados y esperar que a la pobreza material sumemos la del espíritu, pero también distribuida desigualmente? ¿Soporta la sociedad algo así? ¿Acaso es posible la estabilidad política y la gobernabilidad democrática sobre bases tan febles? ¿Cómo le exigimos sensatez al manifestante indignado por la desesperanza? ¿Debemos esperar que se sacuda solo de su malestar y acepte su desigual acceso a la vivienda, a los bienes culturales o a un trabajo digno? Algo me dice que el manifestante furibundo, o el graffiti envenenado de odiosidad anti sistema, tienen algo -y mucho- que ver con esta desigualdad lacerante. El Latinobarometro del 2011 consigna que apenas un 6% de los chilenos cree que la distribución del ingreso en Chile es justa. ¿Podemos aspirar a vivir en paz sabiendo esto?

Una alta desigualdad de oportunidades fomenta la exclusión social, reduce la capacidad de las sociedades de utilizar el capital humano en todo su potencial, y permite a las personas adineradas distorsionar el mercado en beneficio propio. Asimismo, puede promover el delito, la violencia y la inestabilidad política.

Chile no será desarrollado -en el sentido de un pleno desarrollo humano- si no logramos vivir juntos en diversidad y acabemos con la distancia social entre ricos y pobres. ¿Por qué no avanzan las reformas que con tanta persistencia y fuerza reclaman los chilenos? Las élites saben que las inequidades perturban el orden social, amenazan la gobernabilidad democrática y desestabilizan el sistema político. En suma, es un peligro latente para los mismos que disfrutan de privilegios.

La prof. Merike Blofield, de la Universidad de Miami, sostiene que los cambios no se llevan a cabo porque la desigualdad ha abierto tan profundamente la grieta social entre elites y pobres, que éstas se hacen inmunes e insensibles a percibir y menos a entender el dolor, la frustración, la indignación o sus efectos sociales o políticos. Las élites económicas y políticas del país se han inclinado, durante años, por soluciones a la desigualdad individual y a corto plazo, en lugar de colectivas y a largo plazo, aislándose en comunidades cerradas, escuelas privadas, previsión privada, salud privada, autopistas privadas, lugares de veraneos privados, barrios privados, toda vez que la diversidad es peligrosa y lo público es sospechoso.

Nunca antes nuestro país había sido tan desigual. Esta ha penetrado tan profundamente los intersticios de nuestra vida en sociedad que ni los espacios de nuestra intimidad -tradicionalmente excluidos de los denominados bienes públicos- se libran de ella.

Nos hemos acostumbrado por años a centrar nuestra crítica en las políticas públicas del Estado o incluso en las características idiosincráticas del pobre, pero no hay que ser muy entendido para darse cuenta que las elites -económicas y políticas- tienen algo que ver también en la reproducción de la desigualdad.

En los momentos que esta Universidad histórica cumple 170 años acompañando el desarrollo de la República de Chile y las demandas y sueños de su pueblo, esta Casa levanta su voz para denunciar este flagelo cada vez menos sordo y silencioso que amenaza nuestra convivencia, pero por sobre todo, la posibilidad de hacer del futuro de Chile, un proyecto política y democráticamente sustentable. Hago un llamado aquí, no al Estado, ni a una motivación abstracta, sino a nuestra elite empresarial y política a asumir este desafío trascendental: la superación de las intolerables desigualdades que nos dividen, alimentan la desesperanza y con ello, la desconfianza, la rabia cívica y la violencia social. No podemos esperar más. Mañana puede ser demasiado tarde.

La desigualdad es “el” problema. Es la sensación compartida de que millones de chilenas y chilenos miran la realidad del país desde la ventana o la caja del televisor, mientras que los protagonistas somos unos pocos.

Hoy, cuando la Universidad de Chile celebra 170 años al servicio de la nación, quiero pedir un esfuerzo real y sincero al Gobierno de Chile y al Congreso Nacional para que desde marzo de 2013, ¡y a lo que cueste! se brinde educación parvularia universal y de calidad, según los más altos estándares internacionales, a todos los niños y niñas de Chile, sin ninguna excepción o justificación que pretenda explicar la injusticia que hoy se produce. En la inequidad de la educación parvularia en los sectores más vulnerables está la cuna de las desigualdades que tenemos. Los recursos están, hay que hacer los recortes y reasignaciones presupuestarias necesarias para que esto se pueda cumplir, ahora, no mañana. Las niñas y niños pobres no pueden esperar, se les va la vida, y nuestra vida por tanto, en ello. Solo así la vida plena podrá prodigarse en una felicidad encarnada en la materia y en el goce de la vida en común. Si algunas personas consideran que ello no es posible, pues afectaría los equilibrios macroeconómicos del país, los invito a que vayan a donde viven esos niños y niñas pobres, que los miren a los ojos y les expliquen, por qué ellos y ellas no podrán recibir los estímulos adecuados para desarrollar los talentos con que nacieron y continuarán siendo castigados de por vida.
4.- LA DESIGUALDAD DE GÉNERO Y LA UNIVERSIDAD DE CHILE

En la senda de la reflexión y la acción sobre las desigualdades sociales, la Universidad de Chile ha sido pionera en abordar las inequidades de género. Desde mediados del siglo XX con Amanda Labarca, Elena Caffarena y otras mujeres que lideraron la participación universitaria, hasta los actuales Centros de Estudios de Género, nuestra universidad se ha constituido en un campo vanguardista para las mujeres.

Esta rectoría ha sido sensible a las desigualdades entre hombres y mujeres. Por esto, el 5 de noviembre del 2008 y por primera vez en el país, promulgamos el Decreto Universitario Nº0027663 que incorporó la variable de género en los títulos universitarios, con la clara convicción que el lenguaje crea identidades sociales y que es preciso despejar los sedimentos de realidades que no corresponden a la vida contemporánea.

Sé que estos gestos, aunque necesarios en la inclusión de las diferencias, no son suficientes para cambiar las estructuras que operan aún en nuestra comunidad como reflejo de los sistemas culturales que nos modelan.

Es por eso que este año convoqué a académicas, estudiantes y funcionarias, líderes en sus disciplinas y estamentos, a formar una Comisión de Igualdad de Oportunidades de Género en la Universidad de Chile, con el objeto de realizar un diagnóstico sobre el tema y propuestas para mejorar la participación e incorporación de las mujeres en nuestra universidad. Agradezco a todas las integrantes de esta comisión por su riguroso trabajo.

Dos son los ámbitos que esta Comisión ha planteado y que recojo. Por un lado, la distribución desigual de académicas y académicos, representando las primeras sólo el 34,8% de nuestros académicos contratados; los escollos que experimentan en su desempeño profesional; la poca participación en la toma de decisiones; el acceso restringido a las jerarquías más altas y la masculinización y feminización de algunas carreras (como por ejemplo, ingeniería y educación parvularia respectivamente), produciendo un desequilibrio en la participación de mujeres y hombres y reproduciendo los estereotipos y las desigualdades que operan en la sociedad.

Por otro lado, los problemas transversales que afectan a todos los estamentos: la maternidad y paternidad responsable y su conciliación con el desarrollo académico, estudiantil y funcionario; el acoso sexual y la discriminación por razones de género o diversidad sexual.

Acogiendo una de las recomendaciones de esta Comisión, crearemos una Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género en la Universidad de Chile, cuya primera labor consistirá en producir un Plan para la Igualdad de Género, una investigación cualitativa y cuantitativa que profundice el diagnóstico ya efectuado por la Comisión, y una propuesta para la formulación de políticas universitarias en esta materia.

De este modo podremos avanzar en nuestra búsqueda de igualdad y diversidad.
5.- LA EDUCACIÓN PÚBLICA: UNA RESPUESTA AL PROBLEMA DE LA DESIGUALDAD

La desigualdad es, sin duda, el problema no resuelto de nuestra sociedad. Esto, ha puesto a la educación pública al centro del debate ciudadano. El reconocimiento del rol determinante y estratégico que tiene la educación para el país debe expandirse, madurar y articularse en propuestas.

Sin embargo, nada de esto podrá rendir frutos – aquellos que el país requiere- si ese discernimiento y los enunciados en que se articula se estrellan una y otra vez contra la muralla impuesta por el modelo vigente, con el agravante de que la autoridad parece empeñada en seguir elevando los muros. Esto nos obliga a alzar la voz. A exigir que el Estado, ponga real voluntad en hacerse cargo de su responsabilidad con dar educación pública de calidad a todos los que la requieran y que exija estándares de calidad para todas las instituciones que cumplan esta importante función social, además del pleno cumplimiento de la ley.

El año pasado fuimos testigos de una de las movilizaciones estudiantiles y sociales más grandes y sostenidas que haya conocido el país desde la recuperación de la democracia. Los llamados de esa movilización liderada por estudiantes de esta Universidad de Chile, pusieron en el centro de la controversia pública a la educación, no como un aspecto sectorial más -como la salud, la previsión, la seguridad ciudadana, por ejemplo-, sino en tanto nudo estratégico y fundamental para la equidad social y el desarrollo humano del país.

La voz estrepitosa que exigió educación pública de calidad, que acusó y denunció los fines de lucro que, contra la legalidad vigente, ostentan desde hace años y mayoritariamente las nuevas universidades privadas se hizo oír con energía y convencimiento.

Pero quienes deben prestar oídos, por estar situados en los lugares de decisión respecto de las políticas públicas, no lo han hecho y no lo hacen. Y yo pienso que no es sordera. Es la obstinación de no escuchar, decidida de antemano, porque su agenda es radicalmente distinta a la que trazarían esas demandas, llevadas a planteamientos concretos (que, por cierto, no faltan). Creo que tenemos todas las pruebas a la vista, y la puesta en escena de las iniciativas gubernamentales, indican que se trata de una agenda directamente contrapuesta.

El interés fundamental que percibimos, propiciado desde los niveles de decisión se dirige a la consolidación del modelo mercantil de la educación: educación de mercado para el mercado, subsidio a la demanda que legitima la entrega de dineros fiscales a la educación privada sin mayores condiciones ni limitaciones, sin ningún control de parte de la Contraloría General de la República, y con total falta de transparencia del uso de recursos que son de todos los chilenos.

Es una agenda distinta, que se opone manifiestamente a las voces y reivindicaciones de los actores involucrados y de la ciudadanía preocupada por el destino de la educación en el país. Y su contenido -aunque a menudo así se lo presente- no es técnico: es político. El propósito que la guía no puede ser disimulado ni maquillado. La profundización del modelo mercantil, decláreselo o no, quiéraselo o no, trae consigo la devastación de la educación pública en todo el sentido y amplitud del término. Ante esta escena, no se puede sino hacer presente a las autoridades la obligación que les cabe a la hora de impulsar o adoptar decisiones de Estado, una responsabilidad que tiene como punto de referencia el futuro del país y de sus generaciones.

Hemos escuchado ya por demasiado tiempo las letanías que rebajan el sentido de la educación pública.

Entre los argumentos que se esgrimen para debilitar y desacreditar la educación pública está el de la libertad de enseñanza. Una noción abstractamente válida, sin embargo cuando se la usa en la discusión y se la invoca como principio de política pública en el campo educacional, lo que en realidad se está propulsando son niveles cada vez más acentuados de segregación social y de cohesión ideológica de los grupos dominantes del país. La ceguera con que se insiste en esto, sin hacer un ejercicio de reflexión desde esos mismos grupos, equivale a una insensatez social e histórica. Y esa imprudencia apunta al corazón de la democracia.

Eso es lo que vislumbramos está en juego en el Chile actual: la capacidad para reforzar y hacer sustentable nuestra democracia. Tenemos por una parte -y ya lo hemos planteado el día de hoy- niveles intolerables de desigualdad e inequidad y un incremento pavoroso de la brecha entre ricos y pobres, sin descontar el hecho de que la mayor parte de nuestra clase media es económica y socialmente vulnerable; y tenemos, por otra parte, una clase política que pareciera convertir las decisiones social y políticamente relevantes en una prerrogativa excluyente que se sustenta en una aguda limitación de la participación ciudadana. Un cuadro semejante no puede sino acusar la fragilidad de nuestra democracia y hace imposible, en las condiciones vigentes, una ampliación de la misma, que debe ir a la par del desarrollo.

Pues bien: la educación, sin la cual no hay desarrollo, es al mismo tiempo el pivote para la plena democratización de la vida social. Y digámoslo con todas sus letras: la pieza maestra es la educación pública, provista por el Estado, precisamente porque es la única que, por sus propias características de inclusividad, no discriminación, igualdad y fomento de una ciudadanía responsable y participativa, puede satisfacer lo que la democracia supone; es la única congruente con la democracia, no como una simple forma o un conjunto de procedimientos, sino como un proceso vivo e históricamente abierto.

Por eso son tan importantes las demandas de educación pública que han alcanzado la máxima resonancia social en el país. Esas propuestas implican la reivindicación de la educación como un derecho fundamental e irrestricto, es decir, no sujeto a limitaciones y condicionamientos arbitrarios o discriminadores. Un derecho: desde luego, la educación no es un servicio, y de ningún modo es un bien de consumo. Un derecho, sí, y no se trata solo de un reclamo individual, es la petición de un derecho social. Es un derecho y, en correspondencia, el Estado tiene una obligación principal y prioritaria al respecto. Y -ya lo sostuvimos- no está cumpliendo con ella.

¿Por qué se enarbolan tantos argumentos hoy para rebajar el sentido y la importancia de la educación pública? ¿Por qué se quiere igualar toda clase de educación, con independencia de su propiedad, de sus gestores, de sus orientaciones ideológicas, de su composición social? ¿Por qué se afirma sin mayores precisiones que toda institución educacional, indistintamente, produce bienes públicos? ¿Por qué se reitera tanto en que es perfectamente lícito repartir dineros fiscales, que todos los chilenos aportan, para contribuir a financiar empresas educacionales, muchas de ellas extranjeras, que únicamente sirven a los intereses de un sector muy reducido de nuestra sociedad?

La palabra que mencioné brinda las señales. Son intereses, determinados y muy precisos los que movilizan esos argumentos y los que buscan reducir al mínimo la educación pública. Son intereses ideológicos, sin duda, indisociables de los económicos. Se sostiene que la función de la educación es preparar “capital humano” diversamente calificado para el sistema laboral que impone la economía de mercado, y, sin decirlo abiertamente, favorecer a un segmento estrecho orientado a formar las élites dirigentes del país, con el claro propósito de que sean coherentes con los sectores ultra-privilegiados por la distribución desigual del ingreso y de las oportunidades. Esos mismos grupos disponen de una amplia gama de poderes, formales, institucionales y fácticos, de manera que lo que está en juego, en definitiva, es la perpetuación de un sistema de potestad basado en escandalosos privilegios económicos, políticos y sociales.

Por cierto, un sistema como ese no es compatible con el desarrollo de la educación pública. Esta no se restringe nunca a formar personas con alta capacidad profesional o técnica que contribuyan al desarrollo general -social, económico, cultural- del país, sin que al mismo tiempo potencie una conciencia lúcida respecto de ese desarrollo, de sus complejidades y sus conflictos. La educación pública estimula las capacidades críticas y alienta la voluntad de transformación, vincula expresamente el desarrollo con la democracia, no solo de una manera discursiva, sino en la práctica, porque es socialmente diversa, porque fomenta la participación, el pluralismo, el diálogo, el acuerdo razonado, la no discriminación y la primacía del interés común por sobre cualquier interés particular o corporativo.

Este es el sentido del llamado, de la interpelación desplegada en el frontis de la Casa Central de la Universidad de Chile, al celebrar sus 170 años de existencia, como la primera universidad del país, que entiende su pasado, su presente y su futuro ligados inseparablemente al destino de la república: “170 años:. La Universidad de Chile unida en el fortalecimiento de la educación pública como un derecho para una sociedad más justa”. Es una convocatoria, un requerimiento y la declaración de un compromiso que sustentamos y seguiremos manteniendo, un deber incondicional, es el sello de esta universidad.

Tras esta insistente afirmación y defensa de la educación pública subyace una interrogante. He sido tenaz, enfático en plantear esa afirmación y ese alegato porque ha habido y sigue habiendo un sistemático ataque, una programada y acentuada restricción de su significado y su peso. ¿Por qué se desea reducir a lo ínfimo a la educación pública, ya sea debilitando al extremo la que corresponde directamente al Estado, ya sea igualando a todas las instituciones y establecimientos y aportándoles indiscriminadamente financiamiento y oportunidades, o simplemente manteniendo la abismante desregulación de todo el sistema? ¿Qué -y esta es la pregunta- se teme de la educación pública, para sistemáticamente -digamos las cosas por su nombre-, haber tendido a su debilitamiento? Creo que la respuesta no abarca un solo término. Hablaba antes de intereses que en verdad se traducen en una aquiescencia. Son afanes económicos pues está claro que la educación ha resultado ser un negocio muy lucrativo, más aun si estos réditos se obtienen al amparo del Estado, por omisión o acción directa. Son bastiones ideológicos, de cohesión de sectores sociales en torno a valores que los confirman y refuerzan en sus privilegios y en esa especie de derecho innato que se arrogan para ejercer dominio en todas las áreas de la sociedad. Y son trincheras políticas, porque lo que se persigue es preservar e incrementar una estructura de poder que mantiene y ahonda la desigualdad y la discriminación.

La educación pública, por contraste, existe fuera de todo condicionamiento de lucro, está permanentemente abierta a la diversidad -social y valórica-, somete las ideas, opiniones y creencias a un escrutinio constante que refuerza el sentido de lo múltiple y entrega herramientas a quienes se forman en ella para desarrollar la conciencia de sus derechos, deberes y sus responsabilidades, consigo mismos, con los demás, con el país: es decir, construye cotidianamente ciudadanía, abriendo horizontes de futuro que exceden las formas vigentes de poder en la sociedad. En una palabra, diría yo, lo que se teme en la educación pública es su fuerte potencial de emancipación.

¡Que nadie se lleve a engaño! “La Chile”, la Universidad de todos los chilenos y chilenas, la Universidad nacional, pluralista, diversa, libre intelectualmente, laica y de excelencia, por definición del Estado que la fundó, durante los próximos 170 años y contra viento y marea seguirá luchando por la igualdad y la equidad, se la seguirá jugando por la educación pública de calidad y equitativa -sobre todo para los niños y niñas más pobres de nuestro país, de quienes debemos ser luz de esperanza-. ¡Seguirá arriesgándose por la libertad!

6.- PALABRAS FINALES

Al celebrar estos 170 años de la Universidad de Chile, con orgullo, emoción y humildad nuestra comunidad universitaria hace suyas las palabras con que hace 140 años, el 4 de octubre de 1872, el rector Ignacio Domeyko presentaba su informe al Consejo de la Universidad de Chile:

“Honor i gratitud a los fundadores de nuestra Universidad, que animados de las ideas más sanas i liberales, se esforzaron en crear una institución llamada a ser un foco para el cultivo de letras i ciencias, i que tuvieron bastante fe en que se hallaran en la nación hombres inteligentes i entusiastas dispuestos a poner desde luego la mano en la obra. Sus esperanzas no han sido frustradas”.

Viva la Universidad de Chile
Viva la Universidad de Chile libre
Viva Chile.

Muchas gracias

Chile: crisis de las Universidades de mercado… (dossier actualizado)

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Las pruebas que confirman la venta de acreditaciones a universidades privadas

Por : Mónica González y Juan Andrés Guzmán en Reportajes de investigación Publicado: 10.12.2012

http://ciperchile.cl/wp-content/uploads/portada_cna-300×200.jpg” width=”300″ height=”200″ />Luis Eugenio Díaz cobraba $100 millones por 5 años de acreditación. Esto es parte de los reveladores antecedentes de la investigación de la fiscalía, que evidencia cómo fracasó el sistema que debía custodiar una educación de calidad y cómo se distribuyeron los dineros del CAE sin control. El escándalo, que comenzó con la publicación de CIPER del contrato entre Díaz y la U. del Mar, extiende la sospecha sobre media docena de universidades. En este primer reportaje lea cómo Díaz intervino a favor de la U. SEK, de Jorge Segovia, y su vínculo con el ministro de Justicia y dueño de la U. Autónoma, Teodoro Ribera.

Entre las decenas de elementos de prueba que tienen a Luis Eugenio Díaz, ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), en prisión preventiva y acusado de los delitos de soborno, cohecho y lavado de activos, figura un par de correos que la Fiscalía Oriente incautó de su computador y que Díaz envió en julio de 2011 a José Enrique Schroeder, entonces rector de la Universidad SEK, institución de propiedad de Jorge Segovia Bonet (presidente de su junta directiva desde 1990), dirigente también del club de fútbol Unión Española y de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

Email de Eugenio Díaz a rector de la SEK: “Comprenderás que el hecho de que yo esté en la universidad agrega mucho valor, es casi como un sello de calidad, perdonando la petulancia. Te aseguro que nadie se va a atrever a pensar siquiera en no acreditar una institución donde yo esté”

Ambos email fueron enviados cuando la Universidad SEK iniciaba en 2011 su proceso para volver a acreditarse ante la CNA, institución en la que Díaz votaba y era un influyente consejero desde el año 2007, cuando fue elegido como representante de las universidades privadas autónomas, apoyado también en su reelección en 2009 por las universidades UNIACC, Pedro de Valdivia y Gabriela Mistral, entre otras.

En el primer correo electrónico Luis Eugenio Díaz le pide al rector Schroeder que le de trabajo a “una sobrinita”. Se trata de la periodista Andrea Moraga a la que define como muy inteligente, que ha trabajado revisando procesos de acreditación con Díaz, incluyendo el de la SEK. Y concluye con un último y decisivo argumento:

“Si tuvieras a bien contratarla, ciertamente yo la apoyaría con todo. De manera  que al contratarla a ella contarías con mi asesoría permanente, a través de  ella, en este periodo y en forma permanente, sin que sea necesario que me recompensen de ninguna otra manera”.

En el segundo correo, enviado al día siguiente, Díaz va más allá. Y pide trabajo para él mismo:

“Querido amigo: se me ocurre algo complementario, que quizás te sorprenderá. Te sugiero  crear en la universidad  la Dirección de Vinculación con el Medio y contratar a Andrea y a mí como director, con la misma renta que otros directores de la universidad, con la libertad para mantener una o dos consultoras que me demandan muy poco tiempo.  Esto es absolutamente compatible con mi cargo en la CNA”.

¿Qué beneficio obtendría la SEK al contar con los servicios de Andrea Moraga? Díaz lo explicita: “Ciertamente debo inhibirme cuando se trate la acreditación de la SEK pero comprenderás que el hecho de que yo esté en la universidad agrega mucho valor, es casi como un sello de calidad, perdonando la petulancia. Te aseguro que nadie se va a atrever a pensar siquiera en no acreditar una institución donde yo esté”.

Según ha logrado establecer la Fiscalía Oriente, cuando ambos email fueron enviados, Eugenio Díaz ya estaba asesorando a la SEK en el proceso de acreditación, corrigiendo sus documentos y ordenando nuevos contenidos. Documentos y contenidos que a la larga él mismo revisaría de nuevo como miembro de la CNA y relator de ese expediente (por decisión propia), para decidir si esa universidad exhibía parámetros de eficiencia y podía ser acreditada. Es decir, estaba actuando como parte interesada para luego intervenir como juez imparcial.

La acreditación era muy importante para los débiles estados financieros de la Universidad SEK, pues permitía que sus alumnos pudieran acceder al Crédito con Aval del Estado (CAE), que en 2010 le reportó montos por $400 millones.

La Universidad SEK, que inició sus actividades en 1990, recibió ese dinero gracias a la acreditación que obtuvo de la CNA en 2009. No fue un proceso fácil. El primer dictamen del organismo fiscalizador (28 de octubre de 2009) la rechazó.  La SEK presentó un recurso de reposición y en la segunda instancia fue acreditada, pero sólo por dos años certificación que vencía el 25 de noviembre de 2011.

Luis Eugenio Díaz conocía muy bien la realidad de la Universidad SEK. En su proceso de acreditación de 2009 uno de los cuatro pares evaluadores fue Andrés Lastra, ex presidente de la FECH y socio de Díaz en varias asesorías a universidades, principalmente las de la UNIACC (donde Lastra era vicerrector) y la Pedro de Valdivia (donde Lastra ocupó el cargo de director de Aseguramiento de Calidad), además del Centro de Formación Técnica (CFT) Simón Bolívar. Y el relator de dicho proceso fue el propio Luis Eugenio Díaz, quien propuso acreditarla por dos años.

Los email de Díaz hay que entenderlos en el contexto de una relación antigua (él ha declarado que conocía de antes a Jorge Segovia), que se sostenía en la necesidad  financiera de la SEK de acreditarse y en el poder de Díaz para lograrlo.

Email de Díaz a la UNIACC ofreciendo sus servicios para ayudarla a acreditarse: “El proceso de consultoría se extendería desde esta fecha hasta que se adopte la decisión definitiva de acreditación. Los honorarios por esta consultoría ascenderán a la suma de $70.000.000 a todo evento y de $30.000.000 adicionales para la eventualidad que la universidad sea acreditada por 4 años”.

La universidad atendió la primera idea de Díaz y contrató a Andrea Moraga, quien según se ha logrado acreditar trabajaba para Gestión Limitada, la empresa de Luis Eugenio Díaz, donde recibía una remuneración de $1.400.000 mensuales. Moraga colaboró también con Díaz en las asesorías a la Universidad Bernardo O’Higgins y del Mar. Según declaró el rector José Enrique Schroeder, Moraga fue contratada para hacer “un informe sobre la enseñanza para la comprensión”. No fue lo que recordó Díaz. Ante la fiscalía dijo que la Universidad SEK le pagó a Moraga “$2.500.000 por hacer un informe sobre el pensamiento de Amartya Sen, que es un economista alternativo”.

La secuencia descrita deja abierta la duda de si la contratación de Andrea Moraga es la forma que la Universidad SEK encontró para pagarle a Díaz una parte de sus asesorías en la acreditación. El rector Schroeder, ante la fiscalía, se apuró a rebatir esa idea: “El pago a Andrea Moraga fue por un trabajo efectivo a la universidad. Ni yo ni Gautier (vicerrector de la SEK que  contrató a Andrea) lo hubiésemos aceptado jamás como recompensa. Yo no he visto los informes que ella hizo, su trabajo me consta por lo que Gautier me reportó verbalmente”.

Cuando la fiscalía le mostró a Díaz sus propios correos, el ex consejero de la CNA dijo: “Es un correo que me avergüenza”. Luego intentó explicar por qué le aseguraba a la SEK que sería acreditada: “Cuando digo que tiene asegurada la acreditación es una pretensión porque confío en que mi prestigio ayudaría a conseguir la acreditación”. No vio delito en su acto.

No opinó lo mismo la abogada Paula Beale, jefa del departamento jurídico de la CNA. Ante la Fiscalía declaró que el correo “abiertamente infringe las normas de probidad por cuanto solicita un favor valiéndose de su cargo y luego solicita trabajo en la institución que en ese momento estaba en proceso de acreditación en que le asegura un resultado favorable en la acreditación en caso de ser contratado”.

Iñigo Díaz, quien sucedió a Eugenio Díaz en la presidencia de la CNA y que renunció al cargo en octubre de este año, fue más duro al evaluar los correos mencionados: “Este correo me indica que Eugenio Díaz perdió la brújula. Obviamente no se puede hacer lo que hace en ese correo. Está generando redes para coimearse. Me parece gravísimo”.

LA FILTRACION QUE ACUSA

Lo declarado por la abogada Beale e Iñigo Díaz, se condice con los procedimientos, contratos y las tarifas que Luis Eugenio Díaz cobró en ese mismo año 2011 tanto a la Universidad del Mar como a la Universidad Pedro de Valdivia y a la Bernardo O’Higgins, por asesorarlas en su proceso de acreditación, así como a la Universidad UNIACC en 2010.

Pese a que el entonces rector de la SEK dice que la contratación de la “sobrina” no fue pago por las asesorías que Díaz hizo, lo cierto es que llegado el momento clave, Díaz se comportó como un fiel empleado de la SEK.

El momento decisivo fue en diciembre de 2011, cuando los consejeros de la CNA debieron pronunciarse sobre la nueva acreditación de la SEK. Luis Eugenio Díaz se encontró entonces con un inconveniente grave. Con la llegada a la secretaría ejecutiva de la CNA de Patricio Basso, ese organismo comenzó a elaborar minutas económicas que ilustraban a los consejeros con los antecedentes de la situación financiera de las instituciones que buscaban su certificación. La minuta sobre la SEK, como se verá más adelante, dejaba en evidencia que era una institución muy débil, con un fuerte endeudamiento con instituciones relacionadas, que es la forma clásica a través de la cual los dueños de una universidad lucran (ver la minuta y ver recuadro).

 

Luis Eugenio Díaz no estuvo de acuerdo con que esa información financiera fuese considerada en el proceso de acreditación y reclamó en la CNA por la incorporación de estos nuevos antecedentes. Pero no obtuvo respaldo más que de Juan José Ugarte, representante del Ministerio de Educación (Mineduc). Entonces, Díaz decidió enviarle en secreto la minuta financiera elaborada en la CNA al rector de la SEK, para que éste preparara con extrema urgencia una respuesta. Eso fue exactamente lo que hizo Schroeder.  El nuevo documento financiero de la SEK llegó a la CNA el martes 13 de diciembre de 2011, el día antes de que se efectuara la sesión en que se decidiría su acreditación.

La súbita aparición de un documento que en los hechos era una réplica punto por punto a la minuta financiera realizada por Basso, hizo evidente para los consejeros de la CNA que se había producido una filtración. La discusión se inició. Díaz no abrió la boca. Los consejeros estimaron que el material enviado por la SEK no debía considerarse. Votaron. Díaz estuvo por acreditarla por tres años. La SEK -y Díaz- perdieron por un voto (5-6).

La ley de acreditación permite a las universidades apelar y la SEK lo hizo. Para la reposición sí se consideró la minuta entregada a última hora por la universidad. Díaz fue el relator y volvió a votar y esta vez la SEK obtuvo tres años de  acreditación.

Consultado por CIPER, Patricio Basso, quien elaboró la minuta económica, señaló:

-De haber tenido derecho, yo habría votado en contra por razones puramente académicas. Comparada con otras universidades privadas con un número semejante de alumnos, es la que tenía indicadores más deficientes. En el orden financiero, tenía un nivel de endeudamiento muy alto con empresas relacionadas y avalaba o era codeudora solidaria de los Colegios SEK, lo cual también me parece incorrecto. Se podría llamar a esto “lucro de segundo orden”, pues los socios controladores se están beneficiando con dicho aval, aunque no existe pérdida patrimonial, salvo en el caso que el deudor principal deje de pagar.

La fiscalía interrogó a Luis Eugenio Díaz por la filtración de documentos que hizo a la SEK y que muestran dónde estaban sus verdaderos mandantes en ese proceso. Esto fue lo que declaró:

“Es posible, pero no lo recuerdo, que las minutas de la Universidad SEK yo se las haya enviado al rector José Enrique Schroeder. Entiendo que la comisión se molestó por la posible filtración de datos…. En alguna ocasión yo pude haber revelado minutas a algunas instituciones interesadas, no lo recuerdo exactamente. Si alguna vez lo hice fue por rebeldía de principios, en virtud del debido proceso… creo que efectivamente envié por email al rector Schroeder una minuta de datos de contexto…. Con esa minuta la universidad envió una nueva minuta con información adicional previo a la reunión de la CNA… y nunca le hice presente a nadie de la CNA ni al presidente que yo había filtrado el documento. No sé por qué lo hice”.

Email de Eugenio Díaz a Teodoro Ribera pidiendo que reciba en la Autónoma a un sobrino suyo: “Abusando de tu generosidad, ¿podrían beneficiarlo con alguna beca?, pues mi sobrina no tiene muy buena condición y tiene a otra hija estudiando en Santiago”.

Un vez que la Universidad SEK fue acreditada, el rector José Enrique Schroeder, quien había asumido en 2009 para liderar el proceso de re-acreditación, se fue de vacaciones. Pero en marzo de 2010, no regreso a su puesto. Se fue como vicerrector a la Universidad Autónoma, cuyo rector era entonces el actual ministro de Justicia, Teodoro Ribera. A la dirección de la SEK volvió su antiguo rector, Alejandro Omaña.

En cuanto a Jorge Segovia, quien desde octubre está fuera del país, no ha podido ser interrogado aún y sus correos tampoco pudieron ser rastreados. En la Universidad SEK afirman que Segovia nunca ha tenido un computador en esa casa de estudios.

CERO FISCALIZACION

El capitulo SEK es sólo uno de una patética secuencia de negociaciones incompatibles aderezadas con trapicheos vergonzosos y que tienen como gran telón de fondo miles de millones de pesos de dineros fiscales destinados a dar créditos a los estudiantes más pobres (CAE). Cada negocio que establece Díaz con las acreditaciones, no es una mancha más sobre su reputación y papel de antecedentes, sino una evidencia de cómo el Fisco y los bienes públicos que los comisionados debían garantizar en su último destino, quedaron sin resguardo.
Lo anterior queda en evidencia con el correo enviado por Luis Eugenio Díaz a Ángel Maulén, propietario de la Universidad Pedro de Valdivia, el 3 de septiembre de 2011, en medio de las masivas protestas estudiantiles exigiendo calidad y gratuidad de la educación. “Acabo de ver la noticia de que siguen las tomas. En la CNA estamos analizando la prórroga de la acreditación por tres meses si se mantienen las tomas. Hemos tenido una diferencia al respecto. Iñigo (Díaz) y Patricio (Basso) han planteado que se prorrogue solamente a las universidades en toma, concediendo al secretario ejecutivo para que decida caso a caso. Yo he planteado que se prorrogue a todas porque se trata de un sistema (lo que ha generado una fuerte irritación de Patricio). El problema es que si se prorroga a las que están en toma se deja en una situación difícil a las demás, especialmente  a la UPV. Hasta ahora he logrado concitar mayoría, ojalá se imponga en definitiva. Los mantendré informados”.

La respuesta de Maulén no se hizo esperar: “Estimado Eugenio, qué pasa con nosotros que termina el proceso de acreditación justo en diciembre, en plena etapa de matrícula y sin CAE”.

La respuesta está en la decisión que adoptó la CNA: la UPV pudo matricular a sus estudiantes para 2012 con CAE incluido, en virtud de una prórroga especial obtenida en la CNA hasta abril de 2012.

LOS VINCULOS CON EL MINISTRO RIBERA

La mayor parte de los graves antecedentes reunidos por la fiscalía en contra de Eugenio Díaz, corresponden a 2010, año en que éste ejerció el cargo de presidente subrogante de la CNA; año en que también los controles de esa institución se flexibilizaron a tal punto que todas las instituciones que se presentaron a la evaluación resultaron aprobadas.

Al respecto, el ex presidente de la CNA, Emilio Rodríguez, dijo a CIPER: “Si todas las instituciones que postularon en 2010 fueron acreditadas, o estamos ante una mejoría notable en las instituciones de educación terciaria en Chile o, simplemente, los niveles de exigencia han caído a niveles lamentables”.

Lo increíble es que ninguna autoridad vio en esa avalancha de acreditaciones ni la evidencia ni la sospecha de que algo en el sistema estaba fallando. Solo la intervención del Ministerio Público en los últimos meses ha permitido ir mostrando la verdad de esas acreditaciones.

En algunos casos se han detectado pagos millonarios hacia el ex presidente de la CNA, de los cuales se contabilizan hasta ahora $290 millones. En otros, aún no se ha cogido la hebra del dinero, pero se tiene constancia de que, al igual que en la Universidad SEK, en el momento indicado Eugenio Díaz se comportó como un empleado de esas universidades. Tras el estallido del escándalo de las acreditaciones en la CNA, políticos de todos los sectores han descubierto los vicios del mecanismo.

Luis Eugenio Díaz llegó al sillón de la CNA, elegido por la Corporación de Universidades Privadas (CUP), donde figuran entre otras las cuestionadas Del Mar y Pedro de Valdivia (cuyos rectores Raúl Zúñiga y Ángel Maúlen, respectivamente, están detenidos con Díaz). También están en la CUP la citada Universidad SEK, la Universidad Bernardo O`Higgins (con la cual Díaz tenía un contrato de asesorías para acreditarse en 2012 por $20 millones) y UNIACC, (con la que Díaz tuvo dos contratos por un total de $ 43 millones). Con la Universidad Pedro de Valdivia el contrato fue por $50 millones, con premios acorde a los años de acreditación.

En 2010, cuando Luis Eugenio Díaz era presidente de la CNA, siete de las 14 universidades que lo eligieron, debieron acreditarse y se sometieron a la decisión de una CNA que entonces era controlada por su candidato. La mayoría de ellas necesitaba lograr la acreditación, pues sus balances dependían de los miles de millones de pesos que el Fisco entrega a través del CAE a las universidades que la CNA avala.

La siete que se presentaron ante Díaz fueron: Pedro de Valdivia, UNIACC, Las Américas (UDLA, dejó la CUP este año), Unicit, Ucinf, Autónoma, Universidad del Mar y Gabriela Mistral (que no está en el CUP, pero cuya rectora, Alicia Romo, es un referente para este grupo). Todas consiguieron su acreditación. De las otras siete de la CUP, la SEK debió acreditarse en 2011 (y casi no lo logra); la UNIACC, lo intentó y falló con estruendo. Las universidades Miguel de Cervantes y Bolivariana son tan precarias que no lo han intentado aún. Las únicas fuera del área de peligro en 2010 y 2011 eran la Universidad del Pacífico (en 2007 logró acreditarse hasta 2012) y la UBO (en 2009 logró acreditarse hasta 2012).

Con varios de los rectores y dueños de estas universidades, Eugenio Díaz estableció vínculos muy estrechos que hoy todos prefieren olvidar. Uno muy importante para Díaz es el que lo unió con Teodoro Ribera, socio y rector de la Universidad Autónoma hasta que en julio de 2011 asumió como ministro de Justicia.

En los últimos años esa casa de estudios ha tenido una expansión enorme desde su fundación en 1989 como una universidad regional, centrada en Temuco. Hoy es una de las más grandes de Chile, con 18 mil alumnos. Su última inversión fue de US$35 millones por la compra del codiciado terreno del que fuera un colegio de una congregación religiosa en Providencia para levantar una nueva sede.

En 2010, cuando Díaz era el presidente  de la CNA, la universidad de Ribera recibió cinco años de acreditación. La decisión sorprendió al mundo académico, pues puso a la Autónoma en el mismo nivel que las grandes universidades privadas ya consolidadas, como la UNAB, la Diego Portales y algunas públicas, como la Universidad de Valparaíso. La acreditación le significó recibir en 2010 un total de 4.680 créditos por un total de $7.500 millones. De ellos, los bancos decidieron venderle al Fisco $6.600 millones, al ser considerados los más riesgosos.

Un correo incautado a Luis Eugenio Díaz, muestra que el entonces presidente de la CNA escogió el momento en que la Autónoma había iniciado su proceso de acreditación para pedirle a su rector un favor personal. Quería que  Ribera le recibiera en su universidad a un sobrino-nieto que deseaba estudiar kinesiología en Talca. Después de darle los detalles de la situación del joven, Díaz remató el email: “Abusando de tu generosidad, ¿podrían beneficiarlo con alguna beca?, pues mi sobrina no tiene muy buena condición y tiene a otra hija estudiando en Santiago”.

No está claro cómo termino esa gestión. Tampoco ha podido dilucidarlo Teodoro Ribera, pues aún no ha declarado ante la fiscalía. Según fuentes consultadas por CIPER, Ribera visitaba con mucha frecuencia a Díaz en la CNA y también éste iba seguido a la Universidad Autónoma. Una ex miembro de la CNA dijo a CIPER que a fines de 2010, cuando Díaz era presidente subrogante de ese organismo y el Presidente Piñera aún no nombraba al titular, Díaz daba a entender que Teodoro Ribera estaba haciendo lobby ante el Presidente para que lo designara presidente de la CNA.

El elegido por Piñera no fue Luis Eugenio Díaz. Pero los vínculos entre éste y Teodoro Ribera no terminaron. Tres meses después de haber sido designado ministro de Justicia, Teodoro Ribera contrató en esa cartera  a Luis Eugenio Díaz para realizar dos estudios vinculados con la formación de los gendarmes. Los estudios fueron dados a conocer por El Mercurio el 8 de diciembre. El primero, de noviembre de 2011, tenía como objetivo “realizar un diagnostico del estado actual de la Escuela de Gendarmes, así como un plan de reestructuración de la misma”, una tarea por la que recibió $3.333.333. El diagnóstico era exigente para el plazo estipulado: una semana. Y debía incluir: “pautas de selección de postulantes, y confeccionar nuevos planes y programas de estudio respecto de la formación de oficiales y gendarmes”. Díaz también debía genera nuevos “procesos de selección de los postulantes”.

En 2012, Díaz volvió a ser contratado por el ministro Teodoro Ribera, esta vez por $6 millones (pagados en $ 1.500.000 mensuales, entre el 23 de enero y el 30 de abril).  La tarea a realizar era nuevamente amplia: “Rediseño del perfil de egreso de funcionarios uniformados de Gendarmería. Actualización de la malla curricular de la Escuela de Gendarmería. Proponer asignaturas conforme a la actualización de la malla curricular”. Además, debía proponer un sistema de contratación de nuevos docentes, un sistema de evaluación docente y un sistema de evaluación de alumnos”.

Consultado por la contratación de Díaz, el ministro Ribera dijo a El Mercurio que el nombre de Díaz para realizar estos trabajos había salido de las reuniones de gabinete, de una sugerencia de su subsecretaria Patricia Pérez.  Añadió que él, antes de ser ministro, no conocía a Díaz: “Él es más viejo que yo, es un hombre de izquierda. Son otros mundos culturales”.

Patricio Basso, ex secretario ejecutivo de la CNA, fue uno de los que puso en el tapete los vínculos de Teodoro Ribera y Luis Eugenio Díaz, revelando detalles reservados del proceso de acreditación del instituto INCACEA, que al igual que la Universidad Autónoma, tiene a Ribera como socio.

De acuerdo a la información pública disponible, el 4 de enero de 2012 la CNA rechazó la acreditación del INCACEA, entre otros motivos, por su mala situación económica.  En el informe, la CNA señala: “Con respecto a la situación financiera no es posible determinar la verosimilitud de ningún indicador financiero ya que los documentos por cobrar representan casi todo el activo circulante de la institución (98,7% en 2008, 98,6% en 2009 y 97% en 2010) y no se sabe a ciencia cierta cuál es la real tasa de incobrabilidad de esos documentos”.

De acuerdo a la CNA los principales acreedores de la Universidad SEK son Club Deportivo Unión Española SADP ($ 495 millones); Blue Marbel ASS SL ($542 millones) y el ISEK Costa rica ($358 millones).

Añade el informe que “en el orden económico la situación es crítica, particularmente el año 2010 que presenta pérdida y una capacidad negativa de generación de caja”. La descripción del ente examinador deja en evidencia que para INCACEA eran urgentes los recursos del Crédito con Aval del Estado, al cual los alumnos solo podían acceder si la CNA acreditaba al instituto.

Según afirmó Patricio Basso, ante la lamentable situación financiera exhibida, la mayoría de los concejeros de la CNA resolvieron no acreditar al instituto de Ribera, salvo dos excepciones: Luis Eugenio Díaz y Juan José Ugarte, el jefe de la División de Educación Superior  y representante del Mineduc en la CNA. Basso señaló que, como Ugarte no iba casi nunca a las sesiones de la CNA, le llamó la atención que fuera a la votación de la acreditación de INCACEA y que votara a favor de acreditarlo.

LOS PRECIOS DE LAS ACREDITACIONES

Hasta ahora, y según la investigación que ha hecho el Ministerio Público y CIPER, Luis Eugenio Díaz asesoró las acreditaciones de las universidades del Mar, SEK, Bernardo O’Higgins, Pedro de Valdivia, Andrés Bello y UNIACC. Una pauta de cómo operaba en sus cobros, se expresa en lo que fue su negociación con esta última institución.

El 27 de enero de 2010, cuando Díaz ya era presidente de la CNA y la UNIACC debía iniciar su proceso de acreditación que se definiría a fines de 2011, comenzó la interlocución financiera con esa universidad. En un primer momento, estimó su trabajo en $70 millones, con un premio de $30 millones si conseguía cuatro años de acreditación. En el email enviado a Hermann Schwarz, ex rector de la UNIACC y entonces presidente del grupo Apollo en Chile, controlador de esa universidad, Luis Eugenio Díaz detalla el servicio que ofrece: “Una asesoría en el diseño e implementación del proceso de gestión y aseguramiento de la calidad y en particular, del proceso de re-acreditación institucional de la universidad. La asesoría se brindaría especialmente al presidente ejecutivo y al Rector, así como al comité o comisión de acreditación y demás instancias colectivas que lo requieran. El consultor revalidaría al menos una vez al mes el estado de avance del proceso de acreditación y los documentos que al respecto se elaboren… El proceso de consultoría se extendería desde esta fecha hasta que se adopte la decisión definitiva de acreditación. Los honorarios por esta consultoría ascenderán a la suma de $70.000.000 a todo evento y de $30.000.000 adicionales para la eventualidad que la universidad sea acreditada por 4 años”.

La asesoría se llevó a cabo durante 2010, fijándose una tarifa adicional por cada año de acreditación, siendo la de cinco años pagada con $100 millones. Pero tuvo un abrupto fin, pues dentro de la universidad hubo cambios en los cargos de decisión y Díaz estimó que la acreditación era imposible. Lo anterior no impidió que Díaz cobrara $20 millones, la primera cuota del precio acordado.

Hay evidencias de que los $290 millones que hasta ahora registra Luis Eugenio Díaz como pagados por universidades cuya acreditación asesoró en forma paralela al proceso oficial, no son los únicos montos percibidos. De hecho, la empresa de asesoría comunicacional Ekilibrio, fundada el 9 de marzo de 2011, de propiedad de unos de los hijos de Díaz, era promovida por el ex presidente de la CNA entre sus “clientes” para que fuera contratada. Luis Eugenio Díaz no se contenía. A Jorge Segovia, presidente de la junta directiva de la Universidad SEK y dirigente de la ANFP, le pedía entradas preferenciales para ir al Estadio Nacional cuando el club de sus amores -Colo Colo- jugaba un partido importante. Y Segovia se las conseguía.

UNIVERSIDAD SEK: LA MINUTA REVELADORA

La minuta preparada en diciembre de 2011 por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Acreditación sobre los estados económicos de la Universidad SEK al momento en que ésta debía pronunciarse sobre su acreditación, resultó un elemento decisivo para el rechazo de la CNA en primera instancia. A sabiendas del efecto que provocaría en los comisionados, Luis Eugenio Díaz decidió filtrarla al rector de la universidad, de modo de posibilitar que éste respondiera a tiempo con nuevos antecedentes. El nuevo informe entregado por la SEK, le dio pábulo a Díaz para terminar de convencer a otros consejeros y acreditarla por tres años.

La minuta elaborada por la CNA establece que la SEK “tiene un comportamiento muy debilitado en comparación con las universidades privadas acreditadas que están en su nivel (entre 3 mil y 7 mil alumnos). Tiene un capital de trabajo negativo y un creciente deterioro en su liquidez y solvencia financiera”. Aunque se califica como una buena señal el aumento en activo fijo (calidad de la infraestructura), la universidad presenta un alto endeudamiento con empresas relacionadas. Según se afirma en el informe de la CNA, “al cierre del ejercicio 2010, la universidad es aval y codeudor solidario por las sumas de $43 mil millones lo que representa 1,76 veces su patrimonio, colocando a la institución en una posición de peligrosa dependencia”.

En la minuta se precisa que los pasivos de largo plazo de la SEK están constituidos exclusivamente por cuentas por pagar a empresas relacionadas (Segovia tiene 14 empresas relacionadas en la propiedad de la Universidad SEK). Al calcular el saldo neto que la universidad debe pagar a esta empresas, el monto es de $1.322 millones “siendo sus principales acreedores Club Deportivo Unión Española SADP ($ 495 millones); Blue Marbel ASS SL ($542 millones) y el ISEK Costa rica ($358 millones).

U. Pedro de Valdivia: lucro y acreditación

Por : Tabatha Guerra en Reportajes de investigación, CIPER

Publicado: 06.12.2012

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CIPER descubrió una serie de transacciones financieras y traspasos notariales que ocurrieron en paralelo al cuestionado proceso de acreditación de la Universidad Pedro de Valdivia (11.500 estudiantes), en diciembre de 2010. Las fechas y movimientos muestran cómo los socios de la UPV, Ángel Maulén y Enrique Rodríguez, se valieron de su poderosa red de empresas relacionadas para lograr la anhelada acreditación de su universidad. Muchos de esos cambios fueron, de acuerdo a los correos que descubrió el Ministerio Público, siguiendo las recomendaciones del entonces presidente de la CNA, Luis Eugenio Díaz.

El 29 de diciembre de 2010, a dos días del cambio de año, el rector y dueño de la Universidad Pedro de Valdivia, Ángel Maulén Ríos, obtuvo una noticia que esperaba desde hace años: en un texto de sólo tres párrafos, la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) le otorgaba a su universidad la anhelada acreditación institucional.

Era la segunda vez que la UPV lo intentaba. La primera vez, en 2007, no tuvo éxito. Y en esta nueva oportunidad lograrlo tampoco fue fácil. El 22 de diciembre de 2010, la CNA volvió a rechazar su expediente en primera instancia.  Maulén apeló y, siete días más tarde, la comisión, presidida por Eugenio Díaz Corvalán, dio un sorpresivo giro y aceptó acreditarla.

En 2011, CIPER reveló cómo opera el escandaloso sistema de acreditación de las universidades y comprobó que, en 2010, todas las que postularon la obtuvieron. Una de las aprobaciones que más llamó la atención fue la de la U. Pedro de Valdivia, que con premura obtuvo su acreditación el penúltimo día de ese año. En esa investigación, CIPER descubrió que para la universidad de propiedad de Ángel Maulén Ríos –como para todas- conseguir el aval de la CNA era clave: no por prestigio académico, sino por dinero. Con el sello de “universidad acreditada”, sus alumnos pudieron solicitar el Crédito con Aval del Estado (CAE), un préstamo bancario en ese entonces con un 6% de interés y que cuenta con garantía estatal, de modo que si los alumnos tropiezan con las cuotas, el Estado se hace cargo. Con el CAE, los alumnos de estratos medio bajos -como los que estudian en la UPV- se transforman en jóvenes solventes. Sin el CAE, sus clientes vuelven a ser pobres, un grave contratiempo para esta universidad que, según consigna el acta de la CNA, busca hacer solvente su proyecto aumentando la matrícula, algo que tras la acreditación logró con creces. En efecto,  la UPV pasó de 7.276 alumnos en 2010 a 9.476 en 2011. De esos estudiantes, 1.400 solicitaron el CAE, lo que le generó ingresos a la universidad por un monto total de $2.350 millones.

 

En el acta de la sesión de la CNA donde se acreditó a la UPV no quedó registro de cómo votaron los consejeros.  Pero fuentes consultadas por CIPER dicen que la sesión fue tensa y que el presidente de la comisión, Luis Eugenio Díaz Corvalán, presionó para que se acreditara a la institución. Un hecho que hoy ya no resulta extraño. Una investigación del Ministerio Público, a cargo del fiscal Carlos Gajardo, develó que al menos desde junio de 2010, cinco meses antes de la acreditación de la UPV, Eugenio Díaz asesoró a la universidad para obtener la acreditación. Las pruebas son los correos que intercambiaron Díaz con Maulén. Además, existe constancia de un contrato por $50 millones de Eugenio Díaz con la UPV, que se firmó pocos días después de la acreditación de dicha institución. El pasado 24 de noviembre, Díaz y Maulén fueron formalizados por los delitos de cohecho, negociación incompatible y lavado de dinero, decretándose su prisión preventiva junto al ex rector de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga, también acusado de contratar para el mismo fin al ex presidente de la CNA.

La asesoría de Eugenio Díaz no fue la única medida que Ángel Maulén tomó para acreditar a su universidad, que hasta 2006 fue conocida como U. Mariano Egaña y luego del ingreso de Maulén tomó el nombre de la red de preuniversitarios y colegios de su propiedad: Pedro de Valdivia. A través de la revisión de documentos notariales, CIPER descubrió que, entre otros datos, y en paralelo al controvertido contrato con Díaz, la U. Pedro de Valdivia suscribió aumentos de capital, arriendos de sedes y préstamos por más $12 mil millones con empresas de propiedad de Maulén. Fue así como, junto a su socio en la universidad, Enrique Rodríguez Villa, el hoy investigado ex rector de la UPV se valió de su red de empresas relacionadas para lograr la acreditación, con la asesoría de Eugenio Díaz.

EL COSTO DEL TRASPASO

Ángel Maulén se instaló en la propiedad de la Universidad Mariano Egaña, en agosto de 2006. Cumplía así lo que anhelaba hace décadas: adquirir una universidad de su entera propiedad (ver recuadro), sumando un activo a su robusta red de empresas asociadas a la educación. La Corporación Mariano Egaña –fundada en 1987- estaba al borde del colapso. La Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP) había rechazado su primer intento de acreditación, un año antes, y  atravesaba una severa crisis académica y financiera. La única gran ventaja que ofrecía la UME era su licenciamiento, es decir, contaba con la autonomía para crear sus propios programas de estudios sin supervisión estatal. Un tema relevante, porque si Ángel Maulén creaba su universidad desde cero, habría pasado a lo menos seis años bajo la supervisión del Mineduc.

En mayo del 2006, el directorio de la UME –presidido por Juan Germán Cerón López- aprobó patrocinar la entrada de Ángel Maulén a la Corporación. La asamblea de  socios ratificó el acuerdo, poniendo fin a meses previos de negociaciones. Maulén no ingresó solo a la propiedad. Se sumaron su hijo Ángel Maulén Rodríguez, su segunda esposa Candice Rudloff Bossonney, su hermana María Elia Maulén Ríos, su madre María Elía Ríos Cancino, y su socio en los preuniversitarios y colegios Pedro de Valdivia, Enrique Rodríguez Villa, quien incluyó también a sus hermanos Manuel y Carmen, y a su cuñada Patricia Sandoval Stricker. Una semana después de que Maulén ingresara a la propiedad,  nueve de los 14 antiguos socios renunciaron a la asamblea de la corporación, en la que sólo se mantendrían como representantes de la administración original Luis Alberto Werner-Wildner, Francisco Cervero Reyes, Claudio Mesina Schulz, Juan Germán Cerón López y su hijo Rodrigo Cerón Prandi.

Una de las zonas nebulosas de este acuerdo son las condiciones económicas de la transacción. Lo que está claro es que la incorporación de Ángel Maulén y su socio Enrique Rodríguez a la propiedad de la UME no fue gratis. Si bien no hay pruebas de que la Corporación UME haya vendido directamente a Maulén escaños de participación en la Asamblea –lo que prohíbe la ley- durante el proceso de ingreso de los nuevos socios se realizaron una serie de transacciones que favorecieron económicamente al antiguo presidente de la Corporación UME, Juan Germán Cerón López.

La primera hebra la encontró CIPER en unos documentos fechados el 14 de junio de 2006, es decir, un mes después de que se aprobara la incorporación de Maulén a la Corporación. En esa fecha, el directorio de la UME aceptó vender dos bienes de su propiedad, ubicados en Eleodoro Yáñez 2964 y 2974 (sedes de la Universidad). El comprador sería Juan Germán Cerón, presidente del directorio y el mismo que, cuatro años antes,  había vendido esos inmuebles a la UME. En la promesa de compraventa, la U. Mariano Egaña fijó el precio de ambas propiedades en $378.431.794. Gran parte de ese monto lo pagaría Cerón, asumiendo la deuda por una hipoteca con el Banco Santander de más de $232 millones, que debía pagarse en cuotas hasta el 10 de octubre de 2012. Los restantes $174 millones se dieron por saldados cuando Cerón cedió a la UPV la marca MATRI, que él mismo había solicitado al Ministerio de Economía en 2003, a fin de impartir cursos de magíster en tributación en la universidad.

Finalmente, la compra de los inmuebles de Eleodoro Yáñez 2964 y 2974 se concretó el 19 de enero de 2007, momento en el que Cerón no desembolsó dinero, el que sólo pagaría en las 96 cuotas correspondientes a la hipoteca del Santander. El punto clave es que, indirectamente, la futura Universidad Pedro de Valdivia ayudaría a pagar esas cuotas. El mismo día en que la nueva universidad de Ángel Maulén vende los terrenos de Eleodoro Yáñez 2964 y 2974 a Juan Germán Cerón, ambas partes firman un contrato de arrendamiento por ambas propiedades, las que Cerón arrendó a la UPV en 240 UF mensuales (más de $4 millones).

Otro indicio de cómo Ángel Maulén obtuvo un escaño en el directorio de la universidad lo entrega una compraventa firmada el 9 de agosto de 2006 ante el notario Iván Torrealba, un día después que se oficializó su entrada a la propiedad. Ese día, la corporación adquirió cinco marcas registradas de propiedad de Cerón López: UME, Universidad Mariano Egaña Matemática 2001, y tres Mariano Egaña con distintos giros. Esas cinco marcas, en ese entonces devaluadas gravemente tras la crisis académica y financiera de la universidad, le costaron al recién asumido nuevo directorio 35.000 UF (más de $600 millones de la época), que Maulén pagó en tres cuotas: la primera ese mismo día con 20.000 UF, y otras dos por 7.500 UF cada una, con vencimiento el 31 de marzo y el 1 de agosto de 2007.

Lo extraño es que, a pesar de los $600 millones que pagó por esas marcas, la universidad las usó sólo 22 días. El 31 de agosto de 2006, el recién designado rector, Ángel Maulén, y el nuevo presidente de la junta directiva, Enrique Rodríguez,  modifican el nombre de la corporación por Universidad Pedro de Valdivia. La Universidad Mariano Egaña ya no existía.

LA CARRERA POR LA ACREDITACIÓN

Tras el cambio de nombre, el nuevo rector Ángel Maulén inició una rápida carrera para otorgar una renovada imagen a su recién adquirida universidad. Uno de sus objetivos fue expandir la UPV  a través de la creación de nuevas sedes y carreras. En 2007, la casa de estudios aumentó su matrícula en más de 400 alumnos y pasó de tres a seis facultades, inaugurando las carreras de Medicina y Enfermería.

Pero Maulén no sólo quería expandir su nuevo proyecto universitario. También aspiraba a acreditarlo ante la CNA. Una de las razones era que el certificado de la Comisión Nacional de Acreditación abría el acceso para matricular alumnos con crédito con aval del Estado (CAE), una inyección de fondos que la UPV necesitaba con urgencia. Una meta lejana, considerando los pésimos resultados que en 2005 su predecesora obtuvo ante la CNAP.

Para revertir el rechazo de la acreditación de la ex Mariano Egaña, Ángel Maulén se propuso como principal estrategia aumentar la infraestructura de la universidad, a fin de enfrentar en mejores condiciones un nuevo proceso de acreditación. Pero los negativos indicadores heredados de la UME le impedían realizar estas inversiones directamente desde la cuentas de su universidad. En 2006 sólo contaba con 1.735 estudiantes y ostentaba el noveno lugar de universidades con menos alumnos, entre las 36 existentes en ese entonces. Con escasos ingresos por matrícula, Maulén decide inyectarle fondos a la UPV a través de su holding de empresas, entre las que se cuentan inmobiliarias, constructoras, hoteles, sociedades de inversión, y los preuniversitarios y colegios Pedro de Valdivia.

La prolífera red de empresas de Ángel Maulén  se inicia en 1982, cuando inscribe su primera sociedad junto a Enrique Rodríguez Villa: Casa de Estudio Pedro de Valdivia. Ese fue el inicio de la Red Educacional Pedro de Valdivia, hoy conformada por 25 sedes del preuniversitario, 18 del Instituto de Inglés Wall Street y cuatro colegios en Santiago.En total, las instituciones de la red cuentan con más de 375 mil alumnos, y hasta hoy siguen bajo el control de Maulén y Rodríguez. Se suman los negocios particulares de Maulén, como dueño de Hotelera Neruda y su participación en al menos 40 sociedades con diversos giros.

La primera sociedad que acudió al rescate de la UPV fue Inmobiliaria Fundatoris Las Condes S.A.,de propiedad de Ángel Maulén y Enrique Rodríguez Villa. Según consta en los documentos notariales, el 20 de marzo de 2007 firmó una promesa de compraventa con la sociedad panameña The Bossonnerie Corp por el terreno de Camino El Alba 9520, lugar donde la universidad instalaría su nueva Casa Central y su Facultad de Medicina. El precio de la venta se fijó en 20.036,55 UF (más de $368 millones), monto que sería financiado a través de una hipoteca. Inmobiliaria Fundatoris Las Condes, a su vez, había suscrito una promesa de arriendo con la UPV por el futuro campus, cuya construcción nunca se inició pues en 2009 el Seremi de Vivienda metropolitano rechazó el proyecto.

Al iniciar en agosto del 2007 su primer proceso de acreditación, la Universidad Pedro de Valdivia utilizó la propiedad del amplio terreno de Camino El Alba 9520 para revertir su precaria infraestructura con la entrega a la CNA de su informe de autoevaluación. Sin embargo, la futura Facultad de Medicina no fue suficiente para la CNA, en ese entonces presidida por Emilio Rodríguez Ponce. El 21 de noviembre de 2007, y con Eugenio Díaz como comisionado, la CNA rechazó el primer intento de acreditación de la UPV, expresando que la infraestructura y equipamiento “aún es limitada, requiriéndose de un mayor nivel de inversión”.

Decididos a revertir la decisión, los nuevos dueños de la U. Pedro de Valdivia, liderados por su rector, Ángel Maulén, apelaron  a la CNA y, más tarde, al Consejo Nacional de Educación (CNED), no sin antes iniciar acciones concretas para aumentar su precario equipamiento. El primer paso fue firmar –en diciembre del 2007- un contrato de arrendamiento de equipos computacionales con el Banco Corpbanca. La duración del contrato se fijó en dos años y el valor mensual a pagar por los equipos sería de 287,40 UF más IVA, aproximadamente $5.5 millones.

Pero los nuevos equipos computacionales tampoco sirvieron para que el CNED acogiera la apelación de la U. Pedro de Valdivia. En el acuerdo N° 5 del 26 de marzo de 2008, el consejo acordó rechazar su acreditación, obligando a la universidad a esperar dos años para iniciar un nuevo proceso ante la CNA.

$12 MIL MILLONES EN PRÉSTAMOS DE EMPRESAS RELACIONADAS

Tras el rechazo a la acreditación de la UPV en marzo de 2008, Ángel Maulén inició una carrera contra el tiempo para acreditar a su universidad en 2010.

Pero para ello no sólo era necesario mejorar la infraestructura de la casa de estudios. Los magros resultados obtenidos en los estados financieros de 2007 y 2008 (periodo en el que, de acuerdo a un informe elaborado este año por la CNA, existió déficit de caja operativa o dinero en efectivo), hacían urgente una millonaria inyección de capital, para lo que Maulén y su socio Enrique Rodríguez Villa nuevamente recurren a las empresas de la Red Pedro de Valdivia.

Entre octubre y diciembre de 2009, siete sociedades controladas por Ángel Maulén y su socio Enrique Rodríguez otorgan al menos nueve mutuos de dinero a la universidad por más de $12 mil millones de pesos. Todos podrían pagarse hasta el 31 de diciembre de 2011 y no devengarían intereses ni reajustes, es decir, constituyeron préstamos blandos a la medida de la universidad. Las empresas involucradas en estas transacciones fueron los Colegio Pedro de Valdivia Las Condes ($350 millones) y Peñalolén ($400 millones); los preuniversitarios Pedro de Valdivia Limitada ($9.839 millones), Rancagua ($15 millones), Concepción ($1.297 millones) y Viña del Mar ($100 millones); y la Inmobiliaria Pocuro Limitada ($123 millones).

Los préstamos blandos otorgados por las siete empresas del holding Pedro de Valdivia dejaron a la universidad en una favorable posición para enfrentar el nuevo intento de acreditación. Para prevenir un nuevo rechazo de la CNA, esta vez Ángel Maulén dio un paso más: pedir la asesoría del entonces presidente de la comisión, Eugenio Díaz Corvalán. Por este hecho, Maulén hoy está en prisión preventiva e imputado por los delitos de cohecho, negociación incompatible y lavado de dinero.

No existen antecedentes que establezcan con exactitud el inicio de las asesorías de Díaz a la U. Pedro de Valdivia, pero un correo entre el ex miembro de la CNA y Ángel Maulén estableció que su relación se inició al menos un mes antes de que la universidad iniciara su segundo intento de acreditación. El 30 de junio de 2010, y de acuerdo a información publicada por La Tercera, Eugenio Díaz envió un correo a Maulén en el que confirma que recibió una versión del informe de evaluación interna de la UPV, y sugiere modificaciones a su entonces rector:

“(…) las primeras 20 páginas no deben ir. No corresponden, tienen debilidades notorias, en parte hablan del futuro (la unidad hará tal cosa, lo que quiere decir que no se ha hecho) y el informe de autoevaluación es sobre lo ya hecho (…) Tiene mucha declaración inconducente, lo que es peor en la página nueve, último párrafo dice que se terminarán los delegados de la dirección superior y las facultades, de manera que ahora se tomarán decisiones con criterios puramente académicos pero sin interferencia o algo así. Es ponerse la soga al cuello”, aconseja Díaz.

Dos meses después de ese correo, el 30 de agosto de 2010, la Universidad Pedro de Valdivia entregó a la CNA su informe de evaluación interna.

Ese mismo día 30 de agosto, y habiendo enviado la evaluación interna, Ángel Maulén y sus socios realizaron una transacción muy significativa y que da cuenta de cómo operaba el flujo de dineros entre empresas relacionadas. La universidad adquirió el 100% de las acciones de Inversiones Pedro de Valdivia S.A., empresa de propiedad de Ángel Maulén y los hermanos Enrique, Manuel, Carmen y Ricardo Rodríguez Villa. Para adquirirla, la UPV desembolsó 141.473,569 UF, unos $3 mil millones, y ese monto lo repartió entre los socios, quienes engrosaron su patrimonio personal. Llama la atención este movimiento, considerando que en febrero de ese año la asamblea de socios de la UPV había considerado la opción de hacer un aumento de capital  por el mismo monto, que finalmente se materializó en diciembre del 2010.

MEDIDAS URGENTES ANTES DE LA ACREDITACIÓN

Una de las principales falencias detectadas por la CNA en el primer intento de acreditación de la Universidad Pedro de Valdivia, en noviembre de 2007, fueron los negativos indicadores de capital de trabajo (CT) de la universidad, es decir, los recursos que la entidad requiere para operar en el corto plazo.

En ejercicio contable, una empresa con capital de trabajo negativo significa que tiene la urgente necesidad de aumentar su dinero en efectivo. Esto puede lograrlo consiguiendo dinero, vendiendo bienes o endeudándose a largo y no a corto plazo. Esta última fue la opción escogida por la universidad para revertir sus problemas financieros, ad portas de su segundo intento de acreditación.

En octubre de 2010, la UPV se preparaba para recibir la visita de los pares evaluadores, grupo compuesto por tres o más docentes, investigadores o profesionales ligados a la educación superior, que son seleccionados por la Comisión Nacional de Acreditación a través de concurso público. Su función: visitar y evaluar en terreno las instituciones y carreras que voluntariamente postulan a la acreditación, proceso que finaliza con la entrega de un informe a la CNA enumerando las fortalezas y falencias detectadas. Una suerte de “embajadores” de los comisionados. Doce días antes de su visita, el 21 de octubre de 2010, la UPV modificó cuatro de los nueve préstamos que entre octubre y noviembre de 2009 obtuvo de las empresas del holding Pedro de Valdivia. Ese día, los preuniversitarios Pedro de Valdivia Limitada, Concepción, Rancagua y Viña, extendieron el plazo de los compromisos por 286.371,77 mil UF (más de $6.100 millones), desde diciembre de 2011 hasta enero de 2015, es decir, cuatro años, un lapso que logró transformar la deuda de la UPV con empresas relacionadas, del corto al mediano plazo. Esto permitió que la universidad pasara de un capital de trabajo negativo de $5.807 millones en 2009 a uno positivo de $4.333 millones en 2010.

Con la reclasificación de más de $6 mil millones de deuda, la UPV recibió a sus pares evaluadores entre el 2 y el 4 de noviembre de 2010. Pero aún faltaba revertir la falta de infraestructura que la CNA detectó en su primer intento de acreditación en 2007. Para ello, el 2 de diciembre de 2010, un mes después de la visita de los pares evaluadores, la universidad firma una promesa de compra de su Campus Las Condes, ubicado en Avenida Apoquindo 5142 al 5148, de propiedad de Inmobiliaria La Conquista Limitada, otra de las empresas relacionadas de Ángel Maulén y su socio Enrique Rodríguez Villa (propietarios de la UPV). La compraventa se fijó en 63.854 UF (más de $1.368 millones).

Finalmente, el 9 de diciembre de 2010, los pares evaluadores de la UPV entregaron su informe a la Comisión Nacional de Acreditación. El veredicto fue lapidario. Entre otros juicios, los pares expresaron que la consolidación del plan de desarrollo de la universidad “no está acompañado de significativas inversiones en sus campus, tanto en infraestructura, equipamiento y en académicos con formación de alto nivel”.

Tras conocer esta negativa evaluación, los miembros o socios de la Corporación Universidad Pedro de Valdivia convocaron a una asamblea extraordinaria para ese mismo 9 de diciembre. Luego de analizar la crítica visión de los pares evaluadores, y a fin de “dar una potente señal en cuanto a la real intención de la asamblea sobre la política financiera de la universidad”, los socios de la corporación aprobaron una medida desesperada: una cuota extraordinaria de $3 mil millones enterada en partes iguales por Ángel Maulén Ríos y Enrique Rodríguez Villa.

Con el aporte materializado, el 13 de diciembre de 2010 la UPV entregó a la CNA sus comentarios y observaciones respecto al informe de los pares evaluadores.

El 22 de diciembre de 2010, la CNA, presidida por Eugenio Díaz, rechazó la acreditación de la U. Pedro de Valdivia. En esa votación, Díaz se abstuvo de participar. Pero una semana después,  cuando la comisión se pronunció sobre la apelación de la universidad, no existe constancia de que lo hiciera. Es así como el 29 de diciembre de 2010, y con la disidencia de solo un comisionado (María Elena González), la Comisión Nacional de Acreditación acreditó a la UPV por un año, el periodo mínimo establecido. Los argumentos esgrimidos por la Comisión corresponden exactamente a los movimientos previos que hizo el directorio de la UPV para  mejorar sus condiciones financieras. Es decir, para la decisión fue clave la reclasificación de los préstamos en deudas de largo plazo, el aumento extraordinario de capital y la promesa de compraventa del campus Las Condes.

En efecto, en el acuerdo institucional 139 de la CNA, que acogió la apelación presentada por la UPV, se estableció que existen “acciones tendientes a mejorar la precaria situación financiera de la institución entre 2007 y 2009”, y que su plan de desarrollo estratégico 2009-2013 “puede facilitarse a través de las últimas acciones en el ámbito financiero”.

El certificado extendido por la CNA permitió que sus alumnos accedieran por primera vez al Crédito con Aval del Estado (CAE). En 2011, de sus 5.000 alumnos, 1.400 solicitaron dinero del CAE por un monto total de de $2.350 millones, lo que arroja un promedio de deuda por alumno de $1.600.000 por cada año de estudio. A eso se le deben multiplicar los años de carrera –cinco o seis- y los intereses del CAE que en ese momento eran del 6% anual.

Poco después de esa polémica acreditación, la UPV firmó un contrato con Díaz por un total de $50 millones. Una última arista de la indagatoria judicial sobre este contrato es que el pago a Díaz se hizo contra boleta de honorarios a nombre del Preuniversitario Pedro de Valdivia, una empresa con fines de lucro, propiedad de los mismos controladores de la Universidad. Este hecho podría tener consecuencias tributarias para los controladores de la UPV.

LOS CORREOS ENTRE DÍAZ Y MAULÉN

Si la investigación que actualmente realiza el Ministerio Público contra Ángel Maulén comprueba el pago de honorarios a Eugenio Díaz por asesorías tendientes a acreditar a la UPV, su explicación sería una sola: la presión que realizan universidades como la Pedro de Valdivia para acreditarse y acceder al CAE. Para María José Lemaitre, ex secretaria ejecutiva del Consejo Superior de Educación, la vinculación entre dinero y acreditación “ha provocado algo perverso pues la CNA no resiste dejar a una universidad sin CAE. Entonces, la acreditan por un año, que es lo mismo que no acreditar”.

Ese es el caso de la Universidad Pedro de Valdivia, que el 18 de agosto de 2011, a cuatro meses de finalizar su acreditación,  entregó a la CNA su informe de evaluación interna con miras a su reacreditación.

Un mes después, la comunicación entre Eugenio Díaz y Ángel Maulén se reactivó. En un correo enviado el 3 de septiembre de 2011, el ex presidente de la CNA explica a Maulén que, a causa de las movilizaciones y tomas estudiantiles, la comisión analiza prorrogar por tres meses la validez de las acreditaciones que vencen ese año. En el correo menciona también que “si sólo se prorroga a las que están en toma, se deja en una situación difícil a las demás, sobre todo a la UPV”.

Según fuentes al interior de la CNA,  no se extendió la prórroga, tal como deseaban Eugenio Díaz y Ángel Maulén. En consecuencia, la acreditación expiró el 29 de diciembre de 2011.

Finalmente, el 4 de julio de 2012, la Comisión Nacional de Acreditación, ahora presidida por Íñigo Díaz, rechazó la reacreditación de la UPV, argumentando, entre otros indicadores, “diferencias en la calidad de la oferta e infraestructura en sus distintas sedes, con evidente necesidad de espacios académicos, recreativos y de equipamiento en la mayoría de ellas”, siendo las más críticas las sedes de Antofagasta y Concepción.

Los alumnos de Odontología del campus Antofagasta conocen bien las críticas realizadas por la CNA. Al punto que, en junio pasado, 89 estudiantes se mantuvieron por más de un mes en paro a fin de exigir mejoras en las instalaciones de su sede. Ingebor Mol, vocera de la carrera, detalló en julio una serie de irregularidades al portal SoyAntofagasta.cl:

-No tenemos la infraestructura necesaria para atender a público, menos aún en el campus, ya que se encuentra en la línea de inundación del plano regulador y no fue autorizada la construcción de estas salas. Aunque existen conversaciones, estamos muy preocupados para quienes deben cursar el próximo año la carrera sin las condiciones mínimas –informó la estudiante de tercer año de Odontología.

En esa misma fecha, el presidente de la Federación de Estudiantes de la UPV Antofagasta, Sergio Rojas, indicó al portal Madero Noticias que la precaria infraestructura no sólo afecta a Odontología:

-Pedagogía en Educación Física no tiene gimnasio, balones ni profesores competentes; Enfermería no tiene laboratorio de anatomía, ni ramos de primeros auxilios; Psicología no posee sala de espejos; Fonoaudiología no posee sala de fonética -precisó el dirigente estudiantil.

Tampoco son auspiciosos los resultados de la UPV en la última medición de la prueba INICIA 2011, que mide desempeño de egresados en el área de Pedagogía. De los 17 egresados de Educación Básica que rindieron la prueba, el 82% obtuvo un nivel insuficiente en conocimientos pedagógicos. En el caso de los 13 egresados de Educación Parvularia, se ubicaron en los últimos lugares, con un 56% de respuestas incorrectas.

Durante el proceso de acreditación, la ley de donaciones que permite a las empresas descontar impuestos, también benefició a las sociedades relacionadas con Maulén. De acuerdo al registro oficial, en 2006 –cuando asumió la propiedad- , la Universidad recibió algo más de $68 millones: Preuniversitario Pedro de Valdivia Concepción aportó $14 millones, mientras Preuniversitario Pedro de Valdivia Limitada donó $40 millones, en ambos casos, para readecuación de infraestructura. Otra empresa relacionada con el Preuniversitario en Viña del Mar (Estudios Viña del Mar) registra aportes por $7 millones. Otras donaciones  vinieron de Minera Los Pelambres, Sociedad de Suministro de Personal SEP y Paz Gestión Limitada. El año que más aportes obtuvo fue en 2008, con $128 millones (Clarial S.A. y Andrés E. Guiloff D. aportaron $25 millones  y $98 millones, respectivamente, destinados a la Facultad de Salud y Banco Santander donó $5 millones para programas tecnológicos). Los aportes en 2010 sumaron $43 millones, de los cuales Banco Santander donó $20 millones para programas de desarrollo tecnológico y el resto se destinó a un fondo de becas (Inversiones San José de Logroño, $5 millones y Vicente Caruz Ltda, $18 millones). En 2011 sólo se registra donaciones de Banco Santander, por $2,4 millones, para el fondo de becas.

SORPRESIVOS CAMBIOS DE CONTRATOS

Una vez que el 4 de julio de este año, la CNA rechazó las gestiones de la UPV para renovar la acreditación por un nuevo periodo, la universidad inició de inmediato un proceso de apelación a fin de revertir el fallo adverso. En ese intertanto, realizaron algunos movimientos clave, que parecen orientados a borrar las huellas contractuales con empresas relacionadas de propiedad de los mismos dueños de la UPV.  El 10 de agosto,  hubo tres transacciones para poner fin a los contratos de arrendamiento que mantenía la UPV con Inmobiliaria La Conquista Limitada, otra de las empresas de propiedad de Ángel Maulén Ríos y Enrique Rodríguez Villa.

Según consta en los documentos notariales, La Conquista traspasó a la U. Pedro de Valdivia dos contratos de arrendamiento por los inmuebles de Eleodoro Yáñez 2964, 2974 y 2988 (sedes de la UPV), que mantenía con el ex socio de la Universidad Mariano Egaña: Juan Germán Cerón López. En definitiva, lo que se hizo fue borrar el vínculo con una empresa relacionada, quedando la UPV como arrendadora directa de esos inmuebles. La misma inmobiliaria traspasó a la universidad el arriendo de ocho estacionamientos del Estadio Español, ubicado a cuatro cuadras de su campus Las Condes. Una operación de blanqueamiento que borró a Inmobiliaria La Conquista del mapa de empresas relacionadas con la UPV y que mejoró su presentación a la apelación ante la CNA. La estrategia utilizada no fue suficiente para la CNA, porque el 3 de octubre rechazó el recurso de reposición interpuesto por la universidad.

Miguel de Cervantes: La otra universidad de propiedad de Ángel Maulén

La Universidad Miguel de Cervantes (UMC) fue fundada el 7 de mayo de 1996. Según el informe que envió la Universidad al Ministerio de Educación, dando cuenta de todas las reformas de estatutos, Ángel Maulén Ríos aparece por primera vez como socio, en una modificación del 6 de marzo de 2003. Un año más tarde, en mayo de 2004, renuncia a la Corporación. Sin embargo, su alejamiento no duraría mucho. El 8 de junio de 2006 el directorio de la UMC aprueba el ingreso, en calidad de socio, de Inversiones Cantalao S.A., cuyo representante legal y dueño era Ángel Maulén Ríos.

El último cambio informado corresponde al 26 de abril de 2011. A esa fecha, figuran 28 socios activos de la Corporación, entre ellos, tres sociedades relacionadas con Maulén: Inversiones Cantalao S.A., Sociedad Ángel Maulén Ríos, y Sociedad María Elia Maulén Ríos. Como socios en calidad de personas naturales aparecen: Luis Ortiz Quiroga, Juan José Santa Cruz, Hugo Lavados M., Carlos Alberto y Gutenberg Martínez Alvear, Oscar Pizarro y Ernesto Corona. Además, figuran como representantes legales: Gutenberg Martínez (Soc. Martínez y Cía. Y C y C  S.A.), Edmundo Hermosilla (Varas y Hermosilla Consultores y Cía Ltda.), Ernesto Corona (PEERCO S.A.), Oscar Pizarro (Inmobiliaria e Inversiones Pentium S.A.), Alejandro Hasbún (Asesorías e Inversiones El Trébol Ltda. y Asesorías e Inversiones Los Conquistadores), Walter Oliva y Rodrigo Bosch (Inv. Para el Futuro y Desarrollo Ltda.), Héctor Altamirano (Estudios Proyectos Construcción A.I.M. Ltda.), Francisco Salazar P. (Inversiones E.F.E.S.) y Víctor Aguilera V. (Soc. Aguilera Gutiérrez S.A., Soc. Metropolitano S.A. y Soc. Araucarias S.A.)

Caso Lucro: Los verdaderos responsables y por qué la movilización debe seguir

Por : Diego Vela Grau en OpiniónPublicado: 04.12.201

portada_CNALa caída de Eugenio Díaz y de los ex rectores y dueños de las universidades del Mar y Pedro de Valdivia ha desatado una inédita crisis de credibilidad en el sistema de educación superior. A las pruebas de que ese sistema no produce calidad aceptable, se suma ahora la evidencia de que no funciona ni siquiera con decencia. En esta columna, el presidente de los estudiantes de la Universidad Católica, repasa las responsabilidades políticas que han permitido el desastre. Insiste, además, en que la movilización de los estudiantes no puede detenerse, “para que no volvamos a ver en la historia de nuestro país 18.000 familias abandonadas a la suerte del mercado, como es el caso de los estudiantes de la Universidad del Mar”.

Para justificar el éxito en la recuperación de Islandia después de la crisis financiera del 2008, su actual Presidente, Olafur Ragnar Grimsson, explicó: “El gobierno rescató a las personas y encarceló a los banqueros, lo opuesto que están haciendo América y Europa”. Ragnar ha sido conocido a nivel mundial por decidir la no promulgación de una ley (por medio de dos referéndums) que pretendía hacer que los islandeses indemnizaran a Gran Bretaña y Holanda, cuyos ahorradores habían sido perjudicados por la quiebra del banco en línea Icesave. En un principio, cuando se produjo el colapso bancario, producto de años de burbujas financieras de todo tipo, la respuesta del anterior Primer Ministro Haarde fue la de “meter preso a los banqueros corruptos”, pasando por alto las responsabilidades de Estado y de los políticos en el desastre. Sin embargo, gracias a la revolución pacífica y sostenida de la ciudadanía que en masa se volcó a las calles diciendo NO, el Primer Ministro Haarde terminó preso junto a los políticos corruptos, negligentes y cómplices del sistema. Los islandeses no aceptaron que una deuda privada se transformara en un asunto público. Se tomaron las calles y echaron abajo al gobierno, exigiendo nuevas elecciones. Con el cambio de gobierno vino el referéndum y 9 de cada 10 islandeses dijo NO a pagar la deuda de los bancos privados. Y el Presidente Olafur Ragnar privilegió los intereses públicos por sobre los intereses privados.

“Nuestras autoridades gastan sus energías en mantener en pie un cadáver que genera un enorme daño social”.

Una ciudadanía activa, consciente de sus derechos y deberes, informada y bien organizada puede lograr grandes cambios estructurales. Esto no es una utopía. Y es imperativo que las miles de personas que se han manifestado en Chile para protestar por los diversos abusos sigan marchando en las calles y presionen para que el sistema político en su conjunto se haga responsable. Es necesario ejercer esta presión, romper con los conflictos de interés y de una vez por todas cambiar la historia que estamos construyendo como país.

La investigación judicial en que están envueltas la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y, por ahora, las Universidades del Mar (18.000 alumnos) y Pedro de Valdivia (5.000 alumnos), le ha puesto una lápida al sistema con que el Estado vigila el correcto funcionamiento de las instituciones de educación superior chilenas. Hoy estamos ante un mecanismo de acreditación absolutamente desacreditado que se mantiene funcionando únicamente gracias a una clase política que es negligente e indolente frente a la existencia del negociado en la educación. El lucro está en el fondo de todo este asunto.

Sólo porque hay lucro es posible que haya sobornos como los que se investigan. Resulta increíble que nuestros diputados aún no hagan cumplir la ley dejando que las universidades lucren (recordemos que la Cámara de Diputados rechazó el Informe sobre el lucro) y que el gobierno, mostrando su ideología más intrínseca, trate a  ciudadanos vulnerados de derechos como clientes diciéndoles que su solución es que vayan al SERNAC. Mientras la autoridad se mantiene con los ojos bien cerrados, el negocio en Educación alcanza tal nivel que figura entre las cinco áreas que más gastos hacen en marketing, según la Asociación Chilena de Agencias de Publicidad (ACHAP). Sólo es superado por el retail y la telefonía.

Lo más preocupante es que la discusión pública sobre este caso se ha centrado en las penas que deberían sufrir los corruptos sorprendidos, como si tuviéramos al frente un caso particular y no un sistema completo que está en crisis. Para creer eso hay que olvidarse de cosas importantes. Por ejemplo, cómo fue que la Universidad del Mar se transformó en lo que es. Un dato: pasó de tener 3.900 alumnos en 2002 a 22.388 en 2007. Es decir, en cinco años quintuplicó la cantidad de alumnos. Pese a que hace años se escuchan denuncias en contra de su calidad, y sus pobres resultados en las pruebas Inicia y en la Eunacom estaban a la vista de todos, el Estado que debe cautelar los intereses de todos fue indolente. Y la Universidad del Mar nunca fue debidamente fiscalizada.

Hoy la autoridad de turno se sorprende al descubrir el desastre académico de la U. del Mar. En realidad deberíamos sorprendernos de la sorpresa de las autoridades que durante décadas vieron crecer este problema y que ahora tratan, los que están en el poder y los que desesperadamente quieren volver, de sacar provecho político con acusaciones cruzadas. La verdad es que la derecha presionó para crear una legislación donde el “emprendimiento privado” no estuviera sometido a la vigilancia del Estado. Y la Concertación miró para el lado y dejó crecer estos monstruos que han devorado los sueños de miles de jóvenes.

Se entiende entonces que a muchos les convenga plantear lo sucedido como algo puntual, como una única manzana podrida en un árbol sano. Así es como se ha enfrentado el problema educacional durante estos años. Pero el árbol está muerto. Nuestras autoridades gastan sus energías en mantener en pie ese cadáver que genera un enorme daño social. Estoy convencido de que durante estos años los movimientos sociales han generado tierra fértil para que podamos plantear un nuevo árbol donde el fruto que nazca sea uno justo.

Para que luego no se olvide, dejemos aquí señaladas las responsabilidades que tocan a cada cual. Si dejo alguna en el tintero los lectores de CIPER pueden agregarlas en los comentarios de esta columna.  Partamos por el Presidente Sebastián Piñera, quien luego de asumir en marzo del 2010, tenía un plazo de 30 días para nombrar a un nuevo presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). No lo hizo. Dejó de subrogante a Eugenio Díaz, hoy acusado de recibir sobornos a cambio de acreditar. Durante todo 2010, la CNA se dedicó a acreditar a todas las instituciones que se presentaron ante ella. La CNA acreditó todo lo que se moviera, incluyendo a las universidades del Mar y la Pedro de Valdivia. Fue un festín. ¿El gobierno no supo lo que ocurría en la CNA?

Deberían haberlo sabido, pues el gobierno tiene un representante en la CNA: Juan José Ugarte, el jefe de la División de Educación Superior, mano derecha del ministro de Educación. ¡Lamentablemente Juan José Ugarte faltó a un 71% de las sesiones de la CNA! Aunque cuando asistió no lo hizo mejor. Ugarte estuvo presente en las sesiones en que se entregaron antecedentes claros de que tanto la Universidad Santo Tomás, como la UNIACC, lucraban. Su obligación, dado el estatuto administrativo, era informar a sus superiores de todo tipo de irregularidad. Sin embargo el ministro Harald Beyer dijo reiteradamente que no tenía antecedentes de lucro en universidades.

“El Presidente Sebastián Piñera tenía un plazo de 30 días para nombrar a un nuevo presidente de la CNA. No lo hizo. Dejó de subrogante a Eugenio Díaz, hoy acusado de recibir sobornos a cambio de acreditar. Durante todo 2010, la CNA se dedicó a acreditar a todas las instituciones que se presentaron ante ella, incluyendo a la Universidad del Mar y la Pedro de Valdivia. Fue un festín. ¿El gobierno no supo lo que ocurría en la CNA?”

Además de lo anterior, el Ministerio de Educación carga con otra responsabilidad ineludible. Beyer y sus antecesores siempre dijeron que no solo no tenían antecedentes de lucro, sino que no tenían atribuciones para fiscalizar universidades. Ahora vemos que tras estallar el escándalo en la prensa el ministro inició una auditoria en la Universidad del Mar y recurrió al Consejo de Defensa del Estado para ampliar las querellas a otros implicados. Estando ad portas de que se cierre el monstruo que dejamos crecer, es evidente que lo que le faltaba al ministro no eran atribuciones sino incentivos para actuar correctamente.

Hoy escuchamos que la propuesta del ministro frente al drama de los 18.000 alumnos de la universidad del Mar es reacomodarlos en diferentes instituciones. Pero si dejara de ver sólo números y diera el paso para ver que hablamos de personas afectadas, no propondría eso. Según la Encuesta Nacional de la Universidad del Mar realizada por la Feudm de Viña del Mar, un 28% de los estudiantes de la Universidad del Mar son padres, un 47% son estudiantes que trabajan y estudian al mismo tiempo, un 84% cree que lo que ha sucedido en su universidad les va a perjudicar al momento de encontrar trabajo, más de 1.000 estudiantes no pueden ser reubicados debido a que estudian en las sedes de San Fernando o Quillota, lugares donde la opción más cercana queda a horas de distancia. Es decir, el problema no es puntual, es un drama humano y social de proporciones mayores.

El gobierno y el ministerio actúan como si estuviéramos ante un negocio que se cierra. Ahí hay otra gran culpa. La educación no es un negocio: se trata de familias, proyectos truncados, esfuerzos económicos y humanos desperdiciados. Hablamos de 18 mil chilenos vulnerados y entregados a los vaivenes del mercado en la incertidumbre total sobre su futuro, para que unos señores puedan tener su BMW.

Como institución el Congreso también carga con su culpa. No solo su incapacidad de ver el enorme lucro y denunciarlo. En plena crisis de la Universidad del Mar, el miércoles 28 de noviembre, los diputados de la Cámara tuvieron la oportunidad de empezar a buscar justicia y partir por el ejercicio sencillo de que se cumpla la ley. Pero nuevamente fallaron. De los 120 diputados, 37 se ausentaron de la votación para iniciar una nueva comisión investigadora del lucro. (Vea aquí quienes no hicieron la pega). Ya nos han hecho perder la ingenuidad de que se van a comportar distinto. No queremos más promesas, sino actos concretos.

Si el gobierno y los políticos insisten en mantenerse al margen de casos como el de la Universidad del Mar y no toman medidas más eficientes e inmediatas frente al escándalo mayor que ha significado lo de la Comisión Nacional de Acreditación, la ciudadanía debe manifestarse, movilizarse, salir a la calle a ejercer presión. La ciudadanía no debe olvidar lo que ha pasado aquí. La educación no es cualquier tema. Es definitorio para el futuro de Chile. Debemos mirar cómo actúan nuestras autoridades en este tema y manifestar nuestra opinión a través del voto. Las elecciones municipales fueron una pequeña señal de que la sociedad chilena ya no está dispuesta a seguir como si nada pasara y que frente a proyectos vacíos que no atacan los problemas gravitantes de los ciudadanos, no hay participación que aguante. La transversalidad de las grandes temáticas que debemos y podemos transformar como país son, entonces, razón suficiente para  seguir manifestándose con firmeza y convicción.

“Es imperativo que las miles de personas que se han manifestado en Chile para protestar por los diversos abusos sigan marchando en las calles y presionen para que el sistema político en su conjunto se haga responsable”.

Es lo que sucedió en Islandia, un país pequeño, pero con grandes ciudadanos que se atrevieron a salir a las calles y decir firme y claro No a los abusos de un sistema neoliberal feroz, se negaron a ser espectadores de un sistema donde los banqueros invierten, arriesgan y si sale bien, la ganancia es para ellos; pero si sale mal, que el Estado, por ende los ciudadanos, paguen y se hagan cargo. ¿Qué pasó con Islandia, pese a los temores de Europa que vaticinaba lo peor? Hoy ha triplicado su crecimiento, es un país prospero y en paz. Gracias a una sociedad civil activa y determinada, el gobierno defendió a los ciudadanos y no a unos pocos corruptos. Islandia es hoy un país donde ideas como tener una Educación Pública, una Constitución que realmente refleje la visión país de la ciudadanía no son sueños, sino realidades que construyen la historia de un país.

Las chilenas y chilenos tenemos el derecho y deber de ser protagonistas, de ser gestores de las grandes transformaciones que nuestra sociedad requiere. Debemos ser activos promotores de espacios que velen por la justicia y el bien común para que no volvamos a ver en la historia de nuestro país 18.000 familias abandonadas a la suerte del mercado, para que no se repita en algunos años más que miles de estudiantes son engañados víctimas de la persecución de utilidades por parte de empresarios amparados en la negligencia de políticos e instituciones públicas.

PUBLICADO POR CIPER-CHILE

Ranking (2012, Shanghai) de las 500 mejores universidades del mundo…

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UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS FUERA DE LAS 200 MEJORES

La más famosa de las clasificaciones internacionales de universidades, la que hace cada año desde 2003 la Universidad Jiao Tong de Shanghái, coloca a los campus españoles a partir del puesto 201 del mundo en su recién publicada edición de 2012. En este ranking de las 500 mejores universidades del mundo, que mide básicamente el impacto de investigador de los campus y los reconocimientos recibidos en su historia (a través de los premios Nobel y medallas Fields concedidos a sus alumnos y profesores), hay 11 españolas, las mismas que el año pasado.

Sin embargo, esta vez hay solo tres entre el puesto 201 y 300 (a partir del 100 no se clasifican una a una, sino por franjas): la Autónoma de Madrid, la Complutense y la de Barcelona. La Universidad de Valencia ha caído hasta el siguiente escalón, entre el puesto 301 y el 400, donde aparece este año junto a la Autónoma de Barcelona, la Politécnica de Valencia y la Universidad del País Vasco. En el último escalón (401-500) están Granada, Pompeu Fabra, Vigo y Zaragoza. El País Vasco aparece por primera vez en el ranking y se ha caído de él Santiago de Compostela.

En la clasificación general, las instituciones anglosajonas siguen copando los primeros puestos, sobre todo las de Estados Unidos, con Harvard a la cabeza y Stanford en el segundo puesto. Entre las 20 primeras, solo hay tres que no sean estadounidenses: Cambridge (5º) y Oxford (10º), de Reino Unido y la Universidad de Tokio en Japón (20º). La primera europea, en el puesto 23, es la Universidad de Zurich (Suiza), y le siguen las francesas Paris-Sud (37º) y Pierre y Marie Curie (42º).

Israel ha colocado tres campus entre los 100 primeros y Australia cinco. Pero quizá lo más interesante de las cifras globales es la continuación de la tendencia china (incluyendo Hong Kong y Taiwan), que tiene ya 42 instituciones entre las 500 mejores del mundo, según el ranking de Shanghái, todas ellas fuera del top 100.

Las 10 primeras

Biblioteca Harry Elkins Widener Memorial de Harvard. / BRENT LEWIN (BLOOMBERG)

1. Harvard (EE UU)

2. Stanford (EE UU)

3. Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, EE UU)

4. Universidad de California, Berkeley (EE UU)

5. Cambridge (Reino Unido)

6. Instituto de Tecnología de California (EE UU)

7. Princeton (EE UU)

8. Columbia (EE UU)

9. Universidad de Chicago (EE UU)

10. Oxford (Reino Unido)

Aunque en los últimos años se han criticado mucho los sesgos y limitaciones metodológicas de este tipo de ranking para medir ese concepto tan variable que es la calidad y hacer justicia a tantísimas instituciones tan distintas en todo el mundo, estas clasificaciones se han convertido en un poderosísimo instrumento para dar visibilidad a los campus, fomentar la competencia y la transparencia de las instituciones.

También, incluso, han conseguido dirigir las políticas educativas de muchos países, ya sea en Francia (donde se ha cambiado la ley y se han inyectado fondos extra para mejorar puestos) o España: el ministro José Ignacio Wert se ha quejado en numerosas ocasiones de que no hay universidades españolas entre las 100 primeras. Muchos expertos han advertido de los peligros de convertir la mejora en los ranking en un objetivo político prioritario, pues ello puede marginar objetivos importantes que no miden esas clasificaciones, como la calidad de la docencia o la equidad.

Los rectores y otros especialistas también han insistido en las diferencias de financiación entre las universidades mejor colocadas en elranking y las españolas. “Harvard, MIT o Princeton, que tienen un presupuesto de alrededor de 150.000 euros por estudiante y año. En Europa destacan Oxford y Cambridge, con un presupuesto de unos 50.000 euros. [...] Las españolas aparecen a la cola de los países desarrollados, con un presupuesto promedio algo menor de los 10.000 euros por estudiante. ¿No sería un milagro que pudieran competir de forma efectiva con las mejores universidades del mundo?”, escribía el rector de la Carlos III, Daniel Peña, en este periódico en febrero de 2011, aún antes de los recortes presupuestarios más duros que se le están aplicando a los campus españoles.

UBA, entre las mejores 200 universidades

Once universidades españolas, seis brasileñas, dos chilenas, una mexicana y una argentina figuran entre las primeras 200 del ranking de la Universidad de Comunicaciones de Shanghai. La clasificación 2012 de las universidades publicada ayer vuelve a reflejar la supremacía de los centros estadounidenses. Y la Universidad de San Pablo, la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) son las únicas latinoamericanas mencionadas entre las 200 mejores.

Estados Unidos ocupa 17 de los 20 primeros puestos. Las cuatro primeras universidades son norteamericanas (Harvard, Stanford, MIT y California-Berkeley) y la quinta es británica (Cambridge). España tiene 11 universidades entre las mejores 500, tres de las cuales, incluso, entre las 300 primeras: en Madrid, la Universidad Autónoma y la Universidad Complutense, así como la Universidad de Barcelona.

Brasil es el primer país latinoamericano en cantidad de universidades presentes en el listado, con seis instituciones en total, entre las cuales la Universidad de San Pablo figura entre las mejores 150. Dos establecimientos chilenos, la Universidad Católica y la Universidad de Chile, figuran entre las mejores 500.

La idea de esta lista, difundida desde 2003, surgió cuando Beijing decidió dotarse de universidades de talla internacional y había que definir los criterios para que una universidad tuviera rango mundial. Esta clasificación mundial es tan esperada como criticada, sobre todo en Europa y Francia, por estimar que los criterios retenidos perjudican a las universidades europeas y que la clasificación es exclusivamente científica.

Dichos criterios tienen en cuenta esencialmente el resultado en materia de investigación en detrimento de la formación: el número de Premios Nobel, de medallas Fields (equivalente del Nobel en Matemáticas) y de artículos publicados únicamente en revistas anglosajonas como Nature o Science (PAGINA/12)

UNAM de México supera a universidades españolas en ranking mundial

Por Redacción | Fuente: Noticieros Televisa | 2012-08-16

Ciudad Universitaria, UNAM

Universidades de EU dominan el ranking Shanghái 2012, sin embargo, la UNAM de México y la de Sao Paulo de Brasil, son las únicas de Latinoamérica entre las 200 mejores del mundo

CIUDAD DE MÉXICO, México, ago.16, 2012.- Las universidades de Estados Unidos dominan la clasificación mundial que realiza anualmente laUniversidad de Shanghai, sin embargo, en la edición 2012, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad de Sao Paulo y la Universidad de Buenos Aires (UBA) son las únicas en Iberoamérica entre las 200 mejores.

En los primeros 20 puestos se ubican 17 universidades estadounidenses, las cinco primeras son: Harvard, Stanford, MIT y California-Berkeley, y la quinta es británica, Cambridge.

Entre las instituciones europeas no anglosajonas que aparecen en la lista es la Politécnica de Zúrich, en el lugar número 23, dentro del Top 500

La clasificación 2012 de las universidades no incluye en las 100 primeras a ninguna española, al ubicarse entre el rango de 200 a las 300 primeras: en Madrid, la Universidad Autónoma y la Universidad Complutense, así como la Universidad de Barcelona.

Brasil es el primer país latinoamericano en cantidad de universidades presentes en el listado, con seis instituciones en total, entre las cuales la Universidad de Sao Paulo figura entre las mejores 150.

La idea de esta lista, difundida desde 2003, surgió cuando Pekín decidió dotarse de universidades de talla internacional y había que definir los criterios para que una universidad tuviera rango mundial.

Esta clasificación mundial es tan esperada como criticada, sobre todo en Europa y Francia, por estimar que los criterios retenidos perjudican a las universidades europeas y que la clasificación es exclusivamente científica.

Dichos criterios tienen en cuenta esencialmente el resultado en materia de investigación en detrimento de la formación: el número de Premios Nobel, de medallas Fields (equivalente del Nobel en matemáticas) y de artículos publicados únicamente en revistas anglosajonas como Nature o Science.

El ranking de la Universidad de Shanghai Jiao Tong es considerado uno de los más importantes en el área académica; se denomina Academic Ranking of World Universities (ARWU), se analiza a 12,000 instituciones del mundo y clasifica a 500.
Desde 2004 la UNAM, junto con la Universidad de Sao Paulo, Brasil, ha sido clasificada entre las primeras doscientas universidades del mundo, con calificaciones superiores a sus similares españolas.

Universidades de Chile y Católica entre las 500 mejores del mundo

Sólo diez universidades latinoamericanas se encuentran entre las 500 mejores del reconocido ranking de la Universidad de Comunicaciones de Shanghai.

por La Tercera y Agencias – 14/08/2012 – 20:01

La Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica están entre las 500 mejores según el ranking publicado por la Universidad de Comunicaciones de Shanghai, y que agrupa a las instituciones en grupos de 50 a partir del puesto 101.

El listado está encabezado por la Universidad de Harvard y 8 de las diez primeras instituciones son de los EEUU, y las otras dos del Reino Unido. Según este criterio,la Universidad de Sao Paulo es la única latinoamericana en el grupo con los puestos 100 al 150. 

La Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional Autónoma de México figuran entre las 151-200 mejores, de acuerdo a esta famosa, pero  también muy criticada, clasificación.

En total sólo 10 universidades latinoamericanas están entre las 500 del ranking.

UNIVERSIDADES LATINOAMERICANAS DEL RANKING

101-150

Universidade de Sao Paulo (USP)

151-200

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Universidad de Buenos Aires (UBA)

201-300

Universidade estadual de Campinas (UNICAMP, Brasil)

301-400

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG, Brasil)

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ, Brasil)

Universidade Estadual Paulista (UNESP, Sao Paulo)

401-500 

Universidad Católica de Chile (UC)

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS, Brasil)

Universidad de Chile (UCHILE)

CRITERIOS DEL RANKING

Calidad de educación (10%): alumnos de la institución ganadores de premios Nobel y medallas Fields (por aportes en Matemática).

Calidad de la Facultad (40%): personal de la institución ganador de premios Nobel y medallas Fields; y citas de investigadores .

Resultados de investigación (40%): Papers publicados en la revista Nature and Science, e indexados en Science Citation Index (SCI) o en Social Sciences Citation Index (SSCI).

Rendimiento Per Cápita (10%): se refiere al rendimiento de los indicadores anteriores divididos por el total de académicos full time del persona.

I. Wallerstein: La educación superior bajo ataque…

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Immanuel Wallerstein
La Jornada
Durante mucho tiempo hubo sólo unas cuantas universidades en el mundo. El cuerpo estudiantil total en estas instituciones era muy reducido. Este pequeño grupo de estudiantes provenía en gran medida de las clases altas. Asistir a la universidad confería gran prestigio y reflejaba un gran privilegio.
El panorama comenzó a cambiar radicalmente después de 1945. El número de universidades comenzó a expandirse considerablemente, y el porcentaje de personas en el rango de edad que asistía a las universidades comenzó a crecer. Es más, esto no fue meramente una expansión en aquellos países que ya tenían universidades notables. En un gran número de países que no habían tenido instituciones o no tenían ninguna antes de 1945 se impulsó la educación universitaria. La educación superior se hizo mundial.

La presión para expandirse vino de arriba y de abajo. Desde arriba, los gobiernos sintieron una importante necesidad de contar con graduados universitarios que garantizaran su posibilidad de competir en las tecnologías más complejas requeridas en la explosiva expansión de la economía-mundo. Y desde abajo, grandes cantidades de los estratos medios y aun de los estratos más bajos de las poblaciones del mundo insistieron en que debían tener acceso a la educación superior para mejorar considerablemente sus perspectivas económicas y sociales.

La expansión de las universidades, que fue notable en tamaño, fue posible por la enorme expansión ascendente de la economía-mundo después de 1945, la más grande en la historia del moderno sistema-mundo. Hubo mucho dinero disponible para las universidades y estaban felices de poder utilizarlo.

Por supuesto, esto cambió en alguna medida los sistemas universitarios. Las universidades individuales se hicieron más grandes y comenzaron a perder la cualidad de intimidad que proporcionaban las estructuras más pequeñas. La composición de clase del cuerpo estudiantil, y luego la del profesorado, evolucionó. En muchos países la expansión no sólo significó una reducción en el monopolio de personas de los niveles más altos, como estudiantes, profesores y administradores, sino que con frecuencia significó que los grupos minoritarios y las mujeres comenzaran a tener un acceso más vasto, que antes se les había negado total o, por lo menos, parcialmente.

Este retrato rosa comenzó a tener dificultades alrededor de la década de 1970. Por un lado, la economía-mundo entró en un prolongado estancamiento. Y poco a poco, la cantidad de dinero que recibían las universidades, en gran proporción de los estados, comenzó a disminuir. Al mismo tiempo, los costos de la educación universitaria comenzaron a crecer, y las presiones de abajo para que la expansión fuera continua crecieron con mayor fuerza aún. Desde entonces la historia es la de dos curvas que van en direcciones opuestas –menos dinero y mayores gastos.

Para el momento en que arribamos al siglo 21, esta situación se tornó dificultosa. ¿Cómo se las arreglaban las universidades? Una forma importante fue lo que ha llegado a llamarse privatización. Casi todas las universidades anteriores a 1945, e incluso antes de 1970, eran instituciones del Estado. La única excepción significativa era Estados Unidos, que contaba con un gran número de instituciones no estatales, la mayoría de las cuales evolucionaron a partir de instituciones de base religiosa. Pero aun en estas instituciones privadas estadunidenses, las universidades se manejaban con estructuras no lucrativas.

Lo que la privatización comenzó a significar por todo el mundo fueron varias cosas: una, comenzó a haber instituciones de educación superior que se establecieron como negocios con fines de lucro; dos, las instituciones públicas comenzaron a buscar y a obtener dinero de donantes corporativos, que comenzaron a entrometerse en la gobernanza interna de las universidades; y tres, las universidades comenzaron a buscar patentes para los trabajos en que los investigadores de la universidad habían descubierto o inventado algo, y como tal entraron a ser operadores en la economía, es decir, se volvieron parte del negocio.

En una situación en que el dinero era escaso, o al menos parecía escaso, las universidades comenzaron a transformarse a sí mismas en instituciones parecidas a negocios. Esto puede entenderse en dos formas importantes: los más altos puestos administrativos en las universidades y sus facultades, que tradicionalmente ocupaban los académicos, comenzaron a ser ocupados por personas cuya formación era la administración y no la vida universitaria y aunque ellos conseguían el dinero, también comenzaron a fijar los criterios para asignarlo.

Comenzó a haber evaluaciones de universidades completas y de departamentos dentro de las universidades en términos de sus productos, en relación con el dinero invertido. Esto podía medirse en cuántos estudiantes deseaban emprender estudios particulares, o en qué tan reconocida era la producción de investigación de ciertas universidades o departamentos. La vida intelectual comenzó a ser juzgada con criterios seudomercantiles. Aun el reclutamiento de los estudiantes se midió en términos de cuánto dinero entraba mediante los métodos alternos de reclutamiento.

Por si esto fuera poco, las universidades comenzaron a sufrir los ataques de una corriente de extrema derecha antintelectual que veía las universidades como instituciones laicas y anti-religiosas. La universidad como institución crítica –crítica de los grupos dominantes y de las ideologías dominantes– siempre ha enfrentado la renuencia y la represión de los estados y las elites. Pero sus poderes de supervivencia siempre estuvieron basados en su relativa autonomía financiera basada en el costo real de operación. Esto era la universidad de ayer, no la de hoy ni la de mañana.

Uno puede describir esto simplemente como otro ejemplo más del caos global en el que estamos viviendo. Excepto que se suponía que las universidades jugaran el papel de ser un locus importante (por supuesto no el único) de análisis de las realidades de nuestro sistema-mundo. Son estos análisis los que pueden hacer posible navegar en la caótica transición hacia un nuevo orden mundial, que esperamos sea mejor. Al momento, los disturbios al interior parecen no ser más fáciles de resolver que los disturbios en la economía-mundo. Y se le presta mucho menos atención.

Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/03/10/index.php?section=opinion&article=022a1mun

Traducción: Ramón Vera Herrera

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