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Archivo para abril 23rd, 2010

Chomsky alerta sobre el auge de la ultraderecha en EEUU

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Obama_caracterizado_Hitler Crece el desencanto con el gobierno

David BrooksLa Jornada

La derecha se alimenta de la frustración y avanzan ultraconservadores como el Tea Party. Se persigue a latinos y negros como Alemania lo hizo con judíos, asegura el intelectual.

El desencanto con el gobierno y los políticos ha crecido a niveles sin precedente a últimas fechas según sondeos; crecen la ira, la incertidumbre, el pesimismo y la desconfianza en Washington, y el fruto de esta frustración popular lo cosechan derechistas.

Nunca he visto algo parecido en mi vida declaró Noam Chomsky. Entrevistado por Chris Hedges para el sitio de Internet Truthdig, añadió que el humor del país es aterrador. El nivel de ira, frustración y odio a instituciones no está organizado de manera constructiva. Es desviado a fantasías autodestructivas en referencia a expresiones populistas de la ultraderecha.

El sentimiento antigubernamental se ha incrementado entre la sociedad, y sólo 22 por ciento dice confiar plenamente en el gobierno, según sondeos del Pew Research Center, uno de los puntos más bajos en medio siglo. Para casi toda medida concebible, hoy los estadunidenses son menos positivos y más críticos de su gobierno. Hay una tormenta perfecta de condiciones asociadas con la desconfianza hacia el gobierno: una economía abismal, un público pesimista y un descontento épico con el Congreso y los funcionarios electos afirmó Andrew Kohut, presidente del Pew Research Center, al resumir las conclusiones de una serie de sondeos.

El Pew registró que sólo 25 por ciento tiene una opinión favorable del Congreso –el punto más bajo en 50 años– y 65 por ciento expresa una opinión negativa. Cada vez más estadunidenses opinan que el gobierno tiene equivocadas las prioridades y que eso tiene un impacto negativo en sus vidas cotidianas. El 62 por ciento afirma que las políticas del gobierno benefician sólo a algunos grupos, y 56 por ciento opina que el gobierno no hace lo suficiente para ayudar al estadunidense promedio.

Además, se confirma el incremento del sentimiento antigubernamental entre un segmento de la sociedad, al duplicarse aquellos que dicen que están enojados con el gobierno federal: de 10 por ciento en 2000, a 21 por ciento hoy. Y 30 por ciento percibe que el gobierno es una amenaza para su libertad personal.

El Pew también registró, en un revés comparado con un sondeo de meses atrás, que la mayoría desconfía de un mayor papel del Estado en la economía, con la excepción de rubro del sector financiero, donde una amplia mayoría desea que el gobierno regule estrictamente a las empresas financieras.

Tal vez el sector más desencantado con el gobierno es el llamado movimiento Tea Party, expresión ultraconservadora que surgió hace un año en protesta por el proyecto de estímulo económico y que creció en visibilidad en la campaña contra la reforma de salud impulsada por el gobierno de Barack Obama. Este movimiento es mayoritariamente conformado por hombres blancos republicanos mayores de 45 años quienes se describen enojados o furiosos con Washington. Son considerados como la parte más dinámica del movimiento conservador con el propósito no sólo de detener las propuestas de Obama, sino también de atacar a políticos republicanos considerados no suficientemente conservadores.

Encuestas recientes del New York Times/CBS News, revelaron que 18 por ciento de los estadunidenses se identifican como simpatizantes del Tea Party, se clasifican muy conservadores, son sumamente pesimistas sobre la dirección del país y severamente críticos de Washington y, por supuesto, de Obama. Más de 90 por ciento de ellos cree que el país avanza por una vía equivocada y el mismo porcentaje desaprueba al presidente y su manejo político. Un 92 por ciento estima que Obama lleva al país hacia el socialismo (una opinión compartida por más de la mitad de la población en general, por cierto).

Por otro lado, las expresiones de ira popular derechista se registran al reportarse más crímenes de odio, un incremento de grupos ultraderechistas racistas, así como informes no oficiales de un creciente número de amenazas de muerte contra el presidente. Las agencias de seguridad pública han elevado el estado de alerta por lo que llaman terrorismo doméstico.

A la vez, se han reportado incidentes, varios bajo investigación, de actos de intimidación contra legisladores federales y otros políticos electos. A principios de mes, más de 30 gobernadores recibieron cartas de un grupo antigubernamental ultraconservador que les exigía su renuncia en un plazo de tres días (aunque no había amenaza de violencia), lo cual provocó que autoridades federales advirtieran a policías locales que las cartas podrían provocar comportamiento violento. Como este, hay más ejemplos a lo largo del país.

La ola de desilusión con el gobierno y los gobernantes provoca preocupación entre algunos políticos que aún no saben qué impacto podría tener en las elecciones legislativas intermedias en noviembre. Pero para otros es aún más alarmante.

Es muy similar a la Alemania de Weimar. Los paralelos son notables. También ahí había una desilusión tremenda con el sistema parlamentario apuntó Chomsky en la entrevista con Truthdig. Estados Unidos tiene mucha suerte en que no ha surgido una figura honesta y carismática ya que si eso sucediera este país estaría en verdaderos apuros por la frustración, la desilusión y la ira justificada y la ausencia de una respuesta coherente añade.

En Alemania, recordó, el enemigo creado para explicar la crisis fueron los judíos. “Aquí serán los inmigrantes ilegales y los negros. Nos dirán que los hombres blancos son una minoría perseguida. Nos dirán que tenemos que defendernos y defender el honor de la nación. Se exaltará la fuerza militar. Habrá golpizas. Esto se podría convertir en una fuerza abrumadora. Y si ocurre será más peligroso que Alemania. Estados Unidos es un poder mundial… No creo que todo esto esté lejos de suceder”.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2010/04/21/index.php?section=mundo&article=033n1mun

Written by Eduardo Aquevedo

23 abril, 2010 at 17:34

Concluye cumbre en Bolivia: comprometidos en cuidar el planeta…

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Evo_Morales_010708_(1)CERRO LA CONFERENCIA DE LOS PUEBLOS SOBRE CAMBIO CLIMATICO Y DERECHOS DE LA MADRE TIERRA

El encuentro concluyó con varios consensos: la necesidad de crear un Tribunal Internacional de Justicia Climática, hacer respetar los derechos de la Madre Tierra y preparar un referéndum mundial que indague sobre el modelo capitalista.

Por Sebastián Ochoa, desde Cochabamba

“Hoy, nuestra Madre Tierra está herida y el futuro de la humanidad está en peligro. De incrementarse el calentamiento global en más de 2º C, a lo que nos conduciría el llamado ‘Entendimiento de Copenhague’, existe el 50 por ciento de probabilidades de que los daños provocados a nuestra Madre Tierra sean totalmente irreversibles. Entre un 20 y un 30 por ciento de las especies estaría en peligro de desaparecer”, comienza el Acuerdo de los Pueblos, presentado ayer en esta ciudad. Los representantes de los gobiernos de varios países se comprometieron a defender este documento en la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 16), que se realizará a fin de año en México.

“Es nuestra obligación hacer respetar todos los documentos. Si los gobiernos, especialmente los países desarrollados, acatan y aplican nuestros documentos, habremos salvado al planeta y a la humanidad. Siento que ahora viene la próxima batalla: convencer, persuadir, explicar o finalmente, si no nos escuchan, ver cómo organizarnos y potenciarnos en todo el mundo para obligar a que los países desarrollados respeten las resoluciones de los movimientos sociales del mundo”, dijo el presidente Evo Morales en el acto de clausura de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra, que se realizó del 19 de abril hasta ayer.

El cierre se hizo en el estadio Félix Capriles, adonde concurrieron 40 mil personas para escuchar los resultados de las 17 mesas de trabajo que sesionaron en el municipio de Tiquipaya, a 10 kilómetros de esta ciudad. En ellas estuvieron acreditadas 35 mil personas (nueve mil extranjeros) de 146 países. También participaron las delegaciones oficiales de 47 naciones.

El encuentro concluyó con varios consensos: la necesidad de crear un Tribunal Internacional de Justicia Climática, hacer respetar los derechos de la Madre Tierra, montar un referéndum mundial para que dos mil millones de electores digan si están de acuerdo o no con vivir en un sistema capitalista. También exigieron que los países industrializados reduzcan sus emisiones de gases contaminantes en un 50 por ciento hasta 2020. A estas 42 naciones, comprometidas ante las Naciones Unidas a pagar los platos rotos de la crisis climática, solicitaron la entrega del seis por ciento de sus productos brutos internos para financiar el costo de la adaptación al calentamiento global en países empobrecidos.

Morales iba a estar acompañado de otros presidentes progresistas, pero sólo asistió el venezolano Hugo Chávez. El de Nicaragua, Daniel Ortega, suspendió el viaje porque tuvo problemas con sus opositores en la Asamblea Nacional (ver aparte). Fernando Lugo, de Paraguay, y Rafael Correa, de Ecuador, se ampararon en el grosor de sus agendas.

“La verdadera solución al tremendo problema de la crisis global que amenaza al mundo, que está matando hoy a millones, que causa hambre, falta de agua potable, miseria cada día más grande, exclusión, guerras, invasiones, violación masiva de derechos humanos fundamentales, mata ya a millones y amenaza nuestra existencia, la verdadera solución es abrir, construir el socialismo. Esa es la salvación de la humanidad: o socialismo o barbarie, socialismo o muerte”, dijo el presidente de Venezuela.

Dijo a Morales que sus gobiernos deberán financiar el viaje de los 35 mil acreditados a Cancún, México. Allí seguirá la COP 16, que seguirá a la 15, realizada en diciembre pasado en Dinamarca sin que se pudiera firmar un acuerdo. “En Cancún no podemos permitir que se imponga la llamada ‘dictadura imperial’ con el Acuerdo (Entendimiento) de Copenhague. Hubo una gran batalla, pero no hubo acuerdo. Ahora quieren presentar como que sí hubo acuerdo. El gobierno de (Barack) Obama está presionando, chantajeando para que se sumen al falso acuerdo. Desde ya decimos que vamos a Cancún a continuar con más furia y más fuerza la batalla de Copenhague. No nos vamos a dejar imponer ningún documento que no recoja las voces de los pueblos”, dijo Chávez.

PAGINA/12

Written by Eduardo Aquevedo

23 abril, 2010 at 17:21

El extractivismo “progresista” después de La Haya…

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Raúl Zibechi

KLEE17 La sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya acaba de dictaminar que Uruguay violó el Tratado del río Uruguay al no comunicar a Argentina la instalación de la fábrica de celulosa de la firma finlandesa Botnia, en el cruce fronterizo, pero descarta la reclamación del gobierno de Cristina Fernández porque considera que no contamina ni causa perjuicios a las poblaciones ribereñas. Por ello no exige ni su reubicación ni su desmantelamiento, como piden los asambleístas de Gualeguaychú desde hace tres años. Aunque los gobiernos de ambas orillas han dicho que no hay ni vencidos ni vencedores, el tribunal avala de hecho a Uruguay, ya que la empresa seguirá adelante en tanto se confirma, una vez más, que la violación de un tratado internacional no acarrea sanciones.

Las deterioradas relaciones argentino-uruguayas experimentarán una sensible mejora, ya que ambos gobiernos se comprometieron a acatar la sentencia. Sin embargo, ese cambio se debe al empeño del presidente José Mujica, antes de resultar electo, al fijarse como objetivo de su gobierno la recomposición de las relaciones binacionales. El principal problema a resolver es el levantamiento del bloqueo que los ambientalistas argentinos mantienen sobre el puente internacional San Martín. El punto decisivo es cómo va a operar ahora un gobierno frágil como el de Fernández, ya que la represión a los piqueteros puede provocar una situación incontrolable capaz de desestabilizar a su gobierno.

Aunque el tema en debate, en ambos países, es quién ganó con la sentencia de La Haya, el foco de la cuestión es otro. Las principales beneficiadas son las multinacionales extractivistas que operan en toda la región; los monocultivos de eucaliptos y soya que se extienden a lo largo de millones de hectáreas, que usan y abusan de agrotóxicos, esquilman recursos y pagan muy bajos impuestos. La sentencia deja vía libre a estos emprendimientos: 20 millones de hectáreas plantadas con soya en Argentina, un millón de hectáreas de eucaliptos en Uruguay, decenas de emprendimientos mineros en toda la cordillera andina, avance del agronegocio sobre la Amazonia, todo en nombre del desarrollo y bajo el manto protector de la defensa del medio ambiente, ya que ahora hasta las peores multinacionales descubrieron el discurso políticamente correcto.

Los promotores de las nuevas fábricas de celulosa que se anuncian en Uruguay, además de la mina a cielo abierto para extraer mineral de hierro en el centro del país, pueden dormir tranquilos porque en adelante no habrá obstáculos sociales a la acumulación de capital. La minería paga impuestos ridículos de 2 y 3 por ciento, siendo uno de los sectores que mayores ganancias ostentan en el casino de la especulación global.

Ninguno de estos emprendimientos puede considerarse inversiones: amortizan los desembolsos iniciales en pocos años, toda la producción se exporta sin industrializar y no fomentan el desarrollo endógeno. Pero todos los gobiernos de la región se han rendido al extractivismo, aun los de Rafael Correa y Evo Morales, con la peregrina tesis del desarrollo que se reduce en crecimiento del PIB.

En Brasil, el mismo día que se leía la sentencia por Botnia (ahora travestida con el nombre UPM) en La Haya, el gobierno de Lula adjudicó las obras de la usina hidroeléctrica de Belo Monte, sobre el río Xingú, en el estado de Pará. Será la tercera mayor del mundo, luego de la de Tres Gargantas, en China, y de Itaipú, en la frontera entre Brasil y Paraguay, con una capacidad de 11.233 megavatios. El faraónico emprendimiento costará 11 mil millones de dólares, inundará 50 mil hectáreas de selva donde viven 50 mil indios, campesinos y pescadores de 19 aldeas. Comenzará a funcionar en 2015 y, según el gobierno, resolverá los problemas de energía de un país que se postula como la quinta potencia global para esta década.

A la hora de defender su proyecto, el gobierno de Lula estimó que Belo Monte generará energía a casi la mitad del precio que una usina termoeléctrica y que dará empleo a 18 mil personas. El consorcio vencedor está integrado por una subsidiaria de la estatal Eletrobras y ocho empresas privadas, que se beneficiarán del descuento de 75 por ciento en el impuesto a la renta durante los 10 primeros años de operación y será financiada en 80 por ciento por el estatal BNDES, con plazos de hasta 30 años.

Lo más destacable es que la usina viene siendo rechazada por los movimientos desde hace más de 20 años. El primer proyecto es de la década de 1970, durante la dictadura militar. Las protestas de indígenas, ambientalistas y de la Iglesia forzaron la remodelación del proyecto original, en 1994, para disminuir las áreas a ser inundadas. La justicia de Pará intentó dos veces frenar la adjudicación y se produjeron múltiples protestas de todo el arco de movimientos sociales en todo el país. Sin embargo, Lula se mostró inflexible. Desarrollo, crecimiento, son palabras mágicas capaces de abrir los cofres de las financieras para dar impulso a obras y empresas que están dispuestas a pasar por encima de argumentos y pueblos.

El extractivismo o apropiación de los bienes comunes, la nueva fase del neoliberalismo ahora bajo comando de gobiernos progresistas, es para los pueblos originarios una forma novedosa de saqueo colonial. Sorprende el discurso oficial, porque revela creencias profundas: podría argumentarse que la extracción es el paso previo necesario, en la medida que puede aportar recursos para inversiones, para promover el desarrollo, que no puede, sino pasar por la industrialización. Pero se opta por defender el extractivismo con el argumento de las inversiones y el empleo, confundiendo el crecimiento del producto interno bruto con desarrollo. Aun cuando éste último sea cuestionable, suponer que el aumento del PIB es el camino para revertir la pobreza, implica demasiadas concesiones al simplismo y al discurso hegemónico.

LA JORNADA.MX

Bolivia: del Estado aparente al Estado integral…

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Álvaro García Linera*

Bolivia_encrucijada Uno no puede dejar de destacar la lucidez histórica de los movimientos sociales de inicios del siglo xxi que, a tiempo de resistir las estructuras de dominación, se plantearon la revolución del Estado, esto es, la abolición del Estado aparente, la superación del desencuentro catastrófico entre formación social y formación estatal. Ese programa de refundación estatal es lo que se llamó Asamblea Constituyente.

La solidez de los Estados modernos radica en el acuerdo y aceptación activa que la sociedad brinda a la existencia de la institucionalidad política y a los monopolios (de la coerción, de la administración de una parte de las riquezas públicas y de la legitimidad) que caracterizan a la organización estatal.

Eso significa que el Estado es una síntesis connotada y aceptada de las fuerzas, los pactos, las jerarquías y los horizontes compartidos, en torno a una hegemonía social, al interior de una comunidad política territorializada llamada nación o país.

Esta solidez estatal no es un tema de acatamiento de la norma (ilusión juridicista) ni tampoco de hábito cultural (ilusión pedagogista), sino de consistencia estatal, esto es, del modo en que la sociedad construye su pertenencia o externalidad al Estado y del modo en que se produce la adhesión social a las acciones del Estado.

Si la sociedad civil-extensa produce su condensación política en el Estado, estamos ante una relación orgánica óptima entre Estado y sociedad. Y si a ello sumamos un bloque de clases que ha logrado exitosamente constituirse como poder estatal, con la capacidad de promover su liderazgo político-cultural, el consenso y los compromisos prácticos del resto de las clases sociales, en torno a sus acciones, estamos ante un Estado fundado en el principio de hegemonía histórica.

La suma de ambos componentes de estatalidad, la relación orgánica óptima y la hegemonía histórica son lo que, siguiendo a Gramsci, podemos denominar como Estado integral, que no sólo habilita la solidez de los estados democráticos sino el mejor escenario para que las clases sociales laboriosas puedan impulsar una expansiva socialización de la democratización de los bienes públicos (materiales e inmateriales). La ausencia de una relación orgánica óptima entre sociedad civil y Estado, es decir, cuando el Estado es y se presenta abiertamente como organización política exclusiva de una parte de la sociedad en apronte, contención y exclusión de otras partes mayoritarias de la sociedad civil, da lugar a lo que, siguiendo a Zavaleta, se puede denominar un Estado aparente.

En Bolivia, hasta hace cuatro años, el Estado nunca se había constituido como condensación jerarquizada de las fuerzas sociales ni fue asumido como “comunidad política”, sino siempre se presentó como “parte”, como pedazo político externo al resto de la sociedad y, por ello, como impostura de comunidad política, como apariencia, esto es, como patrimonio de abolengo o “billetera” de una parte reducida de la sociedad enfrentada a la inmensa mayoría de la sociedad civil.

Independientemente de cual haya sido el régimen político prevaleciente, democrático o dictatorial, desde su fundación, la estructura estatal boliviana se caracterizó por la parcialidad, su patrimonialización e incompletitud hegemónica. El Estado siempre fue visto y utilizado como mecanismo de un bloque social minoritario para imponer, dominar, excluir y contener a la mayoría social. De ahí que se puede hablar que las clases dominantes tuvieron una visión “instrumental” del Estado y nunca pudieron construir hegemonía histórica.

Esto ha llevado a que, desde la fundación de la República, una porción mayoritaria del país –los indígenas y las clases laboriosas– se haya sentido excluida y haya vivido gran parte de su actividad política al margen de la institucionalidad seudo-modernizante con la que las élites adornaban al Estado. Paradójicamente, mientras las clases dominantes recubrían el Estado aparente con una retórica seudo-modernista que encubría un Estado patrimonial y encapsulado en la coerción, como modo regular de lograr el acatamiento a las normas, las clases sociales subalternas eran las que reivindicaban una modernidad de la participación y la adhesión voluntaria de la sociedad a instituciones compartidas.

De ahí que haya una característica histórica del país: no sólo el recurrente desborde y bloqueo de la sociedad sobre el Estado, sino también la continua producción de comportamientos y demandas políticas al margen de la institucionalidad oficial, por vía de los sindicatos, comunidades agrarias, juntas vecinales y comités cívicos, en los que la sociedad civil construyó sus prácticas políticas. Es como si institucionalidad estatal  y sociedad civil hubieran vivido en mutuo acecho y hostilidad permanente, rotas de vez en cuando por pequeños periodos de estabilidad política que, más que resultar de una conciliación de intereses, surgieron del autoritarismo (1971-1977) o del adormecimiento social (1987-2000). Acá, la excepción no fue crisis política-estatal, sino la estabilidad, pues el Estado presentó, desde sus raíces formativas, una falla de incompletitud social, de inorganicidad óptima, irresuelta desde el nacimiento de la República hasta principios del siglo xx.

De ahí que a lo largo de la historia, cada vez que la sociedad civil se revitalizaba, como en los últimos años, se abalanzaba inmediatamente por múltiples lados y con diversas demandas estructurales irresueltas, sobre un Estado que estaba incapacitado de articular, canalizar y resolver estas deudas históricas. Así, la insurgencia democrática de inicios de esta década, desde la “guerra del agua”, la “guerra del gas” y las marchas y bloqueos de caminos que reivindicaron el reconocimiento de los derechos indígenas, la soberanía sobre los recursos naturales, las autonomías departamentales o la ciudadanía social con bienestar material, va más allá de las críticas al “neoliberalismo” o al “centralismo”; éstas fueron querellas hacia la propia estructura patrimonial-colonial del Estado aparente (centralista, mono-cultural y excluyente) que nunca incorporó a la sociedad civil-plena y a las regiones, como fuerza constitutiva de su existencia.

Por eso, uno no puede dejar de destacar la lucidez histórica de los movimientos sociales de inicios del siglo xxi que, a tiempo de resistir las estructuras de dominación, se plantearon la revolución del Estado, esto es, la abolición del Estado aparente, la superación del desencuentro catastrófico entre formación social y formación estatal. Ese programa de refundación estatal es lo que se llamó Asamblea Constituyente.

La propuesta de Asamblea Constituyente surgió en este inicio de siglo como una exigencia de incorporación de la inmensa mayoría de la sociedad civil laboriosa, anteriormente excluida del Estado, en el ejercicio de derechos, de reconocimientos y usufructo de los bienes públicos; ello se canalizó como irrupción en la composición real del Estado. Pero la sociedad plebeya, obrera e indígena, barrial y estudiosa se planteó simultáneamente la presencia de su ser colectivo, clasista y nacional, como fuerza directriz y dirigente de la sociedad civil en el Estado. De esa manera, óptimo orgánico entre Estado y sociedad y hegemonía histórica de un nuevo bloque social de Estado emergieron como agenda de las grandes sublevaciones entre 2000 y 2005. Voluntad de poder y voluntad de conducción nacional-popular bajo la forma de un nuevo Estado fueron las fuerzas estructurantes del proceso estatal constituyente y de la Asamblea Constituyente de 2006.

Y es la articulación virtuosa de estos dos componentes en la acción movilizada de la sociedad, la que diferencia este momento revolucionario de todos los otros momentos revolucionarios precedentes de la historia de Bolivia. La fundación de la República la condujeron los realistas reciclados como independentistas, tras el debilitamiento y dispersión de la verdadera sociedad civil luego de quince años de extenuante lucha armada (los guerrilleros de la independencia y las milicias indígenas sublevadas). Por ello fue que e1 Estado republicano nació como mutación simbólica, pero no material, del Estado colonial.

Un segundo momento de redefinición de la ecuación Estado/sociedad fue la Revolución de 1952, que llevó a una redistribución de algunos bienes materiales públicos (la tierra en el occidente y el excedente minero), pero reforzó la exclusión de los derechos colectivos de las mayorías indígenas y preservó el uso patrimonial del Estado, con lo que la base material del Estado colonial se reforzó. Acá hubo ímpetu social de incursionar en el Estado (óptimo orgánico), pero no hubo estrategia de hegemonía histórica de los insurrectos que delegaron la conducción de su proyecto a una clase social diferente y heredera de la vieja dominación señorial.

Con el tiempo, la abdicación del mando sobre el Estado (1952-1957) llevó a la gradual expulsión del Estado y, a la larga, a la pérdida del usufructo de los bienes del Estado que se consumó durante el régimen neoliberal de privatización de las empresas públicas (1985-2005).

El inicio del siglo xxi vino con la irrupción democrática de una sociedad civil laboriosa no sólo apetente de construir Estado, sino de conducirlo, esto es, de ser soberana en el Estado. A esto es lo que se llama un ambio de forma histórica y de contenido material del Estado.

El ámbito de escenificación democrática de esa revolución de forma y contenido fue la Asamblea Constituyente. Esto no significa que la Asamblea haya sido el lugar político de esa revolución. No. El campo real y territorial de esta lucha de clases abierta y generalizada de estos años fue el país en su conjunto; en tanto que su momento de condensación territorial fue desplazándose de occidente a oriente. Pero el lugar planteado como el escenario donde transmutar la fuerza social en fuerza electoral y la confrontación social en confrontación política discursiva y argumental, fue la Asamblea Constituyente. Se planteó que la Asamblea sea el lugar donde la correlación de fuerzas políticas culturales de la sociedad civil quede condensada como instituciones y derechos; en tanto que el liderazgo indígena-popular devenga en naturaleza social del Estado, y los consentimientos y compromisos de las clases desplazadas queden como momento de la composición material del Estado.

Todo ello, bajo la forma de una nueva Constitución Política del Estado. Bajo esta lectura, se puede decir entonces que los movimientos sociales plantearon a la sociedad civil ampliada, representada en la Asamblea Constituyente, esto que se puede llamar un armisticio histórico (nueva Constitución Política del Estado) como modalidad de la construcción de un Estado integral.

Sin embargo, la respuesta de las clases políticas desplazadas del mando estatal fue la conspiración contra el gobierno revolucionario, el sabotaje a la Asamblea Constituyente, la confrontación y el intento de golpe de Estado cívico-prefectural (2007-2008). Buscaron recuperar, por la fuerza, lo que habían perdido por el voto, sin comprender que cuando la voluntad de soberanía estatal se apodera del espíritu colectivo de las clases subalternas, el regreso a la sumisión es una ilusión imposible.

En una apuesta que develó la decadencia política de unas clases sociales acostumbradas a gobernar no por la convicción de los gobernados sino por su propia compulsión, abandonaron el escenario de la Asamblea Constituyente, donde podían lograr un mejor reconocimiento dialogado de sus expectativas colectivas, y optaron por el escenario de la confrontación en las calles, allá donde los movimientos sociales son y han sido siempre soberanos territorialmente. De allí vino una seguidilla de batallas y derrotas de las antiguas clases dominantes: derrota electoral en el Referendo Revocatorio (agosto de 2008); derrota militar en el intento de golpe civil prefectural (septiembre de 2008); derrota política en el diálogo gobierno-prefectos y los acuerdos congresales (octubre de 2008); derrota de los preparativos de guerra civil y separatismo (abril de 2009). La suma de ello dio como resultado una derrota histórica-moral y política-cultural de las antiguas clases dominantes, y la consolidación de un nuevo bloque de poder Estatal integral. La posterior aprobación, en referendo, de la nueva Constitución Política del Estado y la reelección con mayoría universal (64 por ciento) del Presidente Evo Morales Ayma, cierran el ciclo de transición estatal y dan inicio a la construcción del nuevo Estado.

Lo decisivo de estas victorias del bloque de poder indígena-plebeyo es que no se han traducido en una exclusión material de las antiguas clases dominantes del Estado, de la economía o de la política; esto podía haberse dado, tomando en cuenta el escenario golpista, separatista y de fuerza por el que optó una parte activa de las clases desplazadas del gobierno del Estado. Pero ello hubiera reproducido hacia las minorías, la acción de exclusión y extraestatalidad de la que antiguamente fueron objeto las mayorías, volviendo a imposibilitar la ecuación del óptimo orgánico del Estado y, peor aún, la posibilidad de hegemonía histórica de las clases indígenas-populares.

De ahí que la nueva Constitución Política del Estado, al momento de reconocer los derechos y presencia material de las formaciones económicas, sociales y políticas de las clases laboriosas anteriormente excluidas, haya garantizado los derechos y la base material del resto de las clases componentes de la sociedad civil-ampliada, todo ello en el marco de la pluralidad de las estructuras económicas, políticas y culturales que caracterizan la sociedad boliviana. Y en una nueva muestra de voluntad de liderazgo político-moral, fue el bloque de poder indígena-plebeyo el que decidió, en ausencia y derrota de las clases anteriormente gobernantes, incorporar un nuevo conjunto de derechos, garantías y posibilidades para la totalidad de la sociedad, incluidas las clases dominantes desplazadas. Al final, la hegemonía, entendida como liderazgo político, consenso cultural y compromisos materiales, se presenta en su doble composición real: como consagración e inversión de un hecho de dominación (momento de fuerza histórica de la voluntad de poder) y como incertidumbre estratégica (momento de indeterminación del devenir histórico), por tanto, fruto de una construcción siempre inacabada e inestable a largo plazo que debe ser producida por la política y con política.

Esta posibilidad actual de una ecuación de óptimo orgánico entre Estado y sociedad, más hegemonía histórica, ha sido posible por la emergencia de un nuevo punto de vista de Estado y en el Estado que ha llevado a plantearse, como problema a superar, lo que para el antiguo bloque de poder era un privilegio a preservar: la colonialidad del Estado, la centralización territorial del poder y la patrimonialidad de la riqueza pública. Estos tres componentes estructurales que atraviesan el Estado neoliberal, el Estado nacionalista, el Estado liberal… hasta la fundación de la República, hasta tiempos coloniales, y que formaron el basamento invariable de la estatalidad en Bolivia, de su debilidad, de su pre-modernidad y sus límites, fueron las fuentes de las que se nutrió la clase dominante a cambio de nunca poder constituirse en clase dirigente. Y es que la única manera para que las clases dominantes se hubieran podido constituir como clases dirigentes era si asumían el liderazgo político histórico de todas las clases y naciones-culturales de la sociedad boliviana. Pero ello hubiera supuesto autodestruirse a sí misma en su base material, formada a partir de la patrimonialización  de los bienes públicos y la preservación de las discriminaciones y exclusiones de las mayorías indígenas.

A las anteriores clases dominantes, durante toda su existencia, se les presentó un dilema: o dominación dura asegurada a corto plazo sobre la colonialidad estatal, o hegemonía a largo plazo, sobre el desmontamiento de la patrimonialidad, colonialidad y centralismo territorial del Estado. Ellas optaron por la primera opción, por la seguridad a corto plazo y la defensa de su origen colonial-patrimonial, y con eso imposibilitaron su conversión en clase moderna y dirigente. Con el tiempo, les tocó a las clases subalternas, en la resistencia a las relaciones de dominación colonial-patrimonial, visibilizar las fallas estructurales y tectónicas del Estado, que eran las que sostenían esa dominación: la exclusión colonial (la colonialidad del Estado); la expropiación privada de los bienes públicos (la patrimonialidad del Estado); la discriminación territorial en el uso de las arcas públicas (la concentración burocrático-territorial del Estado).

De esta manera, la resistencia a las estructuras de dominación estatal fue simultáneamente la visibilización de las fallas estructurales de la formación del Estado, de su apariencia, de su divorcio con la sociedad y su debilidad política. Por ello la tarea de la revolución del Estado, de su ampliación social, de su democratización y su fortalecimiento institucional, no podía venir del lado de las clases dominantes. Había una imposibilidad histórica, de conocimiento, pues su comprensión y superación hubieran significado la autodisolución de la base material de las clases dominantes. Sólo unas clases indígenas-populares que no tenían ningún privilegio a preservar en esa formación del Estado patrimonial-colonial podían plantearse el conocimiento de estas fallas tectónicas del Estado. Y sólo unas clases que vivieran esas fallas tectónicas (colonialidad, patrimonialidad y centralismo territorial estatales) como dominación, exclusión, agobio e infortunio, podían plantearse la superación real de esas fallas.

Y así fue. La nueva Constitución Política del Estado no sólo es la consagración legal e institucional de una nueva correlación de fuerzas sociales en el Estado y de un nuevo bloque de poder histórico; es, a la vez, por la naturaleza clasista y cultural del bloque de poder constituyente nacional-popular, el proyecto político-material de resolución real, de superación de esas fallas tectónicas de larga data que hicieron del Estado boliviano un Estado aparente, sin hegemonía histórica ni óptimo orgánico con la sociedad civil. A su modo, cada uno de los agudos estudios que están presentes en este libro,* ya sea sobre el régimen de garantías, el sistema de derechos y la arquitectura institucional contenidos en la nueva Constitución, permiten entender los distintitos modos de producción de la nueva composición social plena del Estado y de la base material de la hegemonía política en Bolivia.

Las antiguas clases dominantes no pudieron ser hegemónicas porque no podían integrar en el Estado ni liderizar a la sociedad civil-extendida. Y no lo pudieron hacer porque ello hubiera supuesto la extinción de su naturaleza de clase dominante (colonial-patrimonial), obligarse a cambiar y a construir una nueva base de su dominación política, económica y cultural, lo que no estaban dispuestas a hacer. Así, si algo ancló a Bolivia en la colonialidad patrimonial del siglo xviii fueron sus clases dominantes, hasta que tuvieron que ser desplazadas del poder en 2005. Y si algo es fuente de renovación y modernización estructural de la formación estatal boliviana son sus clases plebeyas y naciones indígenas.

Pero el que sean las clases populares y naciones indígenas las que asuman el reto, por necesidad material, emancipación política y convicción cultural, de la construcción de un óptimo orgánico entre Estado y sociedad (composición social ampliada del Estado) y la construcción de una hegemonía histórica (nuevo núcleo articulador del Estado), tiene su carga y sus efectos prácticos en lo que debemos entender por modernidad estatal y por naturaleza del Estado.

Claro, y es que por la naturaleza social de la materialidad actuante y masiva de las clases populares y naciones indígenas, sus acciones en el Estado, su devenir Estado, en tanto se mantenga su movilización política colectiva, sólo puede construir Estado democratizando, socializando y universalizando la decisión y la gestión de lo público, esto es, todo lo contrario de la monopolización de lo público que caracteriza a los estados modernos.

Igualmente, las clases plebeyas sólo pueden ampliar derechos en el Estado y ampliar la base material de los bienes públicamente usufructuados, si socializan crecientemente esos bienes públicos en vez de privatizarlos o apropiarlos en pocas manos, como sucede en los estados contemporáneos. La modernización estatal, hecha de la mano de las clases populares y naciones indígenas, es pues otro tipo de modernidad diferente a las hasta ahora conocidas. Si bien buscan construir un óptimo orgánico entre Estado y sociedad, por fuerza de su condición clasista y nacional, lo hacen no como ensamble de dos componentes disociados (Estado y sociedad), sino como disolución creciente de lo político (el Estado-gobierno de Gramsci) en la sociedad civil-ampliada que deviene simultáneamente en sociedad política.

Por ello, la “modernización” del Estado a cargo de las clases nacionales-populares, en perspectiva histórica, sólo puede realizarse como creciente disolución del Estado monopolio-coerción (el Estado-gobierno) y una creciente expansión y democratización del Estado-gestión y del Estado-decisión en la sociedad civil y de la sociedad civil en el Estado. ¿Acaso, en el horizonte, eso no es la producción democrática del socialismo, entendido como radicalización y socialización de la democracia en todos los terrenos de la vida, incluido la economía? Vistas así las cosas, el concepto gramsciano de Estado integral, como suma entre una relación óptima entre sociedad civil y Estado político, más la construcción de la hegemonía histórica de las clases conducentes de la sociedad, tiene una variante. Cuando el Estado integral lo realizan las clases sociales laboriosas y autoorganizadas de la sociedad civil es el tránsito largo pero posible a una naturaleza social del Estado al que los clásicos del marxismo le llamaron socialismo.

La nueva Constitución Política del Estado es el programa de toda una generación para un Estado integral post neoliberal. Y en el horizonte a largo plazo, determinar si a la vez es el tránsito hacia una sociedad post-capitalista dependerá de la vitalidad, de las luchas y de la cohesión de las clases laboriosas y naciones indígenas.

* Vicepresidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia.

http://www.institutoprisma.org/joomla/images/NC/nueva%20cronica%2057.pdf

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