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Encuesta CEP (Enero, 2013): 54% está decidido a votar por Michelle Bachelet en las presidenciales…

De acuerdo al último sondeo, la ex mandataria encabeza todas las preferencias, tanto en las primarias de la Concertación como en una eventual contienda presidencial. Le sigue Laurence Golborne con un 15 por ciento de voto ya definido, Marco Enríquez Ominami con un 8, Andrés Allamand con un 7, Andrés Velasco y Franco Parisi con un 3 y José Antonio Gómez, Ximena Rincón y Claudio Orrego con un 2.
Una primera mirada al escenario que se configuraría en las primarias presidenciales de las dos principales coaliciones políticas, entregó hoy la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP).
En esa línea, ante la pregunta ¿Quién cree usted que será el próximo Presidente de Chile?, el 53 por ciento de los encuestados respondió que piensa que será Michelle Bachelet, un 11 por ciento Laurence Golborne y un 3 por ciento Andrés Allamand.
Por otro lado, un 54 por ciento manifestó que está decidido a votar por la ex mandataria y un 15 por ciento por el abanderado de la UDI. En ese ámbito, un 8 indicó tener su sufragio definido en favor de Marco Enríquez -Ominami y un 7 por ciento por Andrés Allamand. Andrés Velasco y Franco Parisi obtuvieron un 3 por ciento. Por su parte, Juan Antonio Gómez, Claudio Orrego y Ximena Rincón lograron un 1 por ciento y Tomás Jocelyn-Holt un cero.
En relación al sondeo de agosto, Bachelet logra un aumento de 8 puntos porcentuales en la intención de voto, Golborne disminuye un punto, mientras que Marco Enríquez Ominami y Andrés Allamand suben 3.
Para la interrogante ¿Quién le gustaría que fuera Presidente de Chile?, un 49 por ciento se inclinó por Michelle Bachelet, un 11 por ciento por Laurence Golborne, un 5 por ciento por Andrés Allamand, un 4 por ciento por Marco Enríquez-Ominami y un 2 por ciento por Andrés Velasco y Franco Parisi.
En esta versión del estudio, se realizaron además distintos escenarios en la contienda electoral. Al enfrentarse los candidatos de la oposición a los de la alianza, resultan vencedores los del oficialismo. Esto cambia si se miden con Michelle Bachelet, quien se queda con la mayor cantidad de preferencias. Sin embargo, si los principales candidatos fueran Andrés Allamand y Marco Enríquez-Ominami, este último se pone por sobre el ex ministro de Defensa con un 24 por ciento contra un 19.
Primarias
Respecto de los resultados que se darían en las primarias de ambas coaliciones, en el oficialismo, el presidenciable de la UDI Laurence Golborne se impone con un 36 por ciento de los votos, sobre un 18 por ciento que obtendría el abanderado de RN, Andrés Allamand.
En la Concertación, en tanto, un 67 por ciento marcaría su preferencia por Michelle Bachelet, un 6 por ciento por Andrés Velasco, un 2 por ciento por Ximena Rincón, un 1 por ciento por Claudio Orrego, mientras que Juan Antonio Gómez no logró menciones.
Participación
A raíz de la alta abstención registrada en los pasados comicios municipales, que alcanzó un 60 por ciento, la encuesta de este mes ahondó en la disponibilidad de los electores para acudir a las urnas.
En este sentido, un 57 por ciento de los encuestados dijo que irá a votar con toda seguridad. Un 20 por ciento dijo que probablemente sí y un 7 por ciento que probablemente no. En tanto, un 11 por ciento aseguró que con toda seguridad no acudiría a votar.
Por otra parte, un 55 por ciento se declaró como poco o nada interesado en estas elecciones y un 44 como muy interesado.
De las personas sondeadas, un 56 por ciento participó en las pasadas muncipales y un 42 por ciento se abstuvo. El mayor porcentaje de abstención se registró en jóvenes entre 18 y 24 años (60 por ciento) y en el sector socioeconómico más bajo (51 por ciento). Ambos tramos corresponden al 16 y al 40 por ciento del padrón electoral respectivamente.
Educación en el mundo (2012): nuevos datos (TIMSS) evidencian nuevamente precariedades de Chile y A. Latina…
Un estudio del grupo Pearson, considerando varias pruebas internacionales relevantes, situa la calidad de los sistemas educativos a escala internacional. Finlandia, Corea, China, Singapur, ademas de algunos países de la OCDE mantienen y consolidan su liderazgo. España, por debajo del promedio de la UE y de la OCDE. América Latina, peor aún, muestra un enorme rezago. Los datos indican que la calidad de los sistemas educacionales no sólo dependen de la magnitud del gasto público o privado, o incluso de la indispensable intervención del Estado, sino de una cierta cultura nacional en materia educacional. Esto queda en evidencia brutal tanto observando las experiencias más exitosas como las más precarias.
Los resultados del último TIMSS (equivalente a las pruebas PISA), que se pública en la segunda parte de este dossier, reflejan muy claramente estas tendencias, especialmente en el caso de Chile y demás países latinoamericanos incluídos.
Una vez más, otro estudio internacional pone a España en el peor lugar en el panorama educativo internacional. Se trata de un trabajo publicado por el grupo Pearson, una compañía puntera en contenidos educativos. El informe se llama The Learning Curve (La curva de aprendizaje), y ha sido elaborado «para identificar los factores clave que impulsan la mejora de los resultados educativos». Según John Fallon, consejero delegado de Pearson, «tenemos que abrir la caja negra de los datos educativos y comprender lo que verdaderamente impulsa los resultados del aprendizaje, con el fin de ayudar a los profesores y a los responsables de políticas educativas a basar su trabajo en datos reales».
El trabajo ha sido realizado por The Economist Intelligence Unit y utiliza datos de las evaluaciones internacionales OCDE-PISA, TIMSS y PIRLS, así como datos sobre alfabetización y tasas de graduación escolares y universitarias. Finlandia y Corea del Sur encabezan la lista según el nuevo índice. Hong Kong, Japón y Singapur, que siempre logran resultados altos, les siguen de cerca. De los cuarenta países con datos suficientes para su inclusión, las economías emergentes de México, Brasil e Indonesia son las que ocupan los puestos inferiores de la tabla.
Finlandia y Corea del Sur emergen como las claras «superpotencias educativas». Según el estudio, «en algunos aspectos es difícil imaginar dos sistemas más dispares. Con frecuencia se define al surcoreano como un marco rígido basado en exámenes en el que los estudiantes deben dedicar un tiempo extraordinario al trabajo; mientras que el finlandés es mucho más relajado y flexible». Sin embargo, un análisis más detallado muestra que «ambos países cuentan con un profesorado de alta calidad, valoran la responsabilidad y tienen una misión moral que sustenta los esfuerzos educativos».
Los países líderes de la categoría de habilidades cognitivas, que comprende las pruebas internacionales (PISA, TIMSS y PIRLS) de Matemáticas, Lectura y Ciencias que los estudiantes realizan en 4.º de Primaria y 2.º de la ESO, no son una sorpresa. Los cinco primeros –Finlandia, Singapur, Hong Kong, Corea del Sur y Japón– obtienen una puntuación muy por encima de la media.
En la categoría de logros educativos, que se basa en índices de alfabetización y tasas de graduación, la clasificación es diferente. Aquí, Corea del Sur va a la cabeza, seguida del Reino Unido y después Finlandia, Polonia e Irlanda.
Otros resultados importantes:
-Los ingresos importan, pero la cultura más. «Aunque no hay duda de que la inversión en educación proporciona beneficios, a la hora de conseguir resultados educativos superiores, el enfoque cultural y las perspectivas profesionales tienen la misma importancia que los ingresos, si no más».
-Los buenos profesores son esenciales y han de ser respetados. «No hay nada que sustituya a un buen profesor. Su impacto va más allá de los resultados educativos y se puede vincular a factores sociales positivos, como la disminución de la tasa de embarazosadolescentes y mayor preocupación por el ahorro para la jubilación. La formación de mejores profesionales de la enseñanza depende de más factores que una buena remuneración. Los países con los mejores resultados atraen a los mejores talentos, se preocupan por la formación continua del profesorado y también le permiten mayor libertad.
Fallon afirma: «La educación impulsa el éxito a nivel individual y nacional. Sin embargo, en lo que respecta a mejorar la educación, con demasiada frecuencia aquellos que tienen el poder de cambiar las cosas trabajan en la oscuridad. The Learning Curve trata de arrojar luz sobre la comprensión de lo que verdaderamente funciona y las razones de que esto sea así».
Michael Barber, asesor jefe para educación de Pearson, afirma: «The Learning Curve permitirá un análisis mucho más sofisticado de lo que funciona en materia de educación. Muestra que no hay recetas mágicas. Para mejorar, es necesaria una atención coherente y a largo plazo centrada en el sistema educativo».
Tabla general de clasificación de los países
PAÍS PUNTUACIÓN PUESTO
FINLANDIA 1,26 1
COREA DEL SUR 1,23 2
HONG KONG-CHINA 0,90 3
JAPÓN 0,89 4
SINGAPUR 0,84 5
REINO UNIDO 0,60 6
PAÍSES BAJOS 0,59 7
NUEVA ZELANDA 0,56 8
SUIZA 0,55 9
CANADÁ 0,54 10
IRLANDA 0,53 11
DINAMARCA 0,50 12
AUSTRALIA 0,46 13
POLONIA 0,43 14
ALEMANIA 0,41 15
BÉLGICA 0,35 16
ESTADOS UNIDOS 0,35 17
HUNGRÍA 0,33 18
ESLOVAQUIA 0,32 19
RUSIA 0,26 20
SUECIA 0,24 21
REPÚBLICA CHECA 0,20 22
AUSTRIA 0,15 23
ITALIA 0,14 24
FRANCIA 0,13 25
NORUEGA 0,11 26
PORTUGAL 0,01 27
ESPAÑA -0,08 28
ISRAEL -0,15 29
BULGARIA -0,23 30
GRECIA -0,31 31
RUMANÍA -0,60 32
CHILE -0,66 33
TURQUÍA -1,24 34
ARGENTINA -1,41 35
COLOMBIA -1,46 36
TAILANDIA -1,46 37
MÉXICO -1,60 38
BRASIL -1,65 39
INDONESIA -2,03 40
PRUEBA TIMSS DE CIENCIAS Y MATEMATICAS: quienes son los mejores y los peores? Chile, América Latina, OCDE y el mundo
Las pruebas TIMSS de Ciencias y Matemáticas reflejaron el destacado avance que tuvo Chile entre 2003 y 2011, sin embargo, reflejó que el país aún sigue por debajo del promedio, establecido en 500.
En la prueba de matemáticas, Chile obtuvo unpromedio de 416, siendo superado por Túnez (425), República de Macedonia (426) y Tailandia (427). El país, en tanto, se sitúa por sobre Irán (415), Qatar (410) y Bahréin (409).
Los países que lideran la prueba de matemáticas son Corea (613), Singapur (611) y China (609).
En Ciencias, Chile logró 461 puntos que no le alcanzaron para superar a Emiratos Arabes (465), Rumania (465) e Irán (474).
Sin embargo, este puntaje permitió al país superar a Bahréin (452), Tailandia (451) y Jordania (449).
En Ciencias lideran Singapur (590), China (564) y Corea (560) nuevamente lideran.
La prueba se realiza cada cuatro años en 53 países a estudiantes de cuarto y octavo básico y en la última medición los alumnos chilenos mostraron un gran avance en la prueba de Ciencias de octavo básico, subiendo 49 puntos respecto a su participación en 2003.


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Revisa el ranking de la prueba TIMSS
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UENTES: ABC, España; Radio Cooperativa, Chile; prueba TIMSS.
Chile: crisis de las Universidades de mercado… (dossier actualizado)
Las pruebas que confirman la venta de acreditaciones a universidades privadas
Por : Mónica González y Juan Andrés Guzmán en Reportajes de investigación Publicado: 10.12.2012
Entre las decenas de elementos de prueba que tienen a Luis Eugenio Díaz, ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), en prisión preventiva y acusado de los delitos de soborno, cohecho y lavado de activos, figura un par de correos que la Fiscalía Oriente incautó de su computador y que Díaz envió en julio de 2011 a José Enrique Schroeder, entonces rector de la Universidad SEK, institución de propiedad de Jorge Segovia Bonet (presidente de su junta directiva desde 1990), dirigente también del club de fútbol Unión Española y de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).
Email de Eugenio Díaz a rector de la SEK: “Comprenderás que el hecho de que yo esté en la universidad agrega mucho valor, es casi como un sello de calidad, perdonando la petulancia. Te aseguro que nadie se va a atrever a pensar siquiera en no acreditar una institución donde yo esté”
Ambos email fueron enviados cuando la Universidad SEK iniciaba en 2011 su proceso para volver a acreditarse ante la CNA, institución en la que Díaz votaba y era un influyente consejero desde el año 2007, cuando fue elegido como representante de las universidades privadas autónomas, apoyado también en su reelección en 2009 por las universidades UNIACC, Pedro de Valdivia y Gabriela Mistral, entre otras.
En el primer correo electrónico Luis Eugenio Díaz le pide al rector Schroeder que le de trabajo a “una sobrinita”. Se trata de la periodista Andrea Moraga a la que define como muy inteligente, que ha trabajado revisando procesos de acreditación con Díaz, incluyendo el de la SEK. Y concluye con un último y decisivo argumento:
“Si tuvieras a bien contratarla, ciertamente yo la apoyaría con todo. De manera que al contratarla a ella contarías con mi asesoría permanente, a través de ella, en este periodo y en forma permanente, sin que sea necesario que me recompensen de ninguna otra manera”.
En el segundo correo, enviado al día siguiente, Díaz va más allá. Y pide trabajo para él mismo:
“Querido amigo: se me ocurre algo complementario, que quizás te sorprenderá. Te sugiero crear en la universidad la Dirección de Vinculación con el Medio y contratar a Andrea y a mí como director, con la misma renta que otros directores de la universidad, con la libertad para mantener una o dos consultoras que me demandan muy poco tiempo. Esto es absolutamente compatible con mi cargo en la CNA”.
¿Qué beneficio obtendría la SEK al contar con los servicios de Andrea Moraga? Díaz lo explicita: “Ciertamente debo inhibirme cuando se trate la acreditación de la SEK pero comprenderás que el hecho de que yo esté en la universidad agrega mucho valor, es casi como un sello de calidad, perdonando la petulancia. Te aseguro que nadie se va a atrever a pensar siquiera en no acreditar una institución donde yo esté”.

Según ha logrado establecer la Fiscalía Oriente, cuando ambos email fueron enviados, Eugenio Díaz ya estaba asesorando a la SEK en el proceso de acreditación, corrigiendo sus documentos y ordenando nuevos contenidos. Documentos y contenidos que a la larga él mismo revisaría de nuevo como miembro de la CNA y relator de ese expediente (por decisión propia), para decidir si esa universidad exhibía parámetros de eficiencia y podía ser acreditada. Es decir, estaba actuando como parte interesada para luego intervenir como juez imparcial.
La acreditación era muy importante para los débiles estados financieros de la Universidad SEK, pues permitía que sus alumnos pudieran acceder al Crédito con Aval del Estado (CAE), que en 2010 le reportó montos por $400 millones.
La Universidad SEK, que inició sus actividades en 1990, recibió ese dinero gracias a la acreditación que obtuvo de la CNA en 2009. No fue un proceso fácil. El primer dictamen del organismo fiscalizador (28 de octubre de 2009) la rechazó. La SEK presentó un recurso de reposición y en la segunda instancia fue acreditada, pero sólo por dos años certificación que vencía el 25 de noviembre de 2011.
Luis Eugenio Díaz conocía muy bien la realidad de la Universidad SEK. En su proceso de acreditación de 2009 uno de los cuatro pares evaluadores fue Andrés Lastra, ex presidente de la FECH y socio de Díaz en varias asesorías a universidades, principalmente las de la UNIACC (donde Lastra era vicerrector) y la Pedro de Valdivia (donde Lastra ocupó el cargo de director de Aseguramiento de Calidad), además del Centro de Formación Técnica (CFT) Simón Bolívar. Y el relator de dicho proceso fue el propio Luis Eugenio Díaz, quien propuso acreditarla por dos años.
Los email de Díaz hay que entenderlos en el contexto de una relación antigua (él ha declarado que conocía de antes a Jorge Segovia), que se sostenía en la necesidad financiera de la SEK de acreditarse y en el poder de Díaz para lograrlo.
Email de Díaz a la UNIACC ofreciendo sus servicios para ayudarla a acreditarse: “El proceso de consultoría se extendería desde esta fecha hasta que se adopte la decisión definitiva de acreditación. Los honorarios por esta consultoría ascenderán a la suma de $70.000.000 a todo evento y de $30.000.000 adicionales para la eventualidad que la universidad sea acreditada por 4 años”.
La universidad atendió la primera idea de Díaz y contrató a Andrea Moraga, quien según se ha logrado acreditar trabajaba para Gestión Limitada, la empresa de Luis Eugenio Díaz, donde recibía una remuneración de $1.400.000 mensuales. Moraga colaboró también con Díaz en las asesorías a la Universidad Bernardo O’Higgins y del Mar. Según declaró el rector José Enrique Schroeder, Moraga fue contratada para hacer “un informe sobre la enseñanza para la comprensión”. No fue lo que recordó Díaz. Ante la fiscalía dijo que la Universidad SEK le pagó a Moraga “$2.500.000 por hacer un informe sobre el pensamiento de Amartya Sen, que es un economista alternativo”.
La secuencia descrita deja abierta la duda de si la contratación de Andrea Moraga es la forma que la Universidad SEK encontró para pagarle a Díaz una parte de sus asesorías en la acreditación. El rector Schroeder, ante la fiscalía, se apuró a rebatir esa idea: “El pago a Andrea Moraga fue por un trabajo efectivo a la universidad. Ni yo ni Gautier (vicerrector de la SEK que contrató a Andrea) lo hubiésemos aceptado jamás como recompensa. Yo no he visto los informes que ella hizo, su trabajo me consta por lo que Gautier me reportó verbalmente”.
Cuando la fiscalía le mostró a Díaz sus propios correos, el ex consejero de la CNA dijo: “Es un correo que me avergüenza”. Luego intentó explicar por qué le aseguraba a la SEK que sería acreditada: “Cuando digo que tiene asegurada la acreditación es una pretensión porque confío en que mi prestigio ayudaría a conseguir la acreditación”. No vio delito en su acto.
No opinó lo mismo la abogada Paula Beale, jefa del departamento jurídico de la CNA. Ante la Fiscalía declaró que el correo “abiertamente infringe las normas de probidad por cuanto solicita un favor valiéndose de su cargo y luego solicita trabajo en la institución que en ese momento estaba en proceso de acreditación en que le asegura un resultado favorable en la acreditación en caso de ser contratado”.
Iñigo Díaz, quien sucedió a Eugenio Díaz en la presidencia de la CNA y que renunció al cargo en octubre de este año, fue más duro al evaluar los correos mencionados: “Este correo me indica que Eugenio Díaz perdió la brújula. Obviamente no se puede hacer lo que hace en ese correo. Está generando redes para coimearse. Me parece gravísimo”.
LA FILTRACION QUE ACUSA
Lo declarado por la abogada Beale e Iñigo Díaz, se condice con los procedimientos, contratos y las tarifas que Luis Eugenio Díaz cobró en ese mismo año 2011 tanto a la Universidad del Mar como a la Universidad Pedro de Valdivia y a la Bernardo O’Higgins, por asesorarlas en su proceso de acreditación, así como a la Universidad UNIACC en 2010.
Pese a que el entonces rector de la SEK dice que la contratación de la “sobrina” no fue pago por las asesorías que Díaz hizo, lo cierto es que llegado el momento clave, Díaz se comportó como un fiel empleado de la SEK.
El momento decisivo fue en diciembre de 2011, cuando los consejeros de la CNA debieron pronunciarse sobre la nueva acreditación de la SEK. Luis Eugenio Díaz se encontró entonces con un inconveniente grave. Con la llegada a la secretaría ejecutiva de la CNA de Patricio Basso, ese organismo comenzó a elaborar minutas económicas que ilustraban a los consejeros con los antecedentes de la situación financiera de las instituciones que buscaban su certificación. La minuta sobre la SEK, como se verá más adelante, dejaba en evidencia que era una institución muy débil, con un fuerte endeudamiento con instituciones relacionadas, que es la forma clásica a través de la cual los dueños de una universidad lucran (ver la minuta y ver recuadro).

Luis Eugenio Díaz no estuvo de acuerdo con que esa información financiera fuese considerada en el proceso de acreditación y reclamó en la CNA por la incorporación de estos nuevos antecedentes. Pero no obtuvo respaldo más que de Juan José Ugarte, representante del Ministerio de Educación (Mineduc). Entonces, Díaz decidió enviarle en secreto la minuta financiera elaborada en la CNA al rector de la SEK, para que éste preparara con extrema urgencia una respuesta. Eso fue exactamente lo que hizo Schroeder. El nuevo documento financiero de la SEK llegó a la CNA el martes 13 de diciembre de 2011, el día antes de que se efectuara la sesión en que se decidiría su acreditación.
La súbita aparición de un documento que en los hechos era una réplica punto por punto a la minuta financiera realizada por Basso, hizo evidente para los consejeros de la CNA que se había producido una filtración. La discusión se inició. Díaz no abrió la boca. Los consejeros estimaron que el material enviado por la SEK no debía considerarse. Votaron. Díaz estuvo por acreditarla por tres años. La SEK -y Díaz- perdieron por un voto (5-6).
La ley de acreditación permite a las universidades apelar y la SEK lo hizo. Para la reposición sí se consideró la minuta entregada a última hora por la universidad. Díaz fue el relator y volvió a votar y esta vez la SEK obtuvo tres años de acreditación.
Consultado por CIPER, Patricio Basso, quien elaboró la minuta económica, señaló:
-De haber tenido derecho, yo habría votado en contra por razones puramente académicas. Comparada con otras universidades privadas con un número semejante de alumnos, es la que tenía indicadores más deficientes. En el orden financiero, tenía un nivel de endeudamiento muy alto con empresas relacionadas y avalaba o era codeudora solidaria de los Colegios SEK, lo cual también me parece incorrecto. Se podría llamar a esto “lucro de segundo orden”, pues los socios controladores se están beneficiando con dicho aval, aunque no existe pérdida patrimonial, salvo en el caso que el deudor principal deje de pagar.
La fiscalía interrogó a Luis Eugenio Díaz por la filtración de documentos que hizo a la SEK y que muestran dónde estaban sus verdaderos mandantes en ese proceso. Esto fue lo que declaró:
“Es posible, pero no lo recuerdo, que las minutas de la Universidad SEK yo se las haya enviado al rector José Enrique Schroeder. Entiendo que la comisión se molestó por la posible filtración de datos…. En alguna ocasión yo pude haber revelado minutas a algunas instituciones interesadas, no lo recuerdo exactamente. Si alguna vez lo hice fue por rebeldía de principios, en virtud del debido proceso… creo que efectivamente envié por email al rector Schroeder una minuta de datos de contexto…. Con esa minuta la universidad envió una nueva minuta con información adicional previo a la reunión de la CNA… y nunca le hice presente a nadie de la CNA ni al presidente que yo había filtrado el documento. No sé por qué lo hice”.
Email de Eugenio Díaz a Teodoro Ribera pidiendo que reciba en la Autónoma a un sobrino suyo: “Abusando de tu generosidad, ¿podrían beneficiarlo con alguna beca?, pues mi sobrina no tiene muy buena condición y tiene a otra hija estudiando en Santiago”.
Un vez que la Universidad SEK fue acreditada, el rector José Enrique Schroeder, quien había asumido en 2009 para liderar el proceso de re-acreditación, se fue de vacaciones. Pero en marzo de 2010, no regreso a su puesto. Se fue como vicerrector a la Universidad Autónoma, cuyo rector era entonces el actual ministro de Justicia, Teodoro Ribera. A la dirección de la SEK volvió su antiguo rector, Alejandro Omaña.
En cuanto a Jorge Segovia, quien desde octubre está fuera del país, no ha podido ser interrogado aún y sus correos tampoco pudieron ser rastreados. En la Universidad SEK afirman que Segovia nunca ha tenido un computador en esa casa de estudios.
CERO FISCALIZACION
El capitulo SEK es sólo uno de una patética secuencia de negociaciones incompatibles aderezadas con trapicheos vergonzosos y que tienen como gran telón de fondo miles de millones de pesos de dineros fiscales destinados a dar créditos a los estudiantes más pobres (CAE). Cada negocio que establece Díaz con las acreditaciones, no es una mancha más sobre su reputación y papel de antecedentes, sino una evidencia de cómo el Fisco y los bienes públicos que los comisionados debían garantizar en su último destino, quedaron sin resguardo.
Lo anterior queda en evidencia con el correo enviado por Luis Eugenio Díaz a Ángel Maulén, propietario de la Universidad Pedro de Valdivia, el 3 de septiembre de 2011, en medio de las masivas protestas estudiantiles exigiendo calidad y gratuidad de la educación. “Acabo de ver la noticia de que siguen las tomas. En la CNA estamos analizando la prórroga de la acreditación por tres meses si se mantienen las tomas. Hemos tenido una diferencia al respecto. Iñigo (Díaz) y Patricio (Basso) han planteado que se prorrogue solamente a las universidades en toma, concediendo al secretario ejecutivo para que decida caso a caso. Yo he planteado que se prorrogue a todas porque se trata de un sistema (lo que ha generado una fuerte irritación de Patricio). El problema es que si se prorroga a las que están en toma se deja en una situación difícil a las demás, especialmente a la UPV. Hasta ahora he logrado concitar mayoría, ojalá se imponga en definitiva. Los mantendré informados”.

La respuesta de Maulén no se hizo esperar: “Estimado Eugenio, qué pasa con nosotros que termina el proceso de acreditación justo en diciembre, en plena etapa de matrícula y sin CAE”.
La respuesta está en la decisión que adoptó la CNA: la UPV pudo matricular a sus estudiantes para 2012 con CAE incluido, en virtud de una prórroga especial obtenida en la CNA hasta abril de 2012.
LOS VINCULOS CON EL MINISTRO RIBERA
La mayor parte de los graves antecedentes reunidos por la fiscalía en contra de Eugenio Díaz, corresponden a 2010, año en que éste ejerció el cargo de presidente subrogante de la CNA; año en que también los controles de esa institución se flexibilizaron a tal punto que todas las instituciones que se presentaron a la evaluación resultaron aprobadas.
Al respecto, el ex presidente de la CNA, Emilio Rodríguez, dijo a CIPER: “Si todas las instituciones que postularon en 2010 fueron acreditadas, o estamos ante una mejoría notable en las instituciones de educación terciaria en Chile o, simplemente, los niveles de exigencia han caído a niveles lamentables”.
Lo increíble es que ninguna autoridad vio en esa avalancha de acreditaciones ni la evidencia ni la sospecha de que algo en el sistema estaba fallando. Solo la intervención del Ministerio Público en los últimos meses ha permitido ir mostrando la verdad de esas acreditaciones.
En algunos casos se han detectado pagos millonarios hacia el ex presidente de la CNA, de los cuales se contabilizan hasta ahora $290 millones. En otros, aún no se ha cogido la hebra del dinero, pero se tiene constancia de que, al igual que en la Universidad SEK, en el momento indicado Eugenio Díaz se comportó como un empleado de esas universidades. Tras el estallido del escándalo de las acreditaciones en la CNA, políticos de todos los sectores han descubierto los vicios del mecanismo.
Luis Eugenio Díaz llegó al sillón de la CNA, elegido por la Corporación de Universidades Privadas (CUP), donde figuran entre otras las cuestionadas Del Mar y Pedro de Valdivia (cuyos rectores Raúl Zúñiga y Ángel Maúlen, respectivamente, están detenidos con Díaz). También están en la CUP la citada Universidad SEK, la Universidad Bernardo O`Higgins (con la cual Díaz tenía un contrato de asesorías para acreditarse en 2012 por $20 millones) y UNIACC, (con la que Díaz tuvo dos contratos por un total de $ 43 millones). Con la Universidad Pedro de Valdivia el contrato fue por $50 millones, con premios acorde a los años de acreditación.
En 2010, cuando Luis Eugenio Díaz era presidente de la CNA, siete de las 14 universidades que lo eligieron, debieron acreditarse y se sometieron a la decisión de una CNA que entonces era controlada por su candidato. La mayoría de ellas necesitaba lograr la acreditación, pues sus balances dependían de los miles de millones de pesos que el Fisco entrega a través del CAE a las universidades que la CNA avala.

La siete que se presentaron ante Díaz fueron: Pedro de Valdivia, UNIACC, Las Américas (UDLA, dejó la CUP este año), Unicit, Ucinf, Autónoma, Universidad del Mar y Gabriela Mistral (que no está en el CUP, pero cuya rectora, Alicia Romo, es un referente para este grupo). Todas consiguieron su acreditación. De las otras siete de la CUP, la SEK debió acreditarse en 2011 (y casi no lo logra); la UNIACC, lo intentó y falló con estruendo. Las universidades Miguel de Cervantes y Bolivariana son tan precarias que no lo han intentado aún. Las únicas fuera del área de peligro en 2010 y 2011 eran la Universidad del Pacífico (en 2007 logró acreditarse hasta 2012) y la UBO (en 2009 logró acreditarse hasta 2012).
Con varios de los rectores y dueños de estas universidades, Eugenio Díaz estableció vínculos muy estrechos que hoy todos prefieren olvidar. Uno muy importante para Díaz es el que lo unió con Teodoro Ribera, socio y rector de la Universidad Autónoma hasta que en julio de 2011 asumió como ministro de Justicia.
En los últimos años esa casa de estudios ha tenido una expansión enorme desde su fundación en 1989 como una universidad regional, centrada en Temuco. Hoy es una de las más grandes de Chile, con 18 mil alumnos. Su última inversión fue de US$35 millones por la compra del codiciado terreno del que fuera un colegio de una congregación religiosa en Providencia para levantar una nueva sede.
En 2010, cuando Díaz era el presidente de la CNA, la universidad de Ribera recibió cinco años de acreditación. La decisión sorprendió al mundo académico, pues puso a la Autónoma en el mismo nivel que las grandes universidades privadas ya consolidadas, como la UNAB, la Diego Portales y algunas públicas, como la Universidad de Valparaíso. La acreditación le significó recibir en 2010 un total de 4.680 créditos por un total de $7.500 millones. De ellos, los bancos decidieron venderle al Fisco $6.600 millones, al ser considerados los más riesgosos.
Un correo incautado a Luis Eugenio Díaz, muestra que el entonces presidente de la CNA escogió el momento en que la Autónoma había iniciado su proceso de acreditación para pedirle a su rector un favor personal. Quería que Ribera le recibiera en su universidad a un sobrino-nieto que deseaba estudiar kinesiología en Talca. Después de darle los detalles de la situación del joven, Díaz remató el email: “Abusando de tu generosidad, ¿podrían beneficiarlo con alguna beca?, pues mi sobrina no tiene muy buena condición y tiene a otra hija estudiando en Santiago”.

No está claro cómo termino esa gestión. Tampoco ha podido dilucidarlo Teodoro Ribera, pues aún no ha declarado ante la fiscalía. Según fuentes consultadas por CIPER, Ribera visitaba con mucha frecuencia a Díaz en la CNA y también éste iba seguido a la Universidad Autónoma. Una ex miembro de la CNA dijo a CIPER que a fines de 2010, cuando Díaz era presidente subrogante de ese organismo y el Presidente Piñera aún no nombraba al titular, Díaz daba a entender que Teodoro Ribera estaba haciendo lobby ante el Presidente para que lo designara presidente de la CNA.
El elegido por Piñera no fue Luis Eugenio Díaz. Pero los vínculos entre éste y Teodoro Ribera no terminaron. Tres meses después de haber sido designado ministro de Justicia, Teodoro Ribera contrató en esa cartera a Luis Eugenio Díaz para realizar dos estudios vinculados con la formación de los gendarmes. Los estudios fueron dados a conocer por El Mercurio el 8 de diciembre. El primero, de noviembre de 2011, tenía como objetivo “realizar un diagnostico del estado actual de la Escuela de Gendarmes, así como un plan de reestructuración de la misma”, una tarea por la que recibió $3.333.333. El diagnóstico era exigente para el plazo estipulado: una semana. Y debía incluir: “pautas de selección de postulantes, y confeccionar nuevos planes y programas de estudio respecto de la formación de oficiales y gendarmes”. Díaz también debía genera nuevos “procesos de selección de los postulantes”.
En 2012, Díaz volvió a ser contratado por el ministro Teodoro Ribera, esta vez por $6 millones (pagados en $ 1.500.000 mensuales, entre el 23 de enero y el 30 de abril). La tarea a realizar era nuevamente amplia: “Rediseño del perfil de egreso de funcionarios uniformados de Gendarmería. Actualización de la malla curricular de la Escuela de Gendarmería. Proponer asignaturas conforme a la actualización de la malla curricular”. Además, debía proponer un sistema de contratación de nuevos docentes, un sistema de evaluación docente y un sistema de evaluación de alumnos”.
Consultado por la contratación de Díaz, el ministro Ribera dijo a El Mercurio que el nombre de Díaz para realizar estos trabajos había salido de las reuniones de gabinete, de una sugerencia de su subsecretaria Patricia Pérez. Añadió que él, antes de ser ministro, no conocía a Díaz: “Él es más viejo que yo, es un hombre de izquierda. Son otros mundos culturales”.
Patricio Basso, ex secretario ejecutivo de la CNA, fue uno de los que puso en el tapete los vínculos de Teodoro Ribera y Luis Eugenio Díaz, revelando detalles reservados del proceso de acreditación del instituto INCACEA, que al igual que la Universidad Autónoma, tiene a Ribera como socio.
De acuerdo a la información pública disponible, el 4 de enero de 2012 la CNA rechazó la acreditación del INCACEA, entre otros motivos, por su mala situación económica. En el informe, la CNA señala: “Con respecto a la situación financiera no es posible determinar la verosimilitud de ningún indicador financiero ya que los documentos por cobrar representan casi todo el activo circulante de la institución (98,7% en 2008, 98,6% en 2009 y 97% en 2010) y no se sabe a ciencia cierta cuál es la real tasa de incobrabilidad de esos documentos”.
De acuerdo a la CNA los principales acreedores de la Universidad SEK son Club Deportivo Unión Española SADP ($ 495 millones); Blue Marbel ASS SL ($542 millones) y el ISEK Costa rica ($358 millones).
Añade el informe que “en el orden económico la situación es crítica, particularmente el año 2010 que presenta pérdida y una capacidad negativa de generación de caja”. La descripción del ente examinador deja en evidencia que para INCACEA eran urgentes los recursos del Crédito con Aval del Estado, al cual los alumnos solo podían acceder si la CNA acreditaba al instituto.
Según afirmó Patricio Basso, ante la lamentable situación financiera exhibida, la mayoría de los concejeros de la CNA resolvieron no acreditar al instituto de Ribera, salvo dos excepciones: Luis Eugenio Díaz y Juan José Ugarte, el jefe de la División de Educación Superior y representante del Mineduc en la CNA. Basso señaló que, como Ugarte no iba casi nunca a las sesiones de la CNA, le llamó la atención que fuera a la votación de la acreditación de INCACEA y que votara a favor de acreditarlo.
LOS PRECIOS DE LAS ACREDITACIONES
Hasta ahora, y según la investigación que ha hecho el Ministerio Público y CIPER, Luis Eugenio Díaz asesoró las acreditaciones de las universidades del Mar, SEK, Bernardo O’Higgins, Pedro de Valdivia, Andrés Bello y UNIACC. Una pauta de cómo operaba en sus cobros, se expresa en lo que fue su negociación con esta última institución.
El 27 de enero de 2010, cuando Díaz ya era presidente de la CNA y la UNIACC debía iniciar su proceso de acreditación que se definiría a fines de 2011, comenzó la interlocución financiera con esa universidad. En un primer momento, estimó su trabajo en $70 millones, con un premio de $30 millones si conseguía cuatro años de acreditación. En el email enviado a Hermann Schwarz, ex rector de la UNIACC y entonces presidente del grupo Apollo en Chile, controlador de esa universidad, Luis Eugenio Díaz detalla el servicio que ofrece: “Una asesoría en el diseño e implementación del proceso de gestión y aseguramiento de la calidad y en particular, del proceso de re-acreditación institucional de la universidad. La asesoría se brindaría especialmente al presidente ejecutivo y al Rector, así como al comité o comisión de acreditación y demás instancias colectivas que lo requieran. El consultor revalidaría al menos una vez al mes el estado de avance del proceso de acreditación y los documentos que al respecto se elaboren… El proceso de consultoría se extendería desde esta fecha hasta que se adopte la decisión definitiva de acreditación. Los honorarios por esta consultoría ascenderán a la suma de $70.000.000 a todo evento y de $30.000.000 adicionales para la eventualidad que la universidad sea acreditada por 4 años”.

La asesoría se llevó a cabo durante 2010, fijándose una tarifa adicional por cada año de acreditación, siendo la de cinco años pagada con $100 millones. Pero tuvo un abrupto fin, pues dentro de la universidad hubo cambios en los cargos de decisión y Díaz estimó que la acreditación era imposible. Lo anterior no impidió que Díaz cobrara $20 millones, la primera cuota del precio acordado.
Hay evidencias de que los $290 millones que hasta ahora registra Luis Eugenio Díaz como pagados por universidades cuya acreditación asesoró en forma paralela al proceso oficial, no son los únicos montos percibidos. De hecho, la empresa de asesoría comunicacional Ekilibrio, fundada el 9 de marzo de 2011, de propiedad de unos de los hijos de Díaz, era promovida por el ex presidente de la CNA entre sus “clientes” para que fuera contratada. Luis Eugenio Díaz no se contenía. A Jorge Segovia, presidente de la junta directiva de la Universidad SEK y dirigente de la ANFP, le pedía entradas preferenciales para ir al Estadio Nacional cuando el club de sus amores -Colo Colo- jugaba un partido importante. Y Segovia se las conseguía.
UNIVERSIDAD SEK: LA MINUTA REVELADORA
La minuta preparada en diciembre de 2011 por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Acreditación sobre los estados económicos de la Universidad SEK al momento en que ésta debía pronunciarse sobre su acreditación, resultó un elemento decisivo para el rechazo de la CNA en primera instancia. A sabiendas del efecto que provocaría en los comisionados, Luis Eugenio Díaz decidió filtrarla al rector de la universidad, de modo de posibilitar que éste respondiera a tiempo con nuevos antecedentes. El nuevo informe entregado por la SEK, le dio pábulo a Díaz para terminar de convencer a otros consejeros y acreditarla por tres años.
La minuta elaborada por la CNA establece que la SEK “tiene un comportamiento muy debilitado en comparación con las universidades privadas acreditadas que están en su nivel (entre 3 mil y 7 mil alumnos). Tiene un capital de trabajo negativo y un creciente deterioro en su liquidez y solvencia financiera”. Aunque se califica como una buena señal el aumento en activo fijo (calidad de la infraestructura), la universidad presenta un alto endeudamiento con empresas relacionadas. Según se afirma en el informe de la CNA, “al cierre del ejercicio 2010, la universidad es aval y codeudor solidario por las sumas de $43 mil millones lo que representa 1,76 veces su patrimonio, colocando a la institución en una posición de peligrosa dependencia”.
En la minuta se precisa que los pasivos de largo plazo de la SEK están constituidos exclusivamente por cuentas por pagar a empresas relacionadas (Segovia tiene 14 empresas relacionadas en la propiedad de la Universidad SEK). Al calcular el saldo neto que la universidad debe pagar a esta empresas, el monto es de $1.322 millones “siendo sus principales acreedores Club Deportivo Unión Española SADP ($ 495 millones); Blue Marbel ASS SL ($542 millones) y el ISEK Costa rica ($358 millones).
U. Pedro de Valdivia: lucro y acreditación
Por : Tabatha Guerra en Reportajes de investigación, CIPER
Publicado: 06.12.2012

El 29 de diciembre de 2010, a dos días del cambio de año, el rector y dueño de la Universidad Pedro de Valdivia, Ángel Maulén Ríos, obtuvo una noticia que esperaba desde hace años: en un texto de sólo tres párrafos, la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) le otorgaba a su universidad la anhelada acreditación institucional.
Era la segunda vez que la UPV lo intentaba. La primera vez, en 2007, no tuvo éxito. Y en esta nueva oportunidad lograrlo tampoco fue fácil. El 22 de diciembre de 2010, la CNA volvió a rechazar su expediente en primera instancia. Maulén apeló y, siete días más tarde, la comisión, presidida por Eugenio Díaz Corvalán, dio un sorpresivo giro y aceptó acreditarla.
En 2011, CIPER reveló cómo opera el escandaloso sistema de acreditación de las universidades y comprobó que, en 2010, todas las que postularon la obtuvieron. Una de las aprobaciones que más llamó la atención fue la de la U. Pedro de Valdivia, que con premura obtuvo su acreditación el penúltimo día de ese año. En esa investigación, CIPER descubrió que para la universidad de propiedad de Ángel Maulén Ríos –como para todas- conseguir el aval de la CNA era clave: no por prestigio académico, sino por dinero. Con el sello de “universidad acreditada”, sus alumnos pudieron solicitar el Crédito con Aval del Estado (CAE), un préstamo bancario en ese entonces con un 6% de interés y que cuenta con garantía estatal, de modo que si los alumnos tropiezan con las cuotas, el Estado se hace cargo. Con el CAE, los alumnos de estratos medio bajos -como los que estudian en la UPV- se transforman en jóvenes solventes. Sin el CAE, sus clientes vuelven a ser pobres, un grave contratiempo para esta universidad que, según consigna el acta de la CNA, busca hacer solvente su proyecto aumentando la matrícula, algo que tras la acreditación logró con creces. En efecto, la UPV pasó de 7.276 alumnos en 2010 a 9.476 en 2011. De esos estudiantes, 1.400 solicitaron el CAE, lo que le generó ingresos a la universidad por un monto total de $2.350 millones.

En el acta de la sesión de la CNA donde se acreditó a la UPV no quedó registro de cómo votaron los consejeros. Pero fuentes consultadas por CIPER dicen que la sesión fue tensa y que el presidente de la comisión, Luis Eugenio Díaz Corvalán, presionó para que se acreditara a la institución. Un hecho que hoy ya no resulta extraño. Una investigación del Ministerio Público, a cargo del fiscal Carlos Gajardo, develó que al menos desde junio de 2010, cinco meses antes de la acreditación de la UPV, Eugenio Díaz asesoró a la universidad para obtener la acreditación. Las pruebas son los correos que intercambiaron Díaz con Maulén. Además, existe constancia de un contrato por $50 millones de Eugenio Díaz con la UPV, que se firmó pocos días después de la acreditación de dicha institución. El pasado 24 de noviembre, Díaz y Maulén fueron formalizados por los delitos de cohecho, negociación incompatible y lavado de dinero, decretándose su prisión preventiva junto al ex rector de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga, también acusado de contratar para el mismo fin al ex presidente de la CNA.
La asesoría de Eugenio Díaz no fue la única medida que Ángel Maulén tomó para acreditar a su universidad, que hasta 2006 fue conocida como U. Mariano Egaña y luego del ingreso de Maulén tomó el nombre de la red de preuniversitarios y colegios de su propiedad: Pedro de Valdivia. A través de la revisión de documentos notariales, CIPER descubrió que, entre otros datos, y en paralelo al controvertido contrato con Díaz, la U. Pedro de Valdivia suscribió aumentos de capital, arriendos de sedes y préstamos por más $12 mil millones con empresas de propiedad de Maulén. Fue así como, junto a su socio en la universidad, Enrique Rodríguez Villa, el hoy investigado ex rector de la UPV se valió de su red de empresas relacionadas para lograr la acreditación, con la asesoría de Eugenio Díaz.
EL COSTO DEL TRASPASO
Ángel Maulén se instaló en la propiedad de la Universidad Mariano Egaña, en agosto de 2006. Cumplía así lo que anhelaba hace décadas: adquirir una universidad de su entera propiedad (ver recuadro), sumando un activo a su robusta red de empresas asociadas a la educación. La Corporación Mariano Egaña –fundada en 1987- estaba al borde del colapso. La Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP) había rechazado su primer intento de acreditación, un año antes, y atravesaba una severa crisis académica y financiera. La única gran ventaja que ofrecía la UME era su licenciamiento, es decir, contaba con la autonomía para crear sus propios programas de estudios sin supervisión estatal. Un tema relevante, porque si Ángel Maulén creaba su universidad desde cero, habría pasado a lo menos seis años bajo la supervisión del Mineduc.

En mayo del 2006, el directorio de la UME –presidido por Juan Germán Cerón López- aprobó patrocinar la entrada de Ángel Maulén a la Corporación. La asamblea de socios ratificó el acuerdo, poniendo fin a meses previos de negociaciones. Maulén no ingresó solo a la propiedad. Se sumaron su hijo Ángel Maulén Rodríguez, su segunda esposa Candice Rudloff Bossonney, su hermana María Elia Maulén Ríos, su madre María Elía Ríos Cancino, y su socio en los preuniversitarios y colegios Pedro de Valdivia, Enrique Rodríguez Villa, quien incluyó también a sus hermanos Manuel y Carmen, y a su cuñada Patricia Sandoval Stricker. Una semana después de que Maulén ingresara a la propiedad, nueve de los 14 antiguos socios renunciaron a la asamblea de la corporación, en la que sólo se mantendrían como representantes de la administración original Luis Alberto Werner-Wildner, Francisco Cervero Reyes, Claudio Mesina Schulz, Juan Germán Cerón López y su hijo Rodrigo Cerón Prandi.
Una de las zonas nebulosas de este acuerdo son las condiciones económicas de la transacción. Lo que está claro es que la incorporación de Ángel Maulén y su socio Enrique Rodríguez a la propiedad de la UME no fue gratis. Si bien no hay pruebas de que la Corporación UME haya vendido directamente a Maulén escaños de participación en la Asamblea –lo que prohíbe la ley- durante el proceso de ingreso de los nuevos socios se realizaron una serie de transacciones que favorecieron económicamente al antiguo presidente de la Corporación UME, Juan Germán Cerón López.
La primera hebra la encontró CIPER en unos documentos fechados el 14 de junio de 2006, es decir, un mes después de que se aprobara la incorporación de Maulén a la Corporación. En esa fecha, el directorio de la UME aceptó vender dos bienes de su propiedad, ubicados en Eleodoro Yáñez 2964 y 2974 (sedes de la Universidad). El comprador sería Juan Germán Cerón, presidente del directorio y el mismo que, cuatro años antes, había vendido esos inmuebles a la UME. En la promesa de compraventa, la U. Mariano Egaña fijó el precio de ambas propiedades en $378.431.794. Gran parte de ese monto lo pagaría Cerón, asumiendo la deuda por una hipoteca con el Banco Santander de más de $232 millones, que debía pagarse en cuotas hasta el 10 de octubre de 2012. Los restantes $174 millones se dieron por saldados cuando Cerón cedió a la UPV la marca MATRI, que él mismo había solicitado al Ministerio de Economía en 2003, a fin de impartir cursos de magíster en tributación en la universidad.
Finalmente, la compra de los inmuebles de Eleodoro Yáñez 2964 y 2974 se concretó el 19 de enero de 2007, momento en el que Cerón no desembolsó dinero, el que sólo pagaría en las 96 cuotas correspondientes a la hipoteca del Santander. El punto clave es que, indirectamente, la futura Universidad Pedro de Valdivia ayudaría a pagar esas cuotas. El mismo día en que la nueva universidad de Ángel Maulén vende los terrenos de Eleodoro Yáñez 2964 y 2974 a Juan Germán Cerón, ambas partes firman un contrato de arrendamiento por ambas propiedades, las que Cerón arrendó a la UPV en 240 UF mensuales (más de $4 millones).
Otro indicio de cómo Ángel Maulén obtuvo un escaño en el directorio de la universidad lo entrega una compraventa firmada el 9 de agosto de 2006 ante el notario Iván Torrealba, un día después que se oficializó su entrada a la propiedad. Ese día, la corporación adquirió cinco marcas registradas de propiedad de Cerón López: UME, Universidad Mariano Egaña Matemática 2001, y tres Mariano Egaña con distintos giros. Esas cinco marcas, en ese entonces devaluadas gravemente tras la crisis académica y financiera de la universidad, le costaron al recién asumido nuevo directorio 35.000 UF (más de $600 millones de la época), que Maulén pagó en tres cuotas: la primera ese mismo día con 20.000 UF, y otras dos por 7.500 UF cada una, con vencimiento el 31 de marzo y el 1 de agosto de 2007.
Lo extraño es que, a pesar de los $600 millones que pagó por esas marcas, la universidad las usó sólo 22 días. El 31 de agosto de 2006, el recién designado rector, Ángel Maulén, y el nuevo presidente de la junta directiva, Enrique Rodríguez, modifican el nombre de la corporación por Universidad Pedro de Valdivia. La Universidad Mariano Egaña ya no existía.
LA CARRERA POR LA ACREDITACIÓN
Tras el cambio de nombre, el nuevo rector Ángel Maulén inició una rápida carrera para otorgar una renovada imagen a su recién adquirida universidad. Uno de sus objetivos fue expandir la UPV a través de la creación de nuevas sedes y carreras. En 2007, la casa de estudios aumentó su matrícula en más de 400 alumnos y pasó de tres a seis facultades, inaugurando las carreras de Medicina y Enfermería.
Pero Maulén no sólo quería expandir su nuevo proyecto universitario. También aspiraba a acreditarlo ante la CNA. Una de las razones era que el certificado de la Comisión Nacional de Acreditación abría el acceso para matricular alumnos con crédito con aval del Estado (CAE), una inyección de fondos que la UPV necesitaba con urgencia. Una meta lejana, considerando los pésimos resultados que en 2005 su predecesora obtuvo ante la CNAP.
Para revertir el rechazo de la acreditación de la ex Mariano Egaña, Ángel Maulén se propuso como principal estrategia aumentar la infraestructura de la universidad, a fin de enfrentar en mejores condiciones un nuevo proceso de acreditación. Pero los negativos indicadores heredados de la UME le impedían realizar estas inversiones directamente desde la cuentas de su universidad. En 2006 sólo contaba con 1.735 estudiantes y ostentaba el noveno lugar de universidades con menos alumnos, entre las 36 existentes en ese entonces. Con escasos ingresos por matrícula, Maulén decide inyectarle fondos a la UPV a través de su holding de empresas, entre las que se cuentan inmobiliarias, constructoras, hoteles, sociedades de inversión, y los preuniversitarios y colegios Pedro de Valdivia.

La prolífera red de empresas de Ángel Maulén se inicia en 1982, cuando inscribe su primera sociedad junto a Enrique Rodríguez Villa: Casa de Estudio Pedro de Valdivia. Ese fue el inicio de la Red Educacional Pedro de Valdivia, hoy conformada por 25 sedes del preuniversitario, 18 del Instituto de Inglés Wall Street y cuatro colegios en Santiago.En total, las instituciones de la red cuentan con más de 375 mil alumnos, y hasta hoy siguen bajo el control de Maulén y Rodríguez. Se suman los negocios particulares de Maulén, como dueño de Hotelera Neruda y su participación en al menos 40 sociedades con diversos giros.
La primera sociedad que acudió al rescate de la UPV fue Inmobiliaria Fundatoris Las Condes S.A.,de propiedad de Ángel Maulén y Enrique Rodríguez Villa. Según consta en los documentos notariales, el 20 de marzo de 2007 firmó una promesa de compraventa con la sociedad panameña The Bossonnerie Corp por el terreno de Camino El Alba 9520, lugar donde la universidad instalaría su nueva Casa Central y su Facultad de Medicina. El precio de la venta se fijó en 20.036,55 UF (más de $368 millones), monto que sería financiado a través de una hipoteca. Inmobiliaria Fundatoris Las Condes, a su vez, había suscrito una promesa de arriendo con la UPV por el futuro campus, cuya construcción nunca se inició pues en 2009 el Seremi de Vivienda metropolitano rechazó el proyecto.
Al iniciar en agosto del 2007 su primer proceso de acreditación, la Universidad Pedro de Valdivia utilizó la propiedad del amplio terreno de Camino El Alba 9520 para revertir su precaria infraestructura con la entrega a la CNA de su informe de autoevaluación. Sin embargo, la futura Facultad de Medicina no fue suficiente para la CNA, en ese entonces presidida por Emilio Rodríguez Ponce. El 21 de noviembre de 2007, y con Eugenio Díaz como comisionado, la CNA rechazó el primer intento de acreditación de la UPV, expresando que la infraestructura y equipamiento “aún es limitada, requiriéndose de un mayor nivel de inversión”.
Decididos a revertir la decisión, los nuevos dueños de la U. Pedro de Valdivia, liderados por su rector, Ángel Maulén, apelaron a la CNA y, más tarde, al Consejo Nacional de Educación (CNED), no sin antes iniciar acciones concretas para aumentar su precario equipamiento. El primer paso fue firmar –en diciembre del 2007- un contrato de arrendamiento de equipos computacionales con el Banco Corpbanca. La duración del contrato se fijó en dos años y el valor mensual a pagar por los equipos sería de 287,40 UF más IVA, aproximadamente $5.5 millones.
Pero los nuevos equipos computacionales tampoco sirvieron para que el CNED acogiera la apelación de la U. Pedro de Valdivia. En el acuerdo N° 5 del 26 de marzo de 2008, el consejo acordó rechazar su acreditación, obligando a la universidad a esperar dos años para iniciar un nuevo proceso ante la CNA.
$12 MIL MILLONES EN PRÉSTAMOS DE EMPRESAS RELACIONADAS
Tras el rechazo a la acreditación de la UPV en marzo de 2008, Ángel Maulén inició una carrera contra el tiempo para acreditar a su universidad en 2010.
Pero para ello no sólo era necesario mejorar la infraestructura de la casa de estudios. Los magros resultados obtenidos en los estados financieros de 2007 y 2008 (periodo en el que, de acuerdo a un informe elaborado este año por la CNA, existió déficit de caja operativa o dinero en efectivo), hacían urgente una millonaria inyección de capital, para lo que Maulén y su socio Enrique Rodríguez Villa nuevamente recurren a las empresas de la Red Pedro de Valdivia.
Entre octubre y diciembre de 2009, siete sociedades controladas por Ángel Maulén y su socio Enrique Rodríguez otorgan al menos nueve mutuos de dinero a la universidad por más de $12 mil millones de pesos. Todos podrían pagarse hasta el 31 de diciembre de 2011 y no devengarían intereses ni reajustes, es decir, constituyeron préstamos blandos a la medida de la universidad. Las empresas involucradas en estas transacciones fueron los Colegio Pedro de Valdivia Las Condes ($350 millones) y Peñalolén ($400 millones); los preuniversitarios Pedro de Valdivia Limitada ($9.839 millones), Rancagua ($15 millones), Concepción ($1.297 millones) y Viña del Mar ($100 millones); y la Inmobiliaria Pocuro Limitada ($123 millones).
Los préstamos blandos otorgados por las siete empresas del holding Pedro de Valdivia dejaron a la universidad en una favorable posición para enfrentar el nuevo intento de acreditación. Para prevenir un nuevo rechazo de la CNA, esta vez Ángel Maulén dio un paso más: pedir la asesoría del entonces presidente de la comisión, Eugenio Díaz Corvalán. Por este hecho, Maulén hoy está en prisión preventiva e imputado por los delitos de cohecho, negociación incompatible y lavado de dinero.

No existen antecedentes que establezcan con exactitud el inicio de las asesorías de Díaz a la U. Pedro de Valdivia, pero un correo entre el ex miembro de la CNA y Ángel Maulén estableció que su relación se inició al menos un mes antes de que la universidad iniciara su segundo intento de acreditación. El 30 de junio de 2010, y de acuerdo a información publicada por La Tercera, Eugenio Díaz envió un correo a Maulén en el que confirma que recibió una versión del informe de evaluación interna de la UPV, y sugiere modificaciones a su entonces rector:
“(…) las primeras 20 páginas no deben ir. No corresponden, tienen debilidades notorias, en parte hablan del futuro (la unidad hará tal cosa, lo que quiere decir que no se ha hecho) y el informe de autoevaluación es sobre lo ya hecho (…) Tiene mucha declaración inconducente, lo que es peor en la página nueve, último párrafo dice que se terminarán los delegados de la dirección superior y las facultades, de manera que ahora se tomarán decisiones con criterios puramente académicos pero sin interferencia o algo así. Es ponerse la soga al cuello”, aconseja Díaz.
Dos meses después de ese correo, el 30 de agosto de 2010, la Universidad Pedro de Valdivia entregó a la CNA su informe de evaluación interna.
Ese mismo día 30 de agosto, y habiendo enviado la evaluación interna, Ángel Maulén y sus socios realizaron una transacción muy significativa y que da cuenta de cómo operaba el flujo de dineros entre empresas relacionadas. La universidad adquirió el 100% de las acciones de Inversiones Pedro de Valdivia S.A., empresa de propiedad de Ángel Maulén y los hermanos Enrique, Manuel, Carmen y Ricardo Rodríguez Villa. Para adquirirla, la UPV desembolsó 141.473,569 UF, unos $3 mil millones, y ese monto lo repartió entre los socios, quienes engrosaron su patrimonio personal. Llama la atención este movimiento, considerando que en febrero de ese año la asamblea de socios de la UPV había considerado la opción de hacer un aumento de capital por el mismo monto, que finalmente se materializó en diciembre del 2010.
MEDIDAS URGENTES ANTES DE LA ACREDITACIÓN
Una de las principales falencias detectadas por la CNA en el primer intento de acreditación de la Universidad Pedro de Valdivia, en noviembre de 2007, fueron los negativos indicadores de capital de trabajo (CT) de la universidad, es decir, los recursos que la entidad requiere para operar en el corto plazo.
En ejercicio contable, una empresa con capital de trabajo negativo significa que tiene la urgente necesidad de aumentar su dinero en efectivo. Esto puede lograrlo consiguiendo dinero, vendiendo bienes o endeudándose a largo y no a corto plazo. Esta última fue la opción escogida por la universidad para revertir sus problemas financieros, ad portas de su segundo intento de acreditación.
En octubre de 2010, la UPV se preparaba para recibir la visita de los pares evaluadores, grupo compuesto por tres o más docentes, investigadores o profesionales ligados a la educación superior, que son seleccionados por la Comisión Nacional de Acreditación a través de concurso público. Su función: visitar y evaluar en terreno las instituciones y carreras que voluntariamente postulan a la acreditación, proceso que finaliza con la entrega de un informe a la CNA enumerando las fortalezas y falencias detectadas. Una suerte de “embajadores” de los comisionados. Doce días antes de su visita, el 21 de octubre de 2010, la UPV modificó cuatro de los nueve préstamos que entre octubre y noviembre de 2009 obtuvo de las empresas del holding Pedro de Valdivia. Ese día, los preuniversitarios Pedro de Valdivia Limitada, Concepción, Rancagua y Viña, extendieron el plazo de los compromisos por 286.371,77 mil UF (más de $6.100 millones), desde diciembre de 2011 hasta enero de 2015, es decir, cuatro años, un lapso que logró transformar la deuda de la UPV con empresas relacionadas, del corto al mediano plazo. Esto permitió que la universidad pasara de un capital de trabajo negativo de $5.807 millones en 2009 a uno positivo de $4.333 millones en 2010.

Con la reclasificación de más de $6 mil millones de deuda, la UPV recibió a sus pares evaluadores entre el 2 y el 4 de noviembre de 2010. Pero aún faltaba revertir la falta de infraestructura que la CNA detectó en su primer intento de acreditación en 2007. Para ello, el 2 de diciembre de 2010, un mes después de la visita de los pares evaluadores, la universidad firma una promesa de compra de su Campus Las Condes, ubicado en Avenida Apoquindo 5142 al 5148, de propiedad de Inmobiliaria La Conquista Limitada, otra de las empresas relacionadas de Ángel Maulén y su socio Enrique Rodríguez Villa (propietarios de la UPV). La compraventa se fijó en 63.854 UF (más de $1.368 millones).
Finalmente, el 9 de diciembre de 2010, los pares evaluadores de la UPV entregaron su informe a la Comisión Nacional de Acreditación. El veredicto fue lapidario. Entre otros juicios, los pares expresaron que la consolidación del plan de desarrollo de la universidad “no está acompañado de significativas inversiones en sus campus, tanto en infraestructura, equipamiento y en académicos con formación de alto nivel”.
Tras conocer esta negativa evaluación, los miembros o socios de la Corporación Universidad Pedro de Valdivia convocaron a una asamblea extraordinaria para ese mismo 9 de diciembre. Luego de analizar la crítica visión de los pares evaluadores, y a fin de “dar una potente señal en cuanto a la real intención de la asamblea sobre la política financiera de la universidad”, los socios de la corporación aprobaron una medida desesperada: una cuota extraordinaria de $3 mil millones enterada en partes iguales por Ángel Maulén Ríos y Enrique Rodríguez Villa.
Con el aporte materializado, el 13 de diciembre de 2010 la UPV entregó a la CNA sus comentarios y observaciones respecto al informe de los pares evaluadores.
El 22 de diciembre de 2010, la CNA, presidida por Eugenio Díaz, rechazó la acreditación de la U. Pedro de Valdivia. En esa votación, Díaz se abstuvo de participar. Pero una semana después, cuando la comisión se pronunció sobre la apelación de la universidad, no existe constancia de que lo hiciera. Es así como el 29 de diciembre de 2010, y con la disidencia de solo un comisionado (María Elena González), la Comisión Nacional de Acreditación acreditó a la UPV por un año, el periodo mínimo establecido. Los argumentos esgrimidos por la Comisión corresponden exactamente a los movimientos previos que hizo el directorio de la UPV para mejorar sus condiciones financieras. Es decir, para la decisión fue clave la reclasificación de los préstamos en deudas de largo plazo, el aumento extraordinario de capital y la promesa de compraventa del campus Las Condes.
En efecto, en el acuerdo institucional 139 de la CNA, que acogió la apelación presentada por la UPV, se estableció que existen “acciones tendientes a mejorar la precaria situación financiera de la institución entre 2007 y 2009”, y que su plan de desarrollo estratégico 2009-2013 “puede facilitarse a través de las últimas acciones en el ámbito financiero”.
El certificado extendido por la CNA permitió que sus alumnos accedieran por primera vez al Crédito con Aval del Estado (CAE). En 2011, de sus 5.000 alumnos, 1.400 solicitaron dinero del CAE por un monto total de de $2.350 millones, lo que arroja un promedio de deuda por alumno de $1.600.000 por cada año de estudio. A eso se le deben multiplicar los años de carrera –cinco o seis- y los intereses del CAE que en ese momento eran del 6% anual.
Poco después de esa polémica acreditación, la UPV firmó un contrato con Díaz por un total de $50 millones. Una última arista de la indagatoria judicial sobre este contrato es que el pago a Díaz se hizo contra boleta de honorarios a nombre del Preuniversitario Pedro de Valdivia, una empresa con fines de lucro, propiedad de los mismos controladores de la Universidad. Este hecho podría tener consecuencias tributarias para los controladores de la UPV.
LOS CORREOS ENTRE DÍAZ Y MAULÉN
Si la investigación que actualmente realiza el Ministerio Público contra Ángel Maulén comprueba el pago de honorarios a Eugenio Díaz por asesorías tendientes a acreditar a la UPV, su explicación sería una sola: la presión que realizan universidades como la Pedro de Valdivia para acreditarse y acceder al CAE. Para María José Lemaitre, ex secretaria ejecutiva del Consejo Superior de Educación, la vinculación entre dinero y acreditación “ha provocado algo perverso pues la CNA no resiste dejar a una universidad sin CAE. Entonces, la acreditan por un año, que es lo mismo que no acreditar”.
Ese es el caso de la Universidad Pedro de Valdivia, que el 18 de agosto de 2011, a cuatro meses de finalizar su acreditación, entregó a la CNA su informe de evaluación interna con miras a su reacreditación.

Un mes después, la comunicación entre Eugenio Díaz y Ángel Maulén se reactivó. En un correo enviado el 3 de septiembre de 2011, el ex presidente de la CNA explica a Maulén que, a causa de las movilizaciones y tomas estudiantiles, la comisión analiza prorrogar por tres meses la validez de las acreditaciones que vencen ese año. En el correo menciona también que “si sólo se prorroga a las que están en toma, se deja en una situación difícil a las demás, sobre todo a la UPV”.
Según fuentes al interior de la CNA, no se extendió la prórroga, tal como deseaban Eugenio Díaz y Ángel Maulén. En consecuencia, la acreditación expiró el 29 de diciembre de 2011.
Finalmente, el 4 de julio de 2012, la Comisión Nacional de Acreditación, ahora presidida por Íñigo Díaz, rechazó la reacreditación de la UPV, argumentando, entre otros indicadores, “diferencias en la calidad de la oferta e infraestructura en sus distintas sedes, con evidente necesidad de espacios académicos, recreativos y de equipamiento en la mayoría de ellas”, siendo las más críticas las sedes de Antofagasta y Concepción.
Los alumnos de Odontología del campus Antofagasta conocen bien las críticas realizadas por la CNA. Al punto que, en junio pasado, 89 estudiantes se mantuvieron por más de un mes en paro a fin de exigir mejoras en las instalaciones de su sede. Ingebor Mol, vocera de la carrera, detalló en julio una serie de irregularidades al portal SoyAntofagasta.cl:
-No tenemos la infraestructura necesaria para atender a público, menos aún en el campus, ya que se encuentra en la línea de inundación del plano regulador y no fue autorizada la construcción de estas salas. Aunque existen conversaciones, estamos muy preocupados para quienes deben cursar el próximo año la carrera sin las condiciones mínimas –informó la estudiante de tercer año de Odontología.
En esa misma fecha, el presidente de la Federación de Estudiantes de la UPV Antofagasta, Sergio Rojas, indicó al portal Madero Noticias que la precaria infraestructura no sólo afecta a Odontología:
-Pedagogía en Educación Física no tiene gimnasio, balones ni profesores competentes; Enfermería no tiene laboratorio de anatomía, ni ramos de primeros auxilios; Psicología no posee sala de espejos; Fonoaudiología no posee sala de fonética -precisó el dirigente estudiantil.
Tampoco son auspiciosos los resultados de la UPV en la última medición de la prueba INICIA 2011, que mide desempeño de egresados en el área de Pedagogía. De los 17 egresados de Educación Básica que rindieron la prueba, el 82% obtuvo un nivel insuficiente en conocimientos pedagógicos. En el caso de los 13 egresados de Educación Parvularia, se ubicaron en los últimos lugares, con un 56% de respuestas incorrectas.
Durante el proceso de acreditación, la ley de donaciones que permite a las empresas descontar impuestos, también benefició a las sociedades relacionadas con Maulén. De acuerdo al registro oficial, en 2006 –cuando asumió la propiedad- , la Universidad recibió algo más de $68 millones: Preuniversitario Pedro de Valdivia Concepción aportó $14 millones, mientras Preuniversitario Pedro de Valdivia Limitada donó $40 millones, en ambos casos, para readecuación de infraestructura. Otra empresa relacionada con el Preuniversitario en Viña del Mar (Estudios Viña del Mar) registra aportes por $7 millones. Otras donaciones vinieron de Minera Los Pelambres, Sociedad de Suministro de Personal SEP y Paz Gestión Limitada. El año que más aportes obtuvo fue en 2008, con $128 millones (Clarial S.A. y Andrés E. Guiloff D. aportaron $25 millones y $98 millones, respectivamente, destinados a la Facultad de Salud y Banco Santander donó $5 millones para programas tecnológicos). Los aportes en 2010 sumaron $43 millones, de los cuales Banco Santander donó $20 millones para programas de desarrollo tecnológico y el resto se destinó a un fondo de becas (Inversiones San José de Logroño, $5 millones y Vicente Caruz Ltda, $18 millones). En 2011 sólo se registra donaciones de Banco Santander, por $2,4 millones, para el fondo de becas.
SORPRESIVOS CAMBIOS DE CONTRATOS
Una vez que el 4 de julio de este año, la CNA rechazó las gestiones de la UPV para renovar la acreditación por un nuevo periodo, la universidad inició de inmediato un proceso de apelación a fin de revertir el fallo adverso. En ese intertanto, realizaron algunos movimientos clave, que parecen orientados a borrar las huellas contractuales con empresas relacionadas de propiedad de los mismos dueños de la UPV. El 10 de agosto, hubo tres transacciones para poner fin a los contratos de arrendamiento que mantenía la UPV con Inmobiliaria La Conquista Limitada, otra de las empresas de propiedad de Ángel Maulén Ríos y Enrique Rodríguez Villa.
Según consta en los documentos notariales, La Conquista traspasó a la U. Pedro de Valdivia dos contratos de arrendamiento por los inmuebles de Eleodoro Yáñez 2964, 2974 y 2988 (sedes de la UPV), que mantenía con el ex socio de la Universidad Mariano Egaña: Juan Germán Cerón López. En definitiva, lo que se hizo fue borrar el vínculo con una empresa relacionada, quedando la UPV como arrendadora directa de esos inmuebles. La misma inmobiliaria traspasó a la universidad el arriendo de ocho estacionamientos del Estadio Español, ubicado a cuatro cuadras de su campus Las Condes. Una operación de blanqueamiento que borró a Inmobiliaria La Conquista del mapa de empresas relacionadas con la UPV y que mejoró su presentación a la apelación ante la CNA. La estrategia utilizada no fue suficiente para la CNA, porque el 3 de octubre rechazó el recurso de reposición interpuesto por la universidad.
Miguel de Cervantes: La otra universidad de propiedad de Ángel Maulén
La Universidad Miguel de Cervantes (UMC) fue fundada el 7 de mayo de 1996. Según el informe que envió la Universidad al Ministerio de Educación, dando cuenta de todas las reformas de estatutos, Ángel Maulén Ríos aparece por primera vez como socio, en una modificación del 6 de marzo de 2003. Un año más tarde, en mayo de 2004, renuncia a la Corporación. Sin embargo, su alejamiento no duraría mucho. El 8 de junio de 2006 el directorio de la UMC aprueba el ingreso, en calidad de socio, de Inversiones Cantalao S.A., cuyo representante legal y dueño era Ángel Maulén Ríos.
El último cambio informado corresponde al 26 de abril de 2011. A esa fecha, figuran 28 socios activos de la Corporación, entre ellos, tres sociedades relacionadas con Maulén: Inversiones Cantalao S.A., Sociedad Ángel Maulén Ríos, y Sociedad María Elia Maulén Ríos. Como socios en calidad de personas naturales aparecen: Luis Ortiz Quiroga, Juan José Santa Cruz, Hugo Lavados M., Carlos Alberto y Gutenberg Martínez Alvear, Oscar Pizarro y Ernesto Corona. Además, figuran como representantes legales: Gutenberg Martínez (Soc. Martínez y Cía. Y C y C S.A.), Edmundo Hermosilla (Varas y Hermosilla Consultores y Cía Ltda.), Ernesto Corona (PEERCO S.A.), Oscar Pizarro (Inmobiliaria e Inversiones Pentium S.A.), Alejandro Hasbún (Asesorías e Inversiones El Trébol Ltda. y Asesorías e Inversiones Los Conquistadores), Walter Oliva y Rodrigo Bosch (Inv. Para el Futuro y Desarrollo Ltda.), Héctor Altamirano (Estudios Proyectos Construcción A.I.M. Ltda.), Francisco Salazar P. (Inversiones E.F.E.S.) y Víctor Aguilera V. (Soc. Aguilera Gutiérrez S.A., Soc. Metropolitano S.A. y Soc. Araucarias S.A.)
Caso Lucro: Los verdaderos responsables y por qué la movilización debe seguir
Por : Diego Vela Grau en OpiniónPublicado: 04.12.201
La caída de Eugenio Díaz y de los ex rectores y dueños de las universidades del Mar y Pedro de Valdivia ha desatado una inédita crisis de credibilidad en el sistema de educación superior. A las pruebas de que ese sistema no produce calidad aceptable, se suma ahora la evidencia de que no funciona ni siquiera con decencia. En esta columna, el presidente de los estudiantes de la Universidad Católica, repasa las responsabilidades políticas que han permitido el desastre. Insiste, además, en que la movilización de los estudiantes no puede detenerse, “para que no volvamos a ver en la historia de nuestro país 18.000 familias abandonadas a la suerte del mercado, como es el caso de los estudiantes de la Universidad del Mar”.Para justificar el éxito en la recuperación de Islandia después de la crisis financiera del 2008, su actual Presidente, Olafur Ragnar Grimsson, explicó: “El gobierno rescató a las personas y encarceló a los banqueros, lo opuesto que están haciendo América y Europa”. Ragnar ha sido conocido a nivel mundial por decidir la no promulgación de una ley (por medio de dos referéndums) que pretendía hacer que los islandeses indemnizaran a Gran Bretaña y Holanda, cuyos ahorradores habían sido perjudicados por la quiebra del banco en línea Icesave. En un principio, cuando se produjo el colapso bancario, producto de años de burbujas financieras de todo tipo, la respuesta del anterior Primer Ministro Haarde fue la de “meter preso a los banqueros corruptos”, pasando por alto las responsabilidades de Estado y de los políticos en el desastre. Sin embargo, gracias a la revolución pacífica y sostenida de la ciudadanía que en masa se volcó a las calles diciendo NO, el Primer Ministro Haarde terminó preso junto a los políticos corruptos, negligentes y cómplices del sistema. Los islandeses no aceptaron que una deuda privada se transformara en un asunto público. Se tomaron las calles y echaron abajo al gobierno, exigiendo nuevas elecciones. Con el cambio de gobierno vino el referéndum y 9 de cada 10 islandeses dijo NO a pagar la deuda de los bancos privados. Y el Presidente Olafur Ragnar privilegió los intereses públicos por sobre los intereses privados.
“Nuestras autoridades gastan sus energías en mantener en pie un cadáver que genera un enorme daño social”.
Una ciudadanía activa, consciente de sus derechos y deberes, informada y bien organizada puede lograr grandes cambios estructurales. Esto no es una utopía. Y es imperativo que las miles de personas que se han manifestado en Chile para protestar por los diversos abusos sigan marchando en las calles y presionen para que el sistema político en su conjunto se haga responsable. Es necesario ejercer esta presión, romper con los conflictos de interés y de una vez por todas cambiar la historia que estamos construyendo como país.
La investigación judicial en que están envueltas la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y, por ahora, las Universidades del Mar (18.000 alumnos) y Pedro de Valdivia (5.000 alumnos), le ha puesto una lápida al sistema con que el Estado vigila el correcto funcionamiento de las instituciones de educación superior chilenas. Hoy estamos ante un mecanismo de acreditación absolutamente desacreditado que se mantiene funcionando únicamente gracias a una clase política que es negligente e indolente frente a la existencia del negociado en la educación. El lucro está en el fondo de todo este asunto.
Sólo porque hay lucro es posible que haya sobornos como los que se investigan. Resulta increíble que nuestros diputados aún no hagan cumplir la ley dejando que las universidades lucren (recordemos que la Cámara de Diputados rechazó el Informe sobre el lucro) y que el gobierno, mostrando su ideología más intrínseca, trate a ciudadanos vulnerados de derechos como clientes diciéndoles que su solución es que vayan al SERNAC. Mientras la autoridad se mantiene con los ojos bien cerrados, el negocio en Educación alcanza tal nivel que figura entre las cinco áreas que más gastos hacen en marketing, según la Asociación Chilena de Agencias de Publicidad (ACHAP). Sólo es superado por el retail y la telefonía.
Lo más preocupante es que la discusión pública sobre este caso se ha centrado en las penas que deberían sufrir los corruptos sorprendidos, como si tuviéramos al frente un caso particular y no un sistema completo que está en crisis. Para creer eso hay que olvidarse de cosas importantes. Por ejemplo, cómo fue que la Universidad del Mar se transformó en lo que es. Un dato: pasó de tener 3.900 alumnos en 2002 a 22.388 en 2007. Es decir, en cinco años quintuplicó la cantidad de alumnos. Pese a que hace años se escuchan denuncias en contra de su calidad, y sus pobres resultados en las pruebas Inicia y en la Eunacom estaban a la vista de todos, el Estado que debe cautelar los intereses de todos fue indolente. Y la Universidad del Mar nunca fue debidamente fiscalizada.

Hoy la autoridad de turno se sorprende al descubrir el desastre académico de la U. del Mar. En realidad deberíamos sorprendernos de la sorpresa de las autoridades que durante décadas vieron crecer este problema y que ahora tratan, los que están en el poder y los que desesperadamente quieren volver, de sacar provecho político con acusaciones cruzadas. La verdad es que la derecha presionó para crear una legislación donde el “emprendimiento privado” no estuviera sometido a la vigilancia del Estado. Y la Concertación miró para el lado y dejó crecer estos monstruos que han devorado los sueños de miles de jóvenes.
Se entiende entonces que a muchos les convenga plantear lo sucedido como algo puntual, como una única manzana podrida en un árbol sano. Así es como se ha enfrentado el problema educacional durante estos años. Pero el árbol está muerto. Nuestras autoridades gastan sus energías en mantener en pie ese cadáver que genera un enorme daño social. Estoy convencido de que durante estos años los movimientos sociales han generado tierra fértil para que podamos plantear un nuevo árbol donde el fruto que nazca sea uno justo.
Para que luego no se olvide, dejemos aquí señaladas las responsabilidades que tocan a cada cual. Si dejo alguna en el tintero los lectores de CIPER pueden agregarlas en los comentarios de esta columna. Partamos por el Presidente Sebastián Piñera, quien luego de asumir en marzo del 2010, tenía un plazo de 30 días para nombrar a un nuevo presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). No lo hizo. Dejó de subrogante a Eugenio Díaz, hoy acusado de recibir sobornos a cambio de acreditar. Durante todo 2010, la CNA se dedicó a acreditar a todas las instituciones que se presentaron ante ella. La CNA acreditó todo lo que se moviera, incluyendo a las universidades del Mar y la Pedro de Valdivia. Fue un festín. ¿El gobierno no supo lo que ocurría en la CNA?
Deberían haberlo sabido, pues el gobierno tiene un representante en la CNA: Juan José Ugarte, el jefe de la División de Educación Superior, mano derecha del ministro de Educación. ¡Lamentablemente Juan José Ugarte faltó a un 71% de las sesiones de la CNA! Aunque cuando asistió no lo hizo mejor. Ugarte estuvo presente en las sesiones en que se entregaron antecedentes claros de que tanto la Universidad Santo Tomás, como la UNIACC, lucraban. Su obligación, dado el estatuto administrativo, era informar a sus superiores de todo tipo de irregularidad. Sin embargo el ministro Harald Beyer dijo reiteradamente que no tenía antecedentes de lucro en universidades.
“El Presidente Sebastián Piñera tenía un plazo de 30 días para nombrar a un nuevo presidente de la CNA. No lo hizo. Dejó de subrogante a Eugenio Díaz, hoy acusado de recibir sobornos a cambio de acreditar. Durante todo 2010, la CNA se dedicó a acreditar a todas las instituciones que se presentaron ante ella, incluyendo a la Universidad del Mar y la Pedro de Valdivia. Fue un festín. ¿El gobierno no supo lo que ocurría en la CNA?”
Además de lo anterior, el Ministerio de Educación carga con otra responsabilidad ineludible. Beyer y sus antecesores siempre dijeron que no solo no tenían antecedentes de lucro, sino que no tenían atribuciones para fiscalizar universidades. Ahora vemos que tras estallar el escándalo en la prensa el ministro inició una auditoria en la Universidad del Mar y recurrió al Consejo de Defensa del Estado para ampliar las querellas a otros implicados. Estando ad portas de que se cierre el monstruo que dejamos crecer, es evidente que lo que le faltaba al ministro no eran atribuciones sino incentivos para actuar correctamente.
Hoy escuchamos que la propuesta del ministro frente al drama de los 18.000 alumnos de la universidad del Mar es reacomodarlos en diferentes instituciones. Pero si dejara de ver sólo números y diera el paso para ver que hablamos de personas afectadas, no propondría eso. Según la Encuesta Nacional de la Universidad del Mar realizada por la Feudm de Viña del Mar, un 28% de los estudiantes de la Universidad del Mar son padres, un 47% son estudiantes que trabajan y estudian al mismo tiempo, un 84% cree que lo que ha sucedido en su universidad les va a perjudicar al momento de encontrar trabajo, más de 1.000 estudiantes no pueden ser reubicados debido a que estudian en las sedes de San Fernando o Quillota, lugares donde la opción más cercana queda a horas de distancia. Es decir, el problema no es puntual, es un drama humano y social de proporciones mayores.
El gobierno y el ministerio actúan como si estuviéramos ante un negocio que se cierra. Ahí hay otra gran culpa. La educación no es un negocio: se trata de familias, proyectos truncados, esfuerzos económicos y humanos desperdiciados. Hablamos de 18 mil chilenos vulnerados y entregados a los vaivenes del mercado en la incertidumbre total sobre su futuro, para que unos señores puedan tener su BMW.
Como institución el Congreso también carga con su culpa. No solo su incapacidad de ver el enorme lucro y denunciarlo. En plena crisis de la Universidad del Mar, el miércoles 28 de noviembre, los diputados de la Cámara tuvieron la oportunidad de empezar a buscar justicia y partir por el ejercicio sencillo de que se cumpla la ley. Pero nuevamente fallaron. De los 120 diputados, 37 se ausentaron de la votación para iniciar una nueva comisión investigadora del lucro. (Vea aquí quienes no hicieron la pega). Ya nos han hecho perder la ingenuidad de que se van a comportar distinto. No queremos más promesas, sino actos concretos.
Si el gobierno y los políticos insisten en mantenerse al margen de casos como el de la Universidad del Mar y no toman medidas más eficientes e inmediatas frente al escándalo mayor que ha significado lo de la Comisión Nacional de Acreditación, la ciudadanía debe manifestarse, movilizarse, salir a la calle a ejercer presión. La ciudadanía no debe olvidar lo que ha pasado aquí. La educación no es cualquier tema. Es definitorio para el futuro de Chile. Debemos mirar cómo actúan nuestras autoridades en este tema y manifestar nuestra opinión a través del voto. Las elecciones municipales fueron una pequeña señal de que la sociedad chilena ya no está dispuesta a seguir como si nada pasara y que frente a proyectos vacíos que no atacan los problemas gravitantes de los ciudadanos, no hay participación que aguante. La transversalidad de las grandes temáticas que debemos y podemos transformar como país son, entonces, razón suficiente para seguir manifestándose con firmeza y convicción.
“Es imperativo que las miles de personas que se han manifestado en Chile para protestar por los diversos abusos sigan marchando en las calles y presionen para que el sistema político en su conjunto se haga responsable”.
Es lo que sucedió en Islandia, un país pequeño, pero con grandes ciudadanos que se atrevieron a salir a las calles y decir firme y claro No a los abusos de un sistema neoliberal feroz, se negaron a ser espectadores de un sistema donde los banqueros invierten, arriesgan y si sale bien, la ganancia es para ellos; pero si sale mal, que el Estado, por ende los ciudadanos, paguen y se hagan cargo. ¿Qué pasó con Islandia, pese a los temores de Europa que vaticinaba lo peor? Hoy ha triplicado su crecimiento, es un país prospero y en paz. Gracias a una sociedad civil activa y determinada, el gobierno defendió a los ciudadanos y no a unos pocos corruptos. Islandia es hoy un país donde ideas como tener una Educación Pública, una Constitución que realmente refleje la visión país de la ciudadanía no son sueños, sino realidades que construyen la historia de un país.
Las chilenas y chilenos tenemos el derecho y deber de ser protagonistas, de ser gestores de las grandes transformaciones que nuestra sociedad requiere. Debemos ser activos promotores de espacios que velen por la justicia y el bien común para que no volvamos a ver en la historia de nuestro país 18.000 familias abandonadas a la suerte del mercado, para que no se repita en algunos años más que miles de estudiantes son engañados víctimas de la persecución de utilidades por parte de empresarios amparados en la negligencia de políticos e instituciones públicas.
PUBLICADO POR CIPER-CHILE
Crisis del sistema de acreditación de la educación superior chilena…
Contraloría emite demoledor informe
A días de la inédita formalización del ex presidente de la entidad encargada de acreditar a las universidades, Eugenio Díaz, el organismo fiscalizador asesta un nuevo revés a la credibilidad de la institución, criticando duramente los los procedimientos internos,la fiscalización e incluso la composición de sus miembros, y los vínculos de éstos con instituciones de educación superior.
por El Mostrador
La Contraloría General de la República dio a conocer este lunes un informe sobre el funcionamiento de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) a pocas horas que la Fiscalía Oriente formalizara al ex presidente de ese organismo, Luis Eugenio Díaz, por cohecho, soborno y lavado de dinero en medio del escándalo de pagos por acreditaciones.
El documento -que consta de 50 páginas- asesta un nuevo revés a la credibilidad de la institución, criticando duramente los procedimientos internos, la fiscalización e incluso la composición de sus miembros, destacando el riesgo de posibles conflictos de interés, lo que se hace extensivo a las agencias acreditadoras debido a los vínculos de los miembros del directorio o quienes conforman dichas sociedades y las instituciones que imparten educación, citando una serie de casos.
Para la entida dirigida por Ramiro Mendoza esto adquiere relevancia porque la CNA carece de un reglamento que regule los conflictos de interés en relación a las Agencias y sus miembros, no obstante estar dotada de potestades autorizatorias, normativas, de supervisión y sancionatorias.
Entre otros puntos se destaca que el organismo no cuenta con manuales de procedimientos internos, no realiza seguimiento de las acreditaciones realizadas. Como asimismo, efectuó “acreditaciones extendidas” en magíster y doctorados, y entregó regalos de despedida por $382 millones a los comisionados del período 2007-2010.
De igual modo, hace mención de la preocupación que manifestaron los propios miembros de la comisión “porque existen constancia que en varias ocasiones las decisiones adoptadas son conocidas por los afectados antes que se efectúe la comunicación oficial”.
Conflictos de Interés
En el documento, el organismo fiscalizador atacó el corazón del funcionamiento de la CNA, ya que advierte que “algunos de los integrantes son representantes de las propias entidades involucradas en los procesos de acreditación, de las cuales se puede aludir al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas; al Sector Productivo Nacional; las Asociaciones Disciplinarias o Profesionales; las Universidades Privadas; los Centros de Formación Técnica; los Institutos Profesionales; la CONICYT; y lasFederaciones de Estudiantes”.
Frente a esto, se destaca que ” las aludidas entidades, además, en la práctica son las mismas que nominan a los miembros de la Comisión Nacional de Acreditación, sin que exista un marco normativo que establezca limitaciones, condiciones y procedimientos sobre la materia”.
Según el informe, esto “adquiere relevancia por cuanto ello aumenta el riesgo de posibles conflictos de interés, dado que la Comisión cumple una función pública y, por ende, debe desempeñar sus labores con sujeción al principio de probidad, es decir, considerando la preeminencia del interés general por sobre el particular”. A modo de ejemplo”cabe mencionar la renuncia del Comisionado representante de las Universidades Privadas, don Eugenio Díaz, quien a través de una Empresa Consultora efectuó asesorías al proceso de re-acreditación institucional de la Universidad del Mar, durante su período como Presidente de la CNA, situación que actualmente se encuentra en proceso de investigación sumarial por parte de este Organismo Fiscalizador”.
Debilidades en la fiscalización
La Contraloría recalca que pese a que la CNA por ley es una institución fiscalizadora, “la Comisión no ha efectuado controles deliberados o seguimiento a las acreditaciones realizadas tanto por la propia CNA como por las Agencias Acreditadoras, impidiendo con ello, la continuidad del trabajo desarrollado con la Institución ya acreditada”. Lo anterior, permite eventualmente, un aumento del riesgo respecto de los niveles de avance de las observaciones determinadas en los acuerdos”.
Además “a falta del ejercicio de las potestades fiscalizadoras respecto de las acreditaciones efectuadas por las Agencias de Acreditación, impiden obtener la necesaria retroalimentación que pueda dar origen a nuevas normativas y regulaciones, a fin de aplicar criterios comunes en pro de emitir certificaciones apegadas a la norma y, por ende, cautelar
la calidad de la educación impartida por esas entidades”.
Según la Contraloría entre las debilidades en las fiscalizaciones de la CNA se encuentra la referida a publicación incompleta por parte de algunas entidades de educación relativa a los proceso de acreditación. Por ejemplo la Universidad San Sebastián y el Instituto Prodesional Diego Portales no están acreditadas, pero no lo mencionan en su portal. Incluso hay instittuciones que entregan información ‘No ajustada a la realidad’, como la Universidad de Los Lagos, que en su página web sindica como acreditadas las carreras de Pedagogía en Inglés y Traducción “situación que no es efectiva”.
Con respecto a las Agencias de Acreditación, en 2011 la CNA efectuó 34 evaluaciones a las Agencias de Acreditación “de cuyo análisis se advierte que, en general, éstas se basan, únicamente, en el cumplimiento de procesos, sin acotar temas de análisis de operaciones relacionadas con lo académico, dado que esa Entidad no ha incorporado a las supervisiones la evaluación relacionada con tales temas, así como tampoco ha considerado en su reglamento, instrumentos que permitan medir la evaluación de forma y fondo de las acreditaciones que efectúan las referidas entidades, así como, los efectos de las mismas”.
Información y Transparencia
El ente fiscalizador también advierte que “el actual organigrama de la Comisión no se condice con la información presentada a través del sitio web “Gobierno Transparente”. Por ejemplo el sitio “presenta la existencia de una Unidad de Auditoría Externa, la cual, en la práctica, no existe”. Tampoco se describen las “facultades, funciones y atribuciones de cada Unidad u Órganos Internos, por cuanto lo informado corresponde a las funciones que señala la ley respecto de los Comités Consultivos que debe crear la Comisión, y no de las Unidades o Departamentos Internos de ésta”.
Ausentismo
A su turno, se determinaron ausencias por partes de los miembros de la Comisión “a las sesiones completas, donde, en general, se sancionan como promedio tres acuerdos relacionados con la acreditación de educación superior”.
Pero independiente de la cantidad efectiva de acuerdos en los que se participe por cada sesión, “los integrantes que asisten a la sola constitución de ésta, igualmente cobran el pago de la dieta íntegra correspondiente”.
Acreditaciones extendidas
Respecto de las “acreditaciones extendidas” correspondientes a los programas de magíster y doctorados, el informe indica que la Comisión, en abril del 2009, creó una modalidad de acreditación -para los que debían renovar esta calidad- que omite el proceso de evaluación.
“Podían seguir con la calidad de acreditados siempre y cuando la institución ingresara la solicitud de renovación antes del vencimiento del período de acreditación. Se determinó la existencia de 31 contratos de este tipo que se mantienen en calidad de acreditados sin que hayan sido sometidos al trámite previo de evaluación”, explicita la Contraloría.
“Este procedimiento -repara la auditoría- no permite resguardar la calidad de los programas de educación superior, puesto que continúan como acreditados programas que en la práctica no han sido evaluados”.
En esa línea, analizó los 34 contratos que hay entre la CNA y los planteles en esta materia. Al respecto, hace hincapié en que la CNA “no ha efectuado los mencionados procesos de evaluación a fin de conceder la calidad de institución acreditada, sin embargo, ha recibido los pagos por tales funciones”.
Además, el informe del órgano fiscalizador detectó una ausencia de manuales de procedimientos internos, relativos a la acreditación institucional (pregrado y postgrado) “situación que no se ajusta al principio de transparencia institucional e incrementa la exposición al riesgo, lo cual afecta su estructura de control interno, además de sus objetivos”.
Encuesta CEP: Piñera crece sólo 3 puntos (de 24% a 27%) y Bachelet mantiene “aplastante ventaja” (50%)… [Actualizado]
Representación y legitimidad: el desplome del poder
En indiscutido mal pie quedan toda la clase política —salvo Bachelet—, luego de la encuesta de ayer. Y aunque todos hablan de recambio y asumen el hastío de los votantes con la política tradicional, la vorágine electoral dejará el rompecabezas para el próximo gobierno. Mientras el establishment pone cara de circunstancia, el elástico sigue estirándose.
por MARCELA JIMÉNEZ

Nadie recuerda una encuesta CEP en que ninguno de los actores políticos registrara un alza en la evaluación positiva. Por el contrario, casi todos —salvo el presidenciable Andrés Velasco que se mantuvo— cayeron en este ítem. Es cierto que la ex Presidenta Michelle Bachelet tiene una alta evaluación positiva (76%) y el “ministro-presidenciable” Laurence Golborne también (62%) ambos cayeron siete y seis puntos respectivamente en los últimos cuatro meses. Dicho desplome lo encabeza el senador PPD, Guido Girardi que cae 9 puntos, seguido por sus pares de la DC, Ignacio Walker y Ricardo Lagos Weber que bajaron 8 puntos e incluso, la dirigente estudiantil Camila Vallejo está en la lista con 5 puntos menos.
Estas cifras son una prueba —según los analistas— del agotamiento de la gente con la clase política en general, del desgaste de la elite, pero son sólo la punta del iceberg. Un 54% califica de regular nuestra democracia, sólo un 17% cree que ésta funciona bien, los niveles de confianza en los partidos políticos está casi en el suelo (6%) y el Congreso no está mucho mejor, ya que en los últimos dos años ha caído del 28% al 10%.
Si la confianza en los sindicatos (18%) es baja, es complejo que los niveles de ésta en instituciones como el gobierno (23%), municipalidades (25%) y el Ministerio Público (15%) no supere un cuarto de los encuestados.
El director del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes, recalca que esta brecha entre la clase política y la gente comenzó a principios de la década del 2000, tuvo su primer momento de expresión concreta con el movimiento de los pingüinos y que es consecuencia de un conjunto de factores. “El sistema binominal genera una representación deficiente de los intereses ciudadanos; hay un problema constitucional por los vetos que ejercen con los quórums en el Congreso que por veinte años han impedido reformas necesarias y un sistema de partidos, donde prima el criterio de las facciones y el clientelismo, con una elite maneja los partidos”, precisó.
Según Claudio Fuentes, “un próximo Presidente, debería convocar a una comisión plural, que piense la fórmula para una nueva Constitución. La sociedad chilena tiene que pensar reglas del juego que garanticen estabilidad pero también participación”, recalcó. El momento propicio es el inicio de una nueva administración, cuando todo nuevo Mandatario goza de una “luna de miel” política que le da una suerte de mayor piso para impulsar algunos temas.
La lectura que hace Fuentes es coincidente con cifras de la CEP como la del 49% considera que el binominal debería cambiarse o la suerte de caída libre en que están las coaliciones políticas tradicionales. Un 60% no se identifica con ningún conglomerado político, sólo un 18% con la Concertación, un 12% con la Alianza y un 6% con el Juntos Podemos, sin contar que un 58% rechaza como la oposición ha desarrollado su papel y un 49% desaprueba la forma que la Alianza juega su rol político.
Es indiscutido el mal pie en que esta la clase política, aunque no por eso, en ella no existe seria preocupación y ya algunos, no muchos la verdad, prenden las alarmas. El candidato presidencial,Andrés Velasco dijo ayer que es evidente “el desplome del establishment político” y que ello refleja la necesidad de un recambio, porque hay “hastío de los votantes con la política tradicional, y están pidiendo alternativas”
Para el timonel del PS, Osvaldo Andrade, “el prestigio de las instituciones está en un nivel de precariedad” y ante ello no se puede estar tranquilo. “Cuando hay una crisis de las instituciones, de la presidencia y el gobierno, urge un dialogo político entre todos los sectores”, agregó.
El escenario es complejo y si bien no se habla de estar ad portas de un estallido social, hay síntomas preocupantes como el hecho de que las instituciones democráticas son “bypaseadas” para la búsqueda y solución de conflictos. “Eso sucede cuando el Presidente de la República llama por teléfono a un empresario para solucionar un conflicto medioambiental, bypaseando la institucionalidad que existe para resolver esos problemas o que los parlamentarios legislen más reaccionando al ritmo de la coyuntura, dejando de lado el debate político de fondo”, acotó Fuentes.
NUEVAS REGLAS
Con las municipales de octubre se entrará en una vorágine electoral que sólo terminará cuando se elija, a fines del próximo año, al siguiente Presidente y un nuevo Congreso. El punto es que a pesar de algunos cambios “cosméticos” como la inscripción automática y el voto voluntario para “mejorar la participación”, no se augura una avalancha de electores en ninguno de estos comicios: sólo un 50% dice que votará con toda seguridad para elegir alcalde y concejales y un magro 57% afirma con certeza que sufragará en las presidenciales y parlamentaria del 2013.
Considerando que el desgaste es para toda la clase política, el decano de la facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Eugenio Guzmán, advierte que “sea cual sea el próximo gobierno, tendrá la tarea de comenzar a restablecer las confianzas ciudadanas en la institucionalidad”
Una idea compartida por Fuentes. “Un próximo Presidente, debería convocar a una comisión plural, que piense la fórmula para una nueva Constitución. La sociedad chilena tiene que pensar reglas del juego que garanticen estabilidad pero también participación”, recalcó.
El momento propicio es el inicio de una nueva administración, cuando todo nuevo Mandatario goza de una “luna de miel” política que le da una suerte de mayor piso para impulsar algunos temas.
Los actuales inquilinos de La Moneda no pueden, dado el rechazo sistemático de uno de sus principales aliados, la UDI, a las reformas constitucionales pendientes, la baja evaluación ciudadana al gobierno y en la recta final de su mandato. En concreto, dijo el académico de la UDP, “Piñera no tiene capacidad para hacerlo, la derecha no quiere cambiar el statu quo, por eso se molestó tanto con la DC e Ignacio Walker que se abrió a la idea de la asamblea constituyente, porque eso implica cambiarlo”.
Bachelet mantiene aplastante ventaja y aprobación a Piñera sube levemente

Así lo revela la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), donde la ex jefa de Estado registró un 50% de las preferencias ante la pregunta: ¿Quién le gustaría a Ud. que fuera la o el próximo presidente de Chile? Le sigue el actual ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, con un 9 por ciento.
En abril pasado la ex mandataria registró un 51% y el secretario de Estado un 7%. En el tercer lugar de las preferencias se encuentra el líder del PRO, Marco Enríquez-Ominami con un 4%; y en el cuatro lugar aparecen empatados con un 2% el ministro de Defensa, Andrés Allamand, y el economista, Franco Parisi.
Ante la pregunta ¿Quién cree que será el próximo Presidente de Chile?, un 49 por ciento de los consultados dijo que se inclinaba por la ex jefa de Estado, mientras un 8% manifestó su preferencia por el titular del MOP.
En tanto, la gestión del gobierno obtuvo un 27%, es decir, tres puntos más de la gestión anterior (abril). Mientras un 52% desaprueba la manera en que está ejerciendo su administración.
En tanto, ante la interrogante: ¿Quién debiera ser el candidato de la alianza? los resultados fueron los siguientes: Laurence Golborne con un 26%, Andrés Allamand con 7%, Pablo Longueira 2% y Bachelet con 2%. Ante la pregunta ¿Quién debiera ser el candidato de la Concertación?: Bachelet con un 46%, Andrés Velasco con un 2%, José Antonio Gómez con un 1%.
Interrogados por la decisión de votar por… las personas sondeadas dijeron: 46% Michelle Bachelet, 14% Laurence Golborne, 5% Marco Enríquez-Ominami, 4% Andrés Allamand, 3% Ricardo Lagos Weber y cierra la lista con un 1% el economista Franco Parisi.
Un 18% se identifica con la Concertación y un 12% con la Coalición por el Cambio. 60% no se identifica con sector político alguno. La instituciones mejor evaluadas son Carabineros (50%), Fuerzas Armadas (53%), Radios (51%), más abajo la Iglesia Católica (32%), diarios (32%), Televisión (31%), Movimiento Estudiantil (30%) y Gobierno (23%).
El 49% de los consultados se mostró a favor de cambiar el sistema binominal y un 42% cree que la educación debe ser gratuita, mientras un 45% cree que debe serlo para los más pobres. Sólo un 3% dice que no debe ser gratuita.
Las principales preocupaciones para los chilenos son la Delincuencia (50%), Educación (46%) y Salud (42%).
(EL MOSTRADOR.CL)
Pese a intenso despliegue comunicacional Piñera no llega al 30% de aprobación
Los días previos desde Palacio se había insistido en que estaba todo dado para llegar a ese umbral, considerando que en la Adimark de principios de agosto, se había mantenido la tendencia alza marcando un 36 por ciento de aprobación. La confianza del gobierno se basaba en una seguidilla de planificados golpes comunicacionales, como el despliegue de Piñera por los matinales de TV anunciando la baja de la pobreza en la Casen.

Un sabor amargo en la boca. Esa fue la sensación en La Moneda al conocer los resultados de la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) que arrojó un 27% de aprobación a la gestión del Presidente Sebastián Piñera, tres puntos más que en la medición de abril, cierto, justo en el límite del margen de error. Pero así y todo, fue inevitable que las cifras se sintieran en Palacio como un balde de agua fría, cuando comprobaron que no habían logrado superar la meta del 30% que en días previos al sondeo, filtraron, convencidos del éxito de la estrategia comunicacional que se desplegó desde los primeros días de julio, justo cuando se realizaba el trabajo de campo de la muestra.
Mientras el Presidente Piñera —acompañado del ministro de Economía, Pablo Longueira— estaba en el patio de los cañones en una concurrida pauta de entrega de “capital semilla” a un grupo de emprendedores, el grueso de los asesores que asistían al acto estaban atentos a sus celulares esperando conocer las cifras de la CEP, que al gobierno llegaron con sólo diez minutos de anticipación.
Los días previos desde Palacio se había insistido en que estaba todo dado para llegar al umbral del 30% considerando que en la Adimark de principios de Agosto, se había mantenido la tendencia alza marcando un 36 por ciento de aprobación, señal que interpretó como un freno de los resultados a la baja. Precisamente, la confianza del gobierno se basaba en el intenso despliegue comunicacional que se efectuó mientras la CEP estuvo en terreno, desde el 5 de julio al 9 de agosto.
En esas fechas, por destacar las principales actividades, el Presidente Piñera anunció que 650 mil inscritos en Fonasa podrán decidir dónde atenderse, citó a presidentes de la Alianza a desayuno en la Moneda para ver proyecto de salario mínimo, promulga la Ley Antidiscriminación, se dieron a conocer los resultados en varios días consecutivos de la Encuesta Nacional de Caracterización Socioeconómica (Casen) en que anuncia que su gobierno logró bajar la pobreza en un 0,7% y promulga la ley que anticipa el pago del bono Bodas de Oro, junto con la aprobación del salario mínimo en el Congreso.
Dado el esfuerzo, en La Moneda reconocían que las cifras “no fueron buenas, debió ser más alta la aprobación” y desde la Alianza, coinciden en que la cosecha “no estuvo a la altura del feroz despliegue que se hizo, ya que se debió tener un mejor resultado”.
El problema estuvo, reconocieron en el gobierno, en fijarse un umbral del 30% y filtrarlo a los medios, porque con ello se autoimpusieron una meta, que a todas luces no se cumplió. En Palacio afirman que “se pecó de exitismo” y que, a todas luces, ello se debió a que hay una “suerte de microclima” en La Moneda, que claramente no está en sintonía con lo que pasa fuera de las paredes de la sede de Gobierno.
El decano de la facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Eugenio Guzmán, precisó que, si bien es efectivo que “hay un cambio de tendencia, pero todavía es leve (…), hay que ver con qué velocidad este cambio se desarrolla y consolida los próximos meses”. En todo caso, reconoció que “la sintonía ambiente decía que se llegaba al 30% y, en ese sentido, efectivamente para el gobierno no fue un buen resultado” esta encuesta.
El académico Damián Trivelli añadió que fue evidente que Piñera “hizo todo lo posible, atrasaron la Casen para que coincidiera con el trabajo de campo de la CEP, hubo un fuerte despliegue de estrategia comunicacional y de recursos, a través de los bonos, se puso todo, pero no lograron subir”.
Ante el evidente autogol del gobierno al no pasar su propia meta, la salida pública fue centrar el acierto en el cambio de tendencia. El ministro Andrés Chadwick —con quien Piñera revisó las cifras de la encuesta en las oficinas de la SEGEGOB— declaró que “la gente empieza a percibir que las cosas pueden estar mejor, eso se está marcando en esta tendencia al alza. Lo importante es medir las tendencias, si me lo preguntan, hubiese deseado subir más, tener una adhesión mayor, pero lo serio es que la tendencia de las últimas encuestas, es que el gobierno va subiendo, la tendencia va hacia arriba, es lo que nos importa”.
¿LA PIEDRA DE TOPE?
Efectivamente el rechazo a Piñera disminuyó del 59% en abril a un 52% en la encuesta de ayer, pero la evaluación de los atributos del Presidente Piñera sigue siendo el talón de Aquiles. Un 73% dijo en la CEP que lo considera lejano, un 63% asegura que no le tiene confianza, un 64% que actúa sin destreza y un 68% que lo ha hecho con debilidad.
Por destacar las principales actividades, el Presidente Piñera anunció que 650 mil inscritos en Fonasa podrán decidir dónde atenderse, citó a presidentes de la Alianza a desayuno en la Moneda para ver proyecto de salario mínimo, promulgó la Ley Antidiscriminación, se dieron a conocer los resultados en varios días consecutivos de la Encuesta Nacional de Caracterización Socioeconómica (Casen) en que anuncia que su gobierno logró bajar la pobreza en un 0,7% y promulgó la ley que anticipa el pago del bono Bodas de Oro, junto con la aprobación del salario mínimo en el Congreso.
Desde hace meses que se ha insistido —y finalmente el Presidente acató la estrategia— en un modelo comunicacional que apuntaba a “proteger” la imagen presidencial, evitando que Piñera opinara de todos los temas y concentrando sus apariciones sólo a pautas de anuncios positivos, temas de Estado, de país, como la política internacional o los logros económicos.
Dicho esquema varió con los anuncios de la Casen con que el gobierno aseguró que logró bajar la pobreza, ya que instalaron a Piñera en la primera fila, en circunstancias que desde el mismo día que se conocieron las cifras, fueron públicamente cuestionadas y puestas en tela de juicio por la oposición, en especial por el mundo académico.
Para Guzmán, es evidente que hay “aspectos” del Presidente como “la confianza y la credibilidad que son difíciles de cambiar y ese es un flanco débil para el gobierno”. En ese sentido, subraya que la estrategia de protegerlo “quedó en nada con la Casen que lo volvió a la primera fila”.
Trivelli —quien es el coordinador del reciente estudio de la Universidad Diego Portales “Análisis de las Declaraciones de los Políticos en los noticieros centrales”— el factor de los atributos del Presidente es clave. “En julio Piñera tuvo 92% de menciones positivas en los noticieros, once puntos más que en junio. Las cifras que obtiene en confianza demuestran que da lo mismo lo que diga, la gente tiende a desconfiar, la letra chica ha calado en profundidad”.
El analista y consultor Carlos Correa agregó que “el problema de Piñera es que cuando habla la gente no le cree, su credibilidad es baja, lo que haga estará siempre teñido por ese cartel de desconfianza. Este es un gobierno que los últimos tres meses ha gobernado solamente con cuñas comunicacionales, no gobiernan, no generan acuerdos. La gente no le cree al Presidente y es más fácil construir las confianzas, que recomponer las que se rompieron, como es en este caso”.
POCA NOVEDAD EN EL FRENTE
El escenario presidencial que arrojó la CEP no varió mucho en relación a la muestra de abril, ya que Michelle Bachelet se mantuvo con una aplastante ventaja que alcanzó el 50% entre quienes les gustaría que fuera el próximo Presidente, mientras que su más cercano contrincante, el ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, sólo llegó al 9%, dos puntos más que hace cuatro meses, pero se enmarcan en el margen de error de la muestra. Marco Enríquez Ominani tiene un 4% y el ministro de Defensa, Andrés Allamand, quedó en el 2%, junto con el economista Franco Parisi.
Según Trivelli, queda claro que con miras a la carrera presidencial del 2013, lo mejor que puede hacer Piñera en favor de los candidatos del oficialismo es dar un paso al lado. “Debe dejar en libertad de acción a sus presidenciables, no salir del gobierno porque aún no les conviene, sino que se desempeñen fuera de su alero, es la única posibilidad para que crezcan, que no contamine a los candidatos de la Alianza poniéndose al lado”.
No es el único que piensa eso. El vicepresidente de RN, Manual José Ossandón, aseguró ayer que con los resultados de la CEP quedó claro que “este gobierno hundió a los presidenciables, que juntos suman apenas un 11 por ciento, es un despropósito para un gobierno que tiene un aparataje casi de tres años. Quiero preguntarle a los que andan celebrando estos resultados, debido a que Piñera subió tres puntos, ¿por qué ningún candidato en estas municipales se quiere sacar una foto con el Presidente?”.
Chadwick declaró que “como gobierno oficialmente no nos vamos a pronunciar sobre el mejor método para que Alianza elija su candidato, queremos respetar la institucionalidad de los partidos”. Pero ninguno desconoce en privado en La Moneda que son pocos los que creen que efectivamente se llegará a una primaria entre la UDI y RN para definir el candidato presidencial.
En Palacio consideran que ya que Longueira está prácticamente fuera de competencia —tiene un 65% de rechazo— si la distancia entre Golborne y Allamand llega al margen de los quince puntos, las primarias son un ejercicio que no vale la pena.
Longueira, en pleno patio de La Moneda, en tanto se daban a conocer los resultados de la CEP, respondió categórico: “Para que una primaria tenga credibilidad ante la ciudadanía, tiene que haber candidatos competitivos, de lo contrario no tiene ningún efecto”. Y cuando Longueira lo dice, rara vez no suceden así las cosas.
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Profundizando el “apartheid” educativo chileno, por Mario Waissbluth
Apr. 26 , 2012
Los anuncios presidenciales de reforma tributaria no trajeron mayores novedades respecto a lo preanunciado en la semana. Vamos primero al monto total: entre US$ 700 y US$ 1000 millones anuales adicionales de recaudación. Suena harto… pero es poco. En suma, aumenta la carga tributaria total de Chile desde aproximadamente el 20.0% al 20.3% del PIB. Como referencia, la carga tributaria total de Uruguay es 23%, la de USA es 27%, Canadá 32%, y la de Noruega mejor ni se la cuento no sea cosa que le dé un soponcio.
Se dijo que esta inyección de recursos es la que resolverá los problemas de la educación. En la Fundación Educación 2020 hemos hecho bastantes esfuerzos por calcular en detalle el costo total de la reforma educativa. Hemos sumado la necesaria ampliación de cobertura y calidad en jardines infantiles (no mencionados hasta hoy), pre-Kinder y Kinder (sí mencionados), más las mejores remuneraciones asociadas a la carrera docente, retiros dignos para los profesores, la resolución de los problemas de la educación pública eliminando los aportes que muchos municipios deben hacer a la educación, la imprescindible disminución del porcentaje de horas lectivas de los profesores, y los todavía insuficientes recursos de la subvención preferencial (aun con los anuncios ya realizados).
Este ejercicio nos arroja una suma que en el mediano plazo asciende a US$3 a 4 mil millones de dólares por año según algunos criterios diferentes de cálculo. Esto NO incluye, repito, NO incluye los recursos necesarios y ya anunciados para la educación superior.
Pero lo que es verdaderamente ofensivo, en realidad intolerable, es el anuncio de deducciones del impuesto a la renta para pagar gastos privados en educación. Se ha repetido hasta la saciedad que esto beneficiará a 1.5 millones de contribuyentes “de la clase media” y esto es, simplemente, falso.
Veamos las cifras. Según datos de la operación renta 2011 del Servicio de Impuestos Internos, el número total de contribuyentes es 8.2 millones. De ellos, 6.6 millones tienen un ingreso tributario promedio inferior a $157 mil mensuales y no pagan impuesto. Otro millón tiene una renta tributaria promedio de $730.000 mensuales, y paga en promedio $11 mil mensuales de impuesto, aunque en realidad de este millón la mitad paga aproximadamente $5 mil mensuales.
Los verdaderos beneficiados por esta medida serán el remanente, es decir 542 mil contribuyentes, los más ricos de Chile, cuyo ingreso tributario va desde $1.4 millones – que pagan $62 mil mensuales de impuesto - hasta 21 mil contribuyentes que tienen un ingreso promedio de $9.5 millones mensuales– y que posiblemente eluden otro tanto – que tributan $2.7 millones por mes. Según la última CASEN, el 85% de los contribuyentes que pagan impuesto a la renta pertenece a los 3 deciles más ricos y por lo tanto el beneficio será mayoritariamente para ellos. ¿Es esa la “clase media”? Todos en Chile se creen de “clase media”, e ignoran que la verdadera “clase media” de este desigual país, que por lo general no lee la prensa ni twittea, tiene un ingreso per capita de alrededor de $300 mil pesos. Esperaremos entonces ansiosos la “letra chica” de esta regresiva medida.
Peor aún, y poco conocido para la mayoría, ya existe un perverso incentivo tributario en esta materia. Copiaré aquí textualmente los interesantes consejos que da una reciente edición de Economía y Negocios de El Mercurio, llamada “Sepa cómo aprovechar los beneficios de las Cajas de Compensación”. Reza así: “Un gran atractivo de este sistema es que desde el punto de vista tributario, este tipo de convenios ofrece beneficios tanto para las empresas como para los trabajadores…Pese a que este beneficio es transversal, toma mayor relevancia en personas con rentas más altas, donde el impuesto a la renta tiene mayor impacto… En educación esta alternativa también se vuelve bastante interesante, pues el afiliado puede reembolsar hasta $695.412 al año, por cada hijo que está cursando estudios escolares o superiores. En el caso de que el beneficio esté pactado en un convenio o contrato colectivo, el límite para hijos en la enseñanza universitaria o técnico superior se puede incrementar a $2.549.844″ ¿Habrá estado consciente de este asunto el Presidente cuando elaboró este “paquetito”?
La cosa se pone aún peor. En lo que a Chile le ha ido claramente mal —lo que explica en parte la crisis estudiantil de hoy— es en la segregación social del sistema educativo, expresada por el Índice de Duncan que publica la OECD cuando realiza la prueba PISA. Este índice (parecido al de Gini) no mide la dispersión de los resultados educativos, sino la segregación social entre las escuelas. Así, por ejemplo, en Noruega, el país que obtuvo los mejores resultados en el Índice de Duncan, prácticamente en cada escuela hay una muestra representativa de alumnos según la distribución de ingresos del país. En cambio, en los países con los peores Índices de Duncan del MUNDO, que son precisamente Chile y Perú, hay escuelas en las que sólo estudian hijos de muy ricos, otras en que estudian hijos de ricos, otras en las que sólo estudian hijos de clase media alta, otras para la clase media baja, y otras más en las que sólo estudian hijos de pobres: un verdadero apartheid educativo.
Las escuelas públicas, a las que generalmente asisten los alumnos más pobres, son mucho menos segregadas que las privadas sin fines de lucro. Las más segregadas socialmente son aquellas con fines de lucro y copago de los padres, las que muestran distribuciones de ingreso inter-escuela similares a las de Haití.
Por otro lado, hay claros incentivos “de mercado” para segregar alumnos y dejar a los de menor nivel socioeconómico, educativo y cultural —y a los más problemáticos o desaventajados— en las escuelas municipales, gratuitas y que no seleccionan. Tan solo anteayer visité dos escuelas rurales públicas de Melipilla con excelentes resultados del SIMCE, y las maestras – dignas de que se les erija una estatua – se quejaban de que las escuelas particulares de la región expulsan sistemáticamente a sus peores alumnos al llegar a 7º Básico, de modo que no se les “afee” el resultado del SIMCE de 8º Básico, y que les toca a ellas recibirlos y recuperarlos…. obviamente disminuyendo su propio SIMCE de 8º Básico.
En suma, el “modelito chileno”, que contempla la posibilidad de los padres de enviar a sus hijos a escuelas que exigen un cobro adicional de acuerdo con su estrato económico (mecanismo insólitamente consolidado por un gobierno de centro-izquierda y un Ministro de Educación que fue posteriormente candidato de la izquierda extraparlamentaria), ha profundizado la segregación social. Obviamente, ésta tiene muchas raíces históricas, barriales y culturales. La pregunta es si el sistema educativo las profundiza o las disminuye. Claramente, las profundiza.
Esta reforma tributaria las profundiza aun más, generando no sólo nefastos resultados educativos, sino que separando aun más a las ya separadas y mutuamente desconfiadas clases sociales de Chile. Con esta medida el Presidente Piñera está profundizando el apartheid educativo.
El 27/F 2010: el día del terremoto en que las FF.AA le dieron la espalda a Bachelet…
Revista Cambio21 desclasifica detalles inéditos de lo que ocurrió el 27F y la actitud de los mandos militares.
Por Susana Frías y Alfredo Peña

En el semanario que apareció este miércoles, lo anunciamos: dimos a conocer detalles secretos de lo que ocurrió la madrugada del 27 de febrero. Conocimos "el raro" comportamiento de los tres jefes de las fuerzas armadas: dos que se quedaron en sus casas en Vitacura (Armada y Ejército) y otro que decía que estaba todo listo (Fach) para que un helicóptero despegara, siendo que la presidenta pidió una nave cerca de las 5 de la mañana y sólo apareció después de la nueve. Entérese de los pormenores de esta historia que causó gran impacto y que nuestro semanario Cambio21 la investigó en profundidad.
A las 3:34 horas del sábado 27 de febrero de 2010 la tierra se remeció y ya nada volvió a ser igual en Chile. Nadie sabía lo que posteriormente vendría logrando que el miedo se volviera a apoderar de los afectados: un tsunami que nadie pudo advertir y que con olas de hasta 8 metros de altura sepultó a 156 personas. Al igual que la catástrofe, una silenciosa y sorda agitación ocurría entre los mandos castrenses. Fue la noche más fatídica para miles de familias chilenas y, a dos años de aquel episodio, los afectados siguen pidiendo respuestas y la justicia continúa intentando resolver el rompecabezas de esta historia.
Tras lo ocurrido, las primeras autoridades en llegar a la Onemi, la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández; el ex subsecretario del Interior Patricio Rosende y la ex Presidenta Michelle Bachelet. Posteriormente, hacen su arribo el ex ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma, el ex ministro de Obras Públicas Sergio Bitar y el ex ministro de Defensa Francisco Vidal. Sin embargo, no estaban ni estuvieron los encargados de entregar ayuda y de dar las respuestas claras, específicas y necesarias para este tipo de emergencias. Los altos mandos de las Fuerzas Armadas de Chile simplemente no se presentaron…. Fue ahí cuando Bachelet, en medio de la confusión reinante, se preguntó: "¿dónde están los altos mandos?", o cuando a las 06.26 horas se cuestionó: "¿Cuál es mi dificultad, mi problema? Me gustaría que estuviera alguien de la Armada aquí".
Surgen las dudas de por qué esa noche nadie le informó a Bachelet que sí existía un plan de comunicación denominado "Red Torrente", perteneciente al Ejército y que funcionó normalmente. Los altos mandos prefirieron guardar silencio y decir que ellos sí estuvieron comunicados entre sus regimientos.
Surge la duda, entonces: ¿Qué hubiera pasado si Bachelet hubiera sabido que podía ir a un regimiento o a la comandancia en jefe del Ejército y se hubiera comunicado -por ejemplo- con el ex intendente Tohá en el regimiento Chacabuco de Concepción?
En diversos análisis sobre esa noche ronda una duda sobre cuán efectivo fue el rol de las Fuerzas Armadas en las primeras horas después del terremoto. La incertidumbre se alimenta por el ineficaz papel del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) al levantar la alerta de tsunami, en el hecho de que los buques y submarinos en Talcahuano alcanzaran a salir mar adentro, en el corte de las comunicaciones y en la demora de los helicópteros solicitados a las 5 de la madrugada por la entonces Presidenta, pero que sólo estuvieron listos para despegar pasadas las 9 de la mañana desde el Parque O´Higgins.
Luego de la difusión del video de la Onemi que registró las actividades en las horas posteriores al terremoto, quedaron al desnudo vulnerabilidades que se consideraban inimaginables -incontables y graves errores del SHOA- y el fracaso de los sistemas de comunicación, lo cual abrió un período de severa reflexión en sus mandos y en las autoridades de la Defensa.
Frente a esto, las palabras del ex ministro de Defensa de Piñera, Jaime Ravinet, calaron más hondo al plantear la interrogante de lo que habría ocurrido si en vez de una catástrofe natural hubiéramos sufrido un ataque desde el exterior.
La declaración de Carmen Fernández ante la Fiscalía
El 22 de octubre de 2010, la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández declaró ante la Fiscalía Local de Talagante, donde relata lo ocurrido la madrugada del 27 de febrero. Cambio21 accedió de la manera exclusiva a este documento. Entre los dichos, Fernández deja entrever que los organismos presentes en la Onemi fueron los que dificultaron el acceso a la información, y que nunca existió un apoyo a la Presidenta.
"La Presidenta reiteraba la solicitud de información a los organismos, preguntando por medios alternativos de comunicación que pidiéramos usar, información sobre carreteras, puentes, entre otros aspectos. Quiero dejar expresa constancia sobre dos aspectos: ninguno de los organismos presentes, algunos representados por sus más altas autoridades, proporcionaron ni un mínimo de antecedentes sobre situaciones del mar, lo que me validaba lo informado por el segundo fax del Shoa, porque no puede ser que a nivel de autoridades que se encontraba en el COE a esas alturas de la madrugada, no hubiese un indicio de la ocurrencia de un tsunami, salvo Juan Fernández".
"El jefe del Estado Mayor Conjunto general Le Dantec, en ningún momento indicó que se mantenía operativo su plan de comunicación "Torrente", el que habría constituido una importante alternativa si lo hubiese informado. El general Le Dantec me informó el domingo 7 de marzo de 2010 que la "Red Torrente" siempre funcionó y que habría bastado con que la Presidenta se hubiese constituido en algún regimiento la madrugada del 27 de febrero de 2010 para que hubiese contado con buenas comunicaciones. Por otra parte, la madrugada del 27 de febrero la Presidenta también le solicitó al general Le Dantec que pusiera al máximo de su gente en la calle a trabajar". Luego de conocer esta información inédita de Le Dantec, Carmen Fernández se enojó y puso la información en manos del ex ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, que a su vez también reaccionó indignado citando de urgencia a Francisco Vidal, a quien le enrostró delante de otros ministros si tenía conocimiento del Plan Torrente del Ejército. Ratificado por el propio ex ministro de Defensa, la existencia del sistema, Pérez Yoma le informó a la Presidenta Bachelet.
El decreto de la discordia
Fue 48 horas antes del terremoto que el gobierno firmó un decreto que establece que la actuación de las FFAA. en caso de catástrofe quedaría sometida a los requerimientos de la Onemi y la circunscribía a labores de "transporte".
El decreto exento número 760 fue firmado el 25 de febrero por los ministros de Defensa, Francisco Vidal, de Interior, Edmundo Pérez Yoma, y el entonces subsecretario del Interior, Patricio Rosende. En él -tomando en cuenta dos oficios anteriores enviados por la directora de la Onemi, Carmen Fernández- se establece un detallado protocolo que delimita funciones en el caso de catástrofe.
La norma -que causó impacto y sorpresa en las instituciones castrenses- establece que el trabajo de las Fuerzas Armadas queda sometido a la Oficina Nacional de Emergencia. Además, puntualiza la "obligación" del Estado Mayor Conjunto que, "en su rol de coordinador de los medios de transporte de las FF.AA., se compromete a agotar los esfuerzos necesarios para el cumplimiento de los requerimientos efectuados por la Onemi".
El decreto indignó a los altos mandos militares, no sólo porque los subordinaba a una oficina dependiente del ministerio del Interior, sino también porque les quitaba el control de sus recursos. De ahí la teoría de que quisieron demostrarle con fuerza a la Onemi y al gobierno su molestia.
El texto legal fue derogado y nunca tuvo ningún efecto, salvo el de poner a Carmen Fernández en un inesperado candelero.
En su declaración, a la que tuvo acceso exclusivo Cambio21, ante la Fiscalía de Talagante el 22 de octubre de 2010, la ex directora de la Onemi precisó que "este decreto y su protocolo se referían precisamente a las facilitaciones y apoyos que debían brindar las Fuerzas Armadas a Onemi, a través del Estado Mayor, tales como provisión de personal, medios de transporte y otros elementos, estableciendo incluso tiempos de reacción. Debo precisar que este decreto no cambiaba los mandos propios de las Fuerzas Armadas, sólo era la prestación de medios y apoyo. Este decreto es producto de un largo proceso entre la Onemi y oficiales del Estado Mayor, particularmente el Coronel Jorge Verdugo, y a partir de un análisis efectuado por mí presentado ante el ministerio de Defensa, respecto a las debilidades advertidas en múltiples emergencias en cuanto a la oportunidad y agilidad con que las Fuerzas Armadas iniciaban sus operaciones de apoyo en emergencia. Este decreto fue derogado a los días de asumir el gobierno de Sebastián Piñera, sin estar fundada su derogación".
El "relajo" del jefe de la Armada: Estaba en Santiago y no en Valparaíso
Las declaraciones que más impactaron fueron las del jefe de la Armada, almirante Edmundo González, quien debía hacerse presente la madrugada del 27 de febrero en la Onemi, ya que estaba en Santiago y no en Valparaíso. Sin embargo, nunca llegó. Ante la consulta sobre dónde estaba, admitió frente a los diputados de la comisión investigadora del caso terremoto que permaneció en su hogar de la comuna de Vitacura, cerca de Américo Vespucio.
"Yo me mantuve en mi casa. Tenía energía, un generador propio, entre comillas, porque al final no tuve ningún celular, ningún teléfono satelital, hasta que al final, a las 5:10 AM fui informado de que la escuadra no había zarpado, que no había maremoto porque la alerta había sido cancelada hacía cinco minutos y, obviamente, me relajé un poco. Por eso, cuando yo llegué a la coordinación a mí también me afectó la falta de asesoría que afectó a lo mejor a la Presidenta y a otras personas", argumentó González.
¿Y dónde está el piloto?
Tras el terremoto hubo una demora de cinco horas para poner helicóptero a disposición de la ex Presidenta Bachelet para ir a la zona de la catástrofe. Según le explicaron, fue porque no había piloto para las máquinas. Sin embargo, el ex jefe de la Fuerza Aérea, general Ricardo Ortega, reconoció que dos horas después de la catástrofe (5:30) "todo estaba listo para que me dijeran dónde llevar y qué llevar (…) el problema es que no llegó la orden".
En este punto, todos los actores políticos señalan que el militar falta a la verdad, que queda absolutamente demostrado en el video de la Onemi, donde cerca de las 8.30 horas del día del terremoto, la mandataria ya enojada (a su manera) de tanta ineficiencia, dice en un tono irónico: "¿Y dónde está el piloto?".
A esa hora, Bachelet -con un grado de indignación mayor- le espeta al ministro Vidal esta ineficiencia señalando que pidió un helicóptero hace más de tres horas y el ministro le señala hacia el lado, donde está un oficial de la Fach.
¿Y el Ejército?
Cuando se produjo el terremoto, el entonces comandante en jefe del Ejército, Oscar Izurieta, se encontraba a días de entregar el mando y ya se había trasladado a su departamento de calle Las Tranqueras en Vitacura. "Estaba armando todo, con cajas y cuadros en el suelo. Había dejado la casa del comandante en jefe, donde hay grupo electrógeno, respaldo telefónico. Aquí estaba sin teléfono fijo y me quedé sin celular y además sin luz", explicó Izurieta, quien dejó el cargo el 9 de marzo de 2010 y por eso tuvo que hacer la mudanza.
El actual subsecretario de Defensa, cargo que asumió 16 días después de dejar el Ejército, aseguró que "nunca se ocultó información" a la Presidenta Bachelet tras el 27 de febrero y advirtió que "el Ejército no se equivocó".
Los grandes ausentes
En las próximas semanas serán formalizados por la fiscalía pública ocho funcionarios bajo la calificación de "cuasidelito de homicidio" por las consecuencias del terremoto. Los acusados son la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, y el ex subsecretario del Interior Patricio Rosende. Entre los otros imputados figuran los directivos del Shoa, el organismo de emergencias de la Armada, y del Instituto de Sismología de la Universidad de Chile.
El columnista Ascanio Cavallo, sentencia en el diario La Tercera, que "no es injusto, per se, que la ex Presidenta sea indagada por sus actuaciones en esa noche infame. Pero si es así, entonces hay que indagar también a los mandos responsables de los otros organismos que debían responder: el Shoa, el Instituto de Sismología, los encargados de las telecomunicaciones y las instituciones que denegaron el auxilio. De otro modo se podría llegar a la aporía de que sólo sean indagados quienes se hicieron cargo de la catástrofe, mientras que no lo son aquellos que se omitieron".
"(…) ¿Por qué ni Rosende, ni Fernández, ni Bachelet pudieron disponer de los sistemas de comunicaciones de las Fuerzas Armadas que estaban en funcionamiento (si es verdad que así era)? Muy simple: porque no estaban allí los comandantes en jefe que podían autorizarlos (…) ninguno de ellos fue investigado por el gobierno saliente, ni por el entrante, ni por ninguno de sus ministros de Defensa", recalcó.
Las interrogantes que quedan en el aire
Tras analizar lo sucedido, surgen una serie de preguntas que apuntan a las FF.AA. como las instituciones responsables, al menos de negligencia culpable. Un artículo de Ascanio Cavallo, recuerda que en la grabación el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general de Ejército Cristián Le Dantec, declara que no tiene información y parece creer que nadie la tendrá ("no vamos a ganar mucho llamando a la Armada, señora Presidenta").
Sin embargo, el nuevo comandante en jefe del Ejército, el general Juan Miguel Fuente-Alba, dijo que el Ejército nunca perdió sus comunicaciones esa madrugada. Una gran incongruencia entre uno y otro general de la principal arma de la Defensa Nacional.
Al respecto, ¿quién es entonces responsable de que ese sistema no haya sido puesto a disposición del gobierno y de la propia Mandataria, como lo pide la Presidenta en la grabación del video al general Le Dantec?
El columnista Ascanio Cavallo habla "del extraño comportamiento de las Fuerzas Armadas después del terremoto". Y añade una frase lapidaria: "La parálisis de los militares durante las primeras horas (de la tragedia) ha sido objeto de explicaciones pueriles o inconvincentes".
¿Hubo boicot en contra de la Presidenta Bachelet?
Varias interrogantes apuntan a la tesis de que existió un posible boicot contra la ex Presidenta Bachelet por parte de las fuerzas armadas o de algunos de sus miembros en las horas posteriores a la catástrofe.
En conversación con Cambio21, el ex cadete de la escuela Militar, diputado y miembro de la comisión de Defensa, Patricio Hales, aseguró que pensar en algo así es horrible, "por mucha aversión política que tengan contra Bachelet o contra la Concertación. No se me puede pasar por la cabeza que ellos sean capaces de traicionar al país de una manera como esta. Sería criminal, aparte de ilegal e inconstitucional".
El ex ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma, en un artículo publicado por El Mercurio, hizo un juicio sobre el 27 de febrero y aseguró que "aunque no la comparta, debo reconocer como válida la crítica sobre el momento en que debió decretarse el estado de excepción y haber entregado el control a los militares. Hay quienes sostienen que en caso de una catástrofe, de inmediato debe entregarse el control a los militares. Esto es una materia opinable (…) Al efecto de ello, me remito a las declaraciones de los comandantes en jefe quienes, sin excepción, apuntaban a que estaban escasos de personal principalmente por el período de vacaciones y que el contingente disponible en Concepción ese día era claramente insuficiente. Incluso, dado que algunas instalaciones militares -como la de Talcahuano- habían sufrido graves daños, se argumentó que el personal era requerido para resguardar la base naval".
Respecto a las comunicaciones sentencia que "algunas redes institucionales (Ejército) funcionaron parcialmente, pero tampoco estuvieron en ese momento a disposición de las autoridades civiles, como quedó determinado días después de la tragedia y hoy es parte de la controversia pública y legal que, imagino, deberá quedar resuelta por quienes corresponda".
El plan que nunca se informó
El Plan Torrente es un mecanismo de telecomunicaciones simple, no de combate. Son radios VHF y UHF. Se compraron 1.100 equipos y 60 centrales. Cada unidad posee una central y un número determinado de equipos, según su tamaño. Requiere operadores para cada central y para cada radio. Se diseñó para enlazar a militares con militares y a unidades con unidades, para propósitos institucionales.
Según justificó Izurieta: "Este sistema era exclusivamente entre unidades militares… Y si la Onemi no tenía la capacidad para comunicarse, era un problema de ese organismo". Es decir, parece ser que para Izurieta el quinto cataclismo más grande de la historia del mundo no es un problema que ataña al Ejército. Ahí es cuando surge la duda: ¿por qué la Presidenta no supo que el Ejército sí tuvo comunicación con todo el país durante la fatídica madrugada del 27 de febrero?
Carmen Fernández aseguró que "el plan Torrente siempre funcionó y que habría bastado con que la Presidenta se hubiese constituido en algún regimiento la madrugada del 27 de febrero para que hubiese contado con buenas comunicaciones".
En su declaración ante la Fiscalía, Fernández, describe: " Yo menciono esto para dejar constancia de que estaba conciente de los déficit que Onemi tenía frente a esta emergencia, lo que advertí como más crítico al observar que no estaba contando con la suficiente cooperación de las Fuerzas Armadas a través del Estado Mayor. Hago presente que cuando llegó el ministro de Defensa, Francisco Vidal, le solicité que convocara al Jefe del Estado Mayor Conjunto, general Le Dantec, por estimar plenamente vigente el Decreto Exento 760, de fecha 25 de febrero de 2010, de acuerdo a lo indicado en la cláusula décima de dicho decreto".
La existencia del Plan Torrente y la supuesta omisión sobre la existencia del sistema de las autoridades de la época, lo que hubiera hipotéticamente servido para contactar Santiago con las zonas afectadas con el terremoto y tsunami, fue puesta en el tapete por el abogado de la ex directora de Onemi Carmen Fernández, Luciano Fouillioux, quien acusó que no se informó a la ex Presidenta Michelle Bachelet que el sistema estaba operativo el 27F.
El general (r) Izurieta, actual subsecretario de Defensa y ex jefe del Ejército, en tanto, aseguró que "de acuerdo con los registros del Comando de Telecomunicaciones del Ejército, las primeras unidades que se contactaron con Santiago mediante el Sistema Torrente fueron Valdivia y la Brigada de Operaciones Especiales a las 05.00 horas. Chillán se contactó a las 05.15 y Concepción a las 07.20".
La tensión con el Ejército que marcó los últimos días de la Presidenta
La primera semana de marzo del 2010, el entonces comandante en jefe del Ejército, general Oscar Izurieta, telefoneó y solicitó una serie de audiencias con el ministro de Defensa, Francisco Vidal. Aunque el propósito central de las conversaciones era monitorear el avance de las labores a raíz del terremoto y tsunami del 27 de febrero, un tema anexo inquietaba al jefe castrense: la incertidumbre que existía sobre la participación de la Presidenta a la ceremonia de cambio de mando del Ejército programada para el 9 de marzo.
Aunque el protocolo daba por descontada su presencia, la tensión que en la semana previa se había instalado entre La Moneda y el Ejército mantenían en duda la participación de la mandataria en el acto donde Izurieta le entregaría el mando a su sucesor, el general Juan Miguel Fuente-Alba.
A las quejas por la falta de apoyo logístico durante la madrugada del 27F se sumaría una información que llegó a manos de Bachelet faltando apenas días para dejar su mandato: en el marco de una reunión con sus ministros del comité político, la mandataria recibió un informe del ministro Vidal que señalaba que el Ejército mantuvo siempre operativas sus comunicaciones internas durante las horas posteriores al terremoto.
En esa línea, el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, planteó la necesidad de transmitir formalmente la molestia del gobierno, reprochando lo improcedente que, a su juicio, era haber guardado silencio frente a la vigencia de una herramienta como lo era el Plan Torrente.
A partir de entonces en el gobierno comenzó a tomar fuerza la tesis de que si hubiese conocido desde un principio que estaba en funcionamiento el mencionado sistema, las consecuencias podrían haber sido distintas.
Otro de los puntos que indignó a la ex Presidenta fue que el jefe del Ejército había sido contactado para asumir una subsecretaría política en el gobierno de Piñera desde antes de terminar su cargo en el Ejército.
Luego de ello, y al ver las labores de los militares en terreno, Bachelet optó por no seguir escalando la polémica con Izurieta. Fue así que terminó asistiendo al cambio de mando del 9 de marzo.
En conversación con Cambio21 el ex ministro de Defensa y ex asesor del Comandante en jefe del Ejército, Francisco Vidal, declaró que "los errores cometidos fueron de la Armada en el funcionamiento del Shoa; están acreditados en el proceso penal los errores. En el caso de la Fuerza Aérea hubo un error menor, que los helicópteros estaban pero no estaba la tripulación en la base aérea".
En cuanto al plan Torrente, aseguró que "era un sistema que yo conocía pero que no servía para la emergencia y que solamente interconecta a regimientos, no se amplía al resto de la población".
Respecto de las especulaciones de que Bachelet había pensado en desistir de ir al cambio de cambio del Ejército y estar enojada con los uniformados, Vidal aclaró que "todo eso es mentira, es un reality. Nunca ocurrió. La Presidenta no sólo asistió al cambio de mando el 9 de marzo, sino que además fue la única persona que habló ese día en la Escuela Militar y felicitó al Ejército por su labor. Yo te respondo con un hecho, frente a los que especulan, los mentirosos y gente que no cacha nada".
La conversación de Le Dantec con Piñera, Presidente electo
Un dato desconocido y que ocurrió esa madrugada del terremoto en las oficinas de la Onemi dice relación con las secretas llamadas que recibía y que hacía el ex jefe del Estado Mayor Conjunto, el general de Ejército Cristián Le Dantec, a Sebastián Piñera -entonces Presidente electo- , informándole todo lo que estaba ocurriendo en ese recinto. Ello, pese a que la Presidenta aún estaba en ejercicio. Así lo informaron tres ex altas autoridades de la Onemi y dos ex funcionarios del gobierno saliente.
Le Dantec, según la versión a la que tuvo acceso Cambio21, salía al patio exterior de Onemi, donde estaban estacionados los vehículos de la entidad de emergencia.
"Nosotros fumábamos en el patio y escuchamos decir al general: "Sí, señor Presidente, me parece, señor Presidente, ¿Usted va a venir?", relataron los testigos.
"Vimos entrar al ayudante de Le Dantec -otro militar- tres veces a la sala donde estaba la Presidenta Bachelet, indicándole que tenía una llamada, y él salía a hablar al estacionamiento, donde nosotros estábamos. Él no se dio cuenta de nuestra presencia", señala un ex funcionario del anterior gobierno que entregó este dato a las ex autoridades y que hoy desclasifica Cambio21.
"Obviamente, él bajaba el tono de voz cuando hablaba con el Señor Presidente, así es que no escuchábamos lo que le decía a su interlocutor, que nos imaginamos que era Piñera", señalan los testigos.
Al respecto, el ex ministro de Defensa de Bachelet, Francisco Vidal aseguró que, si bien "me habían dicho algo así", es "una especulación más, porque todas esas personas que dicen haber escuchado, díganlo con nombre, apellido y carnet de identidad y ahí empezamos a hablar".
Y añadió que "si eso se hizo, sería un error. Sin embargo, no me consta que lo haya hecho hasta que no me demuestren lo contrario".
Le Dantec salió de su cargo el año pasado, no por los errores del 27 de febrero, sino porque quiso comprar una casa avaluada en un millón de dólares para realzar su cargo de encargado del Estado Mayor.
revista Cambio21 http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120302/pags/20120302110452.html
Camila Vallejo: "Me gustan Evo Morales y Correa". Entrevista y aclaración posterior…
ROCÍO MONTES ROJAS 15/01/2012
"Estoy cansada física y mentalmente. Siento una carga muy grande. La gente quiere que tenga respuesta para todo y tienen la expectativa de que voy a cambiar Chile, yo sola. En la calle me gritan: ‘¡Los apoyamos, no nos abandonen!’. Pero la responsabilidad, chucha, es de todos. Yo soy solo una joven de 23 años…".
Cuando Camila Antonia Amaranta Vallejo Dowling intenta volver a ser la veinteañera desconocida de hace un año, apaga su móvil destartalado y se traslada a una casa del Cajón del Maipo, una localidad en la precordillera, a unos 52 kilómetros de Santiago. Fue lo que hizo el 31 de diciembre junto a un pequeño grupo de amigos para pasar la Nochevieja. El Partido Comunista, donde milita desde los 19 años, ofreció al día siguiente el tradicional caldillo de congrio con el que festeja la llegada del Año Nuevo junto a la prensa. Pero la icónica dirigente universitaria, protagonista del movimiento estudiantil chileno, amante del rock clásico y la bossa nova, del hip-hop y la cumbia, no acudió a la celebración.
En diversos lugares del planeta la han descrito como la joven y bella revolucionaria que ha cambiado la topografía del debate político y social chileno en tan solo nueve meses. La estudiante de Geografía ha sido comparada con el Che Guevara y La Pasionaria. Ha recibido hasta treinta peticiones diarias de entrevistas. Un jubilado de la ciudad de Valparaíso se tatuó su rostro en el brazo. Un cantante alemán le compuso una canción que subió a YouTube. Pero, sin contabilizar la fama que la precede, y su belleza alabada por hombres y mujeres, Camila Vallejo parece ser una joven normal que se apasiona e indigna por los mismos motivos que la mayor parte de su generación.
La entrevista se realiza en la sede de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), de la que ella es vicepresidenta. Es una casona grande y antigua, ubicada en el centro de Santiago, donde en los años setenta funcionó el cuartel general de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía política de la dictadura de Pinochet. En el cuartel tenía su oficina Manuel Contreras, condenado a presidio perpetuo por crímenes de lesa humanidad. Camila Vallejo no recuerda nada de esos años. El 11 de marzo de 1990, el día que terminó el Gobierno de Pinochet, ella tenía un año y nueve meses.
Pregunta. ¿Qué le evoca la palabra dictadura si no la vivió?
Respuesta. La imagen que me he construido a partir de los relatos es la del temor constante. Dormir con ropa por el miedo a que te vinieran a buscar por la noche, los disparos en las poblaciones, las reuniones clandestinas. Finalmente, la generación que vivió a flor de piel ese periodo quedó traumatizada, producto de esa represión. Y por esta razón, ya llegada la democracia, comenzó a reinar el individualismo y la idea de que es mejor no meterse en política, porque no siempre las cosas terminan bien.
P. ¿Qué diferencia a su generación de la de sus padres?
R. Nuestra generación no tiene temor. Y por eso, a diferencia de nuestros padres, no nos cuesta denunciar que en Chile hay abuso, represión, que los empresarios están robando y que los políticos muchas veces son unos sinvergüenzas.
Chile ha cambiado bruscamente en los últimos meses. El descontento que la población acumulaba desde hace años ha tomado forma de protestas, huelgas y cacerolazos. Los jóvenes salieron a la calle para exigir educación pública gratuita y de calidad. El conflicto desbordó al Gobierno del presidente Sebastián Piñera. Fue perdiendo poco a poco popularidad, hasta llegar a un 23% a finales de 2011. El centro izquierda, que estuvo en La Moneda durante 20 años, quedó paralizado. Camila Vallejo se transformó en el principal rostro de la metamorfosis. Blindada por un grupo de guardaespaldas, la universitaria de ojos claros y piercing en la nariz encabezó cientos de marchas.
La indignación chilena no es fruto de una crisis económica. Este país crece a un ritmo del 6%. La pobreza pasó de un 45% a un 15% entre 1987 y 2009. Sin embargo, el 10% de los chilenos más ricos gana 27 veces más que el 10% más pobre, según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). "Hay profundas inequidades sociales, poca democracia y un nivel intolerable de abusos", dice Camila Vallejo mientras revuelve lentamente una taza de café.
"Trabajamos muchas horas al día, somos esclavos de las deudas, nos estafan en las cuentas de luz y de agua y, como no tenemos tiempo para el ocio, tampoco reclamamos por las cosas que nos parecen justas. Hemos acumulado frustración y descontento. Todo eso fue lo que estalló en 2011. Chile despertó y nosotros estamos aquí para cuestionar, combatir y no seguir reproduciendo el sistema", explica.
P. Chile es uno de los pocos países del mundo donde no es legal el aborto terapéutico. ¿Cree que es justo que en el extranjero se le retrate como uno de los más conservadores de Latinoamérica?
R. Es contradictorio, porque si bien somos el país más neoliberal del mundo, en Chile existe mucho conservadurismo en los valores, tanto en la derecha como en el centro y la izquierda política.
P. ¿A qué se refiere?
R. Nos falta avanzar con respecto a los derechos de las minorías sexuales. Estoy de acuerdo con el aborto en varias circunstancias. Primero es necesario respetar la autodeterminación de la mujer, antes de traer al mundo a alguien que no va a ser compatible con la vida que quiere su madre. Hoy en día, las que tienen plata lo hacen y, finalmente, es una libertad que está condicionada a tu capacidad de pago. También estoy a favor de la despenalización de la marihuana, porque cuando se legaliza existe la posibilidad de controlar el narcotráfico.
De acuerdo con una encuesta reciente, el 39% de la población dice estar "muy indignada". Una de las teorías que se han levantado en este país para explicar el descontento es la irrupción de la clase media que dejó la pobreza en las últimas dos décadas. Los Gobiernos de la Concertación prometieron que la forma más eficiente de resolver los problemas de inequidad era a través de la educación. El modelo instalado en el Gobierno de Pinochet, sin embargo, no cambió sustancialmente y los resultados siguieron siendo mediocres y desiguales. La gente se hartó y estalló el conflicto social. La familia Vallejo Dowling pertenece a ese grupo.
"A mi edad mis padres eran pobres, supervivientes. Cuando se conocieron en el mundo del teatro tenían que vender empanadas para vivir. Militaban en el Partido Comunista, pero no eran dirigentes", relata la universitaria. Aunque ella ahora vive en un piso que arrienda en el centro de Santiago, fue criada en la comuna de La Florida en el sur de Santiago. Es una zona de clase media donde, sin embargo, hay chabolas que conviven con modernos centros comerciales y autopistas. Fue el escenario donde Camila Vallejo comenzó a "indignarse con la situación chilena". Y cuando entró a la Universidad de Chile, la pública más importante del país, comenzó a militar en el Partido Comunista.
P. A diferencia de lo que ocurre en la actualidad, donde los comunistas están en el Congreso, durante la dictadura el partido tomó la vía armada.
R. El pueblo tiene derecho a combatir en masa la violencia estructural que existe en la sociedad. Y nosotros nunca hemos descartado la posibilidad de la vía armada, siempre y cuando estén las condiciones. Sin embargo, en este momento, ese camino está totalmente descartado, porque la tensión que hoy día existe es neoliberalismo versus democracia.
Aunque ella no lo reconozca, en ocasiones ha sido una militante algo indisciplinada. Tras la muerte de Kim Jong Il, por ejemplo, criticó públicamente la decisión de su partido de enviar condolencias formales al Gobierno de Corea del Norte.
P. Pero nunca ha hecho reproches a Cuba, donde estuvo en 2009 al conmemorarse los 50 años de la revolución.
R. No es comparable. Cuba no es el mejor modelo de democracia que uno pueda reconocer mundialmente, pero se han logrado muchos avances que en Chile, por ejemplo, no hemos logrado. Siempre hay sectores reaccionarios que porfiadamente defienden las libertades individuales sobre los derechos universales. Los chilenos resguardan la libertad de empresa sobre el derecho a la educación. De cualquier forma no creo que sea el momento de debatirlo, porque tampoco manejo muchos elementos.
Además de indignados, los chilenos no confían en sus instituciones. Una encuesta reciente revela que todas han perdido respaldo ciudadano: las Fuerzas Armadas, la Iglesia católica, los medios de comunicación, el Gobierno, las empresas privadas, la Justicia, el Congreso y los partidos políticos, que hoy por hoy son los más desprestigiados. Solo un 16% de los chilenos, de hecho, cree que la democracia en este país funciona bien.
P. Es la cuarta figura política mejor valorada en Chile y ya se señala que será candidata a diputada.
R. Esto no se resuelve con que yo sea candidata, da igual. El verdadero desafío es que debe haber gente dispuesta a cambiar la correlación de fuerzas en los espacios donde se toman las decisiones. Si no nos gusta cómo funcionan las cosas, tenemos que hacernos cargo. Debemos disputar el Parlamento para que sea realmente representativo y no esté ocupado por burócratas.
P. El 26 de enero estará en Berlín y el 2 de febrero llegará a Italia. ¿Qué piensa de Europa?
R. Pienso que el desarrollo de los países del Norte se produce gracias al subdesarrollo de los países del Sur. Europa, por una parte, y Latinoamérica, Asia y África, por otra. Siempre tiene que haber sitios saqueados para que otros disfruten del placer de los excesos. Los europeos fueron parte del proceso de colonización que arrasó con nuestros pueblos originarios. La aplastaron, masacraron, esclavizaron…
P. ¿Genocidio?
R. Es que es un hecho probado que hubo genocidio en Latinoamérica. Aquí se eliminó con la espada y con la cruz. Y también se explotó la naturaleza, nuestros recursos naturales. Y los siguen extrayendo como sanguijuelas. Las multinacionales, ¿de dónde vienen? De España, de Estados Unidos…
P. ¿Qué tipo de izquierda latinoamericana la identifica? ¿La de Dilma Rousseff, Hugo Chávez, Cristina Fernández o Fidel Castro?
R. De todas hay que sacar elementos, porque tienen sus particularidades según su desarrollo histórico y realidad política. Pero me gusta mucho lo que está haciendo Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia y José Mujica en Uruguay.
P. ¿Haría campaña por una eventual reelección de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, dado que el Partido Comunista podría hacer una alianza con la Concertación?
R. Jamás estaría dispuesta a hacer campaña por Bachelet ni a llamar a los jóvenes a votar por ella. Nadie me asegura que su programa sea representativo de las ideas que el movimiento estudiantil ha planteado. Y yo no recibo órdenes del partido. Todo pasa, finalmente, por una decisión personal. A mí nadie me va a obligar.
P. ¿Cómo va a evolucionar el movimiento estudiantil en Chile?
R. Este movimiento es el puntapié inicial de un proceso social por el cual seguiremos trabajando. Queremos conseguir reformas estructurales en el sistema educativo, pero también la construcción de un país con mayores derechos y garantías por parte del Estado. La extinción del movimiento estudiantil no es una posibilidad.
EL PAIS.COM
Aclaración a entrevista del diario El País
En la edición electrónica del diario español El País, con fecha 15 de Enero, fue publicada una entrevista que me realizó la cual ha sido replicada por diversos medios nacionales. Al respecto, me gustaría hacer un par de aclaraciones y reflexiones sobre algunos de los contenidos de ésta.
El formato de una parte de la entrevista da cuenta de cierto tono de dureza que no se condice con la intención de mis palabras. Pues para ser objetivos, a la fecha, los comunistas no hemos definido nuestro candidato presidencial y nuestra apuesta es que dicha decisión pase por todas las fuerzas políticas y sociales de oposición que están dispuestas a avanzar a un cambio profundo del modelo económico y político del país.
La candidatura que provenga del mundo e historia de la Concertación, cuenta con la justa deslegitimación por parte de un sector social mayoritario dada la profundización al modelo de desarrollo neoliberal a la cual se abocó esta coalición, apostando a la desmovilización y a la descomposición del tejido social.
Para nosotros, no es una opción viable dar un apoyo a las mismas ideas que administraron el sistema por 20 años.
Lo que hoy busca nuestro Partido y propone al conjunto de la sociedad chilena, es la conformación de un Gobierno de Nuevo tipo que represente fielmente los intereses del mundo social donde los ejes estarán en temas como la educación pública gratuita y de calidad, el fin al lucro, nueva Constitución, una nueva ley electoral y reforma al binominal, plebiscito, reforma tributaria y nacionalización del cobre y el agua, entre otros elementos que permitan avanzar hacia una sociedad donde se garanticen derechos sociales universales, se ensanche y profundice la democracia y se pueda convivir en mayor armonía con el medio ambiente.
En otras palabras, no habrá apoyo a candidatura alguna que no se comprometa con un programa serio, que refleje los cambios políticos y económicos que la sociedad chilena está demandando y que pasan por transformar el actual modelo.
El próximo candidato deberá representar fielmente las demandas que han emergido durante este periodo donde la ciudadanía ha despertado.
Nuestra propuesta es un Gobierno que sustente su gobernabilidad en un mundo social organizado y no en meros equilibrios parlamentarios. Y eso, junto con el carácter explícito anti-neoliberal, son aspectos que los comunistas impulsaremos a la hora de proponer una alternativa de Gobierno.
Finalmente, me gustaría poner énfasis en que los comunistas elegiremos nuestro candidato presidencial, de la misma manera en que tomamos nuestras decisiones: luego de un proceso intenso de discusión programática y de forma colectiva, donde cada integrante de nuestro Partido se hará partícipe del debate y la toma de dicha decisión.
De esta manera, específico, mi candidato presidencial será aquél que como colectividad acordemos con miras a un mayor bienestar social y a un gobierno de mayor justicia e igualdad social.
Demás está decir que, la discusión presidencial, es sumamente apresurada, dada las importantísimas responsabilidades que tiene el mundo social y las fuerzas de izquierda este 2012: proyectar las movilizaciones y las demandas que emergieron del despertar del 2011 y desplazar a la derecha de los municipios, apostando por darle un nuevo carácter a los gobierno locales, fomentando la participación ciudadana, mejorando el acceso a los derechos sociales, construyendo municipios modernos, cercanos a las necesidades de los vecinos y que fomenten la organización social.
Tratar de presionar a los dirigentes sociales, estudiantiles o a la ciudadanía en general a definir una postura en torno a una figura carente aún de contenido programático es inoportuno y un vicio por lo demás, de esta añeja forma de hacer política.
Radio Cooperativa.cl
Encuesta CEP (Diciembre, 2011): apoyo a Piñera cae a sólo 23%; rechazo crece a un 62%; desconfianza sube al 69% …
Histórica caída: Solo un 23% aprueba a Piñera

El Presidente cierra 2011 con el índice de popularidad más bajo de los últimos 21 años, luego de sufrir un nuevo descenso en la encuesta CEP. Un 62% de los consultados rechaza su gestión y un 69% no le tiene confianza. Las coaliciones políticas también continúan a la baja. Revise acá todos los detalles del sondeo.
Una nueva caída tuvo la popularidad del Presidente Sebastián Piñera, de acuerdo a la encuesta noviembre-diciembre del Centro de Estudios Públicos (CEP), cuyos resultados fueron entregados este jueves.
El mandatario tiene un 23% de aprobación, tres puntos porcentuales menos que lo obtenido en el sondeo de junio-julio, período en que ya había registrado el índice más bajo desde el retorno de la democracia.
Mientras, el rechazo subió en esta ocasión desde el 53% al 62%.
En cuanto a los atributos de Piñera, apenas el 17% de las personas lo considera “cercano”. Por el contrario, un 77% lo siente “lejano” y el 69% dice no sentir confianza en él. Además, el 73% opina que el jefe de Estado actúa con debilidad y el 72% piensa que lo hace sin destreza ni habilidad.
En cuanto a la aprobación de las coaliciones políticas, también hay caídas. La Alianza alcanza un 20%, cuatro puntos menos que en la encuesta anterior, mientras la Concertación desciende un punto hasta el 16%.
En tanto, la reprobación al oficialismo se empina en nueve puntos hasta el 55%, así como el rechazo a la Concertación sube ocho puntos, al 54%.
De acuerdo a la encuesta CEP, la figura más relevante de la oposición es Michelle Bachelet, que se mantiene en un 38% de las preferencias. En lugares secundarios quedan Carolina Tohá, Ricardo Lagos Escobar, su hijo Ricardo Lagos Weber, Marco Enríquez-Ominami, Andrés Velasco y Andrés Zaldívar, todos entre uno y dos por ciento. El 18% se inclina por la opción “ninguno” y el 30% no sabe o no contesta.
En tanto, el ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, es la figura más importante del oficialismo, con un 20%, seis puntos menos que en junio-julio. Más atrás aparecen Andrés Allamand (5%), Pablo Longueira (4%), Rodrigo Hinzpeter (3%), Evelyn Matthei (3%) y Joaquín Lavín (2%). En este caso, la opción “ninguno” llega al 22% y el 33% no sabe o no contesta.
Bachelet encabeza figuras políticas
Entre las figuras políticas, Michelle Bachelet es la que obtiene mayor aprobación con un 82%, tres puntos más que en el último sondeo. En segundo lugar está el ministro Laurence Golborne, quien cae cinco puntos hasta el 66%.
En tercer lugar queda el ex ministro Andrés Velasco, con un 47%, y en la cuarta ubicación destaca con un 44% la vicepresidenta de la FECH, Camila Vallejo, quien por primera vez fue incluida entre las opciones.
Luego, también figuran la senadora Soledad Alvear, el ex presidente Ricardo Lagos y Marco Enríquez-Ominami, todos con un 43%. También aparecen los ministros Andrés Allamand y Evelyn Matthei, junto a Carolina Tohá (42%); el ministro Luciano Cruz-Coke (40%), el senador Ricardo Lagos Weber (39%), el ministro Joaquín Lavín (35%), el senador Ignacio Walker (32%), el alcalde Pablo Zalaquett y el ministro Rodrigo Hinzpeter (30%).
Mayoritario rechazo al binominal
Los resultados entregados hoy revelaron también que el 60% de los encuestados considera que el sistema binominal debe cambiarse, un 17% piensa que hay que mantenerlo y el 23% no sabe o no contesta.
Del mismo modo, un 49% de las personas consultadas califica como “regular” el funcionamiento de la democracia y un 29% considera que es “malo o muy malo”. Solo un 16% la evalúa “bien o muy bien”.
En ambos puntos, de acuerdo al CEP, hay una evaluación más crítica de la población con respecto al año 2010.
Educación y marchas
Uno de los temas por los que consultó la encuesta CEP fue educación. En este ámbito, un 52% de las personas opina que las universidades estatales deben ser gratuitas para los alumnos de pocos recursos y un 42% considera que no deberían tener costo para todos los estudiantes. Apenas el 1% cree que no deben ser gratuitas.
En tanto, un 75% cree que se debe hacer cumplir la ley respecto a las universidades con fines de lucro; un 10% opta por modificar la ley y permitir las ganancias; y un 7% prefiere dejar las cosas como están.
Del mismo modo, el 65% expresa que el Gobierno debe autorizar las marchas estudiantiles, contra un 32% que opina lo contrario. En la misma línea, el 62% está de acuerdo con las marchas como forma de protesta.
No obstante, el 61% de los encuestados está en desacuerdo con las tomas de colegios y universidades y el 79% rechaza las marchas en lugares no autorizados.
En el mismo tema, el Gobierno es sindicado como el principal responsable por la ausencia de acuerdos (46%). Más atrás aparecen los estudiantes (22%) y la opción “los dos por igual” (30%).
El detalle de los resultados se puede consultar acá.
CEP: el invierno interminable del Gobierno
Profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Los analistas políticos tienen una teoría: cuando comienza la primavera el ánimo de la ciudadanía cambia para mejor y con ello mejoran las cifras de aprobación a los gobiernos. El caso chileno, según la encuesta CEP conocida ayer, desmiente la tesis. En un verdadero jueves negro para La Moneda, la administración de Sebastián Piñera tocó fondo y exhibió una paupérrima adhesión de 23%, puntos menos de lo que había obtenido en la misma medición de mediados de año.
Según Adimark el gobierno había logrado quebrar la tendencia a la baja –que registró agosto de 2011 como el peor mes- estabilizándose al alza en torno a los 35 puntos de aprobación. La CEP contradice esa versión, generando un desacuerdo evidente que debe tener a los asesores de Palacio buscando desesperadamente una explicación. Cuando los ánimos internos parecían recomponerse, la CEP de noviembre/diciembre es un balde de vidrio molido sobre las expectativas del oficialismo.
Ofrezco dos interpretaciones.
Primero, la idea de consolidar el voto duro ha fracasado como estrategia. La razón es sencilla: durante el 2011 Chile se ha ido alejando progresivamente de los ejes que identifican a la derecha más pura. Ante la pregunta “¿con cuál posición política más se identifica usted?” la respuesta arrojó un 14%, el índice más bajo de este sector a lo largo de 21 años de democracia. Quienes creyeron que endureciendo el discurso recuperaban la base histórica de apoyo no leyeron esta transformación estructural del panorama político chileno. Es probable incluso que el homenaje a Krassnoff (realizado en el corazón del trabajo de campo de la CEP) haya salpicado a una administración que ha hecho poco para distanciarse de sus símbolos del pasado y ha sido negligente en la configuración de una derecha moderna capaz de capturar el centro. Los avances evidentes (postnatal extendido, eliminación 7% jubilados, salario familiar) todavía no han sido capitalizados.
Segundo, que salta a la vista el rechazo a todo tipo de institución que encarne algún tipo de autoridad, verticalidad, jerarquía o tradicionalismo. Cae la confianza en las FF.AA. y Carabineros. Caen los diarios, la televisión y los medios de comunicación. Sigue la caída libre de la Iglesia Católica y ahora también la Evangélica. Caen la municipalidades y obviamente el gobierno central. Caen los Tribunales y el Ministerio Público. Caen incluso los sindicatos. Caen, por supuesto, el Congreso, los Partidos Políticos y la Empresa Privada. Esto no puede ser casualidad. Todas estas instituciones encarnan algún tipo de poder –militar, moral, político, burocrático, social, económico- contra el cual hay motivos para justificar un sentimiento de rebelión. Piñera es la víctima más visible, pero este fenómeno es mucho más complejo y expresa la vigorosidad de un país distinto que crece incómodo al amparo de reglas del juego gravemente deslegitimadas.
En cierto sentido, las dos interpretaciones están relacionadas. Es precisamente la derecha la que auspicia el fortalecimiento de instituciones que históricamente en Chile han reflejado distribuciones muy asimétricas del poder disponible. Su sostén cultural se confunde con el mismo grupo que abusa de sus posiciones de privilegio y se resiste a emparejar la cancha. Por eso se hacen tan atractivos los liderazgos que amenazan el statu quo y parecen correr por fuera de las estructuras tradicionales.
Esta es también la razón por la cual el libreto del gobierno de Piñera debe sufrir alteraciones significativas. Las reformas políticas y tributarias pendientes son una oportunidad, pero también un laberinto. Si Piñera descansa en la centroizquierda para profundizar la democracia y la equidad encontrará fuertes resistencias en la derecha conservadora que hegemoniza su sector. ¿Podrá enfrentarlos con éxito, sabiendo que tampoco recibirá cariño alguno desde la oposición?
El escenario de crisis económica internacional, vaya paradoja, podría servir de respiro. La popularidad de Bachelet es testimonio de que los chilenos premian a los gobiernos que protegen a los grupos más vulnerables frente a las convulsiones del mercado. Por lo mismo el Presidente ha moderado las expectativas respecto del futuro: sabe que los adversarios externos contribuyen a la unidad interna. En cualquier caso, este se está transformando para Piñera y sus colaboradores en un invierno implacable que se resiste a terminar.
EL MOSTRADOR
Chile: contra la desigualdad (Velasco, Larroulet y compañía)…
El pasado 1° de diciembre, Andrés Velasco, ex ministro de Hacienda y actual precandidato presidencial, lanzó su libro “Contra la Desigualdad: el empleo es la clave“. Allí desarrolla in extenso la tesis, no muy novedosa, de que para disminuir la desigualdad la clave es aumentar la tasa de ocupación. Es decir, generar más y más puestos de trabajo.
No tardó mucho para que desde el actual Gobierno, las autoridades saludasen la propuesta y sacasen – de nuevo – a relucir la copiosa creación de puestos de trabajo de la administración Piñera.
Así, el argumento planteado por Velasco fue defendido (entre otros) por Cristián Larroulet, Ministro Secretario General de la Presidencia, por Hernán Larraín, senador UDI y por Luis Larraín, Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo. Más empleo = menos desigualdad suena también muy similar a la vieja teoría del chorreo económico, – planteada en 1955 por Simon Kuznets -que sostiene que hay una parte del crecimiento económico que se rebalsará hacia la población vía puestos de trabajo y que, como consecuencia de ello, mejorará la distribución de ingresos.
Lamentablemente, no por repetir mucho una frase, esta se vuelve verdad. Y eso ocurre con esta idea.
En los últimos 20 años en Chile se ha generado más empleo, sin embargo ello no se ha traducido en una mejora en los indicadores de desigualdad. De hecho, durante los últimos 20 meses se han creado 570 mil nuevos puestos de trabajo, la mayoría de muy mala calidad: el 55% es trabajo por cuenta propia (la mayoría de tiempo parcial y baja calificación), familiar no remunerado, personal de servicio doméstico o microempresarios que tienen menos de 5 trabajadores. El 45% restante es trabajo asalariado, pero correspondiente en un 100% a empresas contratistas o subcontratistas.Es importante dejar claro en el debate público que la mala calidad del trabajo anula cualquier efecto positivo que podría tener la creación de empleo sobre la distribución de ingresos. De hecho, tomando las 34 comunas del Gran Santiago, entre junio de 2010 y junio de 2011, habiéndose creado más de 97 mil empleos (según INE, ó 73 mil según U. Chile), la desigualdad en la distribución de ingresos -asociados al trabajo- empeoró en un 32%: el 10% más rico aumentó la brecha respecto al 10% más pobre en un cerca de 1/3. (cálculos Fundación SOL, en base a Encuesta de Empleo y Desempleo Universidad de Chile e INE).
Por otro lado, si bien existen países como los nórdicos, que han logrado la combinación perfecta de altas tasas de empleo (esto es, una gran cantidad de personas trabajando) y bajos niveles de desigualdad, también es cierto que existen muchísimos países de África Subsahariana que, con tasas de empleo y participación inclusive mayores que los escandinavos (pues gran parte de los trabajos son precarios, como lo que está pasando en Chile), siguen subsumidos en la desigualdad. Basta con ver las tasas de ocupación de Angola (64,4%), Ruanda (85,3%), Etiopía (79,5%) y Sierra Leona (65,3%) Todos ellos son países pobres y desiguales, pero altamente participativos en términos de tasas de ocupación, inclusive más que la de los países escandinavos: Noruega (63,5%), Dinamarca (59,8%), Finlandia (55,2%) y Suecia (58,4%). (Datos tomados de Key Indicators of the Labour Market de la OIT de 2010 KILM-OIT).
Estos casos muestran que, contra lo planteado por Velasco, Larroulet y compañía, “contra la desigualdad” el empleo por sí solo, no es la clave. ¿Por qué?
Parte importante de la respuesta tiene que ver con otros conductores de la desigualdad, que necesariamente deben ponerse en la balanza (informe “Growing Unequal (2008)” de la OECD). Uno de ellos es el poder de negociación que tienen los trabajadores. Descuidar la distribución inducida por sindicatos y negociación colectiva, puede no solamente esterilizar lo que se logre con más empleos, sino también empeorar la distribución, como ha ocurrido en los últimos años en Chile, donde se han generado empleos, el país ha crecido económicamente, pero la desigualdad no ha mejorado.
La importancia de estos factores queda en evidencia al responder la siguiente pregunta ¿quién gana cuando aumenta el ingreso promedio? Tomando los datos de Estados Unidos, Emmanuel Sáez de la Universidad de California, concluye que para el período 2000-2007, el 100% del crecimiento de los ingresos de ese país cayó en bolsillos del 10% más rico. Replicando la metodología de Sáez, y haciendo uso de la encuesta Casen, tenemos que, durante el período 2000-2006 -al igual que en Estados Unidos- en Chile todo el crecimiento de los ingresos cayó en las manos del 10% más rico, en manos de la aristocracia trabajadora.
Esa realidad no se revierte sólo con más empleo.
Teóricamente suena lógico y didáctico plantear que si antes trabajaba una persona en la casa y ahora lo hacen dos, la distribución de ingresos tiene que mejorar: hay más ingresos en el hogar. Pero descuidar el “excedente productivo no remunerado” puede provocar que aún cuando trabajen dos personas, la distribución termine siendo igual, o incluso peor. Ello, como consecuencia de que las dos personas del tramo más rico se han adueñado de parte relevante de las remuneraciones que correspondían a las dos personas del tramo más pobre.
Así ocurre en Chile. En el período comprendido entre 1990 y 2009, nuestro país presenta una creciente disociación entre la productividad y las remuneraciones. En los últimos 20 años, si la productividad creció en un 90%, las remuneraciones solo lo hicieron en un 20% (tomando datos de la Encuesta Suplementaria de Ingresos del INE y para productividad datos del Banco Central de Chile). Esta brecha es el “excedente productivo no remunerado”, la productividad que debiendo ser pagada al factor trabajo, fue apropiada por los empresarios abultando su tasa de ganancia.
Preocuparse primero de crecer y de la distribución después, ha sido un concepto equivocado que el propio Banco Mundial ya lo ha señalado.
Contra la desigualdad, un elemento clave es la negociación colectiva de alta cobertura, que aumente las remuneraciones y disminuya el excedente productivo no remunerado.
Un reciente estudio de la Fundación SOL, concluye que aumentar en 10 puntos porcentuales la sindicalización mejora el Gini en un 4,3% y que aumentar el grado de centralización de la negociación colectiva (el mismo que se degradó al mínimo durante la primera etapa de la dictadura, y nunca más se tocó), mejora la distribución de ingresos en un 7,1%. También muestra que hay distintas formas de organizar la negociación colectiva y que la que tenemos en Chile es la menos eficaz en términos de mejorar la distribución de ingresos. (Para más detalles, ver propuesta de Fundación SOL).
Crear y crear más puestos de empleo sin tener una solución sincera al imperfecto sistema de negociación, puede llevarnos al desastre que viven varios de los países del “Black Africa“: pleno empleo y enorme desigualdades. De hecho hoy avanzamos por esa senda siguiendo el lugar común que el ex ministro Velasco desempolva en su último libro.
Contra la desigualdad: Velasco, Larroulet y compañía – El Mostrador.
Chile: la Concertación y la Oposición en la vía del suicidio político… E.A.
Eduardo Aquevedo, Sociólogo y Economista
A menos que todo ocurra en el más completo misterio, las fuerzas de la oposición “realmente existente” en Chile siguen cavando su propia tumba.
En un año en que ya los problemas no pueden más esconderse bajo la alfombra ni eludirse responsabilidades de parte de ningún sector, no surge ni parece en vias de construcción una alternativa frente al gobierno de los empresarios y de las transnacionales que nos rige. La educación emergió en el 2011 como un problema central de las preocupaciones ciudadanas, que llegó para instalarse durablemente en la conciencia púbica y con una manifestación social activa y constante. Pero ésta, por importantísima que sea, es sólo la punta del iceberg. Lo que este movimiento cuestiona y desligitima profundamente es el modelo social y económico chileno heredado por la dictadura y remendado superficialmente por la Concertación, digan lo que digan sus mentores. Ello fue evidenciado y constatado con indisimulada preocupación por la “flor y nata” del empresariado chileno reunido en el reciente encuentro de ENADE y en diversos otros foros empresariales y políticos. Por otro lado, las diversas encuestas constatan ese hecho regularmente, como ya lo mencionó en ENADE con datos duros el director de Adimark, Roberto Méndez, amigo personal del Presidente Piñera.
Pues bien, tanta evidencia acerca del problema de fondo que quedó en sólida evidencia durante el año 2011, acicateado por un poderoso movimiento estudiantil y una protesta social que alcanzó las dimensiones del más importante “estallido social” registrado en la post dictadura, no es asumida ni por el Gobierno ni por una heterogénea y débil Oposición. Que el Gobierno no lo asuma no es incomprensible, dadas sus congenitales ataduras con los gestores originarios del modelo neoliberal dominante, los Buchi y demás próceres guardianes del templo mercantil, organizados principalmente en la UDI. Esta es sin duda una barrera infranqueable para soñar en una modificación importante del modelo educacional y socio-económico imperante. De modo que no pidamos “peras al horno”.
El Gobierno de Piñera esta maniatado a esa ortodoxia y lo máximo que puede conceder son cambios marginales, secundarios, que no afecten el modelo de mercado. Becas hasta cierto límite (60% máximo para segmentos más precarios), bajas de tasas de interés para los créditos, superintendencia para vigilar a medias el cumplimiento de una ley que proscribe el lucro en la educación superior, y algunas medidas más de tipo cosmético que no rozan los temas de fondo. Por ejemplo, nada de aportes basales que romperían con la lógica brutal del autofinanciamiento de las instituciones, ni aportes extraordinarios para revitalizar el sistema público primario y secundario, ni tampoco crear un segmento público importante en el ámbito de la educación técnica controlada por empresarios privados, etc. Es decir, ni educación pública de calidad, ni gratuidad de acceso al sistema, ni fin al lucro en la educación, esto es, nada con lo esencial de las demandas estudiantiles y ciudadanas. De modo pues que si alguien espera que el gobierno actual pudiera ceder en temas esenciales merced a las protestas sociales y a la pérdida de apoyo público (35% actualmente de respaldo al Gobierno según Adimarx, y apoyo de más del 70% a las demandas estudiantiles), puede quedarse sentado esperando un milagro que nunca llegará.
Pero que la Oposición y la Concertación no construyan aún un acuerdo claro y coherente para enfrentar y responder con una propuesta global, sistémica, de real centro-izquierda, que asuma la profunda demanda social existente, de ruptura con el modelo no sólo educacional (lo que ya pasa a ser lo mínimo y más urgente) sino, simultáneamente, con el modelo social y económico imperante, es total ceguera política o brutal síndrome suicida, que les seguirá distanciando de la reivindicación y apoyo ciudadanos. Ello sólo pavimenta la segura perpetuación en el poder político y socio-económico total a la ultraderecha.
Una Propuesta global, sistémica, implica no sólo una reforma educacional profunda, sino también reforma de la salud, del sistema previsional, del mercado laboral dominado por la precariedad más ignominiosa, política reindustrializadora de segunda generación que supere el modelo primario-exportador existente, con instauración progresiva de un poderoso sector público y de regulaciones estrictas que sirvan de motor de esos cambios indispensables, donde una reforma tributaria progresiva “en serio” (que recaude al menos el 25% respecto al PIB) de sustento sólido a dichos cambios estructurales.
Pero junto con esas reformas socio-económicas, se trata también de generar una nueva institucionalidad política, fin al binominal, sistema plebiscitario para zanjar los grandes desacuerdos entre la ciudadanía y el poder político vigente; en fin, término radical de todos los enclaves autoritarios y antidemocráticos heredados de la dictadura, que implica en definitiva una nueva Constitución. En el fondo se trata de promover una profunda reforma democrática, que avance resueltamente hacia el fin de una sociedad marcada profunda y estructuralmente por la desigualdad y la exclusión en todos los ámbitos.
Como se observa, se trata nada más y nada menos que de reivindicaciones rigurosamente democráticas, pero que suenan “revolucionarias” en el contexto de una sociedad fragmentada, desigual y antidemocrática como la nuestra. Romper con el paradigma neoliberal dominante no tiene pues, necesariamente, nada de “socialista”, ni implica tampoco copiar modelos supuestamente de “izquierda” latinoamericanos con dudosas perspectivas, sino asumir un realista y probado paradigma alternativo de “socio-economía mixta” y de democratización efectiva como ya existe en el norte de Europa con innegable éxito (donde, por ejemplo, existe ya desde hace décadas educación pública gratuita y de la más alta calidad a escala internacional, con son los casos de Finlandia, Noruega o Suecia, por citar algunos de ellos).
Si la oposición no es capaz de asumir ese programa democrático básico reivindicado ya por la sociedad, será condenada y barrida por la historia, además de derrotada irremediablemente por una derecha en el poder de la cual teme aún diferenciarse claramente. Temor que no es infundado, dados los importantes compromisos e intereses que atan también a influyentes sectores de la Concertación con el modelo de mercado, especialmente en la DC y otros partidos, tanto en el negocio de la educación, la salud, las AFP, las hidroeléctricas, las Forestales, el transporte privado, etc.
El problema es si las organizaciones políticas opositoras serán capaces de “operarse” de esas influencias “fácticas”, económicas e ideológicas, e imponer una gran reforma en sus propios partidos, rompiendo así con el modelo de mercado y edificando en un plazo breve un verdadero programa alternativo, o si deciden de hecho el suicidio político definitivo.
Chile: Estudio Unesco señala que sistema educativo chileno fomenta la desigualdad y la exclusión…
La investigación enfatiza además que “la gestión educativa sale de las manos del Estado, por lo que en realidad se está en presencia de una delegación impropia de las obligaciones establecidas en el derecho internacional de los derechos humanos”.
por La Tercera – 05/12/2011 – 13:07
“EL CASO DE ARGENTINA, URUGUAY Y FINLANDIA
La investigación muestra que las legislaciones de Argentina y Uruguay son muy explicitas en restringir cualquier posibilidad de mercantilizar la educación, incluso prohibiendo la suscripción de tratados internacionales que faciliten que la educación sea tratada como un bien de consumo.
En el caso de Argentina, su Carta Magna establece en el máximo rango jerárquico una responsabilidad estatal amplia, que incluye las funciones de planificación, organización, supervisión y financiamiento de la educación, mientras que en los demás países, estas cuestiones son reservadas a la ley ordinaria.
Por su parte, la Constitución chilena enfatiza la protección del derecho preferente de los padres de educar a sus hijos e hijas, mientras que la finlandesa otorga garantía de oportunidades educativas y la uruguaya acentúa la utilidad pública de la educación.
Es decir, en Chile la ley deposita en los padres y las comunidades un alto nivel de responsabilidad en términos de asegurar la educación, impedir la discriminación u ofrecer una educación de calidad, en desmedro del rol del Estado que debiera ser el garante de este derecho”.
“En el caso de Chile, llama la atención el portentoso mecanismo de subvenciones, indicativo de la existencia de un sistema escolar complicado en su institucionalidad y en su funcionamiento, que pareciera obedecer a tutelar, preferentemente, la libertad de enseñanza antes que a garantizar el derecho a la educación”, es una de las principales conclusiones del estudio realizado por la Oficina de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago), con el fin de contribuir a entender los desafíos y oportunidades que existen en materia educativo.
El estudio comparativo realizado entre las legislaciones educacionales de Argentina, Uruguay, Finlandia y Chile por el ex Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la educación (2004-2010) y miembro del Consejo Deliberativo del Fondo Regional de la Sociedad Civil para la Educación, Vernor Muñoz, reveló que “el sistema que caracteriza la educación chilena está orientado por procesos de privatización, que tienden a causar segmentación, exclusión, discriminación y desencadenar mecanismos selectivos”.
Respecto a esto último, Muñoz sostuvo que “no hay duda de que las pruebas de admisión establecen criterios y efectos de diferenciación, que en la práctica conducen a la selectividad y probablemente a la estigmatización”.
La investigación destaca, por otra parte, que en el tema de becas y subvenciones el sistema chileno “protege y beneficia a la iniciativa privada, excluyendo el concepto de educación como un bien público”. Es por ello, que las controversias relativas a este sistema, “giran en torno a consideraciones económicas, apartándose del significado y propósito del derecho a la educación.”.
En ese sentido, se afirma que en Chile, “la gestión educativa sale de las manos del Estado, por lo que en realidad se está en presencia de una delegación impropia de las obligaciones establecidas en el derecho internacional de los derechos humanos”
Por esta razón es que el estudio recuerda los tratados internacionales firmados por Chile, en particular el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que obliga a los estados en su artículo 2º, a tomar medidas “inmediatas y no postergables” para lograr gradualmente la gratuidad en la educación secundaria y universitaria.
Porque si bien una de las conclusiones del texto es que la crisis educativa está relacionada a problemas que comparten estos países, como son las dificultades en la asignación presupuestaria, la mala calidad, la discriminación y la mercantilización de la educación, esta trasgresión es tan variada que interpela, desafía e invita a un nuevo orden.
Chile sigue siendo el país de la OCDE con mayor desigualdad…
Un estudio dado a conocer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico señala sin embargo que el país, junto a México y España, integran un pequeño grupo de naciones que en el último cuarto de siglo ha logrado revertir la tendencia.

El coeficiente Gini de Chile – la desigualdad más alta entre los países de la OCDE
15-Abril-2011
Chile tiene el coeficiente Gini más alto entre los países de la OCDE, lo que significa la desigualdad más alta. En segundo lugar está México con un coeficiente de Gini de 0.48. Mientras la desigualdad creció en México desde mediados de los 80s hasta finales del 2000, Chile la ha reducido considerablemente. La República Checa, Suecia y Finlandia son los países de la OCDE en que más aumentó la desigualdad durante esta época. Sin embargo todavía pertenecen a los países con más igualdad en cuanto a la distribución del ingreso.
Aunque la pobreza relativa también disminuyó en Chile, todavía es muy alta. Sólo en Israel y México es mayor. Aproximadamente una de cada 5 personas es pobre en México y Chile, mientras el promedio de la OCDE es una de cada 10. Además el 38% de los chilenos reporta que le es difícil vivir de sus ingresos actuales, un porcentaje muy por encima de la media de la OCDE de 24%. Relacionado con la alta tasa de pobreza y la distribución inequitativa del ingreso es el nivel de confianza en las demás personas; el 87% de los chilenos y el 74% de los mexicanos sospechan de la gente. Con estas cifras ambos países se encuentran significativamente por arriba del promedio de la OCDE de 41%.

Fuente: http://statlinks.oecdcode.org/812011041P1G024.XLS
http://www.oecd.org/social
www.oecd.org/els/social/indicators/SAG
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Las desigualdades de ingresos en la OCDE han subido a los niveles más elevados de las últimas décadas por efecto de una mayor fractura del mercado de trabajo en parte por la globalización, según la organización, que advierte de una tendencia “políticamente explosiva” en particular con la crisis actual.
“La desigualdad está en su nivel más elevado del último medio siglo”, señaló el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en la presentación a la prensa de un estudio sobre la cuestión que contiene datos de la evolución entre mediados de los años 80 y finales de la pasada década.
El 10 % de la población más rica en el conjunto de la OCDE recibía unas nueve veces más ingresos que el 10 % más pobre al terminar la pasada década, mientras que a mediados de los ochenta la diferencia era de unas siete veces.
En ese periodo, el agravamiento de las desigualdades ha sido bastante generalizado, en concreto en 24 de los 33 miembros del conocido como el “Club de los países desarrollados”, y sucedió en Estados de tradición más igualitaria como Alemania, Dinamarca o Suecia.
En esos la diferencia entre el 10 % más rico y el 10 % más pobre pasó de cinco a seis veces.
Mucho mayor era la brecha en Estados Unidos, con unas quince veces más ingresos en un grupo que en el otro. En este país, el 1 % más rico pasó de acaparar casi el 8 % de los ingresos en 1979 al 17 % en 2007, mientras en el otro extremo el 20 % más pobre redujo su parte en el pastel del 7 % al 5 %.
Las mayores desigualdades dentro de la OCDE, en cualquier caso, se constataron en Chile, con 27 veces más de ingresos para el 10 % más privilegiado que para el 10 % más mísero. En México la diferencia era de unas 25 veces.
Sin embargo, estos fueron dos de los pocos países que redujeron esas fracturas durante el último cuarto de siglo, y en ese mismo grupo se encuentra España, donde el diferencial se situaba en 2008 en unas once veces.
Fuera de la organización, los extremos estaban todavía más alejados en ciertos países emergentes y un ejemplo presentado en el informe es el de Brasil, con unos ingresos superiores en 50 veces para los más favorecidos, y eso pese a que allí la brecha también se ha acortado.
Aunque todavía no hay datos concretos y comparables de todos los países para los años de la crisis, la OCDE ha constatado en una docena de ellos que en un primer momento durante 2009 y 2010 las diferencias no se agravaron sobre todo por el bajón de los ingresos financieros.
El director del departamento de empleo y asuntos sociales de la OCDE, John Martin, puso el acento en que “encontrar un empleo es la mejor forma de salir de la pobreza”, y por eso lo más prometedor es promover la entrada en el mercado de trabajo de los grupos que tienen una menor representatividad.
Pero Martin reconoció que eso no basta para salir de la dinámica de la desigualdad, puesto que luego “hay que dar perspectivas de carrera”.
Gurría hizo hincapié en que “la redistribución de los ingresos debe estar en el centro de gravedad de una gobernanza responsable” no sólo por cuestiones éticas sino también “por razones económicas”.
Defendió un aumento de la fiscalidad para los más ricos, pero poniendo el acento en el 1 % con los recursos más elevados o incluso en un porcentaje inferior, porque a su juicio ahí “hay margen”, y dijo que en muchos casos su nivel de impuestos es relativamente menor que el de otros grupos de población.
Y a la cuestión de si eso no favorecería la evasión fiscal, replicó que hay mecanismos para combatir ese fenómeno, y aludió a la acción de la OCDE contra los paraísos fiscales, en el marco del Foro Global sobre la Transparencia Financiera a cuya supervisión han aceptado someterse un centenar de jurisdicciones.
Pero no quiso entrar en el debate de la conveniencia de una tasa sobre las transacciones financieras, sobre la que hay fuertes divergencias en el seno de la OCDE.
Encuesta Adimark (Noviembre 2011): Piñera aumenta apoyo (de 31 a 35%) y demandas estudiantiles también (de 67 a 71%)…
Evaluación de Gobierno Noviembre

Presidente Piñera aumenta su nivel de aprobación llegando a un 35%. Su desaprobación cae a 60%.
Puntos salientes encuesta noviembre 2011.
• Presidente Piñera aumenta su nivel de aprobación llegando a un 35%. Su desaprobación cae a 60%. El cambio con respecto al mes anterior resulta estadísticamente significativo.
• La aprobación del Gobierno también mejora y se posiciona en 33%.
• En áreas de gestión, las áreas mejor evaluadas son Relaciones Internacionales (70%), Empleo (47%), y Economía (42%). Importante alza experimenta el área de Salud (42%). Delincuencia (18%) se mantiene en el último lugar, como el área peor evaluada.
• Los ministros Allamand (Defensa) y Schmidt (Sernam) son los mejor evaluados de Gabinete, ambos con 79% de aprobación. Mañalich (Salud) sube 9 puntos y llega a 52% de aprobación.
• Un 71% está de acuerdo con las demandas de los estudiantes, pero un 54% desaprueba la forma en que se están movilizando. (Ambas cifras sin cambio respecto al mes anterior).
Comentario
El mes de noviembre estuvo marcado por el conflicto estudiantil, que completa ya 7 meses de manifestaciones públicas y tomas de establecimientos educacionales. Sin embargo, en el mes recién terminado hubo menos manifestaciones que en los meses anteriores y parte de la discusión se trasladó al Congreso con motivo del trámite de aprobación del presupuesto. En este contexto, el presidente Piñera logra mejorar su nivel de aprobación al 35% (desde 31% en octubre) y disminuir la desaprobación al 60% (63% en octubre). Con este resultado, el presidente logra un repunte de 8 puntos desde agosto pasado mes en que su aprobación alcanzó un mínimo de 27% en esta serie.
Las razones de esta mejora relativa son atribuibles a tres aspectos. El primero, es que las negociaciones del conflicto estudiantil se trasladaron al congreso, bajo el marco de la discusión del presupuesto 2012, creándose expectativas de una eventual solución. Junto a ello, en noviembre el movimiento estudiantil disminuyó su caudal de manifestaciones públicas.
Un segundo punto es el estado actual de la economía, la que parece ir mejorando en las apreciaciones. Progresivamente ha aumentado la aprobación del “Empleo” y de la “marcha de la economía”, esto a pesar del incierto panorama económico internacional.
El tercer punto para explicar la mejoría relativa de este mes, está centrado en Salud y en el cumplimiento de la promesa de campaña de la eliminación de las listas de esperas del Plan Auge. Esto se deduce de la significativa mejora que experimenta el ministro del área, Mañalich, 9 puntos en este mismo mes y la evaluación específica de esta área de gestión.
Por segmentos, se aprecia un repunte del presidente entre las mujeres, segmento donde llega a 38% de aprobación (disminuye a 31% entre los hombres) y entre los adultos mayores, grupo en el que logra un 43% de aprobación (era 37% en octubre). Estos resultados probablemente deban asociarse a las políticas públicas recientemente aprobadas que, justamente, benefician a estos sectores (Extensión del postnatal y eliminación del 7% de salud para jubilados).
En regiones, la aprobación del mandatario también presenta una mejoría en desmedro de Santiago. Un 39% aprueba la gestión del presidente en regiones, mientras que en la región metropolitana se mantiene en 28%. La magnitud de la brecha es evidente.
Áreas de Gestión
Las “relaciones internacionales” se mantienen como la mejor evaluada con 70% de aprobación. Luego, como mejor evaluadas, siguen dos áreas relacionadas a la actividad económica: El “empleo", que se ubica en segundo lugar con 47% de aprobación y con tendencia a mejorar (42% en octubre), seguido de la evaluación del manejo de “La Economía”, con 46% de aprobación.
La mayor alza del mes se registra en la evaluación de “La Salud”, área que sube 13 puntos, llegando al 42% de aprobación. (En septiembre marcaba sólo 29% de aprobación) Este cambio, sin duda debe relacionarse al anuncio de término de las listas de esperas del plan AUGE, hecho anunciado por el Ministro Mañalich en este mes.
El área de gestión peor evaluada es el “control de delincuencia” con sólo un 19% de aprobación, similar al resultado de octubre.
Evaluación Especial Conflicto Estudiantil
En su cuarto mes de medición, las posiciones frente al conflicto estudiantil no sufren mayores cambios respecto a la medición del último mes: Una mayoría apoya el fondo de las demandas de los estudiantes, pero también una mayoría rechaza la forma como se están manifestando estas demandas.
En noviembre un 71% esta “de acuerdo” con las demandas que han presentado los estudiantes, un alza de 4 puntos respecto a octubre pasado. Sin embargo, un 54% desaprueba la forma como los estudiantes están manifestando estas demandas.
La aprobación a la forma como el gobierno ha manejado el conflicto estudiantil es ampliamente criticada. En noviembre, sin embargo, se observa una leve mejoría. Un 25% aprueba la forma en que el gobierno ha manejado el conflicto, 4 puntos más que en octubre. En tanto, la desaprobación de esta gestión se mantiene en un 71%.
Evaluación del Gabinete
En cuanto a niveles de aprobación, los ministros Andrés Allamand y Carolina Schmidt se mantienen en el primer lugar de la lista, ambos con un 79% de aprobación. Ellos logran mantener estable en este mes sus positivas evaluaciones. Continúan la lista los ministros Cruz-Coke con 74%, seguido por Golborne con 73% de aprobación. La ministra Matthei alcanza en este mes el 70% de evaluaciones positivas.
En cuanto a cambios, mejora importante en noviembre logra el ministro Longueira con 63% de aprobación, subiendo 6 puntos respecto a octubre. Joaquín Lavín salta nueve puntos y llega al 59% de aprobación. Y por último el ministro Mañalich también salta 9 puntos (52% es ahora su evaluación positiva), después de anunciar el fin de las listas de espera Auge.
Evaluación de Instituciones y Coaliciones Políticas.
La evaluación de la ciudadanía de las coaliciones políticas sigue sin mejorar. La desaprobación de la Concertación se mantiene en 72% (17% la aprueba). Por su parte, un 60% desaprueba a la Coalición por el Cambio, mientras un 29% la aprueba. El trabajo del Senado y de la Cámara de diputados son desaprobados por más del 60% de la población.
Movimiento estudiantil y crisis política en Chile: Sergio Grez y Jocelyn-Holt…
¿Inasible malestar? Jocelyn-Holt o el desconcierto y terror de la casta oligárquica chilena
En su columna de opinión estipendiada por una de las cabezas del duopolio de la prensa escrita nacional, el ensayista y opinólogo Alfredo Jocelyn-Holt ha develado una vez más el fondo de su pensamiento sobre los movimientos sociales que desde hace varios meses han comenzado a cambiar la fisonomía del país (“Ese inasible malestar”, La Tercera, Santiago, 17.09.2011).
Tomando como ejemplo ciertas frases mañosamente entresacadas de declaraciones de Camila Vallejo, de un plenario de la CONFECH y de un reciente artículo de mi autoría (“Un nuevo amanecer de los movimientos sociales en Chile”, The Clinic, N°409, Santiago 01.09.2011), Jocelyn-H se centra en algunas metáforas que hacen alusión a la guerra para dar a entender el carácter prolongado y estratégico de determinados conflictos sociales (como la lucha por la Educación Pública), a fin de descalificar y tratar de “delirantes” algunas de nuestras propuestas. Particular irritación le provocan las proposiciones de renacionalización del cobre, convocatoria a una Asamblea Constituyente y refundación de la República de manera de superar la soberanía delegada y esencialmente nominal que ha imperado durante dos siglos en Chile, sustituyéndola por la soberanía efectiva de los pueblos que viven en este Estado-nación.
Su texto no merecería mayor atención si no fuera porque hay un trasfondo de peso: revela el sentir profundo de la clase dominante chilena, con la cual pretende identificarse Jocelyn-H. Durante estos últimos meses hemos asistido a numerosos berrinches histéricos como el suyo protagonizados por políticos de derecha, opinólogos, panelistas y periodistas de ciertos medios de prensa, especialmente de TV, que al igual que el personaje que nos distrae, no logran entender las causas, la profundidad ni los alcances del movimiento por la Educación Pública ni de otros movimientos sociales que han hecho eclosión durante el presente año. Desde Lavín a Zalaquett, pasando por Carlos Larraín, Sabat, Labbé y Jocelyn-H., la misma reacción, el mismo sentimiento de clase ha inspirado la reprobación de los movimientos sociales, en particular, el protagonizado por los estudiantes. Ninguno de estos y otros prohombres de la clase que dirige Chile desde la fundación de la República, comprende las causas profundas del malestar social.
Para ellos este es “inasible”. No entienden, porque no quieren, no les conviene ni pueden entender que la mayoría de la población esté harta de la desigualdad social extrema (una de las mayores del planeta); de los bajos sueldos; de las diferencias de hasta 70, 80 o más veces en el ingreso de familias que viven en una misma ciudad; de los abusos patronales contra los trabajadores y los consumidores; de pagar servicios de salud y de educación mediocres a tarifas que se encuentran entre las más caras del mundo. Tampoco comprenden las causas de fondo de la violencia social ni el malestar de los pueblos originarios y su creciente rebelión contra la opresión del Estado-nación República de Chile y de la clase dominante que se ha beneficiado de esa situación. Menos aún logran explicarse que un sector cada vez más creciente de la población manifieste un deseo de empoderamiento para exigir lo más básico y esencial en cualquier régimen político que se presente como democrático: que el pueblo sea el titular efectivo de la soberanía. Algo que nunca ha ocurrido en la historia de Chile. De allí entonces el reclamo de una Asamblea Constituyente, que Jocelyn-H considera “delirante”. Los privilegios de clase se defienden (basta recorrer rápidamente nuestra historia para darse cuenta), y el primero y más primordial de ellos –el del poder Constituyente- se defiende a como dé lugar.
Locura-delirio. Así califican siempre los dueños del poder las propuestas y proyectos de quienes osan cuestionar su dominación. Recordemos que el célebre reaccionario Joseph de Maistre, enemigo acérrimo de la Revolución Francesa (a la que consideraba como un hecho satánico y radicalmente malo), del liberalismo y de todo aquello que oliera a democracia y derechos del pueblo, sostenía que: “Una asamblea cualquiera de hombres no puede constituir una nación. Una empresa de ese género merece alcanzar un lugar entre las locuras más memorables”. La coincidencia de Jocelyn-H con este pensamiento ultra conservador es perfecta.
Pero hay más en el texto del opinólogo de marras.
Sin enunciar prueba alguna, sostiene que los militantes de la “izquierda dura” (que en su devaneo parece identificar con el Partido Comunista), “se atrincheraron en las universidades públicas, dejadas a su suerte, decaídas, sin pluralismo interno (académicos de derecha y de centro han emigrado), con autoridades quesillo [sic] cooptables, obsesas con cuestiones de plata. Esperaron, agitaron. […] Llegamos al año 2011, cosecharon y aquí estamos. No son ningunos genios”.
Se podrían hacer muchos comentarios sobre estas líneas repletas de falsedades, insultos, descalificaciones e incoherencias intelectuales y personales de su autor. Anunciemos solo algunas.
¿Qué entiende por “izquierda dura”? ¿Solo a aquel sector que siempre estuvo dispuesto a servir de “salvavidas” en las segundas vueltas electorales a la decadente Concertación? Su “análisis” hiede a un pasado en el cual la dicotomía Concertación/Derecha tradicional ordenaba casi todo el juego político. Sus sosas críticas a la Concertación formuladas en los últimos párrafos apuntan a cuestiones secundarias y, por sobre todo, a la incapacidad de esa coalición de mantener lo que a él más le preocupa: la gobernabilidad, para que nada esencial cambie. Pero la porfiada realidad (la rebelión estudiantil y el despertar de otros movimientos sociales) terminó imponiéndose y la laboriosa arquitectura política de la transición controlada se fracturó definitivamente. Mientras el acuerdo hegemónico funcionaba, Jocelyn-H podía posar de crítico y de “liberal-progresista”, llegando incluso a encantar a algunos intelectuales de izquierda impresionados por este enfant terrible de la bourgeoisie. Pero cuando “las papas comienzan a quemar”, caen las máscaras y el señorito Jocelyn-H hace gala impúdicamente de la histeria que recorre la clase dirigente. No es la primera vez que lo vemos mutarse radicalmente y de seguro, no será la última (para mayores precisiones, buscar en Internet: “Un nuevo número de transformismo: Jocelyn-Holt y el movimiento popular”).
Sigamos con sus dichos. ¿Cuáles son las universidades públicas, decaídas, sin pluralismo? ¿Tal vez se trata de la Universidad de Talca o de la Universidad de Santiago de Chile por las cuales él pasó dejando un triste recuerdo? ¿O tal vez se refiere a la Universidad de Chile, que lo ha acogido y soportado a pesar de sus continuos ataques en contra de la misma institución y de sus autoridades? ¿No es esta la mejor prueba del pluralismo en la Casa de Bello? ¿Y a qué “autoridades quesillo cooptables” se refiere? Al Rector de la Universidad de Chile, sin duda, cuya renuncia viene pidiendo públicamente (La Tercera, Santiago, 06.08.2011). Pero, muy probablemente también está aludiendo a las autoridades de las Facultades de Ciencias Jurídicas y de Filosofía y Humanidades donde se desempeña sin sufrir la más mínima presión o censura por sus destempladas expresiones. Cabe preguntarse, ¿cómo compatibiliza esos juicios con su permanencia en la Universidad de Chile o en cualquier otra “decaída” universidad pública? ¿Por qué no emigra hacia una “exitosa” universidad privada con fines de lucro? Pero tal empresa es igualmente azarosa, a juzgar por lo que le ocurrió hace algunos años en la Universidad Diego Portales, donde protagonizó hechos muy similares a los vividos en la Universidad de Talca y en la USACH. Evidentemente, la coherencia entre el pensar, el decir y el hacer no es una de las características de este comediante de la farándula intelectual.
Al comienzo de este artículo decía que la opinión de Jocelyn-H solo merece atención en la medida que refleja el sentimiento profundo de los sectores más reaccionarios de la sociedad chilena. A pesar de su pretensión de ser el “Pepe Grillo” de la clase dominante, técnicamente podría sostenerse que estamos más bien ante un particular tipo de lumpen en el sentido que Marx le da a este término, cuando se refiere al lumpen-Wolle, que alude no a la chusma (Gesindel), sino a la gente “cursi”. También eran y son parte del lumpen “los aventureros de la burguesía” (El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte), como es el caso de este personaje. Su ataque, tanto a los movimientos sociales actuales, como a los proyectos y propuestas de la ciudadanía crítica que comienzan a despuntar en Chile no es más que el patético arrebato de una casta oligárquica, con su coro de servidores y lumpen-Wolle, que al ver cuestionada su hegemonía -aunque sea en pequeña medida- hace uso de todas las armas para defender sus rancios privilegios. Como en la fábula, los niños y jóvenes han dicho la verdad: “¡El rey está desnudo!”.
Académico de la Universidad de Chile, coordinador del Doctorado en Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades.
Ese inasible malestar
No es clara la relación entre la radicalización de los jóvenes y ese otro sentir colectivo, no inducido, del malestar.
por Alfredo Jocelyn-Holt – 17/09/2011 – 04:00/LA TERCERA
"ESTA es una guerra de cuatro años, y si somos jóvenes comprometidos nos vamos a tener que levantar nuevamente el próximo año, si es que tenemos una derrota". Este comentario de Camila Vallejo del 10 de septiembre, ¿cómo lo interpretamos: como advertencia (no pierden), como provocación (no transan)? En el acta del plenario de la Confech realizado en la Universidad de Concepción hace un mes, el representante de la UTEM aparece llamando a "cambiar la lógica de las movilizaciones: marchar por los sectores donde viven los acomodados (cuicos, etc.)", esto definitivamente una bravata. A su vez, Sergio Grez, ex director del Museo Vicuña Mackenna (1997-2010), refiriéndose al movimiento estudiantil sostiene que "ellos son y seguirán siendo el elemento decisivo, como es la infantería en la guerra, considerada tradicionalmente como la ‘reina de las batallas’". Reina en sentido bélico ajedrecístico.
Podría consignar decenas de declaraciones de igual calibre, las hay diarias, que si bien confirman hasta qué punto las tácticas de trinchera y barricada han estado primando, no queda claro qué relación guarda esta radicalización y empoderamiento de los jóvenes con ese otro sentir, también colectivo, inasible, no inducido, el del malestar. Porque no son lo mismo, y si se les confunde, bueno, hablemos mejor cuando impongan sus términos; según Grez: asamblea constituyente, refundación de la República, "soberanía efectiva de los pueblos", nacionalización del cobre y lo que discurran: son delirantes.
El malestar con el modelo consensual político, económico, y social, a su vez, viene siendo diagnosticado desde, a lo menos, 1997, de antes de confirmarse la crisis económica, desde la derrota de la Concertación en las parlamentarias. De hecho, fuimos muchos que, a diez años del plebiscito, advertimos que si no se producían cambios urgentes, podrían producirse reventones sociales. El entorno del candidato y luego presidente Lagos conocía perfectamente ese diagnóstico (vid. Sergio Marras, Chile, ese inasible malestar, 2001).
¿Qué pasó? Por de pronto, Lagos casi no llegó a La Moneda, y si llegó fue gracias al PC, al igual que Bachelet. Su evidente viraje a la derecha, fruto del temor a la derecha UDI y a la izquierda extraconcertacionista, los llevó a afincarse en un centrismo inmóvil y a sofocar cualquier crítica. Se castigó a la generación de los 80, se insistió en un sesgo tecnócrata, y a los críticos independientes se nos acalló duramente. A lo sumo, compensaron algo a la izquierda populista, fomentando un discurso antielitario; Bachelet en eso más coqueta que Lagos.
Con todo, la izquierda dura jugó la carta de la paciencia; sabían que a la hora de los quiubos (segundas vueltas) la Concertación dependía de ellos. Se atrincheraron en las universidades públicas, dejadas a su suerte, decaídas, sin pluralismo interno (académicos de derecha y centro han emigrado), con autoridades quesillo cooptables, obsesas con cuestiones de plata. Esperaron, agitaron. El pingüinazo marcó pauta: educación = grito y plata. A Frei se le quitó piso, fue torpe, y se apostó a que un gobierno de Piñera, de derecha, le fuera peor, pudiendo volverse inmanejable la situación para La Moneda. Llegamos al año 2011, cosecharon y aquí estamos. No son ningunos genios.
Noam Chomsky e intelectuales apoyan a estudiantes chilenos…

Veinticinco académicos, críticos literarios, filósofos, médicos, de nacionalidad argentina, estadounidense, mexicana, brasileña y chilena, a través de un escrito, apoyaron las movilizaciones estudiantiles por una educación de calidad, expresando que “los alumnos reclaman con razón”.
En el comunicado sostuvieron que “un grupo de 34 estudiantes chilenos de enseñanza secundaria comenzaron hace dos semanas una huelga de hambre para llamar la atención de la sociedad chilena sobre su demanda por un fortalecimiento del papel del Estado en la educación pública, un clamor que es compartido por sus profesores y por la mayoría de la población, de acuerdo a distintos sondeos de opinión”.
“Los estudiantes reclaman con razón el progresivo deterioro de la educación pública, dentro de un sistema que favorece la educación privada, muchas veces sostenida por el propio Estado, en una educación excluyente y convertida muchas veces en una mercancía”, dijeron en el escrito.
Agregaron que “resulta difícil de entender además que los estudiantes universitarios y sus familias sean el soporte económico de las universidades públicas, en un aberrante sistema de autofinanciamiento”.
“Intentamos llamar la atención de la comunidad chilena e internacional sobre el sacrificio de este grupo de adolescentes que ya sostienen un ayuno por dos semanas, con el único propósito de alcanzar una educación de calidad y sin costo económico, para el conjunto de la sociedad chilena”, dijeron.
Firman los académicos estadounidenses Noam Chomsky y Norman Finkelstein; el documentalista de la misma nacionalidad, Adam Shapiro, el brasileño Adriano Martins, sociólogo; Tilda Rabi, periodista argentina; los chilenos, Camilo Marks, crítico literario; Sergio Grez, historiador; Patricio Manns, músico y escritor; Alejandra Lastra, ex oficial Acnur; Roberto Manríquez, periodista; Cristina Quezada, licenciada en Historia.
También los mexicanos, doctora Margarita Peña, Premio Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Filosofía y Letras (México); Ifigenia Martínez ex directora Facultad de Economía, Unam; Tatiana Sule facultad de Filosofía y Letras Unam (México), doctor Julio Boltvitnik, Colegio de México, doctor Alejandro Nadal, Colegio de México, doctor Axel Dddriksson, ex secretario de Educación Gobierno del Distrito Federal; Elena Poniatowska, escritora y Juan Villoro, escritor, entre otros.
Hablemos de sionismo…
El sionismo ya no parece ser un concepto escuchado en nuestros días, salvo en dos instancias: entre los que reivindican esta ideología en sus encuentros anuales, organizaciones y redes internacionales, y en las voces de quienes son contrarios a los efectos de la ocupación de Palestina y a las políticas del Estado de Israel. Tanto para el periodista que hace coyuntura como para la política internacional, términos como sionismo o bien simplemente no son parte del vocabulario, o bien son cosa del pasado, toda vez que el Estado de Israel parece haber adquirido una legalidad bajo una forma conceptual propia, más allá de la ideología sobre la que se sostiene. Pero en esto último parece haber algo interesante. ¿El Estado de Israel se creó por el sionismo político y luego dejó de ser sionista por definición? ¿Actualmente quienes son sionistas? ¿Sólo los colonos fundamentalistas o los partidos de extrema derecha israelí? .
Es normal, creo yo, que en la medida en que el conflicto palestino-israelí ha sido resignificado por los medios de comunicación masivos de acuerdo a los poderes fácticos que los atraviesan y constituyen, sea posible tergiversar los hechos para establecer una hegemonía que en el plano formal elimine los conceptos que aparecen contrarios a la época en que se tratan. La hegemonía se plantea así como la imposición por parte de un grupo dominante de una visión de mundo en la que son imperceptibles las dominaciones y más bien aparecen como universales los valores a los que se adscribe ese grupo. Por eso podemos entender que el concepto "sionismo" no se encuentre en boga, porque la estrategia de quienes ejercen poder ha sido validar un sistema de reglas que omite aquellos elementos que en otro contexto parecieran ser normales, pero que dado el fin del choque frontal entre las ideologías, hoy aparece anacrónico.
Estas rearticulaciones de las redes de poder han permitido invisibilizar aquello que se encuentra detrás de la ocupación militar, de los crímenes de lesa humanidad, de la confiscación del agua, de la anexión de tierras, de la colonización, de los campos de concentración, de los territorios de excepción. Sin el sionismo como concepto explicativo, anulado por los medios y la política oficial, estos hechos parecen enmarcados en la guerra milenaria, en el conflicto permanente entre iguales o desiguales a veces, en fin, se logra la reificación de la realidad como si esta hubiese sido siempre así, al tiempo que permite categorizar en tiempo estático las acciones, quitándoles su historia, los elementos de su devenir. Así aparece un palestino de Gaza, que ha vivido bajo ocupación militar toda su vida como un "terrorista" que puede ser aniquilado porque su vida es un obstáculo a algún proceso de paz levantado entre aquellos que no hablan de sionismo, pero sí de terrorismo.
El mayor logro del sionismo ha sido entonces su eliminación del vocablo. Ahora que los nazis, los comunistas y el mismo capitalismo (tan presente en nuestras vidas) ya no son objeto de discusión, el sionismo ha advertido su posibilidad de caer en el mismo descrédito. Sin embargo, así como el término capitalismo ha desaparecido del diccionario para establecer una hegemonía completa, el sionismo se nos aparece como invisible, orgullo de un Estado fundado por pioneros que con mochila y fusil habrían creado un hogar para el pueblo judío. Propongo entonces que tratemos de hablar de sionismo, de poner los conceptos relevantes sobre la mesa e indagar en su posibilidad actual de explicar el fenómeno de la cuestión palestina.
No es posible analizar el sionismo sin tener en cuenta el contexto en el que nace. Las persecuciones a los judíos en Europa, los progroms, las diferencias sociales justificadas en una supuesta extranjería permanente de quienes profesaban una religión, convirtieron a un grupo bastante grande de europeos en un "pueblo clase", cuya característica particular se encontraba en participar de las sociedades europeas de una manera tangencial, desde afuera, sin que existiera realmente ese afuera. Ante esa imposibilidad de existir a un costado de los discursos de la modernidad, sobre todo cuando los judíos habían sido importantes promotores de esa modernidad, aparecen opciones como la de asimilarse completamente a las sociedades de origen, o bien replantear la cuestión judía a partir de una nueva forma de nacionalismo. El fundador del sionismo político, Theodor Herzl, pasó por una etapa asimilacionista, pero fue el propio racismo europeo el que le hizo ver la realidad de otra manera.
Herzl terminó promoviendo la creación de un estado satélite del imperialismo en un territorio que se encontraba en manos del Islam turco otomano. La conquista de ese territorio por parte de la población judía de Europa serviría para redimir la imagen del judío, que pasaría a ser la punta de lanza del imperialismo occidental, al mismo tiempo que pondría una valla de seguridad que separaría definitivamente la historia de los judíos de la de Europa (1). Aquí hay elementos interesantes de tratar. El sionismo puede ser entendido como un hijo que asesina a su padre para fundar una nueva alianza, es el miembro de la familia que ‘se va’ para nacer de nuevo con las vestiduras del colonialismo y el imperialismo que, a fin de cuentas, son el universo simbólico posible bajo el cuál puede existir.
El sionismo nace del exterminio judío en Europa y como tal no pudo concebirse en otros términos más que como la redención de los judíos, pero al mismo tiempo también de la Europa colonial de la cuál habían formado parte. Por ello, la cuestión del sionismo en Palestina parte con lo esencial del imperialismo, la conquista territorial. Así mismo, en el imaginario sionista y por supuesto el israelí actual, Israel es un Estado moderno frente a una barbarie árabe y musulmana. Concebirse en estos términos no es gratuito y supone, como voy a plantear el problema más grave del sionismo y al mismo tiempo su propia crisis permanente.
Si usted observa el mapa de Palestina y Oriente Medio (hoy donde debiera decir Palestina dice Israel) no tardará en darse cuenta de la importancia estratégica de este territorio. La franja costera llamada Palestina es el puente que une Asia con África, y si agregamos los países que se ubican al norte, podemos llegar a conformar un paso completo entre tres continentes. Esta característica no es menor, pues si bien por haber sido un punto estratégico Palestina ha debido soportar invasiones continuas y prácticamente ninguna independencia absoluta, por otra parte, ese mismo hecho la convirtió históricamente en un lugar de encuentro entre distintas culturas. Lo que hace el sionismo al instalarse en Palestina es terminar con la idea de puente intercultural y convertir al territorio en el lugar privilegiado de un grupo con poder sobre el territorio.
El sionismo se postuló como el instrumento más eficaz del imperialismo occidental cuando este rebuscaba fórmulas para reposicionarse en Oriente Medio. Tanto el imperialismo en su forma tributaria, como imponían británicos y franceses en la zona, como de tipo sionista tienen por componente base el racismo en la medida en que generan un sistema político económico basado en la desigualdad moral y material de las naciones, lo que conlleva la sumisión y la explotación de los gobernados por parte de los gobernantes a través tanto del uso opresivo de la fuerza como por otros medios (2). La diferencia fundamental del sionismo con las otras formas de imperialismo es que al representarse así mismo como la vanguardia de la cultura occidental su búsqueda consiste en instalarse poblacionalmente, "trasladándose por completo" a la zona a la que aspira gobernar. Este hecho es particular del sionismo y no puede ser comparado ni siquiera con las cruzadas medievales, dado que estas enviaban población a vivir a los territorios ocupados que mantenían los lazos sanguíneos y culturales con sus países de origen (3).
Hay un devenir en el concepto de sionismo en la medida en que ciertos logros comienzan a concretarse. Desde el primer congreso sionista de Basilea (Suiza) en 1897 hasta la creación del Estado de Israel en 1948 hay un paso fundamental desde un sionismo en construcción que admitía incluso la posibilidad de habitar Palestina junto a los palestinos, a un sionismo cuyas prácticas delataban la influencia del racismo europeo más exacerbado. Sin esencializar al sionismo en una sola posición ideológica, es evidente que dentro del movimiento terminaron primando las visiones que no consideraban la posibilidad de incluir a los árabes dentro del proyecto nacional. El momento histórico de definición del sionismo, desde el congreso de Basilea hasta 1948, coincide también con la maduración de la idea de crear un Estado árabe en Palestina, un Estado que de formarse, con todos los vicios de clase inherentes a los Estados nacionales, al menos hubiese correspondido a los intereses y a las relaciones de poder internas de las comunidades que habitaban Palestina, como en la mayoría de los países del mundo.
El primer logro objetivo del sionismo fue la Declaración Balfour de 1917, enviada por el gobierno británico a uno de los organizadores del lobby sionista en Europa Lord Rothschild. Allí se planteaba que "El Gobierno de Su Majestad contempla favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo, quedando bien entendido que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina ni los derechos y el estatuto político de que gocen los judíos en cualquier otro país." Si consideramos que las comunidades no judías de Palestina representaban en 1917 más del 80% de la población del país, comprenderemos la coherencia entre el discurso sionista y el imperialista británico, que a su vez había ya hecho un mapa divisorio en áreas de influencia con Francia (Tratado de Sikes-Picot de 1916) y también había prometido a los árabes la independencia a cambio de la ayuda para derrocar al imperio turco otomano.
Lo que hacen británicos y sionistas es lo que siempre han hecho los imperios: ignorar al otro con esa lógica hegeliana en la que sólo existe el que tiene poder. Y podría parecer extraño que Europa viese con buenos ojos traspasar un territorio probablemente ganado a otro grupo poblacional como los judíos embarcados en el proyecto sionista, pero debemos comprender también que el sionismo, ya en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial disponía de estructuras políticas, de órganos financieros y económicos, que se orientaban con clara decisión a lograr la conquista del territorio palestino (4). Y esas organizaciones, fundamentales para el lobby, actuaban dentro de los Estados europeos, a diferencia del nacionalismo palestino, cuyos capitales de influencia se encontraban sólo en la posesión de las tierras que los británicos y sionistas buscaban controlar.
De ahí que el paso fundamental del sionismo fuese la compra de tierras a los grandes hacendados árabes (que de todas maneras no superó el 5% del total de tierras en control del sionismo antes de la creación de Israel) y la prohibición de vender o arrendar tierras a los árabes que quedaron viviendo dentro del Estado sionista, una vez que se fundara. La tierra en este sentido es un elemento potente para comprender el despojo al que fue sometido el pueblo palestino, pero al mismo tiempo para confirmar la importancia de la posesión de los medios productores de riqueza como forma de forzar al exilio a los ‘desterrados’.
Ahora bien, el sionismo obtuvo su carta triunfal con las masacres nazis de la Segunda Guerra Mundial. Para muchos esta afirmación suena demasiado fuerte considerando que millones de seres humanos fueron asesinados brutalmente. Sin embargo, es preciso aclarar que los gestores del sionismo compartían intereses con los verdugos de los judíos en Europa, toda vez que tanto el asesinato como la expulsión masiva daban lugar a una consolidación de su propuesta política de crear un Estado donde los judíos se encontraran a salvo del racismo. Sin embargo, como ya planteado, el sionismo nace en un contexto racista y por ello (aunque no es una causalidad) su universo simbólico también se nutre de estos elementos. No está de más indagar en las similitudes entre el sionismo y el propio nacionalsocialismo, como la teoría de un espacio vital (desde el Nilo al Éufrates) o asumirse en la categoría de pueblo con características superiores (el pueblo elegido).
El desarrollo del sionismo no se deshizo de estos elementos, sino que al contrario, al construirse discursivamente en contra de ellos (en contra de los nazis y el fascismo) logra establecer una hegemonía coherente para sus seguidores (incluso superando la barrera religiosa) y para el mundo en general, que sin embargo se sostiene, al igual que el nazismo, en la exclusión del otro como principio constitutivo de la propia identidad.
Pero el problema del sionismo radica fundamentalmente en que las tres etapas por las que ha pasado (fundacional, institucional y de crisis (5)) lo han llevado a reformular sus estrategias de acuerdo a una realidad práctica. Lo que vemos hoy en Palestina no es un cambio del sionismo en términos de valoraciones respecto a la población no judía, a la que sigue comprendiendo como un ‘otro’ y ‘bárbaro’, sino una readecuación de las estrategias sionistas de acuerdo al rol que juega el Estado de Israel en el concierto internacional. La disyuntiva que marca actualmente la crisis del sionismo se refiere fundamentalmente a: reforzar el carácter judío de Israel o perseverar en las aspiraciones territoriales que le dieron origen (la creación de un Gran Israel desde el Nilo hasta el Éufrates). En ambos casos, cualquiera que sea la determinación que sigan los grupos sionistas predominantes, el problema del sionismo seguirá siendo la oposición que entre la identidad judía basada en sus términos exclusivistas y la integración al contexto en el que está inserto. La solución de un solo Estado donde convivan las personas que deseen ser parte de él sin distinción ni discriminación étnica ni religiosa, no es la que promueve hoy el sionismo, en ninguna de sus vertientes, porque de ese modo se estaría perdiendo el principio de un espacio vital exclusivo para los judíos.
Actualmente la hegemonía del sionismo es importante en Israel. Sesenta años de educación institucionalizada dan resultados respecto a la manera en que los israelíes ven a sus vecinos. Una encuesta realizada por un instituto israelí este año reveló, por ejemplo, que el 70% de la población está en desacuerdo con devolver las Alturas del Golan que Israel ocupó a Siria en 1967 (6). Esto nos habla de la importancia que tiene hoy para la población común y corriente de Israel (7) la supuesta ‘indefensión’ de su Estado frente a sus vecinos árabes, así como la legitimidad que ha adquirido para la sociedad israelí la reticencia a entregar territorios que se han adquirido a través de las guerras. Esto en parte, porque la construcción del propio Israel es producto de guerras y su población altamente militarizada mira al mundo desde esta perspectiva, como si la realidad tuviese que construirse así.
Los problemas del sionismo no sólo afectan a los países con los que tiene fronteras, sino también lo es para los palestinos que viven dentro del propio Estado sionista. Un estudio de la Universidad de Haifa en 2007 reveló que el 75 por ciento de estudiantes judíos en Israel piensa que los árabes son ignorantes, incultos y sucios (8). Si consideramos que los árabes israelíes son un quinto de la población del Estado, el problema del racismo no puede ser visto sólo como una postura estatal hacia fuera o hacia los Territorios Ocupados en los que existe una jurisdicción militar. El problema se encuentra dentro y probablemente la solución se encuentre también ahí.
En los últimos años ha sonado con fuerza la idea de crear un Estado binacional en la Palestina Histórica. Algunos sectores de la izquierda israelí, que no se reconocen como sionistas, la han promovido en conjunto con grupos de palestinos de dentro y fuera del Estado. Esta posibilidad abriría, por cierto, algunas esperanzas de que en Palestina nuevamente se pudiese vivir como antaño, sin importar la religión o el origen étnico. Sin embargo para que ello ocurra los propios israelíes tendrían que superar la base constitutiva del sionismo: el racismo.
Para concluir, creo que es necesario plantear la necesidad de hablar con los términos más explicativos posibles, dándoles un significado que permita no sólo su comprensión sino también su aplicación a realidades concretas. El sionismo es una ideología nacionalista que nace en un contexto racista, que se construye simbólicamente a través de los elementos del antisemitismo europeo de los siglos XIX y XX, y actualmente es la base ideológica que sostiene a un Estado, que por consiguiente, ha institucionalizado a través de su marco jurídico interno y sus relaciones internacionales las prácticas racistas que le dan sentido. La responsabilidad de la comunidad internacional es evidente, pero en este juego de poder el sionismo ha establecido una hegemonía que hace que sus estrategias no sean del todo perceptibles. Ese es el triunfo del sionismo, pero quizás también la causa de su final.
1. Ver Herzl, Theodor: "El Estado judío", Ediciones La Semana , Jerusalén, 1982.
2. Al Kayyali, Abdul Wahhab: "Las raíces históricas de la alianza imperialista-sionista", Ponencia presentada en el Congreso Internacional sobre Sionismo y Racismo, Bagdad 1976. Trad. Beatriz Morales Bastos. URL disponible en: http://www.al-moharer.net
3. Aunque es innegable el parecido de ambas construcciones simbólicas y también de las consecuencias que tuvieron para Oriente Medio.
4. Ver José U. Martínez Carreras: "50 años del Estado de Israel", Cuadernos de Historia Contemporánea Nº 21, Madrid 1999, pp. 355-363.
5. Fundacional es el período de 1897 a 1948, donde se consolida la idea de fundar un Estado judío. La etapa institucional va de 1948 hasta 1967, momento de integración del Estado de Israel a la comunidad internacional y de consolidación de una estructura jurídica interna. Etapa de crisis es aquella que va de 1967 hasta la actualidad. Luego de ocupados los Territorios Palestinos Israel se ve presionado por la comunidad internacional para fijar sus fronteras de manera definitiva, generando un replanteamiento de los intereses del sionismo en el concierto internacional y respecto a los propios judíos.
6. Ver Nueva Sion Online. URL disponible en: http://nuevasion.com.ar/nota.asp?IDNoticia=0005668
7. Susceptible de ser manipulada por los medios, por supuesto.
8. Ver AOL Noticias. URL disponible en: http://www.aol.es/noticias/story/La-mitad-de-los-jud%C3%ADos-israel%C3%ADes-no-quiere-%C3%A1rabes-en-sus-barrios-seg%C3%BAn-una-encuesta/4141124/index.html.
Mauricio Amar es sociólogo de la Universidad de Chile y director de la Oficina de Información Chileno-Palestina
Publicado en Revista Hoja de Ruta Nº 18, julio/agosto de 2008. (www.hojaderuta.org)
Encuesta CEP (Julio 2011): Piñera alcanza sólo 26% de apoyo y 53% de rechazo…
Encuestas CEP Y ADIMARK mes de Julio
Encuesta CEP lo sitúa con sólo el 26% de apoyo
De mal en peor: movimientos sociales hacen caer a Piñera estrepitosamente en aprobación ciudadana
El resultado del sondeo enciende las alarmas en el oficialismo, considerando que hay un sector de la derecha tradicional que tampoco está conforme con el desempeño de la actual administración. El estudio, sin embargo, no registró el impacto en la opinión pública del cambio de gabinete. [Actualizada]
por Claudia Rivas Arenas, El Mostrador
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Hasta un 26% cayó la aprobación del Presidente de la República Sebastián Piñera según la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), convirtiéndose en la más baja de la historia de los sondeos realizadas por la entidad. Paralelamente, la desaprobación a la forma cómo está conduciendo el gobierno llegó al 53 por ciento.
De este modo, el jefe de Estado cayó 18 puntos respecto de la medición anterior de noviembre-diciembre de 2010. Hasta ahora el piso pertenecía al ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien tras la crisis asiática llegó a marcar 28% de aprobación en mayo de 1999.
Las cifras entregadas este jueves por el CEP no hacen más que ratificar los resultados que con anterioridad han mostrado otras encuestas, como la Adimark, y que sancionan con dureza la forma cómo se ha manejado la actual administración desde el mandatario hasta los ministros en un escenario de permanente conflicto y movilizaciones.
En este sentido, las coaliciones oficialista y opositora no resultan mejor paradas que el gobierno, por cuanto la Concertación alcanza sólo el 17% de respaldo por la forma en que está ejerciendo su labor, cayendo desde el 24% que recibió en la encuesta anterior. Lo propio ocurre con la Coalición por el Cambio, que empata con sus adversarios políticos en desaprobación y baja estrepitosamente su aprobación desde el 41 al 24%.
Tal como lo indica el estudio, la opinión pública tampoco está conforme con la forma cómo el gobierno está manejando la economía. Ello, porque el 53% la desaprueba, mientras que sólo el 25% le entrega su respaldo al manejo de la administración Piñera.
Caída en atributos
Respecto de sus cualidades, el jefe de Estado también fuertemente, no sólo en aquellas más débiles que siempre le han sido más esquivas, sino también las que durante mucho tiempo se destacaron como sus principales fortalezas. Es así como ante la pregunta “con relación a las presiones de instituciones, grupos y personas, “¿cree usted que el gobierno de Sebastián Piñera, ha actuado con firmeza o debilidad?”, los consultados se inclinan en 25% por que lo ha hecho con firmeza, y un elevado 64% a que ha actuado con debilidad.
En la misma línea, y siguiendo con la misma pregunta de base, consultados acerca de la destreza y habilidad o falta de ella con que ha actuado el mandatario, el 26 por ciento decreta que ha actuado con destreza y habilidad, mientras que el 62% restante, que lo ha hecho sin destreza y habilidad. Ante la pregunta sobre si el mandatario da confianza o no, el 31% estima que sí, y el 61% que no. Asimismo, el 21% de los encuestados lo considera cercano, el 70% lo ve lejano.
los factores educación e Hidroaysén
Frente a la consulta de cómo lo ha hecho el gobierno en distintas materias, donde se han producido las más fuertes alzas de insatisfacción es en educación, donde cayó de 32% en la última medición a 10% la cifra de quienes estiman que el gobierno lo ha hecho bien o muy bien. Por el contrario, el número de quienes creen que lo ha hecho mal o muy mal se disparó a 58%.
Al mismo tiempo, el 51% estima que el gobierno lo ha hecho “mal o muy mal” en su manejo del conflicto por la aprobación de Hidroaysén; el 48% que lo ha hecho mal o muy mal en el manejo de la delincuencia; el 47% estima lo propio en materia de reconstrucción, y el 57% que lo ha hecho “mal o muy mal” en pobreza.
Los mejor evaluados
En esta encuesta CEP la ex presidenta Michelle Bachelet tiene el mérito de ser la mejor evaluada entre los personajes políticos, con el 79 por ciento de evaluación positiva y sólo 8,0 de negativa. Le sigue el ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, con 71% de positiva y 7,0% de negativa.
En tercer lugar aparece con 46% la senadora DC Soledad Alevear, quien obtiene el tercer lugar. Le siguen Carolina Tohá, Andrés Velasco, Ricardo Lagos Escobar, Evelyn Matthei, Joaquín Lavín, Marco Enríquez-Ominami, Ricardo Lagos Weber, Ena von Baer, Rodrigo Hinzpeter, y en el 13º lugar aparece el Presidente Sebastián Piñera con 34% de evaluación positiva y 35% de negativa.
Por ultimo, las figuras más importantes de la Concertación según el estudio son la ex presidenta Michelle Bachelet, con 38%, seguida de lejos por Ricardo Lagos Escobar y Ricardo Lagos Weber (con 3,0% cada uno) y Carolina Tohá y Marco Enríquez Ominami con (2,0% cada uno).
En el oficialismo, en tanto, la figura más importante, exceptuando al Presidente Piñera, es Golborne (26%), seguido mucho más atrás por Joaquín Lavín (11%), Hinzpeter y Pablo Longueira –este último recién integrado al gabinete- con dos por ciento cada uno, y Evelyn Matthei con el uno por ciento.
Metodología
El trabajo en terreno de la encuesta CEP se realizó entre el 24 de junio y el 24 de julio, siendo entrevistadas 1.554 personas mayores de 18 años que residen en sectores urbanos y rurales de todo el país, con 95% de confianza y un error muestral de tres por ciento.
Encuesta Adimark: Presidente Piñera obtiene un 30% de aprobación contra un 62% de rechazo
El rechazo al Mandatario sube dos puntos y los niveles de aprobación bajan uno en comparación con el mes anterior, cuando obtuvo un 31% de aceptación y un 60% de desaprobación. Estos son los peores resultados en lo que va de la administración Piñera. Los atributos del Presidente también caen.
por Javier Canales – 02/08/2011 – 10:24/La Tercera

LOS ATRIBUTOS TAMBIEN CAEN
En materia de atributos, el Mandatario experimenta una baja en todos, a excepción de ‘es querido por los chilenos’, que se mantiene en 37% al igual que el mes pasado, luego de caer nueve puntos.
El atributo ‘es activo y energético’, que históricamente ha sido uno de los mejores evaluados, disminuye ocho puntos, cayendo de 62% a 54%. La misma cantidad de puntos bajó la ‘capacidad para enfrentar situaciones de crisis’, que cae de 59% a 51%.
Lo siguen los atributos de ‘cuenta con autoridad’, que cae cinco puntos (de 53% a 48%); ‘cuenta con liderazgo’, que cae tres (de 50% a 47%); y ‘cuenta con capacidad para solucionar problemas del país’, que baja siete puntos (de 51% a 44%).
Más abajo, ‘es respetado por los chilenos’ baja cinco puntos (de 44% a 39%), y ‘es querido por los chilenos’ se mantiene en 37%.
Entre los peores evaluados se ubican ‘genera confianza’, que baja tres puntos, de 39% a 36%; y ‘es creíble’, que cae seis puntos, de 39% a 33%.
La gestión del Presidente Sebastián Piñera obtiene un 30% de aprobación y un 62% de rechazo. Así lo dio a conocer hoy la encuesta Adimark, correspondiente a la evaluación del mes de julio, cuyos resultados fueron publicados esta mañana.
Los niveles de evaluación positiva del Mandatario experimentan así una leve baja en comparación con los registrados por la misma encuesta el mes pasado, cuando alcanzó un 31% de aprobación contra un 60% de rechazo.
En tanto, la evaluación general al gobierno baja dos puntos su aprobación, cayendo del 31% que registraba en junio al 29% obtenido ahora en la medición de julio. La desaprobación al gobierno sube también dos puntos: de 62% en junio a 64%. Así, la evaluación a Piñera es superior a la del gobierno en su conjunto.
Luego del peak de popularidad obtenido por el Presidente tras el exitoso rescate de los mineros en octubre pasado -cuando registró un 63% de aprobación contra un 26% de rechazo- los niveles de evaluación positiva han ido bajando poco a poco, mientras han aumentado los de desaprobación.
Esta tendencia a la baja se acrecentó durante los últimos tres meses, que se han visto marcados por las masivas protestas ciudadanas por diversos motivos. Durante junio, además, se registraron protestas en las zonas afectadas por el terremoto, el gobierno debió enfrentar cuestionamientos al proceso de reconstrucción, y se mantuvo en agenda el conflicto estudiantil.
El mes recién pasado, además, se registró el segundo y mayor ajuste de gabinete efectuado por el Mandatario en lo que va de su gestión, cuando concretó un cambio de ministros en ocho de las 22 carteras.
Se espera que este jueves sea dada a conocer la encuesta realizada por el Centro de Estudios Públicos (CEP), una de las más reputadas a nivel nacional, la que, según se prevé, registraría niveles similares a los obtenidos por la Adimark.
Encuesta Adimark (junio 2011): Piñera cae a desastroso 31%, y aumenta rechazo a 60%… Lavín cae 24 puntos
Aprobación de presidenciable UDI cae bajo el 50%
Adimark: Lavín se derrumba 24 puntos tras movilización estudiantil
El ministro de Educación, una de las autoridades mejor evaluadas del gabinete, hasta ahora, sufrió el mayor impacto en su aprobación. De un 70% en mayo cae al 46% en junio. Una caída –que a juicio del sondeo- es inédita y refleja la intensidad y el impacto que tuvieron durante el mes pasado las movilizaciones estudiantiles. El Presidente Sebastián Piñera también cae: Un 31% aprueba su gestión mientras que un 60% la desaprueba. El biministro Laurence Golborne se mantiene como el mejor evaluado, con 75% de aprobación.
por El Mostrador

El ministro de Educación, Joaquín Lavín, sufrió una caída de 24 puntos de aprobación. Así lo reveló este jueves la encuesta Adimark GfK correspondiente al mes de junio. De un 70% en mayo cayó al 46% en junio, detalló el sondeo.
Según la encuesta, una caída de esta magnitud es inédita y refleja la intensidad y el impacto que tuvieron durante el mes pasado las movilizaciones estudiantiles.
En esa línea, “la educación” fue el área de gestión de gobierno qué más sufrió. Cayó al 26% de aprobación desde un 44% en mayo (18 puntos porcentuales). La caída es incluso más dramática si se compara este resultado de junio con el de abril (mes en que se inició el conflicto estudiantil).
En abril la aprobación del área educación alcanzaba el 60%; es decir, se ha producido un desplome de 34 puntos en tan solo 2 meses. Y la Educación, una de las áreas mejor evaluadas del gobierno hasta abril, pasó a ser el área peor evaluada.
Piñera cae y Golborne se mantiene
En tanto, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, obtuvo la más baja cifra de aprobación del período. En Junio, un 31% aprobó la gestión del mandatario y un 60% la desaprueba. De este modo, cae cinco puntos respecto a la medición de mayo.ñ
El gobierno, por su parte, también alcanza un 31% de aprobación pero su desaprobación aumenta a 62%, dos puntos más alta que la del mandatario.
El sondeo hace hincapié que durante el mes de junio, la agenda pública estuvo marcada por las movilizaciones estudiantiles y el conflicto educacional, conflicto que sin duda dañó la evaluación del gobierno. Otros temas de este mes que contribuyeron a explicar este resultado,fueron la engorrosa discusión del sueldo mínimo y el caso “La Polar”.
En cuanto a los atributos presidenciales, los relativos a credibilidad y confianza se mantienen entre los relativamente más débiles, pero en este mes el atributo “Es querido por los chilenos” pasó a ser el más débil con un 37% (era 46% en mayo).
Asimismo, el sondeo reveló que hay estabilidad en el conocimiento de los ministros de gabinete. Este mes, se destaca el aumento en el conocimiento del ministro de Mideplan, Felipe Kast, quien alcanza ahora un 41% de conocimiento.
En línea con la tendencia general, se deteriora la aprobación de la mayoría de los ministros del gabinete, con algunas excepciones. La ministra Carolina Schmidt (Sernam) sube al 67% (62% en mayo), también el ministro Allamand (Defensa) aumenta a 64% su aprobación y el ministro de Salud, Jaime Mañalich también mejora, alcanzando un 57% de aprobación, en un mes complejo para su cartera (alza en enfermedades respiratorias).
El biministro Laurence Golborne (Energía y Minería) se mantiene como el mejor evaluado, con 75% de aprobación, seguido por el titular de Cultura Luciano Cruz-Coke (69% ), por Allamand (64%) y Matthei (62%).
La aprobación del ministro Hinzpeter (Interior) cae al 54% (era 59% en mayo). El titular de Hacienda, Felipe Larraín, disminuye su aprobación en 9 puntos respecto a mayo (60%) y se posiciona ahora con 51% de aprobación. La ministra vocera Ena von Baer sufre una importante caída en su nivel de aprobación (8 puntos porcentuales) logrando un 50% de respaldo (58% en mayo).
Metodología
Estudio cuantitativo con aplicación de encuestas telefónicas mediante sistema CATI. La muestra es probabilística con selección aleatoria de hogares y de entrevistados. El universo está compuesto por los hogares que disponen de teléfono en los principales centros urbanos de las 15 regiones del país. El error se estima en aproximadamente +/- 3,0 % con un 95% de confianza.Se realizó entre el 06 y el 30 de Junio de 2011.
Encuesta Adimark GfK Junio 2011
Jueves 7 de Julio 2011 12:37 hrs.
Récord de caídas y rechazos marca Adimark: Aprobación de Piñera baja a histórico 31 por ciento
Sohad Houssein T, Radio U. de Chile

El nivel más bajo de popularidad presidencial que se conozca hasta el momento registró el Mandatario en junio, mientras que el rechazo llegó al 60 por ciento. Otra marca rompió Joaquín Lavín, ministro de Educación, quien cayó inéditos 24 puntos en su nivel de respaldo, pasando de 70 al 46 por ciento. Tampoco la Concertación ni la Coalición por el Cambio se salvan de la “molestia” ciudadana.
El nivel de aprobación más bajo desde el comienzo de su periodo, con un 31 por ciento, y de todos los gobiernos precedentes sometidos a encuestas, obtuvo en la medición Adimark de junio Sebastián Piñera, quien cayó cinco puntos en relación a la última muestra de mayo. El sondeo estableció además que el rechazo a la gestión del Presidente llega al 60 por ciento.
La misma cifra de aprobación que el Presidente obtiene el Gobierno, pero con una desaprobación dos puntos más alta, de 62 por ciento.
La consulta se realizó durante un mes que estuvo marcado por la crisis en la educación y las manifestaciones sociales por esta materia, además de los escándalos en La Polar y la imposibilidad de avanzar en temas relevantes como el salario mínimo, hechos que sin duda afectaron la aprobación del Ejecutivo, pero especialmente del ministro de Educación, Joaquín Lavín, quien cayó 24 puntos -de 70 por ciento en mayo a 46 por ciento en junio-, lo que, según Adimark, se trata de una caída “inédita en nuestra serie de mediciones y refleja la intensidad y el impacto que tuvieron durante el mes pasado las movilizaciones estudiantiles”.
Asimismo, el área de Educación fue la peor evaluada en el desempeño del Gobierno, con una baja en 18 puntos porcentuales, de un 44 en mayo a un 26 por ciento de aprobación. Sin embargo, en abril, mes en que comenzaron las movilizaciones estudiantiles, este ítem tenía un nivel de aprobación del 60 por ciento, por lo que pasó de ser la mejor a la peor evaluada.
La personalidad de Sebastián Piñera y cómo lo percibe la ciudadanía sigue siendo uno de los nudos que enfrenta su administración. Según la encuesta, “sus atributos de credibilidad y confianza se mantienen entre los relativamente más débiles, pero en este mes el atributo ‘Es querido por los chilenos’ pasó a ser el más débil con un 37 por ciento (era 46 por ciento en mayo)”. En tanto, su característica más valorada es “activo y enérgico”.
Ministros también a la baja
Laurence Golborne, biministro de Energía y Minería, se mantiene como puntero en la lista de los secretarios de Estado mejor evaluados, con un 75 por ciento de aprobación. Lo siguen Luciano Cruz-Coke en Cultura, con un 69 por ciento; Andrés Allamand en Defensa, con 64 por ciento, y Evelyn Matthei en Trabajo, con un 62 por ciento.
La evaluación de la ciudadanía a los miembros del gabinete también se ha visto deteriorada, de acuerdo al sondeo. A la estrepitosa caída de Joaquín Lavín, se suman el titular de Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien cae cinco puntos en su probación llegando al 54 por ciento; el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, disminuye su aprobación en nueve puntos respecto a mayo pasando de un 60 a un 51 por ciento, mientra que la vocera de Gobierno, Ena von Baer, baja ocho puntos, quedando en un 50 por ciento en junio.
De todas formas, algunos ministros han aumentado su nivel de respaldo, como Carolina Schmidt (Sernam) sube del 62 al 67 por ciento; el titular de Defensa, Andrés Allamand, y el ministro de Salud, Jaime Mañalich, aumenta hasta el 57 por ciento.
Crisis de representatividad
Nadie se salva de la “molestia” ciudadana. El rechazo marcado por las coaliciones políticas y las instituciones del Estado, según el sondeo, también alcanzó niveles insólitos.
Para los evaluadores, los resultados serían un claro síntoma de la crisis de representatividad por la que atraviesa el país.
“La identificación con el Gobierno disminuye a 34 por ciento y la identificación con la oposición cae a un 37 por ciento. Ya un 30 por ciento de la población afirma que no se identifica ni con el actual gobierno ni con la oposición, cinco puntos más respecto a mayo pasado (25 por ciento)”, informan.
Mientras, el rechazo a la Coalición por el Cambio y la Concertación sigue subiendo y entre ambas suman un 60 por ciento.
El grupo opositor sólo logra un 22 por ciento de aprobación y llega aun 68 por ciento de desaprobación. El oficialismo, en tanto, logra un 30 de respaldo y el doble de rechazo, un 60 por ciento.
Los parlamentarios no quedaron fuera de la “indignación ciudadana”. El descontento con la gestión del Congreso llega al 60 por ciento. En mediciones individuales, el Senado logra un 25 por ciento de aprobación, mientras que la Cámara de Diputados sólo alcanza un 22 por ciento. La cifra de rechazo es de 61 por ciento para la Cámara Alta y de 63 por ciento para la Baja.
Por ítem
Además de enorme caída que sufrió el área de Educación a la hora de evaluar la gestión del Gobierno, Economía bajó de un 48 a un 42 por ciento, esto, a pesar que una de los ítemes mejor evaluados fue Empleo (42 por ciento), que tuvo un alza con respecto a su evaluación anterior. Igualmente, se mostró un descenso en la aprobación del manejo de la delincuencia, con una caía del 40 por ciento en abril al 28 por ciento en junio.
El área con mejor aprobación fue Relaciones Internacionales con 66 por ciento. Salud logró un 32 por ciento, manteniendo el ascenso desde abril, al igual que Transporte Público, con un 30 por ciento de aprobación general y un 24 por ciento en Santiago.
Adimark: Aprobación de Piñera cae a 31%
El sondeo reveló que el rechazo a la gestión presidencial se empinó al 60%. Educación se convierte en el área peor evaluada. Discusión por el sueldo mínimo y el caso "La Polar" también influyeron en el resultado.
Jueves 7 de julio de 2011| por Nación.cl
En un mes marcado por las movilizaciones estudiantiles, la aprobación del Presidente Sebastián Piñera registró una nueva baja. Según la encuesta Adimark de junio, sólo un 31% aprobó la gestión del Mandatario (cayendo 5 puntos desde mayo) mientras que el rechazo llegó al 60%.
El panorama para el gobierno no fue mucho mejor. La gestión gubernamental alcanzó un 31% de aprobación y su desaprobación aumentó a 62%, 2 puntos más que la del Jefe de Estado.
Según el director ejecutivo de Adimark, Roberto Méndez, "las movilizaciones estudiantiles y el conflicto educacional, sin duda dañaron la evaluación del gobierno".
De hecho, la aprobación del ministro de Educación, Joaquín Lavín, cae 24 puntos y Educación se convierte en el área peor evaluada del gobierno.
Otros factores como la discusión por el sueldo mínimo y el caso "La Polar" contribuyen a explicar este resultado, el peor en los 15 meses del Presidente Piñera en La Moneda.
ATRIBUTOS PRESIDENCIALES
Respecto de los atributos presidenciales, se mantiene el perfil usual. Destaca "Activo y enérgico" como el mejor evaluado y le sigue "Capacidad para enfrentar situaciones de crisis" (59%), pero con una marcada caída.
Pese a ello, el 51% de los encuestados cree que Piñera cuenta con "Capacidad para solucionar problemas del país".
Los atributos de credibilidad y confianza se mantienen entre los relativamente más débiles. Pero n este mes el "Querido por los chilenos" pasó a ser el más bajo, con un 37% (en mayo era de 46%).
CAÍDA LIBRE PARA EDUCACIÓN
El alto nivel de movilizaciones impactó en la evaluación que la ciudadanía hace de la educación. En efecto, la aprobación en la materia cayó al 26%, 18 puntos porcentuales menos que en mayo, cuando registró un 44%.
La caída –explica Adimark- es "incluso más dramática si se compara el resultado de junio con el de abril (cuando comenzó el conflicto estudiantil). En abril, la aprobación del área educación alcanzaba el 60%; es decir, se ha producido un desplome de 34 puntos en tan sólo 2 meses".
Las "relaciones internacionales" se mantienen como el área de mejor aprobación (66%), seguido por "empleo" (42%) que muestra un alza de aprobación respecto de mayo.
La "salud", en tanto, registró un 32% de aprobación y muestra un alza sostenida desde abril.
El "transporte público", un área que ha sido problemática, mejora desde abril y llega al 30% de aprobación. En Santiago, la aprobación alcanza el 24%, cifra que aunque reducida, es la mejor en lo que va del año.
La gestión de la "economía" es aprobada por un 42% (era 48% en mayo), baja que contrasta con las optimistas cifras de crecimiento y empleo que se han conocido.
Sin embargo, por segundo mes consecutivo se deteriora en forma importante la evaluación de "la delincuencia". En junio, el control de la delincuencia alcanza un 28% de aprobación (33% en mayo) y en abril, respaldo en esta área llegaba al 40%.
Chile: la Educación Superior más cara del Mundo…
04/07/2011

Con un valor anual promedio de US$3.400, el arancel cobrado por las universidades domésticas se ha disparado sistemáticamente en los últimos 20 años. En el caso de las públicas, sólo entre 1995 y 2005 el alza fue de casi el 100%.
Exiguo aporte estatal, focalización de los subsidios, alta demanda y valoración excesiva de la tasa de retorno, serían elementos clave en este fenómeno.
“El arancel medio en Chile equivale al 22,7% de nuestro PIB per cápita, superior al de naciones como Estados Unidos, Inglaterra, Australia y Japón”.
Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) consignan que, a precios relativos, la Educación Superior (ES) en Chile es la más cara del orbe. Con un valor promedio de US$3.400 anual, el arancel doméstico equivale al 22,7% del PIB per cápita, superior al de naciones como Estados Unidos, Inglaterra, Australia y Japón.
El fenómeno ha sido advertido por diversas entidades foráneas, como el Banco Mundial, entidad que en un informe conjunto con el citado organismo multilateral constató que “una causa relevante de desigualdad (en nuestro país) incluye el alto costo de estudiar”.
En opinión de diversos agentes, no ha sido posible detectar el punto exacto de inflexión en este rally, pero a la luz de los antecedentes disponibles en el Ministerio de Educación (Mineduc), se traslucen lapsos en que el valor se disparó con vigor durante los últimos 20 años; sin ir más lejos, entre 1995 y 2005 el aumento arancelario promedio llegó al 92,8%.
¿A qué responde esta situación? Felipe Salazar, investigador del Centro de Políticas Comparadas de la Universidad Diego Portales, sostiene que se ha consolidado “una gran demanda en un mercado que no tiene nada de competitivo, al ser muy segmentado.” Añade que si bien existen aranceles de referencia entregados todos los ejercicios por la cartera del ramo para cada establecimiento, “finalmente éstos cobran más; saben que los cupos se van a llenar de todas formas: lo que devela un problema serio”.
Alejandra Mizala, del Centro de Economía Aplicada de la Universidad de Chile, acota que “las casas de estudio no compiten por alumnos, sino que por marketing, relacionado más bien a aspectos como la infraestructura, a aparecer en los diarios o a las acreditaciones. Elevan sus aranceles en pos de ello y la demanda no desaparece, en vista de lo que es considerado como una alta tasa de retorno”.
En esa línea, Rodrigo Troncoso, de Libertad y Desarrollo, enfatiza que la clave en esta discusión es que “el costo de educar en las instituciones ha subido mucho con la entrada en vigencia de las acreditaciones. Hay una gran presión por mayor infraestructura y ofrecer un producto de mejor calidad”.
Aporte Insuficiente
No obstante lo descrito reviste un elemento sustancial en el análisis, no explica necesariamente el elevado valor relativo respecto de otras naciones con mayores ingresos. La diferencia, plantean los consultados, se relacionaría entonces con el exiguo aporte público a la ES.
Patricio Gajardo, del Instituto Libertad, reconoce que se trata de una prestación “cara en todo el mundo; el problema doméstico es que el porcentaje de las familias que asumen los costos es muchísimo más alto que el promedio de la OCDE”. Subraya que “en los ’80 había una importante contribución estatal, y el precio era bastante menor; eso sí, quienes ingresaban eran parte de una élite”.
Sobre el particular, Gabriela Cares, coordinadora de Políticas Educativas del programa “Educación 2020”, precisa que “alrededor del 85% del costo de una carrera en Chile es pagado directamente por los hogares; sólo el 15% corresponde a financiamiento público, mientras que en la OCDE, en torno al 70% proviene del Fisco, lo que da cuenta de un contraste gigante”.
Manifiesta que este hecho ha confluido en “la exclusión, en muchos casos, y un nivel de endeudamiento elevadísimo para quienes logran acceder, generando en definitiva un sistema que reproduce inequidad”.
Tasa de Retorno
Se ha inoculado en la cultura nacional que un título universitario asegurará altos ingresos, lo que “en la práctica dependerá mucho de cada carrera”, acota Mizala. En efecto –indica– “hay trabajos técnicos con mayor rentabilidad, pero la gente aún considera que el escenario es parecido al de hace 20 años cuando la cobertura era mucho menor y ser titulado era algo exclusivo que garantizaba un recorrido laboral”, elemento que sigue dando sustento a la demanda.
En este contexto, la economista afirma que las tasas de retorno promedio son del 20% para las carreras universitarias y de un 10% para aquellas técnicas. Las familias lo consideran “alto y están dispuestas a pagar los aranceles y endeudarse transitoriamente”.
Recomendaciones
La OCDE y el Banco Mundial han recomendado a Chile “como medidas complementarias para proteger a los estudiantes de un excesivo aumento de los aranceles, exigir que las instituciones de ES, cuyas tarifas suben más rápidamente que el promedio nacional, justifiquen por qué sus costos son diferentes”.
Salazar, en tanto, recalca que es fundamental incrementar el gasto con subsidios más focalizados, sin interferir en el nivel de los aranceles: “Que las universidades sigan eligiendo sus costos, pero que el Estado garantice bajo algunas condiciones, el pago del arancel al estudiante”, sentencia.
Gajardo, a su vez, sostiene que es indispensable “identificar adónde van los grupos más vulnerables, ya que si los subsidios sólo se dirigen a las instituciones estatales, estos finalmente se destinan, en un porcentaje mayoritario, a egresados de colegios particulares”.
La Brecha Entre el Arancel Referencial y el Efectivo
Desde 2005, el Ministerio de Educación entrega un “arancel referencial” para las respectivas carreras de cada universidad, con miras a establecer los recursos de becas y créditos que el Estado y las mismas instituciones entregan a los estudiantes.
La brecha entre tal cifra y la efectiva es amplia. Por citar un ejemplo, para la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Católica (UC) la diferencia entre ambos montos ha sido de casi $2.000.0000; mientras que en Ingeniería Comercial en la Universidad de Chile, el margen detectado ha sido superior a $1.000.000.
En este sentido, Rodrigo Troncoso, de Libertad y Desarrollo, consigna que “es un sistema que está absolutamente viciado; incluso, hay veces en que la diferencia significa la mitad del costo real de una carrera”.
Así, la OCDE recomendó que “en vista de las complicaciones, el Mineduc debería estudiar cuidadosamente las ventajas y desventajas de mantener el sistema de aranceles de referencia en su forma actual, y considerar seriamente revisar o simplificar su enfoque y metodología”.
¿Y Respecto a la Región?
El escenario doméstico de la Educación Superior (ES) dista bastante del que exhibe la mayoría de los países en la región. Mientras el arancel promedio local supera largamente los US$3.000, en naciones como Argentina, Nicaragua y Uruguay, el servicio es gratuito.
“Chile fue el primer país de América Latina que introdujo aranceles de pago en las instituciones públicas de ES, a comienzos de la década de los ’80, y es todavía el único con altos aranceles a nivel de pregrado”, consigna la OCDE.
El secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación Argentina, Dr. Alberto Dibbern, por ejemplo, comenta que “además de no tener costo, se otorgan 47.000 becas para carreras prioritarias”. María Laura Dodino, coordinadora de Educación Superior del Ministerio de Educación de Uruguay, por su parte, relata que “el 80% de los estudiantes están en la Universidad de la República, la que es gratuita, y el sistema de ingreso es abierto; no hay ningún tipo de selección más que haber egresado de bachillerato”.
MARKETING. “Las casas de estudio no compiten por alumnos, sino que por marketing, relacionado más bien a aspectos como la infraestructura, aparecer en los diarios o a las acreditaciones. Elevan sus aranceles en pos de ello y la demanda no desaparece”, advierte Alejandra Mizala, economista de la U. de Chile.
Encuesta CERC (mayo-junio): Piñera obtiene sólo 35% de apoyo, mentras rechazo se empina al 53%…
Según la última encuesta CERC
La falta de credibilidad convierte a Piñera en el Presidente peor evaluado en los últimos 20 años
El apoyo al jefe de Estado cayó 12 puntos respecto a diciembre de 2010, llegando su respaldo a sólo 35%. El sondeo da cuenta de problemas como la falta de identidad de la actual administración, que se explican en parte por su falta de cercanía y la poca claridad respecto a temas que han dado origen a protestas sociales, como la energía y la educación. En el estudio, la ex presidenta Bachelet volvió a encabezar la lista de políticos con más futuro.
por El Mostrador

Una serie de factores como la poca credibilidad, la falta de claridad respecto a cómo se abordarán temas como la energía y la educación, y por sobre todo la falta de identidad del gobierno, son los que explican la mala evaluación que obtiene el Presidente Sebastián Piñera en el estudio Barómetro de la Política correspondiente a los meses de mayo y junio.
El sondeo, que fue presentado este martes por el director del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC), Carlos Huneeus, destaca que el jefe de Estado cuenta con un apoyo de 35% -12 puntos menos que en la muestra anterior de diciembre de 2010-, el más bajo de un mandatario en los últimos 20 años y con una baja simpatía ciudadana de sólo 28%.
En cuanto a la credibilidad, la encuesta señala que una mayoría de 57% le cree poco o nada a Piñera. Peor aún, el 71 por ciento de las personas consultadas considera que desde que la derecha asumió el poder se han visto pocos o ningún cambio, mientras que sólo el 20% cree que el actual gobierno es mejor que los anteriores.
El estudio atribuye lo anterior a las dificultades tanto del gobernante como de su administración para mostrar su identidad. De hecho, considera que se ha visto opacado por la memoria del gobierno de Bachelet.
Baja de expectativas y demandas sociales
Como era de esperarse, la encuesta atribuye la baja de Piñera a la sensibilidad de la ciudadanía respecto de los temas que han originado grandes movilizaciones sociales, como la energía, el medio ambiente y la educación.
Es así como la falta de claridad respecto al futuro energético del país se traduce en que la mitad de los encuestados rechaza la construcción de nuevas centrales, lo que según el Barómetro, tiene que ver principalmente en el rechazo a la construcción del megaproyecto Hidroaysén, que se elevó dos puntos, de 60 a 62 por ciento. Y el rechazo a las centrales nucleares se eleva al 79%.
La educación, en tanto, aparece en el segundo lugar, con 34%, entre los peores servicios del Estado, después de la salud (54%).
Pese a las altas cifras de crecimiento, la encuesta revela que las personas temen por las expectativas económicas futuras, principalmente por el temor al aumento de los precios. Además, el 65% de los consultados considera que no ha resultado favorecido por el crecimiento.
La percepción, sostiene el sondeo, es que el sistema económico actual pone menos atención a los derechos de los trabajadores. Esto explica la mayor valoración de la sociedad respecto de los sindicatos. Es así como el 73% considera que éstos son necesarios, y el 66% apunta q que los trabajadores deben negociar colectivamente.
Concertación y el fantasma de Bachelet
El Barómetro Político vuelve a confirmar una máxima que se ha venido manifestando en otros sondeos: mayor oposición no significa aumento del apoyo a la Concertación. De hecho el bloque opositor también muestra problemas de identificación. Es así como sólo el 15% cree que ha desempeñado una buena labor.
Un factor que ha determinado este bajo porcentaje tiene que ver con la mala evaluación de la ciudadanía del papel que Ha desempeñado el Parlamento, que es valorada positivamente por sólo el 12%.
Donde sí la Concertación puede sacar cuentas alegres es respecto de la imagen que tienen sus gobiernos, ya que aumentaron a 36% quienes consideran que fueron buenos, y sólo el 9,0% considera que fueron malos.
Y respecto a los políticos con más futuro, la ex presidenta Michelle Bachelet volvió a posicionarse en el primer lugar entre los políticos con más futuro, con el 32%. Le sigue el biministro de Minería y Energía, Laurence Golborne (28%), y el ministro de Educación, Joaquín Lavín (24%).
Y si se excluye Bachelet, el mejor posicionado en la oposición es el senador del PPD Ricardo Lagos Weber (29%). De todas maneras, el 35% de los encuestados cree que Bachelet será la próxima mandataria, y sólo el 8,0% menciona a Golborne y sólo el 3,0% a Lavín.
Metodología
El estudio Barómetro de la Política elaborado por CERC entrevistó a 1.200 personas de ambos sexos mayores de 18 años y que residen en las quince regiones del país.
La muestra, que se recogió entre el 7 y el 24 de mayo representa al 99% de la población total y el error muestral es de 3,0 por ciento.
CERC: Aprobación a Piñera cae a mínimo histórico y rechazo continúa al alza

La encuesta realizada entre mayo y junio registró un 35% de respaldo al Presidente, la cifra más baja obtenida por un mandatario desde 1990. Mientras, la desaprobación se incrementó en doce puntos hasta el 53%, un 57% de los consultados le cree "poco o nada" y un 64% de las personas considera que el suyo es un "gobierno de los empresarios".
A un mínimo histórico de 35% cayó la aprobación del Presidente Sebastián Piñera, que en diciembre pasado ostentaba un 47%, según los datos recopilados en el “Barómetro de la política mayo-junio” del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC).
El porcentaje es el menor que ha obtenido un mandatario en el sondeo desde 1990, mientras que el nivel de desaprobación llegó a 53%, sobre el 41% registrado en diciembre.
La encuesta destaca también que “el Presidente tiene un problema de credibilidad”, ya que un 57% de los consultados le cree “poco o nada”. Asimismo, “tiene una baja simpatía ciudadana”, puesto que un 27% tiene una mala opinión de él y un 28% tiene una opinión positiva.
En la misma línea, se incrementa la percepción de que su administración es un “gobierno de los empresarios”, ya que un 64% de las personas adhieren a esta afirmación, mientras que un 58% lo hacía en el último registro. Respecto a la misma pregunta, solo un 26% considera que no es un “gobierno de los empresarios”, cifra que en diciembre alcanzaba el 30%.
De acuerdo al 38% de los encuestados por el CERC, el biministro de Energía y Minería, Laurence Golborne, sería el mejor candidato presidencial del oficialismo. Lo siguen el ministro de Educación, Joaquín Lavín (13%), Rodrigo Hinzpeter (6%), Evelyn Matthei (6%) y Pablo Longueira (4%).
En la Concertación, la medición es encabezada por el senador Ricardo Lagos Weber (29%), seguido por Carolina Tohá (13%), Guido Girardi (11%), José Antonio Gómez (7%), Ignacio Walker (6%) y el alcalde de Peñalolén, Claudio Orrego (3%).
Sin embargo, ante la pregunta abierta sobre quién sucederá en el cargo a Piñera, un 35% de los consultados señaló a la ex Presidenta Michelle Bachelet, un 8% se inclina por Golborne y un 3% indica a Lavín.
La ex mandataria también lidera a los políticos con más futuro con un 32%, superando a Golborne (28%), Lavín (24%), Ricardo Lagos Escobar (10%) y Ricardo Lagos Weber (9%).
Sobre la Concertación, aunque un 36% considera que sus 20 años de mandato fueron positivos, apenas el 15% opina que lo ha hecho bien como oposición a Piñera y solo un 24% ha visto satisfechas las expectativas que tenía.
La encuesta CERC contempla a 1.200 personas mayores de 18 años y un margen de error de 3%. Fue realizada entre el 7 y 24 de mayo pasado.
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Miércoles 22 junio 2011 | 22:53
Publicado por Radio Bío-Bío
Imagen: http://www.academicosudec.clEn una misiva publicada en el sitio web www.academicosudec.cl, los docentes e investigadores de la Universidad de Concepción (UdeC) rechazaron la reforma a la educación superior impulsada por el gobierno, destacando que de continuar, se pondría en riesgo la misma supervivencia de la tradicional casa de estudios.
Según establecen los académicos, la educación superior chilena se encuentra en su mayor crisis desde 1981, cuando fue implantado el sistema de autofinanciamiento universitario. En el mismo sentido, se identifica el lucro como la causa de su deterioro, en lo que califican como una asociación “peligrosa, negativa y hasta perversa”.
“Es sorprendente e injusto el gasto de hasta un 70% del total del presupuesto asignado a educación en el que incurren las familias chilenas para educar a sus hijos e hijas, entre otras falencias del sistema”, explican.
En el texto, los docentes afirman que no es compatible poder acoger a los alumnos que provienen desde los sectores más postergados de la sociedad, con el escaso apoyo que hoy brinda el Estado.
“Creemos que de no modificarse el actual estado de cosas, la Universidad de Concepción corre serios riesgos para continuar con su larga y constante tarea de formar profesionales, intelectuales y científicos y científicas que contribuyen decididamente al desarrollo de la región y el país”.
Finalmente, los académicos hacen un llamado a establecer verdaderas instancias de diálogo entre autoridades, estudiantes y funcionarios, así como a adherir a las próximas jornadas de discusión, agendadas para este jueves 23 de junio.
Ciudad Universitaria, 22 de junio de 2011
Los académicos y académicas de la Universidad de Concepción, pertenecientes a distintas facultades de esta Casa de Estudios, abajo firmantes, frente a la actual situación universitaria chilena, declaran lo siguiente:
1. Constatamos que la comunidad universitaria nacional, regional y local se encuentra en total acuerdo respecto a la gravedad de la crisis de la educación terciaria en el país, sin duda, la más preocupante desde el año 1981, cuando se inició el sistema de autofinanciamiento universitario. El consenso de la comunidad chilena se manifiesta mayoritariamente: en la percepción del deterioro de la educación superior; en la apreciación de que la formación universitaria vinculada con el lucro constituye una peligrosa, negativa y hasta perversa asociación; en el insuficiente gasto público del estado, cuya inversión en la formación universitaria sólo alcanza un 0,3% del PIB; en el hecho de que la reforma impulsada por el actual gobierno continuará acentuando la profunda inequidad del sistema educacional chileno, incluyendo –naturalmente- a las universidades del país; en el sorprendente e injusto gasto de hasta un 70%, del total del presupuesto asignado a educación, en el que incurren las familias chilenas para educar a sus hijos e hijas, entre otras falencias del sistema.
2. Siguiendo los mismos planteamientos de nuestras máximas autoridades universitarias, creemos que de no modificarse el actual estado de cosas, la Universidad de Concepción corre serios riesgos para continuar con su larga y constante tarea de formar profesionales, intelectuales y científicos y científicas que contribuyen decididamente al desarrollo de la región y el país. Frente a ello, reafirmamos la vocación esencialmente pública de la Universidad de Concepción, al formar a estudiantes que provienen mayoritariamente de sectores más postergados y constituir una de las pocas instituciones de educación superior de Chile verdaderamente universitaria, esto es, con docencia de calidad, investigación de alto impacto, al servicio de las reales necesidades del país y con extensión que contribuye al desarrollo de la cultura y las artes regionales y nacionales.
3. Resulta una lamentable paradoja comprobar que las políticas universitarias que se siguen implementando sólo permiten el desmantelamiento de universidades, como la nuestra, que buscan, precisamente, aportar de modo real a terminar con las inequidades que provoca un sistema desgastado y en crisis. Por lo mismo, hacemos un llamado a establecer un diálogo abierto, fructífero, comprometido con el desarrollo social del país, de académicos, académicas, estudiantes, funcionarias y funcionarios, en conjunto con nuestras autoridades, así como a generar, entre los académicos, mecanismos de organización y participación democrática que se aboquen a buscar soluciones a los graves problemas por los que atraviesa la educación superior.
4. Por último, llamamos a adherir a las iniciativas de discusión ya en marcha de estudiantes, administrativos y académicos y académicas, como el llamado para el jueves 23 de junio, convocado por los Sindicatos 1 y 3 de la Universidad de Concepción.
Rector de la U. de Chile: Propuesta de Lavín es “muy insuficiente”

El rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, aseguró que la oferta entregada por el Gobierno no incluye puntos sustanciales como la regulación del lobby; la proyección de una superintendencia de Educación Superior que fiscalice el lucro en los planteles y los aportes basales a las universidades estatales. La propuesta será analizada este miércoles en el Senado y Consejo Universitario, instancias donde se decidirá si se suscribe este acuerdo con el Ejecutivo.
Como “muy insuficiente” calificó el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, la respuesta entregada por el Gobierno a las demandas de los planteles estatales y que implicaba, entre otras cosas, una inyección de 217 millones de dólares a entregarse en los próximos cinco años a las 25 casas de estudios que integran el CRUCH.
“La propuesta hecha por el ministro a las universidades tradicionales es muy insuficiente porque excluye cuatro aspectos que me parecen centrales: Falta más transparencia a través de una ley que regule el lobby y la obligación de que los estados financieros de las universidades sean auditados externamente; no se proyecta una superintendencia de educación superior que haga cumplir la ley que estipula que las universidades no pueden tener lucro; no se entregan aportes basales a las universidades estatales en virtud de que el Estado es su dueño y tampoco se define un aumento de tipos y montos de becas para los estudiantes”, dijo la máxima autoridad de nuestra casa de estudios.
Pérez sostuvo que aunque ha habido avances en otros temas, la principal piedra de tope es el financiamiento. “Para lograr esos fondos habrá que concursar y las universidades estatales tienen que planificar su desarrollo a mediano y largo plazo. Eso requiere aportes basales que aseguren su sustentabilidad académica y económica. La Universidad se mira a 10 a 15 años”, afirmó.
Por lo mismo, el rector hizo un llamado al ministro a “no seguir dilatando los tiempos de conversación.
Pérez adelantó que se discutirá el tema este miércoles en el Senado Universitario y en el Consejo Universitario, instancias donde se decidirá si la Universidad de Chile suscribirá este acuerdo con el Gobierno.
Finalmente, respecto de un eventual cambio en la oferta del Ejecutivo, el rector Pérez indicó que “De aquí al jueves hay tiempo para que cada uno de los actores reflexione y haga los planteamientos necesarios para permitir buscar una salida a esta situación”.
Detalles de la propuesta
El ofrecimiento del Ministerio de Educación, incluye aspectos como:
—Avanzar “hacia una rendición de cuentas públicas de todas las instituciones de educación superior”, lo que implica fortalecer la fiscalización y “será exigencia la publicación de una FECU semestral de cada institución”.
—Crear una mesa de trabajo para presentar un marco para un proyecto de Ley sobre Universidades Estatales antes del 31 de agosto y otra para un proyecto de ley a fin de crear la Subsecretaría de Educación Superior antes del 31 de julio.
—Revisar la focalización de las ayudas estudiantiles basada en quintiles, evaluando la incorporación de los deciles.
—Crear un “aporte de nivelación académica” (que se entregará directamente a las universidades) para apoyar el ingreso de estudiantes con mejor ranking de cada establecimiento, aunque no alcancen los puntajes necesarios en la PSU.
—Implementar un marco legal para acreditación que sea más exigente y que garantice la no existencia de conflictos de interés de los acreditadores participantes de los procesos. Crear una mesa de trabajo cuyas conclusiones sirvan de marco para un proyecto de ley antes del 1 de julio de 2012.
—US$ 62 millones para fortalecer universidades estatales y US$ 15 millones para no estatales del Consejo de Rectores, dineros que se asignarán contra proyectos y metas específicas de desarrollo.
—Reajustar el Aporte Fiscal Directo en la misma proporción que las remuneraciones del sector público.
—Un fondo para aumentar el equipamiento científico para la investigación de excelencia, que será concursable y anual para equipamiento sobre US$ 150 mil. Este fondo comenzará con un piloto por US$ 10 millones.
—US$ 50 millones para elevar la calidad en la formación de profesores y agilizar el proyecto de ley que establece como obligatoria la Prueba Inicia a los egresados de pedagogía.
—Establecer una mesa de trabajo sobre financiamiento estudiantil en conjunto con los representantes de los alumnos. Con esto se definirá el proyecto de ley de reprogramación del Fondo Solidario y la reformulación del Crédito con Aval del Estado (para bajar su tasa de interés) antes del 31 de agosto.
La respuesta de los universitarios
Este martes el ministerio también planteó sus compromisos con los estudiantes a través de una carta que entregó el propio Lavín a los estudiantes. La misiva presenta un Fondo de Revitalización de la educación universitaria, con 75 millones de dólares.
El ministro propuso también modificaciones al funcionamiento del Fondo Solidario, al igual que la disminución de las tasas en el Crédito con Aval del Estado, fiscalizaciones para regular el lucro en las universidades, mayor participación y libre asociación de estudiantes, además de un plan para solucionar las deudas del Estado con los profesores y el estudio para que la TNE pueda ser usada todo el año.
La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Camila Vallejo, reconoció que por primera vez existe una respuesta sólida, aunque sin la profundidad que ellos esperaban en asuntos como el de una Educación Pública, por lo señaló que analizarán la respuesta con todos los estudiantes.
“Por fin se nos entrega una respuesta concreta, si bien faltan algunos puntos. Este texto será bajado a los estudiantes desde Arica a Magallanes para estudiar la proyección del movimiento, no están todos los puntos, pero sí hay una respuesta concreta que esperábamos, la que se someterá a discusión en todos los espacios, analizando junto a todos los compañeros”, indicó la dirigenta.
El parcial cumplimiento de las demandas de los estudiantes no fue interpretada por el secretario de Estado como una forma de ceder ante las presiones. “Estos temas son de nuestra agenda de educación superior, esto coincide con lo que los estudiantes quieren, hablamos de las mismas cosas, pero diferimos en la forma. Hay respuesta a todos los temas, tenemos un compromiso concreto de enviar un proyecto de ley que establezca alternativas a la desmunicipalización, tenemos plazo hasta el 30 de septiembre y lo vamos a cumplir”, sostuvo Lavín.
Según el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, es insuficiente la respuesta de Lavín porque debe haber un rol más preponderante del ministerio ya que cualquier otra medida va al fracaso en la búsqueda de la educación pública.
Gajardo agregó que no hubo condiciones para establecer la mesa de diálogo. “Este es un movimiento de tal envergadura y transversalidad que tiene el apoyo del pueblo. Por lo tanto, creo que el ministerio no tiene la capacidad para hacer condiciones, nosotros daremos cualquier paso con el ministerio sobre los temas de fondo y no por medidas que impliquen unos pesos más o unos pesos menos”.
De todas formas, Vallejo indicó que esto no significa el término de las movilizaciones.
Inminente rechazo de Universidad de Chile a propuesta de ministro Lavín

Tanto el Consejo como el Senado Universitario analizaron la propuesta entregada por el secretario de gobierno, quienes apuntan a una insuficiente inyección de recursos. Rector Víctor Pérez encabeza reunión decisiva del CRUCH con el ministro fijada para este jueves.
El miércoles, el Consejo Universitario y el Senado Universitario de nuestra casa de estudios decidieron manifestar su tajante rechazo a la propuesta del ministro de Educación, Joaquín Lavín, a las demandas del sector en el marco de la reforma a la educación superior.
El Consejo de la Universidad de Chile se reunió la tarde de ayer miércoles, donde se analizó esta propuesta entregada por el ministro a los dirigentes de la Confech y el Colegio de Profesores, quienes rechazaron las medidas ofrecidas para bajar la movilización.
Por su parte, el Senado Universitario también dedicó una jornada de estudio de la propuesta ministerial, la que fue refutada por la insuficiencia de los puntos comprometidos, además de no responder de forma clara a la necesidad de mejorar la regulación de instituciones privadas en la educación superior.
El martes, luego de conocer el detalle del ofrecimiento, el rector Víctor Pérez declaró que son “medidas insuficientes” para mejorar la educación, y mantuvo su apoyo a la movilización.
El Rector Pérez destacó cuatro puntos que no fueron abordados por el secretario de gobierno: la falta de transparencia respecto a la regulación del lobby y una auditoría externa a los estados financieros de las universidades; la creación de una Superintendencia de la Educación Superior. Otro de los aspectos que enfatiza la autoridad universitaria recae en mayor inyección de recursos basales a entidades que pertenecen al Estado, además de sumar ingresos al sistema de becas para los estudiantes.
El ministro de Educación, Joaquín Lavín, sostendrá un nuevo encuentro con el Consejo de Rectores de Universidades Tradicionales (CRUCH), quienes mantienen una discusión respecto a la reforma de doce puntos planteada desde gobierno. La última reunión del pasado lunes no alcanzó un punto de acuerdo entre ambas partes, lo que obligó a agendar este nuevo encuentro de forma extraordinaria.
La semana pasada, el CRUCH respondió a este programa con una minuta donde establece sus observaciones, quienes apuntan a la necesidad de regular el lucro en las universidades privadas como una de las principales diferencias.
Por su parte, Joaquín Lavín se reunió la mañana del martes con representantes de la Confech y el Colegio de Profesores, a quienes dio a conocer un paquete de medidas graficado en 75 millones de dólares para atender a algunas demandas del petitorio. Medidas que ahora fueron rechazadas por los estamentos de nuestro plantel representados en el Senado y el Consejo Universitario. El rector tendrá ahora la palabra, frente al titular de Educación.
Chile y la reforma universitaria: el proyecto ultra-mercantil del Ministro J. Lavín…
21 de Junio de 2011
Lavín, Guzmán, Pinochet y la revolución universitaria del 81
- Jaime Retamal
- Facultad de Humanidades de la Usach
- http://educacion.usach.cl
Bastante de violencia han hablado las autoridades de gobierno la última semana, y esto a propósito de las movilizaciones de los estudiantes universitarios.
La retórica equilibrista del Ministro de Educación, Joaquín Lavín, hablando no desde el ministerio de Educación, sino desde el mismísimo Palacio de La Moneda, el centro del poder, mezcló la palabra “energía” con “violencia” para desacreditar a esos miles de jóvenes que caminaron pacíficamente por la Alameda.
¿Es la educación superior chilena un enclave autoritario de la dictadura de Pinochet?; ¿es su lógica, su inspiración, su modelo, su fundamentación, herencia –una más- del totalitarismo pinochetista de los 80?
No es porque el Ministro y La Moneda estén ad portas de nuevas encuestas de opinión, el motivo por el cual calificamos su retórica de equilibrista. Es así, más bien, porque la respuesta a la pregunta de si la educación superior es o no un “enclave autoritario” está llena de un vértigo abismal, para quien pretende ser, como Joaquín Lavín, el nuevo Presidente de Chile, o para quien desea pasar a la historia como un gran Ministro de Educación.
Nadie está más cercano al vacío que Joaquín Lavín. Gran opus-deista chileno; fundador de una universidad privada; ilustrísimo Chicago boy y UDI hasta el tuétano: heredero, hijo putativo predilecto de Jaime Guzmán y Augusto Pinochet Ugarte. Creador -ghost writer- como dice el mito urbano, de la famosa frase “de cada siete chilenos, uno tendrá automóvil; de cada cinco, uno tendrá televisor, y de cada siete, uno dispondrá de teléfono”, dicha por el Capitán General un 11 de Septiembre de 1980. Los ochenta… la década de las más profundas transformaciones en la educación chilena, particularmente, en la educación superior ¡Qué años!
No es una tesis del todo descabellada afirmar que “Marzo del 81” es EL momentum de toda la revolución de la educación superior en Chile, resistida hoy en las calles y en crisis, por cierto, como lo reconocen todos los actores.
Marzo del 81. Chile disputaba la Copa Davis sufriendo contra Colombia; los cines tenían en su cartelera a “Belle de jour” y se estrenaba “El huevo de la Serpiente” de Bergman; Héctor Soto, el cura Valente del cine, ya repetía su ironía (copiada o no) de que Hollywood era una gigantesca fábrica de salchichas; uno de los autos del año, traído directamente desde Francia, era el más ofertado por los diarios, el Renault 5, a toda página; y canal 7 transmitía la serie de 12 capítulos que contaba la vida del “héroe” de la 2ª Guerra Mundial, “Lord Mountbatten”. Todo superficialmente estaba bien y transcurría con normalidad. Pero en el fondo, se estaba gestando la gran transformación de la educación superior que transformaría la lógica universitaria, y también, no está de más decirlo, la lógica del tejido social en Chile.
la revolución universitaria del año 81 de Augusto Pinochet, que encuentra a Jaime Guzmán como uno de sus defensores más radicales, no hace sino retrotraernos a un momento difícil de nuestra historia nacional y a un momento donde se produjeron profundos cambios que terminaron por configurar otra sociedad y otra cultura. Para ello, la Universidad fue central.
Fue en Marzo del 81 cuando se dio inicio al llamado “Periodo Constitucional” de Augusto Pinochet. El 11 de Marzo juró ante la nueva Constitución de la República de Chile y el oficialismo declaraba que el país “recuperaba la confianza en sí mismo.”
Con ese tono tan característico que poseía, Augusto Pinochet enfatizaba en su discurso del 11 de Marzo del 81: “No podría dejar de mencionar, entre los progresos sociales que se han materializado en estos años, las recientes reformas a las normas sobre educación superior[…]El Gobierno ha sentado las bases para que su acción educacional, con el aporte primordial de la iniciativa particular de los chilenos, permita una capacitación amplia y de calidad a vastos sectores que hasta ayer se veían privados de ella […] el dictar estas normas legales obedece a nuestra profunda convicción de que la autonomía de cada persona y la igualdad de oportunidades para todos, son bases esenciales de la Gran Nación que aspiramos a construir e integrar.”
Las dos cosas que primero hizo Pinochet, tras jurar, fue anunciar un nuevo presupuesto para las universidades (lógica presupuestaria que se mantiene hasta hoy más menos) y declarar al país en “Estado de Peligro de Perturbación de Paz Interior”, recurriendo a las facultades que le confería la disposición 24ª transitoria de la nueva Carta Fundamental.
¿Alguien en su sano juicio, dada las condiciones, iba a alzar la voz como correspondiese ante tamañas transformaciones revolucionarias en la universidad?
Pues sí; Jaime Guzmán tomó partido. Entregó uno de los apoyos más fundamentales a esa transformación revolucionaria a la educación superior llevada adelante por el Capitán General Augusto Pinochet y el aparato totalitario de instalación de políticas públicas de cada sector gubernamental.
Un documento verdaderamente histórico de 14 páginas –“histórico” dada la revolución y dada la actual crisis universitaria- resulta ser la fundamentación que Jaime Guzmán hiciera en la Revista Realidad de Marzo del año 1981. Se trata de un escrito formidable, por su densidad ideológica y filosófica, que muestra no sólo la genialidad del fundador del gremialismo y la UDI, sino también, la profundidad social que una revolución universitaria puede crear.
Este documento fue escrito en co-autoría con Hernán Larraín, actual senador UDI, y se titula “Debate sobre nueva legislación universitaria”.
Como se sabe (ver los textos de Renato Cristi o Verónica Valdivia) Jaime Guzmán mutó de una concepción “gremial-corporativa” a una “neoliberal”. Y fue en los 80 donde defendió esta nueva concepción. Su principal “brazo armado” teórico fue la Revista Realidad, fundada por él mismo el año 1979. Nada de mitos –dice su escrito fundacional- ni de utopías destructoras, la verdadera fe debe estar puesta en aceptar con realismo la verdadera naturaleza del hombre y las cosas, debemos ajustarnos a la realidad, afirma.
Pues bien, en Marzo del año 1981, en una especie de debate imaginario se afirma que “la sola publicación de los primeros cuatro DFL sobre la nueva institucionalidad universitaria, ha desatado una variada crítica de ciertos sectores muy determinados, cuyas principales objeciones hemos creído conveniente recoger y refutar en este artículo.” Entrega este “artículo” 15 refutaciones a 15 objeciones críticas.
Señala que la pretendida Reforma Universitaria de los años 1967-1973 estaba completamente equivocada en su orientación. Tenía fundamentalmente “una visión académica irreal […] una masificación artificial de la educación superior, que iba mucho más lejos de la exigida por la natural evolución social antes mencionada, y que por el contrario se fundaba en una inspiración demagógica , cuyo extremo fue el lema marxista de “universidad para todos”, una desviación de su origen universitario hacia un claro predominio político, que pretendió instrumentalizar las Universidades al servicio de dos sucesivos experimentos ideológicos (democratacristiano primero y marxista después), y en fin, una pérdida de las jerarquías universitarias, ejemplificada en el cogobierno estudiantil y del personal administrativo […] la frustración actual de miles de académicos y estudiantes universitarios, representa la mejor demostración de que el sistema universitario chileno se había deteriorado hasta languidecer en la mediocridad, cuando no a descender a niveles vergonzosos e indignos del nombre de universitario”.
Respecto al eje competitividad, que será crucial en todo el sistema hasta el día de hoy, señala que a la sazón ninguna de las 8 Universidades existentes se encuentra sujetas a desafíos competitivos entre ellas, al tener su financiamiento asegurado por el presupuesto estatal. En este sentido “la nueva legislación universitaria busca una suerte de control indirecto de la calidad académica, que se obtiene básicamente estimulando la competencia entre las universidades. Eso se procura a través de cuatro instrumentos principales, a los que luego haremos sucesiva referencia: la facilidad para crear nuevas Universidades, el surgimiento de institutos de educación superior no universitarios, el cambio en el sistema de financiamiento estatal a ala educación superior, y la racionalización de las actuales Universidades”. Ahí están los ejes del desarrollo universitario que marcarán el futuro del sistema.
En efecto, “la competencia constituye un poderoso estímulo de superación personal en el ser humano […] la llamada solidaridad, al margen de estímulos competitivos, siempre ha redundado en mediocridad y fracaso […] para superar la baja calidad de muchas escuelas o sedes universitarias actuales, se hace por tanto indispensable someterlas a un desafío competitivo que las obligue a elevar sus niveles docentes si desean salir airosas. Y nada mejor para ello que entregarle la decisión al usuario, en este caso al postulante universitario, el cual sólo podrá ser atraído por medio de la calidad académica.” En este sentido, no se puede tildar a esta reforma de economicista, pues representa “un simple slogan para intentar el descrédito de un camino eficaz de mejoramiento académico de nuestras Universidades, sin que exista de parte de los detractores ninguna sugerencia alternativa que pudiera considerarse preferible e igualmente idónea para el fin perseguido.”
Cuando se hace referencia a la gratuidad, el texto de Guzmán es muy clarificador, pues señala que “la llamada “educación universitaria gratuita” que prevaleció tradicionalmente en Chile, no pasaba de constituir un eufemismo para ocultar la verdadera realidad, ya que todos saben que ningún servicio social –ni mucho menos el de brindar educación superior- puede ser realmente gratuito. Su costo lo paga alguien, y ese alguien es el Estado.” Es decir, lo pagaban los millones de chilenos a través del pago de impuestos y contribuciones. El punto es que “implicó que muchos chilenos de menores recursos financiaban la formación profesional de personas de ingresos más elevados, que en numerosos casos estaban en condiciones de pagar sus estudios. La injusticia se agudizaba por el hecho de que el título profesional así obtenido facultaba a su poseedor para percibir ingresos periódicos superiores al promedio de los contribuyentes chilenos. La decisión de terminar con esta injusticia social, y que cada persona pague el valor de su educación superior, alcanza la mayor importancia ética dentro del camino hacia una sociedad más justa”.
Como se advierte en la Editorial de este número de la Revista Realidad de Marzo de 1981, titulada ¿Qué hacer ahora en las Universidades?, “la ley es categórica: las actuales Universidades estarán abiertas a la competencia por la captación de alumnos, frente a nuevas Universidades o a otros institutos de educación superior no universitarios que se puedan formar […] la racionalidad económica impuesta, junto con evidenciar la principalísima importancia del profesor, hace exigible su calidad diseñando mecanismos para su eficaz logro”.
Y para el estudiante universitario, la Editorial afirma que “lo que antes recibía gratuitamente (o casi) por su sola aptitud, ahora le significará una mayor responsabilidad debido a las consecuencias económicas que puede tener –para él o su familia- su eventual negligencia. Esto se traduce en un mayor compromiso del alumno con sus estudios y, al mismo tiempo, lo hace un elemento que demanda y urge más y mejor servicio docente”.
No obstante, cabe recordar, como lo hace Verónica Valdivia en sus “Lecciones de una Revolución: Jaime Guzmán y los gremialistas, 1973-1980” que “a Guzmán nunca le interesó de manera especial el área económica o de políticas sociales, sino lo social y político en tanto dominación, pues creía en una sociedad constituida por seres desiguales y naturalmente jerárquica. Su supuesta “neoliberalización” no afectaba ese núcleo central, sino lo reforzaba al debilitar celularmente a los partidos con la hegemonía del mercado.” En este sentido, Guzmán no es un pensador político simple; su complejidad y aguda visión de la historia de la derecha chilena, sumado a su inconfundible pragmatismo portaliano, lo hacen extremadamente difícil de aprehender conceptualmente.
En todo caso, la revolución universitaria del año 81 de Augusto Pinochet, que encuentra a Jaime Guzmán como uno de sus defensores más radicales, no hace sino retrotraernos a un momento difícil de nuestra historia nacional y a un momento donde se produjeron profundos cambios que terminaron por configurar otra sociedad y otra cultura. Para ello, la Universidad fue central.
Durante las últimas semanas dirigentes estudiantiles, rectores, académicos, líderes de opinión y hasta políticos, han insistido y recordado que la actual crisis de la educación superior tiene un determinado año de inicio con un contexto y actores políticos aún vigentes.
Sin embargo, otros no ven en ninguna parte una crisis. Y no está demás decirlo. Como se sabe, el mercado de la educación superior mueve al año más de 3.300 millones de dólares. Así, nadie duda que el mercado se proyecta, en el corto plazo, extremadamente sustancioso. Más de 1 millón de clientes en la educación superior (universitaria y técnica) nos habla de un muy atractivo negocio si lo multiplicamos por los 3 mil dólares que es el mínimo de nuestro arancel, uno de los más altos del mundo en relación al PIB, según el FMI.
Sólo un realismo cínico en política, a la Maquiavelo, haría decir que la revolución universitaria de Marzo del 81 ha sido exitosa, dada su eficacia y dado su actual dinamismo de mercado.
Ya nadie puede seguir siendo Maquiavelo. Menos el ministro Joaquín Lavín. En todo caso, ¿qué hacía el ministro de educación en Marzo del 81?
El Mostrador.cl






















-Los pingüinos fueron un grito brutal. Decían: ‘hicimos un esfuerzo, llegamos a cuarto medio, tenemos que dar la PSU, pero venimos del colegio X y nunca vamos a sacar lo que obtuvo la niñita del Santiago College. Hicimos un esfuerzo pero la sociedad nos ofrece un sistema que no respeta nuestros derechos y es perfectamente desigual”, afirma García Huidobro, recordando la rebelión que puso la desigualdad en la educación en el primer punto de la agenda.
-¿Qué le parece la idea de semaforizar la educación?
-Otras de las medidas que quiere tomar el ministro Lavín es permitir que los directores puedan despedir al 5% de los docentes. Y ello porque se critica mucho la inmovilidad que tienen los profesores en el sistema municipal.
-¿Por qué cree que ha habido esa desvalorización de la imagen del profesor?
